CONTRARREFORMA NO

COINCIDEN TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS EN UN CURSO DEL INSTITUTO ROCHE

El SNS necesita evaluación y transparencia

La oposición vuelve a hacer frente común contra el aseguramiento del 16/2012

Foto: Jaime del Barrio, Conxita Tarruella, Manuel Cervera, Luis Carlos Ramírez, José Martínez Olmos y Gaspar Llamazares.

Martes, 09 de julio de 2013, por Eduardo Ortega Socorro. Aranjuez (Madrid), en Redacción Médica

 

Lo cierto es que el consenso cada vez es menos común dentro del Congreso de los Diputados, una circunstancia a la que no es ajena la Comisión de Sanidad. Con todo, los principales representantes parlamentarios de la oposición en el ámbito sanitario sí están de acuerdo en enfrentarse a una de las medidas más polémicas incluidas en el RDL 16/2012, el cambio del modelo de atención sanitaria universal al de aseguramiento.

 

“Se justifica esta decisión por el turismo sanitario”, indica José Martínez Olmos, portavoz socialista en la comisión, “pero ese es un problema de gestión de los centros”, y considera que no es causa suficiente para la decisión que hace un año tomó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por su parte, Conxita Tarruella, de CiU, advierte de que “el sistema universal tenía una estructura fuerte, y hemos pasado a uno de aseguramiento para el que todavía no hemos emprendido los cambios necesarios. Muchas cosas aún están por desarrollar”.

 

Mientras, Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, aporta datos para razonar su posición: “El sistema universal gasta casi tres puntos menos y obtiene tres puntos más en salud que el de aseguramiento social”, asegura, basándose en datos, indica, de la OCDE y el Banco de España.

 

Sin embargo, Manuel Cervera, parlamentario del Partido Popular, afirma que “para los ciudadanos el modelo no ha cambiado. La universalidad para ellos es real”. Además, apunta que “no hay un país europeo en el que los inmigrantes irregulares tengan tantos derechos sanitarios como España”.

 

Estas opiniones se han vertido durante la mesa redonda 'Opinión de Grupos Parlamentarios' celebrada durante el curso 'Presente y futuro de la Sanidad', organizado por el Instituto Roche y la Fundación Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez, este lunes. A pesar de que, como se ha venido viendo en lo que va de legislatura, el consenso entre los partidos está lejos de alcanzarse, sí comparten que es necesaria una mayor evaluación de los resultados del Sistema Nacional de Salud (SNS) y transparencia en los datos. De hecho, Tarruella va más allá y  pide para España un centro de evaluación del coste-efectividad como el NICE inglés.

 

Privatización

Por otro lado, también se aborda uno de los temas candentes de la sanidad española, los procesos de privatización de la gestión. Martínez Olmos critica que “no se puede hacer negocio con la sanidad, no es razonable”, mientras que Tarruellas matiza que “en Cataluña se emplea un sistema de conciertos desde 1934 que se actualizó con el traspaso de competencias. En ese sentido hemos actuado de una forma diferenciada al resto del Estado”.

 

Cervera considera, sobre esta cuestión, que “las comunidades autónomas son gestores que intentan salir del paso en esta situación, no son mejores ni peores”, y asegura que si la situación del Hospital Clinic de Barcelona (público por la mañana, privado por las tardes), se diera en Madrid y Comunidad Valenciana, “palos no hubieran faltado”. Llamazares zanja la cuestión: “No comparto la aportación del sistema privado ni la privatización. Son lobos, no corderos”.

El libro de Stuckler y Basu sirve para profundizar en el estudio de la relación entre cómo afrontar las crisis económicas y sus efectos en salud pública

 

Por qué la austeridad mata: el coste humano de las políticas de recorte

 

Todas las políticas que redundan en un incremento del desempleo y la desprotección social tienen un efecto directo en el empeoramiento del estado de salud

Javier Padilla, en eldiario.es

 

“En relación con la salud, nuestro código postal puede tener más importancia que nuestro código genético”. James Marks. Vice-President Robert Wood Johnson Foundation.

 

La salud y la enfermedad históricamente han parecido un asunto de cuya gestión se encargaban principalmente (si no en exclusiva) los trabajadores sanitarios, pero la realidad está muy alejada de esa visión “sanitariocentrista”. Como dijo Rudolf Virchow, médico alemán del siglo XIX, “La medicina es una ciencia social, y la política no es otra cosa que medicina a gran escala”. Esa frase es la elegida por D. Stuckler y S. Basu para comenzar su libro Por qué la austeridad mata: el coste humano de las políticas de recorte.

Hasta ahora existía abundante literatura científica acerca de los efectos de las crisis económicas sobre la salud de las poblaciones; la mayoría de los estudios afirmaban que las crisis por si mismas no suponen un factor de incremento de la mortalidad global o de ciertos grupos de enfermedades concretos (enfermedades infecciosas y del ámbito de la salud mental, especialmente), sino que sería la forma de afrontar estas crisis la culpable de que ese empeoramiento en la salud de la población tuviera lugar. El libro de Stuckler y Basu sirve para profundizar en el estudio de la relación entre cómo afrontar las crisis económicas y sus efectos en salud pública, y lo hace con un lenguaje fácilmente comprensible y sin sacrificar el rigor científico a cambio de una mejor comprensión.

Los autores del libro afirman que la crisis económica que estamos atravesando en los últimos años, y la forma en la que los diferentes gobiernos han ido haciendo frente a ella, suponen en la práctica la realización de un ensayo clínico, de modo que podríamos afirmar que, en este momento, somos sujetos de experimentación de un medicamento llamado “austeridad”. Es importante resaltar que no son sólo los recortes sobre el sistema sanitario los que suponen un daño potencial para la salud de la población, sino que todas las políticas que redundan en un incremento del desempleo y la desprotección social (especialmente de los más desfavorecidos) tienen un efecto directo en el empeoramiento del estado de salud.

