LEGISLACION

Y algunos pretenderán que les demos nuestro voto por esto el 26-J ¡¡seguro que si!!, je, je

El Gobierno da luz verde a la subida del 1 por ciento de los sueldos de los funcionarios

17.06.2016, Oviedo, Marián MARTINEZ, en La Nueva España.

El Gobierno regional aprobó ayer la subida salarial del 1% para la totalidad de los profesionales de la Administración pública regional, que cobrarán este incremento ya en la nómina correspondiente al mes de junio, que será más abultada al incluir también los atrasos, ya que el incremento tiene carácter retroactivo desde enero. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, cuantificó ayer que el coste de este incremento salarial para las arcas regionales es de unos 17 millones de euros. También remarcó que la subida de las retribuciones no puede ser superior al 1% porque es el máximo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno también incluye la congelación del segundo tramo de la carrera profesional. Guillermo Martínez incidió en que esta medida tiene "carácter transitorio" y que responde a "las limitaciones económicas y la necesidad de garantizar la prestación de los servicios públicos".

El Ejecutivo de Javier Fernández ya había planteado la supresión del cobro del segundo tramo de la carrera profesional, que debía entrar en vigor este año, en el proyecto de Presupuestos que quedó en aguas de borrajas al recibir las enmiendas d todos los grupos excepto IU. Las cuantías establecidas en la carrera profesional son, con carácter anual, 2.145 euros para los que estén en el grupo A1 y en el grupo A2 son 1.370 euros. La cuantía baja a 901 en el grupo C1, y a 729 en el C2. Los que menos perciben son los del grupo E, con 557 euros anuales.

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En el BOPA de hoy

En el año 2016, las retribuciones íntegras del personal relacionado en el artículo 14.1, así como al que hacen referencia los artículos 18, 19 y 20 de la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015, experimentarán un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, con efectos del 1 de enero de 2016…

Presidencia del Principado de Asturias

Ley del Principado de Asturias 1/2016, de 10 de junio, de medidas retributivas. 

PDF de la disposición

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Lo ya sabido del 1% y de lo demás nada

La Junta sube el sueldo un 1% a los funcionarios regionales y congela la carrera profesional

El Parlamento da luz verde, pese al rechazo del PSOE, a tramitar una ley para crear una unidad anticorrupción

Foto.- Dolores Carcedo interviene ante el Pleno, con los funcionarios protestando con carteles a la derecha.

11.06.2016, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

La Junta General aprobó ayer, con cierto suspense, la subida del 1% del sueldo y la congelación salarial de la carrera profesional a los funcionarios del Principado. El PP, que acabó votando a favor, pidió un receso de cinco minutos para reconsiderar su posición tras lo que consideró como una intervención "insultante" de la portavoz socialista, Margarita Vega.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que cifró en 17 millones el coste de esa subida retributiva, justificó "la congelación transitoria" del pago del segundo tramo de la carrera profesional en la necesidad de acometer "una recuperación progresiva de derechos", sin dejar de atender la prestación de los servicios públicos y la dinamización de la actividad económica, "políticas que también precisan recursos", dijo.

El suspense llegó de la mano del PP, cuya diputada Emma Ramos, había anunciado la disposición a votar a favor de la ley de medidas retributivas para no perjudicar a los empleados del Principado, "dejando a un lado la ideología". Pero la intervención de la portavoz socialista Margarita Vega, que cuestionó "el fariseísmo" de los populares, sentó como un tiro al Grupo Popular, que pidió un receso para reconsiderar su voto porque "un gobierno débil, que no cuenta más que con 14 escaños, nos ha insultado", esgrimió Mercedes Fernández. Al final, el PP mantuvo su apoyo y la ley de medidas retributivas salió adelante con el respaldo de PSOE, PP, Foro y Ciudadanos, ya que Podemos e IU se abstuvieron. El parlamentario de Podemos Enrique López, que salió al hemiciclo con una camiseta de apoyo a los empleados públicos, lamentó el rechazo del Gobierno regional a las enmiendas de su grupo, entre las que se encontraba la recuperación de la jornada laboral de 35 horas. "Si es legal en Castilla-La Mancha o Andalucía por qué no lo va ser en Asturias", defendió el portavoz de la formación morada, que reprobó, además, la congelación salarial del segundo tramo de la carrera. IU se demarcó de un texto "que vulnera la ley de la carrera profesional".

