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LEGISLACION

PSOE e IU sacan adelante unas cuentas de 4.133 millones para el año 2011

PSOE e IU sacan adelante unas cuentas de 4.133 millones para el año 2011

Los socios de gobierno rechazan las enmiendas de totalidad del PP y el Bloque

Parte del Grupo Socialista, con el resultado de una votación al fondo. luisma murias

La Nuev España. Oviedo, J. A. ARDURA

PSOE e IU hicieron valer su pacto de gobierno y rechazaron las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y el Bloque por Asturias contra su proyecto de Presupuesto regional para 2011, que de esta manera queda fijado en 4.133 millones de euros. El consejero de Economía defendió unas cuentas cuyas prioridades son impulsar la productividad y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. PP y el Bloque coincidieron en que las cuentas del Ejecutivo regional están hinchadas y que será preciso cambiarlas, al igual que ocurrió con las de este año.

 

Jaime Rabanal justificó los capítulos más controvertidos del proyecto presupuestario, como, por ejemplo, la venta de viviendas públicas a Vipasa, que reportarán a las arcas regionales 102 millones de euros en un contexto marcado por la caída de recursos debido a la crisis. «Se trata de optimizar patrimonio y ponerlo al servicio de todos los ciudadanos», esgrimió tras dar entender que el Ejecutivo confía en la venta de un tercio del parque público de viviendas, cuya valoración total cifró en 300 millones de euros. La diputada popular Alejandra Cuétara fue especialmente crítica con esa operación y con la disposición del Principado «a cubrir las pérdidas de la empresa concesionaria de la AS-II» y dejó entrever que la deuda reconocida por el Gobierno, de 1.826 millones, «esconde una cifra mayor debajo de las alfombras de las empresas públicas», para acabar pidiendo que «no se frivolice con la deuda de Asturias porque detraerá fondos para garantizar los servicios públicos en el futuro». Para Alejandra Cuétara, el último Presupuesto de Vicente Álvarez Areces «no es una herramienta, sino una herencia envenenada». La popular aseguró que el PP, de ganar las autonómicas, no está dispuesto a gobernar con ese presupuesto.

 

El Bloque por Asturias, la otra formación que presentó enmiendas de totalidad al Presupuesto y que hasta el verano pasado formaba parte del Ejecutivo, calificó de «mentiroso, falso, hinchado, basado en previsiones irreales y ficticias» el proyecto para 2011. Y auguró que tras las elecciones autonómicas «se recortará en 400, 500, 600 o 700 millones de euros, porque son pura ficción». En las votaciones, los 22 votos de PSOE e IU tumbaron las enmiendas en una sesión de la que estuvo ausente Jesús Iglesias, de IU, porque estaba a punto de ser padre.

Quien hace la trampa, hace la ley…. para burlar sentencias firmes

Quien hace la trampa, hace la ley…. para burlar sentencias firmes

Hemos elegido este antetítulo para esta noticia por la “similitud” de fondo que tiene con este artículo del blog de Sevach que recomendamos leer … VER DICHO ARTICULO

PSOE e IU tumban las enmiendas a la totalidad de PP y BA a la reforma de la función pública

La oposición señala que el proyecto es inconstitucional y afirman que el Gobierno pretende eludir sentencias

Foto: La Consejera y el Director Regional de Función Pública artífices de la norma…

OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado con los votos de PSOE e IU-Verdes sendas enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Grupo Mixto (Bloque por Asturies) al proyecto de ley del Principado de Astruias de octava modificación de la Ley del Principado de Asturias de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias.

El diputado del PP, Ramón García Cañal, ha defendido su enmienda de totalidad señalando que el proyecto carece de legitimidad, es arbitrario y contrario a los principios del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "Pretende continuar con la política de desprofesionalización de los empleados públicos seguida en estos años y reiteradamente rechazada por los tribunales", ha comentado.

Además, ha añadido que no cuenta con el apoyo de los representantes de los trabajadores y que demuestra la "incapacidad" del Gobierno para acometer la regulación general que necesita la función pública en el Principado de Asturias. García Cañal ha advertido que el proyecto establece una enumeración de puestos que serán de libre designación, "condicionando a futuros gobiernos la organización de la estructura de su administración".