Este medicamento (la austeridad) no solo no habría demostrado efectividad en experimentos anteriores (la Gran Depresión en EEUU, la crisis asiática de los años 90 o, más recientemente, el devenir de la economía y sociedad griegas), sino que además habría demostrado tener consecuencias notablemente negativas sobre la salud de las poblaciones a las que se les administra. Continuando con el símil farmacológico, podríamos señalar que a un tratamiento se le exigen tres cualidades para recomendar su uso: que sea efectivo, que sea seguro y que su coste se vea compensado por los beneficios que reporta. En el caso de las medidas de austeridad aplicadas a servicios básicos no se ha demostrado que sean efectivas (ni desde el punto de vista económico –reducción del déficit o incremento del PIB- ni en variables más orientadas a la población –mejora de calidad de vida, disminución del desempleo,…-) y han demostrado ser poco seguras (empeoramiento de la salud general con especial afectación de la salud mental, incremento en el número de suicidios, aumento de las desigualdades sociales en salud, dificultad de las clases más desfavorecidas en el acceso al sistema sanitario,...).

En repetidas ocasiones se dice que “no es economía, es ideología”; ideología sin una base empírica que sustente la aplicación y extensión de estas medidas. El posicionamiento de expansión del gasto público también supone una visión ideológica, que coloca la equidad y el papel de redistribución de los servicios públicos en el centro de los objetivos que han de lograrse con dicho gasto; lo que ocurre es que esta posición de fortalecimiento de los servicios públicos, en épocas de crisis, ha demostrado no sólo ser efectiva en términos de conservación y mejora de la salud pública sino, además, hacer que esa mejora poblacional pueda redundar de forma positiva en otros indicadores económicos más allá de la salud. En nuestro país, el ejemplo más claro de los efectos en salud que tienen las medidas de austeridad y de deterioro de los servicios públicos podemos observarlo en la destrucción de la universalidad del sistema sanitario y la negación del derecho a la asistencia sanitaria normalizada a diferentes colectivos, medida tomada en nombre del ahorro económico sin existir evidencia empírica que avale ese ahorro, además de suponer un riesgo para la salud individual y colectiva.

Es necesario seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e incorporar la salud a todas las políticas, tanto en el momento de su diseño como en su evaluación. Los efectos de la austeridad sobre la salud parecen claros, los efectos sobre la economía van aclarándose también… ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo la aplicación de medidas que hacen enfermar nuestra salud (económica y biopsicosocial –tanto individual como colectiva-)?

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Más sobre el informe de Amnistía Internacional del que os dábamos un adelanto ayer

ENLACE DIRECTO CON LA NOTICIA EL LA WEB DE AMNISTIA INTERNACIONAL

 

La Exclusión sanitaria del PP…

Amnistía Internacional calcula en 873.000 los inmigrantes sin tarjeta sanitaria

La organización denuncia que esta situación está “poniendo en riesgo la vida" de estas personas

04.07.13 - EDURNE TAPIA | MADRID, en El Comercio.

«Es una medida regresiva y discriminatoria». Así de contundente se ha mostrado este jueves el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, durante una rueda de prensa en Palma. ¿La razón? La organización que dirige calcula que una de las últimas reformas en materia de sanidad del Gobierno -un Real Decreto-Ley que el Ejecutivo aprobó en septiembre del pasado año- ha dejado a 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Una medida que en su opinión «pone en riesgo» la vida de estas personas al «impedir y dificultar» su acceso al sistema sanitario.

 

Cabe recordar que la norma retiraba la tarjeta sanitaria a aquellos inmigrantes en situación irregular, de tal forma que en la actualidad solo cuentan con asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en urgencias o accidentes hasta el alta médica, y en embarazo, parto o posparto. En el resto de intervenciones, los inmigrantes deben bonar la factura.

 

Para Beltran se trata de una medida que «limita» el derecho a una asistencia universal y gratuita. «El Gobierno -explica- ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular, en lugar de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad». Por otro lado advierte de que la crisis económica no debería ser una excusa para recortar hasta el punto de «menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención sanitaria». Por eso, Beltrán ha pedido un informe real sobre el «ahorro» que se habría conseguido hasta ahora.

 

Pero el objeto de la rueda de prensa era la presentación de otro estudio: ‘El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares’. El autor del informe, Ignacio Jovtis, ha manifestado que sólo en el archipiélago, se han retirado 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear. Por otra parte, ha explicado los motivos de este informe, que parten del creciente número de denuncias por parte de inmigrantes. En esta situación se encuentra la uruguaya Silvia Graciela Velázquez, que padece un trastorno pulmonar cuyo síntoma principal es la disminución de la capacidad respiratoria. «En enero fui a urgencias al hospital porque no podía respirar. La médico me dijo que tenía que hacerme muchas analíticas y me pidió que fuera a ventanilla para pedir turno con mi médico de cabecera. Fui a ventanilla y ahí me dijeron que no tenía derecho a médico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crónica», denuncia Graciela.

 

Por casos como éste y muchos otros, el autor del informe ha pedido que la Conselleria tome medidas y que se informe con exactitud al personal sanitario para que se eliminen las «irregularidades» que pueden «crear más exclusión».

 

"No voy a urgencias porque me lo cobran"

Desde que se aprobó la reforma sanitaria cada vez son más los extranjeros que no tienen acceso a la sanidad pública en España. Amnistía Internacional denuncia esta situación con testimonios reales de inmigrantes que padecen enfermedades crónicas y a los que se les niega asistencia y tratamientos. 

nuevatribuna.es

 

Desde el 1 de septiembre de 2012, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), 873.000 personas migrantes en situación irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria. Cerca de 20.000 sólo en Baleares, comunidad autónoma en la que se está vulnerando el derecho a la salud de personas migrantes en situación irregular. Según la normativa vigente, personas con enfermedades crónicas, como el cáncer o diabetes, no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita.

