CONTRARREFORMA NO

Ocurre en la Comunidad autónoma vecina: Galicia

485 euros por un día de hospital

Según Médicos do Mundo, las restricciones afectan también a embarazadas

Foto: Hospital Xeral de Vigo.

Diana Mandiá, Santiago de Compostela

La ONG Médicos do Mundo ha contado entre enero y marzo de este año una treintena de casos de pacientes inmigrantes a los que se les ha denegado, o complicado sin necesidad, la atención médica. Hay situaciones de todo tipo, desde embarazadas en situación irregular a las que se les pide la tarjeta sanitaria —las gestantes tienen derecho a asistencia sea cual sea su situación legal—, a denegación de pruebas o de la profilaxis de prevención tras la rotura de un preservativo. “Seguramente son muchos más, estos son los que han llegado a nosotros”, explica Ana Mateo, portavoz de la ONG, que achaca estos casos al discutido decreto que la Xunta aprobó en septiembre del año pasado y que establece un mínimo de seis meses de empadronamiento para acceder a la tarjeta sanitaria. A finales de este verano, esos pacientes perderán de todas formas su derecho a la sanidad porque se les exigirá justificar una residencia legal.

 “Desde aquí queremos llamar a la objeción. Curar es un derecho y debemos ejercerlo sin restricciones”, clamó Mateo, que ayer presentaba en Santiago, junto al Foro Galego de Inmigración — integrado por más de un centenar de asociaciones— y el colectivo Esculca, la VIII Asamblea Xeral Galega de Inmigración e Emigración de Retorno, que se celebrará este domingo en la Escola Municipal de Música de A Coruña. El encuentro, bautizado con el lema É racismo, non é austeridade, versará precisamente sobre la pérdida de derechos consignada por el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

De la asamblea del domingo saldrá un documento con propuestas de acciones contra las medidas impuestas por el gobierno, que en palabras del portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, “están sirviendo para alimentar discursos de corte xenófobo”. Restricción tras restricción, con el acceso a la sanidad pública que se estrecha para uno de los colectivos más vulnerables, la portavoz de Médicos do Mundo tacha de “mezcla interesada” el argumento, tan en boga, del “turismo sanitario” para cerrar el paso a parte de los extranjeros. “El inmigrante no es un turista. Aunque no esté en situación legal, paga impuestos que indirectamente financian el sistema de salud”. Y advierte: “ La restricción tiene costes sanitarios y económicos. Es más costoso a largo plazo negar la sanidad”, señala.

Además del derecho amputado a la sanidad, la Asamblea debatirá sobre el peso al que tienen que hacer frente las asociaciones en el reparto de alimentos, la situación de las empleadas del hogar y los controles policiales, “basados en criterios raciales”, que la Policía se resiste a reconocer pese a reconocer implícitamente su existencia al prohibirlas mediante una circular el pasado domingo.

“Me dijeron que me fuese a la privada”

De recorte a recorte, esta es la sensación de Valentina, prostituta argentina residente en Vigo en situación irregular, que acudió a mediados de diciembre del año pasado a las urgencias del Hospital Xeral de Vigo con las plaquetas por los suelos y hematomas por todo el cuerpo. Los administrativos le pidieron el pasaporte al entrar y se quedó ingresada. A las pocas horas, recibe una llamada del departamento de cuentas del centro que le informa de que cada día de ingreso le costará 485 euros, sin contar el material desechable. “Una médico llegó a decirme que me fuese a una clínica privada, que me saldría más barato. Me trató muy mal, me dejó a punto de llorar”, cuenta.

Angustiada por la deuda que según el propio hospital estaba contrayendo, Valentina se puso en contacto con Faraxa, una asociación viguesa que lucha por la abolición de la prostitución; gracias a su mediación logró no tener que hacer frente a una factura de casi 15.000 euros —se quedó ingresada un mes, hasta el 16 de enero— que por sus ingresos es incapaz de pagar. La mujer no tenía empadronamiento en la ciudad, a la que llegó dos semanas antes de caer enferma, y sin posibilidad de tramitar una tarjeta porque la norma aprobada en septiembre le exigía seis meses de antigüedad en el padrón. Tras su paso traumático por urgencias —un servicio, en teoría, garantizado en cualquier caso— consiguió empadronarse y el próximo mes cumplirá los 183 días que le reclama la Xunta para acceder a una tarjeta. No le servirá de mucho. El último día de agosto tendrá que presentar también el permiso de residencia. Y no lo tiene.

