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CONTRARREFORMA NO

Y pasado mañana concentración a las 19:00h. en la plaza del Carbayón de Oviedo (sede del SESPA)…

Y pasado mañana concentración a las 19:00h. en la plaza del Carbayón de Oviedo (sede del SESPA)…

Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública recoge firmas en Oviedo

OVIEDO, EUROPA PRESS

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias ha  estado recogiendo firmas este domingo en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo para adherirse al Manifiesto en Defensa y Mejora del Sistema Sanitario en Asturias.

Su objetivo es defender en Asturias un sistema sanitario público de calidad, sostenible y solidario, desde la  vocación de aglutinar transversalmente, en cualquier territorio y sensibilidad, a toda la sociedad asturiana.

Consideran que el Real Decreto  16/2012 del pasado 20 de Abril es un verdadero "torpedo" en la línea de flotación de la Sanidad Pública. "Los copagos en la farmacia, el transporte sanitario, las prótesis  o la dieto-terapia, suponen penalizar a los sectores más vulnerables (pensionistas y crónicos),  eximiendo a la clase política de su responsabilidad en el gasto farmacéutico y sanitario", lamentan.

Y consideran particularmente "indigna y antisocial" la exclusión de las personas inmigrantes "sin papeles", mientras se perfila un nuevo modelo sanitario que asimila la atención sanitaria con el aseguramiento y reclasifica  las prestaciones sanitarias en "básicas", "suplementarias" y "accesorias", dejando la puerta abierta a nuevas modalidades de exclusión y copago.

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Actividades y posicionamientos de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en Asturias…

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Defensa de la Sanidad afirma que la atención a los inmigrantes será incompleta

Oviedo, Efe

La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública afirmó ayer que la resolución del Gobierno regional para asegurar la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es «una respuesta precaria y parcial» a la situación de este colectivo.

En un comunicado, la Plataforma señala que, aunque la decisión del Ejecutivo autonómico «expresa buena voluntad» hacia la población afectada, tampoco garantiza su pleno acceso a la atención médica.

 

Recogida de firmas el domingo 24 en Oviedo

 

De la WEB de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias:

El domingo 24 de junio por la mañana, diferentes asociaciones y organizaciones de la plataforma montarán una mesa informativa en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo para informar sobre nuestras propuestas y recoger firmas para apoyar el manifiesto.

Concentración el miércoles 27 a las 19:00h

Manifiesto en Defensa y Mejora del Sistema Sanitario en Asturias

La especie de nuevo IVA que penaliza enfermar… el nuevo copago nacional o repago; que cada cual le dé el nombre que quiera, que no por ello dejará de ser menos lesivo.

La especie de nuevo IVA que penaliza enfermar… el nuevo copago nacional o repago; que cada cual le dé el nombre que quiera, que no por ello dejará de ser menos lesivo.

Los españoles pagarán 551 millones más por los medicamentos

El nuevo copago farmacéutico entrará en vigor el próximo uno de julio

Los ciudadanos aportarán un total de 1.159 millones de euros anuales

Las farmacias sufrirán hasta 200 millones en pérdidas por el nuevo servicio

EFE | MADRID

El nuevo copago farmacéutico que entra en vigor el próximo 1 de julio y fija nuevos baremos de aportación en función de la renta hará que los españoles paguen cada año por sus fármacos 551 millones adicionales a los 607 millones que ya pagaban, por lo que la aportación ciudadana ascenderá hasta los 1.159 millones de euros anuales por medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así se desprende del informe ’Proyección y consecuencias del RDL 16/2012’ realizado por Antares Consulting a petición del Grupo Cofares, interesado en conocer cuál será el impacto en el sector de la reforma impulsada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. "A partir de ahora vamos a tener que diferenciar entre el gasto farmacéutico en España y la financiación pública de medicamentos", ha reconocido el presidente del Grupo Cofares, Carlos González Bosch.

