LEGISLACION

Lo llaman democracia y no lo es y menos con el PP en el gobierno.

La oposición califica de "caciques" al PP por someter el Congreso al Gobierno

La mayoría absoluta se salta los trámites de la Cámara baja para imponer el debate en el pleno de esta semana de su real decreto ley "omnibus", que cambia 25 leyes

Grafico.- Tipos de actividad legislativa en las últimas cuatro legislaturas.

JUAN ANTONIO BLAY, Madrid, en Publico.es

 

La mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados tiene la ventaja de que el Gobierno y su grupo parlamentario pueden legislar a sus anchas. Pero corren el riego de hacerlo en solitario. Y además, ser acusados de caciques. Es lo que ha ocurrido hoy en la Diputación permanente, el órgano de la Cámara baja que toma decisiones fuera de los períodos ordinarios de sesiones como es el mes de julio. La bronca en esta instancia parlamentaria se ha producido por el deseo del Gobierno de introducir en el orden del día del pleno extraordinario que empieza esta misma tarde- cosa que corresponde establecer a la Diputación permanente - el real-decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministro en el que se introducen medinas para liberalizar varios sectores económicos.

 

Esta iniciativa gubernamental modifica, en 200 páginas de texto, hasta 25 leyes: desde la privatización de Aena hasta la regularización del sector energético, además de modificar las haciendas locales e introducir reformas laborales para propiciar la contratación de jóvenes. El caso es que toda la oposición en conjunto, alegando una vulneración de los trámites reglamentarios, se ha opuesto a la pretensión del Gobierno. "Es una cacicada", ha clamado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, tanto dentro de la sala de los debates como fuera ante los periodistas. La representante del principal grupo de la oposición, además, ha anunciado la voluntad de los socialistas de recurrir ante el Tribunal Constitucional tanto el contenido del real decreto-ley como el procedimiento decidido unilateralmente por los populares con el fin de introducirlo en el orden del día del pleno extraordinario.

 

El resto de portavoces, principalmente el representante del grupo La Izquierda Plural, José Luis Centella, ha lanzado duras críticas incluso al propio presidente de la Cámara baja, el popular Jesús Posada, por permitir lo que ha calificado como "alteración de los procedimientos democráticos más elementales". Y ha anunciado que su grupo no mantendrá ningún contacto con el Gobierno ni con el PP para negociar ninguna iniciativa relacionada con la regeneración democrática que anuncia el Ejecutivo.

 

En similares términos se han expresado el resto de portavoces de la oposición. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha calificado lo sucedido como "la muerte del parlamentarismo". La indignación de la oposición, al margen de la interpretación partidista del reglamento realizada por el PP, estriba en el hecho de que con tan escaso margen de tiempo "es imposible estudiar un texto tan complejo para poder enmendarlo y, sobre todo, debatirlo. No creo que el Gobierno traiga a la cámara hasta nueve ministros que son los afectados", ha dicho Soraya Rodríguez.

 

La mayoría absoluta del grupo parlamentario popular ha permitido, con la oposición del resto de los grupos de la cámara, la inclusión de esta iniciativa en el orden del día, como pretendía el Gobierno. Su portavoz, Alfonso Alonso, ha dicho que "en momentos difíciles económicamente lo menos que se puede pedir a todo el mundo es responsabilidad. Hoy no se ha puesto de manifiesto aquí argumentando aspectos formales y prisas. El tren de la recuperación solo pasa una vez. El Gobierno, en su lucha para superar la crisis, ha propuesto numerosas medidas para favorecer la recuperación. Nuestra obligación es apoyar estas iniciativas positivas".

 

El abuso del Decreto Ley y la mala calidad de la democracia

Más leña al fuego del neocorporativismo a propósito de las direcciones de las unidades de gestión clínica

Pero sí se muestran partidarios de que participen a otros niveles…por ejemplo, diría yo, volviendo a ponerles la bata y trayéndoles el café cuando lleguen al centro, como se hacía en la década de los años 50.

Los médicos también niegan a Enfermería la dirección de la gestión clínica en Primaria

Coinciden con la opinión de la Organización Médica Colegial y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos

Foto.- José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Josep Basora, presidente de la sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) y Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

 

Cristina Alcalá, Madrid, en Redacción Médica.

 

Los médicos de Familia también cierran la puerta a que Enfermería dirija las unidades de gestión clínica en Atención Primaria. Como ya declararon en su momento la Organización Médica Colegial (OMC) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) al considerar que las unidades de gestión clínica hospitalaria deben liderarlas los médicos, las tres sociedades científicas han tomado una postura muy similar en Atención Primaria.

 

La mejor opción es la del médico

Tanto Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), como José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ensalzan al médico como el profesional sanitario idóneo para gestionar y liderar la gestión clínica en Primaria, ya que, según ellos, su formación le permite tener mayor conocimiento de la materia.

“Mi papel es defender la Medicina de Familia como la mejor opción para dirigir la gestión clínica”, ha reconocido este jueves Basora a Redacción Médica. Algo que también admite Llisterri, quien afirma que debe ser el facultativo el que tenga “la última palabra”.

De hecho, las tres sociedades científicas, junto con el Foro de Atención Primaria, han creado su propio modelo de gestión clínica adaptado a este primer nivel asistencial y ahora lo están desarrollando a través de un documento, donde la cúspide únicamente debe ser el médico de Familia.

