Rechazo en bloque al plan de cobrar por atender a los sin papeles
El PP anima a los inmigrantes a regresar a su país
País Vasco, Andalucía y Cataluña rechazan la medida
Los médicos alertan del riesgo sanitario
Emilio de Benito / María R. Sahuquillo, en El País.
Si la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es un problema, que desaparezcan. O, en lenguaje de político: “Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y eso es una reflexión que hago con carácter general”. Así lo dijo ayer el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado que España tiene que dejar de ser el “paraíso” de la inmigración ilegal y ha instado a quienes están en situación irregular a volver a su país.
El asunto de la asistencia a los sin papeles es el detonante de estas declaraciones. El 31 de este mes se quedarán sin tarjeta sanitaria, y solo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de solución: que suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Pero la idea solo la apoya el PP.
“Muchos españoles no podrían pagarlo” ha dicho el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, quien duda de la base legal de la medida. “No es solo una cuestión de competencias. No veo cómo va a firmar un convenio un organismo oficial con alguien que está en situación irregular”. Para Martínez Olmos este proyecto de orden es otro intento de Sanidad de corregir los errores del real decreto ley de los ajustes del 20 de abril, aunque sea “de forma insuficiente”. “Enfermedades como la diabetes, que requieren un tratamiento largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las infecciosas, que cuando no son bien tratadas son una amenaza. El Gobierno tendrá que volver a rectificar. Porque no se puede seguir con chapuzas”.
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, también ha intervenido, y acusó al Gobierno de intentar “criminalizar” a los inmigrantes irregulares al retirarles la atención o condicionarla al pago de un convenio. “El precio que ponen al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ciudadanos de tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio”, ha añadido.
En un entorno más profesional, las críticas son unánimes. Para Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la propuesta no es factible. Además, sostiene, es profundamente injusta. “No me lo explico ni desde el punto de vista político ni ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”, dice.
Basora cree que la única motivación para la exigencia que plantea Sanidad puede ser la intención de hacer aflorar la economía sumergida. “Si no, no se puede entender. Pero, aún así, no es la manera, porque estamos hablando de gente que subsiste en el día a día, muchos con ayuda de organizaciones”, dice. “700 euros al año es una cifra inalcanzable”, zanja. La sociedad ha abierto una web para recoger objetores a los decretos del Gobierno. Ya se han apuntado casi 900 profesionales.
Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia también apuestan por atender a los inmigrantes como al resto de la población.
Entre las comunidades que no gobierna el PP, Andalucía y País Vasco ya han mostrado su rechazo. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro que va a seguir manteniendo la “gratuidad” de la sanidad, y que los inmigrantes seguirán siendo atendidos, entre otros asuntos, para evitar “problemas de salud pública”, informa Manuel Planelles.
Cataluña espera a ver la orden, pero mientras tanto afirma que sigue con sus planes de no dejar a nadie sin atender en primaria, y que prepara la instrucción para regular el acceso a la atención hospitalaria y especializada.
Y si esto es así entre profesionales y políticos, las asociaciones de inmigrantes o que les atienden no pueden estar más disgustados. “Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas chapuzas”, dice Vladimir Paspuel, de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui, informa Natalia Junquera. “Muchos han perdido los papeles al quedarse sin trabajo, pero antes habían cotizado. Es una situación tremendamente injusta que se les pida esa cantidad”.
Vladimir insiste en que es “totalmente falso” que el inmigrante abuse de la sanidad. “Hay decenas de estudios que lo demuestran. El famoso turismo sanitario, de extranjeros que vienen a España a operarse, es un fenómeno de ciudadanos comunitarios”, explica.
También Brígida Moreta, de la organización Pueblos Unidos, cree que es imposible que los extranjeros que están en situación irregular puedan afrontar esa cantidad. “Es un disparate más. Un atropello más para el pobre, para alguien que no solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas oportunidades de trabajar actualmente”, dice.
Mónica García, responsable de Red Acoge, cree que el sistema que ha elegido Sanidad aumentará las desigualdades socioeconómicas de este colectivo en el acceso a los servicios sociales. “Además, las personas en situación irregular contribuyen a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la sanidad pública”, dice. El mismo argumento utiliza la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
En cualquier caso, habrá que esperar a ver en qué se concreta todo esto. Sanidad no ha hecho declaraciones. En una nota indica que el modelo de convenios podrá ser suscrito por “nacionales de terceros países”. En principio, esto incluiría a los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que “en cuanto a los inmigrantes en situación irregular” —como si fueran un grupo aparte—, “el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación”. Como si fuera fácil.
Los inmigrantes anuncian manifestaciones de rechazo a la reforma sanitaria
Las organizaciones estiman que la reforma del Gobierno vulnera derechos, que España se comprometió a defender suscribiendo diversos convenios internacionales.
nuevatribuna.es
La plataforma "Tenemos derecho a la salud sin condiciones", integrada por organizaciones de defensa de los inmigrantes, ha anunciado manifestaciones en distintas ciudades españolas el próximo 1 de septiembre para mostrar su rechazo a los cambios del sistema sanitario que entran en vigor ese día.
En declaraciones, Víctor Sáez, uno de los portavoces de la plataforma -integrada por Médicos del Mundo, Red Acoge, CEAR, Amnistía Internacional y Ferine, entre otras- ha explicado que van a reclamar al Gobierno que retire el decreto que modifica la cobertura sanitaria a los inmigrantes.