Y es que, con los nuevos tramos de copago fijados por Sanidad se duplicará el porcentaje medio del gasto farmacéutico que es financiado directamente por el ciudadano en la oficina de farmacia. Teniendo en cuenta que los pensionistas consumen el 77 por ciento de los medicamentos financiados por el SNS y estos no pagaban nada hasta ahora, mientras que los trabajadores activos debían costear un 40 por ciento del precio de sus medicinas, la aportación media de los ciudadanos era de apenas un 5,8 por ciento del total del gasto. Sin embargo, a partir del 1 de julio la mayor parte de los pensionistas pagarán un 10 por ciento de lo que cuesten sus tratamientos (con topes máximos según sus rentas) y los trabajadores hasta un 50 ó 60 por ciento también según su renta, lo que aumentará la aportación media del ciudadano hasta el 10,6 por ciento.

Porcentajes que, no obstante, y como ha asegurado el autor del estudio Rafael Borrás, socio de Antares, esta aportación ciudadana "sigue estando por debajo de la media europea, que está en torno a un 16,5 por ciento", algo "entendible" cuando hay países como Bélgica donde hay trabajadores activos que pagan hasta el 85 por ciento por sus medicinas.

Además, este experto ha reconocido que el pago de los ciudadanos puede aumentar en los próximos meses si se confirma la desfinanciación de algunos grupos de medicamentos que recogía la norma, y que previsiblemente aprobará el Consejo Interterritorial del SNS el próximo miércoles.

"Se están barajando varias listas", ha reconocido Borrás, que ha puntualizado que el RDL establece que estos medicamentos a desfinanciar deben estar indicados en el tratamiento de síntomas menores, convivir con medicamentos sin receta con los que compartan dosis y principio activo o ser considerados como publicitarios en el entorno europeo.

El ahorro estimado para el Estado con esta medida es de entre 500 y 600 millones de euros, ha avanzado el autor del informe, que ha pedido que esta desfinanciación no provoque "trasvase de prescripción" en caso de que no se desfinancie el grupo entero; que los fármacos afectados se sigan incluyendo en las guías de prescripción aunque el paciente lo tenga que pagar; y que no haya grandes limitaciones en los precios de los medicamentos una vez desfinanciados, para que puedan "adquirir el precio que realmente les corresponde según su aportación al paciente".

Pérdidas en las farmacias

Pero además del impacto al ciudadano, la reforma sanitaria impulsada por Mato también va a tener consecuencias para las oficinas de farmacia, que reducirán sus ingresos entre 150 y 200 millones de euros anuales, tanto por el descenso del consumo que conllevará el nuevo copago como por la implantación de un nuevo sistema de precios menores y la culminación de la prescripción por principio activo.

El efecto disuasorio del nuevo copago supondrá una disminución de 2,7 por ciento del número de recetas, mientras que la facturación caerá un 1,3 por ciento.Esto va a provocar, según ha explicado Borrás, que si actualmente el número de farmacias en riesgo de viabilidad era de 2.500, la cifra aumente hasta 2.700-2.800 de los más de 21.400 establecimientos que hay actualmente en España.

El primero de los dos copagos (repagos) en Cataluña entró en vigor hoy…

Las farmacias catalanas, desbordadas el día antes de aplicar el euro por receta

La Generalitat impondrá una sanción de un 20% sobre el importe no pagado mediante la tasa

Barcelona, Efe

El día antes de la entrada en vigor de la tasa del euro por receta, las farmacias catalanas se vieron ayer «desbordadas» por la cantidad de usuarios que acudieron a retirar medicamentos, llegando algunas de ellas incluso a doblar la cifra habitual de ventas. La jornada transcurrió en medio de una sensación de caos en muchas boticas, dado que al gran volumen de clientela se añadió un fallo del sistema informático que gestiona las recetas, que estuvo fuera de servicio de forma intermitente.

Desde la pasada medianoche, todos los catalanes que van a una farmacia con una receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) deben abonar una tasa de un euro -hasta un máximo de 61 euros anuales-, a excepción de unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social que son beneficiarios de ayudas. Según los datos difundidos ayer, la medida ha conllevado que las dispensaciones de recetas en farmacia hayan aumentado hasta un 20 por ciento durante este junio con relación al mismo mes del año anterior, tendencia que culminó ayer, cuando muchas de las farmacias vieron cómo incluso se doblaba el número de recetas médicas que debían servir.