 

Así lo ha denunciado Amnistía Internacional que asegura que la recepción del RDL por parte de las Comunidades Autónomas ha sido enormemente dispar. Hay comunidades que se han negado públicamente a dejar sin asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, otras por el contrario han empezado a aplicar la nueva normativa, pero Amnistía Internacional muestra su preocupación porque la confusión es tal que podría estar dificultándose el acceso a la atención sanitaria, incluso en las comunidades que han establecido vías para garantizar la asistencia de personas migrantes en situación administrativa irregular.

 

Amnistía Internacional (AI) ha llevado a cabo una investigación en Baleares, por tratarse de una de las primeras comunidades autónomas que aplicó el Real Decreto Ley, (cinco meses antes de su entrada en vigor), por lo que los efectos de su aplicación son más evidentes que en otras Comunidades Autónomas, y por haber recibido numerosas denuncias por parte de inmigrantes en situación irregular que estaban teniendo dificultades para acceder a la asistencia sanitaria. Las conclusiones de esta investigación están recogidas en el informe presentado, El laberinto de la exclusión sanitaria: Vulneraciones del derecho a la salud en Islas Baleares.

 

 

Baleares como ejemplo de los efectos de la reforma sanitaria

 

La puesta en marcha del RDL es ya en sí misma una medida regresiva, discriminatoria y contraria a los estándares internacionales. Amnistía Internacional ha podido comprobar cómo su aplicación en Baleares dificulta enormemente el acceso a la salud y puede poner incluso en riesgo la vida de personas inmigrantes en situación irregular.

 

En sólo un año, en esta comunidad, se han retirado cerca de 20.000 tarjetas sanitarias, algo contrario a las obligaciones internacionales del Estado, que implican respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la salud, sin regresividad y sin discriminación. Una medida contraria también a su propio Estatuto de Autonomía que garantiza la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.

 

En agosto de 2012, Baleares emitía unos “Criterios Generales” de aplicación del Real Decreto Ley, en los que se recogían cómo se deberían tratar entre otras, enfermedades de declaración obligatoria, incluidas las enfermedades infecto-contagiosas y ciertas enfermedades mentales. Unos criterios que ni siquiera se han cumplido en todos los casos.

 

El escenario de confusión y desinformación con el que se ha encontrado Amnistía Internacional, provocado en parte por la falta de desarrollo normativo de la legislación estatal, está generando que diversos centros sanitarios apliquen distintos protocolos de actuación. Lo que podría estar impidiendo la atención sanitaria de personas cuyas situaciones sí están contempladas en el RDL, como ocurrió con el caso de Alpha Pam, senegalés que falleció de tuberculosis, y al que según la información con la que cuenta Amnistía Internacional, se le negó hasta en tres ocasiones la realización de pruebas diagnósticas.

 

Amnistía Internacional ha podido documentar y constatar que en varios centros de salud y hospitales de las Islas Baleares se están produciendo una serie de irregularidades administrativas que no se ajustan ni al Real Decreto Ley ni a los Criterios Generales. Por ejemplo, la organización ha tenido acceso a “compromisos de pago” emitidos en urgencias, incumpliendo lo que establece el RDL que contempla la gratuidad de estos servicios.

 

“Amnistía Internacional no cree que esta situación pueda calificarse como “sistemática”, pero tampoco se trata de casos aislados. Hemos tenido acceso a varios de estos 'compromisos de pago' emitidos en urgencias, e incluso de una facturación de casi 19.000 euros efectuada antes del 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

 

Amnistía Internacional ve con mucha preocupación el posible efecto disuasorio que estas prácticas puedan tener entre las personas migrantes en situación administrativa irregular. “Durante la investigación hemos recogido testimonios de muchas personas inmigrantes que aseguran que, ante la advertencia de que se emitiría un “compromiso de pago” en caso de recibir asistencia sanitaria, han optado por no ir a los centros médicos o suspender sus tratamientos, incluso en caso de enfermedades graves”. Este efecto disuasorio podría estar afectando en mayor medida a las mujeres, por tener menor acceso a la información.

 

El caso de Silvia Velázquez, es lamentablemente ilustrativo de las preocupaciones de la organización. Silvia, de nacionalidad uruguaya, padece un trastorno pulmonar grave, que le provoca una importante disminución de la capacidad respiratoria. “Antes del RDL me hacía controles cada 2, 3, 6 meses. Ahora nada. Los tratamientos son muy caros y sin tarjeta sanitaria no puedo hacerlos. No tengo forma de saber cómo avanza mi enfermedad”.

 

“AI considera de extrema urgencia que el gobierno balear, con independencia de cualquier investigación disciplinaria que pudiera dar lugar la identificación de irregularidades administrativas, adopte medidas de carácter general y estructural para garantizar el acceso a asistencia sanitaria a todas las personas que se encuentren en la comunidad, con independencia de su situación administrativa. Además, debe poner fin a la confusión y la desinformación del personal administrativo y evitar así casos de desatención en los centros sanitarios”, exigió Esteban Beltrán. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción con estas peticiones dirigida al Presidente balear, José Ramón Bauzá.

 

 

De espaldas al derecho internacional

 

Diversos organismos de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad que se están aplicando en España tienen en los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud. El último en pronunciarse ha sido el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Discriminación que ha calificado la legislación que ha restringido el acceso de los inmigrantes a la sanidad como una “novedad lamentable” y ha recomendado a España revisar la reforma sanitaria llevada a cabo en un contexto de crisis económica, con el fin de asegurar que la asistencia sanitaria es garantizada a todas las personas inmigrantes, con independencia de su situación administrativa.

