CONTRARREFORMA NO

Empieza el ¿debate? de una cuestión crucial: la nueva cartera de servicios del S.N.S

Mato convoca el próximo Consejo Interterritorial del SNS el 3 de octubre

TOLEDO, 18 Sep. EUROPA PRESS

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) se celebrará el próximo 3 de octubre y durante la cita se trabajará en una "primera aproximación" de lo que será la nueva cartera de servicios del SNS para toda España, que están estudiando todas las comunidades autónomas.

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha y secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ha avanzado este martes que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, le ha anunciado "esta mañana" que el Consejo Interterritorial se va a convocar el día 3 para "iniciar los trabajos" de lo que será la nueva cartera de servicios del SNS.

En rueda de prensa en Toledo y preguntado por si de esa lista quedarán excluidas o no las mamografías, Echániz ha advertido de que la cartera del SNS "comprende centenares de pruebas diagnósticas y terapéuticas, y hay que ir revisando cada una" y que las mamografías "se abordarán como el resto de pruebas".

"A mí me parece magnífico el diagnóstico precoz de patologías prevalentes como el cáncer de mama", ha destacado el consejero, quien ha incidido en que la intención es "mantener el máximo de servicios de la cartera pública" y "con el menor coste para los ciudadanos".

José Ignacio Echániz ha insistido en que en estos momentos hay que "ser eficaces y extender las prestaciones al mayor número de personas posible", y ha recordado que la decisión sobre qué servicios integrarán la cartera del SNS --a la que Castilla-La Macha aportará sus "opiniones"-- es "nacional".

Recordamos la nota pública de la FADSP del pasado 7 de septiembre de 2012 con relación a esta cuestión:

Ante las noticias de que el Ministerio de Sanidad pretende revisar la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud para pasar algunos de ellos a la denominada Cartera Accesoria -no gratuita- por  no considerarlos esenciales la FADSP quiere puntualizar

1.- Nuestro rechazo a la disminución de las prestaciones sanitarias por motivos económicos  según propone  la ministra Mato, una cartera básica de servicios mínimos para toda la población y otra accesoria que incluiría la rehabilitación funcional ( imprescindible, especialmente en trabajadores manuales) las pruebas para detectar o prevenir enfermedades ( rechazables en todo el sistema de demostrarse ineficaces, como ocurre con algunos programas actuales) los tratamientos de fertilidad (de modo que solo podrían tener niños las parejas ricas con problemas de infertilidad)  la selección genética ( solo tendrían hijos sanos las personas de renta alta) o los implantes oftalmológicos  (como si el sentido de la vista no fuera un bien para toda la población)

2.- Recordamos que la FADSP ya ha advertido en múltiples publicaciones de la necesidad de incrementar la racionalidad del sistema centrando el ahorro en las prestaciones innecesarias  y perjudiciales  que pueden suponer en torno a un 30% del gasto sanitario público actual, pero eso solo puede hacerse mediante una evaluación rigurosa basada en la evidencia científica y con el consenso de ciudadanos y profesionales.

3.- La anulación de la financiación pública de una gran parte de las prestaciones cubiertas en la actualidad únicamente refleja el apoyo del gobierno conservador de Rajoy a los intereses de las empresas aseguradoras que verán incrementados sus beneficios de forma exponencial, porque la existencia de una sanidad con cobertura universal frenaba su desarrollo.

4.- Denunciamos una vez más que los recortes van dirigidos a los ciudadanos con menos ingresos y menor capacidad de influencia, con el objetivo prioritario del gobierno popular de suprimir la universalidad de la asistencia,  transformando el SNS en un sistema basado en el aseguramiento y en una atención discrecional, según edad, renta y  situación laboral.

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

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Respondiendo en el pleno de la JGPA a una pregunta del diputado de UPyD, Ignacio Prendes, entre otras

Asturias sopesa hacerse cargo de los fármacos de los 'sin papeles'

El consejero Faustino Blanco insiste en que «no es momento de huelgas, sino de generar consensos» y achaca a Foro «parte de la responsabilidad

Foto: El diputado socialista José María Pérez debate con el consejero de Sanidad, antes de su intervención ante el Pleno

14.09.12 - L. FONSECA / J. FERNÁNDEZ | GIJÓN, en El Comercio.

