CONTRARREFORMA NO

Esta si es una medida de racionalización adecuada

Las farmacias ya disponen de «unidosis» para los tratamientos con antibióticos

Madrid

Las «unidosis» de los medicamentos para evitar despilfarros han llegado a las farmacias españolas a través de los antibióticos que, en los próximos seis meses, ajustarán el número de comprimidos que contengan los envases a las pautas más habituales para cada enfermedad.

Así lo anunció ayer la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicara las instrucciones a la industria farmacéutica para el cambio de formato de estos tratamientos.

Ésta es una de las medidas comprometidas en el decreto de ahorro sanitario aprobado por el Gobierno en plena crisis económica, en un país donde se tiraron en 2011 más de 3.700 toneladas de fármacos caducados o no utilizados. La actuación afecta a veinticinco principios activos con más de 140 presentaciones, que deben adecuar el número de pastillas que tiene el envase a los tratamientos.

Antes de final de año

Sanidad dice que el cambio de formato de los antibióticos evitará el despilfarro y favorecerá la sostenibilidad del SNS

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha asegurado este miércoles que la decisión de cambiar el formato de los envases de antibióticos, para adecuarlos a la duración del tratamiento, evitará que se produzca un "despilfarro" de los fármacos y aportará "más valor" a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Sanidad (SNS).

Farjas se ha pronunciado así, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, después de que el martes la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) hiciera públicas las instrucciones a la industria de cambio de estos formatos de envase de medicamentos para que, en torno a final de año, sólo queden en el mercado los nuevos formatos.

Para esta propuesta se ha contado con la opinión de representantes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).

"Con esta medida colaboramos a evitar el despilfarro en medicamentos, a adecuar las prestaciones a la duración media más frecuente de los distintos tratamientos con antibióticos y, al mismo tiempo, se colabora y se aporta más valor a la sostenibilidad del SNS", ha argumentado la secretaria general de Sanidad.

Dicho esto, Farjas ha informado de que se ha decidido realizar primero en los antibióticos por ser un grupo de medicación de "alto valor" y porque, además, el hecho de que se suministre al paciente el número exacto de pastillas que necesita, "mejora" la seguridad. No obstante, ha insistido en que esta medida se llevará a cabo en otro tipo de fármacos como, por ejemplo, en los antihipertensivos o los neurolépticos.

Y es que, el grupo de trabajo estableció sus recomendaciones para los antibióticos, al tratarse de un tipo de medicamentos especial por sus implicaciones para la salud pública, pero la AEMPS ha anunciado que establecerá una dinámica de trabajo similar para otros medicamentos en los que, tras el estudio correspondiente, también se vea necesaria la adaptación.

COPAGO EN CATALUÑA

Respecto a la entrada en vigor este miércoles del nuevo copago farmacéutico en Cataluña, Farjas ha asegurado que el servicio catalán de Salud sabrá "responder, como el resto de servicios sanitarios, a esta implantación" y se ha mostrado convencida de que este proceso se llevará a cabo "con un alto nivel de normalidad".

En este sentido, la secretaria general de Sanidad ha señalado que en todas las comunidades autónomas donde desde el 1 de julio está en vigor el copago ha habido un "alto nivel de colaboración" entre los médicos, los farmacéuticos y los pacientes. "Ha habido un alto nivel de normalidad", ha zanjado.

No entrará en vigor el 1 de Agosto sino el 1 de Septiembre

Sanidad retrasa un mes el medicamentazo

La desfinanciación de más de 400 fármacos de uso común entrará en vigor en septiembre

EP, Madrid

La exclusión de más de 400 fármacos de uso común -desde antiácidos hasta antidiarreicos- del listado de los fármacos que financia la sanidad pública se retrasará hasta septiembre. El medicamentazo no entrará en vigor este miércoles, sino un mes más tarde de lo anunciado por la ministra de Sanidad, Ana Mato. La demora obedece, según un portavoz de su ministerio, a que se está dando tiempo a las empresas para que se adapten a la desfinanciación y a que se están cumpliendo los plazos establecidos para ello.

El medicamentazo coincidirá así con otra de las medidas sanitarias más polémicas: la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

La resolución final de la exclusión de los 423 fármacos de uso común se publicará previsiblemente el martes, de modo que podría ponerse en marcha en septiembre, ya que según los plazos legales, entraría en vigor el día uno del mes siguiente de la publicación de la resolución del BOE.

"Se están cumpliendo los plazos legales", afirman desde Sanidad, tras recordar que, para que se publique la medida se debe informar a los interesados, que cuentan con un plazo de 10 días para realizar alegaciones; alegaciones que también deben recogerse.

