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CONTRARREFORMA NO

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública…

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública…

Privatización sanitaria y corrupción

Hay que abolir la colaboración público privada para frenar el saqueo y la corrupción sanitaria

 


   Ante la reiteración de noticias sobre detenciones e imputaciones de corrupción en el Sistema Sanitario que afectan a responsables políticos, organismos y empresas relacionadas con la Sanidad Pública en Valencia y Madrid, desde la Federación de Asaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos comunicar:

            1.- Que estas intervenciones judiciales no son ninguna novedad, dado que se han producido en la mayoría de las Comunidades Autónomas que pusieron en marcha experiencias de construcción y gestión de nuevos centros sanitarios, mediante la denominada Colaboración Público Privada (CPP).

            2.- En todas las concesiones de nuevos hospitales como Toledo, Castilla la Mancha (4 hospitales non natos) , Baleares (Son Espases), Valencia (Alzira) , Madrid (nuevos hospitales de Esperanza Aguirre), Burgos (HUBU) o Galicia (Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo) , se han repetido los mismos problemas: Se multiplica entre cuatro y siete veces su coste, irregularidades en la adjudicación de las concesiones, recortes en edificios y equipamiento, deterioro en la calidad de los materiales, sobrecostes no contemplados en los contratos, retrasos en la entrega de los centros, contrataciones de personal amañadas, trampas y sobreprecios en la publicitación e información al público, etc.

            3.- En los mismos se encuentran presuntamente involucrados las tramas de la Gürtel y la Púnica, las  más importantes empresas de la construcción española (Acciona, OHL, Dragados-FCC, Coffely,,)  fondos de inversión internacional, entidades financieras, auditoras (pwc, Deloitte,..)   y responsables políticos, en su mayor parte del Partido Popular (Matas, Camps, etc.)

            4.- Desde nuestra Federación hace años que  venimos denunciando en foros profesionales, académicos y sociales, los graves riesgos para pacientes, sistema sanitario, trabajadores y arcas públicas de la CPP y nos hemos enfrentado a los grupos de presión profesional que las promueven (financiados por laboratorios, empresas tecnológicas, empresas consultoras, compañías de seguros médicos , fondos de inversión, etc,   que han visto en la sanidad un enorme negocio, dado los importantes recursos que destina el Estado a Sanidad (en torno a los 60.000 millones de euros anuales)

            5.- La Colaboración Público Privada para levantar y gestionar centros sanitarios, que  se presentó como la alternativa a la gestión pública a la que se acusaba de costosa, burocrática e ineficiente, no ha evidenciado las prometidas ventajas en eficiencia, transparencia y calidad, a lo que habría de añadir unos costes disparatados imposibles de sufragar a medio y largo plazo.

            6.- Una secuela grave de la CPP es que ha favorecido la generalización de la corrupción pública,  con los mismos protagonistas que la burbuja financiera y del ladrillo, que tanto dolor están provocando en la población.

            Por todo esto consideramos que uno de los principales objetivos de los promotores de la Colaboración Público Privada, ha sido eliminar los controles del Sistema Público (leyes de contratos del estado, función pública, régimen estatutario del personal, etc.), para favorecer las oportunidades de negocio privado con dinero público.

            Desde la FADSP hacemos un llamamiento a los partidos políticos para poner freno a este saqueo de dinero público, para lo que proponemos

                 1.    Abrir auditorías de las Cortes y Parlamentos Autonómicos para analizar la aplicación de la Colaboración Público Privada y sus consecuencias para la Sanidad, la población las arcas públicas.

                 2.    Apertura de procesos de denuncia de todas las Concesiones y su reintegración al sistema público.

                 3.    Abolir el modelo de gestión privada de los centros sanitarios financiados con recursos públicos

                 4.    Sanciones ejemplares para implicados en esta trama de corrupción dada la trascendencia de la misma para la salud de todos los españoles.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

26 de marzo de 2016

 

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Los defensores a ultranza del modelo Alzira, se lo guisan y se lo comen… fundamentalmente a partir y a costa del deterioro de la pública, digo.

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“La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), es una entidad constituida en mayo de 2010, que aglutina al sector sanitario privado y que tiene como finalidad promover la mejora de la salud de los ciudadanos y poner en valor a la sanidad privada…”

 

La sanidad privada aporta al PIB más de un tercio de todo el gasto sanitario

Un estudio del IDIS revela que el sector privado "contribuye de manera significativa al desarrollo económico del país y libera recursos"

 

EFE/El Comercio, Madrid.