Asturias sopesa hacerse cargo del coste de los fármacos que sean prescritos a los inmigrantes sin regularizar, colectivo que desde el día 1 de septiembre y por efecto de la reforma sanitaria de Rajoy, queda excluido de la atención ordinaria. El anuncio fue realizado ayer en la Junta General por el consejero de Sanidad. Faustino Blanco, que cifró entre 200.000 y 300.000 euros la factura farmacéutica de los 'sin papeles', respondía así a una pregunta del diputado de UPyD, Ignacio Prendes. Según indicó en declaraciones a los medios, se trataría de atender parte de aquella prescripción que se hace por receta blanca ya que la ley impide la prescripción documentada en esos casos. «Son medicamentos asumibles», abundó. Por otra parte, Blanco salió al paso de las críticas realizadas por el diputado de Foro Asturias, Albano Longo, que acusó al Principado de incrementar el déficit sanitario. «No llegamos como un bulldozer a reventar el sistema», indicó para concluir diciendo que «la situación es muy crítica y ustedes tienen parte de la responsabilidad en el déficit actual».

El consejero de Sanidad insistió ayer en el mensaje mantenido en los últimos días: «No es el momento de huelgas, sino de generar consensos», indicó. Blanco fue recibido en la Junta por una fuerte pitada de los sindicatos sanitarios cuyos delegados llevan 16 días encerrados en el Sespa en protesta por la nueva jornada. Por su parte, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, pidió al Principado que hiciera un esfuerzo de negociación y de diálogo.

Unidades oncológicas

Por otra parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer que planteará mejoras en las unidades de Oncología, con especial atención a la Oncología Pediátrica, para ofrecer una atención multidisciplinar.

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Cada día una consecuencia negativa nueva entre los más vulnerables que, claro está, son los que menos preocupan al PP

Sanidad obliga a las familias de niños en acogida a pagar el 40% de la medicación

Las familias se han enterado al acudir al médico o a la farmacia

CC OO denuncia que la Administración no informó de este efecto del decreto de copago

Neus Caballer, Valencia, 13 SEP 2012, en El País.

Desde el 1 de septiembre las familias con niños en acogida se están haciendo cargo del copago de cada receta, que ahora les cuesta un 40% del precio de mercado. Hasta el 31 de agosto los menores tutelados en acogimiento familiar figuraban en una situación similar a la consideración de “pensionistas” en su tarjeta sanitaria, con lo cual la medicación era gratuita. Desde la entrada en vigor del decreto de copago sanitario, esta situación ha cambiado y pasan a figurar en situación de activo, con lo cual deben financiar casi la mitad de la medicación. Las familias se han enterado al acudir al médico o a la farmacia.

Únicamente, quedarían cubiertos los gastos de muy pocos menores en situación de dependencia con un certificado de minusvalía igual o superior al 65%, incluidos en la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusvalidos).

“Muchos de estos menores están en situación de tutela por abandonos familiares, conflictos de pareja y otras situaciones muy complicadas derivadas de la convivencia en sus familias de origen”, advierte la federación de Enseñanza de CC OO en el País Valenciano, que sostiene que “bastantes menores en esta situación tienen problemas de salud o discapacidades”.

El sindicato denuncia la situación de “vulnerabilidad en la que se han quedado muchos sectores de población”, no solo en la Comunidad Valenciana sino en el resto de España, según fuentes de CC OO, que consideran que el Gobierno ha cruzado la línea de la “dejadez y la inoperancia”, ya que “los menores acogidos por familias que prestan un servicio voluntario, sensibilizadas con dichas situaciones y cuya contraprestación es básicamente, ninguna".

Estas familias solo reciben una cantidad para los gastos de mantenimiento de cada menor, que difícilmente asume todos los gastos generados. Y, en concreto, en la Comunidad Valenciana, “esta cantidad ha sufrido retrasos de muchos meses y las familias han de adelantar y completar los costes económicos de su mantenimiento”.

CC OO considera que “es inexplicable la imprevisión por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Generalitat Valenciana a través de la Consejería de Bienestar Social”.

“O bien no han previsto esta y otras situaciones en el Real Decreto o, desean que las familias que de manera altruista colaboran para mejorar la situación de los menores, sean las que asuman el coste”, advierte el sindicato.

El sindicato exige “responsabilidades", ya que las familias y los técnicos responsables de seguimiento y asesoramiento no han sido avisados por parte de la dirección general del Menor, de esta situación y no se ha tenido la deferencia de explicarlo y buscar una solución.

