CONTRARREFORMA NO

La vía catalana o la salud a dos velocidades: una para ricos y otra para pobres

Los servicios privados aumentan en los hospitales públicos

Los centros abren vías de atención a pacientes de pago por los recortes de la Generalitat

Foto: Hospital Clinic de Barcelona.

Antía Castedo, Barcelona, en El País.

En las ferias de turismo de países exóticos ya no solo se promocionan hoteles, operadores y destinos. También lo hacen los hospitales públicos catalanes. Es el caso del Hospital de Palamós —presidido por la alcaldesa de la localidad, la socialista Teresa Ferrés— cuyos directivos acudieron recientemente “de prospección” a un certamen de Moscú.

Aunque no hay datos oficiales, las fuentes consultadas coinciden en que cada vez más hospitales financiados por la Generalitat se apuntan al carro de la atención privada. La doble puerta de entrada se extiende al abrigo de los recortes, que mantienen plantas y quirófanos cerrados a pesar de las dolorosas listas de espera del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Estos recursos “infrautilizados” se venden ahora al que lo paga de su bolsillo.

Aunque no el primero, el ejemplo más conocido es el del Hospital Clínic, un centro de referencia internacional que abrió en el año 2000 Barnaclínic, empresa de asistencia privada que utiliza instalaciones y profesionales del hospital. En 2008, Barnaclínic facturó 12 millones de euros. De ellos, ocho revirtieron de nuevo en las arcas del hospital. Pero los directivos del centro, menos reticentes en otros tiempos, se han negado ahora explicar el funcionamiento de la doble vía de atención. Lo mismo ha ocurrido con cerca de otra decena de hospitales consultados —muchos presididos por cargos públicos— que eluden dar explicaciones, algunos con el argumento de que se trata de un tema sensible sobre el que no hay que “hacer demagogia”.

Sin embargo, la preocupación sobre si estas nuevas iniciativas pueden afectar a la equidad va pareja con el auge de las mismas. “El conflicto de intereses es claro si los mismos médicos que atienden en la pública también cobran de la privada”, afirma Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp). El Hospital de Sant Pau, que ha empezado a atender a pacientes por la privada, ha operado ya de varices a al menos dos personas que se han saltado, previo pago, los 8,4 meses de espera media para esta dolencia que marcan los datos del CatSalut. Los portavoces del hospital argumentan que, en tiempos de recortes, es necesario buscar “nuevas vías de financiación”.

El interés por abrir esta puerta no es nuevo –algunos concertados llevan décadas atendiendo a pacientes privados o mutuas— pero sí ha resurgido en los últimos tiempos. A pesar de los interrogantes que suscita, esta convivencia público-privada no está regulada, más allá de lo que establece la Ley General de Sanidad: “Las normas de utilización serán iguales para todos”. Solo hay códigos éticos y recomendaciones voluntarias de las propias entidades.

Uno de ellos es el elaborado por el ente público que actúa como patronal Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), que creó hace meses un grupo de trabajo con gerentes de una quincena de sus asociados. Entre los hospitales financiados por la Generalitat hay entidades privadas sin ánimo de lucro, de titularidad municipal y empresas públicas y consorcios participados por la Administración catalana. El resultado fue un documento consensuado de recomendaciones en el que se establece que los “recursos adicionales” generados por la actividad privada deben reinvertirse en la institución; el acceso y la priorización de las listas de espera deben ser transparentes; los circuitos deben diferenciarse de los de la prestación pública y los precios de los servicios deben incluir la parte correspondiente a los costes de amortización de las instalaciones y equipos.

El propio CSC ha implantado esta vía en el Centro Integral de Salud Cotxeres. El gerente, Josep Serrat, cree que el modelo “no es cuestionable”, aunque reconoce que no es fácil controlar su funcionamiento, entre otras razones porque “dentro de la consulta no se pueden poner cámaras”. En el código ético del centro se acepta que los médicos podrán informar de la opción privada “en el contexto de su actividad asistencial pública”.

Los incentivos para derivar a los pacientes a la vía de pago no son desdeñables. Un cirujano cardiovascular cobra poco más de 200 euros si opera para la sanidad pública fuera de su jornada laboral, mientras que se puede embolsar miles de euros si lo hace para la sanidad privada, reconoce José Luis Pomar, cirujano cardiovascular del Clínic. “Antes de los recortes era fácil en la pública programar intervenciones y encontrar huecos, pero ahora no puedo meter a nadie hasta septiembre si no es muy urgente”, explica.

Los sindicatos creen que el nuevo escenario acabará perjudicando todavía más al paciente público que no pueda pagar la privada. “Si abres esta posibilidad, nunca se invertirá en mejorar los hospitales públicos. Se está creando una sanidad para ricos y otra para pobres”, critica Carme Navarro, secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras.

“Se cierran camas para luego contratar los servicios con los privados”, asegura Àngels Castells, economista de Dempeus por la Salud Pública. “¿Cómo puede ser que haya listas de espera y al mismo tiempo recursos infrautilizados?”, se pregunta. Una respuesta posible es la de Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la UPF y miembro del Centro de Investigación en Economía y Salud. En un informe de la Fundación Víctor Grífols de 2006 elaborado por Casasnovas, Victòria Camps y Àngel Puyol, los autores afirman que el problema es de oferta, no de demanda. Si las fundaciones y consorcios no rentabilizan su actividad, acabarán incurriendo en déficit. Los porcentajes de penetración de la sanidad privada en los hospitales financiados mayoritariamente por el CatSalut son, de momento, modestos. La que más factura es la Fundación Puigvert y esta vía no alcanza el 20% del total de sus ingresos. Pero el nuevo escenario ya ha generado duras críticas de la patronal de hospitales privados (ACES), que se queja de competencia desleal. La otra patronal concertada, La Unió, que ha propuesto que la cartera de servicios públicos se reduzca a lo básico, también es favorable a la actividad privada.