 

La sanidad privada aporta al Producto Interior Bruto algo más de un tercio de todo el gasto sanitario (9,1% del PIB), lo que supone el 3,5% del sector privado frente al 5,6% del público.

 

Estos datos se recogen en el informe 'Sanidad privada. Aportando valor. Análisis de la situación 2017', elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), presentado hoy en Madrid.

 

Para los responsables de este estudio, "el sector sanitario privado contribuye de manera significativa al desarrollo económico de nuestro país, libera recursos y favorece el ahorro del sistema público de salud, siendo un aliado estratégico que colabora en su sostenibilidad y mejora la accesibilidad y calidad en la atención a los ciudadanos".

 

El informe ha sido presentado por los directivos del IDIS Adolfo Fernández-Valmayor, presidente; Manuel Vilches, director general; y Luis Mayero, secretario general.

 

Estos dirigentes han pedido la reforma de la Ley General de Sanidad, para que se adapte a la realidad sociodemográfica actual y un Pacto de Estado en el que participen todos los agentes implicados; y han defendido la despolitización de la sanidad.

 

452 hospitales privados

Actualmente el sector hospitalario privado suma un total de 452 hospitales en España, que representan el 57% de los centros, con una dotación de 51,591 camas, el 33% de todas las existentes.

 

Además, ha realizado el 29% de las intervenciones quirúrgicas; para los autores del informe todas estas actuaciones han supuesto una liberación de recursos que ha conllevado un ahorro en la sanidad pública entre 573 y 1.134 euros por paciente y año.

 

El informe, que recoge datos de todas las Comunidades Autónomas, señala que el sector sanitario privado es "un motor generador de empleo", con 252.850 profesionales en todas las actividades del sector.

 

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El PP votó en contra de la iniciativa y FORO se abstuvo, todos los demás estuvieron a favor…

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La izquierda asturiana defenderá en el Congreso 'su' sanidad universal

El Parlamento regional enviará a tres representantes para defender una ley que deje sin efecto el RD 16/2012

Foto.- Fernando Lastra (PSOE), Gaspar Llamazares (IU) y Daniel Ripa (Podemos).

 

Redacción Médica

 

La Comisión de Sanidad de la Junta General (Parlamento asturiano) ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública que, tras su previsible aprobación por el pleno de la cámara regional, deberá ser defendido ante el Congreso de los Diputados por tres representantes de la cámara legislativa asturiana.

 

En concreto, han sido escogidos para esta misión los diputados Fernando Lastra (PSOE), Daniel Ripa (Podemos) y Gaspar Llamazares (IU). La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos mientras que Foro ha optado por la abstención y el PP ha votado en contra.

 

IU planteó esta modificación legal "por razones de derechos humanos, de salud pública y de congruencia legislativa" para restablecer "una cobertura universal que no excluya a nadie, ni por razón de raza ni de residencia" dado que el acceso a la sanidad pública "es un derecho fundamental que nunca debía haberse mermado".

 

La ley pretende universalizar la asistencia sanitaria pública y restablecer en el ámbito subjetivo general del derecho a la protección de la salud que fue alterado mediante el Real-Decreto ley 16/2012 tanto desde el punto de vista conceptual como a través de la vuelta a la figura del "asegurado" como sujeto del derecho a la protección de la salud, exigiendo la suscripción de un convenio especial a quienes no puedan acceder a esa condición.

 

De esta forma, siempre según los ponentes de esta proposión de ley, se dejaba sin cobertura sanitaria directa a todos los que no tengan ningún vínculo con la Seguridad Social e incluso a los descendientes de asegurados mayores de 26 años, cuyos ingresos superasen un determinado límite y expulsaba del sistema sanitario pública a los extranjeros sin permiso de residencia "con las consecuencias que implica en salud individual y pública".

 

Una vez que la proposición de ley de se aprueba en el pleno de la Junta y se designe oficialmente a los tres representantes de la Junta, esta iniciativa será la segunda de este tipo pendiente de tramitar ante el Congreso tras la aprobada en 2014, también a instancias de IU, que plantea la reforma de la Constitución para facilitar más la tramitación de iniciativas populares legislativas y la celebración de referendos.

¿Salud…?, ¿tu salud y la de millones de ciudadanos como tu?... eso no importa, sólo es importante su financiación, su lucro, sus beneficios…

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¿La privatización hospitalaria de Esperanza Aguirre contribuyó a la financiación del PP en Madrid?