Con un previsible aumento de los nuevos casos de hasta el 20%

Hasta 50 muertes más por VIH tras la retirada de la tarjeta a 'sin papeles' en el primer año

Aseguran que Sanidad sólo ahorrará la mitad de lo previsto y, a partir del segundo año, la medida saldrá "cara"

MADRID, EUROPA PRESS

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) advierte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de que retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares puede dejar sin tratamiento a hasta 3.200 pacientes con VIH que actualmente tenían controlada la enfermedad, lo que causará un aumento de hasta un 20 por ciento de nuevos casos y entre 27 y 50 muertes sólo en el primer año de su entrada en vigor.

Así lo han asegurado tras presentar los resultados de un estudio del Grupo de Estudio del Sida (GESIDA) de esta sociedad científica para conocer el impacto sanitario y económico que tendrá esta medida, sobre la que han reconocido "no saber todavía cómo se va a aplicar en la práctica".

El estudio ha tenido en cuenta los datos de prevalencia del VIH en España y las cifras del padrón para calcular que podría haber actualmente entre 4.000 y 4.600 inmigrantes irregulares con VIH, de los cuales entre 1.800 y 3.220 tendrían la enfermedad ya diagnosticada y estarían en tratamiento.

Aunque las nuevas terapias permiten cronificar la enfermedad, si el tratamiento se retira, según ha explicado el médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid y uno de los autores del estudio, Federico Pulido, "la enfermedad es mortal en un plazo medio".

"La medida va a suponer la muerte de personas", ha aseverado este experto, y en sólo el primer año de la retirada de la tarjeta sanitaria se podrían registrar entre 27 y 50 fallecimientos. Este experto ha explicado que los cálculos se han hecho "a la baja" y "sin querer generar alarmismos", aunque admite que "los datos son alarmantes".

Además, también aumentarán las complicaciones en quienes sobrevivan, que volverán a una situación que "ya era pasada", la que vivieron los infectados por el VIH en los años 80 y 90 hasta que salieron al mercado los antirretrovirales actuales.

El estudio también constata que se puede producir un aumento de las infecciones de entre un 10 y un 20 por ciento cada año, entre 324 y 580 nuevos casos, y no sólo entre el colectivo de inmigrantes sino en todos los ciudadanos ya que, como ha reconocido el doctor José Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también autor del estudio, "el virus no entiende de raza ni fronteras".

Pero además de este impacto sanitario, los autores del estudio también han apuntado que el ahorro que se pretende conseguir con esta medida no será tal y, después de varios años, podría incluso revertirse y salir "caro" al Sistema Nacional de Salud (SNS).

"SALE MÁS CARO NO TRATAR"

"Sale más caro no tratar", ha explicado el doctor Pulido, que ha cuantificado en 12 a 21 millones al año el ahorro directo que se conseguiría al dejar de atender a estos pacientes.

Sin embargo, los ingresos hospitalarios por complicaciones y los fallecimientos que ocasionará la medida costarán al sistema entre 6,5 y 11,7 millones de euros, por lo que el supuesto ahorro "se vería reducido a la mitad sólo en el primer año después de entrar en vigor".

El problema, ha añadido este experto, es que el aumento de complicaciones y nuevas infecciones será progresivo y "se multiplicará a partir del segundo año", por lo que "en tres años no habrá ya ahorro y sólo generará más costes", ha vaticinado.

No obstante, los expertos se han mostrado cautos porque, pese a haber entrado la norma en vigor el pasado 1 de septiembre, hasta el momento reconocen que los pacientes "están siendo atendidos con normalidad y todavía no se les ha negado el tratamiento".

Sin embargo, y como ha explicado el secretario de GESIDA, Juan Berenguer, los médicos no están siendo informados de los cambios que se puedan producir, qué pasará con los nuevos diagnósticos a partir de septiembre o si se les cobrará a estos pacientes o no, lo que condicionará la medida en que estas cifras se hagan realidad. "Lo único seguro es el Real Decreto que está publicado en el BOE", ha lamentado.

Mañana jueves 13, a las 20h

En “el local cambalache” – C/ Martínez Vigil, 30-bajo de Oviedo.

Mesa redonda: Experiencias de lucha contra el recorte sanitario.

Con la participación de la "Plataforma yo SÍ Sanidad Universal" (Madrid) y organizaciones asturianas.