Diversas organizaciones sanitarias y de pacientes, afectadas por la desfinanciación de los medicamentos (que se podrán seguir prescribiendo pero que ahora deberá pagar el paciente totalmente de su bolsillo) han realizado alegaciones al decreto. Una de ellas es la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), que considera la rapidez con la que se ha llevado a cabo la medida “inadmisible”.

Pilar Farjas vende consecuencias del copago que nada tienen que ver con el mismo: los fraudes podían detectarse igual sin este.

El copago hace aflorar 150.000 tarjetas sanitarias de muertos que seguían activas

Ochocientos mil titulares constaban como beneficiarios sin el alta en la Seguridad Social y 200.000 de ellos figuraban como pensionistas con las medicinas gratis

Foto: Pilar Farjas, secretaria general del Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato.

El Gobierno ha identificado 150.000 tarjetas sanitarias de personas fallecidas que estaban activas al cruzar datos entre ministerios ante la puesta en marcha en julio del nuevo modelo de copago farmacéutico, y algunas de ellas se pudieron haber utilizado para obtener recetas y medicamentos gratis.

Así lo avanzó la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en una entrevista con la agencia «Efe», en la que hace balance del primer mes de aplicación de esta medida, que recoge el real decreto de reforma del Sistema Nacional de Salud .

En concreto, se han detectado algunas actuaciones, como por ejemplo en Andalucía, en las que se ha hecho un uso fraudulento de esas tarjetas. El cruce de las bases de datos entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Hacienda ha permitido también que aflore otro fraude, el que cometían 800.000 titulares de tarjeta que constaban como beneficiarios, cuando en realidad no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

De ellos, 200.000 figuraban como pensionistas, con lo que no pagaban por sus medicinas. Aunque aún no están cerrados los datos de julio sobre el gasto farmacéutico, Farjas apuntó que, según las estimaciones, se ha producido una disminución del número de recetas entre el 15 y el 20 por ciento, lo que supone también un impacto en la reducción de la facturación.

El nuevo modelo está disuadiendo a los usuarios de que acumulen fármacos y se busca que hagan un uso racional de ellos. «Pido la colaboración de los médicos para que no prescriban los medicamentos que no necesita el paciente, y la del farmacéutico para que no dispense fármacos innecesarios e invite al usuario a que vaya a recoger la medicación dos o tres días antes de que se le acabe», dijo Farjas.

Un 10 por ciento de la medicación que se adquiere en las farmacias no se llega a utilizar, lo que se traduce en 1.100 millones de euros malgastados, según datos de Sanidad.

En las últimas semanas de junio se produjo «un anticipo de la retirada de la medicación de las farmacias» ante la proximidad del copago, aunque el gasto medio por receta, con la potenciación de los genéricos y los nuevos precios de referencia, ha bajado más del 6 por ciento en los últimos meses, una tendencia que podría mantenerse en el mes pasado, tal y como ha indicado.

Farjas ha querido tranquilizar a los pensionistas que están anticipando dinero por encima de los topes establecidos -entre 8 y 18 euros- en el nuevo sistema de copago, al asegurar que el reembolso «se hará automáticamente desde los servicios de salud, sin que el paciente tenga que realizar ninguna solicitud».

No obstante, recomendó a los jubilados que guarden los tiques de compra y las recetas en el caso de que compren fármacos en una comunidad autónoma que no sea la suya, por si los tienen que aportar para asegurarse la devolución. Este nuevo modelo de participación de los ciudadanos en el gasto farmacéutico ha sido posible, según Farjas, gracias a la receta electrónica, cuya implantación ya está muy desarrollada: el 80% se prescribe de esta forma, aunque sólo se dispensa así un 50%. El objetivo del Gobierno es llegar al 100% de prescripción y dispensación electrónica a finales de este año o principios de 2013.

Flecos con trastornos de un copago que nunca debería haber visto la luz

Las residencias piden datos bancarios a los mayores para que paguen los fármacos

Familiares de usuarios tachan de «locura» la difusión de información sensible

Algunos afectados tienen que dar autorizaciones a varias farmacias

Foto: Usuarios de la residencia mixta de la tercera edad de Pumarín (Gijón), durante un acto recreativo.

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Las distorsiones introducidas por el nuevo modelo de copago de medicamentos se han hecho patentes en las residencias de mayores. Los establecimientos dependientes del Principado han comenzado a entregar a los residentes un documento en el que deben consignar sus datos bancarios con el fin de autorizar a las farmacias para que puedan cargar a sus cuentas los gastos en medicamentos.

