Decreto 24/2014, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Mario Juan Margolles Martins como Director General de Innovación Sanitaria.
Decreto 25/2014, de 5 de febrero, por el que se nombra como Director General de Planificación, Ordenación e Innovación Sanitarias a don Mario Juan Margolles Martins.
IU y UPyD apoyan la fusión de áreas sanitarias que Blanco deberá negociar
Ambas formaciones ven con buenos ojos el proyecto de pasar de ocho a cuatro zonas «siempre que no suponga una merma de recursos»
Foto.- Ignacio Prendes (a la izquierda) conversa con el consejero Faustino Blanco, en la JGPA.
10.02.14 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
Junto a la apertura del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), es el proyecto sanitario estrella del Principado. La fusión de áreas -que en la práctica supondrá reducir la carga burocrática y pasar del actual mapa sanitario compuesto de ocho zonas a otro de cuatro- sigue estando en los planes estratégicos del consejero de Sanidad Faustino Blanco. La reciente prórroga presupuestaria y el evidente alejamiento con los que hasta ahora ejercían como 'socios puntuales' de gobierno (IU y UPyD) no parece que vayan a hacer mella en este proyecto que requiere de la aprobación de una ley en la Junta General y que obligará al PSOE a esforzarse en la negociación parlamentaria.
Para poder modificar el mapa sanitario, que data del año 1992, el Gobierno regional debe aprobar una nueva normativa que regule el Servicio de Salud del Principado (Sespa). La posibilidad de hacerlo por la vía del decreto, una alternativa que se llegó a valorar (sobre todo tras la prórroga), ha quedado descartada debido a que la separación de Asturias en ocho áreas sanitarias está regulado actualmente por ley, por lo que su modificación debe realizarse también mediante una norma del mismo rango.
No es la primera vez que un Gobierno regional muestra su disposición a modificar el mapa sanitario, aunque nunca hasta ahora se había llegado tan lejos. El primer intento se remonta a 2006, cuando el entonces director general de Salud Pública, Ángel López, de IU, habló públicamente de ello, lo que le valió un importante rapapolvo por parte de los socialistas, con quienes entonces gobernaban en coalición. El proyecto se frenó en seco, aunque la coalición lo considera en gran parte de su autoría.
La pretensión del actual Ejecutivo socialista, como ya lo avanzó en varias ocasiones el propio Blanco, es pasar de ocho a cuatro áreas. Asturias se divide en ocho espacios sanitarios geográficos: Jarrio (I), Cangas del Narcea (II), Avilés (III), Oviedo (IV), Gijón (V), Arriondas (VI), Mieres (VII) y Langreo (VIII). La idea es pasar a una distribución de cuatro zonas en la que las cuencas quedarían fusionadas, Gijón, Avilés y Oviedo seguirían siendo cabecera de distrito al que se le uniría las áreas más cercanas. En el caso de Avilés sería Jarrio; en el de Oviedo, Cangas del Narcea, y en el de Gijón, Arriondas.
Consultados por EL COMERCIO, tanto IU como UPyD mostraron su disposición a apoyar la iniciativa de reducir el número de áreas sanitarias «siempre y cuando no suponga una merma de recursos». Así lo aseguró el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, quien, no obstante, prefiere no adelantar acontecimientos «hasta que nos presenten el proyecto». Prendes señaló que su formación «es partidaria de la reordenación, ya que el actual mapa sanitario, que data del año 92, ha quedado obsoleto». Eso sí, el parlamentario aclaró que «no apoyaremos nada que tenga que ver con cierre de hospitales o reducir recursos».
Hoy, comparecencia
En el mismo sentido se pronunció Noemí Martín, de IU, quien recordó que el proyecto de modificar el mapa sanitario forma parte del programa de la coalición «desde hace años». Al igual que UPyD, Izquierda Unida adelanta que el apoyo está condicionado a que «no haya ni recortes, ni reducción de recursos ni pérdida de empleo». En cualquier caso, indicó que «la reordenación del mapa sanitario busca una gestión más eficiente y la posibilidad de que los hospitales y los centros sanitarios trabajen en red».