 

Enfermería puede acompañar en la gestión clínica

No obstante, todos acuerdan en señalar que la figura del enfermero es clave para el buen funcionamiento de este tipo de gestión. Los presidentes admiten que este colectivo pueda acompañar al facultativo en la toma de decisiones de su ámbito de actuación específico, como el área de cuidados. “Esto no significa que exista menosprecio para ninguna profesión, sino que cada uno tiene su área competencial”, ha remarcado Abarca.

 

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Un debate siempre oportuno

Los expertos ven en el alcohol «una droga, sea en sidra o en vodka»

Julio Bobes y Eduardo Carreño centran en el botellón y los jóvenes el problema, y esperan la «pronta» norma nacional «que condicionará» la que se está debatiendo.

Foto.- Tabla aproximativa de equivalencias en bebidas que contienen alcohol…

Eva Montes, Gijón, en El Comercio.

La cultura no entiende mucho de ciencia, pero sí de costumbres. El debate suscitado por el tratamiento que el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Atención Integral en Materia de Drogas da a la sidra y a la cerveza, acaba en el mismo punto en que comienza: el alcohol es una droga. En la comisión de Sanidad de la Junta General del Principado, tanto Miguel Hevia, en nombre de la Asociación de Sidra Asturiana, como Jacobo Olalla, la voz de Cerveceros de España, mantuvieron ante el consejero de Sanidad que es necesario distinguir entre las bebidas fermentadas y las destiladas a la hora de evaluar los daños producidos por el alcohol y, por tanto, a la hora de considerar bebidas tan populares drogas. En suma, que no es lo mismo beber sidra que vodka, ron o tequila.

Pero los expertos se ciñen a sus conocimientos científicos. «Droga es cualquier sustancia que produce un cambio químico en el organismo y que produce tolerancia y dependencia. Según esos parámetros, el alcohol es una droga, y las bebidas fermentadas tienen alcohol y las destiladas, también» afirma el psiquiatra Eduardo Carreño, experto en toxicomanías, a quien apostilla el también psiquiatra Julio Bobes con lo que considera una obviedad: «todas las bebidas fermentadas tienen alcohol», extremo que comparte con la también psiquiatra del Sespa Gemma San Narciso.

Pero una vez señalado lo científico, vienen las matizaciones. Bobes señala «que el alcohol es una droga y que la sidra tiene alcohol, es algo innegable, ahora, eso no quiere decir ni que el bebedor de sidra sea un adicto, necesariamente, ni que la bebida asturiana sea inocua. Ni tanto ni tan calvo. El debate no está entre sidra y droga, sino entre sidra y alcohol». Y en ese sentido Carreño puntualiza que «las cosas no se pueden tratar de forma genérica porque los efectos del alcohol en sangre dependen de muchas cosas. De si eres mayor o menor, de la cantidad que ingieras y en cuánto tiempo, de si eres hombre o mujer y del aprendizaje que hayas desarrollado para beber. No es comparable el uso de la sidra en Asturias que en Valencia, o el vino en La Rioja que aquí. La sidra fuera de contexto sería un problema».

 

La cultura de la sidra

Y recuerda el psiquiatra que «antes te enseñaban a beber sidra, te decían que tienes que comer, que no debes beber rápido... Ahora las costumbres han cambiado, se bebe diferente, parece que hubiera que beberlo todo en una noche. Una romería de hoy o el botellón no tienen nada que ver con esa cultura de la sidra. Y eso sí que hay que controlarlo, sea sidra, cerveza o cualquier tipo de alcohol ingerido en grandes cantidades».

Ése, precisamente, es el caballo de batalla de Julio Bobes, mucho más preocupado por la ingesta alcohólica en menores que en la propia regulación de la ley asturiana reguladora del consumo de drogas. «Lo verdaderamente importante es el decreto-ley que se va a publicar en el BOE, no en el BOPA. El que está a punto de aprobar el Gobierno de la nación para proteger a los menores frente al alcohol, no frente a la sidra, sino frente al alcohol que toman los menores. En los últimos años se ha desarrollado un pensamiento entre los jóvenes que va dirigido a intoxicarse de manera intensiva y rápida, y urge proteger al menor de eso, porque hasta los 20 años las neuronas cerebrales no terminan de desarrollarse y las que pierdes ya no las recuperas. Esa intoxicación exprés hay que controlarla, hay que defender el derecho del menor a la salud, incluso en contra de sí mismo».

Por eso tanto Julio Bobes como Eduardo Carreño tienen más fe en la norma nacional a punto de salir que en la regional, que se encuentra en pleno trámite parlamentario, y en la que el consejero de Sanidad ahonda en la necesidad de controlar el uso y el abuso del alcohol. «No se trata de unas bebidas o de otras, se trata de la presencia del alcohol en sangre, que es lo que determina los accidentes de tráfico», afirmó Faustino Blanco, cuyas tesis respalda Gemma San Narciso, quien añade que «no digo que no pueda ser el texto matizable, pero el proyecto salió con el consenso de los profesionales».

De todas formas, Carreño y Bobes mantienen que «ahora tiene poco sentido poner en marcha una norma regional, porque la nacional está a punto de ser aprobada y tendrá que adaptarse a ella. Después de tantos años no sólo llegamos tarde, sino que llegamos los últimos».

 

¿Es la sidra una droga?

