Blogia
La información es la base de tu opción ... y nosotros nunca te la ocultamos.

CONTRARREFORMA NO

A las 10.30 ha comenzado la protesta habitual del tercer domingo de cada mes en defensa de la sanidad pública…

A las 10.30 ha comenzado la protesta habitual del tercer domingo de cada mes en defensa de la sanidad pública…

La 'marea blanca' regresa a la calle reforzada por la paralización de la privatización de los hospitales

La protesta está reforzada una vez más gracias a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de detener la privatización de seis hospitales madrileños tras un recurso del PSOE

Esta marcha finalizará con un 'abrazo' en la Puerta de Alcalá para simbolizar el apoyo al sistema de salud público

eldiario.es

La 'marea blanca' sanitaria acude a su cita con la protesta como cada tercer domingo de cada mes para exigir una sanidad pública y rechazar la privatización de hospitales y centros de salud. En esta ocasión con un nuevo refuerzo en sus reivindicaciones: la paralización de la llamada externalización de seis centros hospitalarios en Madrid. Todo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiese un recurso del PSM contra este proceso por un cambio a última hora de las condiciones exigidas a los aspirantes a gestionar dichos hospitales.

La manifestación de este domingo, convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad y que ha adelantado su inicio para no coincidir con las horas más intensas de calor, ha partido a las 10.30 de Cibeles y finalizará con un 'abrazo' multitudinario que simbolizará su defensa de un sistema "público, de calidad y universal".

En la marcha también se aprovechará para responder al consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, que el pasado viernes volvió a asegurar que la privatización de los hospitales no se detendrá y que se cumplirá "en los plazos previstos". En esta misma comparecencia, Lasquetty acusó a la oposición de convertir el ámbito de la salud en "una guerra" por su apoyo a las protestas ciudadanas, refiriéndose al líder socialista, Tomás Gómez.

La última vez que la 'marea blanca' salió a manifestarse fue el 23 de junio, pocos días después de que fuese admitida una querella contra la cúpula sanitaria madrileña que impulsó la privatización en Madrid. A los imputados, entre los que están Juan José Güemes o Manuel Lamela, se les acusa de haber cometido supuestos delitos de cohecho y prevaricación.

VER NOTICIA DE LA ULTIMA MAREA BLANCA…

En el ministerio dicen que no son cuestiones ideológicas, pero tiene todo el tufo a que si…

En el ministerio dicen que no son cuestiones ideológicas, pero tiene todo el tufo a que si…

Las lesbianas y las mujeres solteras quedan fuera de la reproducción asistida pública

Ana Mato presentará este martes una propuesta que restringe esta prestación a parejas formadas por un hombre y una mujer que no sean fértiles

PÚBLICO

Parejas de lesbianas, mujeres solteras o personas que se hayan sometido a una esterilización voluntaria (vasectomía o ligadura de trompas) quedarán excluidas al acceso gratuito a la reproducción asistida.

Según publican hoy El País y la Ser, el ministerio de Ana Mato aprobará el próximo martes en el Consejo Interterritorial de Sanidad un documento que excluye a todos estos colectivos del acceso a dichos tratamientos. La propuesta limita la gratuidad a mujeres menores de 40 años y hombres de menos de 55, que no tengan hijos comunes previos y sanos y que hayan sido diagnosticados como estériles.

Actualmente la normativa establece la financiación de este servicio a personas con diagnósticos de esterilidad o con "una indicación clínica establecida". Es bajo este supuesto con el que algunas comunidades comenzaron a subvencionar tratamientos de reproducción asistida a parejas de lesbianas y a mujeres solteras.

El Partido Popular alega motivos económicos y la necesidad de acelerar el proceso priorizando ciertos casos que son, precisamente, aquellos que se adaptan al modelo de familia más conservador: parejas formadas por un hombre y una mujer que quieren tener hijos. Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado a El País que no existen motivos ideológicos y que "se atenderá estrictamente a criterios terapéuticos y preventivos".

El Gobierno margina a lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de fertilidad públicos

Nuevos recortes para las mujeres en la revisión de la cartera común de servicios

MARIOLA LOURIDO, Cadena Ser

Ni lesbianas ni mujeres solas tendrán derecho a los tratamientos gratuitos de reproducción asistida, según figura en la propuesta a la que ha tenido acceso la Cadena SER y que Sanidad aprobará el martes con las Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El documento establece como requisitos ser pareja integrada por mujer menor de 40 años y hombre menor de 50 y tener un problema de infertilidad. Ante la polémica, Sanidad matiza que la propuesta se "está acabando de elaborar" y que el único criterio será médico: la esterilidad.