Precisamente, el consejero de Sanidad comparecerá hoy en la Junta para informar sobre la destitución de Celia Gómez como gerente del Sespa y avanzará también alguna novedad en materia de planificación sanitaria, con el proyecto de fusión de áreas como telón de fondo.
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El PP exige una norma que regule los tiempos máximos de espera en la sanidad asturiana
Foto.- Victoria Delgado, diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias.
09.02.14 - EUROPA PRESS | | OVIEDO.
La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Victoria Delgado, ha anunciado este domingo que su grupo parlamentario defenderá una iniciativa que obligue al Ejecutivo asturiano del socialista Javier Fernández a elaborar una norma para establecer el tiempo máximo de espera para que un asturiano reciba asistencia sanitaria.
El objetivo, ha indicado, es acabar con las "desmesuradas e injustificables" listas de espera actuales de la sanidad asturiana, "que llegan incluso al año de demora".
Delgado, a través de unas declaraciones distribuidas por el PP, ha señalado el "rotundo fracaso" socialista en la gestión de las listas de espera, "con demoras estructurales, sistemáticas y progresivas que constituyen uno de los males endémicos del sistema de salud asturiano y suponen la principal queja de los usuarios".
La parlamentaria popular destacó que no se pueden aceptar las "tardanzas injustificadas en la atención de los servicios sanitarios", y añadió que los asturianos "se sienten impotentes por una atención médica que no llega, con el evidente perjuicio para su salud".
MAQUILLAJE
Ha acusado a la Consejería de Sanidad de "maquillar" los datos para intentar ocultar una evidencia "que ha sido confirmada por gran parte de los profesionales de la sanidad y por los usuarios perjudicados por estas abusivas desatenciones".
En este sentido, señaló que la gestión socialista de la Sanidad está generando "desconfianza, desconcierto y descrédito entre los asturianos", y subrayó que el objetivo del PP es que los ciudadanos puedan recuperar la confianza en el sistema público de salud.
La proposición no de ley que ha presentado el PP en el Parlamento regional reclama al Ejecutivo del PSOE que presente antes de que acabe la actual legislatura autonómica una norma que establezca con claridad los tiempos de espera máximos para recibir las distintas prestaciones sanitarias, para que los asturianos conozcan con precisión cuál va a ser el plazo de su atención en hospitales o centros de salud.
"Queremos dotar de seguridad jurídica a los asturianos en sus relaciones con la Sanidad, y que el Gobierno de Javier Fernández se comprometa con los ciudadanos en un servicio prioritario y básico", ha subrayado Delgado.
Con esta medida, ha dicho, además de lograr una atención sanitaria de mayor calidad, se daría oportunidad a los asturianos a exigir responsabilidades por el mal funcionamiento del servicio de salud del Principado.
El PP quiere regular el tiempo máximo de espera en la sanidad pública
La diputada Victoria Delgado asegura que las tardanzas son "injustificadas"
10.02.2014, Oviedo, La Nueva España.
El PP defenderá en la Junta una propuesta que obligue al Gobierno de Javier Fernández a establecer unos tiempos máximos de espera en la asistencia sanitaria pública, con el objetivo, según informa el partido, de "acabar con las desmesuradas e injustificables listas de espera, que incluso llegan a un año de demora".
La diputada y portavoz popular en la Junta, Victoria Delgado, considera que no se pueden aceptar "las tardanzas injustificadas en la atención de los servicios sanitarios", ante las que los asturianos "se sienten impotentes, con el evidente perjuicio para la salud".
Doscientos setenta asturianos llevan más de seis meses esperando una intervención quirúrgica en los hospitales públicos asturianos, según los datos del mes de enero hechos públicos el pasado viernes por la Consejería de Sanidad. El número total de personas que esperan por una intervención es de 18.605.
Delgado acusa a la Consejería de maquillar los datos y asegura que la gestión en Sanidad está generando "desconfianza, desconcierto y descrédito entre los asturianos". Y añade: "Queremos dotar de seguridad jurídica a los asturianos en sus relaciones con la sanidad, y que el Gobierno se comprometa con los ciudadanos en un servicio prioritario básico".