 

Acta Sanitaria

 

Ante las noticias de las investigaciones que están realizando los tribunales de justicia sobre las posibles implicaciones de la privatización hospitalaria madrileña con la financiación ilegal del Partido Popular (PP) en la denominada trama Púnica, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP-M) ha difundido una nota en la que, entre otras cosas, recuerda cómo había señalado reiteradamente los aparentemente inexplicables sobrecostes de la privatización de los hospitales madrileños que había encarecido notablemente el coste de la atención sanitaria a costa de recortes en los centros sanitarios públicos y del deterioro de la asistencia sanitaria. Y afirma que, una vez más, se pone en evidencia que privatización sanitaria y corrupción son dos fenómenos paralelos, y que es precisamente estos fenómenos de corrupción lo que explica el interés de los políticos del PP en privatizar los servicios públicos. La Asociación, además de reclamar un esclarecimiento de los hechos, insiste en que éstos ponen en evidencia la necesidad de la reversión de los centros privatizados al sistema sanitario público.

 

NOTA INTEGRA DE LA ADSP de Madrid:

 

La ADSP de Madrid ante las noticias de que la privatización hospitalaria sirvió para financiar al PP

 

La Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las noticias de las investigaciones que están realizando los tribunales de justicia sobre las posibles implicaciones de la privatización hospitalaria madrileña con la financiación ilegal del PP en la denominada trama Púnica, tiene que señalar:

      1. Desde la ADSPM ya habíamos señalado reiteradamente los aparentemente inexplicables sobrecostes de la privatización de los hospitales madrileños que había encarecido notablemente el coste de la atención sanitaria a costa de recortes en los centros sanitarios públicos y del deterioro de la asistencia sanitaria.

      2. Una vez más se pone en evidencia que privatización sanitaria y corrupción son dos fenómenos paralelos, y que es precisamente estos fenómenos de corrupción lo que explica el interés de los políticos del PP en privatizar los servicios públicos.

      3. Entendemos que estos hechos ponen en evidencia la necesidad de la reversión de los centros privatizados al sistema sanitario público y la vigencia de la Red de Organizaciones y Plataformas por la derogación de todas las fórmulas de Colaboración Público Privada (CPP) sanitarias recientemente impulsada por 25 organizaciones de todo el país entre las que se encuentra la FADSP.

 

ESCLARECIMIENTO DE TODOS LOS HECHOS

 

QUE PAGUEN LOS RESPONSABLES DE ESTAS TROPELIAS

 

POR LA RECUPERACION DE LAS PRIVATIZACIONES SANITARIAS

 

LA SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE

 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

8 de Marzo de 2017

El juez tiene ‘potentes indicios’ sobre la financiación ilegal del PP de Madrid

La red de hospitales privatizados que montó Esperanza Aguirre permitió el descontrol del gasto

 

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Y ESTA OTRA DE HACE TIEMPO…

Oportuno para tener una visión más amplia…

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Las listas de espera en la Sanidad Pública. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. 15 de Febrero de 2017 

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Las listas de espera son un serio problema para la Sanidad Pública, problema que se ha agravado con los recortes, de manera que, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad la demora media en la lista de espera quirúrgica ha pasado de 67 días en 2009 a 89 en diciembre de 20015. En cuanto a consultas externas (según la misma fuente), la demora media también se ha incrementado desde 2009 pasando de 59 días a 68 en el mismo periodo.

Hay evidencia de que estas cifras que reflejan el promedio del Sistema Nacional de Salud, son muy diferentes según la comunidad autónoma, y que de manera incomprensible no son ofrecidas por el Ministerio desagregadas por CCAA.

Cuando abordamos las listas de espera en el sistema sanitario público hay que tener en cuenta que:

  • Las CCAA suelen tener sistemas de computo de las listas de espera distintas de manera que las comparaciones son dificultosas
  • Además la accesibilidad a los datos en las diferentes CCAA deja mucho que desear, en sus paginas web algunas CCAA ofrecen solo datos para toda la comunidad autónoma, otras solo por centros (lo que hace muy difícil tener el dato global de la comunidad autónoma) otras los fragmentan por indicaciones, especialidades, otras por tiempos de demora (menos de un mes, entre 30 y 60 días, etc),…, y otras simplemente no los ofrecen.
  • Por otro lado existen numerosas denuncias concretas sobre las manipulaciones y/o maquillajes de los datos oficiales mediante muchas técnicas bien conocidas (por ejemplo cuando un paciente sobrepasa mucho el tiempo deseable de demora se le pasa a “transitoriamente no programable” y pasados unos días se le vuelve a incluir empezando a contabilizar de nuevo en ese momento la demora).