Parejas formadas por una mujer menor de 40 años y hombre de menos de 55, sin ningún hijo común previo y sano y que cuenten con un diagnóstico de esterilidad tras haber realizado el correspondiente estudio. Estos son los criterios de inclusión para poder acceder a un tratamiento público de fertilidad. Con esta claridad se recogen en el documento elaborado por Sanidad que se aprobará el próximo martes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El ministerio que dirige Ana Mato ha decidido excluir a las mujeres solas y a las lesbianas del acceso gratuito a las técnicas de reproducción asistida. También quedan excluidas las parejas que se hayan sometido a la esterilización voluntaria, ligadura de trompas o vasectomía. Finalmente el ministerio de Sanidad suprimió del documento un punto muy polémico y que sí se recogía inicialmente en el texto: se pretendía tener en cuenta la situación sicosocial o problemas de conducta de la pareja como otro de los criterios de exclusión de los tratamientos.

La noticia de la exclusión ha causado profunda indignación entre los colectivos de homosexuales. "Si no hay un hombre no podemos las mujeres acceder al derecho y menos las mujeres lesbianas, es una restricción ideológica y una discriminación clara" protesta la presidenta de la FELGT Boti García Rodrigo. La directora de la Fundación Masola, Madres Solas por Elección, Rosa Maestro señala que nunca se hubiera podido imaginar que una mujer ministra de Igualdad Ana Mato pudiese tomar una decisión de este tipo "máxime cuando tenemos mujeres en el poder que han sido madres solteras por elección pero que se habrán podido pagar el tratamiento porque tienen sobresueldos y cobran varios sueldos" en velada referencia a María Dolores de Cospedal. Rosa Maestro añade "¿por qué tenemos que hacer recortes de forma discriminatoria teniendo en cuenta la condición sexual o el estado civil de las personas? Si hay que hacer recortes, hagámoslos en función de la renta y el que menos tenga pueda acceder gratis al tratamiento y el que más tenga que vaya a la privada".

El secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha denunciado que esta decisión "es pura ideología del Gobierno de Rajoy". Mientras la consejera de Salud de la Junta de Andalucía María Jesus Montero ha coincidido con Rubalcaba y ha aclarado que en Andalucía se seguirá atendiendo a las lesbianas y a las mujeres solas. Por su parte, el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista José Martínez Olmos ha calificado de "sectarios" los criterios que propone el ministerio que dirige Ana Mato.

Ante las protestas y la gran polémica generada, un portavoz del ministerio de Sanidad ha aclarado que la propuesta es todavía un borrador que se está "acabando de elaborar". Afirma que el único criterio para acceder a los tratamientos públicos de fertilidad será médico, es decir, tener un diagnóstico de esterilidad y ser mujer menor de 40 años. Insiste en que no se trata de discriminar a nadie sino de priorizar la aplicación de unas técnicas que tienen carácter terapéutico o preventivo.

En el mes de octubre del año pasado cuando la Cadena SER adelantó lo que entonces era una propuesta de los expertos que ahora se oficializa, un portavoz del ministerio de Sanidad había negado que se fuera a revisar la cartera en reproducción asistida con criterios ideológicos. Aseguraba que respondería a criterios médicos y al éxito de los tratamientos. Nueve meses después sobre el papel quedan excluidas de la financiación pública estas mujeres y en práctica los nuevos modelos de familia.

En la reunión del martes de la ministra Mato con las Comunidades Autónomas, además de revisar la cartera común de servicios básicos en materia de reproducción asistida también se aprobarán los cribados del cáncer. Los expertos proponen Sanidad incluir en la cartera tres cribados: las pruebas de detección para prevenir el cáncer de mama, el de cuello de útero y el de colon.

Para el programa de cribado del cáncer de mama proponen la realización de la mamografía cada dos años a mujeres de entre 50 y 69 años de edad. Hay cinco comunidades que adelantan el programa a los 45 años. En el caso del cáncer colorrectal, los expertos proponen una prueba de sangre en las heces cada dos años para la población de 50 a los 69 años. Ocho comunidades ya tienen programa de cribado de cáncer de colon, cuatro han iniciado el programa piloto y las otras cinco no lo han comenzado. Los especialistas sugieren que en el plazo de cinco años se extienda a todas las autonomías y que en una década la cobertura sea total. En cuanto al cáncer de cervix, citología cada tres o cinco años para mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años. Dicen los expertos que este es u tumor con bajá incidencia y mortalidad porque desde hace décadas un alto porcentaje de mujeres se hace la exploración.

El grupo de expertos no cree conveniente incluir cribados para el resto de tumores malignos porque no ven suficiente evidencia de que las pruebas produzcan un beneficio que compense los efectos adversos que podrían suponer, por lo que consideran que no está justificada su realización ni desde el punto de vista individual ni poblacional.