Ha considerado además que es "inconstitucional" porque "cercena los principios de mérito y capacidad que deben presidir no sólo el primer acceso a la Administración Pública, sino las actuaciones a lo largo de la carrera profesional de todos los empleados públicos". Por último, considera que el proyecto se ha presentado "a la trágala" y sin el apoyo de ningún sindicato representante de los trabajadores.

El diputado de Bloque por Asturies (BA) ha pedido el rechazo ante la modificación al entender que sólo persigue "legalizar por la vía rápida el sistema dedocrático y clientelista de nombramientos anulado por cuatro sentencias consecutivas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias".

Sería incomprensible que el Parlamento asturiano permitiese esta reforma, que sólo persigue dar luz verde a un sistema de nombramientos en el que "la fidelidad política" se antepone a la capacidad y que se caracteriza por el "nepotismo" y la "corrupción". Bloque por Asturies considera que el proyecto es "inconstitucional" y que su única finalidad es eludir las sentencias citadas. "El Principado está creando inseguridad jurídica, generando una situación de caos en la función pública asturiano", ha comentado.

ESTABILIDAD

Sin embargo, la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha rechazado los argumentos de la oposición y ha defendido la necesidad de la modificación parcial porque permitirá adaptarse a los nuevos criterios fijados por el Estatuto Básico del Empleado Público, además de dotar de una mayor "estabilidad" y "seguridad jurídica" a los procesos de provisión de puestos de trabajo que, desde 1985 y al igual que todas las administraciones públicas españolas, ha utilizado la Administración del Principado de Asturias.

Migoya ha explicado que la modificación se traduce en "una regulación más precisa de los estos sistemas de provisión de puestos de trabajo a ocupar por funcionarios de carrera al servicio del Principado de Asturias". Se regulan así los dos procedimientos de provisión de puestos de trabajo destinados a esos funcionarios, fijando dos sistemas: "concurso" y "libre designación". Según Migoya, este procedimiento "se restringe a determinados puestos de trabajo donde concurran situaciones de especial responsabilidad y sobre la base de criterios de eficacia y eficiencia"

De hecho, ha comentado que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas han regulado este aspecto con los mismos criterios que en Asturias, en referencia a Galicia, Aragón, Baleares, Andalucía, Castilla-León, Murcia, Cataluña, País Vasco, Extremadura y Valencia.

La diputada del PSOE, Servanda García, ha rechazado la intención de la oposición de presentar enmiendas a la totalidad. Así, ha animado a los grupos de PP y BA a que en las enmiendas parciales contribuyan a "mejorar" en lo posible. "Pero lo que no entiendo es que no quieran permitir que el Gobierno haga uso de su derecho de modificar una ley de 1985", ha apuntado.

Mientras, la diputada de IU-Verdes, Diana Camafeita ha defendido la modificación, explicando que es "razonable" y "sensato" regular el sistema de libre designación. Ha acusado al PP y a BA de utilizar argumentos "peligrosos" y ha negado que se vaya a regular el "dedazo por ley". Así, ha señalado que las críticas de la oposición son "groseras" y "antiproducentes".

Las conclusiones de la Comisión: el Sespa puede asumir dichas competencias «con plenas garantías», por lo que para nada se habla ya de una posible inconstitucionalidad de la Ley de Integración…

Las conclusiones de la Comisión: el Sespa puede asumir dichas competencias «con plenas garantías», por lo que para nada se habla ya de una posible inconstitucionalidad de la Ley de Integración…

Los trabajadores del hospital de Arriondas serán finalmente empleados del Sespa

Seguirán siendo personal laboral del centro, pero no pasarán a ser funcionarios públicos

La decisión de la Comisión Bilateral da luz verde a la aplicación de la Ley de Integración

Todos los empleados mantendrán sus puestos con los mismos derechos y obligaciones

Los que entren a partir de ahora en Arriondas deberán hacerlo por medio de oposición

22.12.10 - MIGUEL ROJO| ARRIONDAS, en El Comercio.