La Generalitat de Cataluña anunció ayer que impondrá una sanción de un 20 por ciento sobre el importe no satisfecho a través de la tasa de un euro por receta. El ciudadano que no pague la citada tasa pasará a ser deudor de la Generalitat y, como sucede con el resto de impuestos impagados, la Administración le reclamará la cuantía siguiendo los procedimientos que establece la Ley de Tributos.

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Entre la insumisión política de Euzkadi, que aplaudimos, y el hartazgo de los farmacéuticos de Baleares…

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El estreno del copago halla resistencia en las autonomías

País Vasco y las farmacias baleares obstaculizan la medida

Cataluña no sabe si llegará a tiempo y prepara un plan alternativo

Foto: Algunas farmacias han optado por cobrar el importe íntegro de las recetas a los pacientes y que sean estos los que le reclamen la parte subvencionada a su respectivo Servicio de Salud.

Jaime Prats, Valencia, en El País.

La puesta en marcha del nuevo copago de los medicamentos —que incrementa la aportación económica de los pacientes y acaba con los fármacos gratis para los pensionistas— afronta distintos tipos de resistencias en Cataluña, el País Vasco y Baleares, que obstaculizan su estreno 10 días antes de su entrada en vigor.

Estas tres vías de agua se abrieron ayer de forma simultánea, un día después de que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, lanzara un mensaje de tranquilidad e indicara que los plazos se estaban “cumpliendo con generosidad”.

La medida vincula a la renta el porcentaje que se debe abonar (el 40%, 50% o 60% del coste del medicamento) o, en el caso de los pensionistas, el límite de gasto mensual (8, 18 o 60 euros). Ello implica que el Ministerio de Sanidad ha de transferir a las autonomías los datos de renta de los 44 millones de usuarios del Sistema Nacional de Salud. Y los departamentos sanitarios han de integrar esta información en sus bases de datos.

La Generalitat catalana indicó ayer que no sabe si llegará a tiempo a trasladar a sus sistemas informáticos estos registros. El gerente de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de Salud, Antoni Gilabert, explicó a Europa Press que la Generalitat se está planteando un escenario alternativo por si no consigue importar la información dentro del plazo previsto. El plan B consiste en un instrumento de gestión provisional a la espera de que se pueda poner en funcionamiento la plataforma informática definitiva con todas las garantías. Gilabert echó la culpa del retraso al ministerio por su tardanza en el envío de los datos, una circunstancia que el departamento de Ana Mato niega.

En el País Vasco los obstáculos son de naturaleza política. El Gobierno de Euskadi prepara un decreto de urgencia dirigido a evitar la aplicación del nuevo copago, que debería hacerse efectivo a partir del 1 de julio, tal y como estableció el Ministerio de Sanidad a través del Real Decreto ley 16/2012 de abril de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El borrador del documento que prepara el Ejecutivo vasco, que supone todo un acto de insumisión a la norma estatal, establece que los pensionistas no tendrán que abonar el 10% del precio del fármaco y que la población activa seguirá pagando el 40%, como hasta ahora. Además, bastará estar empadronado un año para acceder a la tarjeta sanitaria, lo que abre las puertas a la asistencia a personas en situación irregular. Sin embargo, si que incluye algunos aspectos del real decreto, como los fármacos gratuitos para las personas en paro que han agotado el subsidio de desempleo. Incluso contempla la devolución del importe pagado por encima de los precios establecidos en Euskadi que hayan abonado los ciudadanos del País Vasco al adquirir fármacos en otras autonomías.

Competencias en sanidad interior y suficiencia financiera

El Gobierno vasco apoya su postura en el ejercicio de sus competencias en “sanidad interior” y en que cuenta con “suficiencia financiera” para hacer frente al gasto suplementario que implicará la medida, según apuntó ayer.