Casasnovas cree que lo importante es que la Administración ejerza un control efectivo y que haya transparencia. Josep Vendrell, de ICV, duda de que esto sea posible en las condiciones actuales. “Lo que no puede ser es que el CatSalut se limite a pagar y no intervenga”, critica Vendrell. ICV ve urgente que está cuestión se regule y se fijen unos criterios obligatorios. Para ello, prepara una propuesta que presentará en el Parlament.

 

“Renunciar” a la lista de espera

El documento de recomendaciones del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) elaborado por consenso por una quincena de sus asociados contiene al final un anexo con dos plantillas para entregar a los pacientes que decidan entrar por la puerta de la privada en vez de por la pública. El paciente, al firmar el documento, “solicita su baja voluntaria de la lista de espera” pública para la misma intervención. Varios hospitales utilizan documentos similares, que hacen firmar a los pacientes antes de ser intervenidos o tratados.

En el caso de los procedimientos médicos, el paciente se compromete a que, si por alguna razón decide al final ser atendido en la pública, “los criterios de accesibilidad serán los vigentes en el momento de la solicitud del nuevo cambio”. Es decir, que se incorpora a la lista por la cola. La idea, según una fuente del sector, es “defenderse si hay acusaciones de lista de espera doble”.

Según una portavoz de CSC, el documento de recomendaciones parte de que “la actividad privada no puede ser una forma” de saltarse la lista de espera. “El acceso a la vía privada se puede iniciar de forma espontánea o porque la persona que está inscrita en la lista de espera decide tratarse de forma privada y, consecuentemente, sale de la lista”, afirma esta portavoz. El Hospital de Olot es uno de los que utiliza este mecanismo. “De las últimas 10 intervenciones privadas, solo dos pacientes estaban en lista de espera”, explican en el centro.

Si una persona está incluida en la lista del CatSalut, lo que debe hacer para ahorrarse la espera es firmar ese documento y pagar la intervención por la vía privada dentro del hospital público. Todavía le queda otra opción: recurrir a un hospital privado, donde no le harán firmar ningún documento.

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El “blindaje” del 100% comprometido por Ana Mato el pasado día 21 al inicio del último Consejo Interterritorial se queda en el 80%

El Gobierno recorta las subvenciones para trasplantes un 20%

Los fondos para formación y fomento de la donación pierden medio millón de euros

El mayor tijeretazo se produce en los programas destinados a cursos para profesionales

María R. Sahuquillo, Madrid, en El País.

El Gobierno ha recortado medio millón de euros en las ayudas para trasplantes. Los fondos que recibirán las comunidades, hospitales y organizaciones como apoyo a los trasplantes que realizan, para programas de formación de profesionales y para planes de fomento de la donación caen un 20% este año. Las subvenciones para el sistema de trasplantes español, uno de los servicios más cuidados de la sanidad pública y cuyos buenos resultados se ha convertido en la marca del país en medio mundo, se habían mantenido estables en unos 2,5 millones de euros. Hasta este tijeretazo: la partida que destina el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para ello contará con alrededor de dos millones.

Al tijeretazo se añade el temor de algunas comunidades autónomas de que los requisitos que ha impuesto el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, les impidan acceder a estas subvenciones, consideradas vitales. Esa ley impide a las autonomías que no se hayan ajustado al control del déficit – ahora Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares—recibir estas y otras ayudas públicas. Sin embargo, aunque las administraciones autonómicas han perdido ya ayudas púbicas para programas de todo tipo —desde culturales hasta de investigación—, Rafael Matesanz, coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes, se muestra tranquilo y recuerda que Hacienda --que debe emitir un informe previo preceptivo y vinculante sobre la estabilidad presupuestaria de la Administración solicitante-- se comprometió a “mirar con buenos ojos” estas subvenciones.

Fondos que ahora se tendrán que repartir algo mermados. El mayor recorte, como recoge el BOE, se produce en los fondos destinados a la formación, uno de los puntos clave del sistema de trasplantes. Esta partida, destinada a las autonomías, los centros y las organizaciones para formar a sus sanitarios en los últimos avances o en la identificación de nuevos donantes, pasa de los 1,2 millones de euros en 2012 a algo más de 819.000 a repartir. Con estas subvenciones, las administraciones y entidades como la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias han formado a 14.000 profesionales en los últimos años en detección, atención en la vía pública en casos de emergencia o donación en vivo.

También se reduce la subvención que reciben los hospitales por las intervenciones realizadas. La ayuda por cada extracción realizada de riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino o páncreas pasa de 60 a 50 euros; y cada trasplante de estos órganos pasa de 30 a 20 euros. Cantidades que se aportaban desde el Ministerio de Sanidad para ayudar a estos centros a compensar las intervenciones.

A pesar del tijeretazo, el coordinador de la ONT no cree que la reducción de subvenciones ponga en riesgo un sistema que permite que se realicen 4.211 trasplantes al año y que es líder mundial. “En estos momentos difíciles para todo el mundo la buena noticia es que se mantiene, y que se conservan el 80% de las subvenciones”. “El sistema es muy sólido, y no se va a resentir. Si antes se hacían 100 cursos, pues se harán 80. Nos gustaría tener más fondos, pero en este contexto de crisis se entiende”, dice. Matesanz explica que a pesar de esta reducción en los presupuestos destinados a fomento de la donación en general y a cursos, este año se ha aprobado el Plan Nacional de Médula, con casi 800.000 euros para tratar de duplicar las donaciones actuales de 100.000 a 200.000 en un plazo de cuatro años. Un presupuesto que ya ha llegado a las comunidades autonómicas y que se ha repartido con base en criterios poblacionales y demográficos. “El presupuesto para la ONT se ha mantenido, además, estable en unos 4 millones de euros”, incide.