 

Amnistía Internacional, al igual que diversos organismos internacionales, lamenta que en una época de dificultades económicas el Gobierno haya optado por no garantizar los derechos humanos de uno de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y más afectados por la crisis. El gobierno no ha publicado un informe de evaluación de impacto del RDL, ni siquiera ha garantizado el contenido mínimo esencial del derecho a la salud, la atención primaria y no ha demostrado que ha utilizado el máximo de los recursos disponibles, tal y como le obligan los estándares internacionales.

 

Es más, diversos organismos contradicen la idea de que esta medida supondrá un ahorro económico. La propia Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, rechazaba este argumento en 2011, señalando que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.

 

Por último la organización quiere alertar sobre las declaraciones que han vertido desde la Ministra de Sanidad, Ana Mato, autoridades de comunidades autónomas, pasando por miembros del Partido Popular para justificar la exclusión de la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular. Muchas declaraciones retratan a las personas migrantes como colectivos que no contribuyen al desarrollo del país, que abusan de un sistema sanitario, al que no tienen derecho.

 

La organización condena estos discursos que asocian inmigración y utilización indebida y abusiva de la sanidad, que además contradicen diversos informes técnicos que aseguran lo contrario, y que contribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo y a estigmatizarlo. AI recuerda que las autoridades deben abstenerse de utilizar un lenguaje despectivo y no vulnerar su obligación de no discriminación.

 

Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Al Gobierno de Baleares y al resto de las comunidades autónomas.

 

Adoptar las medidas necesaria para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud, sin discriminación y con independencia de la situación administrativa.

 

Realizar evaluaciones de impacto de la reforma y adoptar medidas inmediatas para mitigar al máximo el posible efecto disuasorio del RDL en acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria.

 

Informar debidamente al personal sanitario y eliminar las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria.

 

Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 

Restablecer la universalidad del derecho a la salud para todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, modificando el RDL, cumpliendo con las recomendaciones de diversos organismos de Naciones Unidas.

 

Elaborar y publicar una evaluación del impacto que el RDL tiene sobre el derecho al más alto nivel de salud, y las consecuencias diferenciadas para las mujeres y niñas.

 

Abstenerse de realizar y rechazar discursos que estigmaticen a las personas migrantes.

 

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Informe de Amnistía Internacional (AI) “El laberinto de la exclusión sanitaria”, que ha sido presentado hoy jueves en Mallorca

España viola el derecho a la salud de los inmigrantes sin papeles

Amnistía Internacional recuerda que el decreto del Gobierno que restringe el acceso a la sanidad de las personas en situación irregular infringe el Derecho internacional y denuncia que la aplicación de la reforma de Mato en las comunidades, especialmente, en Illes Balears, donde ha muerto una persona, ha supuesto un auténtico laberinto administrativo para los migrantes

Video.- El testimonio de Silvia Graciela Velázquez, recabado por AI.

ALEJANDRO TORRÚS, Madrid, en Público.

Desprotegidos, sin acceso al sistema sanitario y enredados en una madeja legal que vulnera el derecho a la salud recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es la situación en la que se encuentran en España los alrededor de 873.000 inmigrantes en situación irregular a los que el Estado les ha retirado la tarjeta sanitaria en aplicación del Real Decreto del Gobierno de 1 de septiembre de 2012. La excusa oficial por parte del Ejecutivo del Partido Popular fue "evitar el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria española". ¿La realidad? La normativa del Gobierno y su aplicación en diferentes comunidades autónomas está "poniendo en peligro la salud" de cientos de miles de inmigrantes, según el informe de Amnistía Internacional (AI) El laberinto de la exclusión sanitaria, que ha sido presentado este jueves en Mallorca.

El Real Decreto de septiembre de 2012 aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy mutiló el adjetivo universal del derecho a una sanidad pública gratuita. Los inmigrantes en situación irregular, desde entonces, sólo tienen asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en urgencias o accidentes hasta el alta médica; y en embarazo, parto y posparto. Para el resto de situaciones, los migrantes sin papeles deben abonar una factura. "El servicio de salud universal no está para todo el universo y el gratis total no existe (…) La inmigración debe estar vinculada al empleo regular y los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países de origen", señaló entonces Rafael Hernando, portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados.

Casi un año después de la medida, Amnistía Internacional ha evaluado su primera consecuencia: la violación del derecho universal a la salud de toda persona y la discriminación sistemática de los residentes en España según la ciudadanía, la residencia o la condición de la persona migrante. "Con la adopción del Real Decreto-Ley, el Gobierno ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas migrantes en situación irregular, en lugar de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad", denuncia el informe.

Un alumno aventajado del Ejecutivo en la aplicación del Real Decreto es el Govern de Illes Balears presidido por el conservador José Ramón Bauzá (PP). Según denuncia AI, Illes Balears "obstaculiza y deniega la asistencia sanitaria a las personas migrantes, tanto mujeres como hombres, en situación irregular". Esta violación del derecho universal a la salud, no obstante, no sólo se produce por la aplicación del real decreto sino, también, por "errores o irregularidades administrativas" que, sin ajustarse a la legislación vigente, estarían dejando sin asistencia sanitaria a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

De hecho, la muerte de Alpha Pam, un ciudadano senegalés de 28 años sin tarjeta sanitaria que falleció de tuberculosis el 21 de abril de 2013, a pesar de que el tratamiento gratuito de su enfermedad se encuentra contemplado en los criterios generales, ha levantado sospechas sobre las verdaderas consecuencias de este recorte en sanidad. "Asimismo, es especialmente preocupante que la normativa vigente no garantice la atención primaria de salud para las personas migrantes; pues se trata de un contenido mínimo esencial del derecho a la salud que el gobierno debe asegurar", asegura el informe de AI.

