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LEGISLACION

Ver veremos si algunos de los ahora indignados vuelven a hacer mutis por el foro en las próximas elecciones sindicales y concurren en unidad con la CESM…

Ver veremos si algunos de los ahora indignados vuelven a hacer mutis por el foro en las próximas elecciones sindicales y concurren en unidad con la CESM…

VER, EN MARZO DE 2013, COMO RESOLVIERON LOS TRIBUNALES ESTE TEMA EN ASTURIAS

VER LA SENTENCIA DE ASTURIAS INTEGRA

DIVERSAS ENTIDADES ENFERMERAS HAN MOSTRADO SU INDIGNACIÓN...

CESM: “Solo el médico está ‘consagrado’ para liderar la gestión clínica”

Miralles se remite al Diccionario de la Academia de la Lengua para justificarlo

Foto.-  Francisco Miralles, secretario general de CESM.

Lunes, 09 de junio de 2014, J.B. Madrid, en Redacción Médica

 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que encabeza Francisco Miralles, persevera en su polémica aseveración de que las unidades de gestión clínica (UGC) las debe liderar “un profesional consagrado”, tal como expone el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE), que, en su opinión, no puede ser sino el médico dentro del campo sanitario.

 

“Estamos hablando de un liderazgo natural que se justifica por la probada competencia de quien ha sido elegido para ejercerlo, aunque también se trata en cierto modo de un liderazgo nominal, puesto que en primera y última instancia el buen hacer de cada UGC se basará en la integración y capacidad de motivación que tenga el conjunto de profesionales que pertenecen a ella”, ha añadido el secretario general del Sindicato Médico.

 

Según puntualiza Miralles, existen muchas razones para que sea el médico quien dirija las UGC, y añade el resto de la cita del DRAE del término “clínico”: “El ejercicio práctico de la Medicina basado en la observación directa de los pacientes y en su tratamiento”. Siempre de acuerdo con CESM, la implantación de las UGC en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en las que los profesionales adscritos voluntariamente a ellas tendrán autonomía para organizar y gestionar la asistencia, han de estar dirigidas por los profesionales con mayor titulación, mérito y capacidad y seleccionados mediante un proceso que sea imparcial y transparente.

 

La organización, que representa a más de 50.000 facultativos que trabajan para el SNS, recoge esta condición en un documento sobre el desarrollo de tales unidades que ha remitido al Ministerio, en el que se opone tajantemente a la libre designación con criterios políticos o administrativos y defiende que deben ser los médicos más preparados quienes las dirijan en estrecha colaboración con todos miembros del equipo.

 

Otro argumento que esgrime CESM para justifica su opinión de que el médico prevalezca respecto a otros profesionales a la cabeza de las UGC reside en que “los propios pacientes se sorprenderían mucho si quien está al cargo de tales unidades no es un médico, puesto que, siguiendo también las indicaciones del diccionario de la RAE, es a él a quien compete valorar los síntomas que presenta el enfermo y proponer el tratamiento adecuado, lo cual conlleva una responsabilidad, llegado el caso de carácter penal, que se sustancia judicialmente, como es lógico, en aquel que tiene atribuciones plenas para hacer efectiva esa asistencia, es decir… el médico”.

 

Lo dice la ley

Por otro lado –continúan las fuentes del Sindicato Médico– está la legislación, que tampoco ofrece muchas dudas sobre ello. Como ejemplo, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en vigor desde noviembre de 2003, establece en su artículo 6.2. que corresponde a los facultativos “la indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención”.

 

Asimismo, esta ley (Art. 6.1) atribuye al médico “la dirección y evaluación del desarrollo global del proceso [asistencial]”, añadiendo a continuación que esto se hará “sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en el mismo”, lo que abre la puerta a que existan unidades o áreas de gestión clínica cuyo objetivo esencial sean los cuidados y que por tanto pueden estar dirigidas por personal no médico.

 

Así se refleja también en el citado documento elaborado por CESM, donde se fijan las posiciones de los sindicatos médicos antes de que el Ministerio de Sanidad presente el nuevo modelo de gestión en el órgano de gobierno del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial, para su aprobación definitiva.

 

Estructuras sencillas

El texto de los médicos entiende que “las UGC han de tener estructuras organizativas sencillas, que posibiliten una comunicación interna fluida y constante entre sus miembros y que faciliten la toma de decisiones con la suficiente rapidez, aunque sin detrimento de la asunción de responsabilidades y el análisis de las situaciones a la luz del conocimiento científico y de los estándares y protocolos de calidad”.