VER SECCION EN “EL PAIS” CON INFORMACION SOBRE TODO ESTO EN EL ESPECTRO NACIONAL…
FINANCIACION AUTONOMICA: VARIAS CC.AA., ENTRE ELLAS ASTURIAS, PEDIRÁN QUE LA DISPERSIÓN GEOGRÁFICA, EL ENVEJECIMIENTO Y LA BAJA DENSIDAD CUENTEN EN EL REPARTO
Frente común ante Montoro para reformar el sistema de financiación sanitaria
El Grupo de trabajo para analizar el efecto de la aplicación del actual sistema de financiación autonómico pondrá sobre la mesa la necesidad de un nuevo baremo que garantice la sostenibilidad de los servicios de salud
Redacción Médica, Madrid.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto sobre la mesa la necesidad de ‘repensar’ el actual sistema de financiación autonómico. Para ello, ha constituido un Grupo de Trabajo con las comunidades autónomas que será el encargado de elevar su análisis al Comité Técnico Permanente de Evaluación para, una vez consensuado, indicar a Hacienda el camino a seguir para la reforma del sistema. Redacción Médica se ha puesto en contacto con varios gobiernos autonómicos para conocer su postura en lo que a financiación sanitaria se refiere.
La postura es común ante el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro: el sistema de financiación autonómica es insuficiente para garantizar los servicios básicos, el primero de ellos la sanidad, el que más gasto genera. En el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas no se establece financiación específica para la sanidad; la consecuencia de la autonomía financiera es que las subvenciones estatales tienen un peso menor. Por tanto, no se pueden conectar de forma directa los ingresos que percibe la comunidad del Estado con los presupuestos del servicio de salud.
Ninguna de las autonomías consultadas por este diario ha apostado firmemente por partidas finalistas que restringirían su capacidad de maniobra con los presupuestos regionales. Hasta ahora lo más parecido a esta opción es la dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria y de insularidad que reparte el Estado y que está en torno a los 650 millones de euros anuales, según los últimos datos publicados por este Ministerio (2010). De ellos, Cataluña, Andalucía y Madrid captaban la mayor parte de los fondos debido a su mayor densidad demográfica (109, 103 y 82 millones, respectivamente).
Sin embargo, la mayoría de comunidades, incluso las que mayor parte reciben de esa distribución, no se encuentran conformes con esta subvención y piden que se redistribuya el peso de los factores en la cuantía final para atender la necesidad sanitaria real de sus ciudadanos. Las comunidades con una población más dispersa y envejecida (Galicia, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, entre otras), son las que apuestan por dar mayor valor al envejecimiento y a la dispersión geográfica para dotar de mayor financiación a sus servicios de salud.
El envejecimiento “se puede objetivar con facilidad”
Estos factores, argumentan, “se pueden objetivar con facilidad” y tienen “un impacto indudable sobre el coste de provisión de la asistencia”, aseguran desde Castilla-La Mancha. Canarias va un paso más allá y afirma que la reducción de la calidad de su servicio de salud es consecuencia directa de esa mala distribución financiera.
“El Gobierno autonómico ha hecho frente estos años a esta deficiente financiación restando fondos de otras partidas del presupuesto para mantener estos servicios, además de no aplicar en su integridad los reales decretos que afectan a sanidad”, reconocen. En la misma línea, Canarias reclama una reforma del sistema que debe basarse, como principio general, en el refuerzo de los servicios públicos esenciales y en su suficiencia financiera.
Lasquetty, ‘víctima’ indirecta del sistema de financiación
Pero no solo las comunidades ‘pequeñas’ o las insulares se ven en serias dificultades para mantener sus servicios sanitarios con el actual sistema de financiación. Otras, como Cataluña o Madrid, ven igualmente en peligro sus servicios básicos por este motivo. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reconoce a Redacción Médica precisamente el actual sistema ha propiciado que la región contara en 2013 con 2.700 millones de euros menos.