El eufemismo de la sostenibilidad en el Decreto Ley 16/2012 como excusa para cambiar un modelo sanitario que no gusta a la especulación financiera aunque si les guste a los ciudadanos

Recortes en sanidad: restricción de derechos

La figura del "asegurado" elimina el derecho ciudadano de recibir atención sanitaria

Por Carlos Barra, 21 MAYO 2012 en El País.

Es incuestionable que uno de los mayores logros que la sociedad española ha conseguido en el periodo democrático, ha sido la creación y consolidación de un sistema nacional de salud de carácter público, con cobertura universal, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que ha hecho realidad el cumplimiento de un mandato constitucional: el derecho a la protección de la salud, recogido en su artículo 43.

La Ley General de Sanidad y posteriormente en la Ley de Cohesión y Calidad desarrollaron el espíritu que el citado artículo recoge y garantizan en su articulado el derecho a la protección a la salud de todos los españoles y extranjeros residentes en nuestro territorio, sin establecer ninguna exclusión al respecto.

Nuestro sistema público de salud así configurado ha sido un elemento que ha contribuido de manera importante a la consecución de niveles altos de cohesión social y ha establecido la solidaridad, equidad y accesibilidad como valores esenciales de su razón de ser. El establecimiento de la financiación total del sistema a cargo de los Presupuestos Generales, desvinculando por tanto la asistencia sanitaria de las aportaciones a la Seguridad Social, completaba el proceso de configurar la protección a la salud y todas las actividades encaminadas a ello, como derecho de ciudadanía y superar por tanto los conceptos de asegurado y beneficiario que imperaban antes.

Es ese concepto de asegurado, ya superado, el que ahora vuelve a introducir el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, estableciendo una exclusión en la protección del derecho a la salud para los inmigrantes sin papeles, y asimismo restringiendo el derecho de los españoles mayores de 26 años que no trabajen, a los que se les exige demostrar que no tienen recursos. El real decreto introduce sin duda una restricción y recorte de derechos que nos retrotrae a tiempos pasados; en el caso de lo referido a los inmigrantes pueden derivarse situaciones de riesgo para la salud pública, dificulta su proceso de integración y rompe con la tradición de solidaridad que mayoritariamente impera en la sociedad española.

El real decreto ley, promulgado en el contexto de la crisis y utilizando a ésta como excusa, desarrolla un articulado que no permite vislumbrar en ningún caso esas garantías de sostenibilidad que su grandilocuente título expresa, sino que más bien refleja, además de las restricciones de derechos ya expuestos, el establecimiento de mayores cargas impositivas para los ciudadanos (copagos aumentados donde ya los había), así como la implantación de aportaciones económicas por parte de los ciudadanos para recibir prestaciones que estaban cubiertas con carácter de universalidad sin necesidad de pago alguno complementario. Estas medidas tienen como único objetivo el recaudatorio, y en ningún caso sirven para alcanzar logros que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario.

No parece que la intención sea adoptar medidas reales, rápidas y eficaces que eviten las bolsas de ineficiencia que el sistema tiene, sino que más bien se encaminan a ir modificando la configuración de nuestro sistema sanitario público, desdibujando cada vez más sus componentes de universalidad, equidad y accesibilidad que lo caracterizan desde su creación.

En todas las encuestas realizadas en nuestro país, la ciudadanía valora muy positivamente su sistema sanitario, el funcionamiento de sus instituciones y el trabajo de sus profesionales, se ha sentido segura ante sus problemas de salud en la confianza de que iban a ser bien atendidos y ha tenido la garantía de que sea cual fuere su situación en la escala social no iban a ser excluidos. Hoy en el seno del tejido social ha surgido inquietud, incertidumbre e indignación ante el ataque que el real decreto supone para nuestra sanidad pública; ha comenzado ya a movilizarse en defensa de sus derechos y si no hay rectificación desde el Gobierno se producirán con toda seguridad situaciones de crispación y conflicto.