 

"Yo eso no lo puedo pagar"

En esta situación de desprotección absoluta se encuentran inmigrantes como la uruguaya Silvia Graciela Velázquez, que padece de EPOC grave (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), un trastorno pulmonar cuyo síntoma principal es la disminución de la capacidad respiratoria y que se caracteriza por ser progresiva y, en general, no reversible; o el chileno Luis Andrés Ulloa, que padeció un cáncer de vejiga en 2010 y que ha renunciado a hacer un seguimiento de la enfermedad por no poder pagar las consultas médicas. Ambos residen en Illes Balears.

El testimonio de Graciela, recabado por AI, simplifica en apenas unas frases la encrucijada en la que se encuentran los migrantes sin papeles. "En enero (de 2013) fui a urgencias al hospital porque no podía respirar. La médica me dijo que tenía que hacerme muchas analíticas y me pidió que fuera a ventanilla para pedir turno con mi médico de cabecera; fui a ventanilla y ahí me dijeron que no tenía derecho a médico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crónica", denuncia Graciela, que afirma que, tras su visita a urgencias, el hospital emitió un "compromiso de pago" a su nombre, a pesar de tratarse de asistencia en urgencias y cuya gratuidad está estipulada en la normativa vigente.

El caso de Luis Andrés Ulloa permite alumbrar el cambio radical de la sanidad española en la protección universal del derecho a la salud. Luis Andrés, de 34 años, llegó a España en 2008. En 2010 le diagnosticaron cáncer de vejiga. Fue hospitalizado y operado de manera gratuita. El doctor le recomendó entonces acudir cada cuatro o seis meses a revisión. Sin embargo, cuando en "octubre o noviembre" de 2012 fue a hacerse los controles le advirtieron que tendría que pagar entre 80 y 200 euros por cada analítica. "Yo eso no lo voy a poder pagar", asegura Luis Andrés.

La situación de Illes Balears no es única en el Estado español sino que representa un ejemplo avanzado de las consecuencias de la aplicación del decreto del Gobierno. "Con la implementación del Real Decreto-Ley y los criterios generales, las Islas Baleares están vulnerando el derecho humano a la salud de miles de personas migrantes", asegura el informe. No obstante, el problema balear no reside simplemente en la aplicación del real decreto del Gobierno sino en la "enorme disparidad de respuestas dentro de la administración balear".

 

Confusión que genera exclusión

Frente a unos criterios uniformes y estandarizados inexistentes, la actuación de los diferentes centros de salud y hospitales de Illes Balears prima la solución caso a caso. Así, se han dado casos de que hospitales han emitido "compromisos de pago" por visitas a urgencia, cuando la ley establece su gratuidad, o por el contrario, se ha brindado asistencia sanitaria gratuita a personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria en supuestos que no están cubiertos por el Real Decreto-Ley.

"Amnistía Internacional cree que la posible falta de información adecuada con la que cuenta el personal administrativo sanitario (que es quien gestiona la admisión de pacientes) podría empeorar una situación de por sí grave, pudiendo dejar a más personas de las previstas en la normativa vigente excluidas de atención sanitaria", denuncia el informe.

Así están las cosas por la sanidad madrileña

Por cierto, ¿habrá quién aún crea algo de lo que dice Lasquetty?...

 

Madrid aprueba hoy la adjudicación de hospitales a Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo

El Consejo de Gobierno de la Comunidad dará el visto bueno al acuerdo firmado entre las empresas privadas y el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty

 

Foto: Los ciudadanos encerrados en el Hospital del Henares, en Coslada ayer.

 

EUROPA PRESS, Madrid.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha indicado que "está previsto" que el Consejo de Gobierno de este jueves apruebe la adjudicación de la gestión indirecta de seis hospitales de la región a las empresas HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio en el que está presente Ribera Salud.

 

Lasquetty ha detallado que "en principio" está prevista la inclusión en el orden del día del Consejo la validación de la propuesta de adjudicación que la Mesa de Contratación derivó el pasado viernes, tras analizar las propuestas económicas de las empresas.

 

En el caso de HIMA San Pablo aspira a la gestión del hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y a los hospitales de Parla y Aranjuez (Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, que estaban incluidos en un mismo lote). A su vez, el consorcio de Ribera Salud opta a la gestión del Infanta Leonor (Vallecas) y el Hospital del Sureste (Arganda) mientras que Sanitas sólo concurre al Hospital del Henares (Coslada).

 

Los tres aspirantes a la adjudicación presentaron sus ofertas técnicas (el 19 de junio) y económicas (el 28 de junio) y se ajustaron a los criterios planteados por la Consejería de Sanidad. En este sentido, todas presentaron ofertas que se ajustaban a las cápitas planteadas por el Gobierno regional y además reservaban un 30% de las acciones de las sociedades que gestionarán los hospitales a la participación de los profesionales de los centros, uno de los puntos que valoraban los pliegos.

 

Tras la presentación de las ofertas económicas, la cápita del Hospital del Sureste será de 450 euros, la del Infanta Sofía, 448 euros, el grupo hospital del Tajo con el Infanta Cristina (Parla), 493 euros; la del Infanta Leonor de Vallecas, 549 euros y el Hospital del Henares en Coslada de 479 euros.

 

Lasquetty ha indicado que la propuesta de gestión indirecta, a pesar de generar "disconformidades" en un principio, era la "respuesta que se tenía que dar" para conseguir mantener un sistema sanitario "de la máxima calidad, universal y gratuito" para todos los ciudadanos pero con menor presupuesto.

