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LEGISLACION

Aunque sea de obligado cumplimiento, la medida es imposible aplicarla en los 10 días que dieron de margen; también cabe la posibilidad de que el PP lo reconsidere dada la oposición surgida en su propio seno; y, por último, si hay que hacerlo Asturias buscará mecanismos de compensación a modo de contramedidas… así están las cosas.

Aunque sea de obligado cumplimiento, la medida es imposible aplicarla en los 10 días que dieron de margen; también cabe la posibilidad de que el PP lo reconsidere dada la oposición surgida en su propio seno; y, por último, si hay que hacerlo Asturias buscará mecanismos de compensación a modo de contramedidas… así están las cosas.

DEL NUEVO COPAGO/REPAGO EN LOS HOSPITALES QUE ENTRA EN VIGOR EL 1 DE OCTUBRE…

El Principado gasta 60 millones de euros al año en fármacos de dispensación hospitalaria

El director de Innovación Sanitaria teme que el nuevo copago «haga que los pacientes no acudan a retirar sus medicamentos»

Foto.- El director general de Innovación del Sespa, Enrique González.

24.09.13 - YOLANDA DE LUIS / LAURA FONSECA | GIJÓN/AVILÉS, en El Comercio.

Primero fueron los medicamentos que se adquieren en las farmacias y ahora los que se dispensan en los hospitales. La nueva vuelta de tuerca en el copago farmacéutico que desde el próximo 1 de octubre obligará a los pacientes a tener que pagar también por los fármacos de dispensación hospitalaria (hasta ahora gratuitos), hará que muchos enfermos no acudan a los hospitales a retirar sus medicinas. Así lo aseguró ayer la Consejería de Sanidad del Principado, que ya ha constatado como el anterior copago, el que en julio de 2012 erradicó la gratuidad para los pensionistas y aumentó las cotas de aportación del usuario, está generando «dificultades en el acceso a tratamientos por parte de los colectivos más vulnerables», señaló el director general Innovación Sanitaria, Enrique González.

 

Asturias gasta al año 60 millones de euros en fármacos de dispensación hospitalaria, lo que viene a suponer el 20% de la factura farmacéutica regional. En lo que va de 2013, según datos ofrecidos ayer por la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) durante la presentación en Avilés de la receta electrónica, ha destinado a este concepto 35 millones de euros. «Los ingresos que se pudieran obtener mediante este copago serían poco significativos para el coste de esta medicación», advirtió Celia Gómez, que acusó al Ministerio de Sanidad del PP de haber publicado la polémica normativa «con nocturnidad y alevosía».

 

Varias comunidades, muchas de ellas del PP, han rechazado la medida y han anunciado que no la pondrán en marcha. Asturias lleva días advirtiendo de que el nuevo copago «vulnera la equidad» y supone castigar a los pacientes más graves y a los que más atención necesitan, como son los enfermos crónicos a los que van destinados la mayor parte de los fármacos de que se dispensan en los hospitales hasta ahora de forma gratuita.

 

No se aplicará, de momento

Precisamente, Celia Gómez hizo hincapié no sólo en los perjuicios que suponen para el usuario el hecho de tener que pagar por estas medicinas, sino en la complejidad de habilitar «un sistema de cobro en los hospitales». El nuevo copago obligará a los servicios de farmacia hospitalaria a tener que disponer de una especie de caja para poder cobrar. «Significa una complicación enorme a la hora de facturar», alertó la gerente del Sespa, quien dejó claro que «en diez días es imposible que se ponga en marcha un sistema de cobro en las farmacias de los hospitales», por lo que Asturias no empezará a aplicar el copago hospitalario a partir del próximo 1 de octubre como fija la normativa. Sobre este asunto, Gómez precisó que «la administración está obligada a cumplir la ley, pero la ley no dice que el cobro sea inmediato».

 

Si finalmente la medida entra en vigor, algo que todavía está en duda puesto que está encontrando una fuerte oposición en el seno de las autonomías, el Servicio de Salud del Principado «buscará un mecanismo sencillo que se puedan compensar con los copagos para no perjudicar ni liar todavía más a los usuarios», indicó la gerente del Sespa.