Las subvenciones que se han publicado hoy son de las más antiguas del Sistema Nacional de Salud. Su objetivo es promocionar la donación y trasplante con fondos que se reparten entre las administraciones y entidades sin ánimo de lucro y que se destina a comprar aparatos, cursos o asistencia a congresos.

“Todo lo que sea recortar en este tipo de cosas es malo”, apunta Alejandro Toledo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón (Alcer) —los de este órgano son los trasplantes más numerosos—. Toledo es, sin embargo, cauto. “Vamos a ver cómo cristalizan las ayudas, aún no podemos presumir que el sistema vaya a resentirse, pero tenemos un país que es modélico en trasplantes, que se ha tratado de rentabilizar siempre políticamente. Los pacientes no pueden permitirse que se termine con él”, añade.

 

Sanidad recorta un 20% las subvenciones para trasplantes

Las ayudas para el fomento de la donación y trasplante de órganos contarán con medio millón de euros menos

11.04.2013, EFE / Madrid, en La Nueva España

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recortado un 20 por ciento las subvenciones destinadas al fomento de la donación y trasplante de órganos, que en 2013 será de 2 millones de euros, medio millón menos que en 2012.

El BOE publica hoy una orden por la que se convocan las subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.

Así, la subvención para 2013, que se realiza con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad, asciende a 2.059.170 euros, una dotación que se distribuye en ayudas destinadas a compensar las actividades de extracción y trasplante de órganos humanos -411.834 euros- y las destinadas a otras actividades y proyectos relacionados con la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos -1.647.336 euros-.

En 2012, el Ministerio destinó 2.559.170 euros a estas ayudas, lo que supone un recorte del 20 por ciento.

La rebaja más importante se da en la partida destinada a la organización de actividades formativas y proyectos de promoción, las dirigidas a la mejora de la calidad en el proceso de donación, actividades de acreditación y registro, y de valoración de predisposición a la donación, que pasa de 1.219.812 euros en 2012 a 819.213 para este año.

Se mantiene igual la cuantía destinada a las actividades derivadas de la coordinación y el intercambio de órganos con otros países -42.000 euros-, y asciende ligeramente la promoción de la donación y trasplante -de 785.523 a los 786.122 euros de 2013-.

También se reducen las ayudas a cada trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino y páncreas -que pasan de 30 a 20 euros-, así como a la extracción de estos órganos -que desciende de los 60 a los 50 euros-.

Según explica la orden, podrán solicitar estas subvenciones las instituciones hospitalarias sin ánimo de lucro, así como los órganos, departamentos y servicios de las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

"El objetivo pretendido es, finalmente, que todos los ciudadanos españoles que necesiten un trasplante tengan la posibilidad de obtenerlo, cualquiera que sea su lugar de residencia, en las mejores condiciones, con los mejores pronósticos y en el menor tiempo posible", señala la orden.

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Catalunya, que en esto siempre va por delante, plantea nuevos recortes

Boi Ruiz quiere recortar hasta un 10% los sueldos en la sanidad pública

El consejero comunica a los gerentes que deberán reducir el presupuesto de los hospitales entre el 7% y el 10% y mantener el nivel asistencial

Foto: Boi Ruiz, Consejero de Sanidad de Catalunya.

Antía Castedo, Barcelona, en El País.

La Generalitat todavía no sabe cuál será el objetivo de déficit para este año. Lo que sí tiene claro es que, aunque consiga que el Gobierno central lo relaje, el rigor se impondrá sobre las cuentas públicas. Y las tijeras volverán a hurgar en las tripas del sector sanitario, que llega menguado a una nueva oleada de recortes. Aun en el mejor de los escenarios —un objetivo del déficit del 1,5% o 2%—, el hachazo a los hospitales públicos y sus trabajadores ascenderá a hasta el 10%, según ha informado el Departamento de Salud y su consejero, Boi Ruiz, en reuniones mantenidas en los últimos días.

El pasado lunes, Ruiz informó a los gerentes de empresas públicas y consorcios sanitarios del sector concertado —EPiC, aquellos hospitales financiados por la Generalitat aunque gestionados por otras entidades públicas— que este año deberían aplicar un recorte salarial del 10%. Fuentes asistentes a la reunión explicaron que la reacción de los gerentes fue de sorpresa y escepticismo. “Un recorte de esta magnitud en un año, que se sumaría al ya 5% aplicado, no es posible”, explicó un asistente.

La cifra ofrecida por Ruiz es similar al recorte de “entre el 7% y el 10%” que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) aplicará este año a los hospitales públicos, según informó Salud a las patronales del sector en una reunión mantenida el pasado jueves. En un comunicado a sus asociados, La Unió y el Consorcio de Salud y Social de Cataluña calificaron de “inasumibles” estos recortes.

Las EPiC suponen casi un tercio del gasto total del CatSalud a hospitales y dispositivos asistenciales —6.942 millones de euros en 2010—. Otro 30% corresponde a entidades privadas con y sin afán de lucro, mientras cerca del 40% corresponde al Instituto Catalán de la Salud (ICS), formado por ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de atención primaria (CAP).