Sanidad deja fuera de la reproducción asistida a mujeres solas y lesbianas como ya hiciera Asturias en 2011

El Principado rechazó que accedieran al tratamiento porque no existía un problema de esterilidad

19.07.13 - ELCOMERCIO.es | GIJÓN

El Ministerio de Sanidad excluirá a parejas de lesbianas y a mujeres solas la reproducción asistida, según la cartera común básica de servicios que está definiendo el departamento de Ana Mato. La inseminación artificial o la fecundación in vitro estarán reservadas para "parejas integradas por un hombre y una mujer" que tengan problemas de fertilidad. La polémica en Asturias no es nueva, en 2011 el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Asturias (Xega) denunció que la consejería de Salud había discriminado a una pareja de lesbianas, Andrea Muñiz y Silvia González, al denegarles el tratamiento al considerar que no existía "un varón estéril". En aquel momento este departamento estaba dirigido por el socialista José Ramón Quirós, que aclaró que seguían la regulación de estas prácticas marcada por la ley. En la cartera de servicios indicaba la "reproducción humana asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud: Inseminación artificial; fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática de espermatozoides, con gametos propios o de donante y con transferencia de embriones; transferencia intratubárica de gametos". Al amparo del "diagnóstico de infertilidad", el Gobierno encabezado por Vicente Álvarez Areces, salió al paso de las críticas de Xega, que denunció que hasta aquel momento nunca se había denegado la atención a mujeres solas, fueran o no lesbianas. Una de las afectadas, Silvia González, explicó entonces que se sentía "humillada, vejada y violada", ya que en suc aso la Administración le insinuó "sutilmente" que "acudiera a un varón" para ser madre.

Este no fue el único caso, poco después Xega volvió a denunciar que se había denegado a una segunda mujer lesbiana el derecho a acceder a la Unidad de Reproducción Asistida "habiendo recibido el visto bueno por parte de Atención Primaria y del Servicio de Ginecología del Hospital San Agustín de Avilés y después de haber realizado todas las pruebas médicas necesarias". Según este colectivo, se había trasladado desde la consejería una orden de "no volver a admitir a ninguna lesbiana, ni a mujeres solas".

El documento que elabora ahora el Ministerio de Sanidad indica que solo tendrán acceso a este tipo de técnicas las parejas formadas por una mujer menor de 40 años y un hombre de menos de 55, sin ningún hijo común previo y sano y que cuenten con un diagnóstico de esterilidad tras haber realizado el correspondiente estudio y que no hayan recurrido ninguno de los dos a una esterilización voluntaria.

Las críticas no han tardado en llegar, pero el departamento de Ana Mato ha rechazado que se trate de una cuestión "ideológica" y que la medida se toma para “priorizar”. La normativa actual establece que la sanidad pública solo financia esta técnica cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. A este recurso se acogían algunas comunidades para cubrir a las mujeres solas o lesbianas, como Andalucía, Madrid o País Vasco.

El Principado ve razones ideológicas en excluir de la reproducción asistida a mujeres solas o lesbianas

19.07.13 – EFE

El Gobierno del Principado considera que "no existe razón alguna, salvo la puramente ideológica", para excluir de la financiación pública los tratamientos de reproducción asistida de mujeres solas y lesbianas.

En Asturias no se proporcionan estos tratamientos a estos colectivos porque se aplica "lo que recoge la actual cartera básica de servicios, que no incluye claramente estos casos", han explicado fuentes del Gobierno del Principado.

No obstante, de cara a la regulación de la nueva cartera, el Principado apuesta por "retirar las restricciones para clarificar la situación" y dar "mayores garantías y seguridad jurídica a los potenciales demandantes de servicios y a los profesionales".

Para el Principado, "a la vista de los planteamientos recogidos" en el informe propuesto por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para su debate en el Consejo Interterritorial, "no parece que exista razón alguna salvo la puramente ideológica para excluir" de los tratamientos a las mujeres solas y a las lesbianas.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

En la comunidad valenciana sanidad suprime las recetas a los enfermos crónicos desplazados…

En la comunidad valenciana sanidad suprime las recetas a los enfermos crónicos desplazados…

LOS HECHOS EN "EL PAIS" DE ANTEAYER

 

COMUNICADO DE LA FADSP EN SU WEB SOBRE ESTA NUEVA MEDIDA ADOPTADA POR LA COMUNIDAD VALENCIANA:

Ante la situación planteada por las restricciones al acceso a los medicamentos en la Comunidad Valenciana, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública tiene que señalar:

 

1)     La Orden de la Comunidad Valenciana vulnera en la practica el derecho a la prescripción farmacéutica a personas provenientes de otras CCAA, lo que vulnera la ley de Cohesión del SNS, el Decreto sobre prestaciones básicas del SNS y el propio RD Ley 16/2012.

2)     El Ministerio de Sanidad es el responsable de garantizar el acceso a las prestaciones del SNS, en especial las farmacéuticas en todo el territorio del Estado español para todas las personas con derecho a la atención sanitaria independientemente de cual sea su domicilio, y tiene un organismo la Alta Inspección que debe de velar porque esto suceda.

3)     Mientras el Ministerio de Sanidad demuestra una gran presteza en recurrir aquellas medidas que pueden atacar los intereses de la industria farmacéutica (véase el caso de las subastas en Andalucía), mira hacia otro lado cuando, como en este caso, se atacan los derechos de los usuarios del SNS.

4)     No es cierto que la medida suponga un ahorro económico, porque desde hace algo mas de un año hay un acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS para realizar una compensación de los costes de las personas atendidas en una comunidad autónoma a residentes en otras distintas.

