Asamblea informativa de ASEVINSE este próximo martes 19 de junio en el Salón de Actos del edificio del HGA (en el HUCA) a las 16,30 h…
CONTARÁN CON LA PRESENCIA DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
Y decidirán sobre su incorporación a la misma…
LOS INMIGRANTES ILEGALES SON MENOS DE 4.000 EN ASTURIAS
El Principado dará atención sanitaria a inmigrantes irregulares por "humanidad" respetando el Real Decreto
Organizaciones de derechos humanos y asociaciones profesionales creen que la situación se resolverá de forma "parcial pero digna"
OVIEDO, 13 Junio (EUROPA PRESS)
El Gobierno del Principado de Asturias garantizará la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares por "razones de humanidad" para evitar que caigan en una "vulnerabilidad inaceptable" desde el punto de vista de la vida humana, según ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Faustino Blanco.
Asimismo, en rueda de prensa ha remarcado que la resolución que contempla esta decisión es "respetuosa" con el Real Decreto de Medidas Urgentes sobre la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Tras reunirse con representantes de organizaciones de solidaridad y derechos humanos y asociaciones científicas y profesionales de atención a la salud, el consejero ha indicado que se está buscando de forma conjunta una solución "satisfactoria" para evitar la "inseguridad" de este colectivo y de los profesionales sanitarios.
De este modo, Blanco ha dado instrucciones al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para que facilite la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, que no alcanzan las 4.000 personas en Asturias.
Desde las organizaciones han reiterado su exigencia de que se derogue el Real Decreto que priva a este colectivo del derecho a tarjeta sanitaria y prescripción farmacéutica. No obstante, consideran que la resolución de la Consejería resolverá la situación de forma "parcial pero digna" garantizando el acceso, además de a los servicios de urgencias, a la asistencia en Atención Primaria y Especializada.
Para informar de las novedades se preparan asambleas en los barrios ovetenses de La Tenderina (18 de junio), Pumarín (25 de junio), Ventanielles (28 de junio) y La Corredoria, aun sin fecha.
El consejero de Sanidad entiende que la resolución es "sensata, razonable y respetuosa con la norma" y apunta que no da derechos sino que garantiza la atención a las personas, al amparo del artículo 43 de la Constitución Española y de las leyes generales de Sanidad y Salud Pública.
Más bisturí y menos «tijeretazos» sanitarios
La plataforma por la defensa de la sanidad pública de Asturias defiende en Avilés que la salud «es un derecho, no un negocio»
Foto: López Rivas, ayer, minutos antes de ofrecer una charla en defensa de la salud pública en el San Agustín
Myriam MANCISIDOR, en La Nueva España
«La salud es un derecho, no un negocio», sentenció ayer el jefe de Digestivo del Hospital San Agustín, Laureano López Rivas, miembro de la Plataforma por la defensa de la sanidad pública de Asturias. Dicho colectivo recogió hasta ayer más de 3.000 firmas en el centro sanitario avilesino contra la puesta en práctica del Real Decreto aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno central y que los profesionales califican de «verdadero torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública».
En este marco se celebró ayer una ponencia en la que López Rivas hizo hincapié en cómo los copagos en farmacia, el transporte sanitario, las prótesis o la dieto-terapia supondrán una penalización para los sectores más vulnerables: pensionistas y crónicos. Destacó asimismo la situación de exclusión que sufrirán los inmigrantes «sin papeles».
A juicio de Rivas, la principal consecuencia de la aplicación del «tijeretazo» de 7.000 euros será el cambio de modelo de la sanidad pública. «La sanidad pasa de ser un derecho universal a ser algo relacionado con estar o no estar, según el concepto antiguo, asegurado», dijo. Argumentó, en este sentido: «Se deja de tener un derecho como tal y se pasa a tener ese derecho según una serie de situaciones que excluyen a una serie de personas».
Los integrantes de la Plataforma por la defensa de la sanidad pública de Asturias incidieron, además, en que los copagos «van a tener una repercusión importante en gente que hasta ahora no pagaba y en gente con pensiones muy bajas». Ante esto, el responsable de Digestivo del San Agustín consideró que «parte de la sanidad está en venta»: «Esto siempre ha sido así, pero ahora las cosas son más fáciles para intentar vender las partes más rentables».