En todo caso, mantienen fuentes del sector, los recortes aplicados a las EPiC ilustran los objetivos que Salud está manejando este año para el resto del sector. Los hospitales del ICS, por ejemplo, ya sufrieron en 2011 un recorte que superó el 12% del presupuesto.

Los representantes patronales salieron de la reunión con el CatSalut con la sensación de que los recortes “preliminares” —a falta de que se apruebe el presupuesto— acabarán afectando a todo el sector concertado y no serán menores al 7%. Eso, siempre que el objetivo de déficit se relaje y no se quede en el actual 0,7%, en cuyo caso serían aún peores.

En la reunión del pasado lunes, Boi Ruiz emplazó a los gerentes a hacer algo que muchos consideran imposible: mantener la actividad asistencial, pese al nuevo recorte, que se sumaría al 11,3% ya aplicado en 2010 y 2011 —más el ahorro aún no hecho público del año pasado—.

“Esas cifras se plantean en un despacho, pero son inviables”, criticó Francesc Duch, secretario general del sindicato Metges de Catalunya. Según Duch, el sector concertado le ha transmitido que los nuevos recortes de Ruiz, de cumplirse las estimaciones actuales de la consejería, impondrán una reducción de hasta el 20% en el Capítulo I (personal). “Los gerentes no pueden recortar en luz o farmacia. Tendrán que hacerlo en los trabajadores, y ya están muy mal pagados”, declaró el secretario general del sindicato.

Los partidos políticos de la oposición consultados fueron muy duros con los planes del departamento. “El consejero se contradice. Dijo que no había margen para recortar y ahora se plantean estos números”, manifestó Josep Vendrell, portavoz del área de Salud de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV). “Es una auténtica barbaridad. Disparará las listas de espera y obligará a prescindir de mucho personal”, concluyó.

Un portavoz del departamento dirigido por Boi Ruiz negó que las cifras sean “válidas”. “Todavía no hay presupuesto”, declaró este portavoz, que negó que en la reunión de Boi Ruiz con los gerentes sanitarios se hubiese hablado de números concretos. Cualquier cifra que pueda salir estos días es “preliminar”, insistió.

“En solo tres años se habrá recortado casi un cuarto del presupuesto de Salud”, manifestó Marina Geli, exconsejera durante el gobierno tripartito (2003-2010) y portavoz actual del PSC. “Este nuevo recorte situará a Cataluña en cifras de gasto por habitante por debajo de todas las comunidades autónomas”, dijo Geli. Para ERC, con los recortes sanitarios se está “tocando hueso”. “El dinero del Estado no llega y no se puede recortar más”, declaró Alba Vergés, portavoz de Salud de los republicanos.

Si el recorte del 10% que se maneja se acabase aplicando a todo el sector sanitario, el gasto por asegurado en Cataluña se situaría alrededor de los 1.050 euros por persona. “Estaremos por debajo de Ceuta y a la cola de toda España”, criticó Duch. La Generalitat ya redujo en 2012 un 11,3% el gasto por titular de tarjeta sanitaria, según datos facilitados por el consejero.

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Si farmaindustria los denomina “efectos secundarios” la ministra debería llamarlos “daños colaterales”... ¡¡y a otra cosa mariposa!!, total que más les da

Medio centenar de fármacos han subido de precio tras el “medicamentazo” de Mato

 

El Gobierno confirma, en respuesta al PSOE, que se han producido incrementos de hasta casi un 200% en algunos productos como la cloperastina (para la tos)

 

PÚBLICO, Madrid, 08/04/2013.

El Gobierno acaba de confirmar, en una respuesta parlamentaria al grupo parlamentario socialista, los datos que la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) había denunciado hace ya algunos meses: la desfinanciación de algunos medicamentos ordenada por el Ministerio de Ana Mato ha provocado el encarecimiento de muchos de ellos.

En concreto, según una nota de prensa enviada hoy por el PSOE, 50 fármacos de los incluidos en el llamado medicamentazo, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, han incrementado su precio desde entonces. Algunos de ellos, además, hasta casi un 200%.

En la lista adjunta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en su respuesta a la cuestión planteada por el diputado socialista José Blanco se enumeran los productos desfinanciados el año pasado y la relación de precios en los que se ha producido "alguna variación respecto a la comercialización" [ver pdf].

Según los datos extraídos de dicha lista por el PSOE, la media de incremento del medio centenar de fármacos afectados es de un 45,24%. "En algunos casos, (el coste) se ha disparado, como la cloperastina (un fármaco para la tos), que ha subido un 189%; la acetilcisteina (mucolítico), un 122,86%; el romilar (antitusivo), el 100%; o el aciclovir (contra los herpes), un 98,27% más caro", detalla la nota de los socialistas.

Otros ejemplos de graves encarecimientos son el jarabe Flutox (frasco de 120 ml), que ha pasado de 1,74 euros a 2,59; el gel Flogoprofen (60 g), de 2,2 a 4,34 euros; o la solución oral Duphalac (50 sobres), de 5,78 a 7,81 euros.

Las excusas

El Gobierno justifica la medida asegurando que este tipo de desfinanciación pública "se ha venido produciendo en los últimos años",  como en 1993 (con Gobierno socialista), cuando se desfinanciaron 800 medicamentos. "El doble de la medida actual", alega el Ejecutivo.

Por su parte, el director de comunicación de la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, explicó ayer los motivos del encarecimiento de los medicamentos en el programa Salvados (La Sexta). "Cuando un medicamento sale de la financiación, baja mostruosamente sus ventas. Para compensar esa pérdida de mercado, se puede cambiar de precio", detalló Julián Zabala. "[...] Lo que es malo es que el Ministerio saque del sistema unos medicamentos con los que están familiarizados y ustedes les suban el precio", apuntó el periodista Jordi Évole. "Todos los ahorros tienen sus efectos secundarios", concluyó el portavoz de Farmaindustria. 