A juicio de algunos familiares de los afectados, «es una locura que ese tipo de datos, que son sensibles, anden circulando por ahí alegremente». Lo que proponen estos familiares es que los ancianos residentes en instituciones sean eximidos del pago de los fármacos, tal y como sucede con los pacientes ingresados en hospitales. O bien, como segunda opción, que el precio de las medicinas que consuman sean incluidos por las residencias en la misma factura que mensualmente expiden a sus usuarios.

Hasta que el pasado 1 de julio entró en vigor el copago de medicamentos, los pensionistas no abonaban cantidad alguna por sus fármacos. Para las boticas, hacerse cargo del suministro de una residencia constituía un negocio redondo, pues les permitía garantizar un volumen de facturación de notables dimensiones sin excesivos esfuerzos. Dado que nadie debía pagar, el servicio podía ser prestado prácticamente en bloque: tantas recetas, tantos envases de fármacos servidos. En el caso de algunas residencias, la prestación del servicio farmacéutico iba rotando entre un grupo de farmacias cercanas al establecimiento.

Con el nuevo modelo de financiación de los medicamentos, los jubilados deben abonar un 10 por ciento del coste de sus medicinas, con un tope mensual de 8, 18 o 60 euros, en función de su nivel de ingresos. Cada usuario debe abonar el precio de sus fármacos. En consecuencia, la gestión de la provisión a las residencias de la tercera edad se ha complicado de forma sustancial.

Como es natural, las boticas aspiran a cobrar los fármacos que suministran. Por otra parte, las cuantías que se manejan pueden llegar a ser significativas, ya que los sistemas informáticos de las farmacias y de la Administración regional no permiten -por el momento- tener contabilizado cuándo alcanza cada pensionista su tope mensual. Esta carencia obliga a cada jubilado a pagar de forma sistemática el 10 por ciento de su factura, en espera de que el Principado le devuelva el dinero que haya abonado de más. El tope legal de plazo para esta devolución es de seis meses. La Consejería de Sanidad del Principado se ha comprometido a hacerlo en menos de tres.

¿Cómo resolver esta situación? Marcelino Laruelo, cuya madre vive en una residencia del organismo del Principado ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias) de Gijón, explica las dimensiones del problema subrayando que algunos de estos centros -en particular, los de mayor entidad- son surtidos incluso por varias decenas de farmacias distintas. «¿Cómo vamos a plantearnos que cada persona mayor cubra varias decenas de autorizaciones para la domiciliación bancaria?», se pregunta retóricamente.

La circular remitida a los usuarios indica que «desde el ERA se ha articulado un modelo de pago por domiciliación bancaria que consideramos el más ágil y eficaz». Y precisa que «se debe cumplimentar una instancia por cada farmacia».

El documento añade que, en el caso de aquellos mayores que rechacen este mecanismo de pago, «será el propio usuario y/o su familia los que se deberán hacer cargo de recoger las recetas» en la correspondiente residencia, para a continuación «tramitar la retirada de los medicamentos en las farmacias que ellos consideren». Esta opción exige la cumplimentación de un documento en el que se renuncia expresamente a la domiciliación bancaria de los gastos farmacéuticos.

De los “bebes superprotegidos” al “el que quiera y pueda protegerse que lo pague” ¡¡es el derecho a la salud del PP!!

Aguirre deja de dar gratis la vacuna del neumococo a 76.000 niños al año

La medida supone un “grave riesgo para la salud infantil” según los expertos

Elena G. Sevillano, Madrid, 25 JUL 2012

“Están empezando a llegar a las consultas padres con bebés de dos meses a los que tenemos que explicar que ya no administramos la vacuna del neumococo como hasta ahora”, cuenta una pediatra de un centro de salud madrileño. “Muchos se enfadan y protestan, pero acaban asumiendo que tienen que ir a la farmacia y comprarla, porque todas las sociedades científicas la recomiendan”, añade. Una dosis de Prevenar 13 —la inmunización requiere tres o cuatro, en función de la edad de inicio— cuesta 78 euros. La Ley 4/2012 de medidas urgentes de modificación presupuestaria que aprobó el mes pasado el Gobierno de Esperanza Aguirre dejó fuera del calendario la vacuna frente al neumococo. El motivo no es otro que el ahorro, tal y como reconoce la Consejería de Sanidad madrileña, puesto que se ha demostrado que la vacuna es efectiva y ha reducido los casos de meningitis y la mortalidad debida a este agente infeccioso.