Gaspar Llamazares dio un nuevo toque al Gobierno, tras el de la pasada semana sobre el decreto de las listas de espera, al echar de menos "un plan de recuperación de los derechos perdidos por los funcionarios, con un calendario serio". Cristina Coto (Foro) calificó de "trampa" la ley de medidas retributivas, porque tiene, "una medida positiva, la subida del 1% del sueldo y otra negativa", en alusión la congelación salarial del segundo tramo de la carrera profesional" que, en su opinión, supone "un fraude de ley". La portavoz forista también advirtió de que esta nueva ley "puede ser recurrida" ante los tribunales.

El portavoz de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, defendió la necesidad de "acuerdo y voluntad política" para la reforma del sector público en España y en Asturias. El debate en la Junta General fue seguido por un grupo de empleados públicos, que casi llenaba la tribuna de invitados, y expresó su protesta contra la ley por no incluir la recuperación de la jornada de 35 horas. El presidente del parlamento, Pedro Sanjurjo, les llamó la atención en dos ocasiones.

Por otra parte, el parlamento aprobó la toma en consideración de una ley, promovida por Podemos, para crear una unidad anticorrupción en el Principado, pese al rechazo del PSOE para el que "es un órgano insostenible, con un coste millonario".

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El presidente entra en el debate de las listas de espera

Javier Fernández ofrece a IU negociar el futuro decreto de listas de espera sanitarias

El presidente se muestra conciliador después de que Llamazares amenazara con romper el pacto por considerar que la norma beneficiará a la privada

LAURA FONSECA, en El Comercio

Una semana más, las abultadas listas de espera de la sanidad pública se colaron en el Parlamento regional. Javier Fernández, presidente del Principado, tuvo que responder ayer en la Junta General a una pregunta del diputado y portavoz de IU, Gaspar Llamazares, sobre el futuro decreto que elabora su Gobierno sobre tiempos máximos de demora. La normativa, que fija un techo de 180 días de espera para determinadas intervenciones (prótestis de rodilla y cadera, entre ellas) y de 60 días para pruebas radiológicas y primeras consultas, ha conseguido erosionar las relaciones entre el PSOE e Izquierda Unida. Hasta tal punto que la semana pasada Llamazares llegó a asegurar que el decreto ponía en peligro el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre ambas formaciones a principios de legislatura. Entiende el portavoz de la coalición que la normativa, tal y como está planteada, supone «reconocer el fracaso del sistema público», ya que prevé solucionar el problema de las demoras aumentando las derivaciones a la privada.

Fernández tomó buena nota del aviso a navegantes lanzado desde IU y ayer tendió la mano a la negociación. «El decreto de garantías sanitarias no está pensado para derivar pacientes al sector privado», aseguró el jefe del Ejecutivo, que invitó a Llamazares a «negociar el contenido» de la futura norma.

Javier Fernández dio algunos datos y aseguró que el Principado únicamente destina el 0,22% del presupuesto sanitario global a financiar derivaciones de enfermos a clínicas privadas. Indicó también que el Servicio de Salud gasta 85,6 millones en centros concertados regidos por fundaciones sin ánimo de lucro, como Cruz Roja, Jove, Avilés y Sanatorio Adaro. En clínicas donde se realizan interrupciones del embarazo se desembolsan 961.896 euros y otros 837.000 en organizaciones que atienden a toxicómanos.

En tono conciliador, el presidente regional aclaró a Llamazares que «el PSOE siempre defiende el sistema público» y que el decreto solo pretende ser «un paso más» en la mejora de los servicios sanitarios… (leer más)

 

El PSOE invita a IU a negociar el decreto para reducir las listas de espera

Javier Fernández dice que la normativa tiene como objetivo reducir los fondos destinados a la sanidad privada

LA VOZ DE ASTURIAS, Oviedo, 10/06/2016

El decreto para reducir las listas de espera, que fijará plazos máximos para atender algunas patologías, pretende reducir los fondos públicos destinados a clínicas privadas por las derivaciones de pacientes a los que atienden, según ha afirmado hoy el presidente del Principado, Javier Fernández.