“El pasado día 1 entró en vigor la reforma sanitaria que, entre otros recortes, deja a la población inmigrante sin papeles en una situación aún más precaria para sus vidas y su salud. Sin embargo, los recortes sanitarios no comenzaron este mes. Las políticas de privatización del Sistema Sanitario en el Estado español llevan ya un largo recorrido que deja sin cobertura a un número cada vez mayor de personas. Pero ni las políticas de privatización ni su desarrollo han sido las mismas en todos los sitios; tampoco la respuesta social. Para debatir sobre ello y escuchar diferentes experiencias, tanto en Madrid como en Asturies, proponemos esta mesa de encuentro con diferentes colectivos que trabajan con personas inmigrantes.”

¿Quiénes son la "Plataforma yo SÍ Sanidad Universal"?...

Presentación en su propia WEB:

Bajo el lema "Yo SÍ, sanidad universal" una serie de usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS) estamos organizando una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias.

El modelo anterior era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, sólo las personas "aseguradas" podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones "básicas".

Estamos desarrollando líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales al RD y para organizar, sostener y proteger la desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria. ¡Queremos una sanidad pública, de tod@s, para tod@s!

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No estamos hablando de un remoto país del tercer mundo, está ocurriendo aquí

“Si cierran, moriré en la calle”

Una deuda del Consell de más de 400.000 euros provocará la clausura del único centro para enfermos terminales de Sida

Ezequiel Moltó, Alicante, en El País.

Canor de 37 años y de Guinea Ecuatorial descubrió que era portador del VIH cuando llegó a España. Ahora vive en la Casa Véritas de Alicante, que gestiona Cáritas. Se trata del único centro que atiende a seropositivos en toda la Comunidad Valenciana, pero está apunto de cerrar porque la Generalitat no les paga desde hace dos años, y la deuda supera los 400.000 euros, y a final de año será de 600.000. “Para mí sería un golpe muy duro, no tengo donde ir y moriré en la calle”, admite resignado.

Asunción Torrente, de 53 años, también confiesa que estar aquí “me permite luchar contra la enfermedad, cada día me tomo 25 pastillas, y estoy controlada”. Ella cogió el Sida en 1996, y lleva tres años en Casa Véritas.

Una compañera, Elena, contrajo la enfermedad a los 16 años, y conoce ya en sus carnes qué se siente cuando un centro de estas características cierra sus puertas. Ella estaba en el Mas al Vent, en Valencia, pero por los impagos de la Generalitat cerró en marzo pasado. “Tuve la suerte de venir aquí, estamos controlados y cuidados, y si ahora cierran a mí me hunden, no estoy preparada para vivir en la calle”, asegura.

Rosa Prieto, directora técnica del programa VIH-Sida Véritas, recalca que son enfermos en grave situación de exclusión social y en una fase terminal de la enfermedad. “Intentamos que recuperen la dignidad, y les ayudamos a morir”, admite la responsable de este centro que desde 2001 gestiona Cáritas Diocesanas, y que ahora está malviviendo gracias a las pólizas de crédito pero “pagamos muchos intereses, y la subvención del Obispado no es suficiente”, admite.

La Casa Véritas dispone de 14 plazas para enfermos terminales y cuatro en un piso de acogida de enfermos que están mejor, y la lista de espera para entrar supera las 20 solicitudes.

“Si cerramos muchos de ellos acabarán muriendo en la calle, no les atienden en ningún sitio”, asegura abatida Prieto. Y es la mayoría de ellos son inmigrantes subsaharianos a los que detectaron la enfermedad en una fase muy avanzada.

Uno de ellos, además del Sida tiene cáncer y se está sometiendo a sesiones de quimioterapia en el hospital, el problema ahora es que la semana pasada le retiraron la tarjeta sanitaria. Los servicios jurídicos de Cáritas en España han presentado una reclamación y está en vías de solución.

El drama en el que viven estos enfermos ha movilizado a Esquerra Unida. Su diputada en las Cortes Valencianas, Esther López, ha presentado una proposición no de le Ley en la que insta al Consell a que “pague urgentemente” su deuda. Y el concejal en el Ayuntamiento de Alicante, Rogelio González, llevará al Pleno una declaración institucional exigiendo que Casa Veritas siga abierta.

Para hacer un especial seguimiento de los trabajos de los “expertos”

Faustino Blanco: «La propuesta de retirar las mamografías me escandaliza»

08.09.12 - L. F. / J. F. | GIJÓN, en El Comercio.