 

En este sentido, el consejero ha asegurado que esta fórmula de gestión va a permitir que a partir de septiembre estos seis hospitales sigan siendo de "muy alta calidad" y continúen "avanzando" en la prestación del servicio a los ciudadanos, junto a una reducción del conjunto de costes de la comunidad de Madrid, además de hacer que éstos sean "más previsibles" en los próximos años.

 

"Si no se tomaran medidas es cuando no podría haber, ya no digo avances, es que no se podría mantener el nivel de calidad. Como esa es la premisa, trabajamos en ello y lo estamos consiguiendo con el esfuerzo del conjunto de todos los profesionales del sistema madrileño", ha enfatizado Lasquetty.

 

Ahorro del 20%

Con este proceso, la Consejería de Sanidad espera obtener un ahorro del 20% sobre el coste actual de los hospitales. Según el pliego de condiciones, las empresas adjudicatarias gestionarán los centros durante un periodo de 10 años.

 

Además, las sociedades concesionarias abonarán un canon cercano a 28 millones de euros al año a la Comunidad de Madrid por el arrendamiento y uso de las infraestructuras puestas a su disposición, incluyendo los centros de especialidades.

 

Otro de los requisitos claves de los pliegos es el que establece a las concesionarias a tener que asumir todo el personal sanitario que presta sus servicios para estos hospitales (alrededor de 5.200).

 

Usuarios y vecinos se encierran en el hospital del Henares, a punto de ser privatizado

Horas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid apruebe la adjudicación del centro a Sanitas, los empleados afirman que llevan meses "viendo pasearse por los pasillos" a miembros de la empresa

ANNA FLOTATS, Madrid, en Público.es

Una treintena de vecinos y usuarios del Hospital del Henares, en Coslada, se han encerrado este miércoles por la mañana en el hall del centro en contra de la privatización sanitaria.

 

La protesta se produce 24 horas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid apruebe, previseblemente, la adjudicación de la gestión de seis hospitales, entre ellos el del Henares, a las empresas HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio en el que está presente Ribera Salud.

 

La única empresa que ha concurrido a este centro de Coslada es Sanitas y, de hecho, los trabajadores aseguran que llevan semanas "viendo pasearse por los pasillos" a miembros de esta empresa y también de Ribera Salud.

 

Los trabajadores del Henares estuvieron encerrados más de 100 días durante el proceso de privatización, que arrancó en noviembre de 2012.

 

Sanidad suspende su compromiso de operar en menos de 30 días

La lista de espera quirúrgica se dispara hasta los 64.311 pacientes, cifra récord

La Comunidad de Madrid lo atribuye "en un alto porcentaje" a la huelga de médicos

• GRÁFICO Lista de espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

Esperanza Aguirre se postuló a la presidencia de la Comunidad en 2003 con una osada promesa electoral: bajo su mandato, ningún madrileño esperaría más de un mes para ser operado. De no cumplir, dimitiría. Tan arriesgado compromiso obligó, una vez conseguido el Gobierno regional, a idear un enrevesado sistema de cómputo de listas de espera quirúrgica que permitiera a Aguirre dar por cumplida su promesa. En realidad, siempre ha habido madrileños que esperan más de 30 días para operarse —hasta más de un año, en algunos casos—, pero el sistema, al menos formalmente y gracias a alguna trampa, resistía sobre el papel. Hasta ahora. La Comunidad ha suspendido el compromiso. Por primera vez desde 2004 reconoce que hay más de 1.100 pacientes a los que no puede operar a tiempo.

 

Esta circunstancia coincide con una acusada subida del número de personas que están en la lista de espera. Son 64.311, la cifra más alta desde que, en 2004, se puso en marcha el plan. El dato es de marzo pasado. Supone una subida del 11,4% con respecto al trimestre anterior, cuando, con 57.722 personas aguardando una operación, ya hubo que hablar de récord. El dato de marzo se traduce en 11.255 personas más que hace un año. Además de las cifras absolutas, aumenta el tiempo de espera medio. Si hace un año eran 58,8 días para los pacientes que rechazaban la primera opción que les ofrece Sanidad, y que suele ser un centro concertado, ahora son ya 77,7 días.

 

El Gobierno regional atribuye “en un alto porcentaje” los pésimos datos de lista de espera a la huelga sanitaria que, entre noviembre y diciembre, obligó a cancelar 50.000 consultas y posponer 6.500 intervenciones quirúrgicas. Durante las protestas, la Consejería de Sanidad siempre habló de un seguimiento muy bajo, de un 6% de media. “La incidencia de la huelga no fue alta, pero tuvo mucha repercusión en los quirófanos”, explican fuentes de Sanidad. “Solo con que haga huelga un anestesista, en su turno el quirófano no funciona”, añaden. La red pública madrileña realiza entre 35.000 y 40.000 intervenciones quirúrgicas al mes —la media desciende en julio y agosto—.

 

Otro de los factores que explican el incremento es la suspensión de las llamadas peonadas desde el 1 de enero. Se trata de jornadas de tarde, pagadas con horas extraordinarias, que se hacían en los hospitales para reducir las esperas. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció en noviembre pasado que iba a contratar a médicos y a otro personal sanitario en turno de tarde para ahorrar hasta 20 millones en peonadas. Aún no lo ha hecho, por lo que muchos quirófanos solo operan por la mañana.

 

Fuentes de Sanidad aseguran que en septiembre se reforzarán las plantillas con nuevos contratos para 200 profesionales —la mitad de ellos, médicos— para absorber esas operaciones acumuladas. “Queremos aumentar el rendimiento en jornada ordinaria”, aseguran desde la Consejería.

 

El Gobierno regional argumenta que el artículo 28 del decreto 62/2004 con el que se creó el plan para reducir la lista de espera permite la suspensión temporal del compromiso de operar en menos de 30 días “cuando concurran situaciones de catástrofe, conflictos colectivos o graves emergencias sobrevenidas hasta tanto se resuelvan las mismas”. La huelga médica entraría dentro del “conflicto colectivo”.