En Baleares, el problema radica en el hartazgo de los farmacéuticos —una pieza clave en la aplicación del copago— por los 84 millones que les debe la Administración autonómica. Los impagos han llevado a este colectivo a tomar la decisión de cobrar la totalidad del importe de las recetas a los pacientes, quienes, señalan, deberán acudir al Gobierno regional para que les reembolse el porcentaje que les corresponda. Ello, en la práctica, supone reventar la aplicación del copago. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares trasladó en un comunicado que en la próxima asamblea general estudiará cómo llevar a cabo esta medida de protesta que se comunicará “con suficiente antelación” a los usuarios y la Administración sanitaria. “No podemos continuar más con esta situación de tener que sostener la financiación de los medicamentos de los ciudadanos”.

Otras autonomías han optado por mostrar su queja por los impagos con paros. En agosto, los farmacéuticos de Castilla-La Mancha convocaron una huelga. Sus compañeros de la Comunidad Valenciana ya llevan dos cierres patronales desde diciembre por el mismo motivo. Y tienen pendiente cobrar febrero, marzo, abril y mayo, a razón de casi 120 millones de euros al mes.

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El próximo miércoles, día 27, en Oviedo, habrá una concentración organizada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública contra el RDL 16/2012 (el decreto del copago)…

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Sanidad dejará de financiar fármacos para síntomas menores desde el 1 de julio

La medida se presentará a las autonomías el próximo día 27.

Cada usuario tendrá asignado un código que marcará lo que deberá pagar por los medicamentos

Foto: Usuarios del centro de salud Puerta de la Villa, en Gijón, plasman su firma contra la reforma sanitaria.

20.06.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Buena parte de los fármacos para síntomas menores que ahora son cofinanciados por el Estado dejarán de estarlo. Laxantes, mucolíticos, lágrimas artificiales, antihemorroidales y algunos antiinfecciosos, entre otros muchos, caerán del listado de medicamentos subvencionados y tendrán que empezar a ser abonados en su totalidad por el usuario. Será a partir del próximo 1 de julio, según avanzó ayer la secretaria general de Sanidad del ministerio, Pilar Farjas.

La medida forma parte del decreto de ahorro sanitario aprobado por el PP el pasado abril y que se conoce popularmente como ’el decreto del copago’. Con esta actuación, que hará que por vez primera los pensionistas paguen parte del coste de sus medicinas, se pretende ahorrar 7.000 millones de euros en el conjunto del país. A la retirada de medicinas para síntomas menores le corresponderían 500 millones de esa bolsa de 7.000. El Gobierno saliente del Principado había estimado que la aplicación de los recortes en materia de farmacia ordenados desde Madrid dejarían en Asturias un ahorro anual cercano a los 70 millones de euros.

El caso es que quedan apenas dos semanas para que entre en vigor una de las patas más importantes de la reforma sanitaria decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro de su plan de ajuste contra el déficit público. Sin embargo, la mayor parte de las autonomías, entre las que se encuentra Asturias, desconocen cómo se pondrá en marcha este nuevo sistema de prestación farmacéutica que incrementará la aportación que cada usuario deberá hacer por las medicinas. Ayer, la secretaria general de Sanidad desveló algunos detalles. Para empezar, confirmó que la desfinanciación de parte de los medicamentos ahora incluidos en el Nomenclador será planteado a las comunidades en una reunión del Consejo Interterritorial de Salud que previsiblemente se celebrará en Madrid el próximo miércoles, día 27. En este sentido, fue el presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, quien reveló que la propuesta inicial del Ministerio de Sanidad es dejar de financiar nueve grupos terapéuticos, entre los que se encuentran parte de las medicinas más consumidas en España.

Ramentol, que ayer presidió en Madrid la Asamblea General Ordinaria de la patronal, indicó que los fármacos destinados a síntomas leves «son desfinanciables dadas las circunstancias, porque en algún sitio hay que ahorrar».

Del 001 al 006

Desde el próximo 1 de julio, cada usuario de la sanidad tendrá asignado un código personal que determinará lo que tendrá que abonar por cada medicina. Irá del 001 al 006 y cada grado estará vinculado al nivel de renta y de ingresos. El ministerio ha realizado un cruce de datos entre el Instituto Nacional de la Seguridad y Hacienda para que la aportación sea «progresiva y equitativa» en función de la renta. Este proceso culminó el pasado día 15 de junio, abundó Farjas. «No es real, sino todo lo contrario», lo que han expuesto algunos dirigentes como el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, en la línea de que ni la administración ni las farmacias están listas para ejecutar el «copago», respondió la secretaria de Sanidad.