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Directamente relacionado con el día mundial de la salud conmemorado ayer

COMUNICADO DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA

En España la política del Ministerio de Sanidad no cumple los objetivos de la OMS‏

La Organización Mundial de la Salud ha establecido el día 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. Este año el día ha estado dedicado a la lucha contra la Hipertensión Arterial que está detrás de numerosas muertes y complicaciones para la salud de las personas.

Desde el FADSP queremos sumarnos a esta celebración denunciando que la política de recortes sanitarios del actual gobierno se está centrando en reducir el papel de la atención primaria, y como consecuencia de los programas de promoción de la salud, mientras que desde el propio Ministerio de Sanidad se promueven acuerdos con las multinacionales de la alimentación y de bebidas azucaradas y comida basura (ricos en azúcares grasas hidrogenadas y sal).

Queremos recordar  que el pilar, el elemento fundamental para la lucha contra la hipertensión arterial, es la promoción de hábitos de vida saludable como alimentación sana y el físico. Esto que contrasta con las estrategias contra la hipertensión están centradas,  casi en exclusiva en España, en la medicación, que además de un ingente gasto sanitario solo permite  controlar  la mitad de los pacientes.

Creemos que el Ministerio de Sanidad debería  aprovechar esta celebración para afrontar de manera decidida la lacra de la obesidad, especialmente la infantil, cuyo crecimiento nos está poniendo a la cabeza de los países desarrollados, y que tienen una relación directa con este problema.  Detrás de esta situación está el abandono de la dieta mediterránea, y el incremento de los problemas de alimentación que afectan a las familias con bajos ingresos cuyo número está subiendo exponencialmente sin que el gobierno articule medidas para paliarla (entre ellos la promoción de los comedores escolares cuyo número se está reduciendo con los recortes).

En resumen si queremos avanzar en los objetivos de salud hay que aumentar la prevención y promoción de la salud y la Atención Primaria, todo lo contrario de lo que se hace en España.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

8 de abril de 2013

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Jornada "La Privatización Sanitaria. Análisis de la Situación" que se desarrolló en Madrid el pasado sábado

El Observatorio Madrileño de la Salud reivindica la movilización frente a la privatización

Dar una imagen de unidad de cuantos están contra la privatización de la sanidad y mantener las movilizaciones, han sido algunas de las principales premisas mantenidas por los participantes en la Jornada "La Privatización Sanitaria. Análisis de la Situación" que, organizada por el Observatorio Madrileño de la Salud, se desarrolló a lo largo de la mañana del sábado en una de las aulas del Ateneo de Madrid repleta de asistentes.

Foto: Manuel Martín, presidente de FADSP y Ana García Masedo, alcaldesa de Rascafría, en una de las mesas de las Jornadas.

Madrid 08/04/2013, Carmen Villodres, en Acta Sanitaria.

Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y portavoz de SOS Sanidad Pública (Galicia), abrió la jornada con una conferencia sobre los distintos modelos de privatización sanitaria. En primer lugar aclaró que en Galicia todos están unidos en torno a la Plataforma Defensa de la Sanidad Pública, que agrupa a ayuntamientos y partidos, "lo que nos permite beneficiarnos de instituciones con capacidad legislativa, y de la virtud de la alianza, que nos valió ser el primer lugar en donde se revirtió las primeras iniciativas privatizadoras".

El porqué de las privatizaciones lo basó en los enormes recursos que mueve la sanidad y la oportunidad que ofrece para hacer negocios. Tras recordar que el presupuesto sanitario supone un 9,5 del total del PIB y que nuestro sistema era mejor que el de otros países de nuestra área y, en cambio, más barato, el presidente de la FADSP apuntó a organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la propia Unión Europea (UE), como las instituciones inductoras y responsables de las políticas privatizadoras y debilitadoras de lo público. Concretamente citó a la OMC como la responsable de la eliminación de las tasas del comercio internacional, de la liberalización del servicio público y de potenciar a los proveedores sanitarios; en cuanto al Tratado de Maastricht aseguró que limita el déficit y la deuda pública y, concretamente, al referirse al Eurostat -la oficina de estadística de la UE- indicó que no contempla como deuda el déficit de la privada.

Una privatización por parcelas

Manuel Martín aseguró que en España la privatización se estaba llevando a cabo por parcelas, de una manera descentralizadora, "aprovechando la normativa de cada comunidad autónoma, evitando así una respuesta general de la ciudadanía en todo el país". Como aceleradora del proceso privatizador calificó el Real Decreto-Ley del 16/2012, proceso que describió como "la trasformación de un derecho vinculado a la ciudadanía que pasa a ser un modelo basado en los seguros privados". Y advirtió del peligro de trasladar el modelo empresarial a la gestión de servicios sanitarios y de trocear cada unidad funcional de los hospitales, creando microempresas de "ideología neoliberal". Entre los muchos problemas que comporta la privatización, Martín citó los de la asistencia y la falta de equidad y señaló a Holanda, cuyo sistema calificó de insostenible, por los problemas de selección de pacientes "buenos" (sanos) que quieren las aseguradoras.

Asimismo, recordó cómo el Primer Ministro del Reino Unido, el conservador David Cameron, se vio obligado a pedir disculpas a la ciudanía por el escándalo de las espantosas negligencias que se tradujeron en muertes en el hospital de Staffordshire entre 2005 y 2008. Las cifras de mortalidad ligadas al hospital superaron, según previsiones estadísticas, entre 400 y 1.200 víctimas de una gestión que primaba los objetivos económicos por encima de la calidad del servicio.