Los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social tendrán que pagar una cuota mensual si quieren tener una cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud. Así, tendrán que suscribir una especie de póliza -o convenio-, con pagos similares a los seguros sanitarios privados.
Las organizaciones estiman que la reforma del Gobierno vulnera derechos, que España se comprometió a defender suscribiendo diversos convenios internacionales.
La normativa "segrega a una parte importante de la sociedad, que deja al margen de la atención sanitaria e incorpora un elemento de copago, como una manera elegante de marginar a las personas indocumentadas, al tener que pagar una alta cifra que no tienen", opina.
La plataforma prepara diversas actividades en hospitales públicos y está realizando "talleres para informar de los derechos que se vulneran y para hacer una potente demostración ese sábado -1 de septiembre- por la mañana".
"España firmó el tratado de Roma y otros convenios mediante los que se compromete a defender el derecho a la salud de todos los ciudadanos que habitan en el país; se debería regresar a la antigua ley que recogía el acceso libre y gratuito a la atención primaria y a la especializada", ha insistido.
Además, ha lamentado que se esté justificando la medida como un ahorro.
"Si por una falta de asistencia, se declarara una epidemia por no hacer ese control primario, los costes para el estado serían mucho más altos", ha opinado.
Desde Aculco -Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica-, Iván Santos indica que "tiene que haber medidas de control para evitar el turismo sanitario, pero sin que afecten al modelo social establecido y a la solidaridad con los más vulnerables".
"El tema de la salud incumbe a toda la población, si alguna persona viene a España con una enfermedad, debe ser prioritario su asistencia para proteger al resto de los ciudadanos", ha advertido.
El Principado se compromete a seguir proporcionando asistencia sanitaria a los inmigrantes
OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, el socialista Guillermo Martínez, ha dicho este miércoles que la cobertura sanitaria de los inmigrantes "seguirá estando garantizada". De esta forma, ha mostrado su rechazo ante las noticias de que el Gobierno central está preparando una orden para que los inmigrantes sin papeles paguen por acceder a esa asistencia.
A preguntas de los periodistas, Guillermo Martínez ha señalado que en Asturias no se va a permitir que se "estigmatice" a un colectivo por su origen. Y ha señalado que el Ejecutivo regional tiene el "respaldo" de la sociedad asturiana y de los profesionales de la sanidad en este asunto.
De esta forma, los inmigrantes tendrán garantizada la cobertura sanitaria en Asturias, a pesar de las intenciones del Ejecutivo central que, según Guillermo Martínez, el Gobierno asturiano desconoce de forma oficial.
El Portavoz del Principado ha dicho que no es admisible excluir a ese colectivo de la atención sanitaria, algo que iría en contra de la Constitución Española o de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. La idea del Gobierno asturiano es "no dejar fuera de la cobertura sanitaria a nadie en el Principado".
El PSOE acusa al Gobierno de usar a los inmigrantes como "cabeza de turco" frente a su "inoperancia" contra la crisis.
MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha acusado este miércoles al Gobierno de estar utilizando a los inmigrantes "como cabeza de turco" frente a su "inoperancia e incapacidad" para dar respuestas "solventes y eficaces a la crisis", después de conocerse que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende que los inmigrantes sin papeles, que llevan un año empadronados en España, paguen 710 euros anuales o, si son mayores de 65 años, 1.864 euros para poder acceder a la asistencia sanitaria gratuita.
En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE de Ferraz, tras un encuentro entre representantes de la dirección del PSOE y de los sindicatos UGT y CC.OO. para abordar medidas para exigir el mantenimiento de la ayuda de los 400 euros para parados que han perdido la prestación, Hernando ha manifestado que, a su juicio, el Gobierno y el PP están llevando a cabo una "estrategia cruel y descabellada" que, para el PSOE, es "absolutamente inaceptable".
"La extrema derecha griega está cargando sobre los inmigrantes en Grecia y no queremos que la derecha española pueda seguir los pasos de la extrema derecha griega", ha declarado el dirigente socialista, al tiempo que ha advertido de que con esta medida "se va a dejar a mucha gente sin atención sanitaria, se va a perjudicar seriamente su salud y se puede perjudicar también la salud del conjunto de la población".
Asimismo, se ha referido a las palabras del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en las que afirmaba que "los inmigrantes lo que tienen que hacer es volver a sus países".
"Lo que hizo ayer algún dirigente del PP es sembrar racismo y la xenofobia", ha denunciado Hernando para recalcar que, en su opinión, esto "no puede ser la respuesta a la crisis" porque "los inmigrantes, a los que se va a dejar sin asistencia sanitaria normalizada, no son los culpables de la crisis y no son los culpables de los problemas que tiene la sanidad española".
Por esta razón, el PSOE le exige "al Gobierno que recapacite y que no ponga en marcha una medida cruel e inoperante como esta y, sobre todo, que no haga racismos, que no cargue sobre los mas débiles y sobre los que más problemas tienen de la sociedad".
A la reunión han asistido la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, y el secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hernando. Por parte de los sindicatos, han estado presentes los dirigentes Manuel Bonmati, de UGT, y Fernando Lezcano, de CC.OO.
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