En los hospitales y centros de salud se forman, crecen profesionalmente y desarrollan lo mejor de sus conocimientos la gran mayoría de profesionales de nuestro país, recibiendo un notable reconocimiento por parte de los ciudadanos; profesionales que cada día ven más reducidos los cauces de participación en la planificación y determinación de sus actividades, que sufren también ataques a sus derechos laborales, soportan escandalosas condiciones de precariedad y tienen asimismo enormes dificultades para seguir una adecuada formación continuada. Son actores importantes en el funcionamiento de la sanidad y por ello los recortes que el Gobierno ha planteado, van a afectar a su actividad profesional y les va a obligar a manifestar sus opiniones en relación a la nueva situación.

Nuestro sistema sanitario público, valorado muy bien tanto en nuestro país como fuera de él, necesita mejoras y reformas que lo hagan más eficiente; medidas que por cierto no puso en práctica el Partido Popular allí donde ha gobernado muchos años ( tampoco cuando tuvo anteriormente el Gobierno central). Mejoras y reformas que deben analizarse con rigor, someterlas a un amplio debate social y político y que en ningún caso pueden suponer pérdida y restricción de derechos ya conseguidos ni pérdida de los valores que lo fundamentan.

Carlos Barra Galán es médico especialista del sistema nacional de salud.

Aprovechando su participación en la Feria del Libro de Navia

Pablo Mosquera: «Sería absurdo prescindir de un hospital comarcal como el de Jarrio»

El ex director médico, que promociona su obra «Entre hospitales», acusa al PP de poner «la sanidad pública en tela de juicio»

Navia, T. CASCUDO, en La Nueva España

«Sería totalmente absurdo, impensable, que alguien con dos dedos de frente pueda llegar a pensar que se puede prescindir de un hospital comarcal. En todo caso habrá que ver si los grandes hospitales son rentables o no». Es la opinión del médico lucense Pablo Mosquera, director médico de Jarrio en la etapa del anterior gerente Ricardo de Dios, que acaba de publicar un libro titulado «Entre hospitales». Narra su «peregrinación» por los grandes centros hospitalarios del país, desde el de San Carlos en Madrid hasta el de Jarrio, que abandonó con el último cambio de Gobierno en Asturias, tras tres años y tres meses en el equipo directivo. Mosquera estuvo ayer en la Feria del Libro de Navia.

Este profesional, que ahora ejerce como médico rural en Cervo (Lugo), echa de menos el hospital coañés y defiende el papel del anterior equipo gestor: «Demostramos que se podía trabajar más gastando menos». Dice Mosquera que uno de sus logros fue que los profesionales trabajaran «no por dinero, sino por orgullo de pertenecer al hospital», alcanzando además «una situación de rendimiento con cifras envidiables, gastando poco rendíamos mucho». Recordó además la reducción de las listas de espera, la implantación de la telemedicina y que en su etapa no se hizo ni un solo contrato basura: «Buscábamos trabajo estable con salario digno porque eso le da estabilidad a la comarca». Lo que no pudo cumplir fue su proyecto de estrechar los lazos entre los hospitales comarcales de Jarrio y Burela, lo que -dice- quedó truncado con la entrada de Nuñez Feijóo en la Xunta.

Mosquera, que se declara socialista pese a que en su época en el País Vasco formó parte del PP, se mostró muy crítico con los recortes que plantean los populares porque, incide, están poniendo «la sanidad pública en tela de juicio». Para este experimentado médico, el Gobierno de Mariano Rajoy debería saber que «hay sistemas de financiación para evitar los recortes de los derechos de los ciudadanos». Y zanja: «Lo que no se puede consentir es una desigualdad en algo tan importante como el derecho a la salud».

Mosquera asegura que con su libro, en el que incluye anécdotas de su época en Jarrio, quiere demostrar que «los hospitales españoles han sido los mejores de Europa y con unos trabajadores que han hecho una labor extraordinaria para garantizar la salud».

El suyo no fue el único libro presentado durante el fin de semana en Navia. Nada menos que diez autores dieron a conocer sus últimos trabajos. Uno de ellos fue la finalista del premio «Planeta» 2011, Inma Chacón, que se mostró encantada con su encuentro con los naviegos: «Los lectores son los que ponen el punto final al libro, es muy enriquecedor».