 

Entre las voces críticas se sumó ayer la de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que expresó su oposición a una decisión que considera «plenamente injustificada». Para este colectivo, que representa a los más de 3.000 profesionales en España, este copago no contribuye a racionalizar el consumo y no sirve como instrumento de financiación adicional. El copago obligará desde el 1 de octubre a los pacientes graves o crónicos no ingresados a abonar un 10% del precio de los medicamentos dispensados en hospitales, hasta un máximo de 4,20 euros por cada envase. El Sespa aún desconoce las cifras del impacto de la medida, aunque dijo que «lo estudiaremos».

 

El Sespa ve en el copago hospitalario un grave perjuicio para los pacientes

24.09.2013, A. P. G., en La Nueva España.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ve en el copago hospitalario, que entrará en vigor el 1 de octubre (según una resolución del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado), un «grave perjuicio» para los pacientes con patologías graves, como los enfermos de cáncer. Por dicha resolución, 42 fármacos que dispensan los centros hospitalarios dejarán de estar exentos de aportación y estarán sujetos a un copago máximo del 10 por ciento del precio por envase, con un tope de 4,2 euros por fármaco (el cálculo será proporcional si son dosis sueltas). «Esta medida está lejos de toda lógica sobre lo que es el Sistema Nacional de Salud. Los fármacos hospitalarios no tienen como misión facturar, sino su correcto uso dado su complicado manejo y sus posibles efectos secundarios. Estamos ante una medida disuasoria que sólo puede producir distorsión en los tratamientos», subrayó ayer en Avilés director general de Innovación del Sespa, Enrique González.

 

En el Sespa ven «imposible» que la resolución se pueda aplicar el 1 de octubre y descartan que la medida se vaya a traducir en ahorro para el sistema de salud. La gerente del Sespa, Celia Gómez, cifró en casi 60 millones el gasto en fármacos hospitalarios en Asturias el pasado año y en 35,5 millones en 2013 (con datos hasta el pasado mes de julio). En el caso del área sanitaria avilesina, el gasto en 2012 fue de 6,6 millones de euros y de 5,3 en 2013 (datos hasta el pasado agosto). «El incremento en el gasto respecto al año pasado es de un 20 por ciento, pero no porque haya más pacientes, sino porque hay más medicamentos y son más caros. Estamos evaluando el posible impacto del copago, pero calculamos que será insignificante», añadió Gómez.

 

Comunidad gobernada por el PP

Castilla y León insiste en pedir que se anule el copago de los fármacos de hospital

24.09.2013, Ávila, La Nueva España

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio Sáez, reiteró ayer en Ávila al Ministerio de Sanidad que «reconsidere» la decisión de aplicar el copago en las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración. Sáez afirmó que la oposición mostrada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a la medida, será reiterada en el seno de la Comisión de Farmacia, en la que el Gobierno se reunirá con las comunidades autónomas el próximo 1 de octubre, según informa Efe.

 

El consejero insistió en que lo seguirán «planteando al Ministerio».

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Julio Villarrubia, afirmó que «aplaudirá» públicamente al presidente Juan Vicente Herrera, si finalmente su Gobierno rechaza el copago de fármacos hospitalarios.

 

Si Herrera rechaza el copago, demostrará que «la defensa de los ciudadanos está por encima de la camiseta de los partidos políticos», según Julio Villarrubia.

 

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A RAÍZ DEL PROYECTO EUROVEGAS

Mato insinúa una posible reforma de la ley antitabaco

La ministra de Sanidad asegura que busca “fórmulas” para hacer compatibles la “defensa de la salud y las políticas de empleo”

18.09.13 - DANIEL ROLDÁN | MADRID, en El Comercio.

La ministra de Sanidad ha abierto la tapa que cubre la caja de Pándora llamada ley antitabaco. Ana Mato ha asegurado en el Congreso de los Diputados que su departamento está estudiando fórmulas para compaginar el objetivo “imprescindible” de la creación de empleo” con la “defensa de la salud” cuando se le ha cuestionado sobre las concesiones que se plantea el Ejecutivo ante la llegada de Eurovegas, un asunto que está provocando fricciones en el seno del Partido Popular.