Fernández se ha pronunciado así en sus respuestas al PP y a IU durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General en el que ambos grupos le han interrogado sobre dicha normativa después de que la coalición amenazara con romper el pacto de investidura que suscribió con el PSOE si el decreto contemplaba aumentar las derivaciones a centros privados.

Según el jefe del Ejecutivo, el pago por estas derivaciones a centros privados que ya se viene realizando supone únicamente el 0,22 por ciento del presupuesto global de la Consejería de Sanidad y la intención del Gobierno es que dicha cantidad se reduzca aún más.

Presupuesto

El presupuesto vigente, ha recordado, incluye 85,6 millones para derivaciones a centros sin ánimo de lucro, clínicas abortistas, organizaciones de atención a toxicómanos, atención domiciliaria y fisioterapia y a centros privados, que perciben 3,5 millones de euros, el 4 por ciento de la cuantía destinada a convenios.

Tras reiterar su voluntad de pactar con IU el contenido del decreto, pese a que ha advertido de que en el pacto de investidura no se menciona la prevalencia de la sanidad pública sobre la privada para realizar derivaciones, Fernández ha advertido de que la regulación que prepara el Gobierno «ni será una cura milagrosa ni responde a una realidad catastrófica de la sanidad».

El decreto, ha subrayado, «no está pensado para derivar pacientes a la sanidad privada si no al contrario», no tendrá impacto económico para las arcas públicas y se elabora ahora porque el Principado, tras poner en marcha dos nuevos hospitales, dispone de mayor capacidad para llevar a cabo cirugías ambulatorias.

Llamazares

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha coincidido con Fernández en que no puede haber «soluciones simples para problemas complejos», pero también ha advertido de que tampoco hay «soluciones privadas para problemas públicos» tras lamentar que las listas de espera se desbocaran en todas las comunidades a consecuencia de los recortes.

Las derivaciones a la privada, ha subrayado, no solucionan los problemas y únicamente «ocultan la enfermedad» por lo que la solución pasa por dotar de más recursos a la sanidad pública, mejorar la gestión y ofrecer una información, «hasta ahora parcial y sesgada», que resulte comprensible para los usuarios.

«Las listas de espera son una forma de organización y de programación en el sistema pública, lo que es alarmante es que sea excesiva en función de una determinada patología. El sector privado no tiene listas de espera, tiene listas de exclusión», ha apuntado.

Reproches del PP

Por su parte, la portavoz del PP, Mercedes Fernández, ha reprochado al PSOE que lleve desde que se produjeron las transferencias sanitarias en el año 2002 anunciando que regularían los tiempos máximos de espera para los pacientes asturianos sin haberlo llevado a cabo pese a anunciarlo de forma periódica.

La líder popular ha recordado además las huelgas registradas en la sanidad pública asturiana, que incrementaron las listas de espera, y que ha atribuido «a la falta de respeto a los profesionales» por parte de los sucesivos gobiernos socialistas.

Tras incidir en que la realización de un TAC en la sanidad asturiana tiene una demora media de un año, Fernández ha asegurado que el PP cree «en una sanidad pública, de calidad y gratuita, sin matices», pero no «en la gestión socialista de la sanidad».

«Lo que queremos es que, si hay colapso, la gente no se quede gente ahí, castigada», ha apuntado antes de defender las derivaciones transitorias de pacientes tanto a centros concertados como privados de forma «transparente y diáfana» dado que los conciertos están regulados por ley.

La portavoz popular ha advertido además del hecho de que el Gobierno regional sólo reaccione cuando su único aliado en esta legislatura, en alusión a IU, les amenaza con romper su pacto de investidura como en el caso del decreto de listas de espera.

«¿Qué más le da tener catorce que diecinueve?.. es una nimiedad.. vaya quiebra del sistema...», ha ironizado respecto al número de diputados socialista y la cifra que suman junto a los cinco de IU.