 

El peculiar sistema de contabilidad —que provocó que el Ministerio de Sanidad expulsara a la región del cómputo nacional en 2005— consiste en que no existe una sola lista, sino tres. La promesa de operar en menos de 30 días solo se cumple cuando el paciente entra en la llamada lista “estructural”. Antes se le coloca en otra, la de los pacientes “transitoriamente no programables”, mientras aguarda la visita con el anestesista o las pruebas preoperatorias. En el resto de España, se entra en lista oficialmente cuando el médico indica la operación. Con este truco, Madrid tiene una ventaja de casi 30 días sobre el resto. El segundo ardid consiste en que, si el paciente rechaza la primera opción, que en muchos casos es una clínica privada, se ve penalizado con esperas que multiplican por siete las de la lista oficial. Según los últimos datos, el 45% de los pacientes se encontraban en esta situación en marzo.

Otro triunfo ciudadano en la batalla contra el cierre de las urgencias rurales

El PP de Castilla y León cede a la presión y reabre las urgencias médicas nocturnas

En octubre pasado, el Gobierno regional decretó el cierre del servicio nocturno de 17 centros de salud de la región para ahorrarse 1,5 millones de euros.

En estos ochos meses se han mantenido concentraciones, manifestaciones y vigilias diarias para impedirlo.

El PSOE ha buscado de forma constante esta marcha atrás y lo consigue en el último Debate del Estado de la Región.

Foto: Fiesta organizada en Villarino de los Aires (Salamanca) para celebrar la reapertura de las urgencias médicas

Justino Sanchón, en eldiario.es

 

No se tiene claro en qué momento Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, se dio cuenta de la presión popular. Tampoco si ha sido una imposición del PSOE de esta Comunidad Autónoma para que apoyara la Ley de Ordenación del Territorio. Pero lo que está claro es que con fecha 1 de julio se han reabierto las urgencias nocturnas que durante ocho meses han cerrado en 17 consultorios médicos rurales.

 

En alguno de ellos, como el caso de las salmantinas Arribes del Duero, la comarca que más guerra ha dado contra este cierre, incluso se han echado a la calle para celebrarlo. Charangas, bailes… Y es que han sido más de 200 noches en vilo para evitar este cierre. Y ahora lo han conseguido. Aunque todavía quedan algunas dudas o sospechas, sobre todo las que parten de algunos medios de comunicación que dejan sombras.

 

Sin embargo, los dos principales partidos en las Cortes regionales han dado un giro sin precedentes en la política de Castilla y León. Han hecho que un Debate del Estado de la Región sirva para escenificar el acuerdo, todo ello capitaneado por Juan Vicente Herrera (PP) y Óscar López (PSOE).

 

En el acuerdo se ha concretado que se constituya un “grupo de análisis de carácter paritario” que ya se ha reunido con el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, para fijar el ritmo de reapertura. En un principio, se van a reabrir entre ocho y nueve consultorios. Y después de verano, el resto.

 

Si la Junta de Castilla y León había utilizado los argumentos económicos para ordenar el cierre de esos servicios, ahora acepta que el coste de la reapertura corra a cargo de una parte de los fondos que el Ejecutivo regional recupere al ampliarse el objetivo de déficit para este año.

 

Ahora, ocho meses después, se pueden recordar las justificaciones que daba el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, cuando dijo que esos servicios eran poco utilizados y que, en algún caso, “sólo había un paciente por noche” y que cerrándose los 17 consultorios se iban a ahorrar 1,5 millones de euros.

 

Y es que en octubre se conoció que iban a ser 81 municipios de Castilla y León los perjudicados por el cierre del servicio de urgencias nocturnas de 17 centros rurales, algunos en zonas rurales que hacen más complicado los traslados.

 

Desde entonces, se han sucedido manifestaciones, concentraciones, vigilias en los propios centros de salud, declaraciones más o menos afortunadas o denuncias judiciales, todas ellas archivadas. Pero los vecinos no han cejado en su empeño.

 

Y ahora, ocho meses después de abrir una batalla, la Junta de Castilla y León, la misma que lo decidió, da marcha atrás. O por presiones políticas o vecinales.

 

VER NOTICIA DE MARZO CUANDO CONSIGUIERON ESTO MISMO EN CASTILLA LA MANCHA…

 

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Llueven recursos contra la privatización de la sanidad madrileña ¡¡como no podía ser de otra manera!!

AMYTS y CCOO solicitan, judicial y administrativamente, la suspensión cautelar del concurso

En la misma mañana en que desde el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se abrían los pliegos con las condiciones económicas de los licitadores a la gestión de seis hospitales públicos de Madrid, el sindicato profesional AMYTS presentaba en los Juzgados de lo Contencioso de Madrid una demanda contra la convocatoria para la licitación y la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid requería a la Administración Sanitaria de la Comunidad para que paralizase el proceso de licitación.

 

Madrid 01/07/2013, Redacción, Acta Sanitaria.

 

En la misma mañana del viernes, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), tal como lo había anunciado el 19 de junio, presentó ante los Juzgados de lo Contencioso de Madrid una demanda contra la convocatoria para la licitación del contrato de servicios que privatiza seis hospitales de la Comunidad de Madrid. Según informó el sindicato profesional, en la demanda se recurre la resolución del 30 de Abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, así como la Resolución de 3 de Junio de 2013, que modifica el apartado 2 de la cláusula 33 del Pliegos de Cláusulas Administrativas. Asimismo solicitó al juzgado la suspensión cautelar de ambas resoluciones, al entender que hay causas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que presentan importantes vulneraciones del ordenamiento jurídico.

