LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID ANTE LOS BORRADORES DE LOS PLIEGOS PARA LA PRIVATIZACION DE 6 HOSPITALES MADRILEÑOS
La ADSP de Madrid ante las informaciones relacionadas con los borradores de los pliegos para las privatizaciones de 6 hospitales madrileños tiene que señalar:
1) Se trata de un borrador que aún tiene muchos aspectos por desarrollar que pueden ser decisivos a la hora de hacer una valoración final
2) Se propone un contrato por 10 años lo que nos parece claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario
3) Se produce la adscripción en bloque de los hospitales de Aranjuez y Parla lo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que están situados a 39 km de distancia.
4) La garantía de los derechos de los usuarios y en particular el derecho de libre elección (página 18) se garantizan solo en teoría porque la práctica de los demás centros privatizados en la Comunidad de Madrid demuestra que existe una reiterada actuación de las empresas concesionarias para impedir este derecho (por medio de las citaciones, los call-center, etc)
5) Las cuantías a percibir por las concesionarias están infravaloradas porque se da la circunstancia de que en el mismo pliego (página 64) se establece una revisión de los precios
Actualización de la prima per cápita. Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones sanitarias gestionadas por la concesión, se establece que, con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente con el menor de los siguientes Índices:
- 85% de la variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo
del Estado español.
- 85% de la variación experimentada por el l Índice General de Precios al Consumo
de la Comunidad de Madrid conforme a lo establecido en el artículo 90.3 de la TRLCSP.
Lo que significa que las empresas adjudicatarias tienen garantizada una actualización de las cuotas independientemente de los previsibles recortes de fondos de los centros públicos (conviene recordar que los hospitales públicos madrileños tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5% en 2011, el 1,5% en 2012 y el 16,19% en 2013), es decir se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos.
6) Si se establecen asignaciones per cápita para los centros hospitalarios no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 € por habitante y año
7) Por otro lado las llamadas “compensaciones interhospitalarias” seguirán sin funcionar, como hasta ahora, favoreciendo la rentabilidad de los centros privatizados y su selección de riesgos.
8) La calidad asistencial: se habla de garantizar la calidad asistencial (pagina20) en cinco dimensiones según unos indicadores que no se aportan lo que hace sospechar que no se producirá esta garantía en la práctica.
9) Respecto al personal no queda claro el tipo de contratación de eventuales e interinos y además se señala que el personal estatutario fijo (página 23) que: podrá optar por permanecer en el hospital objeto de concesión, bajo la dependencia funcional de la sociedad concesionaria y orgánica del Servicio Madrileño de Salud, percibiendo sus retribuciones a cargo de los presupuestos del Servicio de Salud. Lo que quiere decir que trabajaran para la concesionaria pero pagara el SMS.
10) Inmuebles: se ponen a disposición de las contratas centros de especialidades (Arganda, Federica Montseny, Vicente Soldevilla, Parla, Alcobendas, y 3 centros de salud mental) lo que entendemos es ilegal porque se trata de patrimonio de la Seguridad Social
11) Inclusión de los profesionales en el accionariado, (página 35) no tiene sentido alguno y solo pretende captar algunas voluntades que por otro lado solo podrán tener una presencia testimonial en las empresas.
12) Se prevé además la posibilidad de subcontratar servicios (que solo pueden ser clínicos porque los otros servicios están en manos de las empresas que construyeron los hospitales) y de cesión a terceros (paginas 57 y 58).
13) Por fin los criterios de adjudicación son básicamente economicistas al situar la oferta económica con el 50% de los puntos para la adjudicación.
En resumen se trata de unos pliegos incompletos, que no garantizan ahorros en el gasto sanitario, ni tampoco la calidad de la atención. Esta privatización es profundamente negativa para el funcionamiento de la sanidad madrileña porque empeora el funcionamiento de los centros sanitarios e incrementa los costes de la atención sanitaria y solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población.
La inmensa mayoría de los ciudadanos y de los profesionales de la sanidad madrileña hemos mostrado reiterada y mayoritariamente nuestro rechazo a este proceso privatizador que pone en grave riesgo la calidad de la atención sanitaria
La Consejería de Sanidad ha sido incapaz de mostrar argumentos razonables para sus intentos privatizadores que, aparte de los intereses personales y empresariales, solo responden a una ideología neoliberal que antepone los intereses económicos a los derechos de las personas.