Con estas limitaciones hemos realizado un revisión sistemática de las informaciones sobre listas de espera en las páginas web de todas las CCAA y hemos comprobado que existe información solo en 16 de ellas.

De los datos publicados se puede deducir que la demora media en la lista de espera quirúrgica oscila entre 46 y 183 días (en realidad entre 49 y 183 si solo incluimos a CCAA que oferten todos los servicios y no deriven algunos de ellos a otras comunidades autónomas), y la de consultas externas entre 25 y 69 (aunque este dato solo ha podido ser comprobado en 9 autonomías por lo que es menos representativo).

Estos datos constatan una gran diferencia en las demoras medias autonómicas, 3,73 veces más en la lista de espera quirúrgica, diferencias que también son muy importantes en algunos casos en los que aparecen demoras por especialidades (por ejemplo en neurocirugía van de 79 a 271 días).

Reflexiones y propuestas

El debate social y político de las listas de espera es una constante cuando se habla de la calidad y buena gestión de nuestro Sistema Sanitario Público. La inapropiada respuesta de los responsables políticos provoca en la ciudadanía y los pacientes que las sufren una creciente desconfianza en el Sistema Sanitario, con importantes consecuencias económicas y sociales, retrasos diagnósticos, inequidad en el acceso, bajas prolongadas, etc.

                        La realidad es tozuda y el continuo descontrol de las listas es un síntoma importante del deterioro consentido de nuestro sistema sanitario público. Las Listas de Espera reflejan una inadecuación entre la demanda de atención sanitaria y la oferta de servicios. Gestionarlas responsable y correctamente es la base de un Sistema Público de calidad. Hay múltiples factores que las condicionan y su abordaje es complejo, y se  requiere medidas para su análisis, priorización, asignación de recursos, etc. que comprometan al conjunto del Sistema Sanitario, incluyendo a pacientes y ciudadanos, etc., implicando a gestores y políticos, responsables y comprometidos con la Sanidad Pública.

            La respuesta tradicional para las listas de Espera ha sido la de aumentar los recursos, incrementar el número de consultas, intervenciones quirúrgicas, etc., mediante la contratación de más personal en algunos casos, pero sobre todo mediante jornadas extraordinarias (peonadas) o derivación de pacientes a centros privados. Medidas que a veces tampoco son populares, así por ejemplo la mitad de los madrileños en lista de espera para recibir asistencia sanitaria rechazaron ser derivados a la privada, lo que demuestra su afecto al servicio público.

            Estas medidas además de discrecionales, costosas y poco eficientes, no resuelven el problema pues el aumento aislado de los recursos, los planes de choque, no son la solución.

            En recientes informes de tribunales de cuentas de CCAA, que analizan los gastos de productividad por jornadas extraordinarias y la derivación a centros privados, concluían que, a pesar  del importante volumen de recursos económicos implicados, no constaba que se hubiera realizado el seguimiento de los programas extraordinarios aprobados ni que se evaluara conjuntamente el coste y la repercusión de la actividad extraordinaria realizada en las listas de espera.

            Las conclusiones sobre derivación a centros privados también eran categóricas; afirmaban que no había una valoración previa de las alternativas y que los costes públicos son en general inferiores a las tarifas establecidas, y que a pesar de la creencia generalizada de que lo público es más caro, no existe evidencia que sustente este hecho.

            Actualmente como consecuencia de los recortes presupuestarios que afectan a la Sanidad Pública, no se realizan jornadas extraordinarias o se han reducido de manera muy importante, pero sí se sigue derivando a los centros privados, sin criterio y sin valorar la alternativa de realizarlo en el sistema público.

            También es posible que en los últimos años se esté relajando la vigilancia sobre la dedicación exclusiva del personal y se esté produciendo una disminución constante de la actividad, sin que esto esté justificado por motivo de reducción de personal. El  problema afecta a toda la red de asistencia especializada, independientemente del servicio y hospital.