 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que desde la Moncloa se facilite la llegada de este macroproyecto del ocio y hotelero, que prevé dar trabajo a más de 250.000 personas y tendrá una inversión total de 16.900 millones durante 13 años en Alcorcón. Un inmovilismo que puede provocar la marcha de la inversión auspiciada por la empresa Las Vegas Sands, según ha alertado Ignacio González. "Estas grandes empresas tienen muchísimas ofertas. Todo el mundo está deseoso de coger grandes inversiones, si no se les resuelve en un plazo razonable, decide ir a otros sitios", ha apuntado el presidente madrileño, en una entrevista con esRadio.

 

Ese problema que hay que resolver es el permiso para fumar en el área de juego de los seis casinos que se pretenden construir en la localidad madrileña, ya que es la inversión “más importante” que se va a realizar en Europa. González ha pedido premura a Mariano Rajoy, pero ha insistido en que “si no corre en los próximos días”, el proyecto se esfumará. Y ha sido Mato la persona que ha dado el primer gesto en la Comisión de Sanidad cuando ha sido preguntada por Eurovegas y la normativa que prohíbe encender un cigarrillo en un local cerrado. El portavoz socialista, José Martínez Olmos, ha pedido a Mato que aclare “si va a modificar la ley, cuándo y por qué”. Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) le ha recordado a la ministra que “la salud es lo primero” y ha recordado que no se pueden primar los “intereses económicos”. Desde la CNPT también se recordó que muchos casinos en Estados Unidos no se fuma, con lo que mostró su sorpresa por el empeño del Gobierno madrileño en cambiar esta normativa.

 

Un cambio legislativo que no cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Según el último Barómetro Sanitario, los españoles rechazan suavizar la normativa y puntuan con un 7,62 la ley que prohíbe fumar en los bares y establecimientos desde 2011. En Asturias, desde que se implantó la normativa antitabaco, la cifra de fumadores descendió un 6%.

 

Mato busca compatibilizar salud y creación de empleo

La ministra de Sanidad insiste que aunque la salud es lo primero "es importante la creación de empleo"

18.09.2013, EP/Madrid

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha admitido en el Congreso que el Gobierno está "buscando fórmulas" para "hacer compatible la protección de la salud y la creación de puestos de trabajo", al ser preguntada por si tienen previsto cambiar la Ley antitabaco en favor de Eurovegas.

 

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Baja, la ministra ha destacado los efectos "positivos" que ha conseguido la Ley antitabaco dos años después de su última reforma, que extendió la prohibición de fumar a todos los espacios públicos cerrados, incluidos todos los bares, restaurantes y salas de juego.

 

Así, ha resaltado que gracias a la norma se ha logrado reducir en un 90 por ciento la exposición al humo del tabaco en los espacios cerrados, y ha disminuido la prevalencia de fumadores diarios, que ha sido de forma más acentuada en hombres.

 

Además, los datos del Ministerio muestran que la edad de inicio del consumo de tabaco se mantiene estable pero se observa una reducción en las ventas de cigarrillos, que en 2012 fue un 11,4% menor en comparación con el año anterior.

 

En cuanto a las enfermedades asociadas al tabaquismo, también se ha registrado en 2011 una reducción de las tasas de ingresos por infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma, si bien para estos datos, explica, "es necesario hacer una evaluación más profunda" para ver la correlación de estos indicadores con la Ley.

 

"El balance es positivo y desde el Ministerio no vamos a bajar la guardia", ha defendido Mato, asegurando que para el Gobierno "la salud siempre es lo primero".

 

No obstante, ha añadido, "para el Gobierno también es importante la creación de empleo" y, por ello, "se están buscando fórmulas para hacer compatible la necesaria protección de la salud con la imprescindible creación de puestos de trabajo".

 

Por ello, y como ya ha reconocido en otras ocasiones, estará "abierta al diálogo" y escuchará todas las propuestas que se le hagan al respecto.

 

A la salida de su comparecencia, Mato ha sido preguntada por los periodistas por si podía avanzar en qué consistirán esas "fórmulas" y si ha hablado con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a lo que ha contestado que "últimamente no".