 

También postula la participación del conjunto de los profesionales en el funcionamiento de las mismas, así como la constitución de un comité elegido entre sus miembros que sirva de apoyo a la propia Dirección.

 

Contestación inequívoca

La aclaración de CESM tiene lugar después de una serie concatenada de reacciones contundentes por parte de diversos colectivos enfermeros, entre ellos la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), que preside Jesús Sanz, o el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, que encabeza Máximo González Jurado. Incluso la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, integrada por este último organismo colegial y por el Sindicato de Enfermería Satse, emitió un comunicado en el que se enumeraban las razones por las que se discrepa de la opinión del Sindicato Médico, entre ellas “el desconocimiento de la realidad jurídica, sanitaria y profesional” de que está teñida tal como ellos la ven.

 

CON ANTERIORIDAD:

Enfermería no puede liderar las unidades gestión clínica (31/05/2014)
Enfermería tilda de “retrógrada” y “trasnochada” la postura de CESM sobre gestión clínica (04/06/2014)

¡¡Todos con el “Stephen Hawking”!!...¿todos?

¡¡Todos con el “Stephen Hawking”!!...¿todos?

El PSOE exige al Gobierno que garantice la gestión pública del centro de discapacitados

Los socialistas presentan una proposición en la Junta para demandar también que el Ejecutivo aporte financiación y un calendario de apertura

09.06.2014, Miguel Á. GUTIÉRREZ, en La Nueva España.

 

El grupo parlamentario socialista ha tramitado ante la Junta General del Principado una proposición no de ley para exigir al Gobierno central que garantice por escrito la gestión pública, la financiación y un calendario de plazos para poner en marcha el centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas "Stephen Hawking" de Langreo. Para Nuria Devesa, portavoz socialista de Bienestar Social en el Parlamento asturiano, la actitud del Ejecutivo del PP "no es admisible" ya que el equipamiento de Barros "está en situación de parálisis desde hace más de dos años; con la obra parada y pendiente de concluir en una pequeña parte, aún no se ha equipado y no se conoce ni modelo de gestión ni plazos para su apertura".

 

La proposición no de ley se estructura en cuatro puntos. En el primero los socialistas demandan que el Gobierno confirme documentalmente al Principado "un modelo de gestión pública del centro, la financiación a cargo del Imserso, y la naturaleza y finalidad del equipamiento. También piden que se remita al Gobierno regional un plan funcional "que determine las actividades y servicios que comprenda el centro de referencia estatal tanto en lo referido a servicios especializados como a los de atención directa". Se exige, además, un "calendario preciso" comprometiendo la apertura y puesta en servicio del centro. Por último, el PSOE demanda que se traslade al Principado "una propuesta de convenio de colaboración específico que refleje el espíritu del acuerdo marco suscrito entre las dos administraciones el de 18 de septiembre de 2007, ya caducado".

 

Devesa aludió a las manifestaciones del secretario general del Imserso, Francisco Ferrándiz, sobre la posible gestión privada de centros como el de Langreo. "El centro debe ser de gestión pública y debe garantizarse la financiación necesaria por parte del Imserso y, por tanto, la renovación del convenio que, de manera unilateral, dejó caducar el Gobierno de Mariano Rajoy", aseguró la diputada regional. Y añadió: "El PP asturiano tendrá una oportunidad de demostrar su compromiso con el centro votando a favor de esta proposición en la Cámara. Será la oportunidad de comprobar si de verdad, como han manifestado públicamente, apoyan este equipamiento".

 

Los socialistas exigen a la Junta un compromiso con el centro Stephen Hawking

El grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento para defender la gestión pública del centro

Marta Varela, Langreo, en El Comercio.

 

Nadie entiende que el centro de lesionados medulares, construido en el distrito langreano de Barros, pueda ser gestionado desde el sector privado como se dio a entender hace unas semanas desde el Imserso.

A la reclamación de alcaldesa de Langreo, la consejera de Bienestar Social y la Mancomunidad del Valle del Nalón, se une ahora el PSOE que ha presentado una proposición no de ley en la Junta para reclamar que el Gobierno Central garantice que el Centro de Referencia Estatal Stephen Hawking sea de gestión pública y cuente con la correspondiente financiación del Imserso.