            Para mejorar las Listas de Espera debe haber un cambio del modelo de gestión, incorporar medidas globales que mejoren el funcionamiento del sistema sanitario, hacer un riguroso análisis de la demanda y crear mecanismos abiertos para facilitar la participación en distintos niveles de decisión de profesionales sanitarios, gestores y las administraciones sanitaria

            Concretamente, habría que exigir a nuestros responsables políticos y gestores sanitarios que desarrollaran un Plan Estratégico  que garantizara la equidad y la racionalidad en las listas de espera, incluyendo:

1- Establecer prioridades, estándares y compromisos de espera

2- Protocolizar las indicaciones quirúrgicas y la situación del paciente dentro de las listas en función de su gravedad y repercusión sobre la salud

3- Adecuar y optimizar los recursos en base a las necesidades detectadas en cada territorio

4- Analizar las necesidades mediante un Sistema de Información homogéneo, accesible y comparable

5- Adecuar el número de camas, quirófanos y medios diagnósticos a la demanda

6- Mejorar la utilización intensiva de los recursos (como abrir quirófanos por la tarde)

7- Desarrollar la cirugía ambulatoria

8- Mejorar la comunicación entre Atención Primaria y Especializada, evitando duplicidades de pruebas y consultas. Conceder al médico de atención primaria, y al especialista hospitalario que indica el procedimiento, más influencia sobre listas de espera, porque priorizarán las listas no solo por el tiempo de espera, sino por la necesidad individual de cada paciente según criterios clínicos, la discapacidad y situación sociolaborables.

9- Incrementar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria: facilitar el acceso a recursos diagnósticos. Establecer de forma precisa las indicaciones en el uso de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas para cada proceso y evaluarlas. El uso indiscriminado de la tecnología agrava los tiempos de demora y genera grandes ineficiencias. Acordar protocolos entre las diferentes especialidades y niveles asistenciales.

10- Implicar a los profesionales en la mejora dándoles participación activa en la gestión e incentivos en función del logro de objetivos consensuados. Promover la responsabilidad de los profesionales en la gestión clínica (contratos de gestión, contratos programa, ec...), medidas actualmente ausentes precisamente cuando la crisis las hace más necesarias que nunca, de manera que cada vez hay mayor distanciamiento y desafección entre profesionales y gestores, perdiéndose la unidad en los objetivos comunes de política sanitaria.

11- Proponer que la administración sanitaria informe periódicamente a ciudadanos y a sus representantes (ayuntamientos, organizaciones vecinales y de usuarios, sindicatos, etc.), cada 6 meses sobre las personas en lista, tiempo de espera promedio, pacientes pendientes de intervención según causas, etc.

12- Desarrollar un sistema de evaluación y seguimiento con participación profesional y ciudadana.

 

            Estas actuaciones se deben adoptar partiendo de un análisis global, evitando soluciones parciales, como incrementar simplemente la oferta, o las derivaciones a centros privados, mediante un compromiso claro y manifiesto para potenciar y defender el Sistema Sanitario Público, liderándolo con profesionalidad y responsabilidad, aunando criterios de universalidad, equidad y sostenibilidad..

            Las listas de espera son un elemento clave que permite evaluar la calidad del conjunto del sistema sanitario y los servicios públicos implicados. No compartimos que, actualmente, con fuertes procesos de reforma, amparándose en la necesidad de reducir el gasto público, el creciente deterioro de las Listas de Espera sirva de coartada para justificar el recorte de las prestaciones del Sistema Sanitario Público y la introducción de criterios de privatización, y para favorecer los sistemas de aseguramiento privado.

            Si, por el contrario, se implantan las medidas propuestas para mejorar el manejo de las listas de espera, nuestros responsables políticos y gestores contarían con la implicación y apoyo  de los profesionales y mejorará la confianza de la ciudadanía y de los pacientes.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

15 de Febrero de 2017

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Escrito por Carlos Nicolás, Director Editorial de Acta Sanitaria…

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Sobre el cinismo político del copago farmacéutico

 

ACTA SANITARIA

 

En un alarde de cinismo político, cuatro días después de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy (PP) hubiera aprobado subir un 0,25% las pensiones de los jubilados, se les anuncia, a través de su ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que les van a incrementar el precio de los medicamentos que reciben, por prescripción médica, del Sistema Nacional de Salud (SNS).

 

De nuevo, al igual que ocurriera con Ana Mato, se utiliza la incompetencia de Dolors Montserrat para anunciar, como medida social, la puesta en marcha de recortes en la prestación farmacéutica pública a los principales usuarios de la misma, los ancianos.  Lo malo es que se disfraza de medida social, pues se presenta como un mayor impuesto para los que reciben mejores pensiones, aunque se ignora tal principio social en el caso de los activos en precario.

 

Aunque el establecimiento del copago responde a la idea de que, por tal medio, mejorará el uso de la prestación afectada, la realidad es que, con carácter general, la medida disuade de recurrir a ella a quienes tienen menos recursos y que, posiblemente, son los que más la necesitan. Con lo que a éstos se aplica la doctrina que difundió la diputada del PP Andrea Fabra desde su escaño parlamentario: “¡Que se jodan!” Se diría que es la máxima a aplicar ahora por la ministra Montserrat.