«La propuesta de retirar prestaciones como las mamografías me escandaliza». El consejero de Sanidad no se anduvo ayer por las ramas y criticó duramente a los consejeros y responsables sanitarios que plantean la retirada de servicios altamente demandados en la sanidad pública. A Faustino Blanco, este tipo de reflexiones le escandalizan porque, cree, «obedecen a un modelo ideológico que nada tiene que ver con el modelo de que defiende el Gobierno asturiano», afirmó.

Blanco entiende que quienes obligaron a establecer el copago e intentan retirar prestaciones de la cartera básica de servicios quieren trasladar al sector privado una parte de la actividad. «Nosotros no podemos compartir eso de ninguna manera», aseguró el consejero, que explicó además que si alguien entiende que la cartera actual de servicios es innecesaria o poco justificada «debe discutirlo en un ámbito sosegado, profesional, con un análisis de coste eficacia, de oportunidades y basándose en la evidencia científica».

El titular de Sanidad salía así al paso de un nuevo ajuste que el Gobierno central sopesa para la cartera básica de servicios sanitarios y que afectaría a los tratamientos de fertilidad, cribados, rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, genética e implantes oftalmológicos. En el plazo de un mes, un grupo de expertos designado por la ministra Ana Mato, tendrá que emitir su veredicto.

¿Desmentido?...

El Gobierno está revisando los servicios de la sanidad pública con «el rigor de expertos»

Madrid / Gijón, Efe / C. J., en La Nueva España

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo de Rajoy está revisando la cartera de servicios de la sanidad pública con «el rigor de expertos», que analizan qué tipos de diagnósticos y tratamientos pueden garantizar «un sistema sanitario de calidad».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Vicepresidenta calificó de «especulaciones» algunas informaciones que hablaban de retirar la financiación pública a las mamografías, un asunto de especial «sensibilidad» para las mujeres. Sáenz de Santamaría pidió «rigor» a quienes generan este tipo de «alarmas» que «no parten del Ministerio de Sanidad».

Entre tanto, el consejero asturiano de Sanidad, Faustino Blanco, manifestó que lo «escandalizan» algunas reflexiones en relación con los recortes de prestaciones. «Detrás de todo eso hay un modelo ideológico que nada tiene que ver con el que defiende el Gobierno asturiano», subrayó.

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La OMC considera que se debe revisar la cartera de prestaciones desde el consenso porque eso no supone, necesariamente, recortar servicios, sino sobre todo precisar cómo se prestan para evitar, por ejemplo, duplicidades de pruebas (¡ ?) ¡¡OJALÁ SEA ASÍ!!

La OMC ve margen para revisar la cartera de servicios, pero pide consenso

Rodríguez Sendín aboga por revisar la aplicación de algunas prestaciones

Santander, Efe

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, sostiene que hay «margen» para revisar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y «reconducir» algunas prestaciones, pero subrayó que se trata de un debate que precisará de un «alto consenso».

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Rodríguez Sendín advirtió que revisar no es necesariamente recortar servicios, sino sobre todo precisar cómo se prestan para evitar, por ejemplo, duplicidades de pruebas.

«Nadie ha hablado de recorte, sino de precisión en la aplicación de la cartera y de hacer lo necesario», enfatizó en respuesta a las informaciones que apuntan a una revisión de la cartera de servicios en el Sistema Nacional de Salud.

A juicio del presidente de los colegios de médicos, hay que dejar claro qué es «lo sustancial, lo importante, lo necesario y lo básico», para poder garantizarlo a todos los usuarios del sistema. De lo contrario, el «derroche» puede perjudicar «al que venga detrás». «Hay que hacer lo que es necesario, nada más», indicó.

Rodríguez Sendín precisó que ya hay algunas prestaciones, como las dentales, que no quedan cubiertas en la sanidad pública, y considera que «probablemente» habría que revisar otras; sobre todo, la forma de aplicarlas. Sin embargo, declinó citar ejemplos concretos.

El presidente de la OMC abogó por mantener la calidad de la atención sanitaria y alertó de las consecuencias que puede acarrear la reducción de los recursos destinados a este ámbito. Según Sendín, con una reducción del presupuesto sanitario al nivel de hace ocho o nueve años, dejándolo en el 5,1 por ciento del PIB, «es imposible mantener la calidad actual de las prestaciones».

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