LEGISLACION

Blindando, aún más si cabe, a los que nos han llevado a la situación económica que padecemos

PROPUESTAS DE REFORMA DE GALLARDON…

Jueces y grupos anticorrupción ven en la limitación de la acción popular impunidad para banqueros y políticos corruptos

Critican que la prohibición a sindicatos, partidos y asociaciones deja "indefensa" a la sociedad civil y "aniquila" un derecho constitucional

 

MADRID, EUROPA PRESS

 

La propuesta de la comisión nombrada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones ejercer la acusación popular es criticada por jueces o formaciones políticas y organizaciones que, en algunos casos, se personan en delitos de corrupción.

 

Ven en la medida un intento por "controlar" asuntos seguidos contra "poderosos", políticos y banqueros que deja "totalmente indefensa" a la sociedad civil y "aniquila" un derecho consagrado en la Constitución.

 

El artículo 125 de la Carta Magna propugna el derecho de los ciudadanos a "ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".

 

Ahora bien, la propuesta del Código Procesal Penal elaborada por un grupo de expertos acota el tribunal de jurado a los homicidios y asesinatos consumados y también limita la personación y la lista de delitos que son susceptibles de ser denunciados por la acusación popular.

 

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, con esta propuesta la "gran mayoría" de procesos de corrupción "no se hubieran destapado" ya que la Fiscalía, en algunos casos, no ha querido actuar. "Han seguido adelante gracias a las acciones populares", ha añadido.

 

CASO BANKIA, BLESA O CAMPS

Asuntos de gran trascendencia mediática en los que se indaga el perjuicio que han sufrido las arcas públicas son investigados gracias al impulso de sindicatos, asociaciones o partidos políticos que ejercen la acción popular. Así ha ocurrido en los casos instruidos contra entidades financieras como Bankia o Novacaixagalicia o contra personalidades como el exbanquero Miguel Blesa o el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el llamado 'caso de los trajes'.

 

Bosch admite que pueden haberse producido "excesos" en su utilización pero que ello no justifica la "práctica supresión" de "una forma de participación que ha aportado mucha información de interés público y ha servido para que lleguen a juicio asuntos sobre los que, al menos, era oportuno que se pudiera resolver". "Si esta nueva regulación sale adelante, la acusación popular va a desaparecer en los términos que está concebida", señala a Europa Press.

 

"Da la impresión de que el Gobierno pretende controlar políticamente la instrucción penal y, por otro lado, evitar que se produzcan acusaciones que no puedan ser controladas desde el poder político", reconoce. En su opinión, esta medida "puede generar impunidad" en un momento en el que no paran de aflorar casos de corrupción contra políticos o personalidades del mundo financiero.

 

 

AMENAZAN CON IR A EUROPA

La propuesta también ha levantado ampollas en el sindicato Manos Limpias, que mantiene una posición activa en las investigaciones llevadas a cabo contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa o contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.

 

La organización se ha puesto en pie de guerra y planea llevar la ley al Tribunal Constitucional e incluso a instancias europeas si el Gobierno la aprueba en estos términos. Su secretario general Miguel Bernard ve esta idea "totalmente inconstitucional" porque "se carga, extermina y aniquila" el artículo 125 de la Constitución. "Me recuerda a la política del nazismo", ha agregado.

 

"Esto no puede quedar así porque es un golpe al Estado de Derecho. No lo vamos a consentir", ha enfatizado Bernard, para remarcar que detrás de este planteamiento está el intento de "los poderosos por cubrirse" y por "dejar totalmente indefensa a la sociedad civil". "Es un retroceso a regímenes totalitarios nazis".

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), con mayor representación en la Administración de Justicia, reivindica la "función social" de los sindicatos y se opone a cualquier  "injerencia del poder político". "No puede haber resquicio que permita la impunidad de conductas delictivas", ha añadido.

 

"La limitación del ejercicio de la acción popular es una 'vuelta de tuerca' más al derecho de tutela judicial efectiva que, últimamente, se ha visto vapuleado con reformas como la de las tasas judiciales, recurrida ante el Tribunal Constitucional por excesiva", precisa.

 

 

PROPUESTA DE LOS EXPERTOS

La propuesta de la comisión institucional designada por Gallardón excluye del ejercicio de la acción popular a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, salvo a colectivos de víctimas en casos de terrorismo.