Como ejemplo de cómo se aplicará el nuevo sistema explicó que las personas con una pensión no contributiva, exentas del copago pero que igualmente tendrán que adelantar aportación de entre 8 y 18 euros al mes, llevarán el código 001, al igual que un parado de larga duración que ha perdido el desempleo, alguien con discapacidad superior al 65% o con rentas de integración social.

De la misma manera, comentó, una persona en activo y que tiene unos ingresos declarados en renta por debajo de los 18.000 euros llevará el código 003, indicativo de que debe abonar el 40%. Habrá en total seis tramos.

Ayer, a primera hora de la mañana», puntualizó Farjas, las comunidades tenían esta información disponible en la intranet, de acuerdo a los requisitos técnicos de encriptación de cada servicio de salud. A partir de ahora, cuando se haga una prescripción en la consulta, ya sea impresa o por receta electrónica, «automáticamente» aparecerá el código del usuario que marcará lo que deberá abonar por cada una de las medicinas recetadas.

Recogida de firmas

En otro orden de cosas, en Asturias continúan las movilizaciones contra la reforma sanitaria y el nuevo copago farmacéutico, que tendrán su exponente mayor en la concentración prevista para el próximo miércoles, día 27, en Oviedo. Ayer, y organizado por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública y la Federación de Vecinos de Gijón, se recogieron cientos de firmas de usuarios que acudían a los centros de salud. La recogida de firmas continuará por otras áreas sanitarias.

También ayer en la Asamblea de ASEVINSE celebrada en el HGA…

Se vota la integración de la asociación en la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública y por mayoría (1 voto en contra) se decide la integración.

Matallanas: «El PP cambia el modelo sanitario bajo apariencia de ahorro»

El Estado «nos está dando gato por liebre», asegura el ex director del Insalud ante la Federación de Vecinos

P. T., en La Nueva España

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), tras una intensa campaña de recogida de firmas en favor de la sanidad pública por los ambulatorios, organizó ayer una charla impartida por los médicos Carlos Ponte y Manuel Matallanas, que animaron a los asistentes a «luchar contra el decreto» del Gobierno de Rajoy que prevé recortes en sanidad. «En un contexto de crisis, lo que pretenden es cambiar el modelo sanitario bajo apariencia de ahorro. El ahorro que plantean es escaso y buscan establecer un modelo ideológico para abrir a las compañías privadas un negocio tan sabroso como el de la sanidad», proclamó Matallanas, quien fuera director provincial del Insalud. «Nos están dando gato por liebre», añadió.

Ambos médicos, miembros, al igual que la FAV, de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, explicaron varios puntos del decreto planteado por el PP, que «da la vuelta como a un calcetín al sistema sanitario», que «estaba calificado como excelente por la Organización Mundial de la Salud». Ambos se mostraron muy duros con el plan propuesto por el Estado. «Con la implantación del nuevo sistema de tarjetas sanitarias van a gastar casi tanto dinero como el que pretenden ahorrar», señaló Matallanas, que se opone al copago sanitario, y censuró la negación de asistencia a inmigrantes ilegales. «Es un grave error humanitario. Se pierde el criterio de universalidad que tenía nuestro sistema», proclamó. «Está en juego la vida de personas y el sistema se empobrece en dirección a la vieja beneficencia para los pobres», añadió Ponte. Creen que «nada volverá a ser como ahora» y eso que este decreto, opinan, «es sólo el primer paso» a un cambio de modelo sanitario.

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Antes del debate en la Escuela de Hostelería de Gijón, convocado bajo el lema 'La sanidad pública en peligro', a las 19 h., habrá una Asamblea en el Salón de Actos del H.G.A. a las 16,30 h.

Antes del debate en la Escuela de Hostelería de Gijón, convocado bajo el lema 'La sanidad pública en peligro', a las 19 h., habrá una Asamblea en el Salón de Actos del H.G.A. a las 16,30 h.