Por todo ello rechazamos estas medidas privatizadoras, exigimos la paralización del proceso y llamamos a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en la próxima convocatoria de la Marea Blanca el día 21 de abril.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
18 de abril de 2013
Los conglomerados de sanidad privada estudian cómo concurrir a la privatización de hospitales de Madrid
Ribera Salud y Sanitas consideran "positivo" el borrador con las condiciones de "externalización" de los centros, aunque prefieren estudiarlo "con más detenimiento".
Capio todavía no ha querido pronunciarse al respecto
ANNA FLOTATS, Madrid, en Público.
Capio, Ribera Salud y Sanitas. Estas son las tres empresas privadas especializadas en gestión de centros sanitarios que sonaban en las quinielas de los madrileños como las tres entidades con más probabilidad de obtener la adjudicación de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid que la Consejería de Sanidad está "externalizando". Sin embargo, tras haber conocido las condiciones del concurso filtradas en la noche del miércoles, dichas compañías han recibido con incertidumbre el borrador del pliego elaborado por el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty.
Sanitas, una de las empresas que opta a la gestión de los hospitales afectados (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo), no ha querido posicionarse al respecto. “Tenemos que analizar los pliegos con detenimiento y valorar el conjunto de las condiciones”, ha explicado a Público un portavoz de la compañía.
Esta entidad (ligada al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía británica de asistencia y seguros privados sanitarios) no ha querido opinar sobre los detalles de las condiciones –como la obligación de mantener al personal sanitario o la posibilidad de compartir la gestión de un centro con otra empresa- porque, dice, “hay que valorarlas globalmente”. “Potencialmente sí que estamos interesados en la oferta, pero tenemos que ver si las condiciones encajan con lo que nosotros esperamos”, ha concluido el portavoz.
En Ribera Salud, que estrenó en España el modelo público de gestión privada (el modelo Alzira), en cambio, sí han realizado "una valoración positiva tras el primer análisis del borrador", ha asegurado a este diario una portavoz de la compañía, en nombre de su director general, Alberto de Rosa. "Creemos que los pliegos recogen claramente los principios que consideramos básicos en el modelo de colaboración público privada: la planificación y el control son públicos, la iniciativa privada sigue las directrices marcadas por la Administración y se hace una firme apuesta por integrar a los profesionales en el proyecto porque su apoyo es clave para el éxito de estos modelos", continúa el comunicado de la empresa. "Aplaudimos la importante decisión de la Comunidad de Madrid para mantener la excelencia y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público a medio y largo plazo”, han destacado los impulsores del modelo de referencia de Lasquetty.
En Capio, sin embargo, aseguran que nadie les ha mandado los pliegos y que los “están consultando” gracias a los medios de comunicación que los han difundido. “No tienen el documento porque nadie se lo ha enviado, lo están consultando a través de la prensa”, afirman fuentes cercanas a esta compañía, que gestiona cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid: el Rey Juan Carlos, de Móstoles; el Infanta Elena, de Valdemoro; el Hospital de Collado Villalba; y la Fundación Jiménez Díaz.
"Quieren reducir el problema de la sanidad a un conflicto laboral"
La Asociación de facultativos especialistas de Madrid recibe con "inseguridad" el pliego de condiciones para las empresas que gestionarán los centros privatizados y desconfían de los "beneficios para los trabajadores" que garantiza la Comunidad
ANNA FLOTATS, en Público.
La Asociación de facultativos especialistas de Madrid (AFEM) ve en los pliegos para la contratación de la gestión sanitaria de seis hospitales madrileños un "intento de desenfocar el problema real y convertirlo en un simple conflicto laboral".
El documento que el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty entregó ayer a los gerentes de los centros afectados y que hoy presenta en la Asamblea de Madrid reza que las empresas concesionarias deberán mantener a los 5.200 profesionales sanitarios, entre los que se incluyen personal fijo, laboral, interino y eventual. Para Fátima Brañas, portavoz de AFEM, esta cláusula -que la consejería remarca varias veces en los pliegos y con la que encabeza su resumen- es la prueba de que Lasquetty pretende desenfocar el conflicto y reducir al plano laboral un verdadero problema social, es decir, "la transferencia a la empresa privada de la gestión de la sanidad de todos los madrileños".