 

El borrador, en fase de estudio por el Gobierno, limita los delitos que son perseguibles mediante esta acusación, que actualmente actúa en cualquier delito de naturaleza pública, incluidos los económicos.

 

De ser aprobado, solo podrá actuar en delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.

 

La ristra de delitos incluye aquellos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, los delitos electorales, el terrorismo o la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones, así como la difusión de información injuriosa sobre estos grupos.

En esto hay consenso, en otras muchas cosas, como las subastas de medicamentos de Andalucía, no

Los fisioterapeutas podrán recetar medicamentos

03.06.2013 - E. C., GIJÓN, en El Comercio.

 

El proyecto de Ley sobre farmacovigilancia para combatir la lucha contra los medicamentos falsificados, que se está tramitando en el Congreso y conlleva la modificación de la Ley del Medicamento, permitirá previsiblemente a los fisioterapeutas indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos.

 

El PP, CiU, UPyD e IU han presentado diferentes enmiendas para incluir en este proyecto de ley esta «demanda histórica» de los fisioterapeutas , que afectará a aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión.

 

En la enmienda de los 'populares' se establece que el Ministerio de Sanidad será quien acredite a estos profesionales con efectos a todo el Estado «de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente».

 

El PP defiende que la prescripción de productos sanitarios «resulta viable» ya que los nuevos títulos de grado en Fisioterapia contemplan la adquisición de conocimientos para uso de medicamentos y productos ortoprotésicos. Añade el PP que, esta ampliación de competencias «no tiene coste» y «da cobertura legal» a las actuaciones de estos profesionales, para lo que ha habido un consenso parlamentario.

 

Una reforma legal permitirá a los fisioterapeutas recetar medicamentos

Se propone dejar claro en la Ley del Medicamento que las medidas que las comunidades adopten «no podrán producir diferencias en las condiciones de acceso»

 

EUROPA PRESS / MADRID

El proyecto de Ley sobre farmacovigilancia para combatir la lucha contra los medicamentos falsificados, que se está tramitando en el Congreso y conlleva la modificación de la Ley del Medicamento, permitirá previsiblemente a los fisioterapeutas indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos. El PP, CiU, UPyD e Izquierda Unida han presentado diferentes enmiendas para incluir en este proyecto de ley esta «demanda histórica» de los fisioterapeutas, que afectará a aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión.

 

Además, en la enmienda de los 'populares' se establece que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad será quien acredite a estos profesionales con efectos a todo el Estado «de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente». El PP ha defendido que la prescripción de productos sanitarios «resulta viable» ya que los nuevos títulos de grado en Fisioterapia contemplan la adquisición de conocimientos para uso de medicamentos y productos ortoprotésicos. De igual modo, añaden, esta ampliación de competencias «no tiene coste» y «da cobertura legal» a las actuaciones de estos profesionales, para lo que ha habido un consenso parlamentario, como quedó demostrado recientemente en una proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios pidiendo al Gobierno tal objetivo.

 

Además, entre las 30 enmiendas presentadas por los 'populares' a este proyecto de Ley incluyen dos destinadas a reforzar las competencias del Estado a la hora de definir los precios de los medicamentos y garantizar en condiciones de igualdad el acceso en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). El PP critica la puesta en marcha de algunas «medidas parciales» puestas en marcha por algunas comunidades que han «dado lugar a la existencia de una alta litigiosidad y a la necesidad de presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional», como ha sucedido con las tasas del euro por receta de Madrid y Cataluña y la subasta de medicamentos de Andalucía.

 

Por ello, proponen dejar claro en la Ley del Medicamento que las medidas que las comunidades adopten para racionalizar la prescripción y uso de medicamentos «no podrán producir diferencias en las condiciones de acceso» a aquellos medicamentos financiados por el SNS, ni a su catálogo ni a sus precios. Asimismo, establecen que el precio industrial de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS, salvo que éste sea «aplicable en todo el territorio nacional».