La plataforma contraria al decreto se concentrará el día 27 en Oviedo

Los centros de salud de Gijón se suman hoy a la campaña de recogida de firmas en protesta por la reforma del sistema sanitario español

19.06.12 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

El ambiente sanitario empieza a caldearse en Asturias. Desde hace varias semanas, diversos colectivos cívicos y sociales agrupados bajo el paraguas de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, se encuentran recogiendo firmas y voces críticas contra el decreto que modificará el actual modelo de salud. Con la reforma sanitaria del PP que entrará en vigor de forma gradual, no sólo se cambia el sistema de copago en los medicamentos incluyendo por vez primera a los jubilados y pensionistas, sino que se cambia el sistema de salud conocido hasta la fecha. Se pasa de una figura de universalidad, donde todas las personas residentes en España tenían derecho a recibir atención sanitaria al margen de su situación, a un modelo de asegurado. La atención queda vinculada a las condiciones de trabajo, renta y situación de legalidad de cada persona.

Los contrarios a este decreto ya están calentando motores. Hoy, en Gijón, los centros de salud vivirán una jornada de recogida de firmas. Capitaneada por la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos, se instalarán mesas informativas en un total de 15 centros de salud de la ciudad, donde se invitará a los pacientes que hoy acudan al médico a firmar contra la reforma sanitaria. «Sabedores de que vivimos en tiempos de crisis, nos parece razonable pensar que se deje hacer un esfuerzo por contener el gasto, pero no podemos convenir en que el ajuste en Sanidad sea, precisamente, un área en la que se deba recortar», aseguró mediante un comunicado el movimiento vecinal. La pretensión de la FAV es «visualizar el malestar de los vecinos ante estas medidas». Como colofón de esta jornada reivindicativa, a las siete de la tarde se celebrará un debate en la Escuela de Hostelería de Gijón bajo el lema 'La sanidad pública en peligro'. En el mismo intervendrán los miembros de Plataforma para la Defensa de la Sanidad, Carlos Ponte y Manuel Matallanas.

Dentro de las movilizaciones organizadas desde Asturias, el próximo día 27 de junio se celebrará una concentración en Oviedo contra los ajustes sanitarios.

Pagar más por las medicinas

En otro orden de cosas, el Ministerio de Sanidad puso ayer a disposición de las comunidades autónomas los datos de los ciudadanos necesarios para poder aplicar a partir del próximo 1 de julio el nuevo copago farmacéutico, tal y como estaba previsto. El decreto ley contempla que los trabajadores pasarán a pagar entre un 40% y un 60% de sus medicinas, en función de sus ingresos, mientras que los pensionistas, que antes no pagaban nada, abonarán un 10% con un tope de 8 ó 18 euros mensuales, según su renta. El consejero de Sanidad indicó la semana pasada que desconoce cómo se habilitará el sistema de devolución a los pensionistas que con este nuevo sistema acaben aportando más dinero del fijado por la ley para sus medicinas.

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Los dos copagos harán que los catalanes sean los que más paguen por los medicamentos en todo el estado…

Los dos copagos harán que los catalanes sean los que más paguen por los medicamentos en todo el estado…

Cataluña inicia el sábado el cobro de 1 euro por receta para recaudar al año 50 millones

Barcelona, Efe

El departamento de Salud de la Generalitat estima que cada catalán pagará una media de 13 euros al año por la tasa del euro por receta médica, que se empezará a aplicar en Cataluña el próximo sábado.

El impuesto farmacéutico del Gobierno lo pagará todo ciudadano que retire un medicamento expedido por la sanidad pública en una farmacia en Cataluña, excepto unas 127.000 personas que, por su nivel de renta, quedarán exentas inicialmente. El consejero de Salud, Boi Ruiz, explicó ayer que los exentos están acreditados por el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat como personas con rentas bajas, y que estos datos se actualizarán mensualmente para incrementar o disminuir ese número en función del comportamiento de los niveles de pobreza.