Los trabajadores del hospital de Arriondas pasarán directamente a estar empleados por el Servicio de Salud del Principado y mantendrán todos sus derechos y obligaciones, así como su puesto actual de trabajo y su categoría profesional. Según ha podido saber EL COMERCIO, la Comisión Bilateral conformada por el Gobierno regional y el central ha llegado a un acuerdo tras varias reuniones del grupo de trabajo que estudiaba los posibles problemas que resultarían de la aplicación de la Ley de Integración aprobada en la Junta General con el apoyo del PP e IU, pero con el voto en contra de los socialistas, que apostaban por otra fórmula para el funcionamiento del hospital comarcal del Oriente. En concreto, desde las filas del PSOE siempre se había apostado por una Fundación Pública -la que ahora gestiona el centro bajo la presidencia de la gerente del Sespa- en vez de realizar un traspaso directo del hospital de Arriondas al Sespa. ¿La razón? Consideraban que la entrada 'por la puerta de atrás' de los trabajadores podría motivar las denuncias de aquellos que para acceder a un puesto de trabajo en un hospital tienen que hacerlo a través de una oposición.

Ahora, la Comisión ha acordado de facto permitir que se aplique la Ley de Integración, y que sea el Sespa el que se subrogue directamente todos los empleados, que seguirán siendo, eso sí, personal laboral, pero no funcionarios públicos. El cambio se fundamenta en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge que en caso de sucesión de empresas, el nuevo empleador (en este caso el Sespa) debe subrogarse el personal y adquirir con ellos los mismos derechos y obligaciones que el anterior (la fundación pública). Según las conclusiones de la Comisión, el Sespa puede asumir dichas competencias «con plenas garantías», por lo que para nada se habla ya de una posible inconstitucionalidad de la Ley de Integración. Eso sí, esto no quita que pueda haber recursos contra la misma si algún colectivo se siente perjudicado, y no es difícil que esto acabe por suceder.

Tanto el Estado como el Principado ven resuelta con esta decisión la problemática que trajo en vilo a partidos políticos, trabajadores y ciudadanos durante meses, con huelgas, protestas, declaraciones y una polémica votación en la que IU apoyó al PP en vez de al PSOE, con quien mantiene una coalición de Gobierno. Finalmente, lo que decía el sentido común será lo que salga adelante. La Ley de Integración se aplicará y los trabajadores pasarán a cobrar del Sespa en vez de la Fundación Pública, que desaparece. Los trabajadores que a partir de ahora se necesiten entrarán en el hospital de Arriondas por la vía en la que todos lo hacen: por medio de un concurso de mérito y capacidad, una oposición. Y los que ya están, serán personal laboral del Hospital de Arriondas, pero no funcionarios.

Después de meses de polémica, parece que el culebrón se acaba, tras años de una situación casi insostenible en el centro hospitalario, con una notoria falta de confianza entre las partes implicadas: trabajadores y Gobierno regional. En parte se viene a dar la razón a PP, IU y Comité de Empresa, que siempre apoyaron la integración directa del hospital y su personal en el Sespa. Pero también a los socialistas, ya que la integración directa no supone que los trabajadores pasen a ser funcionarios públicos automáticamente.

Trece años de lucha para que el hospital entrase en la red pública

El hospital comarcal de Arriondas nació como una fundación privada al ser impulsado desde el Principado sin el apoyo del Insalud

22.12.10 - M. ROJO | ARRIONDAS, en El Comercio

Trece años de polémicas desde que abriera sus puertas que se acaban como tenían que haber empezado, con el hospital del Oriente formando parte de la red pública. Así se puede resumir la historia del Hospital de Arriondas, cabecera del Área VI, la del Oriente asturiano. El caso es que desde aquel 1 de junio de 1997, todos los partidos políticos han opinado, alguna vez, de la misma forma. El hospital, a pesar de haber nacido como una fundación privada, debería ser público. Lo cierto es que, tanto socialistas como populares, en algún momento de esa historia que registran las hemerotecas, y en ocasiones todos juntos, han defendidos posturas similares, que nunca se concretaban cuando llegaban al Gobierno. Finalmente, la fórmula para transformar en Ley esa necesidad ha tenido que ser diseñada desde la oposición, con un llamativo pacto entre PP e IU y contra la voluntad de los socialistas, ahora en el Gobierno, que ha provocado no pocas tensiones entre los socios de izquierdas, que sin embargo siguen gobernando juntos en el Principado.