 

Además de perseguir una supuesta racionalidad en el uso de la prestación, que no depende del paciente sino de quien le atiende, el copago tiene un fin recaudador, con lo que, de nuevo, se está engañando a los ciudadanos, al pretender dar la impresión de que van a pagar quienes más tienen. Y sería así si se tratara de política fiscal y no asistencial. Pero con lo primero no se atreve el gobierno de Rajoy.

 

Se grava la enfermedad con un impuesto, a ver si de ese modo se acude menos al médico. Lo que puede hacer pensar que, sin tardar, se comience a hablar de establecer un copago por visita al médico. De ese modo, además de disminuir el gasto farmacéutico, decrecerían las listas de espera que tanto afean a los políticos metidos a gestores sanitarios.

 

Y es que no se buscan soluciones para los problemas, sino estrategias de imagen para aparentar lo que no es. Vamos, puro cinismo.

 

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Que no te confundan, el tema no es cómo es “más justo” el copago (lo que supone su aceptación), sino ¡¡COPAGO NO!!, alto, claro y sin burdas manipulaciones…

Que no te confundan, el tema no es cómo es “más justo” el copago (lo que supone su aceptación), sino ¡¡COPAGO NO!!, alto, claro y sin burdas manipulaciones…

"Quien gana más que aporte más por las medicinas", dictaminan los jubilados

El copago farmacéutico no asusta a los pensionistas, que creen más apremiante resolver los retrasos en las consultas

 

Oviedo, E. G., en La Nueva España

 

Los jubilados y pensionistas asturianos apuestan por hilar más fino en los tramos del copago. un paseo informativo, ayer por la mañana, por los alrededores de un centro de salud ovetense confirma varias tesis.

 

Una de ellas es que en general el copago no asusta, aunque a algunos moleste. Otra, que es poco justo que el jubilado con renta aproximada a los 18.000 euros brutos al año tenga que copagar lo mismo que el que gana cinco veces más.

 

Carlos Pérez tiene 73 años, tuvo un aneurisma "y debo controlar la diabetes y el colesterol" pero a pesar de todo se considera "un afortunado" en materia de copago. "Bien está que, por ejemplo, el jubilado que gane a partir de 60.000 euros al año tenga un porcentaje de copago algo más elevado que los demás", dice. Los ingresos de renta, matiza, tienen mucha importancia, pero también hay que contar con las necesidades y circunstancias personales y familiares en las que se mueva cada pensionista. Muchas pensiones en Asturias están sosteniendo económicante miles de hogares.

 

María Luisa Sánchez tiene una pensión de 408 euros mensuales, pero la suma a la de su marido, "que tira mucho de Igualatorio". Lo que preocupa a María Luisa no es el copago, que entiende justo, sino los retrasos en las consultas… (leer más)

 

Sanidad dice, tras las críticas, que "sólo estudia" subir el copago a los jubilados

El Gobierno quiere crear tres tramos de renta, desde 18.000 a 100.000 euros, con diferentes grados de aportación al gasto farmacéutico

Eduardo García, Oviedo, en La Nueva España

 

Es costumbre de los gobiernos de turno tantear... y a ver qué pasa. Las últimas declaraciones de la nueva ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, sobre el copago farmacéutico parecen ir en ese sentido. ¿Hay que reformar el sistema de copago de los jubilados? ¿Es justo que los pensionistas que ganen 18.000 euros brutos anuales paguen el mismo tope mensual -18 euros- que los que ganan 100.000?

 

El debate está servido y entra en materia sensible. Tras las reflexiones en los medios de la ministra Montserrat, Sanidad ha recordado que "se estudia" una reforma, pero que en modo alguno será inminente. Y la propia ministra utilizó antenoche (21,30 horas, para más datos) un tuit con el siguiente texto: "No es cierto que se vaya a subir el copago a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros".

 

La filosofía del nuevo Gobierno es que ese tramo inmenso entre los 18.001 euros y los 100.000, se divida en subtramos, con distintas obligaciones de copago… (leer más)

 

El aumento del copago penaliza a los más enfermos mientras se favorece a la industria farmacéutica

 

FADSP en su WEB

 

Ante la información de que la nueva Ministra de Sanidad Dolors Montserrat pretende incrementar los copagos a los pensionistas que cobren más de 18.000 euros anuales, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos comunicar:

 

   1.- Que si lo que pretende la nuevas Ministra es racionalizar el consumo de recursos sanitarios tenemos que recordarle, por si lo desconoce, que desde hace años esta demostrada que estas medidas solo afectan a los grupos sociales de bajas rentas como los pensionistas, que por otra parte consumen más medicamentos (5,6 frente a 2,4 de la población general)  por ser el colectivo con mayor prevalencia de enfermedades crónicas (hipertensión, cardiopatías, enfermedades reumáticas, cáncer, etc.)