5)     Es evidente que estas medidas de la Comunidad Valenciana pueden ser lesivas para la salud de los enfermos crónicos que se desplacen a la misma, y también que provocaran problemas asistenciales y éticos  a los profesionales que les atiendan en esa comunidad autónoma.

 

Por todo ello rechazamos esta medida absurda y potencialmente peligrosa para la salud y exigimos al Ministerio de Sanidad que cumpla con sus obligaciones y garantice el acceso a la prestación farmacéutica en todas las CCAA.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 

  

18 de julio de 2013

 

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA (de hace dos años)

La vía penal contra la privatización de la sanidad… (seguimos actualizando las actuaciones)

La vía penal contra la privatización de la sanidad… (seguimos actualizando las actuaciones)

InfoLibre entrega al juez documentos sobre la conexión de Capio con las Islas Caimán

La documentación incluye copias registrales de las distintas sociedades que, partiendo de España, se van superponiendo en forma de muñeca rusa hasta desembocar en el paraíso fiscal de las Islas Caimán

Foto: Juan José Güemes, Manuel Lamela y Esperanza Aguirre, en un acto oficial en febrero de 2008.

Infolibre

El juez Marcelino Sexmero, que investiga la privatización sanitaria tras una querella de los médicos que ya ha costado la imputación a dos exconsejeros de Sanidad, recibió ayer (por el lunes) la documentación relativa a Capio que él mismo requirió a infoLibre el pasado jueves.

Acompañado de un miembro de la Redacción, el abogado del diario ha entregado a Sexmero copia de los documentos registrales de las distintas sociedades que, partiendo de España, se van superponiendo en forma de muñeca rusa hasta desembocar en el paraíso fiscal de las Islas Caimán previo paso por Holanda y Luxemburgo.

Así, en poder del magistrado obran ya copias de todas las anotaciones registrales que antes del 7 de marzo, fecha en que infoLibre desveló a dónde conduce la madeja mercantil de Capio, estaban disponibles sobre las siguientes compañías: Capio Sanidad Holding, cabecera del grupo en España; HC Investments BV, socio único de la española y domiciliada en Holanda; y las luxemburguesas HC Investments, Sàrl, HCI SA y HCI Holdings Sàrl.

El accionariado de esta última se lo reparten cinco compañías radicadas en Georgetown, capital de las Islas Caimán, paraíso fiscal caribeño bajo control británico. Esas cinco compañías aparecen bautizadas como CVC European Equity Partners V LP (Limited Partnership), denominación a la que se añade una letra en cada caso, comenzando por la A y finalizando por la E. Sus porcentajes de participación en HCI Holdings Sárl no son idénticos, lo que sugiere que tras cada una de ellas hay accionistas concretos que toman sus propias decisiones de inversión.

Tras entregar los papeles, infoLibre ha notificado oficialmente al juzgado que continúa a disposición de su titular por si precisara de nuevos datos útiles para la causa.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Artículo muy interesante publicado en el espacio Tribuna de El Confidencial hace dos días a propósito de los contratos de la privatización sanitaria que se suscribirán entre la Comunidad de Madrid y los concesionarios de las adjudicaciones de los seis hospitales…

Artículo muy interesante publicado en el espacio Tribuna de El Confidencial hace dos días a propósito de los contratos de la privatización sanitaria que se suscribirán entre la Comunidad de Madrid y los concesionarios de las adjudicaciones de los seis hospitales…

Un elefante en el quirófano

Por Juan de la Cruz Ferrer (*)

El contrato de concesión de los servicios de seis hospitales de la Comunidad de Madrid contiene una sorprendente variedad de infracciones constitucionales y legales: todo un repertorio para impartir clases prácticas de Derecho Constitucional y Administrativo. Como las autoridades autonómicas y nacionales parece que no quieren ver tales desafueros, no me resisto a emplear el símil “Un elefante en la habitación” que proponía José Antonio Zarzalejos hace unos días en este medio y a denominar a este contrato como un elefante en el quirófano.

 

De entrada, no se entiende que el contrato se califique como concesión de servicios. La Comunidad pretende pagar a las compañías concesionarias por unos servicios que va a seguir prestando ella misma; suena raro ¿no? Si cualquier cliente le comentara a un abogado que quiere pagarle a alguien por unos servicios que va seguir prestando él mismo, el epíteto que se le pasaría por la cabeza al abogado es fácilmente imaginable. Pues esto es lo primero que establece el contrato: la Administración va a pagarles a los concesionarios de los hospitales por los servicios que van a seguir prestando los hospitales gestionados por la propia Administración…

 

Así puede comprobarse en el cuadro que difundió la Consejería de Sanidad junto con los borradores de los pliegos del contrato el pasado mes de abril. Las cifras del contrato definitivo han variado un poco, pero los conceptos son los mismos. En la tercera columna, “facturación intercentros”, se recoge el coste estimado anual de los servicios que prestarán los hospitales gestionados directamente por la Comunidad: unos 280 millones de euros. Como en la última columna el coste individual de estos servicios se reduce un 20%, nos encontramos con que, de entrada, la Comunidad va a pagarles a los concesionarios unos 225 millones de euros por unos servicios que van a seguir prestando los grandes Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid.