Una proposición no de ley que, al mismo tiempo, reclama «un calendario preciso con un compromiso de apertura y puesta en servicio» de las instalaciones y que se traslade al Gobierno asturiano «una propuesta de convenio entra la Administración estatal y la autonómica».

Los socialistas pretenden que todas las actuaciones y compromisos se hagan por escrito para, además, reflejar «la naturaleza y finalidad del centro perteneciente a la Red de Servicios del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia», a la vez que se remita al Gobierno regional «un plan funcional que determine las actividades y servicios que del centro de referencia estatal en cuanto a sus servicios especializados como de atención directa». Según explicó ayer, la diputada Nuria Devesa, portavoz socialista de Bienestar Social, con esta iniciativa parlamentaria se persigue buscar un pronunciamiento unánime de la Cámara asturiana a favor de la puesta en marcha del centro en las condiciones y características con las que fue concebido.

«El centro debe ser de gestión pública y debe estar garantizada la financiación por parte del Imserso para ponerse en funcionamiento», apostilló finalmente.

 

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Una cosa es que exista un registro que garantice el anonimato y la confidencialidad, y otra que las enfermedades raras pasen a ser consideradas como de declaración obligatoria tal y cómo se concibe hoy ésto…

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Longo: «El registro de enfermedades raras abre la puerta a horrores eugenésicos»

El consejero de Sanidad no aclaró ayer en la Junta por qué este tipo de dolencias adquieren desde 2013 la figura de declaración obligatoria

Foto.- Asociaciones de enfermos visitan el HUCA. El director general de Planificación, Ordenación e Innovación Sanitaria, Mario Margolles, acompañó ayer a diversas asociaciones relacionadas con las enfermedades raras en una visita realizada a las instalaciones del nuevo HUCA, en pleno proceso de traslado y apertura.

 

Laura Fonseca, Oviedo, en El Comercio.

 

¿Por qué en Asturias desde el año 2013 las enfermedades raras son de declaración obligatoria, como la gripe, el sida o el sarampión? Esta era la pregunta a la que ayer debía responder el consejero de Sanidad en la Junta General, después de que la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada de Asturias (Asencro) llevara este asunto ante los diferentes grupos parlamentarios del Principado al considerar que este banco de datos supone «un atentado contra los enfermos» a los que obligará a desvelar públicamente su trastorno. Faustino Blanco no llegó a aclarar por qué este conjunto de enfermedades (las que afectan a 5 de cada 10.000 personas), adquieren en Asturias este carácter legal que obliga a los facultativos a inscribirlas en un registro al margen de la opinión del afectado. No obstante, Blanco sí defendió la necesidad de contar con un registro de enfermedades raras «demandado por los propios afectados», dijo, y apoyado en 2011 por el que entonces era director general de Salud Pública, Alberto Fernández León, durante la legislatura de Foro Asturias.

 

Fue precisamente este grupo, a través del parlamentario Albano Longo, el que solicitó la comparecencia del titular de Sanidad para dar cuenta de este cambio epidemiológico (el de considerar de declaración obligatoria las enfermedades raras) que, según la presidenta de Asencro, Susana Pérez-Alonso, «no tiene parangón en España».

 

Longo exigió al consejero la retirada del registro porque «las enfermedades raras no se contagian y muchas veces tienen el peligro de convertirse en socialmente estigmatizante». El diputado de Foro acusó a Faustino Blanco, contrario a dar marchar atrás, de «imponer una medida cruel, que puede hacer mucha daño a los enfermos y sus familias». Longo llegó a asegurar que «el registro de enfermedades raras abre la puerta a horrores eugenésicos», haciendo un claro paralelismo entre el referido banco de datos del Principado y la política nazi de exterminio en función de razas.

 

El consejero negó todas y cada una de las acusaciones vertidas por el grupo de la oposición hacia su política sanitaria en materia de dolencias raras y defendió esta herramienta «para mejorar el conocimiento y el tratamiento de los afectados». En este sentido, indicó que gracias a herramientas como estas «hemos podido saber que en Asturias se han declarado más de 158.000 casos en los últimos 20 años», señaló, a la vez que indicó que el registro había concitado la atención de la UE.