 

Los grupos parlamentarios han criticado a Mato por estas declaraciones ya que, como ha sugerido el portavoz socialista José Martínez Olmos, son una muestra de que "hay empresarios con mucho poder económico que pueden hacer torcer la voluntad del Gobierno" para cambiar la Ley.

 

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares ha considerado incomprensible que se celebren los logros conseguidos con esta norma pero luego quieran cambiarla.

 

Mato cede a las presiones de González por Eurovegas y abre la puerta a negociar la ley antitabaco

"Para este Gobierno la salud es lo primero, pero también la creación de empleo", señaló la ministra en la Comisión de Sanidad del Congreso

 

PAULA DÍAZ, Madrid, en publico.es

"Para este Gobierno la salud es lo primero, pero también lo es la creación de empleo". Así respondió hoy la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la pregunta, formulada por el grupo parlamentario socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy iba a modificar la ley antitabaco para permitir fumar en Eurovegas.

 

Después del ultimátum del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que lleva semanas presionando a la Administración para que le ayude a convencer al magnate Sheldon Adelson de que construya su macrocasino en Alcorcón, Mato reaccionó asegurando estar abierta al "diálogo". Su objetivo, dijo, es "buscar las fórmulas más adecuadas para hacer compatibles la protección de la salud con la creación de puestos de trabajo".

 

Aunque no lo expresó con claridad, la titular de Sanidad sí dejó, así, la puerta abierta a hacer concesiones al PP madrileño; actitud que fue duramente contestada por los grupos parlamentarios de la oposición.  Especialmente, después de conocer que fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que Mato participó de forma directa en las negociaciones con la compañía Las Vegas Sands.

 

"El Ministerio va a sustituir la salud por lavado de dinero negro", espetó el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares. El diputado argumentó que Eurovegas no crearía empleo porque el negocio del juego está a la baja, a excepción del juego online. El portavoz socialista, José Martínez Olmos, también entendió la respuesta de Mato como un sí a la modificación legislativa de la ley antitabaco y lamentó que "haya empresarios con mucho poder económico que pueden hacer torcer la voluntad del Gobierno, cuando seguramente habrá otros muchos empresarios que quieran crear puestos de trabajo y no se les deja".

 

Asimismo, los grupos opositores denunciaron la incongruencia de cambiar una ley que ya ha dado sus primeros frutos, tal y como la propia ministra enumeró: "disminución de la exposición al humo ambiental, disminución de la prevalencia de fumadores diarios, disminución de las ventas de cigarrillos y disminución de los infartos de miocardio y asma por causa del tabaquismo". Ana Mato reconoció, citando un informe sobre el impacto de la Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo [ver pdf] en la salud pública, que "el mayoritario cumplimiento de la ley" ha dado ya "resultados positivos". Aun así insistió en la necesidad de "buscar fórmulas que hagan compatibles" salud y empleo.

Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos…

Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos…

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos…

 

Habilitación normativa

Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de función pública, al titular de la Consejería competente en materia de educación y al titular de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, para dictar, en sus respectivos ámbitos, cuantas disposiciones resulten necesarias en desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente decreto…

 

VER TEXTO INTEGRO EN EL BOPA DE HOY

Aunque seremos más pensionistas que, según Fátima Bañez, “…ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad” (¿…?) se producirá un ahorro anual de 5.000 millones… ¡¡acaban de inventar la cuadratura del círculo!!... por favor mientan pero no insulten de paso a la inteligencia.

Aunque seremos más pensionistas que, según Fátima Bañez, “…ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad” (¿…?) se producirá un ahorro anual de 5.000 millones… ¡¡acaban de inventar la cuadratura del círculo!!... por favor mientan pero no insulten de paso a la inteligencia.

La reforma de Bañez hurta a los pensionistas 33.000 millones en nueve años

La memoria económica del proyecto del Gobierno remitida al Consejo Económico y Social contempla ahorros anuales de 5.000 millones a partir de 2019, cuando se introduce el llamado Factor de Sostenibilidad

 

EUROPA PRESS, Madrid.

El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones presentada la pasada semana permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014 con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones. Desde 2015 estos cambios permitirían aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar los alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad (FS), hasta 2022.