Este fue el principal motivo que esgrimió el entonces consejero Javier Fernández-Lasquetty para poner en marcha el Plan de Garantías para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario madrileño, que proponía entre otras medidas la externalización de la gestión de seis hospitales y que finalmente el Ejecutivo de Ignacio González ha dejado sin efecto. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha reiterado la necesidad de cambiar el sistema actual que considera “artificial, injusto e incoherente” y perjudicial para los intereses de Madrid.
C. Valenciana, Baleares y Murcia unen fuerzas
El resto de comunidades parecen querer hacer ‘la guerra por su cuenta’ y se desmarcan tanto de los objetivos individuales de las ‘grandes’ como de las reclamaciones sobre población envejecida y dispersión de las ‘pequeñas’. Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares han acordado trabajar de forma coordinada de cara al nuevo modelo de financiación autonómica.
La base de partida consensuada por las tres autonomías es la ruptura del ‘statu quo’ para que el nuevo modelo “más justo y equitativo, y menos opaco y discriminatorio” cubra los servicios básicos fundamentales (la sanidad destacada) “en igualdad de condiciones con el resto de comunidades y con independencia del nivel de renta”. Las comunidades tienen hasta el 7 de marzo para presentar sus análisis a Hacienda e iniciar el proceso de la tan ansiada reforma.
A la espera de las balanzas fiscales
En el espacio SALA DE ESPERA de Redacción Médica.
El propósito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de informar sobre las balanzas fiscales de las autonomías (lo que aportan y lo que reciben) para arrojar luz sobre la financiación de los servicios públicos también afecta, y de qué manera, a la sanidad. El tema vuelve hoy a las primeras planas de los periódicos, en concreto de los catalanes, muy pendientes de todo lo que contribuya a esclarecer el debate actual sobre la soberanía. Y la financiación influye en esto. Y mucho.
La Vanguardia abre su edición a dos columnas: Hacienda rectifica y publicará las balanzas fiscales. Con dos subtítulos: Arrecia la presión de los barones del PP en Valencia, Madrid y Baleares para conocer los saldos y Las autonomías que se consideran maltratadas quieren esgrimir el cálculo en la nueva financiación. En efecto, Hacienda admitió ayer que ofrecerá las balanzas fiscales para calcular lo que aportan y reciben las autonomías, además del nuevo cálculo territorializado con el que pretendía sustituirlas. Este cambio no solo ha molestado en Cataluña, sino también en otras autonomías gobernadas por el PP, según el rotativo catalán.
Para El Periódico de Catalunya también es la noticia del día, con un gráfico Montoro afloja como titular y un antetítulo esclarecedor: La revisión del sistema de financiación. En los subtítulos: Hacienda publicará las balanzas fiscales por la presión de las autonomías y El Gobierno elaborará además las “cuentas regionalizadas” propuestas por los expertos.
En clave fiscal también abre El Confidencial: Montoro acelera la reforma fiscal para aplacar las presiones antes de las elecciones europeas.
El Principado destina 5,3 millones a la atención sociosanitaria de emigrantes
Venezuela ha pedido ayuda para la asistencia médica de 52 asturianos que residen allí «en el umbral de la pobreza, en condición muy precaria»
Foto.- Guillermo Martínez y Begoña Serrano, en la Junta General del Principado.
04.02.14 - REDACCIÓN | GIJÓN, en El Comercio.
5,3 millones de euros destinará este año el Gobierno regional a la atención de los emigrantes. Una situación cada vez más precaria, como lo demuestra la llamada de atención lanzada por Venezuela. Pide el gobierno venezolano al asturiano ayuda para la atención médica de 52 emigrantes asturianos que «se encuentran en el umbral de la pobreza, en una situación muy precaria». Así lo explicó la directora de Emigración, Begoña Serrano, durante la comparecencia en la Junta General del Principado en la que los consejeros de Presidencia, Guillermo Martínez, y de Bienestar, Esther Díaz, presentaron el IV Plan Integral de Emigración.
Martínez explicó, precisamente, que el Gobierno regional «trabaja intensamente» en la reforma de la Ley de Reconocimiento de Asturianía, que en el caso de la actual «no habla de retorno ni de nueva emigración», según ha apuntado durante la presentación del IV Plan Integral de Emigración, que se desarrollará hasta 2016 y cuenta con un presupuesto de 5,3 millones, la misma cuantía prevista antes de la prórroga presupuestaria.