Los pliegos dicen que el personal fijo podrá optar por "permanecer en el hospital objeto de concesión", percibiendo su salario con cargo a los presupuestos públicos y dependiendo en lo funcional de la sociedad concesionaria, o bien "integrarse en la entidad como personal laboral". Una tercera opción es cambiar de hospital si no desean prestar sus servicios en el recién privatizado. En este sentido, AFEM recuerda que un funcionario de Sanidad ha aprobado una oposición, por lo que ya tiene el puesto ganado. "La opción de permanecer en el centro, la primera, no es ningún favor", señala Brañas, que recuerda además que hace seis meses Lasquetty afirmó que el problema clave era que no había dinero para pagar a los funcionarios y al personal fijo. "Ahora sí lo hay y también para que trabajen para una empresa privada", desconfía.
El documento señala también que el personal laboral será subrogado y el eventual e interino será obligatoriamente contratado por la concesionaria. AFEM lee esta cláusula "aparentemente beneficiosa por los trabajadores" con cierta "inseguridad". "Puede ser un caramelo envenenado porque falta mucha información", dice Brañas, que se pregunta en qué condiciones y por cuánto tiempo contrataran a los interinos y eventuales. "Cuando una empresa empieza a gestionar un hospital que ya funciona no le interesa despedir a eventuales e interinos porque se para la máquina. Están disfrazando de condiciones favorables a los empleados muchas cosas lógicas".
PSOE emprende "una ofensiva en defensa de la sanidad pública" en España
El PSOE ofrecerá desde este viernes 40 ruedas de prensa en todo el país "para denunciar los recortes sanitarios" del Gobierno de Mariano Rajoy y para poner en marcha lo que denomina "una ofensiva en defensa de la sanidad pública", ha informado el partido.
nuevatribuna.es
La campaña, que se prolonga hasta el próximo 23 de abril, coincide con "el primer aniversario del Real Decreto del PP por el que se recorta y privatiza la sanidad española", en palabras de los socialistas, que centrarán sus comparecencias públicas en "la decisión del PP de privatizar los servicios públicos de salud como en Madrid, Castilla-La Mancha o Valencia".
Las ruedas de prensa, que protagonizarán los principales líderes autonómicos y provinciales del PSOE, también pretenden denunciar "el aumento de las listas de espera, las privatizaciones de centros, la desaparición de la sanidad rural, los copagos, o la eliminación de prestaciones y la negación de prestaciones a inmigrantes", han explicado desde Ferraz.
Según los socialistas, "el Gobierno del PP de haber preferido tomar medidas más encaminadas a cuadrar los objetivos de déficit que a atender la salud y el tratamiento de la enfermedad de las personas", con las que se "han roto las garantías de universalidad, de equidad, gratuidad y calidad en materia sanitaria" mediante "un recorte presupuestario de más de 7.000 millones de euros".
Además, los 'barones' del PSOE recordarán "que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no solo es posible, sino que también es necesario" exponiendo propuestas para establecer vías de financiación eficaces para hacer sostenible la salud pública.
Madrid culpa al Estado de que vaya a privatizar la gestión de seis hospitales
El Gobierno regional vuelve a reclamar los mil millones del sistema de financiación
José Marcos, Madrid, en El País.
La privatización de la gestión de los seis hospitales que la Comunidad de Madrid pretende para el mes de septiembre no responde a razones ideológicas. El liberalismo que el Gobierno de Ignacio González ha adoptado como mantra, empapado por el ideario que promulga Esperanza Aguirre, no ha tenido nada que ver. Las razones son más bien económicas. Exclusivamente. Y forzadas. Madrid no hubiera dado semejante paso si la región hubiera contado con los mil millones del sistema de financiación —992,09 para ser exactos— que reclama al Estado, gobernado por Mariano Rajoy y por lo tanto también del PP, desde el pasado verano.
Así de claro lo ha dejado el consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, que antes de llevar la cartera que absorbe el 45% del presupuesto madrileño (17.048 millones en 2013) hizo sus pinitos en FAES, el think tank político vinculado al Partido Popular.
Quizá por esta razón, por ser cero sospechoso de su tendencia ideológica, han sorprendido sus justificaciones para extender el modelo Valdemoro a otros seis hospitales de la red sanitaria madrileña. “¿Se hubiera hecho esto si no hubiera habido una reducción injusta del sistema de financiación? La externalización de la gestión sanitaria de esos seis hospitales nos la planteamos cuando se produjo esa reducción injusta, no antes. Era algo que no habíamos contemplado antes de ese resultado, vuelco a decir que injusto, del sistema de financiación”, ha expresado Lasquetty.