El Consejero recordó que los farmacéuticos «no son recaudadores y la ley no los obliga a cobrar la tasa, sino al ciudadano a pagarla», así que ha apelado a la «conciencia colectiva» para cumplir con lo que estipula la normativa.

La tasa se abonará por cada receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud (Catsalut) retirada en una farmacia catalana con un tope de 61 euros anuales por persona -en 2012 serán 36 euros al empezar a aplicarse a medianos del año-, un máximo al que se calcula que llegará el 12 % de la población (unas 800.000 personas).

La Generalitat estima que con este impuesto, bautizado como «tique moderador» porque busca un uso eficiente de los medicamentos, se generarán unos ingresos de unos 50 millones.

La difícil implantación de dos copagos en Cataluña

El nuevo modelo estatal coincide con la tasa de un euro

Anthony Coyle, Barcelona, 19 JUN 2012, en El País.

A partir del próximo día 23, los pacientes catalanes pagarán un euro por receta. Además, el 1 de julio está previsto que entre en vigor en toda España otro copago, este calculado a partir de la renta de cada paciente. De esta forma, el aumento del copago farmacéutico en toda España tendrá mayor impacto en Cataluña. Pero, cuando solo faltan 12 días para la entrada en vigor del segundo copago su implantación aún está en pañales. Ni la Administración ni las farmacias están preparadas. Boi Ruiz, consejero de Salud de la Generalitat, se quejó ayer de que el Gobierno central no había enviado la base de datos a partir de la cual calcular el importe que cada paciente debe pagar, en función de su renta. Datos que llegaron ayer por la tarde.

Una complicación que, unida a la falta de medios técnicos específicos de las boticas catalanas, hacen difícil que las farmacias de esa comunidad apliquen e Real Decreto Ley de Medidas urgentes anunciado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de abril, y que establece los nuevos porcentajes de copago de medicamentos. “Tecnológicamente, no podremos adecuar los sistemas para el 1 de julio”, declaró el presidente de los farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases. “Aplicar los distintos tramos de copago con garantías para que los ciudadanos no paguen de más es casi imposible”, aseguró Dalmases.

También la implantación del euro por receta ha contado con complicaciones tecnológicas en la actualización del software de las oficinas farmacéuticas, así como de información insuficiente, según denunció la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria.

Problemas que la Generalitat asume. El consejero Boi Ruiz reconoció ayer que “durante las primeras semanas” de la aplicación de la tasa surgirán “disfunciones de carácter técnico”, aunque piensan subsanarlas a través de una nueva comisión, creada para ello.

Con los dos copagos, los catalanes están a punto de convertirse en los españoles que más paguen por adquirir medicamentos. Con la entrada en vigor de la ley que reforma del sistema sanitario el 1 de julio, la población activa de toda España tendrá que pagar entre el 40% y el 60% de las medicinas, en función de sus ingresos. Los pensionistas abonarán el 10% con un máximo de ocho euros si se cobra una pensión anual de hasta 22.000 euros o de 18 euros para los que cobren hasta 100.000.

Además, cada catalán pagará, de media, unos 13 euros al año por la tasa del euro por receta, según la Generalitat, que prevé recaudar así unos 100 millones de euros al año —50 millones en 2012—.

Aunque, su objetivo es racionalizar el consumo de fármacos y no tanto ahorrar en esta partida, que en 2011 fue de 1.692 millones de euros.

La tasa solo se aplicará a los medicamentos que cuesten más de 1,67 euros. Se librarán de pagar el euro los perceptores de la renta mínima de inserción y de una pensión no contributiva, así como los dietoterapéuticos y todos aquellos suministrados en hospitales.

La Generalitat, en previsión de que se produzcan insumisiones similares a la del movimiento en contra de pagar peajes, apeló ayer a la “responsabilidad y conciencia social” de la población. “En el caso de que un ciudadano se niegue a pagar el euro, el farmacéutico rellenará un formulario que será tramitado por el departamento, que trabaja ya en un mecanismo sancionador por la vía administrativa”, advirtió el consejero de Sanidad. No obstante, Ruiz se comprometió a revisar cada mes el listado de las personas exentas de la tasa, que en julio serán unas 127.000.

