CONTRARREFORMA NO

Los siguientes recortes en el sistema sanitario: la cartera de servicios

Sanidad estudia excluir de la cartera básica algunas prestaciones

El Ministerio que dirige Ana Mato va a convocar a grupos de expertos para analizar posibles exclusiones de servicios que podrían dejar de ser gratuitos, según la Cadena SER

El País, Madrid.

El Ministerio de Sanidad tiene previsto convocar a lo largo de este mes de septiembre a cinco grupos de expertos para revisar la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y estudiar posibles nuevos recortes en prestaciones sanitarias tales como la rehabilitación funcional, las pruebas para detectar o prevenir enfermedades, la selección genética, los tratamientos de fertilidad o los implantes oftalmológicos, según informa hoy la Cadena SER.

El objetivo de estos encuentros es, según el documento al que ha tenido acceso la SER, determinar si algunos de esos servicios deben pasar a la cartera accesoria al no considerarse esenciales. En la cartera accesoria están incluidas las prestaciones sanitarias sometidas al copago.

Algunas comunidades han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta revisión pueda afectar a pruebas tan sensibles como las mamografías o las de diagnóstico prenatal o neonatal.

El citado informe señala también como motivo de exclusión el que algunos de esos servicios hayan quedado obsoletos o la necesidad de modificar sus condiciones de uso o protocolizar determinadas actuaciones.

Los cinco grupos de expertos estarán formados por profesionales designados por las comunidades y el Ministerio; también participarán sociedades científicas y agencias de evaluación.

Comunicado del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina adhiriéndose al derecho a atender a los inmigrantes ilegales

El CEEM se suma a la Campaña "Derecho a curar" de Médicos del Mundo y SEMFyC

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, CEEM, señala en un comunicado que, en cumplimiento de su deber como representante de los futuros médicos, defensor de la educación y la sanidad públicas y concienciado con la promoción de la salud, se adhiere a la campaña "Derecho a curar", iniciada por Médicos del Mundo y SEMFYC, en pro de la asistencia a los sin papeles.

Madrid, 04/09/2012, en Acta Sanitaria

El CEEM se suma a la Campaña "Derecho a curar" de Médicos del Mundo y SEMFyCSegún CEEM, introducir el concepto de asegurado dentro del Sistema desvirtúa el mismo y elimina la universalidad que siempre le ha caracterizado. Asimismo, limitar la asistencia sanitaria de un colectivo como es la población inmigrante en situación irregular, no sólo atenta contra la moral y conciencia del profesional, sino que también es una medida poco segura en lo relativo a la salud pública y no está basada en ningún tipo de evidencia científico económica.

El Consejo de estudiantes considera que el profesional sanitario ha de atenerse, además de a la propia regulación de la profesión y al derecho sanitario, a una serie de valores y actitudes propias de su profesión, marcadas por el Código Deontológico, y que implican un importante compromiso y responsabilidad sociales.

El colectivo cita finalmente el artículo 5 del Código de Deontología Médica, donde se expone que "la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. El médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna".

La Consejería estudia alguna fórmula más sostenible para la prestación farmacéutica porque “ es un tema no resuelto satisfactoriamente

Los inmigrantes irregulares tendrán un código que les permitirá ser atendidos

De esta forma podrán estar registrados en el sistema, quedar adscritos a un enfermero en su centro de salud y recibir asistencia como hasta ahora

EFE

Los inmigrantes irregulares residentes en Asturias pueden contar con un código de identificación asignado a cada uno al no tener tarjeta sanitaria, para que puedan estar registrados en el sistema, quedar adscritos a un enfermero en su centro de salud y recibir asistencia como hasta ahora.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, tras una reunión en la Consejería con colectivos sociales para tratar sobre la atención a los inmigrantes irregulares que, según leyes estatales "de dudosa constitucionalidad", con la entrada del mes les dejarían fuera de la cobertura sanitaria pública.

Los inmigrantes sin tarjeta sanitaria tienen que acudir a su centro de salud y solicitar su inscripción en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres), en el que está el resto de los residentes en la comunidad autónoma.

Respecto a la prestación farmacéutica, dado que no puede ser utilizada la vía ordinaria, Blanco ha explicado que se hará mediante el papel blanco normalizado conocido como "receta blanca", que ya se usa para los tratamientos de algunos pacientes que no están cubiertos.

Esto mientras la Consejería estudia alguna fórmula más sostenible, porque, ha reconocido Blanco, "la prestación farmacéutica es un tema no resuelto satisfactoriamente".

Confía el consejero en que, de momento, las ONG sigan ayudando para que los inmigrantes irregulares no se queden fuera de la prestación farmacéutica.

Patricio Suárez, representante de Médicos del Mundo, ha indicado que la Consejería se ha comprometido a tener una fórmula alternativa en un mes o poco más de lapso.

Suárez ha señalado que las ONG creen que no deben ser las que carguen con la atención a quienes se quedan fuera del sistema, como hacían antes de 2000 cuando la sanidad no era universal.

Así, Suárez ha lamentado que el real decreto ley que lleva a los inmigrantes irregulares a quedar fuera del sistema supone un ataque a la universalidad de la atención sanitaria que abre el camino para cambiar el modelo a uno asistencial y puede afectar luego a otros colectivos.

Blanco ha recordado que no debe confundirse la atención a inmigrantes irregulares con el turismo sanitario, por su menor incidencia.