 

   2.- Tras el Real Decreto Ley 16/2102 que, acabó con la universalidad de la atención  introdujo el copago a los pensionistas,  se evidencio que el ahorro potencial de esta medida, estimado por el Ministerio de 2.300 millones de euros fue realidad  de 363M   (de los que 198 fueron  por la desfinanciación de más de 400 fármacos de gran consumo por los pensionistas como son medicamentos para la tos, el estreñimiento, las diarreas o las hemorroides, patologías que afectan  especialmente a los mayores), según datos del año 2013. Por otro lado entre el 15%  y el  25% de los pensionistas no retira los medicamentos prescritos  por sus médicos por no poder pagarlos.

 

   3.- No parece justo que se incremente un impuesto que grava la enfermedad y afecta especialmente a los sectores sociales con menos ingresos,  mientras se mantienen las exenciones fiscales a las grandes fortunas y empresas multinacionales (el impuesto de sociedades es irrisorio en nuestro país) o se tolera y alienta el fraude fiscal con sucesivas amnistías a los defraudadores.

 

   4.- Es incomprensible que el Gobierno de Rajoy vuelva a agredir al grupo social que más le apoya (se estima que más del 60% de su masas electoral tiene más de 65 años),  con nuevos impuestos,  después de que la subida de la pensiones para el año 2017 se haya fijado en un ridículo 0,25%,  muy por debajo del incremento de coste de la  vida.

 

   5.- Solo desde la ignorancia y desde la ideología más conservadora se puede entender esta medida, que representa un  nuevo paso en la generalización de los copagos por la utilización de los recursos sanitarios, como fórmula para continuar con la privatización sanitaria.

 

   6.- Desde la FADSP reiteramos nuestra exigencia de la derogación del Real Decreto 16/2012 que introdujo el copago farmacéutico a los pensionistas.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

 

9 de enero del 2017

El Principado alerta de que el copago farmacéutico que estudia Rajoy «ataca la equidad»

El consejero Francisco del Busto defiende «el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios públicos financiado con impuestos como la forma más justa de respetar el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria sin discriminación económica»… VER EN EL COMERCIO DE HOY


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Empezamos el juego del “quiero y no puedo” o del “virgencita que me dejen como estoy” que no se jugaría si no hubiera habido investidura… mientras, revertir estas medidas y todas las demás de la reforma de 2012, cada vez más lejos…

Empezamos el juego del “quiero y no puedo” o del “virgencita que me dejen como estoy” que no se jugaría si no hubiera habido investidura… mientras, revertir estas medidas y todas las demás de la reforma de 2012, cada vez más lejos…

Unos 90.000 jubilados asturianos tendrán que pagar más por sus medicamentos

Sanidad quiere "ajustar" el copago de los fármacos de los pensionistas para que el que "tenga más pague más", afirma la ministra Montserrat

Eduardo Lagar, Oviedo / Barcelona, en La Nueva España

 

Unos 90.000 jubilados asturianos, aquellos cuya pensión supera los 18.000 euros anuales, tendrán que pagar más por sus medicamentos si finalmente se llevan a cabo los planes anunciados ayer por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para modificar los tramos del copago sanitario. Horas después, la ministra señaló en su cuenta de Twitter que "No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros".

 

Pero en la entrevista Montserrat indicó que su ministerio quiere "ajustar" el copago farmacéutico para los jubilados que perciban las pensiones más altas, en el tramo de renta que va de los 18.000 a los 100.000 euros. Actualmente, los jubilados de los dos extremos de esta horquilla pagan lo mismo al mes: un 10% del importe de los medicamentos que tengan recetados hasta un máximo de 18,52 euros.

 

La ministra aseguró ayer en declaraciones a una emisora de radio de Cataluña que "quien más tiene debería de pagar más", aunque no detalló cuáles serían las modificaciones que pretende introducir. Anteriormente, en una comparecencia el 20 de diciembre en el Congreso y, pocos días después, en una entrevista con un periódico de tirada nacional se había mostrado partidaria de dividir esa amplia franja de pensiones en tres tramos. Uno que iría hasta los 30.000 euros. Otro entre 30.000 y 60.000 euros y un tercero entre 60.000 y 100.000 euros.