A la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública la medida les parece “tibia” y abogan por la insumisión institucional del Principado…

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Asturias dará a cada inmigrante un código sanitario y le asignará un centro de salud

Creará un registro de ’extranjeros sin recursos’ para garantizar la atención a este colectivo excluido por la reforma sanitaria del PP

19.06.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en el Comercio.

Los inmigrantes ’sin papeles’ que residen en Asturias dispondrán de un código sanitario con el que se podrán identificar ante los médicos, enfermeras y administrativos del sistema público. No será una tarjeta sanitaria como la que tenían hasta ahora y que desde el 1 de septiembre perderán gracias a la reforma aprobada por el PP, sino de un número de identificación personal que les permitirá moverse (se supone que sin problemas) dentro de la sanidad pública asturiana. También les será asignado un centro de salud de referencia donde recibirán atención de forma normalizada. Estos son los principales puntos recogidos en la resolución de la Consejería de Sanidad, con la que el Principado busca garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia que desde el próximo septiembre quedarán fuera del sistema de salud. La disposición autonómica, publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), intenta paliar en parte los nocivos efectos de reforma sanitaria del PP, que conmina a las comunidades autónomas a dejar de facilitar tarjetas sanitarias a los inmigrantes que, a pesar de estar empadronados, no tengan regularizada su situación en España. La medida ya había sido anunciada la pasada semana por el consejero asturiano de Sanidad, Faustino Blanco, que argumentó que la resolución se adoptaba por «razones de humanidad». Según detalla la normativa, de las pocas aprobadas hasta la fecha en el país, los inmigrantes sin papeles (tanto los nuevos solicitantes de atención sanitaria como los que ya la recibían) «se incluirán en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres) y se les asignará un código de tipo de usuario». Su situación se enmarcará bajo el epígrafe ’extranjeros sin recursos’, que será asociado a un código de identificación personal.

El Principado asignará a cada persona en esta situación «un equipo básico de salud de referencia», en la práctica, un centro de salud de Atención Primaria y «se les autorizará temporalmente el acceso a la asistencia sanitaria en los dispositivos del Servicio de Salud del Principado (Sespa)». Los extranjeros sin regularizar ya no recibirán la tarjeta sanitaria que les daba derecho a ser atendidos, según la resolución publicada ayer en el Bopa.

Sin prestación de farmacia

Un tema que queda sin resolver es el de la prestación farmacéutica, a la que los inmigrantes sin papeles no tendrán acceso ni tan siquiera en Asturias. Los médicos de los centros de salud podrán emitirles recetas (las blancas), pero éstas no le darán derecho a descuento alguno en la farmacia, como si ocurre con el resto de usuarios. Los extranjeros sin recursos, indica la resolución, podrán «dirigirse a las diferentes organizaciones no gubernamentales o asociaciones que tengan relación con los colectivos de inmigrantes, donde le informarán sobre las posibles fórmulas de tramitar o conseguir los medicamentos», se entiende mediante la fórmula de copago. La normativa del Principado nada dice sobre cómo se dispensará la Atención Especializada, aunque un portavoz de Sanidad explicó que «se seguirán realizando las derivaciones al especialista como se hacían hasta ahora».

Defensa de la Sanidad también pide la insumisión

19.06.12 –El Comercio

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, conformada por más de treinta colectivos de la región, criticó ayer «la tibia postura» del Principado con respecto a la atención sanitaria de los inmigrantes sin papeles. Uno de sus portavoces, el médico Carlos Ponte, manifestó su desacuerdo con la resolución asturiana a la que calificó de «débil, ya que no soluciona el problema». Al igual que otros colectivos, como el Comité Ciudadano Antisida, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, considera que el Principado «debería declararse insumiso» ante el decreto de medidas urgentes en sanidad, que supone «un cambio radical del modelo sanitario que conocemos hasta ahora». Ponte criticó con dureza el hecho de que los extranjeros sin permiso de residencia tengan que acudir a las oenegés para gestionar los medicamentos: «Es un paso atrás que no deberíamos ni permitir ni aceptar».

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