El desmantelamiento del sistema empieza por la universalidad y la gratuidad pero vienen a por el modelo en si

«Excluir a los inmigrantes de la sanidad es de torpes e ignorantes»

Manuel Matallanas, ex director provincial del Insalud, critica la reforma sanitaria: «Nos hará retroceder 40 años»

18.05.2012 - L. FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

Manuel Matallanas, ex director provincial del Insalud y miembro de la actual junta directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad, no se muerde la lengua a la hora de hablar de la reforma sanitaria ideada por el Gobierno del PP y que ayer fue aprobada por el Congreso de la nación. «Excluir de la sanidad a los inmigrantes es de torpes e ignorantes», aseguró este facultativo, que ayer participó en el programa de La Lupa, de Canal 10. A preguntas de Juan Neira, Matallanas indicó que los cambios propiciados por el Ejecutivo de Rajoy «no son medidas de ahorro, sino medidas que atentan contra el modelo del sistema sanitario tal y como lo conocemos».

Porque introducir el copago farmacéutico para pensionistas, tanto los de rentas bajas, como los de rentas más altas, «supone volver a la idea de asegurado que había antes».

Matallanas fue especialmente crítico con la exclusión de determinados colectivos, como son los inmigrantes o también los jóvenes que no hayan cotizado. «Ningún país europeo ha tomado medidas como estas que son de torpes e ignorantes, sobre todo desde el punto de vista de la salud pública». Para especialista, que trabaja en el servicio de Radiodiagnóstico del HUCA, la reforma sanitaria acaba la universalidad del sistema «y penaliza a los más desfavorecidos», además de abrir la puerta a la privatización.

El que fuera responsable del Insalud antes de las transferencias sanitarias firmadas en 2002 se pronunció a favor de la unificación de áreas sanitarias: «Es el camino que hay que emprender», sentenció.

País Vasco sigue desmarcándose y defendiendo su propia vía

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de Medidas urgentes... Sistema Nacional de Salud.

Los consejeros esperan al Consejo Interterritorial de junio para concretar medidas

Los consejeros de Sanidad de algunas comunidades autónomas se reunieron ayer en Madrid para presentar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema. Los responsables sanitarios esperan obtener más imformación del decreto de reformas en el próximo Interterritorial. 

Ainhoa Muyo Labraca, Diario Médico, 16/05/2012

Con muchas medidas sin concretar y la publicación de errores del real decreto de reformas a través del BOE  (ver dicho BOE), los consejeros de algunas comunidades autónomas se reunieron ayer en Madrid, en la jornada Gestión eficiente en un entorno de crisis, organizada por Executive Forum España en colaboración con Medtronic, para exponer distintas medidas para hacer más sostenible el sistema sanitario.

En tiempos de crisis cada comunidad autónoma ha tomado medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Jesús M. Fernández, viceconsejero de Sanidad del País Vasco, expuso que en su comunidad han reducido gastos: "Las compras centralizadas han colaborado a la disminución de los costes. Hemos reducido 100 euros el gasto sanitario por persona y año sin recortar prestaciones ni excluir personas".

Antonio María Sáez, consejero de Sanidad de Castilla y León, explicó los factores diferenciales que tiene su comunidad y las medidas que, con esas limitaciones, están llevando a cabo: "Estamos tomando decisiones para ahorrar sin afectar a la sanidad pública: centralizando compras, ampliando el horario del personal y con las concesiones".

Por su parte, José Ignacio Nieto, consejero de Salud de La Rioja, recalcó la importancia de las tecnologías de información y comunicación como medida de ahorro: "Es muy importante poder compartir los historiales médicos. La telemedicina también reduce costes".

Concreción y aplicación

Los consejeros esperan que durante el próximo Consejo Interterritorial, que se celebrará en junio, se definan las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad: "Es necesario concretar muchos puntos  del decreto, como los que se refieren a transporte no urgente y ortopedia", concretó Nieto a Diario Médico. Por su parte Marta Vera, consejera de Salud de Navarra, dijo que "para el transporte no urgente es necesario que se emita una orden ministerial, que se dijo que se haría en seis meses". Sáez está de acuerdo con sus homólogos: "Las reformas hay que desarrollarlas pero ayudan a la sostenibilidad".

El decreto de reformas sanitarias ha despertado muchas reacciones, positivas y negativas, en el sector desde que Ana Mato, ministra de Sanidad, hiciera público su contenido. "Las medidas adoptadas en el decreto son totalmente necesarias y convenientes para conseguir la sostenibilidad del sistema. Hay que apelar a la responsabilidad de todos", explicó Nieto. Por su parte, Fernández no comparte esta opinión: "Recortar prestaciones y excluir personas de la sanidad no es la solución. El Gobierno no piensa en la sostenibilidad".