 

En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años, según la memoria del impacto económico del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social remitido al Consejo Económico y Social (CES). Fuentes del Ministerio de Empleo han subrayado que dicha cantidad será lo que el sistema de Seguridad Social se ahorrará en dicho periodo, equivalente, por ejemplo, al déficit acumulado del sistema de protección en los últimos años, que ronda los 35.000 millones. De hecho, según las fuentes del Departamento de Fátima Bañez, uno de los objetivos de la reforma es corregir los números rojos en las cuentas de la Seguridad Social. Estas fuentes insisten en que no se producirá un recorte de las prestaciones, y que el gasto global del sistema seguirá aumentando, por la incorporación de los nuevos jubilados (supuestamente, con pensiones mayores que las que perciben los actuales beneficiarios del sistema).

 

El anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, remitido al CES para su dictamen, establece que en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar.

 

Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes (un total de 11 años), a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos.

 

Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.

 

El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018, según figura en la memoria económica de la reforma de las pensiones.

 

Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán (previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida) será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.

 

Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de la Seguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022.

 

Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones Onda Cero que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".

 

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La presumible aprobación en Asturias de la Ley de Atención Integral en Materia de Drogas intentará incrementar estos positivos resultados…

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La tasa de fumadores bajó en Asturias un 6% desde que se aplica la ley antitabaco

En 2009, un 27,18% de los asturianos estaban enganchados a la nicotina, pero la cifra descendió al 21,76% en 2011.

La mayor reducción, de casi un 10%, se dio entre los hombres

Foto: Una mujer fuma en una marquesina en Gijón, algo que quedará prohibido cuando Asturias apruebe la Ley de Atención Integral en Materia de Drogas.

16.09.13 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

La Ley Antitabaco que entró en vigor el 1 de enero de 2011, la que prohíbe fumar en espacios cerrados como bares y cafeterías pero también a la puerta de hospitales y colegios además de en parques infantiles, está dando sus frutos. Al menos, desde el punto de vista de salud pública. En Asturias, la aplicación de esta normativa que tanto revuelo causó entre los hosteleros de todo el país al no permitir fumar en ningún bar, cafetería o restaurante, hizo que el porcentaje de fumadores descendiera. Y lo ha hecho de forma notable, con bajadas hasta ahora nunca vistas. Entre 2009 y 2011, con la nueva ley antitabaco por el medio (se aprobó en las navidades de 2010), un 6% de los fumadores asturianos se pasó a la acera libre de humo. Es decir, hubo un descenso del 6% en la tasa de personas que fumaban en el Principado.

Así lo recoge el estudio 'Indicadores clave del Sistema de Salud' publicado semanas atrás por el Ministerio de Sanidad, donde se señala que, en 2009, el porcentaje de fumadores en Asturias era del 27,18%. Dos años más tarde, la cifra caería al 21,76%. El Principado se convierte así en la tercera comunidad con menos fumadores. El menor índice de hábito tabáquico se encuentra en Galicia, con un 20,28 de personas que fuman. Le sigue luego Madrid, con un 20,94%, y, en tercer puesto, Asturias, con un 21,76%. La más fumadora es Andalucía, con un 27% de adictos a la nicotina.

En el Principado, los que más han abandonado el cigarrillo son los hombres, con un descenso de casi el 10%, algo que los especialistas consideran histórico. En 2009, según este informe donde se recogen datos de consumo de tabaco de todas las autonomías, había un 32,57% de varones asturianos que admitían fumar de forma rutinaria. Dos años más tarde, la bolsa de fumadores bajaría al 23,07% para situarse muy cerca de las mujeres, un sector, al menos hasta ahora, tradicionalmente menos fumador que los hombres.

 

La más restrictiva de Europa

No obstante, entre las asturianas, el hábito tabáquico también disminuyó con la entrada de la nueva ley, aunque lo hizo de forma menos acusada, con apenas un descenso del 2%. Antes de que se prohibiera fumar en bares y cafeterías, fumaban en Asturias el 22,24% de las mujeres. En 2011, con un año ya rodado de ley antitabaco, el porcentaje de fumadoras se situaría en el 20,57%.