 

El Principado paga 3,5 millones por los pacientes que deriva a la sanidad privada

Javier Fernández garantiza a IU que la reducción de las esperas "no tendrá repercusión en el gasto" gracias a la optimización de la red pública

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

El Gobierno regional suturó ayer la herida abierta en el pacto de investidura con IU a cuenta del decreto sobre las listas de espera en la sanidad pública asturiana. El presidente del Principado, Javier Fernández, garantizó ayer a Gaspar Llamazares que el acortamiento de los plazos para una intervención quirúrgica (180 días) o para una prueba diagnóstica (dos meses), "no tendrá casi repercusión en el gasto" ya que se afrontará con la optimización de la red pública. En el debate sobre las listas de espera sanitarias también metió baza en el Pleno de la Junta Mercedes Fernández, que vinculó el decreto del Ejecutivo socialista con la proposición de ley popular.

Javier Fernández compareció al turno de preguntas con los deberes que le había puesto al Gobierno la semana anterior Gaspar Llamazares. De entrada, el presidente del Principado se esmeró en garantizar a IU la disposición de su Gobierno a negociar el contenido del citado decreto que "pretende ser sólo un paso más en la mejora del sistema sanitario público, y esa mejora pretendemos compartirla y contar con ustedes". El portavoz de la coalición instó al Gobierno "a sentarse" también con los profesionales del sector para "abordar el exceso en materia diagnóstica de las listas de espera" y exigió "una información que ahora es sesgada y parcial, que sea entendible por los ciudadanos".

El presidente del Principado aprovechó su segundo turno para das cifras sobre la parte de "la tarta" que se lleva la sanidad privada de la derivación de pacientes para acortar las listas de espera… (leer más)

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Y ESTA OTRA MAS DIRECTAMENTE RELACIONADA

Por mi parte no opinaré hasta leer el borrador integro

Sanidad prevé utilizar los hospitales de las alas para cumplir su decreto de demoras

La derivación a centros privados será la última opción y solo para casos muy específicos que no puedan ser resueltos en el ámbito de «toda la red la pública y concertada»

 

LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio

 

El decreto de listas de espera que prepara el Principado y que prevé fijar por decreto los plazos máximos para una operación quirúrgica, una prueba radiológica o una consulta en la sanidad pública, implantará la movilidad geográfica entre los pacientes. Cuando entre en vigor esta normativa, de la que ya disponen el conjunto de autonomías, ya no será prioritario que un enfermo sea intervenido en un hospital de su área sanitaria, como ocurre ahora como norma general, sino que podrá ser ’invitado’ a acudir a centros del Sespa alejados de su lugar de residencia. Si el paciente rechaza la derivación perderá su derecho a reclamar y seguirá esperando en su hospital o consulta. La cercanía en la atención sanitaria, caballo de batalla en la política que el PSOE ha desplegado en Asturias en las tres últimas décadas, será sacrificada en pos de reducir las demoras.

 

Para ello, la Consejería de Sanidad tiene previsto avanzar en una suerte de gestión única de las listas de espera de manera de saber en todo momento cuál es el hospital o servicio que dispone de más holgura y mejores tiempos. Los hospitales de las alas, que son los que tradicionalmente muestran los plazos menos abultados, pasarán a tener un papel más activo. El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ya utilizó a Jarrio y a Cangas del Narcea como ejemplos de derivación cuando éstos días se refirió al decreto de demoras que causó resquemor en IU… (leer más)

 

33.959 personas aguardan por una prueba radiológica

Expertos en gestión creen que si el Principado «no organiza bien las derivaciones, el decreto será un tiro en el pie»

 

L. FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.

 

33.959 personas se encuentran ahora mismo en Asturias pendientes de una prueba radiológica en el Sespa. De ellos, 12.815 lo hacen por una resonancia magnética y poco más de 10.000, por una ecografía. Para un escáner hay casi 4.000. Si ahora mismo entrara en vigor el decreto de tiempos máximos que fijará en 60 días la espera tope para una prueba diagnóstica, «al menos la mitad de los pacientes estaría en condiciones de exigir ser derivado a otro centro sanitario». Es la evaluación que realizan diversas fuentes hospitalarias con los datos de espera que hay en la actualidad en los diferentes servicios de rayos, y que indican que un 70% de los enfermos con indicación de un escáner, una resonancia, una mamografia, una eco o una colonoscopia «desconocen la fecha de su cita». Es decir, un tercio de los 33.959 enfermos no tiene asignado aún el día en que será sometido a la prueba. Expertos en gestión creen que si el Principado «no organiza bien las derivaciones, el decreto será un tiro en el pie para el sistema público».