Una de las medidas del Ministerio de Sanidad se centra en convertir gran parte del sueldo de los profesionales en variable: "Estamos totalmente de acuerdo con esa medida y con todas las que vayan en esa dirección, por lo que las apoyaremos", coincidieron en afirmar Vera y Nieto.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Luis Rosado, ha explicado las labores que está llevando a cabo su departamento en torno al nuevo modelo de colaboración público-privada que va a instaurar su comunidad: "Ambos operadores tendrán que trabajar en los mismos objetivos para que éstos puedan cumplirse correctamente".

La Consejería ya ha abierto el plazo, que finaliza a finales de mayo, para que las empresas privadas presenten sus propuestas: "Después de este trámite el departamento de Sanidad estudiará los distintos proyectos durante el mes de junio y revelará su decisión a todos los participantes (a los que sean descartados se les explicará el motivo)". El siguiente paso será comenzar el diálogo competitivo con las empresas seleccionadas: "Entre julio y agosto esperamos poder finalizar el diálogo competitivo, para en noviembre tener todo listo y empezar a trabajar con el nuevo modelo", ha dicho Rosado.
En cuanto a la corrección del real decreto de reformas del Gobierno (ver DM del 15-V-2012) no ha querido hacer declaraciones. 

Pasado mañana se vota en el Parlamento el Real Decreto de reformas llevado a cabo por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Quince organizaciones sociales se rebelan contra los recortes en sanidad

Remiten una carta a los diputados del Parlamento pidiéndoles que voten contra el Real Decreto de Salud que presenta el Gobierno

15.05.12 - E. C. | MADRID, en El Comercio.

Quince organizaciones sociales se han unido para redactar una carta dirigida a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que pasado mañana voten en contra del Real Decreto de reformas llevado a cabo por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Todas ellas consideran que esta normativa vulnera el principio de equidad.

En concreto, la misiva está firmada por Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Standing Committee of European Doctors, la asociación Convivir sin racismo, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español, Karibu, Médicos del Mundo, el Centro de estudios y documentación sobre discriminación, racismo y xenofobia (Mugak), el Observatori del Sistema penal i els Drets Humans, la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Pueblos Unidos, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes.

Todos ellos aseguran que el Decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy implica un cambio «importante» en la concepción de la atención sanitaria que se conoce hasta la fecha. Además, recuerdan que una modificación de «estas envergaduras» requiere un debate previo abierto tanto en el Parlamento como entre aquellas entidades que trabajan en estos campos. «Sólo de esta manera se garantizarían y respetarían los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin tener en cuenta su lugar de nacimiento», recalcan.

Asimismo, las quince organizaciones destacan a los diputados la situación a la que se enfrentan los inmigrantes, tras la aprobación de esta norma, y les recuerdan que sólo «unos 150.000 extranjeros» tendrán derecho a la asistencia sanitaria de urgencias, salvo en el caso de mujeres embarazadas y en menores. «Estas medidas van a traer consigo una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país y puede provocar en la práctica, no sólo el colapso de las zonas de urgencias de los hospitales españoles, sino la división entre los ciudadanos con plenos derechos y los que no los tienen», aseguran las organizaciones.

Derechos fundamentales

Asimismo, las organizaciones y entidades reunidas para esta campaña reivindican un sistema sanitario «universal y gratuito» cuyo acceso esté normalizado y gestionado por la Administración pública para todas aquellas personas que viven en países vecinos. Además, instan al Gobierno a que tenga «en cuenta» las recomendaciones efectuadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que aconseja que el acceso a la sanidad necesaria debe «facilitarse» a los inmigrantes irregulares con arreglo a los «mismos criterios» que los nacionales y «aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones».

Por último, se hacen eco de los pronunciamientos de otros colectivos profesionales sanitarios que durante las últimas semanas han anunciado su decisión de hacer objeción de conciencia a las consecuencias de la reforma como, por ejemplo, el Sindicato Médico de Asturias, el Consejo General de la Abogacía, la Fundación Salud y Familia, la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, Informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España o la Red de Colegios Médicos.

Poco a poco la inmensa mayoría vamos llegando a la misma conclusión

Los indignados se rebelan contra la exclusión sanitaria de los sin papeles

La asamblea de Sanidad determina que el real decreto ley sobre atención sanitaria a inmigrantes vulnera "derechos fundamentales"

Foto: Un momento de la reunión de la Asamblea de Sanidad de los indignados, ayer lunes.