 

Planteamiento de CCOO

Por su parte, la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid presentó, también el mismo viernes, un requerimiento a la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid a fin de que se paralice con efecto inmediato el proceso la licitación de la gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo, con el fin preservar y garantizar los derechos fundamentales seriamente comprometidos, al vulnerar normas y principios constitucionales y legales rectores del sistema sanitario público y de la función

 

El requerimiento presentado por CCOO se basa en los siguientes puntos: Vulneración Constitucional y legal al derecho a la salud y a un sistema sanitario público; vulneración del derecho a la función pública en su configuración constitucional y legal; e invasión de competencias en materia de docencia e investigación.

 

En relación con el primer aspecto, CCOO pone de manifiesto que el pago por cápita comporta un funcionamiento del sistema como contrato de seguro y no como un contrato de concesión administrativa. Y según comentó Rosa Cuadrado, secretaría general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, existe una extralimitación de la Consejería de Sanidad a la hora de elaborar y aplicar un nuevo modelo de gestión indirecta, sin correspondencia con la ley estatal sobre formas de gestión, puesto que la norma alude a la gestión indirecta de servicios, pero no supone establecer que un centro que ya es gestionado directamente pase a una gestión privada.

 

Además, dice, es indudable que se producirá una desigualdad financiera-económica en el sistema sanitario, que repercutirá en la atención sanitaria, puesto que los Hospitales que ceden su gestión, anualmente aumentarán su presupuesto, pues así lo establecen los pliegos de licitación, independientemente de lo pase lo que pase en la economía y en las arcas públicas; el resto de Hospitales de gestión directa podrán sufrir recortes, como viene sucediendo, si la asignación de los presupuestos a la partida sanitaria se rebaja.

 

Por otro lado, y en relación con el segundo aspecto, no existe una habilitación normativa que permita el trasvase de empleados públicos al sector privado, y supone una alteración sustancial de las condiciones de trabajo de los empleados públicos con plaza en propiedad.

 

Finalmente, y sobre la invasión de competencias en materia de docencia e investigación, Rosa Cuadrado señala que se vulnera el sistema de formación, docencia e investigación implantado en el Estado Español invadiendo claramente competencias exclusivas del Estado en esta materia. La Comunidad de Madrid, dice, no puede regular, ya que únicamente el Ministerio de Sanidad determinará si una Empresa privada, que gestiona la atención especializada de determinados Hospitales, cumple o no con los requisitos para ser un Hospital Universitario a los efectos de la formación de los especialistas sanitarios.

 

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El Gobierno de González apura el paso para hacer en septiembre el traspaso de la gestión de seis hospitales (El Plural)

SERIAS DUDAS SOBRE SU LEGALIDAD: El PSM reclama toda la documentación del concurso de privatización de hospitales (Diario Progresista)

 

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El informe llega hasta 2011 y en su dato porcentual sobre el PIB hay que considerar la caída de este último por la crisis para relativizar aquel cuando se vean los datos de 2012 y el efecto combinado del real decreto ley 16/2012, la cosa será tremenda.

España baja por segundo año su gasto sanitario, que está en la media de la OCDE

Un informe de este organismo señala que solo en otros tres países ha caído el gasto dos años

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

 

“El gasto en salud sigue estancado”, titula la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) su informe de 2013 sobre las cifras que manejan los sistemas de salud nacionales. Una afirmación que vale para casi todos los países de la OCDE, pero no para España, que, junto con Grecia, Irlanda e Islandia, es de los pocos que redujo el gasto en sanidad dos años consecutivos, en 2010 y 2011, según destaca esta organización en la clasificación hecha pública ayer. España dedicó en 2011 el 9,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la sanidad, justo la media de los países de la OCDE. El año anterior supuso el 9,6%, ligeramente por encima de la media (9,5%).

El gasto en salud en España —un 73% corresponde a gasto público— había estado creciendo a un ritmo medio del 5,6% entre 2000 y 2009, más rápido que en la media de la OCDE (4,8%). Sin embargo, en 2010 se produjo el primer descenso, del 0,5%, que se vio superado por el de 2011, del 2,8%. Son los “profundos recortes” en el gasto gubernamental los que explican los dos años consecutivos de descenso de España y los otros tres países, señala el informe.

 

“La caída observada en 2011 no es preocupante dado que el peso del gasto sanitario en relación con el PIB había subido mucho en los dos años anteriores. Subida espuria, porque en realidad lo que había ocurrido es que el gasto se había mantenido mientras el PIB se desplomaba. Ergo, el peso relativo aumentaba, pero eso estaba lejos de ser una buena noticia”, explica Juan Oliva, profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha. “La caída es lo esperable para el año 2011. La importante vendrá cuando tengamos los datos del año 2012 y observemos los efectos combinados del real decreto ley 16/2012 y de las políticas de contención presupuestaria de las comunidades autónomas, sobre las que recae más del 90% de la ejecución del gasto sanitario público”, añade.

 

El informe también ofrece datos comparativos sobre recursos humanos y materiales. España está por encima de la media de la OCDE en médicos por cada 1.000 habitantes (4,1 frente a 3,2), pero  bastante por debajo en enfermeras (5,5 frente a 8,7). También en camas hospitalarias por 1.000 habitantes España, con 3,2, figura por debajo de la media de la OCDE, que está en 2011 en 4,8.

 

Gasto sanitario en la OCDE

Gasto en sanidad pública y privada en 2011 en España y la OCDE

A. ALONSO, Madrid, en El País…. VER

 

VER DOS ARTICULOS DE OPINION ANTERIORES QUE DAN LECTURA DE LOS DATOS DE ENTONCES (INFORME 2012 DE LA OCDE) EN RELACION CON NUESTRO SISTEMA SANITARIO:

 

MARCIANO SANCHEZ BAYLE

FERNANDO LAMATA