Ha señalado que el 87 % de ellos son menores de 45 años y sólo el 1,8 % mayores de 65 años y que es un segmento de población joven, sin enfermedades y que apenas supone un gasto de 1,6 millones de euros anuales en Asturias.

Blanco desconfía de la constitucionalidad de la norma estatal y atisba que así se aprecia incluso en comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León.

Representantes de la Sociedad Asturiana de Médicos de Familia y de la asociación Asturias Acoge han destacado tras la reunión su satisfacción al ver que en la región "nadie queda al margen del sistema sanitario público".

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Medio millar de personas se concentran en Madrid y forman una cadena humana ante el Hospital Gregorio Marañon, clamando por una sanidad

Jornada de protestas por la retirada de la sanidad a los ’sin papeles’

"No son recortes, es xenofobia", corean

EDUARDO MURIEL / AGENCIAS, MADRID, en Publico.es

Centenares de personas (al menos, medio millar, según los convocantes) se han concentrado a mediodía este sábado en Madrid, frente al Hospital Greogorio Marañon, para reclamar "Sanidad para todos", y en  protesta por la entrada en vigor de la norma que deja sin tarjeta sanitaria a decenas de miles de inmigrantes sin papeles, una decisión que han calificado de "apartheid sanitario" y de "xenófoba".

La concentración estaba convocada por la Red por el Derecho a Tener Derecho, que aglutina a una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos. Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, han coreado proclamas como "No son recortes, es xenofobia", "Ningún ser humano es ilegal" o "Partido Popular, Ku Klus Klan", al tiempo que han pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También han portado pancartas en las que se podía leer "No a las medidas discriminatorias y racistas" o "Recortes en Sanidad = muerte".

El acto principal de la concentración ha sido una cadena humana formada por los asistentes, que cogidos de la mano, han rodeado centro hospitalario.

"No son recortes, son ejecuciones"

Mientras se gritaba "no son recortes, son ejecuciones", los asistentes han escenificado la supuesta desatención que van a sufrir a partir de ahora cayendo desfallecidos en el suelo, con la música de fondo de una ambulancia que nunca llegaba. Finalmente, han rodeado el hospital unidos por sus manos.

En la calle Doctor Esquerdo, donde se ha desarrollado la concentración, el tráfico se ha visto interrumpido varias veces, por lo que los agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a exigir a la gente que desalojara la vía, especialmente ante la imposibilidad de las ambulancias de acceder al centro sanitario. Al mismo tiempo, los organizadores han pedido a los indocumentados que obedecieran sus órdenes dado el peligro de que si tenían conflictos con los agentes pudieran ser expulsados del país.

Yoro, de 22 años y procedente de Gambia, ha querido hablar en nombre de su mejor amigo, que padece cáncer de hígado y que no tiene papeles, ante el temor de que se quede sin tratamiento. "Vamos a morir si no nos atienden, el Gobierno tiene que rectificar, no puede abandonarnos a nuestra suerte porque no tenemos dinero para pagar los tratamientos", ha declarado este joven a Efe.

Un inmigrante senegalés de 30 años, de nombre Fallou, rodeado de un grupo de amigos indocumentados y sin trabajo, ha pedido a las autoridades sanitarias que no les dejen "tirados" porque han llegado a España buscando "una situación mejor" y no tienen "a donde ir". "Si tenemos enfermedades infecciosas y no nos tratan, al final se va a contagiar más gente y el problema va a ser peor", ha aseverado, para agregar que cuando lleguen a urgencias "lo mismo es demasiado tarde".

Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, ha exigido al Ejecutivo la derogación del decreto porque vulnera el derecho a la salud, además de advertir de que "se van a colapsar las urgencias" ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando "gasto en lugar de ahorro". Para este médico, las personas con enfermedades graves quedarán abocadas a una posible muerte mientras que las que tienen infecciones llegarán tarde a las urgencias, con el consiguiente daño para la salud de la población general.

Apoyo de diputados del PSOE y de IU

A la protesta se ha sumado la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del PSOE, Marisol Pérez, quien ha solicitado al Ejecutivo que "rectifique" y ponga fin a este "apartheid sanitario", que ha tachado de "cruel, inhumano e ineficaz", ya que, a su juicio, no reportará ningún beneficio económico a la Sanidad pública.

Diputados de IU en la Asamblea de Madrid, como el portavoz de Inmigración, Mauricio Valiente, han denunciado que "se va a privar a una parte de la población que vive en el Estado Español de un derecho humano fundamental". Ambos dirigentes políticos se han referido a que el Gobierno debe tomar nota de la "rebeldía" de las comunidades autónomas ante esta decisión, incluidas algunas gobernadas por el PP, y devolver a la Sanidad pública su carácter de "universal y gratuita".

Movilizaciones en otras ciudades

Este acto de protesta, al que se han sumado otros en diversas ciudades de España, representa el comienzo de una campaña en defensa del derecho a la salud de los inmigrantes "sin papeles" con la que esperan conseguir que Sanidad anule este decreto aprobado en abril. Para el sábado estaban convocadas concentraciones en otras ciudades como Valencia, Burgos, Lanzarote,  y Las Palmas de Gran Canaria.

El día 13 de septiembre hay convocada además una acampada en los alrededores del Hospital La Paz (Madrid) en la que están involucrados tanto los colectivos de inmigrantes como el personal sanitario de la región. No obstante, las entidades afirman que se producirán más convocatorias, ya que "la lucha va a ser muy larga".