 

La presidenta de Asencro, que siguió el debate en la propia Junta, acusó al consejero de «mentir. Nosotros no estamos en contra del registro sino de que las enfermedades raras pasen a ser consideradas como de declaración obligatoria». Susana Pérez-Alonso tuvo en encontronazo con el consejero al término de la comparecencia. Según su propio relató: «Me acerqué a Faustino Blanco para recriminarle su actitud en el hemiciclo y me sacó con cajas destempladas y de muy malos modos». Minutos antes, la presidenta de Asencro había tenido también un cruce de palabras con el director de Salud Pública, Julio Bruno, en la cafetería del parlamento. Pérez-Alonso solicitó la dimisión de ambos responsables e instó a los sindicatos a intervenir «porque el registro de enfermedades raras es un atentado contra los trabajadores».

 

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El tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma anterior (año 2006), aconsejaba una nueva regulación…

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CONSEJERÍA DE SANIDAD

Decreto 55/2014, de 28 de mayo, por el que se regula la autorización de centros y servicios sanitarios.

PREÁMBULO

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 29.1 establece que los centros y establecimientos sanitarios de cualquier nivel, categoría o titularidad precisarán autorización administrativa para su instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones que efectúen en su estructura y régimen inicial.

El Decreto 53/2006, de 8 de junio, por el que se regula la autorización de centros y servicios sanitarios es la norma por la que se ha regido la autorización de los centros y servicios sanitarios, públicos o privados y de cualquier clase y naturaleza, en el ámbito territorial del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, teniendo el citado real decreto el carácter de norma básica.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma, aconseja una nueva regulación, en determinados aspectos relativos a los procedimientos y requisitos de las autorizaciones de instalación, funcionamiento y modificación, así como para la comunicación y declaración de cierre de los centros y servicios sanitarios, procurando clarificar y simplificar estas actuaciones. En este sentido se regulan de forma independiente las autorizaciones de instalación y de modificación con el objeto de poner de manifiesto la importancia de la autorización de instalación, como garantía para que la ejecución de obras en centros y servicios sanitarios se adecue a la normativa existente, evitando de esta manera ejecuciones de obras que posteriormente no puedan ser objeto de autorización de funcionamiento.

Por otra parte, se establece un plazo de vigencia de las autorizaciones de ocho años, incrementando el plazo establecido por la normativa anterior que fijaba éste en cinco años.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que se han producido cambios importantes tanto en las tecnologías en el campo de la salud, como en la incorporación de técnicas y protocolos de funcionamiento en diferentes servicios asistenciales, a lo que se suma las modificaciones en la normativa que afectan a la edificación y sus instalaciones que hacen conveniente la introducción de modificaciones en el Anexo sobre requisitos técnico-sanitarios complementarios que deben reunir los centros y servicios sanitarios.

El objetivo fundamental de esta regulación es, en definitiva, contribuir a garantizar los niveles adecuados de seguridad y calidad de la atención sanitaria a las personas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía le corresponde al Principado de Asturias, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que el mismo establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de mayo de 2014,

PDF de la disposición  

Las repentinas prisas del PP ahora que ya pasaron las elecciones…

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Asturias pide que el debate sobre la Ley del Aborto se retire de la reunión interterritorial de este viernes

OVIEDO, EUROPA PRESS

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Asturias ha exigido que el debate sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada sea retirado de la Comisión Delegada que se celebrará este viernes día 6 en Madrid, como paso previo a la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo 11 de junio.

 

En una nota de prensa, la Consejería de Sanidad critica que este miércoles, a menos de 48 horas de la celebración de dicha reunión técnica, en la que estaba previsto abordar un total de 36 puntos, el Ministerio ha incluido un asunto adicional, el número 37, sobre el impacto de dicha Ley en la normativa sanitaria. Un modo de proceder que, a juicio del consejero, Faustino Blanco, "denota el secretismo con el que se ha preparado una regulación que genera un rechazo unánime entre las, organizaciones defensoras de los derechos civiles, las sociedades de salud pública nacionales e internacionales, y la mayoría de los colectivos de mujeres".

 

Faustino Blanco ha reivindicado que, dada la entidad del asunto a tratar y su trascendencia para los derechos de las mujeres, éste sea aplazado y tratado una vez conocidos el resto de informes preceptivos para la tramitación de la ley.

 

El Gobierno de Asturias ha mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo al proyecto de ley contra el aborto aprobada en diciembre por el Consejo de Ministros al entender que representa un retroceso de casi tres décadas y que aleja a España de la Europa de los derechos civiles, al impedir que las mujeres decidan sobre su maternidad.

 

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en consonancia con el resto de leyes europeas, garantiza la igualdad en el acceso a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos y de interrupción de embarazo. En paralelo a la misma, Asturias ha apostado siempre por desarrollar una política educativa afectivo-sexual y ha apostado por la puesta en marcha de programas que inciden en la prevención de embarazos no deseados.