La propuesta, estructurada sobre cuatro pilares, recupera la operación 'Añoranza' para los mayores alejados durante décadas de su tierra natal, extiende la cobertura sanitaria en caso de necesidad durante las estancias temporales y a los retornados, y considera la violencia de género como causa objetiva de ayuda para emigrantes en América Latina.
En su exposición, el consejero ha sostenido que el nuevo plan no supone «ningún paso atrás» sobre los que le han precedido, y ha alabado la «alta participación» y la «unanimidad» en el Consejo de Comunidades Asturianas.
Para la parlamentaria de Foro Marina Huerta resulta «muy importante» que el Plan de Emigración cuente con una memoria económica al afectar a «otras consejerías», además de Presidencia, por lo que ha abogado por la precisión del «grado de compromiso» que adquiere cada departamento.
Desde el PP, Matías Rodríguez Feito ha interpelado al titular de Presidencia si el Consejo de Gobierno incluye entre sus planes la reforma de la Ley de Reconocimiento de Asturianía, a lo que Martínez le aseguró que «tome el nombre que tome es preciso cambiarlo». De hecho reivindicado la posición «avanzada» y de «vanguardia» que Asturias ofrece en temas de emigración , cuya línea ha expresado su deseo de mantener para lo cual «no se escatimarán esfuerzos para conseguir el más amplio apoyo posible».
Consejería de Sanidad
Decreto 13/2014, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Sanidad.
Decreto 14/2014, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
ACTUALIZACION DEL PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999 ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS…
Programas:
— Tratamiento para la adicción a cocaína y otros psicoestimulantes (TAC): 104.000,00 €.
— Programa socioeducativo para mujeres consumidoras, exconsumidoras o en riesgo de consumir drogas y con menores a cargo: 30.000,00 €.
— Programa de intervención en alcohol: 140.000,00 €.
— Promoción de la salud en el medio penitenciario: 8.000,00 €
Consejería de Presidencia
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Sanidad, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el Plan Nacional sobre Drogas.
CCOO se felicita porque el Consejo Económico y Social rechace el Anteproyecto de Ley de Mutuas del Gobierno
El CES rechaza la posibilidad de que las Mutuas puedan reconocer altas médicas en casos de enfermedad común utilizando el silencio administrativo de los servicios públicos de salud; recomienda que Seguridad Social mantenga su compromiso con actividades preventivas de riesgos laborales y propone que se mejore el modelo de gobierno y control de las Mutuas y la participación de los interlocutores sociales.
El Pleno del Consejo Económico y Social, en el que participan representantes de las organizaciones sindicales, empresariales, expertos nombrados por el gobierno y distintos tipos de organizaciones sociales (consumidores, organizaciones agrarias, de economía social, etc.) ha aprobado hoy el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas, en el que se critican muy duramente los elementos básicos de este proyecto normativo.
En concreto, el CES rechaza el procedimiento previsto para que las Mutuas puedan reconocer en la práctica altas médicas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común. El anteproyecto del Gobierno posibilita que en estos casos las Mutuas puedan hacer una propuesta de alta al médico de atención primaria que ha reconocido la baja por enfermedad, enviando la comunicación a través de la inspección del servicio autonómico de salud, dándoles un plazo máximo de 5 días hábiles para que contesten. En el caso de no hacerlo, se entenderá que el alta tiene plenos efectos y el trabajador deberá incorporarse inmediatamente al trabajo, resultando responsable del alta el servicio público de salud que no ha respondido en plazo. Con este pronunciamiento, el órgano consultivo del Gobierno en materia de proyectos sociales y laborales rechaza esta ampliación de competencias para las mutuas, defendiendo, como mejor garantía para la salud de los trabajadores en situación de incapacidad temporal, el criterio prevalente del sistema publico de salud.