La Plataforma por la defensa de la sanidad pública, que aglutina a a profesionales de la salud, asociaciones de pacientes, entidades cívicas, ONG y colectivos académicos, nació en Asturias con el compromiso de defender en Asturias un sistema sanitario «público de calidad, sostenible, solidario, desde la vocación de reunir transversalmente, en cualquier territorio y sensibilidad, a toda la población asturiana». El colectivo defiende que los recortes del gobierno de Mariano Rajoy son «indiscriminados e injustificados». «Su finalidad es transferir los servicios rentables a las aseguradoras privadas e incrementar los beneficios de las multinacionales del sector: es decir, hacer negocios con la salud mientras las declaraciones y los discursos ocultan sistemáticamente el alcance de la transformación que está en marcha», defienden a través de un comunicado. Los «recortes» sanitarios, según el mismo colectivo, se traducen en «menos prestaciones y menor calidad asistencial».
El Consejo de Garantías catalán dice que la reforma sanitaria es inconstitucional
El órgano jurídico catalán considera que varios preceptos vulneran competencias de la Generalitat
Pere Ríos, Barcelona, en El País.
El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dictaminado que varios preceptos del real decreto ley de medidas urgentes sobre sanidad impulsado por el Gobierno español son contrarios a la Constitución y vulneran competencias de la Generalitat. Como ya ocurrió con la reforma laboral, los partidos de la izquierda catalana (PSC, ICV-EUiA y ERC) habían pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo jurídico dependiente de la Generalitat. Ahora, al igual que entonces, ese organismo ha concluido que la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos e invade competencias de la Generalitat.
El Consejo de Garantías Estatutarias concluye por unanimidad que el real decreto ley de 20 de abril contraviene tres artículos de la Constitución y dos del Estatut. Sobre los primeros, los juristas dicen que se vulnera el derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la ley (artículo 14 de la Constitución), así como el derecho a la protección de la salud (artículo 43). El órgano consultivo considera que el decreto también vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, porque no está justificada la "extraordinaria y urgente necesidad" para imponer las medidas por decreto y sin el habitual trámite parlamentario.
El dictamen del Consejo de Garantías explica que el decreto de Rajoy se carga el Sistema Nacional de Salud construido durante 25 años en España, que se inicia en 1986 con la Ley General de Sanidad que impulsó Ernest Lluch y que concluye en octubre del año pasado con la Ley General de Salud Pública. El decreto ahora cuestionado tiene únicamente 10 artículos. El primero de ellos regula la asistencia sanitaria a los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes", que solo serán atendidos en urgencias por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y posparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español. Según el Consejo de Garantías, eso supone una discriminación por razón de nacimiento y raza, y vulnera la protección de la salud que prevé la Constitución.
Además de eso, el Consejo de Garantías entiende que el Gobierno central invade las competencias compartidas que tiene la Generalitat en cuestiones referidas a la ordenación, planificación y regulación sanitaria (artículo 162.2 del Estatut), así como las que se refieren a las competencias exclusivas sobre la función pública (art. 136).
Asimismo se detecta invasión competencial en una disposición final del decreto que establece las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, almacenaje, preservación y distribución de células y tejidos humanos. El presidente del Consejo de Garantías Estatutarias, Eliseo Aja, ha emitido, además un voto particular para apuntar que la restricción del derecho a la salud de los extranjeros sin permiso de residencia "también es contraria" al artículo 13.1 de la Constitución.
Es muy probable que el Gobierno catalán acuerde en su reunión de mañana recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto sanitario de Rajoy en lo que se refiere a la invasión de competencias. En el caso del decreto de la reforma laboral, Artur Mas optó por no utilizar esa vía, pese a que el decreto fulminó a su Gobierno la función de autoridad laboral en Cataluña.
Huelga de médicos en Castilla-La Mancha contra los recortes de Cospedal
La protesta de este miércoles se suma a quejas por el cierre de plantas o falta de fármacos
Unos 6.000 profesionales están convocados a la jornada reivindicativa
Jaime Prats, en El País
Después de Cataluña (y sin perder de vista las iniciativas privatizadoras de la Comunidad Valenciana), Castilla-La Mancha es una de las autonomías que más lejos ha llevado los recortes en la sanidad pública. Tras la protesta de los médicos catalanes del pasado mes de noviembre, este miércoles es el turno de sus compañeros manchegos.