 

Si este dato ha conseguido suscitar la curiosidad, podemos pasar a explicar el cuadro de los costes que desentraña el diseño del contrato: lo primero que hace es asignar a cada hospital una “población protegida” (sic), que es la que figura en la primera columna y viene definida por los titulares de las tarjetas sanitarias domiciliados en los municipios que se asignan a cada hospital; y después se calculan todos los costes de los servicios que requerirá la atención sanitaria especializada a la población protegida: los que prestará a esa población su propio hospital, los que le prestarán los hospitales de fuera de “su territorio”, y el coste de los servicios centralizados. Luego se suman y el total se divide entre los individuos protegidos dando el “coste asistencial per cápita”. Como la Comunidad de Madrid argumenta que la gestión privada va a ser más eficiente, este coste se reduce un 20% y proporciona la “prima” máxima por persona que pagará la Comunidad a los concesionarios.

 

Antes decía que este tipo de contrato no parece que pueda ser calificado como de servicio porque su obligación principal no es la prestación de servicio alguno. De hecho, el contrato encomienda a los concesionarios de los servicios de los hospitales que presten “toda” la asistencia sanitaria especializada que requiera su población protegida; pero como estos hospitales no disponen de todos los servicios y prestaciones para satisfacer las necesidades sanitarias de su “población protegida” es evidente que se les está encomendando que hagan algo imposible. Además, como los miembros de la población protegida tienen libertad para elegir el hospital que les atienda, podría darse el caso hipotético de que el concesionario de un hospital no prestara servicio alguno porque nadie lo eligiera, y esto no haría que el concesionario incumpliera el contrato…

 

La clave para resolver este enigma jurídico (un contrato de servicios en el que la prestación de los servicios no constituye la obligación principal), se encuentra en la cláusula que impone al concesionario “la obligación de asumir todas las prestaciones objeto del contrato respecto de su coste económico”. O sea, que la prestación principal del contrato no es que el concesionario preste unos determinados servicios, sino que los pague, “asegurando” así a la Administración que el coste económico de esos servicios no superará la “prima” que le paga por cada miembro de la “población protegida”. Supongo que cualquier jurista que leyera un contrato de este tipo lo calificaría como “contrato de seguro de salud” y no como “contrato de prestación de servicios de asistencia sanitaria”.

 

La principal cuestión jurídica es que la Constitución define como competencia exclusiva del Estado tanto la regulación básica de la Seguridad Social y su régimen económico, como la regulación básica de la Sanidad. Por eso, el Estatuto de Autonomía de Madrid solamente encomienda a la Comunidad “la gestión” de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

 

Evidentemente, el contrato de concesión de los servicios de los seis hospitales desborda amplísimamente las competencias de gestión propias de la Comunidad de Madrid, invadiendo las competencias exclusivas del Estado: al establecer un contrato de seguro de salud para la prestación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social está diseñando un régimen especial de protección social, al margen y en contra de la Ley General de la Seguridad Social. Lo primero que se está privatizando es el propio seguro de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Además, la Comunidad de Madrid está regulando directamente mediante el contrato una nueva forma de gestión de la asistencia sanitaria pública, al margen y en contra de la Ley General de Sanidad, de la famosa Ley 15/1997, y de la Ley de Contratos del Sector Público. Todo ello rompe la unidad del régimen jurídico, económico y operativo de la Seguridad Social y del Sistema Nacional de Salud.

 

Días antes de que venciera el plazo para la presentación de ofertas por los licitadores, la viceconsejera de Sanidad puso la guinda a la tarta de desafueros: mediante una pretendida “corrección de errores materiales” introdujo la palabra “anual” en el precio del contrato respecto del cual los adjudicatarios deben prestar una garantía del 5% sobre su importe. Como el contrato tiene un plazo de diez años, el importe de las garantías se reducía de manera claramente ilegal en un 90% (en números redondos de unos 250 millones de euros a unos 25…); lo cual priva a la Administración de garantías, no sólo para ejecutar las penalizaciones por incumplimientos contractuales, sino para recuperar las propias cantidades que, como explicábamos al principio, adelantaría a los concesionarios.

 

El Gobierno de España, que vio el problema del euro por receta, no parece querer ver que hay un elefante en el quirófano.

 

(*).- Juan de la Cruz Ferrer es profesor Jean Monnet de Derecho Europeo y de Derecho Administrativo UCM, Director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia, y Socio de LÓPEZ RODÓ & CRUZ FERRER ABOGADOS.

La vía penal contra la privatización de la sanidad… (actualizando cómo van las actuaciones)

La vía penal contra la privatización de la sanidad… (actualizando cómo van las actuaciones)

 

El juez pide a infoLibre los papeles que prueban la conexión de Capio con las Islas Caimán

 

El juez Sexmero, que investiga la querella por la privatización de hospitales madrileños por la que declararán como imputados dos exconsejeros, ha requerido a infoLibre copia de los documentos

 

El requerimiento judicial llega semanas después de que el juez enviase una comisión rogatoria a Luxemburgo para llegar al final del hilo societario del gigante de la sanidad privatizada

 

Foto: Lamela, Aguirre y Güemes en el hospital del Henares.