La historia de este hospital nace en 1994, con la frontal oposición de la entonces Administración central, que se encontraba en manos del PSOE. El por entonces Insalud adujo motivos de índole financiera y de falta de población en la comarca para rechazar la puesta en marcha del centro de Arriondas, asegurando que los compromisos del Ministerio de Sanidad concluían en Asturias con los recién inaugurados hospitales de Jarrio y Cangas de Narcea. El Principado, también gobernado por el PSOE, no aceptó los argumentos de sus homólogos en la Administración del Estado, y continuó adelante con el proyecto, asumiendo el coste íntegro del centro, que superó los 1.500 millones de pesetas. Para hacerlo realidad se optó por crear una fundación privada de carácter benéfico que lo gestionase. Una apuesta valiente en aquel momento, positiva para los ciudadanos del Oriente pero, que a la vez, fue la piedra en el zapato a lo largo de toda su historia. Después, con las elecciones nacionales de 1995 y regionales de 1996, la responsabilidad de gestión pasó al PP, que no paralizó la fundación ni apostó por integrarlo en la red pública. Marqués tampoco ofició el cambio, mientras que el PSOE en la oposición empezaba a reclamar la integración de Arriondas en el Sespa. Los años pasaron y la rueda del poder fue girando, hasta dejar al PSOE de nuevo en todas las administraciones. Su apuesta, un modelo mixto, con una fundación pública y un contrato programa. En su opinión, es todo lo que había que hacer, pero PP e IU llevaban desde 2007 apostando por una Ley que dejase muy a las claras que el hospital era público, como los demás.

La plataforma de usuarios del hospital y el comité de empresa del mismo centro sanitario llevan luchando desde hace más de una década por la igualdad en los servicios asistenciales a los pacientes, por conseguir un presupuesto equiparable al del resto de hospitales asturianos y por que la plantilla de trabajadores pase a depender del Sespa. Huelgas, tensiones, luchas, conflictos... La historia continúa con una Ley aprobada, y ahora el Gobierno tendrá que aplicarla. PP e IU lo han logrado, y el único riesgo que ahora queda es un posible recurso contra la misma.

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El próximo 2 de enero entra en vigor con un buen paquete de nuevas prohibiciones…

El próximo 2 de enero entra en vigor con un buen paquete de nuevas prohibiciones…

Vía libre al «gran apagón» del cigarrillo

El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco

La ministra Pajín invita a los hosteleros a abrirse a nuevos clientes potenciales como los niños y los ancianos

Madrid / Oviedo, Agencias / P. G., en La Nueva España

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el texto definitivo de la ley antitabaco que prohibirá fumar en casi todos los espacios públicos, como bares, discotecas y restaurantes, para preocupación del sector de la hostelería. Precisamente, Leire Pajín, ministra de Sanidad, trató ayer de tranquilizar a los hosteleros sobre su temor a que la entrada en vigor de la nueva ley, prevista para el próximo 2 de enero, aleje a los clientes. Por un lado, Pajín aseguró a los empresarios que «no se quedarán sin clientes» y, por otro, los animó a ver «una oportunidad» en la nueva normativa. En Asturias se calcula que la nueva ley reducirá en cincuenta las muertes anuales por culpa del tabaquismo.

Así, la ministra socialista considera que acabar con el humo del tabaco en los locales de hostelería puede servir para atraer nuevos clientes entre los grupos de población más vulnerables al humo del tabaco como son la tercera edad y los menores. Según Pajín, estos dos colectivos representan el 70 por ciento de la población española. De todas formas, Pajín se mostró comprensiva con los temores de los hoteleros, ya que la aplicación de la ley «exigirá cambios de hábitos en la hostelería» que «no se lograrán de un día para otro».

La ley antitabaco ha sido aprobada en su versión más dura, dejando a un lado los cambios introducidos por el PP en el Senado, como la posibilidad de que casinos, bingos y salas de juego pudieran reservar hasta un 30 por ciento de su espacio para fumadores, en los que no podría haber servicio de juego ni de consumiciones. Además, los senadores añadieron en el texto dar compensaciones económicas a los hosteleros que realizaron obras en sus establecimientos en cumplimiento de la ley de 2005 para, entre otras cosas, habilitar espacios para no fumadores. El Congreso no ha aceptado estas modificaciones, así que la ley antitabaco comenzará a rodar el próximo 2 de enero con un buen paquete de nuevas prohibiciones.