Entrevista en El Comercio al presidente nacional de Médicos del Mundo

«La reforma sanitaria nos pone a la altura de países como Chipre o Estonia»

Álvaro González Facultativo en el Hospital Central de Asturias, es el presidente nacional de Médicos del Mundo

Foto: Álvaro González, en un momento de la entrevista en el HUCA.

01.09.12 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

Varios médicos, con sus dedos cruzados tras la espalda, juran ante la cámara que no recetarán medicamentos para el sida a quien no pague a la Seguridad Social; que no utilizarán instalaciones del Estado para atender inmigrantes ’sin papeles’, o que se saltarán los derechos humanos para ahorrar en sanidad. A continuación aclaran que en realidad están mintiendo (muestran sus dedos cruzados) y que lo que sí juran es que serán objetores a la prohibición de atender extranjeros sin regularizar, como exige la reforma sanitaria a partir de hoy, 1 de septiembre. El relato anterior forma parte del spot ’Derecho a curar’ que ha realizado la organización Médicos del Mundo que preside el asturiano Álvaro González, de 41 años, para movilizar conciencias contra la reforma sanitaria. La campaña ha tenido un gran éxito dentro y fuera de España, dice. González trabaja como médico en el Hospital Central de Asturias (HUCA) y preside Médicos del Mundo desde hace dos años.

-¿En qué consiste la campaña?

-Tenemos que darnos cuenta de que la reforma sanitaria destruye el derecho universal a la salud y convierte al sistema sanitario en un modelo de aseguramiento. Es sencillo: si tienes trabajo y pagas, tienes atención sanitaria, si no, quedas fuera.

-¿Cuáles pueden ser sus efectos?

-En materia de salud, tremendos.

-El Ministerio de Sanidad dice que reducirá el gasto sanitario.

-Es mentira. La reforma sanitaria y, en particular, la exclusión de los inmigrantes sin regularizar está basada en mitos. Los inmigrantes no son los que más usan el sistema sanitario sino los españoles. Los extranjeros que vienen a trabajar son personas jóvenes y con buena salud, por tanto, no vienen a usar los hospitales de forma premeditada.

-¿Y el llamado turismo sanitario?

-Esa es otra cuestión. Han querido mezclar las dos cosas de forma intencionada. La factura del turismo sanitario en España fue, según el propio gobierno, de 900 millones de euros en 2011. Quienes generan ese gasto son personas europeas que sí tienen convenios con España. Lo que debería hacer Sanidad es pasar la factura a esos países, que es lo que no es capaz ni de hacer ni de resolver.

-¿Cómo va la campaña de objeción?

-Ha tenido un gran impacto. Estamos desbordados. Incluso nos han llamado de medios de comunicación de Bolivia y Ecuador para preguntarnos por la medida.

-Piden a los médicos que se declaren objetores al decreto, ¿por qué?

-Todo esto surgió un poco para apoyar la medida que sacó en julio la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). Queremos movilizar conciencias y que nos demos cuenta de que la sanidad tal y como la conocemos va a desaparecer.

-¿Qué va a pasar a partir de ahora?

-Es una buena pregunta porque nadie lo sabe, ni siquiera el propio ministerio. El decreto dice que sólo se dará atención sanitaria normalizada a embarazadas y niños. Luego salieron a rectificar e incluyeron a los enfermos crónicos. Sinceramente no sé qué va a pasar. Asturias y otras comunidades han dicho que continuarán atendiendo a este colectivo, pero no han aclarado muy bien cómo.

-¿Qué consecuencias sanitarias puede traer la decisión de excluir a los inmigrantes ’sin papeles’?

-Es algo aberrante y va a traer consecuencias serias de salud pública.

«Van a quedar tirados»

-¿No cree que el decreto pone a los inmigrantes en el disparadero?

-Completamente. Quieren dar la visión errónea de que el inmigrante viene a quitarte lo que es tuyo. Este país se ha beneficiado de la llegada de inmigración, que contribuyó a aumentar las tasas de natalidad y a que este país creciera económicamente. Además, los inmigrantes sí que pagan impuestos, al menos los indirectos. Desde luego, la crisis no la han generado los inmigrantes.

-Pero alguien dirá que en tiempo de crisis hay que tomar medidas excepcionales.

-Sí, pero en la crisis no vale todo.

-¿Pueden los médicos negarse a aplicar una ley?

-Los servicios jurídicos de la Semfyc lo han estudiado y dicen que el juramento hipocrático nos obliga a atender a las personas al margen de su situación legal en el país.

-¿Algún ejemplo de lo que podrá pasar desde hoy?

-Una persona que esté recibiendo diálisis el viernes ya no podrá ir a la sesión del lunes. Si eres enfermo de VIH te quedas sin tratamiento. Es muy fuerte. Además, hay que pensar que no sólo estamos hablando del inmigrante que llega en patera, sino de cientos de extranjeros que llevan diez o quince años viviendo en España y que han tenido la mala suerte de perder el trabajo. Eso hace que directamente queden en situación irregular y se conviertan en sin papeles. Estamos hablando de gente que está totalmente integrada y cuyos hijos van al colegio.

-¿Se volverá a los años 80, cuando había un sistema de beneficencia?

-Espero que no, pero vamos hacia eso. No tiene sentido que como Médicos del Mundo reclamemos fuera de España la existencia de un sistema sanitario universal y que luego aceptemos parches en nuestro país.

-¿Cómo lo regulan otros países?

-Con este decreto, España, que hasta ahora tenía el mejor sistema sanitario del mundo, pasará a ser uno de los más restrictivos. Nos pondríamos a la altura de países como Chipre o Estonia.