 

infoLibre.es

 

 

El juez Marcelino Sexmero, que investiga la querella por la privatización de hospitales madrileños presentada por la asociación de médicos Afem y por la que declararán como imputados los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, ha requerido a infoLibre copia de los documentos que acreditan la conexión de Capio con sociedades de las Islas Caimán. Este diario, que publicó el 7 de marzo la primera información sobre el vínculo del gigante de la sanidad privatizada con las Islas Caimán, entregará la próxima semana copia de los documentos al magistrado, titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid.

 

El requerimiento judicial llega semanas después de que el juez enviase una comisión rogatoria a Luxemburgo para llegar al final del hilo societario del gigante de la sanidad privatizada, que gestiona en Madrid cuatro hospitales integrados en la red sanitaria pública.

 

Los documentos que infoLibre aportará al juez proceden del Registro Mercantil de Madrid, de una empresa proveedora de servicios mercantiles en Holanda y del Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo. Los papeles destapan la estructura de muñeca rusa adoptada por Capio: sociedades que a su vez son propiedad de otras sociedades radicadas en Holanda, Luxemburgo y, finalmente, en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

 

La querella de Afem, asociación que ha liderado las protestas de la marea blanca contra los planes privatizadores del Gobierno de Ignacio González, relata episodios que, de ser ciertos, revisten máxima gravedad. El más importante se refiere a cómo el hospital que Capio gestiona en Valdemoro desvía a los pacientes de VIH de su área sanitaria a hospitales de gestión pública.

 

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Más sobre la decisión del TSJM de paralización cautelar del proceso privatizador de la sanidad…

Más sobre la decisión del TSJM de paralización cautelar del proceso privatizador de la sanidad…

VALORACION DE LOS DEMANDANTES:

Gómez dice que paralizar la externalización sanitaria es un "salto de gigante" para lograr suspender el proceso

 

MADRID, EUROPA PRESS

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha afirmado este miércoles que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de paralizar cautelarmente el proceso de externalización hospitalaria en la Comunidad de Madrid es un "salto de gigante" para lograr su objetivo de suspender el proceso.

 

"Hemos dado un salto de gigante. Por eso tanto que decía el PP de Madrid que había que anticiparse a la justicia, yo les invito que se anticipen también al camino que ha emprendido la justicia con la privatización de la sanidad en Madrid y que abandone sus planes privatizadores", ha indicado el socialista en rueda de prensa en el Senado en referencia a las palabras de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que ayer instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a anticiparse a la Justicia en los casos de corrupción.

 

El líder socialista se ha mostrado "convencido" de que van a conseguir "la paralización definitiva de la privatización y el desmantelamiento de la sanidad en Madrid", porque, además, "es un proceso cargado de irregularidades, que se ha puesto de manifiesto en el conchabeo entre las empresas privadas que quieren hacerse con la sanidad en Madrid y el Gobierno del PP".

 

"Irregularidades y conchabeo con las empresas privadas. No se puede jugar con la vida de la gente. No se puede hacer algo en contra de toda la sociedad madrileña", ha destacado.

 

El también senador ha añadido que en este momento están "todos absortos y volcados en paralizar la privatización" y "parece que la noticia" recibida del TSJM es "un salto de gigante en ese sentido".

 

ACUSA AL PP DE CONSIDERAR LA SANIDAD COMO “UN BIEN DE CONSUMO MÁS”

El PSOE dice que es “un éxito colectivo” en defensa de “una sanidad pública, universal y de calidad”

Trinidad Jiménez alude a las constantes reivindicaciones de profesionales y pacientes

 

Redacción Médica, Madrid

 

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha manifestado su satisfacción porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya atendido el recurso presentado por su partido contra la privatización sanitaria en Madrid y ha dicho que “es un éxito colectivo, que hemos conseguido entre todos, gracias a las movilizaciones del conjunto de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos que han salido a la calle en numerosas ocasiones para defender una sanidad pública, universal y de calidad”.

 

Jiménez ha señalado que dicha paralización es una “muy buena noticia” y ha recordado que el PSOE, desde el primer día, ha manifestado “su absoluto rechazo ante los pasos preocupantes que está dando el Partido Popular hacia la privatización de los servicios públicos de salud”. La dirigente socialista ha alertado de la gestión privada de la sanidad se está extendiendo en las autonomías gobernadas por el PP, lo que supone, en su opinión, considerar la sanidad como “un bien de consumo más, cuando la salud de las personas debe ser tratada como un servicio público y más cuando está demostrado que estas iniciativas no son más eficientes”.

 

Jiménez ha señalado que “confía en que la suspensión cautelar sea ratificada en los próximos días” porque  la forma del Gobierno de gestionar la reforma de la sanidad pública genera “cada día más  incertidumbre y desasosiego entre la ciudadanía y está creando nuevas desigualdades y desequilibrios territoriales, resquebrajando la cohesión del SNS”.