Todas estas cifras vienen a constatar que el veto a fumar en espacios cerrados y lugares de trabajo, además de discotecas, bares y un largo etcétera, ha conseguido que en España descendiera por vez primera el porcentaje de personas que consumen tabaco. Lo cierto es que, tradicionalmente, los españoles se situaban como los europeos más fumadores, pero la nueva ley antitabaco está cambiando esa tendencia. La de España es una de las normativas más restrictivas. Sólo algunos Estados de EE UU prohíben fumar en determinados lugares al aire libre como ocurre en las playas de Los Ángeles, veto que no ha llegado a los países de Europa en los que la ley antitabaco funciona desde hace años.

En Asturias, la futura Ley de Atención Integral en Materia de Drogas, la que eleva de 16 a 18 la edad para poder consumir y comprar bebidas alcohólicas, da un paso más y recoge de forma expresa dos espacios en los que no se podrá fumar. Se trata de las marquesinas de autobuses y de los soportales cuya techumbre mida más de un metro. La Consejería de Sanidad asegura que la ley nacional ya señalaba a estos dos espacios como libres de humo, pero, como existía cierta confusión sobre su regulación, ha decidido incluirlos en la futura ley que regulará el consumo de alcohol, tabaco y otro tipo de sustancias adictivas en Asturias.

Al igual que lo hiciera en 2010, el sector de la hostelería ha vuelto a poner el grito en el cielo y ha solicitado la intervención de la Dirección de Turismo para que medie con Sanidad. No obstante, la consejería de Faustino Blanco ya señaló que la ley regional no modificará los criterios antitabaco implantados por la normativa nacional, por lo que pidió calma al sector. Desde Hostelería de Asturias anuncian que, igualmente, presentarán alegaciones a la ley.

 

Una normativa «acertada», opinan 7,44 de cada diez

16.09.13 – El Comercio.

La Ley Antitabaco cuenta con un amplio respaldo social. En Asturias, 7,44 de cada diez personas consideran que ha sido una normativa «acertada», una opinión que en el conjunto del país comparten 7,62. Los datos aparecen así expuestos en el Baremo Sanitario de 2012 que el Ministerio de Sanidad dio a conocer el pasado mes de agosto. Esta macroencuesta, en la que el Principado participó con 230 personas, revela que los asturianos consideran que la normativa antitabaco tiene un elevado nivel de cumplimiento en la prohibición de fumar en bares y restaurantes (9,26 de cada diez creen que se cumple), mientras que flaquea a la hora de hacerlo en los alrededores de colegios y hospitales (5,99 de cada diez estiman que no se aplica). Además, siete de cada diez consultados afirman que continúa yendo «igual que antes» a bares y cafeterías, donde desde el 1 de enero de 2011 ya no se puede fumar. Solo 2,47 de diez dicen que han dejado de acudir a estos lugares desde que no está permitido encender un cigarrillo y siete de diez han reducido la frecuencia.

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Desaparece el mantenimiento del poder adquisitivo en favor de la devaluación paulatina… ¡¡empobrecimiento, dicho con toda claridad!!

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El Gobierno emprende el empobrecimiento de los pensionistas

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado ’factor de sostenibilidad’ a partir de 2019.

nuevatribuna.es

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.

El anteproyecto, que será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen, contempla un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse. Este índice empezará a aplicarse ya el próximo año.

El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el nuevo índice es "más completo y global", ya que tiene en cuenta la inflación, pero también la situación económica del país en cada momento. "La propuesta es que las pensiones no se congelen nunca y que suban siempre en función de las circunstancias económicas y de lo que el país se pueda permitir", ha señalado Báñez, tras destacar además que se elimina la discrecionalidad política y se garantiza la racionalidad en el sistema. 

El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la demografía, garantizando así que los pensionistas de diferentes generaciones tendrán pensiones similares si realizan contribuciones iguales al sistema. "Con salarios y cotizaciones iguales un jubilado de ahora puede cobrar la misma pensión que cobrará su hijo o su nieto", ha explicado Báñez, tras asegurar que el objetivo es garantizar la "columna vertebral" del sistema: la solidaridad.

Con todo, la ministra ha asegurado que se trata de la reforma "más importante" en términos sociales que ha aprobado el Gobierno, y ha garantizado que dará "confianza, tranquilidad y certidumbre" tanto a los pensionistas presentes como a los futuros, a los que ha garantizado que van a poder disfrutar de pensiones públicas. "Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van a ser los pensionistas del mañana", ha añadido.