ELENA HERRERA, Madrid, en Público.es

"Es una medida vergonzosa, despreciable... el derecho a la salud es algo básico para cualquier ciudadano". La que habla es Rosa Bajo, médica de atención primaria en el Centro de Salud Campo Real (Madrid). Y esta es la valoración que hace del real decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que limita la cobertura médica a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el texto, el mes pasado, Rosa busca, junto a otros sanitarios, la manera de hacer frente a una norma que considera "injusta" y que, asegura, atenta contra su código deontológico.

"¿Cómo vamos a negar la asistencia a una persona que necesita nuestros cuidados?". La pregunta la lanzó este lunes al aire en una asamblea sobre este tema celebrada en la céntrica plaza de Santa Ana de Madrid. En esta charla, convocada por el grupo de trabajo de Sanidad del 15-M madrileño en el marco de las actividades de conmemoración de su primer aniversario, Rosa animó a sus compañeros de profesión y a toda la ciudadanía a enfrentar "juntos" una medida que, dijo, "nos devuelve 26 años atrás". Entre los años 1984 y 1986, el ministro socialista Ernest Lluch llevó a cabo una reforma que universalizó la sanidad y dio cobertura a ocho millones de personas a las que, hasta aquel momento, se les negaba ese derecho.

Por ello, la Coordinadora de Equipos de Atención Primaria, con el apoyo de las asambleas del 15-M, está intentando articular mecanismos que fuercen la revocación de este decreto. Mientras tanto, buscan el abrigo de los colegios profesionales para, amparándose en su código ético, les respalden en su voluntad de hacer objeción de conciencia y atender en sus consultas u hospitales a todas las personas que necesiten de sus cuidados, sea cual sea su situación legal.

María José García, enfermera que trabaja en el centro de salud Vicente Soldevilla en el barrio de Vallecas, al sur de la capital, cree, sin embargo, que la objeción individual, aunque es útil, no arregla el problema. "Hay que actuar como colectivo porque si no puedes derivar al paciente a otro compañero o hacer una receta es casi como si no se hiciera nada", asegura. En este sentido, recuerda que esta lucha no pertenece sólo al personal sanitario y recuerda que administrativos o celadores "son los que abren la puerta a los enfermos". "Si ellos no objetan tampoco sirve", lamenta.

"Tengo miedo, no sé cómo voy a curarme"

En el curso de la asamblea también participaron activistas de Médicos sin Fronteras como Marco o Guillermo. Ambos recordaron que esta norma "choca" con la Constitución española porque esta reconoce el “derecho a la protección de la salud” (artículo 43), con algunos Estatutos de autonomía que establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas” e incluso con tratados internacionales suscritos por España que defienden la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Asimismo, señalaron que el decreto ley puede acarrear un problema de "salud pública" al negar la sanidad a personas que están en riesgo de exclusión y que, en algunos casos, pueden enfermar por el trabajo precario al que se ven sometidas o las malas condiciones en las que viven. Asimismo, subrayaron que los inmigrantes no hacen "sobreutilización" del sistema sanitario y recordaron que, a la larga, resulta "mucho más caro" recortar en asistencia primaria porque es ahí donde pueden llegar a prevenirse patologías más graves. "El Gobierno del PP quiere un sistema de beneficiencia en el que las ONG atiendan a los más desfavorecidos por el sistema. Pero ni es justo, ni tenemos medios para hacerlo", remacharon.

En un extremo de la plaza Aladje, un joven de Guinea Bissau, escuchaba con atención lo que se hablaba en la asamblea. A pesar de llevar cinco años en España no tiene papeles. Aunque ahora está en el paro, ha trabajado como jornalero en el campo almeriense. Nunca ha tenido un contrato de trabajo. "Veo todo muy mal. Tengo miedo. No sé cómo voy a curarme si tengo una enfermedad", explicó visiblemente afectado a Público. A su lado, compartiendo el mismo temor, estaba Cheikh Sow, que llegó de Senegal hace seis años. Él sí tiene la documentación en regla, pero al no estar cotizando en este momento, también será excluido del sistema de salud a pesar de que ha cotizado durante más de tres años como trabajador de una empresa de instalación de aire acondicionado. "He pagado impuestos y ahora no tengo derechos, es todo muy injusto", lamentó este joven, que tiene en España a un hermano que está en la misma situación.