La contrarreforma: Lo más regresivo de la política sanitaria del ministerio entra en vigor hoy

"¿Valen menos los sin papeles en un contexto de crisis económica?"

Los inmigrantes irregulares y el personal sanitario público desconocen cómo se va a implantar el decreto aprobado por el Gobierno que niega el derecho a la sanidad a este colectivo

MARÍA GONZÁLEZ, Madrid, en Público

"¿Qué tenemos qué hacer a partir de ahora?". Esa es la pregunta que se plantean los profesionales sanitarios públicos ante el decreto que entra en vigor este sábado que niega la atención sanitaria a los inmigrantes que no tengan permiso de residencia en España. Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), organización que ha promovido la objeción de conciencia, asegura que "no hay instrucciones" sobre qué hay que hacer con los pacientes, "no sabemos qué va a pasar con los crónicos, con aquellos que tienen cáncer, con los que están ingresados", declara. Nuevos interrogantes se suman a este y el presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González Franco, se cuestiona qué va a pasar con estas personas, "¿valen menos en un contexto de crisis económica?", se pregunta.

Los inmigrantes sin papeles tendrán vetado su derecho a la atención sanitaria pública y sólo podrán acceder a ello en caso de urgencia, maternidad y de ser menor de edad. Sanidad ha asegurado que no dejará sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, pero matiza que la atención será financiada por el país de origen si hay convenio de colaboración, en el caso de que no exista, será atendido sólo en el caso de que el médico determine que se trata de un riesgo vital.

Este decreto ha generado una incertidumbre tanto a los inmigrantes irregulares como a los profesionales sanitarios, pues desconocen cómo va a funcionar el sistema a partir de hoy. Josep Basora cree que "seguramente se darán situaciones más o menos agobiantes si esto no se arregla". Sanidad ha retirado la tarjeta sanitaria a este colectivo, por lo que sin ella se quedan fuera del sistema. El presidente del Semfyc hace un llamamiento no sólo a los médicos, sino también al personal administrativo, enfermeros y otros profesionales del entorno sanitario para que no nieguen la atención a estas personas, pues "sin un seguimiento, ni pruebas la atención que ofrecemos (los médicos) es muy precaria", asegura.

"Nosotros somos profesionales sanitarios y no entendemos mucho de política, somos médicos y médicos de familia, entendemos a los pacientes, a los que vemos en nuestras consultas", asegura el presidente del Semfyc. "El médico debe organizarse para atender a estas personas sin perjudicar a las otras", subraya.

Objeción de conciencia por parte del personal sanitario

El Semfyc, en un primer momento, envió una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que transmitían su disconformidad con el decreto. Josep Basora recuerda que la relación con este ministerio es "muy estrecha" pues mantienen convenios de colaboración para formar a profesionales. Sin embargo, no recibieron respuesta a esta llamada de atención.

Por ello, decidieron ir más allá y crearon un formulario en el que los médicos que quisieran declararse objetores al decreto podrían inscribirse en su web. Más de 1.800 médicos han firmado esta solicitud y se unen a la protesta contra esta medida que no respeta el código deontológico y el juramento hipocrático de los médicos.

"Lo que no es defendible es la insumisión, pero la objeción de conciencia está contemplada en la jurisdicción", asegura Basora, "el médico objetor está diciendo que va a atender al paciente, tanto si la ley lo prevé, como si no".

Un modelo de aseguramiento para los inmigrantes sin papeles

Médicos del Mundo apoya la campaña de objeción de conciencia que lideró el Semfyc y está "muy en contra de este decreto", pues asegura que "rompe el modelo de atención sanitaria universal que transforma en un modelo de aseguramiento que segrega a los inmigrantes irregulares", asegura su presidente Álvaro González Franco.

"Desde las perspectiva de salud pública, es hasta irresponsable", asegura, "las enfermedades contagiosas no entienden de papeles administrativos".

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha ofertado a todos los inmigrantes sin papeles, incluidos los europeos, pagar por esta atención sanitaria, una propuesta que González Franco califica como "injusta". Asegura, también, que "no va a ser una medida eficiente" como ya han publicado "expertos en salud pública" y explica que "lo que se reduce en atención primaria, se suma al coste por urgencias y especializaciones".

Este decreto puede provocar un colapso en urgencias en perjuicio de todos los ciudadanos, así como los pacientes que no sean diagnosticados en atención primaria acudirán con una enfermedad más avanzada que tendrá que derivarse a un especialista, una atención más cara que la primaria. "Es una medida irracional", critica Basora, "mucha gente piensa que es una medida absurda". "Lo primero es prevenir, luego curar y finalmente paliar", asegura este médico.

Un Real Decreto basado en aspectos "que no son ciertos"

El presidente de Médicos del Mundo asegura que hay falsos mitos sobre los que se apoya este decreto, el primero es que se cree que este colectivo "sobreutiliza el sistema sanitario", una idea falsa ya que "es gente joven y sana que viene a buscar trabajo, no es turismo sanitario". González Franco también señala que no es cierto que "la sanidad pública se sostiene por las cuotas de la seguridad social" y añade que el sistema público se paga a través de "nuestros impuestos" y añade que "tengamos o no tengamos trabajo" estamos contribuyendo.

El perfil del inmigrante sin papeles no es "aquella persona que acaba de llegar en patera", señala, "hay personas que llevan más de 10 años trabajando en España y que con la crisis se han quedado sin trabajo, por lo que no han podido renovar sus papeles".