Unos 6.000 facultativos están convocados a la huelga por el sindicato médico CESM en una jornada con unos servicios mínimos equivalentes a un día festivo, aunque se ha respetado la actividad quirúrgica programada. El sindicato convocante pretende llamar la atención por la pérdida de poder adquisitivo —“entre el 22% y el 40%” del salario—, los “despidos masivos de compañeros” o la “intención de privatizar la sanidad pública”.
La protesta tiene lugar en un momento en el que se suceden las denuncias sobre el impacto que están teniendo los recortes en la calidad asistencial. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) trasladó este mismo martes a los representantes de los trabajadores el inmediato cierre de una planta del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Horas antes, en la concentración que se celebra todos los martes en el Hospital Virgen de la Salud de Cuenca en protesta contra las medidas de ajuste en sanidad, la portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en Cuenca, Pilar Iturriaga, ha insistido en el problema de desabastecimiento de antitumorales de la empresa Roche y en la amenaza de despido de 500 trabajadores en el centro. La semana pasada, la protesta contó con la presencia de responsables locales del partido que gobierna la región, como el secretario de sanidad del PP en Cuenca, Juan Ramón Toledo, que leyó un manifiesto en defensa del hospital.
Otras de las denuncias se centran en el incremento de las listas de espera. Hace varias semanas, los seis sindicatos con representación en el hospital de Ciudad Real comunicaron que en los tres primeros meses del año se ha duplicado la lista de espera quirúrgica respecto al mismo periodo de 2011.
Más reciente es el estudio elaborado por el PSOE sobre las demoras sanitarias. En toda la región, la tasa de pacientes que aguardan una intervención se ha incrementado un 44% en un año, según los datos recabados entre los distintos centros sanitarios. De las 26.399 personas que esperaban ser operados en mayo de 2011 se ha pasado a 38.036 en abril de este año. En este periodo de tiempo, la demora media ha crecido de 65 a 92 días. En las pruebas diagnósticas, el incremento de la lista de espera es mucho mayor ya que prácticamente se ha multiplicado por tres: de 8.857 personas se ha pasado a 25.052 (de 36 a 56 días de demora media).
Este martes, a modo de prólogo de la jornada reivindicativa del miércoles, el sindicato médico ha entregado 1.400 firmas (el 25% de la plantilla excluidos los interinos) en contra de las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno que preside María Dolores de Cospedal. “Hoy [por el martes] empieza una nueva forma de funcionar ante el Sescam para denunciar que basta ya de recortes, de echarnos la culpa y de demagogia sobre lo que ganamos”, ha manifestado a los periodistas el presidente regional del sindicato médico, Ángel de la Huerta Rodríguez, poco antes de entregar las firmas en la sede de la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Toledo.
Al ser preguntados por este diario sobre la postura de la Junta respecto a la huelga o el impacto de los recortes, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta han remitido a las declaraciones que pronunció el responsable del departamento, José Ignacio Echániz, en la reunión que mantuvo el lunes con el presidente de la Organización Médica Colegial. “Frente a quienes pueden tener la tentación de lanzar mensajes de ruptura o generadores de tensión, resulta gratificante comprobar que aquellos que tienen la representatividad de la profesión médica son claramente conscientes de cuáles son las vías para buscar y encontrar las soluciones que la sanidad y la sociedad en su conjunto requieren”, comentó Echániz.
Privatización de la gestión de hospitales
La Junta de Castilla-La Mancha tiene previsto ceder al sector privado la gestión de los hospitales públicos de Almansa, Villarobredo y Tomelloso (puestos en marcha en 2007) y el hospital de Manzanares (heredado del antiguo Insalud).
Estos centros serán gestionados bajo la fórmula de participación público privada (PPP, que comporta el control total del hospital por parte de una empresa), como recoge el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de Castilla-La Mancha 2012-2014. El plan de ajuste presentado hace dos semanas también contempla "para poner en marcha proyectos ya iniciados en construcción de nuevos hospitales" el modelo de Iniciativa de Financiación Privada (IFP, que consiste en ceder al sector privado la construcción del centro y la gestión de toda la actividad que no es asistencial). En esta categoría se encuentran los futuros centros de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete.