 

Blanco ha incidido en que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no implica una disminución de los casos y ha advertido de que las interrupciones realizadas sin las adecuadas condiciones sanitarias que se pueden derivar de dicha norma suponen un alto riesgo para la salud de la madre.

 

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Como ha venido siendo habitual desde que estamos en democracia…

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Esta y otras situaciones: Los trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las mesas electorales, disfrutarán de permiso retribuido de cuatro horas…

Publicado en el BOPA del 14 de mayo:

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se regula, en el ámbito del Principado de Asturias, la concesión de permisos a los trabajadores a fin de poder ejercer el derecho al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, convocadas para el día 25 de mayo de 2014 por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo de 2014, BOE n.º 79, de 1 de abril.

VER TEXTO INTEGRO PARA RESOLVER POSIBLES DUDAS

Destacan que están en cuestión el disfrute y ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante…

Destacan que están en cuestión el disfrute y ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante…

Seis ONG internacionales exigen a Gallardón que retire la reforma del aborto

"La iniciativa es una grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", afirman las organizaciones en una carta conjunta.

EUROPA PRESS, Madrid, 12/05/2014

 

Media docena de organizaciones internacionales han remitido una carta conjunta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para exigirle la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que derogará la vigente legislación reguladora del aborto en España.

 

Se trata de la Alianza por la Solidaridad, Human Right Watch, el Centro de Derechos Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar Estatal y Rights International Spain, que alertan del retroceso que supondría tal ley en España.

 

Para estas organizaciones, la iniciativa es una "grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y, de aprobarse, "el país se apartaría de la tendencia seguida por la gran mayoría de los países de la Unión Europea y se expondría al rechazo de organismos de derechos humanos internacionales y europeos".

 

"Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el disfrute y el ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante", exponen en la misiva.

 

En esta línea, recuerdan que diversos órganos internacionales especializados, como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, "han expresado preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos clandestinos y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y jóvenes".

 

"El gobierno español debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y las jóvenes en España disponen de toda la información necesaria y tienen acceso sin obstáculos, a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos", dicen las organizaciones.

 

EXPLICACION PARA CREDULOS INCONDICIONALES…

El Gobierno niega que retrase la contrarreforma del aborto por motivos electorales

Casi dos años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció por primera vez  - en una entrevista en el diario La Razón- su proyecto de contrarreforma de la ley del aborto. Pero, incluso después de haberla impulsado- con la aprobación del anteproyecto el pasado diciembre-, el Gobierno continúa retrasando su tramitación definitiva. Y todo parece indicar que no lo hará hasta bien pasadas las próximas elecciones del 25 de mayo.

 

No obstante, Soraya Sáenz de Santamaría ha negado tras el último Consejo de Ministros estas previsiones de los medios de comunicación, tildando el retraso de la normativa de "habitual" y justificándolo con "el calendario de tramitación" que, según la vicepresidenta, lleva su tiempo por "la obligación de solicitar informes" previos a numerosos organismos consultivos. Uno de ellos es el Consejo General del Poder Judicial, donde dos vocales opuestas (una progresista y otra conservadora) han de ponerse de acuerdo para emitir un sólo documento valorativo de la que será la futura Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer.  

 

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Camino de una mínima transparencia…

Camino de una mínima transparencia…

Publicado ayer en el BOPA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Decreto 40/2014, de 30 de abril, por el que se crea y regula el Registro de órganos de representación del personal de la Administración del Principado de Asturias y el sector público autonómico.

 

“Serán objeto de inscripción en el Registro, los actos que afecten a las materias siguientes:

 

a) Creación, modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral (Juntas de Personal, Delegados de Personal, Comités de Empresa y Comités de seguridad y salud), así como el número e identidad de los miembros de los citados órganos y las variaciones que se produzcan respecto de los mismos.

 

b) Creación, modificación o supresión de secciones sindicales, así como el número e identidad de los correspondientes delegados.

 

c) Cesiones de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa total o parcial de asistencia al trabajo y las dispensas institucionales que deriven, en su caso, de lo dispuesto en normas, pactos o convenios y cualquier otra modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo, que pueda traer causa de lo establecido en disposiciones legales y convencionales que resulten de aplicación.”

 

VER EL TEXTO INTEGRO DEL DECRETO