“A partir de hoy deja de estar incluida la vacuna conjugada frente al neumococo”, informa el director general de Atención Primaria, Antonio Alemany, en una carta dirigida a los más de 400 centros de salud madrileños, con fecha de 10 de julio, a la que ha tenido acceso este diario. “Esto significa que a todos los niños nacidos a partir del 10 de mayo de 2012 no se les administrará [...] con cargo al calendario de vacunaciones de la Comunidad de Madrid”, añade. Ese mismo día, 10 de julio, entraba en vigor la Ley 4/2012, que cambia la pauta de vacunación de la región al “calendario vacunal básico establecido para todas las comunidades autónomas”. Madrid era, junto con Galicia, la única comunidad que incluía el neumococo en su calendario. La Asociación Española de Pediatría lleva años instando al Ministerio de Sanidad a que la extienda al resto de comunidades. La Organización Mundial de la Salud también recomienda la inclusión de esta vacuna en los programas nacionales.

Cada año se vacunan, de media, 76.000 niños, según datos de la Consejería de Sanidad. Las sociedades científicas de pediatría de Madrid consideran la medida “un grave riesgo para la salud infantil” y creen que el ahorro será inferior al esperado. El neumococo es una bacteria que provoca infecciones graves, como neumonías y meningitis, especialmente en niños pequeños y ancianos. También causa otitis y otras infecciones más leves. “Suprimir la financiación pública de la vacuna [...] es un error que repercutirá gravemente en la salud de los niños madrileños, aumentando su morbilidad y su mortalidad”, aseguran las sociedades en su informe. El gasto público en esta vacunas varía entre los 10 y los 15 millones de euros, “cantidad que solo supone entre el 1% y 1,5% de los 1.000 millones que se pretenden ahorrar” con la ley, argumentan.

Las sociedades científicas de Madrid cuestionan el supuesto ahorro, porque aseguran que se incrementarán los costes asistenciales al tener que atender las enfermedades causadas por la supresión de la vacunación universal. La Asociación Española de Pediatría añade que la medida “puede dar lugar a un aumento de todas las infecciones neumocócicas y a que se anule el efecto de inmunidad de grupo”, es decir, la protección de todos los ciudadanos que se ha conseguido gracias a las altas tasas de vacunación. Aunque más adelante volviera a instaurarse, “el efecto de inmunidad de grupo tardará varios años en recuperarse”, añade.

Campaña de vacunación contra el neumococo.

A los expertos les preocupa que “muchas personas pueden llegar a pensar que quizás no es tan necesaria una vacuna que deja de financiarse por motivos ajenos a la salud de los niños”. Y critican que acabe la equidad entre las familias con mayor y menor poder adquisitivo, puesto que comprar la vacuna para un bebé supone entre 235 y 312 euros. “Los pediatras recomendamos que las compren, igual que lo hacíamos antes de 2006, cuando la Comunidad aún no las sufragaba”, asegura la pediatra. Las dosis se adquieren en la farmacia con receta y las administran en el centro de salud.

Madrid publicitó a bombo y platillo en 2006 que era pionera en dar gratis la vacuna del neumococo. Bebés superprotegidos, tituló la campaña de publicidad, para la que editó carteles con la imagen de un bebé vestido de superman con el logo de la Comunidad de Madrid en el pecho. Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países europeos incluyen el neumococo en sus calendarios de vacunación.

A ritmo caribeño, pero más o menos va

En la WEB de la Plataforma

Constitución de la Plataforma Ciudadana contra los recortes y en defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, convoca el:

“Acto de Constitución de la Plataforma Ciudadana contra los recortes y en defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca”

Dicho acto tendrá lugar el próximo jueves 26 de julio a las 19:30h en el Palacio de Valdecarzana, Calle Sol de Avilés.

En la prensa:

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública busca el apoyo de los vecinos

M. M., en La Nueva España

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública tiene previsto celebrar mañana, día 26, un acto público a partir de las siete y media de la tarde en el palacio de Valdecarzana. El objetivo de la reunión es dar a conocer cómo afectan los recortes aprobados recientemente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y constituir una mesa ciudadana ligada a dicha Plataforma. El colectivo tiene en mente celebrar la misma asamblea en otros concejos del área sanitaria avilesina en próximas fechas.

Los profesionales sanitarios del área de todas las categorías volverán asimismo a movilizarse el próximo viernes, a las 11 de la mañana, contra los recortes que afectan a los funcionarios.

FEDER pedirá a Ana Mato hoy ser eximidos del copago

El copago pone en riesgo «la salud de tres millones de personas con enfermedades raras»

24.07.12 - E. C. | MADRID, en El Comercio.