El programa de control del déficit contempla también una importante disminución del gasto en personal. Según un documento de trabajo del Sescam al que ha tenido acceso este diario, estas medidas se traducirán en una reducción de 2.375 puestos de trabajo, un 8,6% de los 27.372 que integraban la plantilla de la red pública a fecha de 31 de marzo de 2012. El mayor recorte será a costa de los trabajadores interinos.
El déficit de Valencia y Madrid es el de las privatizaciones sanitarias
Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
nuevatribuna.es
Como es bien conocido recientemente se ha reconocido que el déficit público español estaba por encima de lo declarado por el Gobierno y que esta desviación se debía a los déficits ocultos de Valencia y Madrid, y también se ha conocido que estos procedían directamente de las desviaciones de los presupuestos sanitarios de estas comunidades autónomas.
¿De dónde salen estas desviaciones del déficit?.
Pues es bien conocido que tienen un origen doble, por un lado hay una subfinanciación de la Sanidad en ambas autonomías, y claro está si se dedica poco dinero a la Sanidad y se dan parecidas prestaciones la única opción es el endeudamiento (el presupuesto de Madrid fue 185,42 euros menor y el de Valencia 209,63 euros menor que la media del presupuesto por habitante y año de las comunidades autónomas en 2011, situación que persiste y aún se agrava en 2012).
El segundo motivo de este déficit está en las privatizaciones sanitarias. Como es bien conocido tanto Valencia como Madrid han apostado por privatizar una gran parte del sistema sanitario, y también se sabe que, contra lo que dice la propaganda oficial, estas privatizaciones suponen un sobrecoste de entre 7,5 y 8 veces respecto a la provisión pública normalizada, y que lejos de paralizarse están incrementándose, hace poco la Comunidad Valenciana ha anunciado que privatizará la gestión de todo el sistema sanitario público.
El asunto es aún más paradójico si tenemos en cuenta que estos modelos privatizadores se hacen con préstamos de bancos (Bankia, CAM, etc) que están en quiebra y que se han reflotado con dinero público, con lo que se da la circunstancia de que, como ya señalo Allyson Pollock refiriéndose al Reino Unido, que entre el coste del dinero que el Gobierno da a los bancos y el que luego paga a las empresas se produce un diferencial que va entre 1,62 y 2,02 veces más (BMJ 2011). En España sucede algo parecido e incluso mas escandaloso, por ejemplo con Bankia y la CAM estamos derivando ingentes cantidades de dinero público a la vez que para poder hacerlo se plantean recortes en los presupuestos sanitarios y copagos a los ciudadanos, cuando el origen de estas supuestas necesidades económicas la han generado las empresas en quiebra.
Por lo tanto, la mejor medida para evitar estos déficit es precisamente aprovechar estas quiebras más o menos encubiertas de las entidades bancarias para recuperar los créditos y los centros privatizados ahorrando a los ciudadanos los sobrecostes. Por poner solo un ejemplo, en Madrid los hospitales abiertos en 2007 tienen pendiente recibir por parte de la Comunidad mas de 4.000 millones de euros, su recuperación supondría este ahorro para las cuentas públicas que ya han pagado a las empresas y bancos mas dinero del que costaron los centros.
No tenemos que engañarnos la privatización de los centros solo genera deuda y sobrecostes para las administraciones publicas y grandes ganancias para las empresas que, casualmente, suelen tener entre su accionariado y entre sus gestores a personas muy bien relacionadas, política y personalmente, con el PP. Si acabamos con esta política podríamos disminuir notablemente los costes sanitarios sin penalizar a los ciudadanos ni deteriorar el sistema sanitario público.
Carlos Ponte: «Ante la agresión a la sanidad pública hay que dar una respuesta social»
El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública afirma que Mariano Rajoy pretende cambiar de modelo
Langreo, E. PELÁEZ, en La Nueva España
«Ante la agresión a la sanidad pública del Real Decreto del pasado 20 de abril hay que dar una respuesta social», aseguró Carlos Ponte, médico internista del HUCA y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, en el acto del Club de LA NUEVA ESPAÑA que se celebró en la sede social del colectivo «Les Filanderes», en Sama. Ponte defendió, ante un auditorio que contaba con representantes de varios colectivos del concejo, que esas últimas medidas anunciadas por el Gobierno central son «un torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública».