Los especialistas señalan que el 'veneno' está en la dosis

Una botella de la bebida asturiana contiene más gramos de alcohol que un 'cubata'

Asturias24

 

Toda sustancia que introducida en un ser vivo, por cualquier vía, es capaz de modificar una o más funciones del organismo relacionadas con su conducta, comportamiento, juicio, percepción o estado de ánimo. Es una de las muchas definiciones de droga. ¿Es capaz la sidra o la cerveza de producir los efectos de una droga? Los especialistas creen que sí. Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, sostiene que la polémica suscitada sobre la conveniencia de dar o no un trato diferenciado a la sidra frente a los cubatas en la ley que debate la Junta no soporta la mínima discusión científica.

 

"No es la sustancia, es la cantidad", viene a decir Bobes. El especialista en Psiquiatría, miembro destacado de la sociedad Socidrogalcohol, subraya que las bebidas fermentadas, como la sidra o la cerveza, y las destiladas, como la ginebra o el vodka, comparten un mismo componente: etanol. El alcohol es el mismo en la sidra, el vino, el orujo o el cubata.

 

Bobes indica, por lo tanto, que no se puede caer en el error de considerar que es más saludable una botella de sidra que un cubata. "No se trata de que los especialistas tengamos una especie de manía persecutoria hacia la sidra o la cerveza", aclara el psiquiatra. Al menos en esto, añade, hay consenso en la Unión Europea, que en sus directivas no hace diferencias en función de la sustancia. "Lo que verdaderamente importa son los gramos de alcohol ingeridos, sean de sidra, de vino, de cerveza o de ginebra", puntualiza.

 

Antes de seguir adelante conviene, sin embargo, aclarar varios conceptos. La página web de la Fundación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón arroja algo de luz en el debate.

 

• La graduación alcohólica de una bebida, el porcentaje puro de alcohol, se expresa en grados o tantos por ciento.
• La alcoholemia es la cantidad de alcohol que hay en sangre. Se mide en gramos por litro de sangre. Depende de la edad, sexo, peso... varias variables que explican que dos personas que han bebido la misma cantidad puedan tener resultados diferentes al realizarse una prueba.
• Unidad de bebida estándar (UBE) es la cantidad de bebida alcohólica que contiene unos 10 gramos de alcohol. Así, una caña o un vaso de vino equivalen a una unidad, es decir, a 10 gramos de alcohol.
• El nivel de alcoholemia más alto se produce entre 15 y 90 minutos después de la última consumición. La rapidez con la que llega a la sangre depende de varios factores como, por ejemplo, la ingesta o no de alimentos.
• La misma cantidad de alcohol afecta de forma diferente a mujeres y hombres. Dicho de forma más sencilla, las mujeres son más sensibles a los efectos del alcohol que los varones.

 

Los especialistas relacionan dos conceptos seguridad-salud a la hora de hablar de riesgos. Así, se estima que la salud está en peligro cuando se superan las tres unidades diarias de alcohol para varones y las dos para mujeres. Volviendo a poner un ejemplo, un hombre entra en una situación de riesgo si toma más de tres vinos al día y una mujer si supera los dos.

 

En la controversia suscitada por la sidra, la tabla de equivalencias que acompaña esta información ofrece una información bastante aclaratoria.

 

Una botella de sidra, con una graduación de seis grados, contiene 33,6 gramos de alcohol puro y supone 3,4 unidades de bebida estándar. (Un culín de sidra equivale a 0,5 unidades)

 

Un cubata, con 40 grados en el destilado que emplee, lleva 12 gramos de alcohol puro y equivale a 2 unidades de alcohol.

 

Una copa de  vino o de cava, de 12 grados, incluye 9,6 gramos o lo que es lo mismo una unidad de bebida.

 

Todas estas mediciones han de ser tomadas con cautela porque no son exactas, pero, en todo caso, puede concluirse que una botella de sidra, por sana que pueda parecer la bebida asturiana, contiene más alcohol puro que un cubata. La página web de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón va más allá y permite realizar simulaciones. Pongamos el caso de una mujer de 40 años que toma una botella de sidra. Su tasa de alcohol sería de 1,4 gramos por litro de sangre y tardaría 4,2 horas en eliminarla. Con esa cantidad, no debería, por lo tanto, coger el coche.

 

Sidreros y cerveceros aportan, sin embargo, razones de otra índole. Miguel Hevia, representante de la Asociación de Sidra Asturiana, destacó en la Junta, con ocasión del debate de la ley de drogas, que resulta un "contrasentido absoluto" igualar droga y sidra y, al mismo tiempo, fomentar su promoción en fiestas o apoyar su candidatura como Patrimonio de la Humanidad.

 

Bobes insiste en que no se trata de perseguir a la sidra, a la cerveza o al vino. El catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo indica que "de lo que hablamos es de proteger la salud" y, sobre todo, añade, "la de los más jóvenes". De hecho, según Bobes, el alcohol es especialmente neurotóxico para los menores. Y los datos sobre su consumo en Asturias son preocupantes. Casi un 70% de los chicos de 14 años reconocen haber tomado bebidas alcohólicas al menos en el último año, pese a las prohibiciones. Es el resultado de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) en España correspondiente a 2012.

 

La muestra, que contó con la participación de 2.024 alumnos asturianos de entre 14 y 18 años, actualiza los datos del estudio de 2010 y permite, por lo tanto, dibujar la tendencia. Uno de los datos más destacados es el relevante aumento del consumo de alcohol a edades muy tempranas, con apenas 14 años. El incremento alcanza los 23 puntos porcentuales al pasar de un 46,1% de niños que reconocían haber bebido alcohol con 14 años en 2010 al 69,3% en 2012.