El Gobierno aprueba el primer paso para devaluar las pensiones

CC OO calcula que los jubilados perderán hasta un 28% de su poder adquisitivo en 15 años

La ministra Báñez se declara abierta a hacer cambios en su oferta

Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.

El Gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% anual, incluso en los años malos para la Seguridad Social (como el actual y, muy probablemente, los próximos). “Las pensiones nunca se van a congelar. Subirán siempre”, ha defendido este viernes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, después de que el Consejo de Ministros estudiara un informe sobre la reforma de pensiones. Pero ese suelo no garantiza el poder adquisitivo. Al contrario. Un ejemplo: de haber estado en vigor la reforma de pensiones ahora sobre la mesa en 2013 —cuando la inflación “es muy baja”, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, y se situará en torno al 1% a finales de año— las pensiones habrían perdido poder adquisitivo, es decir, se habrían devaluado. La crisis económica y las tendencias demográficas amenazan con que esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sea sistemática con la nueva fórmula.

El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un informe con una doble propuesta de ajuste del gasto en pensiones. Por un lado, una nueva fórmula de actualización anual, basada en la salud de las cuentas de la Seguridad Social, y que afecta a todos los pensionistas (presentes y a los futuros) ya que pretende desvincularla del IPC en 2014. No obstante, el resultado de la ecuación está limitado: si una vez despejada la incógnita el resultado es negativo, las pensiones subirán al menos el 0,25%; si es positivo, nunca podrán subir 0,25 puntos más que el IPC.

Para defender esta primera parte, la ministra de Empleo ha utilizado la última edición del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se debaten los asuntos que atañen a las pensiones, concretamente la recomendación segunda, que dice literalmente que “resulta conveniente estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados” en salarios, el PIB o los ingresos de la Seguridad Social. Báñez, en cambio, no ha dicho que este mismo apartado lleva por título “mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones” y que también defiende que “la revalorización anual (...) se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.

La segunda vía de ajuste, que parte del informe que una docena de expertos redactó la pasada primavera, es la que vincula la pensión inicial de los jubilados a su esperanza de vida en el momento de abandonar el mercado laboral y se aplicará desde 2019.

El siguiente paso en el trámite de la reforma es que el Consejo Económico y Social evalúe el informe del Ejecutivo. Al tiempo que se cumplen estos trámites, el Gobierno negocia con los sindicatos para llegar un acuerdo. Y, de hecho, mientras que los ministros estudiaban el informe, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se veía con los empresarios y las centrales. El representante de CC OO, Carlos Bravo, ha llegado al encuentro con unos cálculos que cifran la pérdida de poder adquisitivo en los próximos 15 años entre el 14,5% y el 28,3%. El Gobierno, por su parte, no ha aportado ningún dato ni simulación sobre el impacto de la nueva fórmula. Los números de CC OO se parecen a los que han expuesto el PSOE y UGT, que cifran la devaluación en un 20% en la próxima década.

Todos estos cálculos tienen en cuenta las lúgubres previsiones laborales —la Seguridad Social se nutre principalmente de las cuotas que pagan quienes tienen empleo— para los próximos años y una inflación que oscila entre el 2% y el 2,5% (ligeramente menor a la media de la última década). No obstante, las estrecheces en las cuentas del instituto público en el futuro también llegarán por el lado del gasto, ya que el envejecimiento de la población se acentuará en los próximos años.

Para atenuar todo esto, los sindicatos exigen al Gobierno que aproveche esta reforma para que aumenten los ingresos. No les gusta la fórmula de actualización anual, de ahí que UGT exija su retirada, explica su responsable de Seguridad Social, Carmen López: “La reforma de las pensiones no es necesaria, porque no tenemos el problema en las normas, el problema está en la destrucción de empleo”.

Además, ambas centrales reclaman más dinero para la Seguridad Social: a corto plazo, para evitar que la mala situación del mercado laboral se coma rápido los más de 60.000 millones que se acumulan en el Fondo de Reserva, CC OO hace hincapié en una subida de cotizaciones; y a largo plazo, los dos sindicatos piden que la Seguridad Social reciba más dinero procedente de los impuestos para que las pensiones no se devalúen en exceso.