Más comunidades se suman a la objeción de conciencia

Las comunidades autónomas que han plantado cara al Gobierno de Rajoy son Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Navarra, Euskadi, Catalunya y Galicia.

Estas autonomías hablan de desobediencia, no de insumisión, y justifican este comportamiento porque las competencias en materia de salud están transferidas, por lo que pueden aplicarlas a su conveniencia. Por lo tanto, estas comunidades, entre las que hay gobiernos del PP y PSOE, mantendrán la atención primaria a inmigrantes en situación irregular.

153.469 inmigrantes afectados por el decreto del Gobierno

En España, el número de extranjeros residentes asciende a de 5.711.040, según el Instituto Nacional de Estadística, de los cuales poseen el permiso de residencia 5.251.094, según los registros del Ministerio de Empleo.

Son 459.946 personas las que carecen de papeles en España, de los cuales 306.477 proceden de países de la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse. De esta forma, tan sólo 153.469 ciudadanos son inmigrantes no comunitarios indocumentados a los que les afectará el decreto que aprobó el Gobierno en el que se les niega la atención sanitaria por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social. Hasta ahora, estas personas tenían el mismo derecho que los españoles a este tipo de asistencia sólo por estar empadronados.

“Somos personas desechables”

Colectivos de inmigrantes anuncian movilizaciones contra su exclusión del sistema sanitario

Estiman que sus compatriotas acabarán trasladándose donde no se aplique la norma

Pilar Álvarez, Madrid, en El País.

“¿Qué piensan los inmigrantes? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo logro la capacidad de lograr un trabajo, de no enfermarme?”. De forma pausada, frente a las cámaras congregadas en una rueda de prensa en un local del norte de Madrid, Víctor Sáez ha explicado este viernes las inquietudes que pasan por la cabeza de sus compatriotas chilenos y de otros miles de inmigrantes que, en apenas 24 horas, perderán su derecho a la sanidad universal y gratuita con el Real Decreto 16/2012 que entra en vigor en septiembre.

“Hemos pasado de ser personas a personas desechables”, prosigue Sáez, chileno y portavoz de la asociación Violeta Parra. “Se logró lo que quería económicamente de nosotros y al que no sirve, se le expulsa, se le quitan derechos”. Cinco colectivos de inmigrantes han anunciado este viernes movilizaciones y protestas en las próximas semanas para pedir la derogación del decreto que les excluye del sistema sanitario. “Hay una situación de temor muy grande”.

“Hoy somos nosotros, puede que en algún momento vuelvan a ser los gitanos, puede que después los andaluces”, ha añadido el portavoz de Violeta Parra. Planean concentraciones, acampadas y acciones legales con las que pretenden llegar hasta organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Se movilizan contra una medida que consideran “inmoral, injusta y lesiva a la vida”. “Veremos morir a gente en las puertas de los hospitales”, ha dicho Sáez. Según sus estimaciones, más de 700.000 personas se quedarán sin tarjeta sanitaria en España y otros 150.0000 son susceptibles de perder el empleo y la cobertura sanitaria en el corto plazo. Este periódico estima en 150.000 el número de afectados al cruzar datos entre el padrón y el Registro Central de Extranjeros.

Los portavoces de los colectivos inmigrantes han agradecido “la actitud valiente de los médicos” que han manifestado su intención de objetar y la postura de comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Andalucía o Asturias, que han anunciado que no aplicarán la ley. Estiman que sus compatriotas acabarán trasladándose a esas regiones. “Si un inmigrante ve trabajo en Andalucía o Cataluña se lo va a pensar seriamente porque tendrá cubierta la salud”.

Alla Didkovska, de la asociación Cumbre Eslava, está preocupada por un caso concreto. Olga Boka, rusa, de 55 años, está ingresada en el hospital madrileño de la Paz con un cáncer de útero. “Lleva tres años en España y no tiene documentación”, ha explicado. Ha sufrido dos operaciones. “No sabemos qué va a pasar con ella a partir del 1 de septiembre, no tiene medios económicos para pagar la cantidad que exige el Gobierno”. Allí, en La Paz, el 13 de septiembre, distintos colectivos de inmigrantes, ong y personal sanitario se concentrarán de 10.00 a 22.00 como protesta.

“A las perronas se nos condena porque no tenemos trabajo”. Andrés Robles, peruano y miembro de la asociación Integrando, ha recordado que muchos inmigrantes van a revivir en España lo que ya sufrieron en sus países cuando se perdió “de a poco” el derecho a la sanidad. “Allí si no tenemos dinero, no nos curamos, así de simple”. “Nos sentimos vulnerados al volver a vivir esta situación”, ha añadido Gilberto Torres, colombiano y miembro de Ferine (Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España). “Esto no estaba previsto por ningún español y por ningún inmigrante conociendo la historia y la política social de este país”.

Movilizaciones

Plataformas de inmigrantes y ONG han convocado este viernes una concentración en Bilbao y mañana manifestaciones en distintas ciudades, como Burgos, Lanzarote, Las Palmas y Valencia. La de Madrid parte a las 12.00 del hospital Gregorio Marañón. Para el 13 septiembre convocan una concentración a las afueras del hospital de La Paz, con inmigrantes y personal sanitario de los hospitales de Madrid, de 10.00 a 22.00.

Que no se confunda al ciudadano con mitos...

“A medio plazo, aumentará el gasto”

El presidente de Médicos del Mundo considera que la pérdida de la sanidad universal tendrá efectos en la salud pública

Foto: Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, ante el edificio del HGA en el HUCA (Oviedo).