 

El PSOE aprovecha la reforma de la Ley del Medicamento para intentar cambiar el copago y dar sanidad a los 'sin papeles'

Europa Press

 

El Grupo Parlamentario Socialista quiere aprovechar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley del Medicamento, aprobada por el Gobierno para reforzar la fármacovigilancia y la lucha contra los medicamentos falsificados, para intentar revocar las principales medidas de la reforma sanitaria de la ministra Ana Mato, como el nuevo copago farmacéutico o la decisión de dejar sin derecho a tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

 

En concreto, los socialistas han presentado una enmienda para eliminar la posibilidad de un copago en medicamentos de dispensación hospitalaria y limitarlo a aquellos productos dispensados en las oficinas de farmacia.

 

En ese caso, proponen acabar con el sistema de aportación ciudadana en función de la renta que entró en vigor el pasado mes de julio para que todos los trabajadores activos paguen un 40 por ciento del precio de sus medicinas.

 

Asimismo, recuperarían la exención del pago de medicamentos a pensionistas y colectivos asimilados y mantendrían la que estableció Mato para los desempleados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleos.

 

Por otro lado, también han presentado una enmienda que introduciría una modificación de la Ley de Extranjería para volver a reconocer a los extranjeros la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles "con el mero requisito del empadronamiento".

 

El PSOE también intentará unificar la Cartera de Servicios para que ninguna prestación pueda tener copago, como sucede ahora con el transporte sanitario no urgente, los productos ortoprotésicos o los dietoterápicos.

 

Además, también propone la prescripción de medicamentos por principio activo para la dispensación del fármaco de menor precio y que, a igualdad de precios, no sea obligatorio dispensar un genérico o biosimilar en perjuicio de los de marca.

 

Por otro lado, la Izquierda Plural ha sido el único grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley al entender que el Gobierno se escuda en la trasposición de dos directivas europeas para hacer una auténtica reforma de la Ley del Medicamento e incluir nuevas tasas.

 

UPyD, por su parte, ha introducido varias enmiendas que defienden que toda prescripción de tratamiento farmacológico se realice "en base al número de dosis que el tratamiento" y no equiparar los medicamentos biosimilares a los genéricos a la hora de una sustitución, algo que también ha pedido PNV.

Publicada ayer en el BOPA

Consejería de Sanidad

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Consejería de Sanidad, de convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares de pacientes con enfermedades crónicas en el ámbito territorial del Principado de Asturias en el ejercicio 2013.

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De momento se cumple con el calendario anunciado en Febrero prevén someterla al periodo de exposición pública antes del verano.

Proyecto de Ley Integral de Prevención, Tratamiento e Inserción Social de la Drogodependencia

Sanidad debate con un amplio colectivo de expertos la futura ley de prevención del consumo de drogas

La legislación que prepara el Principado tiene entre sus principales objetivos reducir su promoción, publicidad, venta y uso.

Prohibirá el consumo de alcohol en menores de 18 años para disminuir la morbilidad y la mortalidad por accidentes de tráfico.

La consejería quiere conseguir un amplio consenso social en la elaboración de esta normativa

WEB del P. de Asturias

 

Un equipo multidisciplinar formado por más de medio centenar de expertos, representantes de colectivos relacionados con la prevención del consumo de drogas y sus repercusiones en la salud y en la sociedad han asistido hoy a la jornada de trabajo organizada por la  Consejería de Sanidad para debatir las principales líneas maestras del borrador de la Ley Integral de Prevención, Tratamiento e Inserción Social de la Drogodependencia que elabora el Principado. Esta jornada responde al objetivo del Principado de alcanzar un amplio consenso social en la elaboración de esta normativa.

 

La ley tiene entre sus objetivos reducir la promoción, venta y consumo de drogas, mejorar la información de la sociedad, modificar las conductas de riesgo e intervenir sobre las condiciones que promueven comportamientos de consumo dañinos o inadecuados. Además, persigue potenciar la cultura de la salud y el fomento de alternativas de ocio más saludables, especialmente entre los jóvenes, y generar ámbitos de debate ciudadano que generen un compromiso público para favorecer un marco de  convivencia saludable.

 

El texto prohibirá el consumo de alcohol en menores de edad porque se ha demostrado que permitir su consumo únicamente a partir de los 18 años reduce la morbilidad y mortalidad por accidentes de tráfico, y porque existe un consenso nacional sobre la necesidad de fijar ese límite legal. “Lo que no consigue la ley por sí sola es cambiar conductas en relación con el alcohol y otras drogas si no existe un compromiso social”, según ha destacado el director general de Salud Pública, Julio Bruno, al inicio de la jornada. Durante la misma, ha subrayado la necesidad de generar actividades de ocio alternativas al alcohol.