Al centrase en Galicia, el portavoz de SOS Sanidade Publica, se trasladó a los noventa, época de Romay Beccaría y al caso Medtec, el Instituto Gallego de Medicina Técnica, una sociedad pública creada por la Xunta que dotaba a los hospitales de alta tecnología, y que se vio envuelto en la muerte de seis personas, a causa de la proliferación del hongo Aspergillus en un quirófano de la unidad de cirugía cardíaca. Y aprovechó el dato para incidir en que los salarios de los profesionales estaban vinculados a la productividad y, cuando detectaron que algo ocurría, no quisieron parar para no perder dinero con el cierre del quirófano.

Cataluña, la comunidad con más seguros privados

En la Mesa sobre "Las Experiencias privatizadoras en España", Montserrat Vergara, del Grup de Reçerca en Desigualtats en Salut (GREDS), comentó igualmente que el proceso privatizador comenzó hace años en Cataluña con CIU y recordó que es en esa comunidad donde tienen más seguros privados. Remontándose a 1.990 y a la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOCS), ley que consagra un modelo mixto, comentó como se separan la compra y la provisión de servicios y se crea el consorcio que reúne a entidades públicas con una pequeña parte de la privada.

Vergaa tildó de muy significativa la entrada de Boi Ruiz en la Consejería de Salud, el hombre que había dirigido la Unión Catalana de Hospitales, una asociación empresarial de prestación de servicios sanitarios. Y no se privó de contar la famosa frase del Consejero catalán que aseguraba que "la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado", o aquella otra que tampoco tiene desperdicio, en la que decía que "no hay derecho a la salud porque esta depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos". Lo que dio pie a Montserrat Vergara para indicar que lo que le importa al señor Boi Ruiz es el código postal, es decir, donde vive y la condición social del ciudadano.

Insistió en que el problema de Cataluña es que no se sabe qué hay detrás de muchas cosas, pero que mucha gente no lo quiere saber. Del deterioro producido, entre otras cosas, por el recorte del 15 por ciento del presupuesto sanitario, hablan las muertes por negligencia y "por las que se abrirán procesos". Citó al Plan Omnibus de Cataluña, como un consorcio "creado para desmantelar el Instituto Catalán de Salud, que coincide con la privatización del Hospital Clinic, que ya hace ofertas para promocionar la gestión privada y que tiene promociones para extranjeros". Se refirió al Hospital San Pau, denunciando que atiende antes al que paga; o sea que las listas de espera están indicadas para aquellos que carecen de recursos.

En cuanto a la fuerte movilización de protesta existente y los grupos que las lideran, además de a su grupo, citó a la plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS), que ha interpuesto querella criminal contra las autoridades sanitarias por los recortes, además de pedir medidas penales contra el presidente Artur Mas y Boi Ruiz por la muerte por aneurisma de una mujer que murió tras deambular durante 65 horas por 4 hospitales de Cataluña antes de ser operada.

Continúan las privatizaciones sanitarias en la comunidad vecina del oeste

Piden la suspensión del concurso de pruebas de laboratorio del Sergas

La AGDSP sostiene que condena a los equipos propios a la obsolescencia

Santiago, en El Correo Gallego

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGSDP) expresó ayer su apoyo a la "postura de rexeitamento dos xefes de servizo dos laboratorios dos hospitais públicos de Galicia" y exigió a la Consellería de Sanidade que suspenda el concurso en marcha para la adjudicación de pruebas de laboratorio antes de su resolución definitiva.

La asociación sostiene que con este concurso "a Consellería de Sanidade pretende centralizar nunha empresa privada a parte da tecnoloxías máis avanzadas e innovadoras dos laboratorios dos hospitais públicos de Galicia", lo que en su opinión relegaría a los laboratorios propios a permanecer "de costas ao desenvolvemento tecnolóxico", limitados "a realizar probas rutineiras e condenados á obsolescencia".

La AGDSP entiende que esta medida "supón un novo e importante paso na senda da descapitalización, desmantelamento e privatización do sistema sanitario público galego desenvolvida pola Xunta de Galicia".

Al concurso, indica, concurren "seis laboratorios privados, que van obter importantes beneficios ao apropiarse da parte máis innovadora dos laboratorios do Sergas".

Privatización parcial de laboratorios en Galicia…

Comunicado en la WEB de la FADSP

Según información contrastada por la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, la Conselleria de Sanidade pretende centralizar en una empresa privada la parte de la tecnologías más avanzadas e innovadoras de los laboratorios de los Hospitales Públicos de Galicia.

Para ello ha convocado un concurso para adjudicar estas pruebas y técnicas, al que concurren 6 laboratorios privados de todo el Estado, que van a obtener importantes beneficios económicos al  apropiarse de la  parte más innovadora de los laboratorios del SERGAS y como consecuencia, los laboratorios de los hospitales públicos permanecerán de espaldas al desallorro tecnológico y quedarán limitados a realizar pruebas rutinarias y condenados a la obsolescencia. Esta medida supone  un nuevo e importante paso en la senda de la descapitalización, desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público gallego desarrollada por la Xunta de Galicia.