 

En aquella ocasión, tampoco concretó cuál sería la cuantía máxima que tendrían que pagar las personas jubiladas en cada uno de esos tramos. Esta modificación del copago sanitario, si finalmente se lleva a efecto, afectará a un 30% de los pensionistas asturianos, los que ingresan más de 18.000 euros al año.

 

La situación quedaría igual que actualmente para aquellos pensionistas cuyos ingresos no superan los 18.000 euros. Esos seguirán pagando el 10% de los medicamentos que tengan recetados con un tope de 8,23 euros mensuales. En la reforma que prevé Montserrat no se tocará la situación de los parados de larga duración, que no tendrán que abonar una parte de los medicamentos.

 

La ministra de Sanidad no especificó si los pensionistas con rentas por encima de los 100.000 euros anuales verán elevado el copago de medicamentos. En la actualidad, los pensionistas de "gama alta" tienen que afrontar de su bolsillo el 10% del precio de las medicinas con un tope máximo de 61,75 euros.

 

El anuncio de la ministra ha provocado la reacción de la oposición. El PSOE ya ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para que explique su propuesta de "ajustar" el copago farmacéutico. El Consejo Federal de Sanidad se reunió ayer tarde en Ferraz y mostró su "total rechazo" a esta propuesta de la ministra.

 

El responsable de Sanidad de la Comisión Gestora del PSOE, Francisco Ocón, aseguró que los socialistas no van a permitir que el Gobierno "toque el bolsillo" de los pensionistas y se opuso "rotundamente a que el copago sea barrera de acceso a los medicamentos, que es la realidad que están sufriendo los pensionistas españoles". Además de exigir la derogación de la reforma sanitaria, el PSOE insiste en que el copago no es su modelo y que no entiende cómo la ministra puede plantear algo así porque "lo que hay que hacer es dar respuesta a las necesidades de financiación del sistema y de atención a los ciudadanos".

 

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera, también expresó su posición "radicalmente en contra" del aumento del copago farmacéutico a los pensionistas, anunciado por la ministra de Sanidad, y pidió su retirada por ser una "medida antisocial". Barrera explicó que el sindicato está en contra de los copagos "y mucho más para los pensionistas porque son un colectivo con especial incidencia ya que son los que más acuden a los servicios médicos y farmacéuticos".

 

Dolors Montserrat aboga por más tramos de copago para jubilados con rentas de 18.000 a 100.000

Acta Sanitaria

 

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha anunciado su intención de “revisar” el copago farmacéutico establecido a jubilados para estratificarlo aún más y crear nuevos tramos entre los pensionistas con rentas de entre 18.000 y 100.000 euros. “De 0 a 18.000 euros, los jubilados pagan un tope máximo de ocho euros, y a partir de 18.000 euros y hasta 100.000 euros pagan un tope de 13 euros”, sostuvo la titular de la cartera sanitaria del Gobierno en su comparecencia en Radio 4, tras lo que manifestó que “el que cobra 18.000 más un euro, paga lo mismo que una persona que cobra 100.000 euros, de tope”. “Pienso, sinceramente, que de estos 18.000 y hasta los 100.000, tendríamos que ajustarlo mejor”, subrayó Dolors Montserrat, que afirmó que “quién más tiene, debería pagar más”. Ante las palabras de la titular de la Administración sanitaria, el Consejo Federal de Sanidad del PSOE rechazó el aumento del copago para los pensionistas, porque “supone una barrera de acceso a los medicamentos”. Por ello, registró la petición de comparecencia de la ministra de Sanidad y la convocatoria de la Diputación Permanente “para que Montserrat explique esta propuesta”.

 

Cumbre sanitaria del PSOE en Ferraz

Acta Sanitaria

 

A pesar de la etapa de interinidad que se vive en el Partido Socialista (PSOE), no se descuida el análisis y el enfrentamiento a los problemas que vive el país, como sucede con la sanidad. En la tarde de este lunes, se ha reunido el Consejo Federal de Sanidad, formado por los consejeros y consejeras socialistas de gobiernos autonómicos, los secretarios autonómicos del PSOE y portavoces regionales de la materia en los parlamentos autonómicos y los portavoces de sanidad en Congreso, Senado y la delegación socialista en el Parlamento Europeo. Los dos grandes puntos de interés, la financiación de la sanidad pública y la política de copagos que, en este último caso, se ha visto avivada por los planteamientos anunciados por la ministra Montserrat en relación con los jubilados, a quienes el gobierno pretende poner más barreras para el acceso a los medicamentos.

 

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