Elena G. Sevillano, en El País.

El anuncio es contundente, aunque evita el tremendismo. Una serie de médicos y enfermeros levantan la mano derecha muy solemnes y dicen cosas como: “Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera”. Después se les ve de espaldas, con los dedos de la otra mano cruzados: “Juramos que todo lo que dijimos antes no lo cumpliremos nunca”. El éxito de la campaña Derecho a curar de Médicos del Mundo colapsó la web de la organización el día que se lanzó. Imposible ver el vídeo. “Era el mensaje que buscábamos: impactante, claro y sencillo”, afirma Álvaro González, de 41 años, presidente de Médicos del Mundo. Buscaban una manera de explicar de forma sencilla qué significa el hecho de que el Real Decreto Ley 16/2012, que entra en vigor mañana, excluya a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria pública gratuita. “Esa norma contrapone el juramento hipocrático a la reducción de costes basándose en mitos y falsedades”, señala González, médico internista del hospital de Oviedo que lleva colaborando con la organización desde 2003.

Mito número uno: el colectivo inmigrante sobreutiliza los servicios sanitarios. “Es absolutamente falso. El Gobierno está mezclando a los inmigrantes irregulares con los turistas sanitarios. El inmigrante es mayoritariamente sano y joven. Ha venido en busca de mejores condiciones, pero desde luego no por el efecto llamada de un sistema sanitario gratuito”, opina González. Su organización, que lleva más de dos décadas trabajando para facilitar el acceso a la sanidad a todos los colectivos, ha hecho encuestas en las que menos de un 4% menciona la asistencia gratuita entre las cosas que los empujaron a emigrar, señala.

Mito número dos: restringir el acceso a las personas “no aseguradas” ahorrará costes. “Este decreto es peligroso desde el punto de vista de la salud pública”, empieza González: “Las enfermedades contagiosas no entienden de papeles administrativos. España está entre los países de la UE con la mayor tasa de tuberculosis. Es una enfermedad que se cura al 100%, pero el tratamiento es de al menos seis meses. El que no tiene papeles, que lo pague, dice la ministra. La medida no es eficiente, y esa afirmación la podemos avalar con estudios publicados en revistas prestigiosas como The Lancet. Segregar a los pacientes aumenta los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias. Las enfermedades se diagnostican más tarde. A medio plazo, esto supone un incremento del gasto”.

La campaña de Médicos del Mundo, organización que emplea a cerca de 350 personas en España y que gestiona 22 millones de euros —dos tercios provienen de financiación pública; los 24 miembros de la junta directiva no cobran—, se lanzó para apoyar la objeción de conciencia del personal sanitario a la exclusión. Se sumaba a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que habilitó en su web un formulario que envía directamente los datos del objetor a la consejería de salud correspondiente. Hasta ahora, más de 1.650 profesionales (la mayoría médicos de familia) se han declarado objetores por esta vía. El real decreto que introduce la figura del “asegurado” o del “beneficiario” como la única que permite acceder gratis al sistema también ha propiciado la creación de páginas web como yosisanidaduniversal.net, donde se pueden descargar modelos de historias clínicas alternativas y formularios con los que derivar a un especialista o pedir una analítica para un paciente que no consta en ninguna base de datos.

González pide que no se confunda al ciudadano. “El propio Gobierno reconoció el año pasado que la factura del turismo sanitario, que viene de países ricos, fue de 900 millones y que no podían cobrarla por la selva burocrática. ¿Y ahora plantean que se lo van a cobrar a países latinoamericanos o africanos?”.

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Decreto 16/2012: Así están las cosas en cuanto a la objeción y a la actuación de las distintas comunidades autónomas

Médicos objetores proponen un servicio básico a 'sin papeles'

Esta cartera mínima incluiría la atención primaria, la asistencia urgente o la prescripción de medicamentos esenciales

Ya hay más de 1.650 profesionales sanitarios declarados objetores

D. VALERA | MADRID, en El Comercio.

El pulso entre médicos y Gobierno continúa y los frentes no dejan de multiplicarse para el Ejecutivo. A poco más de un día para que entre en vigor la polémica normativa que excluye a colectivos como los 'sin papeles' de la cobertura pública sanitaria, los profesionales declarados objetores y algunas comunidades autónomas encabezadas por Cataluña se preparan para sortearlo a través de resquicios legales. Todos consideran que la normativa "vulnera derechos" y coinciden en que mantendrán la atención sanitaria de todos los pacientes.

Los profesionales sanitarios declarados objetores a la exclusión de los 'sin papeles' del sistema sanitario propusieron este jueves un paquete básico para seguir atendiendo a los inmigrantes que perderán este derecho a partir del día 1 de septiembre. «La normativa vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia», explicó el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora. Su asociación se ha opuesto desde el principio a esta regulación y ha fomentado la objeción contra una normativa que obliga a los 'sin papeles' a contratar un seguro y pagar 710 euros al año (59,20 al mes), y hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años.

Desde Semfyc insisten en que lo acertado sería retirar el decreto, pero ante el inmovilismo del Gobierno, proponen que, al menos, estos colectivos mantengan unos servicios mínimos. En esta cartera básica incluirían la atención primaria, la salud pública, la prevención, la asistencia urgente -algo ya contemplado por el Gobierno-, la atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Otra de las batallas que se planteará a partir de este sábado será la jurídica.Y es que mientras los médicos que se declaran objetores ascienden ya a más de 1.650 profesionales, la administración mantiene que este derecho no existe. De momento, entre los objetores el 72% son médicos de familia, pero también hay personal de enfermería (4%) o psiquiatras (3%), según datos de la sociedad médica. La mayoría de ellos trabajan en Madrid (21%), seguidos de Barcelona (10,31%) y Valencia (6,4%).