 

Ahora mismo, además de las casi 34.000 personas que esperan por una prueba, el Sespa tiene apuntadas en su lista a otras 18.407 pendientes de ser llamadas… (leer más)

 

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Y VER TAMBIEN: “La Junta rechaza la ley del PP sobre garantías de prestaciones sanitarias” EN REDACCION MEDICA ESTE PASADO VIERNES

Levantamiento parcial de la suspensión de los acuerdos en materia de Carrera y Desarrollo Profesional, a los solos efectos de permitir el encuadramiento en el grado o nivel I al personal que, cumpliendo los requisitos exigibles, no haya accedido al Sistema de Carrera o de Desarrollo Profesional

POSITIVO PERO ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

 

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca el procedimiento de solicitud de reconocimiento del grado I, período ordinario, de la Carrera Profesional para el personal Licenciado/a y Diplomado/a Sanitario de los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

 

IR A LA PUBLICACION INTEGRA EN EL BOPA DE HOY

LO DE UN NEFASTO DIA DE 2010 AUN VIGENTE EN SU MAYORIA…

VER UNAS CURIOSA PROPUESTA DE HACE ALGO MAS DE 1 AÑO…

Aunque lo recomendable sería esperar a leer el texto íntegro, especialmente la letra pequeña, ya hay pronunciamientos (¿ !)

Médicos y usuarios tildan de electoralista la ley contra las listas de espera del PSOE

Los facultativos consideran inviable que el decreto se concrete porque "el coste sería abrumador" y comprometería el Presupuesto regional

03.06.2016, Elena FERNÁNDEZ-PELLO, en La Nueva España.

 

Los médicos y los usuarios de la Sanidad pública desconfían del decreto que anunció el Gobierno regional para reducir las listas de espera por "electoralista" e "inviable", pues podría comprometer el presupuesto de la comunidad. La idea de la Consejería para acabar con los retrasos, anunciada para el último trimestre de este año, pone límites temporales a las esperas y prevé el desvío de enfermos a la sanidad privada cuando se superen dichos límites. El avance de la normativa que emitió la Consejería dejaba no obstante dos vías de escape, pues quedaba en manos del Servicio de Salud la decisión última de la derivación hacia la privada "en las condiciones que se determinen".

 

El presidente del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), Javier Alberdi, reflexionaba ayer sobre el decreto. "Por no pagar a los médicos en el sistema público están dispuestos a pagar a los de la privada, resulta un poco raro para un gobierno socialista", planteaba. Tanto el SIMPA como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Asturias, que agrupa a profesionales y usuarios, dudan de que la estrategia del Ejecutivo sea viable económicamente y cuestionan su impacto sobre el sistema público.

 

Sanidad difundió el pasado miércoles algunas de las directrices del decreto de garantías para el acceso a la atención sanitaria en el que está trabajando. El PP ya había presentado su propia iniciativa legislativa, que establece en 120 días el plazo máximo de espera antes de que un paciente sea derivado a un centro privado. El texto del Gobierno contempla dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis para las intervenciones quirúrgicas. Cuando ese tiempo de espera se supere, podrán acudir a otros centros públicos o privados y en este último caso la Administración regional pagará la factura, previa autorización.

 

El Sespa (Servicio de Salud del Principado) establecerá ciertas condiciones para hacerlo, aún sin concretar, y se compromete a velar para que en la prestación de la asistencia fuera del servicio público no participen sus propios profesionales.

 

Carlos Ponte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, opina que la Consejería de Sanidad está incurriendo en "un craso error" y que la nueva ley que pretende aprobar "potencia la sanidad privada".

 

Desde la Plataforma explicaba ayer que siempre se ha defendido el establecimiento de unos plazos máximos de demora "como un derecho de los usuarios", pero añadió que es un problema que "debe resolverse dentro del sistema público, por un lado dejando que el paciente pueda elegir otro centro público y por otro estableciendo un sistema de penalizaciones". Ponte teme que la propuesta del Ejecutivo regional "comprometa presupuestariamente la sanidad pública" por sus elevados costes. Añade que el País Vasco implantó un modelo similar y afirma que "el resultado fue un crecimiento enorme de la sanidad privada".