 

La ley introducirá también medidas especiales sobre la oferta de consumo de drogas que afecta a trabajadores que ocupen puestos de especial riesgo, como pueden ser conductores o empleados de maquinaria pesada, o que por su trabajo tengan acceso a armas de fuego. Incluirá además el manejo o manipulación  irregular de determinadas sustancias con fines psicodélicos, como puede ser el óxido nitroso o gas de la risa.

 

Una vez redactado de forma definitiva, el texto seguirá en las próximas semanas su tramitación administrativa para que pueda ser sometido a un periodo de exposición pública antes del verano y enviado en septiembre a la Junta General del Principado.

 

A la reunión de han asistido asociaciones de hostelería y consumidores, representantes de los ayuntamientos asturianos a través de la Federación Asturiana de Concejos; el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), incluidas las áreas de Salud Mental y Emergencias; el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la administración de Justicia; el sector educativo y organizaciones no gubernamentales especialistas en la reducción de riesgos en consumo de drogas o en tratamientos de deshabituación.

 

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También incluye subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los consumidores y usuarios

Consejería de Sanidad

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales del Principado de Asturias. 

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A ENTIDADES LOCALES

Sanidad aprueba la regulación para conceder subvenciones en materia de prevención de consumo de drogas

El plazo máximo para analizar las solicitudes y notificar la resolución será de tres meses…

Martes, 21 de mayo de 2013, Ángel Merino, en Redacción Médica.

La Consejería de Sanidad ha publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Principado) la Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras (ver arriba) para la concesión de subvenciones a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones, originadas por el Servicio Municipal de Consumo y de desarrollo de planes municipales sobre drogas y de programas de intervención comunitaria, tienen como objetivo seguir dos líneas de actuación: la prevención del consumo de drogas y la incorporación social de drogodependientes.

En cuanto a la línea dirigida a la promoción y desarrollo de la protección de los consumidores y usuarios, las entidades locales financiarán la realización de actividades dirigidas al asesoramiento e información a los consumidores y usuarios en materia de consumo, formación, talleres de consumo y otras actividades similares, información mediante la realización de campañas, edición de folletos, tramitación de denuncias y de expedientes sancionadores, etc. Por el contrario, no serán objeto de financiación la compra de bienes de carácter inventariable ni los gastos de inversión o de capital.

Por otro lado, las subvenciones para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes se destinarán a cofinanciar los gastos derivados de los planes y/o programas de continuidad evaluados satisfactoriamente por la dirección general de Salud Pública, así como a nuevos planes y/o programas de intervención, en cuyo caso la cantidad subvencionada podrá utilizarse para sufragar cualquier tipo de gasto originado por la puesta en marcha de nuevas acciones, incluidos los gastos de contratación de personal adicional al ya existente.

Previo estudio y valoración de las solicitudes presentadas, por la Comisión designada al efecto, se elevará propuesta a quien sea titular de la Consejería de Sanidad, órgano competente para resolver. El plazo máximo para resolver y notificar en el BOPA la resolución será de tres meses, contados desde la publicación de la convocatoria.

 

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En el BOPA de hoy las Instrucciones autonómicas para la I.T. de los empleados públicos...

Consejería de Hacienda Y Sector Público

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban las Instrucciones para la aplicación del complemento a la prestación económica en situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos.

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Se dice también que cumpliremos las recomendaciones y estándares de la OMS que facilitan el registro, la publicación y el acceso del público a los contenidos relevantes de los ensayos

UN DICTAMEN ÚNICO EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN…

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos y el registro de estudios clínicos.

Mato anuncia un nuevo sistema que agilizará la aprobación de ensayos clínicos en España

MADRID, EUROPA PRESS

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado la creación de un nuevo dictamen único en la autorización de ensayos clínicos en España, que facilitará la investigación clínica y reducirá las trabas administrativas que van aparejadas a su solicitud.