 

VALORACION DE LOS DEMANDADOS Y/O BENEFICIARIOS DE LA PRIVATIZACION:

Lasquetty: “La Comunidad de Madrid está muy segura de lo que ha hecho”

El consejero asegura que alegará a la suspensión cautelar del proceso de privatización

“No se cambió nada. Solo se corrigió un error”, dice sobre la reducción del 90% de la fianza

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

 

“El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra en el fondo del asunto” y “solo paraliza durante unos días” el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales. El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha comparecido esta tarde, ante un número poco habitual de medios de comunicación —siete cámaras de televisión, casi medio centenar de redactores— para dar explicaciones sobre el auto del TSJM que esta mañana ha paralizado cautelarmente la adjudicación a empresas de seis hospitales públicos a petición del Partido Socialista. Lasquetty ha restado importancia al auto y se ha mostrado convencido de que las alegaciones que su departamento debe presentar en los próximos tres días conseguirán levantar la suspensión.

 

El recurso forma parte de "la estrategia socialista para impedir que se lleven a cabo las reformas que necesita nuestro sistema sanitario", ha asegurado Lasquetty, que durante su comparecencia no ha hablado del motivo que ha llevado al TSJM a paralizar el proceso: la modificación, solo cuatro días antes de que terminara el plazo de presentación, de la cantidad que deben presentar las empresas como garantía. Pasó de más de 200 millones de euros a una décima parte, debido a que en una corrección de errores se añadió la palabra "anual" a la frase en la que se menciona que el aval debe ser de un 5% del valor del contrato. Las concesiones de los hospitales son por diez años. El consejero ha asegurado que el auto del TSJM "no entra en el fondo del asunto" y se ha quejado de haberse enterado por los medios de comunicación.

 

"No se cambió nada; solo se corrigió un error", ha afirmado Lasquetty, que ha añadido que la intención original de la Consejería era establecer la fianza del 5% del valor anual del contrato. A preguntas de los licitadores, ha insistido, se aclaró la posible confusión con la publicación en el Boletín Oficial. Los partidos de la oposición, sin embargo, consideran que la rebaja del 90% en la cantidad que debe aportar como garantía el contratista fue una manera de mejorar las condiciones, una vez avanzado el proceso, para que los interesados finalmente se presentaran al concurso.

 

Los periodistas han preguntado varias veces al consejero qué pasará si, pasados los tres días que da el tribunal para alegar, finalmente la suspensión se ratifica. ¿Tendría la Comunidad de Madrid que volver a convocar el concurso? ¿Bastaría con volver a exigir a las empresas el 5% de la cantidad total? ¿Podrían las empresas pagar ese aval de más de 200 millones de euros o se echaría alguna atrás? Lasquetty ha asegurado que no responde a "hipótesis" y ha sentenciado:  "La Comunidad de Madrid está muy segura de lo que ha hecho".

 

El IDIS rechaza que la sanidad sea “motivo de disputa” entre los partidos políticos

Considera que la situación “confunde a la opinión pública y fomenta la desinformación”

 

Redacción Médica, Madrid

La decisión de paralizar de forma cautelar el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid tomada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha provocado numerosas reacciones. Una de ellas ha sido la del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), que si bien ha mostrado su “absoluto respeto” a las actuaciones judiciales, ha deseado que el procedimiento tenga “un corto recorrido” en beneficio de los pacientes y la normalización de su atención.

 

A través de un comunicado, el instituto expresa su “respeto absoluto” a las actuaciones judiciales, entendiendo que detrás de ellas “siempre existe un razonamiento jurídico fundado”. Del mismo modo, ha mostrado su rechazo a la situación alegando que “el sector sanitario no debe ser motivo continuado de disputa entre los partidos políticos”. “Lo único que se consigue es confundir a la opinión pública y fomentar su desinformación”, añade un escrito en el que se habla de un sistema “en dificultades de sostenibilidad y solvencia” que necesita apoyarse “más que nunca” en los modelos de colaboración público-privada.

 

La entidad que preside Javier Murillo se ha ofrecido a las administraciones públicas para “establecer vías de colaboración con el fin de mejorar la asistencia sanitaria en beneficio de todos”, dando especial énfasis a su apuesta por una sanidad “pública, universal y gratuita que llegue a todos los ciudadanos y esté apoyada por un sistema privado complementario que descargue de presión asistencial y financiera al sistema público”.

 

OTRAS VALORACIONES:

Valoración positiva de los sindicatos

E.P.

Desde los sindicatos del sector de la sanidad, sus responsables se muestran "esperanzados" ante la posibilidad de que se puedan revertir los planes de la Consejería por medio de sus recursos ante la justicia. El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, ha remarcado que su formación también reclama la suspensión cautelar en el recurso contencioso administrativo que presentaron y, en consecuencia, ha valorado positivamente la decisión del TSJM sobre el recurso del PSM. Ezquerra ha confiado en que la justicia plasme de forma definitiva la "paralización" del proceso de externalización de los seis hospitales y confía en que "las cosas vuelvan a su cauce", en referencia a que se mantenga la gestión directa de los centros.