La AGDSP apoya la postura  de rechazo de  los jefes de servicio de los laboratorios de  los hospitales públicos de Galicia y exige a la Consellería que suspenda el Concurso antes de su resolución definitiva (retrasada probablemente por problemas de solvencia de las empresas privadas en liza) Advertimos también sobre el riesgo de que la adjudicación se conceda a empresas con presencia de algunos personajes del PP,  como ya está ocurriendo en la CCAA de Madrid. y hacemos un llamamiento a las Plataformas y organizaciones de SOS Sanidade Pública  y a los parlamentarios de la oposición, para que se lleven a cabo medidas que frenen esta nueva agresión a la sanidad pública de Galicia

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

5 de abril de 2013

Interesantes datos del estudio 'Values and Wordlviews' realizado por la Fundación BBVA

El 81% de los españoles prefiere estado de bienestar aunque se suban los impuestos

Según el estudio 'Values and Wordlviews' realizado por la Fundación BBVA, siete de cada diez reconoce que se siente "muy afectado o bastante afectado" por la crisis

EFE, MADRID.

El 81% de los españoles aboga por mantener un estado de bienestar con un amplio sistema de seguridad social, aunque suponga pagar impuestos más altos y siete de cada diez reconoce que se siente "muy afectado o bastante afectado" por la crisis económica. Según el estudio 'Values and Wordlviews' realizado por la Fundación BBVA, el 70% de los españoles encuestados percibe la crisis como "muy grave" y prácticamente el 95% considera que la responsabilidad la tienen los bancos y los políticos, y el 75% trasladan la responsabilidad a las empresas constructoras.

El estudio que recoge las percepciones de 15.000 ciudadanos de 10 países europeos y que no incluye a Portugal, Grecia e Irlanda, destaca la valoración negativa sobre el euro que tienen los europeos, aunque en España la mayoría está en desacuerdo en volver a la peseta.

Además, los españoles son los encuestados que menos se decantan por la opción de hacer recortes frente a la crisis y casi ocho de cada diez piden que crezca el gasto público en sanidad, mientras que el 69% aboga por incrementar las partidas destinada al desempleo. De hecho, dos tercios de los españoles consideran el paro como el mayor problema nacional frente al 34% que así opina la media de los países europeos analizados.

Cambio de hábitos para ahorrar

España también repunta como el país donde los ciudadanos han tenido que cambiar más sus actitudes de compra para reducir los gastos, y más del 70% reconoce que compra marcas blancas y ha disminuido sus gastos de ocio, al mismo tiempo que un 51% asegura que tuvo que recurrir a ahorros para cubrir gastos del hogar.

España, Italia y Francia creen que la responsabilidad de la crisis la tienen a partes iguales los países del Sur y del Norte, mientras que Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Alemania, responsabilizan de la coyuntura económica a los países del Sur.

Asimismo, ocho de cada diez prefiere pagar impuestos más altos pero tener un buen estado de bienestar, frente al 66,2% de la media europea estudiada. El estudio del BBVA destaca que también los españoles son los que más han participado en manifestaciones y huelgas en el último año frente al promedio europeo.

Por otra parte, los españoles son junto con los italianos los que califican más negativamente el funcionamiento de la democracia al valorarla en 3,7 puntos dentro de una escala del 0 al 10. No obstante, todos los países estudiados coinciden en que el voto es la forma principal a través de la cual el ciudadano puede influir en la acción de un gobierno.

También, la mayoría de los ciudadanos europeos encuestados cree que los políticos dedican más atención a sus propios intereses que a los de la sociedad y los españoles acentúan más esta idea que los daneses o suecos. Los médicos, científicos y maestros son los grupos profesionales mejor valorados por los españoles que además se alejan de la media europea al criticar con más ahínco el trabajo de los políticos y religiosos.

Así, desde 2005 los políticos se sitúan en el extremo de menor nivel de confianza de los europeos, y esta opinión empeora hasta 2013, donde en una escala de 0 a 10, los españoles dan un 1,5 al trabajo de estas personas. De la misma forma, España se distancia del promedio europeo por un nivel de confianza mucho más bajo en la mayoría de las instituciones, especialmente respecto al Gobierno, la banca y los sindicatos.

 

Dos de cada tres europeos defiende un sistema de salud pública

El apoyo al Estado de Bienestar es el vínculo más fuerte entre los ciudadanos del Viejo Continente

Los españoles, entre los que más exigen a las instituciones y los que más critican el capitalismo

Alba Tobella, Madrid, en El País.

¿Existe Europa? ¿Qué tienen en común los 500 millones de ciudadanos del Viejo Continente? Pese a las diferencias y tensiones entre los países de siempre que afloran en tiempos de crisis, los europeos coinciden en que confían en las administraciones públicas como garantes de la salud de la población y el control de la economía. Habrían abucheado al presidente de EE UU John F. Kennedy cuando, en 1961, declaró: "No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país", porque exigen al Estado que vele por los más desprotegidos y que asegure la igualdad, aún más en tiempos de crisis y recortes en las prestaciones públicas que disparan el descontento con los Gobiernos.

Todos por el Estado de Bienestar

Dos de cada tres europeos están de acuerdo en que es preferible una sociedad con un amplio sistema de seguridad social, aunque implique tener que pagar impuestos más altos, según un estudio realizado por la Fundación BBVA con 15.000 encuestas en 10 países entre los que no hay ningún país rescatado (en el caso de España, el rescate fue para la banca). El porcentaje se dispara en los países nórdicos (Suecia, Dinamarca y Países Bajos) y España hasta superar el 80% y llega al 75% en Francia. El Estado tendría que tener mucha importancia a la hora de proporcionar cobertura sanitaria a todos los ciudadanos para un 65% de los europeos (86% de los españoles), asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas para un 62% (85%), controlar los beneficios de los bancos para un 55% (77%) y garantizar los depósitos de los ahorradores para un 47% (70%, en el caso de España). En el otro extremo, los checos, polacos y británicos prefieren pagar menos impuestos aunque suponga tener un sistema de seguridad social más limitado.