 

Este nuevo sistema, según ha explicado Mato en una jornada en el Ministerio con motivo del Día Internacional del Ensayo Clínico, forma parte del nuevo Real Decreto de Ensayos Clínicos, que ya ha iniciado su trámite de audiencia pública.

 

"Hay que hacer más atractivo España para hacer ensayos clínicos", ha defendido la ministra, para lo que es necesario "tener unos procedimientos ágiles de autorización". Actualmente, según datos del Ministerio, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) suele tardar unos 70 días de media en autorizar un ensayo clínico.

 

Este nuevo dictamen único, ha explicado Mato, reducirá las trabas administrativas y aumentará la seguridad, lo que "favorecerá el acceso a tratamientos y fortalecerá nuestras instituciones sanitarias y el tejido industrial".

 

La ministra ha recordado durante su intervención que el hecho de que los ensayos clínicos se hagan en España lleva asociada "una serie de ventajas", ya que "constituyen una oportunidad de acceder precozmente a determinados tratamientos a pacientes que carecen de alternativas".

 

De hecho, y coincidiendo con que 2013 es el año español de las enfermedades raras, el objetivo del Ministerio es que los pacientes que sufren estas enfermedades tengan la posibilidad de participar en ensayos clínicos en España, ya que son enfermos que carecen de alternativas de tratamiento.

 

En España se autorizan cada año unos 750 ensayos clínicos, con un aumento anual del 3,8 por ciento, algo llamativo porque en Europa la tendencia es inversa. De hecho, entre 2007 y 2011 las autorizaciones de nuevos estudios se redujeron un 18 por ciento.

 

Además, Mato también ha anunciado la puesta en marcha del Registro Español de Ensayos Clínicos (REec), una herramienta donde los ciudadanos en general y los profesionales podrán encontrar todos los ensayos clínicos autorizados en España.

 

Con la creación de este Registro, "España se encuentra alineada con las recomendaciones y estándares de la OMS y se facilita el registro, la publicación y el acceso del público a los contenidos relevantes de los ensayos", ha explicado Mato.

 

A su juicio, la transparencia en estos estudios "es esencial" y, por ello, este Registro hará que "la transparencia se convierta en una garantía de la protección de las personas y de la calidad de los resultados".

 

Sanidad agilizará la puesta en marcha de ensayos clínicos con medicamentos

El Ministerio prepara la creación de un Registro Español donde ciudadanos y expertos podrán consultar los ensayos autorizados en el país - El objetivo, ganar transparencia

Mar Mato – Vigo, en El Faro de Vigo.

El Gobierno español busca agilizar la investigación clínica con medicamentos reduciendo las trabas "innecesarias". Así lo anunció ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien, no obstante no esclareció cuándo podrían entrar en vigor los cambios. Como primer paso, su Ministerio ha iniciado el trámite de audiencia pública de un nuevo real decreto sobre ensayos clínicos.

"Hay que hacer más atractiva España para hacer ensayos clínicos", defendió ayer la ministra, que espera establecer "unos procedimientos ágiles de autorización".

En la actualidad, se tardan unos 70 días como media en que la Agencia Española de Medicamentos dé permiso para un nuevo ensayo clínico, según datos del Ministerio recabados por Europa Press.

La agilización de los trámites no es el único cambio que pretende introducir el Gobierno. La ministra anunciaba ayer también la creación del Registro Español de Ensayos Clínicos. En la actualidad, existe un Registro Europeo así como otros en varios países como Estados Unidos.

La creación de un registro en España en este campo permitiría a los ciudadanos así como a los profesionales del sector médico, farmacológico o veterinario tener acceso a los datos y procesos de los ensayos clínicos autorizados en España.

De esta manera, los enfermos podrían solicitar formar parte de los ensayos. Por otra parte, los médicos conocerían el estado actual de investigaciones terapéuticas en las dolencias de su campo.

La idea de Sanidad es colgar la información en una web a la que se tendrá acceso desde la página de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El facultativo del Centro Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) José María Pego Reigosa, del área de Reumatología, reconocía ayer que "la investigación farmacológica es compleja y está llena de aspectos burocráticos y legales".

Este médico explicó que "si bien es común a otros países", sí podrían tomarse determinadas medidas "para hacerlo algo más sencillo", como, por ejemplo, "compartir datos de centros y profesionales investigadores".