“Estamos abiertos al diálogo”, ha afirmado la ministra Báñez. Su objetivo es “lograr el mayor consenso” en torno a la que considera “la reforma social más importante en términos sociales de 2013”. Por ello, la responsable de Empleo ha llamado a los jóvenes al debate sobre la reforma. Para Bravo, de CC OO, esta invitación es “irresponsable”, ya que tiene el riesgo de abrir un “conflicto intergeneracional”. “No hace bien intentando contraponer generaciones”, explica Bravo, argumentado que el sistema se basa en la confianza entre jóvenes y mayores.

Las declaraciones de la oposición tampoco auguran un pacto fácil. “El informe es tramposo, opaco e injusto”, ha declarado el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela. “Es una estafa”, ha dicho su homóloga del PSOE en la materia, la diputada catalana Isabel López, frente al argumento oficial de que las pensiones nunca se congelarán.

Una ecuación no tan previsible

M. V. G., en El País.

Para actualizar año a año las pensiones, el Ejecutivo ha propuesto una fórmula —con límites— que se basa en la salud de las cuentas de la Seguridad Social. Esto, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, introduce “certidumbre” para los pensionistas actuales y futuros.

La ecuación propuesta tiene en cuenta los ingresos y los gastos del sistema de pensiones y busca su equilibrio financiero. Para disminuir la volatilidad que este tipo de fórmula podría acarrear anualmente, los creadores de la ecuación (la docena de expertos que la Seguridad Social designó en primavera), propuso que se tuviera en cuenta tanto el año en curso como los cinco o seis ejercicios inmediatamente anteriores y posteriores, y que tendiera a corregir los posibles desequilibrios financieros.

La opción del Gobierno ha sido tomar los cinco años pasados y futuros, más el año en curso. Esta última parte, en sí misma, ya introduce un factor de discrecionalidad para el Ejecutivo de turno, ya que serán sus previsiones sobre ingresos las que se tomen para los cinco años futuros.

Pero hay otro elemento decisivo y que también da un gran margen de discrecionalidad: la velocidad a la que se tiene que corregir el equilibrio financiero y que de ser muy rápido puede suponer un resultado negativo de la ecuación. Esta, según un documento entregado a los agentes sociales, dependerá año a año de los presupuestos generales del Estado y no quedará fijado en la Ley General de la Seguridad Social, como pensó el grupo de expertos que emitió su informe en junio.

Con esta opción, la discrecionalidad del Gobierno aumenta y la previsibilidad y “certidumbre” desciende.

Las pensiones pierden un 28% con la reforma de Báñez, dice CCOO

Pensiones: Las trampas de una reforma injusta y opaca. Por Joan Coscubiela.

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El Principado modifica el sistema para llevar fármacos a las residencias

13.09.2013, Oviedo, P. Á., en La Nueva España.

La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, anunció ayer que su departamento utilizará un sistema de suministro de medicamentos a las residencias de personas mayores del ERA al que podrán concurrir libremente todas las farmacias que lo deseen.

Con esta iniciativa, que será publicitada en la página web del Principado y en el boletín oficial (BOPA), el Gobierno regional pretende atajar las denuncias formuladas por un grupo de boticarios a raíz de la entrada en vigor del copago de fármacos por parte de los pensionistas. Los citados farmacéuticos subrayaban que en determinadas residencias se había instaurado un modelo de suministro de fármacos a los ancianos dependientes marcado por la arbitrariedad y la discriminación de unas boticas en beneficio de otras.

Esther Díaz hizo público el nuevo sistema de abastecimiento en su respuesta en la Junta General del Principado a una interpelación de la diputada del PP Victoria Delgado, quien censuró el modelo vigente por considerar que «no funciona, está al margen de la legalidad y ha provocado numerosas quejas del colectivo farmacéutico».

VER LA RESOLUCION PUBLICADA EN EL BOPA DE HOY

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS OFICINAS DE FARMACIA DEL Principado de Asturias PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014…

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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo del convenio colectivo del sector Oficinas de Farmacia (expediente C-044/2013, código 33000895011977)...

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