 

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La Ley de Acción Integral en Materia de Drogas en Asturias, en su recta final

Eleva la edad de consumo a los 18 años

Los grupos parlamentarios dan el visto bueno a la ley de acción en materia de drogas

Foro cree que es negativa para la estigmatización de pacientes adictos

Foto.- “Floro” (Proyecto Hombre) y Adolfo Rivas (Cáritas), junto a uno de los expertos en rehabilitación, en su comparecencia en la JGPA.

Martes, 24 de junio de 2014, Redacción Médica, Oviedo.

 

La Ley de Acción Integral en Materia de Drogas, en la que trabaja el Gobierno autonómico, ha sido sometida a debate en la Comisión Parlamentaria de Sanidad, donde ha recabado el visto bueno inicial, cada uno con sus matices, de PSOE, PP, IU y UPyD. El proyecto no prohibirá las celebraciones conocidas como barras libres y tampoco diferenciará entre bebidas fermentadas y destiladas, como se demandaba desde ciertos sectores hosteleros.

 

Foro Asturias ha aplaudido su desarrollo, pero ha criticado duramente que el aumento de la edad de la prohibición de consumo de alcohol a los 18 años llegue con retraso en Asturias, además de otras cuestiones, como la "estigmatización" de las personas que sufren dependencias.

 

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha ido aclarando a los grupos políticos diversas cuestiones. Entre ellas la supuesta prohibición de barras libres, que temían las asociaciones hosteleros. "Estaban trabajando con un texto anterior", ha señalado, para dejar bien claro que en el borrador presentado este lunes no se recoge esa prohibición. También ha destacado que las medidas restrictivas no se limitarán a las bebidas destiladas, sino que afectarán también a la sidra y la cerveza. "Lo que cuenta es el alcohol en sangre", ha matizado el consejero.

 

Además de elevar la edad de prohibición de consumo de alcohol a los 18 años, aplica las mismas medidas restrictivas en el caso del tabaco que la ley estatal, aunque se añade la prohibición de fumar en las marquesinas cubiertas con paramentos que sean lugares de espera del transporte, así como en los espacios con cubierta y  profundidad superior a un metro, originados por el retranqueo o avance sobre fachadas de centros, establecimientos o lugares en los que, así mismo, no se pueda fumar.

 

La diputada socialista, Pilar Alonso ha destacado que "no es una ley únicamente para dejar tranquilos a los adultos, sino para implicarlos". Noemí Martín, de Izquierda Unida, también ha mostrado su apoyo, confiando en que no se quede "la prohibición como única medida preventiva". El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, también ha dado su conformidad inicial, señalando, eso sí, que no toda la responsabilidad en esta materia corresponde a la Administración, y que es necesario "aportar un enfoque comunitario", porque "la propia comunidad ha de incorporar esos hábitos".

 

Por parte del PP, Victoria Delgado ha considerado la norma "positiva" porque, en su opinión, "establece los pilares para que la prevención sea un bloque sólido". Por último, Longo ha dicho que su partido "comparte" este proyecto de ley, pero ha mencionado numerosos aspectos a su juicio negativos, como la estigmatización de pacientes adictos "al no querer tratarlos en los mismos centros de salud mental,  y mantenerlos en los guetos".

 

Sidreros y cerveceros, contra la ley de drogas

«Las visitas a los lagares no están prohibidas, pero los menores deberán ir con un acompañante», responde Sanidad, que deja el botellón en manos de los ayuntamientos

Reclaman diferenciar entre bebidas fermentadas y destiladas

 

A. VILLACORTA |  OVIEDO, en El Comercio.

 

La sidra y la cerveza «no son drogas» y, por lo tanto, ninguno de los dos sectores, ni el sidrero ni el cervecero, apoyan el tratamiento que se otorga a ambas bebidas en el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Atención Integral en Materia de Drogas, que ayer llegó a la Comisión de Sanidad de la Junta General, donde se debatió sobre esta norma que eleva la edad legal de consumo de alcohol de los 16 a los 18 años.

El alegato del representante de la Asociación de Sidra Asturiana, Miguel Hevia, fue contundente: «Es un contrasentido absoluto igualar droga y sidra y, paralelamente, apoyar la candidatura de la sidra como Patrimonio de la Humanidad, construir y apoyar el Museo de la Sidra con fondos públicos, celebrar festivales y fiestas de la sidra por toda la geografía de Asturias». Al igual que lo fue el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, quien reclamó que «se trata de no lanzar un mensaje equívoco a la sociedad. Y, sobre todo, a los más jóvenes». Porque, «si todo es droga», argumentó, con un diálogo ficticio, «papá, no me digas que me puedo tomar una caña de cerveza en el aperitivo».

Los productores de sidra y los de cerveza sí están de acuerdo con los objetivos generales de prevención recogidos en la nueva normativa, pero no respaldan el proyecto porque ambos sectores insisten en que es necesario diferenciar entre bebidas fermentadas y destiladas, entre las de baja y de alta graduación, como ya hacen otras comunidades. Y, por eso, reclamaron que la ley establezca también diferencias entre unas y otras bebidas, algo a lo que se mostró remiso el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, quien defendió que «no se trata de unas bebidas o de otras. El problema es el consumo de alcohol, la presencia del alcohol en sangre, que es lo que determina los accidentes de tráfico».