Respecto a la creación del Registro, Pego Reigosa no vio importantes puntos negativos. Como beneficios, señaló: "ofrecer participar en ensayos clínicos adecuados a la situación del enfermo. No siempre el paciente va a poder enrolarse en uno de esos ensayos pues podría no cumplir los requisitos precisos".

Para Pego Reigosa, habrá otros casos en los que el enfermo sí podrá ser incluido "con la ventaja de poder recibir un tratamiento potencialmente beneficioso y en el centro más cercano a su lugar de residencia".

Este médico gallego también resalta las ventajas que el Registro tendrá para los facultativos. "Es -señaló- realmente interesante para los médicos el poder conocer qué ensayos clínicos se están realizando en su entorno en el ámbito de las enfermedades que manejan. De esta manera se puede ofrecer a algún paciente la participación en estos ensayos, ya que, en ocasiones, puede haber ocurrido que se hayan agotado todas las opciones terapéuticas" para ese enfermo.

Quien también ve aspectos positivos en la creación del Registro es el facultativo José Luis Doval, jefe de Ginecología y Obstetricia del Centro Hospitalario de Ourense (CHOU). "Es importante -apuntó ayer a este diario- que el ciudadano tenga acceso a los ensayos clínicos y que quede registrado con información abierta aquellos ensayos que no han continuado. Todo lo que sea ganar en claridad y transparencia me parece bien".

Doval agregó que "en muchos países, es la industria farmacológica la que diseña los ensayos clínicos y en muchos países también no se puede ver cómo marchan esos ensayos. Conociendo los resultados de las pruebas, se podría facilitar más la investigación en los hospitales".

Por último, Pego Reigosa recordó que "ya existen bases de datos de ensayos clínicos europea y del gobierno americano que son de enorme utilidad para el médico pues permite conocer el estado actual de las investigaciones terapéuticas".

Jarrio con Avilés, Arriondas con Gijón, el suroccidente estará en la central y las dos cuencas mineras (Langreo y Mieres) juntas en una palabra: lo más lógico y lo que todos sabíamos.

También en la comparecencia de ayer…

La ley que reducirá a la mitad las áreas sanitarias se presentará antes de final de año

 

OVIEDO, EUROPA PRESS

 

La Ley de Reordenación Sanitaria, la norma que reducirá de ocho a cuatro las áreas sanitarias en las que se divide Asturias, se presentará antes de que finalice este año 2013. El nuevo escenario contempla que el hospital del suroccidente, el de Cangas del Narcea, pase a forma parte del área central.

 

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, durante su comparecencia en la Comisión de esta cartera, convocada en la Junta General, a solicitud del Grupo Foro Asturias. En la misma ha sido preguntado por este asunto por el diputado de UPyD, Ignacio Prendes.

 

Blanco ha explicado que antes de las vacaciones estivales estará en condiciones de fijar un plazo concreto pero espera que la ley se presente a lo largo de este 2013, para su posterior debate y aprobación.

 

El consejero ha explicado que será "un proceso dialogado, porque afecta mucho a alcaldes y territorios", y en el que se vinculará al área cuatro el hospital del suroccidente el Cangas del Narcea". Se ha manifestado, en este punto, preocupado por el centro hospitalario del Monte Naranco, que parece un "hospital transparente, que parece que no existe", y que "está bien habilitado para la geriatría".

 

La ley que reducirá a 4 las áreas sanitarias se debatirá a final de año

14.05.13 – El Comercio.

 

La Ley de Reordenación Sanitaria, la normativa que reducirá de ocho a cuatro las áreas sanitarias en las que se divide Asturias, se presentará antes de que finalice el año. Así lo aseguró el consejero de Sanidad, quien confirmó que el hospital del suroccidente, el de Cangas del Narcea, pasará a formar parte del área central, en la que se prevé como principal novedad que el Hospital Monte Naranco tenga un papel más relevante. Durante su comparecencia, y en este caso a preguntas del diputado de UPyD, Ignacio Prendes, el titular de Sanidad anunció también que en breve se hará público el pliego de condiciones para el nuevo concurso de transporte sanitario en Asturias. En este sentido, Blanco concretó que «se mantendrá un paquete igual» al actual. Sobre la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad implante el copago, se mostró contrario a la medida.

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