 

Además el portavoz de la Plataforma manifestó su decepción por que la Administración no haya contado con ellos para redactar el decreto.

 

Desde el sector profesional, el presidente del SIMPA considera que para atajar el problema de las listas de espera en la sanidad asturiana "la solución pasa por aumentar efectivos. De aquí a siete años se habrán perdido otros 1.200 médicos, y eso aboca a unas listas de espera desbocadas". En los últimos siete años, según indicó, la plantilla pública del Principado se ha reducido en 700 médicos "y ese es un lastre que estamos soportando todos".

 

Javier Alberdi vaticina que el decreto del PSOE "se va a quedar en nada: es imposible realizarlo y el coste puede ser abrumador". El portavoz de los médicos no pone en duda la intención del Ejecutivo: "Estoy seguro de que existe voluntad política pero no hay posibilidad real, por falta de efectivos".

 

La directora general de Política Sanitaria del Gobierno asturiano, María Jesús Merayo Vidal, compareció ayer en la comisión parlamentaria de investigación de las listas de espera, y declaró que el sistema sanitario público en Asturias da respuesta a las patologías graves "en tiempo razonable" y "de forma rápida".

 

Del Busto: "Lo ideal es que la privada no llegue a tener casi ni opción"

03.06.2016, E. F.-P., en La Nueva España.

 

El consejero de Sanidad, Fernando del Busto, manifestó ayer, al respecto del decreto de garantías que prepara su equipo para finales de año, que "lo ideal es que la privada no llegue a tener casi ni opción" de atender casos de largas demoras en las listas de espera.

 

Del Busto disparó contra la iniciativa del PP, cuyo coste, por la derivación de pacientes a la privada, estima en 54 millones de euros.

 

Del Busto niega que el decreto de las listas de espera beneficie a la privada

IU y los médicos afean que la idea «se limite a derivar pacientes fuera de los centros públicos» y los Usuarios piden un mayor control de las empresas

 

R. MUÑIZ, GIJÓN, en El Comercio.

 

El Principado prepara un decreto para atajar las listas de espera sanitaria. Marcará un tope de dos meses para las pruebas de colonoscopia, mamografía, ecografía, tacs o resonancia magnética. En las intervenciones quirúrgicas, concede 180 días para resolver las operaciones de cirugía cardiaca, cataratas, histerectomías o prótesis. Vencidos esos plazos, el ciudadano tendrá derecho a su derivación a un centro privado. Eso sí, allí no pueden atenderle facultativos que trabajen en el sistema público.

 

El consejero de Sanidad descartó ayer que la medida sea un regalo a la iniciativa privada. «Lo ideal sería que no tuviera casi ni opción», comprometió Francisco del Busto. «Hablamos de que nuestros hospitales den información precisa y oferten las opciones que tienen en otros hospitales de la red y los tiempos que tienen en esos otros hospitales», desgranó.

 

A su juicio, los 60 días para pruebas y 180 para intervenciones imponen una derivación mínima y «sacralizan los decretos de lista de espera de los años 2003 y 2011, de rango nacional». La ley de garantía de prestaciones sanitarias, que el PP somete hoy a votación y marca plazos más breves, derivaría más pacientes de los que «la privada asturiana puede asumir; es un efecto llamada a empresas externas para que coloquen sus clínicas», reprochó. Según sus cálculos, el modelo popular «tendría un coste de 54 millones».

 

La solución del Principado afectaría a «pacientes de los que no peligra su vida ni la viabilidad de sus miembros», indicó Del Busto. Para quienes tienen una dolencia urgente o invalidante «no hay ni una sola lista de espera», dijo. Respecto al veto para que facultativos de la pública resuelvan en la privada las dolencias de estos pacientes aseguró que lo exige «la ética profesional».

 

Distinto parecer tienen IU y el colectivo médico. Gaspar Llamazares, portavoz de la coalición, reclamó luchar contra las listas de espera con «menos 'hospitalcentrismo' y más atención primaria, salud pública y educación sanitaria». Su diagnóstico es que «hay muchas vías, no solo una y mucho menos que esa una sea derivar a la privada; eso es un reconocimiento del fracaso de la gestión pública». Llamazares fue lapidario: «Un consejero que se ve obligado a que una parte de la demanda se vaya a la privada es que lo está haciendo mal».

 

La reflexión del sindicato médico (Simpa) es similar. «Poner límites a la espera está bien, pero no limitándose a derivar fuera de lo público», cuestionó su secretario general, Antonio Matador. «Hay otras herramientas, como contratar a más personal o hacer horas extras; la solución tiene que ser una combinación de todo», instó. Lo contrario «incentiva un modelo privado 100%». «La espera es un problema estructural, que exige soluciones estructurales para aumentar la capacidad del sistema», valoró Alejandro Braña, presidente del Colegio de Médicos.

 

El apoyo crítico a la medida lo dio la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada (Asencro). «No me creo los plazos», reprendió su presidenta, Susana Pérez Alonso. La portavoz reconoce que «al paciente hay que solventarle el problema con los medios que hay, sean públicos o privados; una medida así solo funcionará si se extrema el control sobre los privados y en el público se es más exigente con los docentes».

 

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¿Acabará siendo una realidad, por fin, lo de las garantías de espera?... creo que si, pero que se cumpla estrictamente lo veo más difícil

Sanidad facilitará asistencia médica privada cuando se alarguen los plazos de espera

El Principado fija "por decreto" 60 días para pruebas diagnósticas y 180 para cirugías pero se reserva decidir sobre la conveniencia de la derivación

02.06.2016, Elena FDEZ. –PELLO, en La Nueva España.

 

Los servicios de Salud del Principado ultiman un decreto que garantiza la realización de pruebas diagnósticas y cirugías en un plazo máximo de dos meses para las primeras y de seis meses para las segundas. Pasado ese tiempo, según la Consejería de Sanidad, el Sespa le pagará la atención, "previa autorización y en las condiciones que se determinen", siempre que no intervenga en el proceso ningún médico del sistema público, en cualquier otro centro sanitario, público o privado.

 

Sanidad garantiza "por decreto" una espera máxima de sesenta días para mamografías, resonancias, ecografías, colonoscopias y tacs y de ciento ochenta para las intervenciones de cirugía cardiaca y cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla.

 

La Consejería de Sanidad iniciará este mes la tramitación administrativa del decreto, con el objeto de que pueda entrar en vigor en el último trimestre del año.

 

También se propone adoptar "medidas organizativas" para que las esperas por una primera consulta en el especialista no superen los dos meses, aunque en este caso no establece garantías fuera de la sanidad pública.

 

La espera máxima para una operación en el Sespa será de seis meses por decreto

Para pruebas radiológicas la demora será de 60 días. El PSOE busca desactivar la propuesta de ley de garantías que el PP llevará mañana a la Junta y anuncia su propio decreto

 

LAURA FONSECA, OVIEDO, en El Comercio

 

Seis meses (180 días) será el tiempo máximo de espera que la sanidad pública asturiana fijará por ley para una operación cardíaca (sobre todo para implantes de válvulas) o para que un paciente sea intervenido de una prótesis de cadera o de rodilla. El mismo plazo (medio año) se establecerá para una cirugía de cataratas o para una histerectomía. Por contra, para pruebas radiológicas como un escáner (TAC), una resonancia, una mamografía o una colonoscopia, donde ahora se puede llegar a esperar hasta un año, el tope será de sesenta días (dos meses). Por encima de esos plazos, los pacientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) podrán exigir ser derivados a otro centro sanitario, incluso privado, para someterse a la operación o la técnica diagnóstica por la que llevan meses aguardando en la pública.