 

Barra libre y 'happy hours'

El titular de Sanidad del Principado -cuya tesis fue secundada por los representantes de Cáritas y Proyecto Hombre- intentó «lanzar un mensaje claro» al respecto, pero no lo consiguió del todo, al intentar diferenciar entre «la publicidad instando al consumo de alcohol» y «la promoción para la comercialización de un producto asturiano, con la marca Denominación de Origen». Y el responsable de Promoción de Salud de la Consejería de Sanidad, José Ramón Hevia, recordó que «las visitas a los lagares no están prohibidas», pero que «los menores deberán ir con un acompañante, una norma que se mantiene «desde hace 24 años», lo que a su juicio es una garantía también para los lagareros.

 

Pero no son los únicos que pusieron reparos a la futura ley, que recibió un total de 179 alegaciones, la mayor parte, desde el sector de la hostelería, poco conforme con las nuevas limitaciones que la normativa impone en materia de consumo de tabaco.

 

Los hosteleros, pese a compartir el espíritu de elevar de 16 a 18 la edad para consumir y comprar alcohol, no comparten, por ejemplo, la prohibición de fumar a las puertas de todos aquellos lugares, establecimientos y centros de trabajo que dispongan de un «retranqueo de fachada de más de un metro de profundidad», algo que Faustino Blanco justificó en su voluntad de unificar criterio y en tratar de evitar «que haya inspectores más tolerantes y más restrictivos».

 

Otro de los asuntos espinosos que preocupa a la hostelería es que la norma no entre a legislar sobre el 'botellón', cuya regulación, en el caso de los mayores de 18 años, dijo Blanco, queda en manos de los ayuntamientos, mientras que se suprimen las 'happy hours' y se limitan las barras libres a las celebraciones privadas.

 

Y mientras que Sanidad animaba «a todos los grupos parlamentarios a sumarse a un gran pacto social que garantice el cumplimiento de la Ley de Drogas» y pedía que se aplique al cigarrillo electrónico la legislación sobre los productos del tabaco, el Consejo de la Juventud reclamaba que la ley incluya un código de buenas prácticas para los hosteleros y también aprovechaba para quejarse el sector de las gasolineras, donde, según la ley, tampoco se podrá vender alcohol.

 

La ley de drogas permitirá la barra libre en bodas y las visitas escolares a llagares

La Junta inicia la tramitación de la norma que eleva a 18 años la edad para consumir alcohol La regulación del "botellón" dependerá de los municipios

24.06.2014, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España.

 

La ley integral de atención en materia de drogas del Principado eleva la edad legal para el consumo de alcohol a los 18 años, equiparando así a Asturias con el resto de comunidades autónomas; permite la "barra libre" en fiestas privadas, como pueden ser las bodas; autoriza las visitas escolares a los llagares de sidra, aunque tuteladas por mayores de edad; prohíbe el "botellón" para menores, pero deja su regulación para adultos en manos de las administraciones municipales, y sanciona expresamente la venta de alcohol en las gasolineras, aunque no así en los establecimientos hosteleros o comerciales ligados a las estaciones de servicio. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, realizó ayer todas estas precisiones durante una comparecencia en la Junta General para presentar el anteproyecto de una ley que parece tener ya asegurado el respaldo de PSOE, Foro PP, IU y UPyD. Los cinco grupos hicieron una valoración del texto positiva en líneas generales.

 

En todo caso, Blanco emplazó a los grupos de la Cámara a sumarse a un "gran pacto social", que parta del respaldo a esta nueva ley, pero que, según dijo, "transcienda el ámbito parlamentario para implicar activamente a todos los agentes de la sociedad que tengan algo que decir". El Consejero incidió en que el carácter de la nueva ley es "esencialmente preventivo", aunque incluye un apartado de sanciones que, en los casos más graves, alcanzan los 600.000 euros. "Estamos ante un proyecto de ley ambicioso, que busca regular con rigor una realidad social tan complicada como es la drogodepencia y que debe de tener un enfoque basado en las condiciones sociales ambientales y culturales en que este fenómeno ocurre", subrayó Blanco.

 

Antes de la intervención del Consejero, la Comisión de Sanidad de la Junta albergó durante toda la mañana numerosas comparecencias informativas sobre el nuevo marco regulatoria en materia de drogas. Tanto Miguel Hevia, en representación de los empresarios de la sidra, como Jacobo Olalla, de Cerveceros de España, pidieron un trato diferenciado para estas bebidas. En el caso concreto de la sidra, Hevia llamó la atención sobre el contrasentido que, a su juicio, supondría el que pudiera ser tratada como una droga cuando se está tramitando su declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y tiene un museo en Nava.

 

Desde el sector de las gasolineras, Fernando Villa alertó del quebranto económico que supondría la prohibición de vender alcohol en las estaciones de servicio, mientras que los responsables del Consejo de la Juventud reclamaron un código de buenas prácticas para la hostelería. Sobre esta última petición, el Consejero aclaró por la tarde que Sanidad ya está trabajando en ello y que estudia la posibilidad de dar un distintivo especial a aquellos establecimientos que respeten un código ético de servicio responsable de alcohol.

 

Luis Manuel Flórez, de Proyecto Hombre, alertó de que un 57% de los toxicómanos que atiende tienen problemas de alcoholismo e hizo hincapié en la necesidad de que la nueva legislación se centre en la prevención. José Ramón Fernández Hermida, del departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo incidió en que esta prevención sea selectiva, dando prioridad a los grupos de riesgo. A este respecto, Faustino Blanco indicó durante su comparecencia que se tendrán en cuenta los grupos sociales y espacios más vulnerables. La Consejería está especialmente preocupada por los índices de consumo de drogas en las comarcas del Caudal y del Nalón.

 

Los hosteleros pidieron que no se prohiba la barra libre en celebraciones como las bodas, algo que finalmente lograron, y la erradicación del "botellón".

 

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El Gobierno quiere regular por decreto la duración de las bajas por enfermedad

Las reformas económicas

El plan contra el absentismo injustificado incluye elaborar y aplicar un baremo que tendrá en cuenta el diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador

Lne. 16.06.2014 | 03:58 Agencias

El Gobierno prepara un decreto en el que se incorporarán tablas con la duración media de las bajas por enfermedad en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, "con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema", según fuentes del Ministerio de Empleo. La norma fijará una especie de baremo que, presumiblemente, habrá de ser tenido en cuenta por los servicios médicos y de inspección para gestionar las bajas y dar las altas.

Fuentes gubernamentales apuntaron que "se trata de un protocolo de temporalidad en la gestión de los partes médicos de baja, confirmación y alta, que busca ahorrar dinero, pero también burocracia, y al mismo tiempo agilizar la gestión de las bajas". Estos cambios normativos requieren modificar los convenios con las diferentes comunidades autónomas. El Gobierno pretende elaborar un mapa de patologías a nivel nacional, para conocer y analizar las razones por las que se producen los procesos de incapacidad temporal en cada territorio.

Según explicó el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, "un mejor conocimiento de los precisos, de sus causas e incidencias en la población es una condición básica para desarrollar políticas más adecuadas cada día". Todo ello redundará, explicó el ministerio, en ahorros para el sistema y en una mayor calidad del servicio prestado.

Según las mismas fuentes, el Gobierno prepara este real decreto en paralelo a la reforma de la ley de mutuas y está previsto que apruebe ambas normas en el Consejo de Ministros del 4 de julio. La nueva norma relativa a las mutuas modificará la ley de la Seguridad Social y dará más poder esos organismos. Las mutuas, participadas por las empresas y financiadas con las cotizaciones sociales, pasarán a hacer un seguimiento de las bajas laborales desde el primer día y pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque los servicios públicos de salud tendrán la última palabra. No obstante, el borrador de la reforma fijaba por primera vez un criterio que ha despertado controversia: si el médico del sistema público no contesta a la propuesta de alta de la mutua en el plazo de cinco días, se dará por aceptada y el trabajador deberá reincorporarse a su puesto.

Según datos de la Seguridad Social, la media mensual de nuevas bajas por enfermedad iniciadas durante este año asciende a unas 330.000 en el conjunto de España. La duración media de los procesos con alta superó los 42 días en Asturias, diez más que en el resto del país. Este cálculo sólo tiene en cuenta las bajas que duran más de 15 días.

Medidas de ahorro

El Gobierno estudiará la duración media de las bajas

El Ejecutivo prepara un Real Decreto con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado

Lne. 16.06.2014 | 03:58 EFE/Madrid

 El Gobierno prepara un Real Decreto sobre incapacidad temporal que incorpora tablas con la duración media de las bajas por enfermedad en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las tablas que incorpora el Real Decreto se establecerá la duración media tipo de los distintos procesos patológicos y su incidencia en las actividades laborales.

Se trata, por tanto, de un protocolo de temporalidad en la gestión de los partes médicos de baja, confirmación y alta, que busca ahorrar dinero, pero también burocracia, y al mismo tiempo agilizar la gestión de las bajas.

Las nuevas tecnologías permiten el intercambio de datos para el control de la incapacidad temporal entre las distintas entidades y las instancias implicadas en la gestión de los procesos de incapacidad temporal.

Estos cambios normativos supondrán la adaptación de los convenios con las Comunidades Autónomas, lo que permitirá al Gobierno elaborar un mapa de patologías a nivel nacional, para conocer y analizar las razones por las que se producen las incapacidades en cada territorio.

"Un mejor conocimiento de los procesos, de sus causas e incidencias en la población es una condición básica para desarrollar políticas más adecuadas cada día", explicó el secretario de Estado de Seguridad, Tomás Burgos, esta semana en la clausura de una jornada de la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Administración de la Seguridad Social.

Todo ello redundará, explica el Ministerio, en ahorros para el sistema y en una mayor calidad del servicio prestado y de sus beneficios en términos sociales y sanitarios.

El Gobierno prepara este Real Decreto en paralelo al Proyecto de Ley de Mutuas y está previsto que apruebe ambas normas en el Consejo de Ministros del 4 de julio.

El proyecto de Ley de Mutuas modificará la Ley de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para hacer más eficiente el control de las prestaciones, luchar contra el absentismo, mejorar la salud y prevenir los riesgos laborales.

Las mutuas pasarán a hacer un seguimiento de las bajas laborales desde el primer día y pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá siempre la última palabra al respecto.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, la media de procesos de incapacidad temporal iniciados en los tres primeros meses del año ascendió a 374.612 bajas, de las que 330.427 se debieron a contingencias comunes y 44.185 a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los trabajadores se ausentaron de su puesto de trabajo una media de 3,77 horas al mes por estar de baja por incapacidad temporal, según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral relativa al cuarto trimestre de 2013 que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En ese periodo, las percepciones diarias por incapacidad temporal ascendieron a 16,41 euros por cada trabajador.

Al PP el más que sabido recurso a los abortos clandestinos con el consiguiente incremento de morbilidad y mortalidad entre las mujeres, les importa un bledo

La FADSP rechaza la postura del Consejo Interterritorial sobre el proyecto de Ley del aborto

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las declaraciones del Consejo Interterritorial del SNS de que la propuesta de la reforma sobre el aborto no supondrá “ningún impacto negativo” en el sistema sanitario español, tiene que señalar:

 

1) Existe un consenso de todas las entidades sanitarias de ámbito internacional que señalan que las serias restricciones al aborto tal y como plantea el proyecto de reforma del PP, suponen un grave riesgo para la salud de las mujeres porque propician los abortos clandestinos con secuelas de morbilidad y mortalidad.

 

2) La postura adoptada por el CISNS es incongruente, científicamente errónea y solo esta basada en una ideología ultraconservadora que  pretende imponerse al conjunto de la población. Es una prueba más de que el Ministerio de Sanidad y la mayoría del CISNS no son en modo alguno “autoridad sanitaria” y que por el contrario las medidas que adoptan suponen un riesgo para la salud de la población.

 

3) Hay que congratularse de  la oposición de cinco autonomías: Asturias, Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña que, al menos en este tema, han demostrado que en el CISNS hay alguien que tiene conocimientos sobre el sistema sanitario.

 

Por lo expuesto rechazamos esta postura del Consejo Interterritorial del SNS, así como el proyecto del ley presentado por el Gobierno y seguimos reivindicando una ley de plazos que garantice la realización de las IVE en la Sanidad Pública

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

12 de junio de 2014

 

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De imposición en imposición y tiro por que me toca

CONSEJO INTERTERRITORIAL

El PP impone que la ley del aborto no perjudica a las autonomías

Asturias y otras cuatro regiones rechazan un informe que interpretan como un apoyo encubierto a la reforma legal

Foto.- Los consejeros autonómicos y la ministra Mato, ayer, en Toledo.

12.06.2014, Agencias / P. Á., en La Nueva España.

 

El Ministerio de Sanidad y la mayoría de las comunidades autónomas -las gobernadas por el Partido Popular- aprobaron ayer en Toledo un informe jurídico que sostiene que el anteproyecto de ley del aborto no tiene un "impacto negativo" en el Sistema Nacional de Salud. El citado documento no ha recibido el apoyo de Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco.

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, explicó en rueda de prensa que este acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial de Salud constituye "simplemente una valoración sobre el impacto que tiene el anteproyecto" en el sistema sanitario "sin entrar en el fondo de la cuestión", pues "el debate político se realizará en otros órganos diferentes". El informe será remitido al Ministerio de Justicia.

 

La ministra destacó que el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada refuerza la información a la paciente y ofrece "mayores garantías jurídicas en cuanto a la objeción de conciencia" de los profesionales.

 

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, subrayó que las comunidades que votaron en contra del acuerdo ya habían pedido que el debate sobre la ley del aborto fuera retirado del orden del día. Según Blanco, el informe jurídico les fue facilitado "cinco minutos antes" de que se tratase en la reunión, ante lo que decidieron no apoyarlo porque, sin estudiarlo, "no se daban las condiciones" para pronunciarse "con rigor".

 

Antes de la reunión del Interterritorial, habían mantenido un encuentro los consejeros de Asturias, Andalucía y Canarias. En su comparecencia ante los medios, manifestaron su rechazo a que "el Gobierno pida ahora el respaldo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para darle forma sanitaria a la nueva ley del aborto que nunca se ha abordado desde ese punto de vista". El consejero asturiano precisó que se trata de "un proyecto de ley muy lesivo" y que "afecta directamente al derecho de la mujer a decidir".

 

Otro de los asuntos abordados en el Consejo Interterritorial fue el informe sobre agresiones a profesionales de la sanidad pública. El estudio revela que entre 2008 y 2012 se produjeron más de 30.000 agresiones en España, de las cuales el 80 por ciento fueron insultos y vejaciones. Una de cada cinco también incluyó agresión física.

 

Asimismo, se presentó un proyecto de orden en virtud del cual se actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales. En el texto se "concretan todos los implantes quirúrgicos" que realizará el sistema y "se eliminan implantes obsoletos e incluyen algunos nuevos". Los consejeros analizaron una orden de precios de referencia de medicamentos que, según Mato, generará "un importante ahorro" tanto al Sistema Nacional de Salud como al ciudadano.

 

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Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias exigen su retirada del orden del día de la reunión de mañana

Gallardón mete con calzador la reforma del aborto en el Consejo Interterritorial de Salud

Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias exigen su retirada del orden del día de la reunión del miércoles

Gallardón envía el texto también a los Colegios de Médicos y de Enfermería y pisa el acelerador para que la nueva ley se pueda aprobar en julio

 

Ni las elecciones, ni la crisis del PSOE ni un nuevo Rey. La reforma del aborto, la apuesta más arriesgada de Alberto Ruiz Gallardón, no va a conseguir pasar desapercibida en su acelerado trámite para tenerla lista antes del verano. A finales de semana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará por fin, tras varios retrasos, sobre el controvertido anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia. Y no se espera que sea un trago fácil. Previamente, el ministro de Justicia ya habrá recibido otra dosis de la misma medicina este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. Andalucía, Asturias -las dos bajo gobierno socialista-, País Vasco (PNV) y Canarias (CC) ya han pedido que se retire este punto del orden del día que el Ministerio de Ana Mato se ha visto obligado a meter con calzador.

 

Vicente Mateu, en diariocritico.com

 

En el debate sanitario, la ley del aborto de Alberto Ruiz Gallardón tendrá en contra a las Consejerías de Sanidad del PSOE -con la Andalucía de Susana Díaz llevando la voz cantante- y también a algunas gobernadas por el propio partido del Gobierno que han puesto reparos desde el punto de vista estrictamente sanitario. Los mismos que, por ejemplo, ya se ha apuntado sobre el caso de malformaciones en el feto desde el Consejo General de Colegios de Médicos, incluido en la lista de organismos que deben ser consultados.


El objetivo de Gallardón, anunciado públicamente, es que el  "Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada", esté listo para su aprobación en Consejo de Ministros en julio.


Antes, tendrá que dirigirse al Consejo de Estado, como es preceptivo, para lo que esperará a recibir todos los informes previos, como el del CGPJ o el Consejo Interterritorial de Salud. Mera cuestión de trámite que el PSOE ya ha aprovechado para lanzar una velada sospecha sobre las intenciones del Ministerio de Justicia. "Desconocemos por qué no se ha enviado aún, pero debería hacerlo", explica su secretaria de Igualdad, Purificación Causapié.


20.000 mujeres

Causapié ha garantizado al Gobierno "un verano y un otoño" de constante movilización contra la reforma. Protestas encabezadas con una denuncia: "La reforma condena a más de 20.000 mujeres a la clandestinidad", es decir la mitad de las que interrumpen su embarazo en España cada año, "porque se va a seguir haciendo el mismo número de abortos". Según la secretaria de Igualdad del PSOE, las sociedades médicas y científicas que ha consultado coinciden en que esta cifra se mantendrá en los parámetros actuales.


Gallardón, de hecho, tiene un problema con las cifras, porque el número de abortos baja en la última estadística... con la ley de Zapatero.


El PSOE alerta también contra el "ensañamiento" de algunos sectores que quieren que se multe a las mujeres que incumplan la reforma, con lo que Causapié ha podido añadir a su batería de críticas el riesgo "de que las mujeres con menos recursos acaben en la cárcel si no pueden pagar" la sanción correspondiente.


El CGPJ aún tiene abierto el plazo de alegaciones hasta el jueves a mediodía a las dos propuestas de informe redactados por las vocales Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, ambas con duras críticas al texto del Gobierno. En realidad, sólo discrepan en una cosa: Sepúlveda es partidaria de responder al Gobierno que lo mejor es "reconsiderar y retirar" el Anteproyecto; Llombart, por su parte, considera que el CGPJ no debe entrar a valorar "la oportunidad" de hacerlo ahora.

 

El PSOE exige a Mato que retire la reforma de la ley del orden del día del Consejo Interterritorial

 

MADRID, EUROPA PRESS  

 

La secretaria general de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, afirma que el Ministerio de Sanidad ha introducido "a última hora" en el debate con las comunidades autónomas la reforma del aborto "para que pase desapercibida" y ha exigido que salga este punto del orden del día.

 

En rueda de prensa en Ferraz, Causapié se refería así a la incorporación al orden del día del Consejo Interterritorial de Sanidad que tendrá lugar este miércoles, del informe sobre el impacto sanitario del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada.

 

"El Gobierno de manera precipitada ha incorporado al orden del día del Consejo Interterritorial el debate que la ministra Ana Mato ha usurpado a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma", ha señalado Causapié.

 

La responsable de Igualdad ha recordado que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha venido reclamando al Gobierno que informe sobre el impacto sanitario que tendrá la nueva ley, tanto desde el punto de vista de las 20.000 mujeres que, calculan, necesitarán tratamiento médico por abortos clandestinos, como desde la perspectiva de la gestión en las comunidades autónomas.

 

Fuentes socialistas han explicado después que tanto Andalucía como Canarias y Asturias ya han expresado su disconformidad con la introducción de este punto en el debate del Consejo Interterritorial, que tratará en la misma sesión más de una treintena de asuntos.

 

Por otra parte, Causapié ha exigido al Ejecutivo que remita al Consejo de Estado el anteproyecto para informe, ante la sospecha de que evitará este trámite. Para el PSOE, dado que el máximo órgano consultivo del Estado se pronunció sobre la ley del aborto ahora vigente, es imperativo que opine acerca del texto que pretende derogarla.

 

En opinión de la responsable de Igualdad en el PSOE, tanto la proximidad de la presentación de los informes del Consejo Fiscal y el Poder Judicial, como el cambio en el orden del día del Consejo Interterritorial llevan a pensar que el Gobierno está reactivando la ley, "escondida durante la campaña electoral" europea.

 

Por eso, ha avanzado que la formación seguirá movilizándose contra ella en las calles, "apoyando" a las organizaciones de mujeres y promoviendo manifestaciones; en los ayuntamientos y comunidades impulsando mociones, y en Europa, con la presentación de las firmas recogidas "por la salud de las mujeres" y la presentación de una iniciativa legislativa para protegerla.

 

"Vemos que están acelerando la reforma. Tendrán un verano y un otoño de movilizaciones. Vamos a estar activas todo el tiempo, vamos a llevar el debate a los ayuntamientos y comunidades autónomas, nos vamos a sumar a las movilizaciones (...) y vamos a pedir amparo y apoyo al Parlamento Europeo", ha avanzado Causapié.

 

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