 

El portavoz del sindicato de enfermería SATSE, José Manuel Freire, ha valorado igualmente de manera "muy positiva" la suspensión cautelar del proceso, algo que al igual que AMYTS reclamaban en su propio recurso. SATSE entiende que Sanidad aplicó una "variación sustancial" de las garantías iniciales de los pliegos.

 

Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de sus portavoces, Mónica García, ha indicado que la paralización es fruto del "frente judicial común" abierto por colectivos, sindicatos y formaciones políticas contra la externalización. Ha coincidido en destacar que el proceso de externalización "está plagado de irregularidades" al ser una medida que no está justificada "ni económica ni científicamente" y espera que la justicia se pronuncie en ese sentido.

 

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

También afirma que la titularidad privada no ha ido bien en Valencia y probablemente no irá bien en Madrid…

También afirma que la titularidad privada no ha ido bien en Valencia y probablemente no irá bien en Madrid…

Cursos de Verano organizados por el Instituto Roche y la Asociación de Periodistas Parlamentarios con el título ‘Presente y futuro de la Sanidad’…

Rafael Bengoa pide profesionalizar la dirección política y técnica del sistema

Redacción, prNoticias.

 

Rafael Bengoa, asesor del Gobierno de EEUU en temas de salud y exconsejero de Sanidad del País Vasco se ha referido a la marcha de profesionales sanitarios al extranjero: ‘En la gestión de la crisis no se puede hincar siempre el diente en el capítulo 1: se irán todos los médicos’. En su opinión, ‘no se está nombrando bien en Sanidad, es importante que se profesionalice la dirección política y técnica del sistema’.

 

El Instituto Roche y la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha organizado el Curso de Verano ‘Presente y futuro de la Sanidad’, que durará toda la semana y que se enmarca dentro de los Cursos de Verano que organiza todos los años la Fundación Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez.

 

Durante este curso, Rafael Bengoa ha apostado por el abordaje de la cronicidad: ‘La estrategia de crónicos no es un programita, es una transformación del SNS en un sistema más proactivo’. Así, ha dicho que ‘los sistemas telemáticos y la teleasistencia sirven para saber cuándo un paciente se está descompensando... Podemos hacer algo antes de que llegue a Urgencias. El problema no es ideológico, no es de izquierdas y de derechas. Se debe evitar el ingreso y el reingreso. El 22 por ciento de pacientes ingresados sufren una recaída, y la mitad se pueden evitar. Este ahorro no lo va a ver el ministro de Economía el primer año’.

 

Respecto a otro tema de actualidad como la ‘gestión privada’, ha destacado que ‘no es una propuesta sugerente’, como se está demostrando en Suecia, entre otros países. ‘Las empresas privadas no se instalan en las zonas rurales, por ejemplo, y tampoco hacen prevención’. Por ello, se ha mostrado más partidario de otras medidas, como la estratificación del riesgo y la atención del paciente en su propio domicilio y desde Atención Primaria, con el fin de reducir el número de ingresos hospitalarios.

 

‘La cuantificación económica es a largo plazo. Cuidar a un paciente diabético supone evitarle muchas otras enfermedades, como la ceguera, problemas renales, etc. La cuestión no es culpabilizar al paciente, sino hacerle responsable. El paciente activo y autogestionado que recibe educación en el centro de salud tiene una evolución mucho mejor’, ha opinado.

 

Rafael Bengoa cree que España se equivoca al intentar dar "un salto mortal hacia la privatización" sanitaria

 

MADRID, EUROPA PRESS

 

El asesor del Gobierno de EE.UU en temas de salud y ex consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, cree que España se equivoca al intentar dar "un salto mortal hacia la privatización" sanitaria, y cree que el Gobierno se debería centrar en modernizar el modelo de gestión pública.

 

"La titularidad privada no ha ido bien en Valencia y probablemente no irá bien en Madrid", ha añadido en el marco de los Cursos de Verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos (FURJC) que se celebran estos días en Aranjuez en una ponencia sobre el 'Presente y el futuro de la Sanidad'.

 

En su opinión, el sistema sanitario debe evaluarse no sólo en términos de ahorro, si no en términos de calidad. "Es importante que haya una entidad independiente, que aleje el debate ideológico y que valore de forma neutra si se empeora o mejora con la privatización", ha explicado.

 

El exconsejero también ha rechazado el copago, que hace una semana se implanto en el País Vasco, ya que entiende que "no ha sido una solución ni siquiera al problema de la sostenibilidad" y afirma que tiene en serias dudas sobre que esta medida consiga su objetivo de ahorro.

 

"No creo que consiga ahorra ni un tercio de los 7.000 millones de euros esperados", además opina que "acabará con más gente en urgencias y probablemente hospitalizadas, con el gasto que conlleva, si una persona no toma la medicación que necesita o no acude al médico porque se le han puesto muchas barreras".

 

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA