El Gobierno anuncia una ley de muerte digna
La nueva normativa regulará el marco de actuación entre familiares, médicos y pacientes
20.11.2010 - TOMÁS GARCÍA YEBRAMADRID, en El Comercio.
El Gobierno tiene previsto aprobar en el mes de marzo una ley de muerte digna que regulará el derecho de los enfermos terminales «a morir sin dolor», según anunció el vicepresidente primero del Ejecutivo y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La nueva normativa se llamará Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna y reglamentará la situación en la que quieren morir aquellas personas con una enfermedad incurable, clínicamente desahuciadas.
«Cuando alguien se encuentra en un escenario terminal y lo que le espera por delante es un calvario, la medicina tiene mecanismos para que esa muerte, que es inevitable, se produzca dignamente; es decir, sin sufrimiento y sin dolor», manifestó el vicepresidente primero. «No es una ley de eutanasia», matizó Rubalcaba. El diccionario de la Real Academia Española define eutanasia como «toda acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él». Rubalcaba lo definió con sus propias palabras: «La eutanasia es una decisión de alguien que, sencillamente, por la razón que quiera, porque está enfermo, decide morirse». Actualmente la eutanasia sólo es legal en Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
La nueva ley, que tras su aprobación por el Ejecutivo tendrá que superar los pertinentes trámites parlamentarios, regulará el marco de actuación entre familiares, médicos y enfermos que ingresen en el hospital. A juicio de Rubalcaba, Francia es un país «modélico» en esta materia. El vicepresidente, quién calificó la nueva normativa como «muy importante», está convencido de que será comprendida y admitida «por todo el mundo». Para reafirmar sus argumentos aludió a una situación personal que ha tenido que afrontar recientemente. «Cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, o su hermano, o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal, el familiar le va a poder consultar al médico para que evite ese dolor».
Andalucía ya dispone de una regulación legal sobre los enfermos terminales. Fue la primera ley de ’muerte digna’ vigente en nuestro país. La aprobó el parlamento andaluz el pasado mes de marzo. En aquella ocasión el PP votó a favor, pero con la salvedad de que se incluyera una cláusula para la objeción de conciencia por parte de los médicos, un debate que ha vuelto a reabrirse.
Reacciones
Las asociaciones Derecho a Vivir y el Foro de la Familia han criticado la medida al entender que esta ley «intenta colar la eutanasia por la puerta de atrás». En opinión del presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, se trata de una ley que «defiende la muerte en lugar de la vida». Su respuesta, en lo tocante a este asunto, es la de «tolerancia cero». Para la asociación Derecho a Vivir, la medida es innecesaria, puesto que «los médicos responden de esa muerte digna al estar cuidando a los pacientes hasta los últimos momentos». Para esta asociación, la nueva ley va a regular lo ya regulado. «Hoy en día todo el mundo muere sin dolor».
En el extremo opuesto se ha pronunciado el presidente del Comité Científico Internacional de Bioética, Marcelo Palacios. Para este experto el Ejecutivo se ha quedado corto. «La ley debería abordar también la eutanasia y el suicidio asistido», manifestó.
Por su parte, la asociación Derecho a Morir Dignamente calificó la ley de «electoralista». La normativa, en opinión de su portavoz, César Caballero, no supone ningún avance. «Lo eficaz sería avanzar hacia la despenalización del suicidio asistido, pero el Gobierno se niega a hacerlo, sigue con la coartada de que hasta que todos los ciudadanos españoles no tengan asegurados los cuidados paliativos no se despenalizará está práctica», argumentó.
«Los países a la cabeza en civilización, como son Holanda y Bélgica, ya han despenalizado la eutanasia», remachó.
Finalmente, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cree que la nueva ley es «absolutamente necesaria», puesto que «garantizará esta cobertura y asegurará que se cumpla en todas las comunidades autónomas».
La 'ley de muerte digna' impedirá que se repitan casos como el del Severo Ochoa
El Gobierno regulará por ley el derecho de los pacientes terminales a morir sin dolor (que no la eutanasia) lo que en la práctica ya se está haciendo con los llamados cuidados paliativos. La nueva normativa garantizará este derecho en todo el Estado después de que Andalucía haya sido la primera comunidad autónoma en aprobar una ley similar.
NUEVATRIBUNA.ES
El anuncio fue hecho este viernes por el vicepresidente primero del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Según explicó Alfredo Pérez Rubalcaba en rueda de prensa, el Ejecutivo quiere aprobar en la próxima primavera una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna para garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal a morir dignamente “que es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia médica permite que así sea”, aseguró. El ministro precisó que no se trata de una ley de eutanasia y que la opinión pública entenderá porque “casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que se va a regular”. Rubalcaba quiso ser aún más gráfico al decir: “Se produce cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, su hermano o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal de aquí a que se muera, va a sufrir, y el familiar le dice al médico si no lo podemos evitar”.
Lo que se pretende regular ya es una práctica habitual entre la mayoría de los facultativos. Se trata, en términos médicos, de limitar el esfuerzo terapéutico para los pacientes terminales aliviando en lo que se pueda el dolor aún a pesar de que eso puede acortar el tiempo de vida. Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar una ley similar. Fue el pasado mes de marzo cuando el parlamento andaluz aprobó por unanimidad (el PP solo se opuso a tres artículos de la normativa) una ley de muerte digna. Lo mismo harán Aragón y Navarra.
“El Estado tiene que homogeneizar para que se garantice este derecho en todas las comunidades autónomas”, asegura Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, quien ha valorado de manera “muy positiva” la iniciativa del Gobierno. Este doctor, ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés fue revelado en 2005 tras las denuncias por supuesta mala praxis en las sedaciones a pacientes terminales. La acusación hablaba de 400 homicidios. El Gobierno de Esperanza Aguirre inició una caza de brujas abriéndose un proceso que terminó siendo archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia eliminaba toda referencia a la existencia de una mala práctica médica, dando así la razón a los facultativos.
La nueva ley anunciada por el Gobierno tomará como referencia la legislación francesa en la materia, “una excelente regulación” en palabras de Rubalcaba. El vicepresidente del Gobierno insistió que no se trata de eutanasia porque ésta “es una decisión de alguien que sencillamente por la razón que quiera decide morirse”. La normativa garantizará el derecho de los pacientes, pero también de los familiares y de los médicos: “Hoy la medicina tiene mecanismos para que la muerte que es inevitable se produzca dignamente, es decir sin sufrimiento y sin dolor para el paciente y sus familiares”, explicó.
Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) “una ley de muerte digna es absolutamente necesaria en estos momentos, ya que es importante que se garantice esta cobertura por ley y que se asegure que las comunidades autónomas la cumplan, ya que en muchas comunidades el criterio ideológico de sus dirigentes dificulta el acceso a estos cuidados”, dijo su portavoz Marciano Sánchez Bayle, quien también destacó el “retroceso importante” que se ha dado en este campo tras el caso de las sedaciones en el Severo Ochoa.
No obstante, el debate sobre la eutanasia sigue pendiente. El PSOE incluyó en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria para estudiar este asunto. Pocos años antes, en 1998, Ramón Sampedro, un tetrapléjico postrado en una cama desde los 25 años de edad, se quitó la vida con la ayuda de su novia, que no pudo ser juzgada por falta de pruebas.
La eutanasia activa está despenalizada en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, pero el debate llega regularmente a las instituciones europeas, que apelan de forma reiterada a la exclusiva competencia de los Estados miembros en estos temas éticos. Aquí en España, siempre se ha topado con la férrea oposición de los grupos ultracatólicos y del PP.