Igualmente se ha rechazado que el gobierno pretenda suprimir toda actividad de las Mutuas en materia de prevención. Especialmente grave resulta, a juicio del CES, que el Gobierno pretenda obligar a las Mutuas a vender o cerrar las sociedades de prevención, de forma precipitada, antes de que finalice 2014 sin tener en cuenta el efecto que ello tendría sobre los miles de trabajadores de estas empresas y sobre los servicios de prevención que prestan.
Por último, destaca también el CES la necesidad de establecer mecanismos eficaces de gobierno y participación de los representantes de empresas y trabajadores protegidos por las Mutuas en el control y dirección de las mismas, así como en los procedimientos de elección y cambio de mutua en cada empresa.
El CES defiende asimismo la extensión de la obligatoriedad de la prestación por cese de actividad a los autónomos. CCOO apoya esta cuestión y considera que esta prestación debería formar parte de la actividad del Servicio Público de Empleo.
El Consejo Económico rechaza las ‘altas presuntas’
El último borrador del Real Decreto sobre IT elimina esta posibilidad, pero la ley de mutuas la mantiene
Redacción Médica, Madrid.
El Pleno del Consejo Económico y Social (CES), integrado por sindicatos, empresarios y organizaciones del tercer sector, ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley de mutuas, con numerosas objeciones al texto que le fue enviado por el Gobierno.
Entre ellas, rechaza la posibilidad de que estas entidades puedan dar altas médicas en procesos de incapacidad temporal si los Servicios Públicos de Salud no responden en un plazo de cinco días, petición que concuerda con la última modificación del Proyecto de Real Decreto sobre incapacidades temporales (IT) que eliminaba la posibilidad de que las mutuas den el alta sin el visto bueno del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En concreto, el CES no comparte que la ley de mutuas amplíe las facultades de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal al permitirles realizar a sus médicos propuestas de altas "presuntas". "No resulta admisible legalmente que como consecuencia de la inactividad de la Administración, es decir, de su falta de respuesta en cinco días, resulte perjudicado el trabajador con la retirada de la prestación económica", alega.
El organismo ha dado el visto bueno al dictamen sobre la ley de mutuas por 46 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Aunque el CES pide que no se le conceda a las mutuas este mayor control en las bajas por incapacidad temporal, las organizaciones empresariales han anunciado que van a presentar un voto particular al dictamen sobre esta cuestión, al igual que hará el grupo de expertos.
Aunque el CES comparte la necesidad de actualizar y armonizar la normativa sobre las mutuas, critica que no se haya consultado a los agentes sociales el anteproyecto y que éste contenga numerosas alusiones a un posterior desarrollo normativo "que no contribuyen a su claridad".
El CES apuesta en su dictamen por mantener la naturaleza jurídica de las mutuas, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios, y no comparte la nueva denominación que el anteproyecto recoge para estas entidades (mutuas de la Seguridad Social en vez de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Asimismo, el Consejo considera "inadecuado" que se prohíba en el anteproyecto el que las mutuas puedan participar en sociedades mercantiles de prevención, una restricción que ve injustificada por la "importante labor" que han venido desarrollando estas entidades como servicios de prevención ajenos, por lo que reclama que ésta se pueda seguir desempeñando "voluntariamente". El grupo de expertos presentará un voto particular al dictamen sobre esta cuestión para defender esta prohibición.
Por otro lado, el CES advierte en su dictamen de que el cambio contemplado en el anteproyecto sobre el actual sistema de aplicación de los excedentes y determinación de reservas podría "afectar negativamente a la protección de los trabajadores y la solvencia de las mutuas" por la disminución de los recursos dirigidos al cumplimiento de los fines de colaboración de estas entidades con la Seguridad Social. "Los excedentes deberían revertir principalmente en la mejora continua de la colaboración en la gestión y en los fines generales del sistema de la Seguridad Social", sostiene al respecto.
En cuanto a los cambios que recoge la norma en el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, el CES celebra que se mejore el régimen de acceso a esta prestación, antes "excesivamente complejo", pero duda de la obligatoriedad de la cobertura tal y como está redactada en el anteproyecto "por la amplia casuística existente". Así, rechaza que sea obligatoria esta cobertura para las cooperativas.