Abame Karim y Eva Herrero, senegalés y española, también se dejaron caer por la asamblea organizada por el grupo de trabajo de Sanidad. Son pareja y esperan un niño para el próximo octubre. Aunque ambos tienen garantizado el acceso a la sanidad, creen que esta medida es una "absoluta regresión" en el ámbito de los cuidados. "No nos pueden decir que con esta norma se ahorra dinero. Nos están robando derechos, por eso abogo por su incumplimiento", aseguró Eva una vez terminada la charla.

Esta es la realidad que algunos aún se niegan a creer

La sanidad «universal»

“Cartas de los lectores” en La Nueva España (13.05.12), escrita por Jana Díaz Orbegozo (Oviedo)

Estimada señora Mato, me dirijo a usted en referencia a la última reforma del sistema sanitario. A pesar del revuelo, puedo confesar que en mi caso la preocupación fue nula ignorando las protestas y críticas de la oposición, especialmente cuando escuché su respuesta y, en concreto, su afirmación «todos los españoles mayores de 26 años tienen derecho a una tarjeta sanitaria propia».

De esa manera, fíjese usted, una chica como yo, con 28 años, que ha ejercido como ingeniera de Telecomunicaciones desde hace 5 años, 3 en España y 2 en Suecia, asumió que a su vuelta temporal a su país antes de iniciar una nueva experiencia internacional tendría derecho a ir al médico de manera gratuita. Al fin y al cabo, otra cosa no, pero el sistema sanitario universal para los españoles es una de las pocas cosas que funcionan relativamente bien en relación al resto de Europa. O eso creía yo.

Esta mañana ha llegado la sorpresa cuando el que yo creía iba a ser un mero trámite se ha convertido en lo que bien podríamos llamar un shock.

–Hola, buenos días. Venía a pedir una tarjeta sanitaria, he cotizado 3 años en España, y 2 en Suecia, y ahora estoy de vuelta.

–Sí, muy bien, ¿cuántos años tienes?

–28

–Uy, pues difícil lo tenemos, mira es que de acuerdo al nuevo reglamento los mayores de 26 no hay manera de incluirlos con sus padres.

¿Universal? ¿Todos los españoles? ¿Ejemplo de modelo sanitario? De repente todas esas ideas que yo tenía han empezado a revolotear en mi mente.

–Bueno, en mi caso yo tengo un número de la Seguridad Social y he cotizado 3 años en España.

–Sí, sí, si la idea es que, bueno, lo que yo creo, que os deberíamos poder hacer una prórroga en vuestro número de la Seguridad Social, pero de momento la herramienta nos lo rechaza, a ver si desarrollan el reglamento y arreglan este desaguisado. Tardarán como mucho 2 meses.

¿Vacío legal? ¿Error informático? ¿Negligencia? ¿Gran recorte enmascarado?

–Pero, ¿y si tengo que ir al médico en estos dos meses?

–Pues no sé. Porque claro, no creo que te puedan poner como persona sin recursos. Mira a ver si en el centro de salud te pueden atender con el número de tus padres o algo así. Pásate por allí a ver qué te dicen. Si no quizás te hagan pagar los servicios médicos.

Creo que la pobre funcionaria del INSS estaba tan anonadada como yo. Bueno, no tanto, ya que habrá tenido que dar las mismas respuestas a unos cuantos ya. Ya sabe, a base de práctica a todo se hace uno.

Resumiendo, soy una joven española de 28 años que ha cotizado, pagado sus impuestos y que ahora se encuentra que durante este mes y medio que pasará en España ha de ser especialmente cuidadosa: nada de tobillos retorcidos que puede salir bien caro. Tampoco puedo contar con el sistema sueco, ya que al irme del país por más de un año ya me han dado de baja en su sistema.

Recuerdo que hasta hace nada (hasta esta mañana, podríamos decir) solía hablar orgullosa del sistema sanitario español en comparación con el sistema sueco, donde el copago está establecido desde hace mucho (y no es precisamente barato) y que en realidad no funciona tan bien como creemos en el sur de Europa, sobre todos los beneficios sociales en el idealizado Estado del bienestar escandinavo.

Espero que arreglen pronto este embrollo o mi orgullo pasará a ser sólo eso, un recuerdo.