El copago pone en riesgo «la salud de tres millones de personas con enfermedades raras», asegura FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, por lo que hoy, en una reunión que mantendrán con la ministra Ana Mato, le pedirán ser eximidas de ese pago.

De esta forma, según ha señalado el presidente de la asociación, Juan Carrión, los pacientes de enfermedades poco frecuentes instan a Sanidad a «que cumpla el compromiso que asumió en junio de que se exima del copago» a las familias con estas patologías.

La federación ha planteado esta reivindicación en un comunicado en el que asegura que la reforma sanitaria supone un «coste inasumible» para las personas con enfermedades poco frecuentes.

Un coste «desorbitado», según la federación, que considera además que pone en riesgo la salud de tres millones de españoles con enfermedades raras.

La condición de cronicidad de estas patologías hace que en el 80% de los casos se requieran tratamientos de por vida, según la federación, una situación que provoca «un alto impacto en la economía familiar, generalmente caracterizada por una grave situación de empobrecimiento».

El Observatorio de la federación ha realizado un informe sobre el impacto económico de las enfermedades poco frecuentes, que presentará hoy a la ministra Ana Mato.

Uno de los datos más significativos que arroja está relacionado con los costes anuales por pruebas médicas o exploraciones prescritas por un médico en los últimos seis meses.

El 51 % de estas pruebas, según Carrión, no han sido cubiertas por la seguridad social y además, en relación a los costes anuales de las visitas médicas a especialistas, se observa que el 87 % de su coste total también es asumido por las familias.

El Ministerio de Sanidad propicia la desatención en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores alardea de cooperación a nivel internacional

Más de 2.700 extranjeros con VIH quedarán sin medicación por los recortes

Expertos en sida afirman que la medida aumentará la mortalidad, la aparición de enfermedades asociadas, los ingresos hospitalarios, los casos y la transmisión materno-fetal.

Cuantifican entre 324 y 580 las nuevas infecciones por la medida

Foto: Escenificación ante el Ministerio de Sanidad, en Abril de este año, del Requiem por el Plan Nacional sobre el SIDA enterrado por los recortes del PP.

Emilio de Benito, Madrid, en El País.

El 1 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de muchas personas, inmigrantes en situación irregular que ese día dejarán de tener asistencia sanitaria en España (salvo las urgencias), según el real decreto ley del 24 de abril. Y dentro de este grupo, hay un colectivo especialmente vulnerable: las personas con VIH, que no tendrán acceso a la medicación. El Grupo de Estudio del SIDA (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que agrupa a los médicos expertos que ven a más pacientes en España, calcula que son entre 2.700 y 4.600 personas, para las que la medida es, en la práctica, una condena a muerte. No es una exageración: el aumento de la mortalidad es la primera de las consecuencias que Gesida prevé.

Pero no solo. “Más allá de consideraciones éticas, los expertos de Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas —como tuberculosis— a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria”, afirman en un comunicado.

En concreto, teniendo en cuenta que según se deja la medicación el virus empieza a multiplicarse, las personas pasan a ser más infectivas. Los expertos calculan que habrá en un año entre 324  y 580 casos más en un año.

Esto quiere decir que los ahorros previstos no se van a alcanzar ni de lejos. “En el capítulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención. Pero es que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones). Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento”. A ello hay que sumar los costes “que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente”.

Para los médicos, la opción mencionada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que las ONG asuman el tratamiento de estas personas no es viable, ya que el manejo de esta compleja infección debe hacerse en hospitales. Por eso “recomienda al Ministerio que evite la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria”.

Un “mucho” de cinismo:

España aportará 10 millones de euros al Fondo Mundial contra el SIDA

El Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de España tiene previsto aprobar el próximo 30 de julio una contribución de 10 millones de euros al Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Madrid, hoy, 18:14 h., en lainformacion.com

El Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de España tiene previsto aprobar el próximo 30 de julio una contribución de 10 millones de euros al Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

La decisión, que ya había sido comunicada al organismo receptor, estaba a la espera del cierre de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y de la reunión del comité del FONPRODE, que se producirá tras la conclusión de la XIX Conferencia Mundial del SIDA que se celebra esta semana en Washington.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación informó hoy en un comunicado que, con tal contribución, retoma las ayudas a este fondo, lo que expresa la "prioridad" que la Cooperación Española otorga a "las cuestiones de mayor impacto, como son los servicios sociales básicos y la ayuda a los más necesitados".

España pretende "paliar en parte" la situación de grave riesgo para la salud en la que se encontraban más de 200.000 personas identificadas por el Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA por la suspensión de las aportaciones en ejercicios anteriores.