«El decreto supone la desaparición de la universalidad de la sanidad en España, con graves consecuencias para la salud tanto de las personas afectadas como de la población en general», aseguraron desde la Sociedad de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Unas denuncias que el departamento que dirige Ana Mato niega una y otra vez al recordar que la normativa ya contempla la atención de cualquier persona por urgencias, la asistencia de menores, embarazadas o de enfermos crónicos.

Rechazo institucional

Pero más allá del rechazo de los profesionales del sector, el ministerio también cuenta con la oposición institucional de algunas comunidades. Cataluña dio un paso más y anunció este jueves que mantendrá la atención a 600.000 personas que perderían la asistencia según la normativa, entre 'sin papeles' o españoles que deben actualizar su residencia. A cambio la Generalitat les dará seis meses para regularizar su situación y cumplir la ley. «Tenemos la convicción de que la salud es un derecho de la ciudadanía y no depende de si es beneficiario o no de la Seguridad Social», aseguró el consejero de Salud, Boi Ruiz. La Generalitat calcula que esta medida afectará a 180.000 inmigrantes irregulares que deberán acreditar que llevan tres meses empadronados para acceder a la atención primaria.

Sin embargo, la unidad en el PP tampoco es completa. De hecho, en Galicia los 'sin papeles' que estén censados en cualquier municipio gallego y acrediten su carencia de recursos, tendrán derecho a asistencia en todos los centros de salud y hospitales de la comunidad.

153.000 personas perderán su tarjeta sanitaria mañana 1 de septiembre...

Cobrar o no cobrar la sanidad a los inmigrantes, así actuará cada CCAA

El Mundo

Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre, una medida con la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros.

Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros, ante la que se rebelan algunas comunidades autónomas y profesionales sanitarios, además de los partidos de la oposición.

Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado cómo. Galicia es la única del PP que lo hará aunque sólo con aquellos inmigrantes con menos recursos.

La posición de cada comunidad autónoma es la siguiente:

Andalucía

En palabras de la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, Andalucía seguirá aplicando "exactamente el mismo" protocolo de asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular, de forma que se mantendrá "la protección universal de la salud para el conjunto de los ciudadanos, sean de la procedencia que sean", y también para los enfermos crónicos. Lo harán mediante un documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad viene emitiendo para este colectivo, cifrado en "aproximadamente 46.000 personas".

Aragón

El Gobierno de Aragón seguirá prestando asistencia sanitaria a todas las personas que acudan a cualquier centro ya sea de atención primaria u hospitalaria, si bien a los no asegurados se les pasará posteriormente la factura por la atención recibida. En el caso de los inmigrantes sin tarjeta que no puedan pagarla, la factura será remitida a su país de origen, "en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España con otros países". En una nota enviada a los servicios de admisión de los centros de salud y hospitales de la comunidad, se aclara que todos los procesos asistenciales de usuarios que pierdan su condición de asegurado o beneficiario el día 1 de septiembre y que se hayan iniciado antes del día 31 de agosto de 2012 "seguirán su curso".

Asturias

El gobierno del Principado ha garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura sanitaria. El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, no ha aclarado cómo se hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales, pero ha insistido en que no se quedarán sin ella por no tener los papeles en regla.

Baleares

Fuentes de la Consejería de Salud del Gobierno autonómico han señalado que las personas que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria tendrán que pagar, informa Anatol Rohe. De momento no ha hecho públicos los "flecos" que ultima sobre la aplicación del decreto del Gobierno y lo hará en estos días. A la espera de resolver las dudas, las mismas fuentes añaden que están acabando de perfilar la aplicación del decreto para que provoque "el menor impacto posible".

Canarias

El Gobierno de Canarias "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación, pero "por un principio de humanidad no se dejará de atender a nadie que lo necesite y no pueda sufragarse esa atención", según ha anunciado su viceconsejero portavoz, Martín Marrero, que ha censurado la poca información que tienen las autonomías sobre el nuevo marco legal, más allá de las declaraciones que ha hecho la ministra, Ana Mato. El portavoz ha dicho que desconocen cuántas personas se verán afectadas y ha subrayado que espera una orden ministerial que detalle lo establecido en el Real Decreto sobre el caso "de que se preste la atención sanitaria para después facturarla".

Cantabria

Cantabria aplicará la reforma anunciada por el ministerio que dirige Ana Mato. La consejera de Sanidad de la región, María José Sáenz de Buruaga, explicó que los profesionales sanitarios podrán atender a los extranjeros irregulares, pero "fuera del sistema sanitario público", salvo en los casos establecidos, y ha descartado que el personal pueda invocar el derecho de objeción de conciencia.

Castilla-La Mancha

La comunidad presidida María Dolores de Cospedal seguirá al pie de la letra el decreto del Gobierno y atenderá a los inmigrantes, pero les cobrará fuera de los casos marcados por el decreto del Gobierno.

Castilla y León

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha dicho que se intentará cobrar a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, aunque ha reconocido que se meterá "en el cajón de los impagados" aquellos casos en los que no tenga recursos. Se estima que en esta autonomía viven entre 4.500 y 5.000 inmigrantes irregulares. La Junta verá «si ese ciudadano puede pagar los 59 euros mensuales" que establece el convenio por tener asistencia sanitaria. "A lo mejor hay algunos que sí pueden pagarlo», ha apostillado.