 

Estas son las demoras máximas en sanidad que el Principado prevé establecer por ley, siguiendo así el camino iniciado ya por buena parte de las comunidades autónomas. La medida la anunció ayer el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, quien avanzó que el Principado ultima un decreto cuya tramitación iniciará «este mismo mes». No es la primera vez que un gobierno socialista anuncia una norma de estas características. Antes que Francisco del Busto fue Faustino Blanco quien propuso elaborar (de hecho, lo elabaró) un decreto de garantías para el acceso a las prestaciones sanitarias, y antes que él, fue Ramón Quirós. En ninguna de esas dos oportunidades la ley salió adelante y Asturias se convirtió así, junto a Ceuta y Melilla, en la única comunidad sin decreto de tiempos máximos, dejando a los pacientes, por tanto, sin el derecho a poder exigir una demora máxima en su atención como sí ocurre en otras regiones… (leer más)

 

Sanidad pagará pruebas y operaciones en la privada si sus hospitales exceden las esperas máximas 

El nuevo decreto de garantías del Sespa establece dos meses para los exámenes diagnósticas con mayor impacto en la salud y seis meses para varias intervenciones

 

S. D. M., en La Voz de Asturias

 

El Gobierno del Principado se pone deberes sanitarios. Establece esperas máximas en pruebas diagnósticas, intervenciones y consultas y si no cumple, en el caso de las dos primeras, pagará a los pacientes su paso a la privada. Así queda recogido en el decreto de garantías de acceso a la atención sanitaria que está en fase de elaboración. El Ejecutivo acaba de presentar las líneas maestras del documento que comenzará a tramitarse en este mes de junio, con el objetivo de que entre en vigor antes de que concluya el año. La Administración cree que tiene músculo suficiente para reducir las esperas y cumplir los plazos, tras la modernización de sus instalaciones hospitalarias, por lo que no prevé una fuga de pacientes ni un incremento del gasto. «No se producirá un trasvase directo de recursos a la sanidad privada», insiste. Está convencida de que podrá cumplir. En concreto, el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis meses para varias intervenciones quirúrgicas.

 

El borrador entra ya en el detalles. Las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán hacerse en un plazo tope de dos meses. Las intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), las operaciones de cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días. Transcurrido ese periodo, el paciente que todavía no haya sido atendido, previa autorización del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), podrá acudir a cualquier otro centro sanitario (público o privado) y la sanidad pública tendrá que asumir los gastos, en las condiciones que se determinen. Se establece solo una salvedad, que la asistencia fuera del servicio público de salud no podrá ser prestada por profesionales que también estén en el Sespa. Esta medida pretende evitar suspicacias y también la picaresca.

 

Al margen del decreto de garantías, se adoptarán las medidas organizativas en las consultas especializadas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología. En estos casos no se establecen garantías fuera de la sanidad pública porque todas las pruebas previas a un diagnóstico tienen que estar solicitadas por un profesional del Sespa y realizadas dentro del sistema público, por lo que no tiene demasiado sentido que esa primera consulta sea en la privada, ya que no adelantaría nadie. La administración explica que esta decisión «pretende limitar las derivaciones a la sanidad privada a aquellas imprescindibles para dar un servicio de calidad a los pacientes». No obstante, para asegurar esos dos meses de plazo máximo, el Sespa dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad. También ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el Servicio de Atención al Ciudadano.

 

Al margen de los plazos, Sanidad anuncia otro tipo de medidas complementarias que vende como un modo de «garantizar la calidad en la respuesta, la transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía». En concreto, el Servicio de Salud creará un registro de pacientes en espera y expedirá certificados de inclusión en este registro, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.

Gaspar Llamazares

El portavoz parlamentario de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, también se refirió a la listas de espera. Llamazares cargó contra la propuesta del PP de marcar unos tiempos mínimos en las listas de espera derivándoles a centros privados porque «convierte un problema en un nicho de mercado». Para Llamazares, la experiencia de iniciativas similares en otras comunidades autónomas ha sido muy negativa porque «ha costado un dineral a las administraciones que lo han implementado».

 

El diputado de IU afirmó que el crecimiento de las listas de espera está directamente relacionados «con los recortes y los ajustes que ha promovido el gobierno del PP» y añadió que le resulta «un escarnio» que «ahora quieran sacarle rentabilidad». Llamazares apuntó que las listas de espera son un problema, «la fiebre» del sistema sanitario pero que el origen de estas trabas está «en la gestión del sistema y en los recursos que recibe en función de cada administración»

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