La recogida de firmas es una de las tareas en las que se centra el colectivo, que reúne a personas y organizaciones en representación de profesionales de la salud, asociaciones de pacientes, entidades cívicas, ONG y colectivos académicos, y que nació con el objetivo de defender en Asturias un sistema sanitario público de calidad, sostenible y solidario. El representante de la plataforma, al que acompañaron en el acto Vicente Gutiérrez Solís, presidente de la Federación de Asociaciones de Langreo y de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias, y Asunción Naves, máxima responsable de «Les Filanderes», indicó que «la sanidad está ahora en una situación extraordinariamente grave».
El decreto aprobado por el ejecutivo de Mariano Rajoy pretende, apuntó Ponte, «cambiar de modelo», aunque «las tendencias para convertir en privado el sistema sanitario vienen de atrás, incluso de cuando nació la sanidad pública en España, hace 30 años». En estas tres últimas décadas, explicó, «han entrado unos actores que son determinantes, las grandes compañías farmacéuticas, que eran familiares y ahora son grandes multinacionales y las grandes aseguradoras». La «estrategia del Gobierno para liquidar la sanidad pública» se apoya en dos patas. Una de ellas son los «recortes en gasto social y concretamente sanitario junto con derivar parte de los costes a la población» y otra las reformas.
Ponte subrayó que el decreto «rompe la universalidad» y «deja abierta la puerta a nuevas fórmulas de aseguramiento». Además introduce el copago que es, aseveró, «un mecanismo injusto, un impuesto para la enfermedad». El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública aludió a la experiencia de Holanda, que tenía un sistema «fundamentalmente público y que hace diez años pasó al privado». Se implantó el copago, que en sus inicios fue de 189 euros al mes y que ahora es de 239 euros. El colectivo estudia las medidas a tomar para protestar en Asturias por la actual situación.
Vicente Gutiérrez Solís aludió asimismo a la necesidad de apostar por la sanidad y educación pública además de rechazar «que el PP ponga fecha de caducidad a la minería».
El sector privado "debe tener voz y voto" en las reformas, según el PP
El secretario de Sanidad, José Ignacio Echániz, aboga por "ser valientes y modificar estructuras porque no hay más remedio"
PÚBLICO.ES / EFE, MADRID
Para el secretario de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, dejar que el sector privado tenga "voz y voto" en las reformas sanitarias que dependen del Gobierno no significa "privatizar la Sanidad".
Así lo ha manifestado hoy en una conferencia sobre gestión de clínicas, en la que también ha abogado por "no tener miedo a reformar permanentemente las estructuras" del sistema.
Echániz se refirió al Real Decreto-ley de de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para anunciar que se abren "importantes posibilidades de cara a la sanidad privada en los próximos años".
La normativa, elaborada por el departamento de Ana Mato y convalidada en el Congreso el 17 de mayo con el único apoyo de PP y UPN, contempla la colaboración del sector privado con mutuas y otros sistemas sanitarios de la UE para configurar "paquetes de asistencia" que puedan atraer a pacientes de otros países a España, informa Efe.
El también consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha anunció, además, que estas reformas "no son las definitivas". "Hay que ser valientes, modificar estructuras y continuar en un proceso reformista, estableciendo prioridades", declaró.
Acto seguido, Echániz espetó: "el sector privado tiene que tener voz y voto y ser proactivo, estando cerca del Gobierno para impulsar mecanismos que tienen que ser posibles de cara al futuro".
Una vez más, el secretario de Sanidad se escudó en la "gravísima crisis" que sufre el país para demostrar que "no hay más remedio" que llevar a cabo estas reformas para "garantizar la sostenibilidad" del SNS.
Por último, Echániz apuntó la necesidad de liberar la Sanidad de "tabúes políticos" porque el SNS "no tiene que tener colores, ni de derechas, ni de izquierdas, como algunos quieren", concluyó.
PSOE: "Quieren convertir la Sanidad en negocio"
La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, por su parte, recibió las declaraciones de Echániz sin demasiada sorpresa. "Ya nos lo temíamos desde hace unas semanas", declaró.
"Las reformas no solo están desmantelando la sanidad pública sino que el PP quiere dar entrada al sector privado y convertir la sanidad en un negocio", opinó la exministra de Sanidad.
Jiménez aseguró que desde la oposición no van "a permitir" que dicha situación se lleve a cabo y tachó de "intolerables e inasumibles" las posibles nuevas reformas por las que apostó Echániz.