El debate sobre austeridad o inversión pública para salir de la crisis divide a la opinión pública europea: el 39% cree en los ajustes para cuadrar las cuentas públicas, mientras el 40% piensa que hay que mantener o aumentar el gasto para estimular el crecimiento. España es el país que menos duda ante esta pregunta: un 21% aboga por el ahorro frente al 59% que preferiría inversión y casi el 20% de indecisos. En cuanto a las medidas concretas, la subida del IVA es la más impopular: los españoles la valoran con un 1,2 en una escala de 0 a 10 y la media de los europeos con un 2,3. Lo correcto sería, para los ciudadanos, limitar los ingresos de los ejecutivos de los bancos, regular más a las entidades financieras, subvencionar o incentivar la contratación de los jóvenes y aumentar los impuestos a los que más ganan.

¿Quién tiene la culpa de la crisis?

El desempleo es el principal problema de su país para los ciudadanos de todas las nacionalidades de la encuesta, excepto los daneses y los británicos, cuya principal preocupación es la economía en general (crisis, déficit y falta de crecimiento). La cantidad de ciudadanos preocupados por el paro es, sin embargo, muy distinta en función de los países: frente al 65% de españoles que creen que es el principal problema de su país, se trata del 47% en el caso de los italianos, el 46% de los franceses y el 14% de alemanes.

Pese a que todos los países perciben que la crisis económica es grave o muy grave en Europa, la recesión la zona euro no se atribuye a un único responsable: los países que la sufren en menor medida, los del Norte, creen que la culpa la tienen los del Sur. Lo piensa casi un 90% de neerlandeses, alrededor del 85% de suecos y alemanes y casi el 80% de daneses, frente al 56% de italianos y la mitad de los españoles.

Por lo que hace a instituciones políticas y económicas, los responsables de la crisis del euro son muchos, y con mucha culpa: los bancos (para un 89,5%), los políticos (89%), los Gobiernos de los países (86,5%), los dirigentes de la UE (80%), las compañías financieras (79,5), el Banco Central Europeo (75,6%), seguidos de agencias de calificación, empresas multinacionales, Fondo Monetario Internacional, empresarios... todos con mucha o bastante responsabilidad para más del 60% de encuestados. En España, donde los porcentajes son similares al resto de Europa, destacan también las empresas de la construcción para tres de cada cuatro ciudadanos.

La desafección contra el sistema capitalista ha crecido también con la crisis: "La economía de mercado es la causa de las desigualdades sociales". Los europeos defienden con un 6 esta afirmación, en una escala de 0 a 10, pese a que todos creen que la economía de mercado se sigue considerando el sistema más conveniente para los países. El paso al euro no se percibe como un cambio positivo para la economía de los países, aunque los ciudadanos no son proclives a volver a las antiguas monedas. Los ciudadanos de países que no utilizan el euro celebran el hecho de mantener sus monedas y creen que les ha permitido mantenerse al margen de la crisis. La sensación es, en general, de que Europa está enfangada, pero la vuelta atrás sería peor.

Los políticos españoles suspenden con un 1,5, los europeos, con un 3

Ante todas estas reclamaciones, las respuestas de las administraciones son más bien frustrantes. La confianza en las instituciones es baja en Europa e inferior en España. Se salvan las universidades: los españoles confían en ellas (7 sobre 10) y los europeos también (6,5). En la media del continente aprueban también el ejército, los tribunales de cada país, las empresas nacionales, las asociaciones ecologistas, la ONU y las ONG. En España, ninguna más. Sindicatos, Gobierno, bancos y partidos políticos están por debajo del 3. Los políticos como profesionales, suspenden con un 1,5 en España y un 3 en la UE. Aunque los están mal valorados desde 2005, a partir de 2009 su valoración ha caído en picado.

La democracia también suspende en el conjunto de países europeos, con un 4,9 sobre 10. Dinamarca y Suecia tienen la percepción más alta de este sistema, mientras España e Italia tienen la más baja. El voto se sigue percibiendo, sin embargo, como la principal herramienta de participación en la vida pública del país. Los europeos están bastante de acuerdo con la frase "la gente como yo no tiene influencia real en las decisiones políticas" (en un 6,5 en una escala de 0 a 10).  La afiliación a los partidos políticos es muy baja en todos los países. Se constata, además, que a más edad, más simpatía con estas formaciones, mientras los jóvenes no se identifican con ellas.

La crisis nos saca a la calle

Dinamarca, Suecia y Países Bajos, seguidos de Alemania, son los países donde los ciudadanos tienen una apreciación más alta de la esfera pública –son más participativos y leen más periódicos–, frente a España e Italia. Todos afirman estar interesados en la información tanto internacional, como europea como local (entre 6 y 7 en una escala de 0 a 10), aunque a la hora de leer los periódicos, la diferencia es abismal: un 72% de los suecos leen la prensa –en internet o papel– al menos una vez al día, frente al 31% de los españoles –un 34% declara no leerla casi nunca–.

A pesar de que estas características son duraderas en la cultura de los distintos países, la coyuntura actual modifica algunos comportamientos, como la participación ciudadana en manifestaciones y peticiones. Un 21% de italianos y españoles ha participado en alguna movilización contra la crisis económica en los últimos 12 meses, frente al 3,5% de los suecos, y el 17% y el 15%, respectivamente, en alguna protesta contra la gestión del Gobierno o la situación política. La firma de peticiones en campañas es la forma de participación más habitual, un 24% de los europeos lo han hecho en el último año.