Ni siquiera Aguirre llegó tan lejos cuando, pocos días antes de dimitir, el 17 de septiembre, señaló al Ministerio de Hacienda, esto es a Cristóbal Montoro, como responsable de que la Comunidad de Madrid, pudiera incumplir el objetivo de déficit fijado en el 1,5% (al final fue del 1,07%).
En el Ejecutivo autonómico de González todavía recuerdan “como una pesadilla” el mes que dedicaron a realizar los presupuestos para el ejercicio de 2013. Tras el tijeretazo de 1.045 millones que la Comunidad tuvo que aplicar con carácter extraordinario en julio sobre el presupuesto de 2012, González, recién estrenado en el cargo de presidente, apenas contó con cuatro semanas para trabajar el de este ejercicio. La incertidumbre sobre los mil millones pendientes, a los que en otoño todavía no cerraban la puerta en la sede del Gobierno en Sol, hizo que los consejeros, con Enrique Ossorio (el de Economía y Hacienda) a la cabeza, ideasen a la par dos presupuestos: uno con mil millones de euros más y otro con mil millones menos.
La opción más austera terminó siendo la real, y los presupuestos de 2013 pasaron al imaginario como los más restrictivos en los últimos 10 años, con unos recortes estimados en 1.424 millones para este ejercicio. “No es lo mismo recortar 1.400 millones que 400. Hemos pagado la novatada del Estado, pero no nos la van a volver a colar”, dicen de aquellos meses en el Ejecutivo. A la espera de un nuevo modelo de financiación acorde al músculo económico de Madrid, la última derivada de aquellos mil millones de menos es la privatización sanitaria. Una privatización que Lasquetty, tras el reproche al Gobierno central, defendió por sus presuntas bondades.
“El 20% de eficiencia es el mínimo que exigimos a las licitadoras, que tendrán que ser del sector sanitario, y acrediten como mínimo haber gestionado un hospital del mismo tamaño para el que licitan. Los ciudadanos se pueden seguir muy seguros. Vamos a vigilar muy de cerca todos los indicadores de calidad que se exigen ”, ha vendido, asegurando que la cápita media ha subido de 441 euros a 496 "por las obligaciones" a las concesionarias: "La cápita se ha revisado al alza por ejemplo porque tendrán que contratar a todo el personal. La garantía de todos los empleos tiene una incidencia en el coste. Además, los cálculos sobre la cápita actual son hechos sobre los datos de atención sanitaria de 2012. Los que manejábamos en noviembre estaban hechos sobre los datos del año anterior, aunque existe la posibilidad de que las distintas licitadoras oferten una cápita más baja".
Sobre el futuro del personal no fijo de los seis centros hospitalarios —interinos y eventuales representan a más de los 3.000 empleados de los 5.200 actuales—, cuya continuidad exige la Comunidad pero dando pie a que las concesionarias revisen –a la baja- sus condiciones laborales, Lasquetty ha insistido en que “lo importante es la garantía de que puedan seguir trabajando en estos hospitales”. “Hasta ahora no la tenían. Recuerden que hablamos de personal que no ha superado una oposición, no es personal fijo. El esfuerzo que se pide a las concesionarias es notable, y esta era la principal causa de preocupación. Pero la duración de los contratos es imposible de fijar: sí apuntamos en los pliegos la obligación de que los contraten, no le puedo decir lo que va a pasar dentro de ochos años. Como seguro que no se lo pueden decir a ustedes ni a mí tampoco”, ha caracoleado ante la prensa.
“Cuando pasen los 10 años de la concesión, no prorrogables, al cabo de ese tiempo las concesionarias dejarán de usar esa infraestructura, que tendrán que devolver con la misma dotación tecnológica que asuman ahora pero renovada, y ya se verá lo que decida el Gobierno de ese momento, que seguro será del Partido Popular”, ha proseguido Lasquetty, confiado sobremanera en el poderío de su partido. Un partido al que las encuestas que se manejan en los mentideros políticos y empresariales de la región otorgan ahora mismo un 40% de intención de voto. La mayoría absoluta a la que el PP se había acostumbrado ha pasado a sonar a utopía.
Horas después, en el pleno de la Asamblea, Lasquetty ha puntualizado lo dicho por la mañana: "La culpa de que privaticemos los hospitales es del sistema de financiación hecho por el señor Zapatero. Es totalmente injusto, porque no computa a 600.000 habitantes de Madrid a efectos sanitarios".
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