Cataluña

La Generalitat mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña pierden su condición de asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación. De este grupo, 180.000 son inmigrantes 'sin papeles' y el resto tienen la nacionalidad española pero son casos de personas con rentas superiores a 100.000 euros -que no están cubiertos según el decreto-, religiosos o algunos profesionales liberales o personas que simplemente deben actualizar sus datos de residencia. Todos ellos tienen garantizada en Cataluña la atención primaria, las urgencias y la atención a las embarazadas, pero deberán regularizar su situación y pasar una evaluación del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para acceder a la atención hospitalaria especializada, con el objetivo de evitar el turismo sanitario. Una vez pongan al día sus datos de residencia recibirán un documento similar a la tarjeta sanitaria que les dará la misma cobertura integral del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), siempre que no mantengan un nivel de renta superior a 100.000 euros.

Por su parte, los inmigrantes 'sin papeles' deberán acreditar que llevan más de tres meses empadronados para tener una tarjeta sólo válida en Cataluña que garantiza el acceso a la atención primaria. A partir del segundo año de residencia acreditada, ya podrán acceder a la atención. En cambio, los recién llegados que no cumplan el requisito del padrón tienen derecho únicamente a lo que establece el decreto del Gobierno.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que se seguirá los criterios comunes que se den en toda España en materia de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, que se calculan en torno a 30.000 personas. El coste de la prestación se le facturará a su seguro (en el caso de que lo posea), a su país de origen (si existe convenio bilateral) o al propio paciente. El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha reconocido que muchas de estas facturas quedarán sin abonar, bien porque el enfermo no tenga recurso alguno para pagarlas o bien porque haya mentido al registrar sus datos en el centro de asistencia. "Sabemos que en estos casos no podremos hacer nada, pero es que el objetivo verdadero es evitar el abuso de los que sí pueden pagar", casos como el del "turismo sanitario", ha remarcado.

Extremadura

El consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, explicó el pasado día 29 que se cobrará a los inmigrantes irregulares: "Se intentará cobrar a todos aquellos que tengan la obligación de pagar, igual que pagan todos los ciudadanos, y los que no puedan pagar, se les facturará y se les intentará cobrar a sus países de origen mediante convenios bilaterales". Según cálculos del Gobierno extremeño, hay unas 1.250 personas en situación irregular.

Galicia

Es la autonomía del PP que se desmarca de la línea oficial y atenderá a los inmigrantes irregulares con menos recursos. El límite que marca para atenderles en los servicios ordinarios es acreditar que se gana menos de 532 euros al mes (la cuantía del IPREM). También exigirá estar empadronado desde antes del 1 de septiembre. La Xunta cifra en 9.000 personas los beneficiados. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sanitaria "sólo la puede dar el Ministerio".

La Rioja

Esta autonomía gobernada por el PP atenderá a los extranjeros que carezcan de tarjeta sanitaria pero se les cobrará "porque no tienen derecho ni están amparados con ninguna fórmula". El consejero de Salud de La Rioja, Jose Ignacio Nieto, ha calculado que 4.000 extranjeros estarán en esta situación de los que hay que excluir unos mil menores. Si existe un uso indebido de las urgencias (que sí atenderán a los 'sin papeles') como subterfugio, también se cobrará.

Navarra

El Gobierno foral garantizará el servicio habilitando unas ayudas que cubran el coste de la asistencia para quienes acrediten que no pueden pagar la sanidad. Fija varias condiciones para acceder a estas ayudas: no ganar más de 532 euros al mes (el IPREM), llevar más de un año empadronado o no tener antecedentes penales. Navarra calcula que tiene 2.150 inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años que necesitarían de esta línea de crédito.

Madrid

Esperanza Aguirre resume de esta manera la nueva situación: "Está claro que no podemos atender a los ciudadanos del mundo entero, porque no sería posible. La Ley ha dicho en qué casos se trata a las personas que están ilegalmente aquí. Y esos casos incluyen las enfermedades crónicas que están siendo tratadas, lo que no incluye que empiecen a venir los crónicos ahora nuevos".

Los extranjeros que se encuentren en Madrid y no coticen a la Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios, deberán pagar una cuota mensual si quieren tener cobertura sanitaria completa. Los ‘sin papeles’ sólo serán atendidos gratuitamente en urgencias, así como durante el embarazo, parto y postparto, y en el caso de los menores de 18 años, tal y como establece el decreto. La atención en urgencias por enfermedad grave o accidente se dará hasta el alta médica, si luego se necesita un seguimiento se le cobrará.

Por otra parte, todos los pacientes cuyos tratamientos se hayan iniciado antes del 31 de agosto de 2012 "seguirán siendo atendidos, sin que generen ningún tipo de facturación de su importe al usuario".

Murcia

Al igual que en otras autonomías del PP, el Gobierno regional aplicará la fórmula por la que apuesta el Ministerio de Sanidad. Los inmigrantes ‘sin papeles’ tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años, enfermos crónicos que ya estén recibiendo tratamiento y tratamientos de enfermedades transmisibles.

País Vasco

Es una de las comunidades que se rebelan contra Ana Mato. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado que el Gobierno vasco va a "simplemente, desobedecer" los recortes en Sanidad y los inmigrantes "van a seguir siendo atendidos como debe ser". Por tanto, la situación en esta comunidad autónoma continuará como hasta ahora.