El tabaco queda desterrado de bares, discotecas, restaurantes, casinos y cualquier otro local de ocio. También estará prohibido en los centros hospitalarios y en sus alrededores. En los hoteles el propietario puede reservar un 30 por ciento de las habitaciones para fumadores. Pero, como ya ocurre ahora, no se podrá fumar en ninguna otra dependencia del hotel. De igual forma, tampoco se podrá fumar en los parques infantiles.

Donde sí se podrá fumar es en los espacios al aire libre de los campus universitarios y en las terrazas. La definición que la ley hace de lo que es una terraza explica que se trata de un espacio semicerrado que como máximo cuenta «con dos paredes y techo». Los puntos de venta serán los habituales (quioscos de prensa, estancos y bares), a los que se añade la posibilidad de colocar máquinas expendedoras en las gasolineras.

La ley introduce también la obligación de desarrollar programas contra el tabaquismo entre los menores y en facilitar el abandono del tabaco a los fumadores. Pero aún está sin discutir de dónde saldrá la financiación para desarrollar estos aspectos. A la aprobación de la nueva ley se le unirá a comienzos de año una nueva subida del tabaco -la recaudación de impuestos indirectos por esta vía creció este año un 3,3 por ciento hasta noviembre- y la inclusión en las cajetillas de imágenes explícitas sobre los estragos que causa a la salud.

Las restricciones

La novedades

La normativa antitabaco, que está previsto que entre en vigor el próximo 2 de enero, prohibirá fumar en todos los locales públicos de ocio, así como en los alrededores de los hospitales. La prohibición se extiende a los parques infantiles. En cambio, se podrá fumar en las zonas al aire libre de los campus universitarios y en las terrazas, siempre que como máximo tengan dos paredes y techo. La normativa amplía los puntos de venta a las gasolineras.

Los datos

En Asturias, según los datos que manejan las asociaciones contra el tabaquismo, la nueva ley salvará cincuenta vidas al año. En España esta cifra se eleva a 2.915. Además, y dado que en 2011 también subirá el precio de las cajetillas y se incluirán en ellas fotos con órganos enfermos por el tabaco, se calcula que un millón de españoles lo dejará.

¿Qué pasa si me jubilo a los 67 años?

¿Qué pasa si me jubilo a los 67 años?

La decisión de Zapatero de prolongar dos años la vida laboral desata la polémica sobre una medida con ventajas e inconvenientes

El Comercio. 19.12.10 -JOSÉ LUIS GALENDE | MADRID.

El anuncio de Zapatero el pasado viernes en Bruselas sobre la determinación de su Gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años supone, de hecho, la ruptura del Pacto de Toledo; un acuerdo suscrito en 1995 para sacar del debate electoral las sucesivas reformas de las pensiones, que se han realizado desde entonces con un muy elevado grado de consenso político.

Sí hay consenso en el órgano parlamentario en la necesidad de que los trabajadores se mantengan más tiempo en el mercado, lo que en otras palabras es retrasar la edad de retiro. Hay dos vías para hacerlo: la mejora de los incentivos para seguir en el tajo de una manera voluntaria después de los 65 años, y la supresión de las facilidades que existen en la actualidad para abandonar el mercado laboral y cobrar una pensión pública antes de cumplir esa edad.

Desde el PSOE se argumenta que los incentivos para trabajar más allá de los 65 van a beneficiar sobre todo a las personas que tienen empleos más cómodos y mejor retribuidos, con lo que al final se estaría aportando dinero público a quien menos lo necesita. La obligatoriedad de los 67 años, con las excepciones y flexibilidad pertinentes, sería lo más equitativo, según defienden los socialistas.

Todos de acuerdo 

Que la reforma de las pensiones es imprescindible es algo en lo que prácticamente todos los sectores sociales están de acuerdo. Los problemas vienen cuando se plantean las medidas concretas para garantizar su viabilidad a partir de la próxima década. Hay razones demográficas que hacen indispensable abordar cambios en el sistema; dentro de pocos años comenzarán a jubilarse las generaciones del ’baby boom’, lo que supondrá que frente a los 8,7 millones de pensiones actuales se alcanzarán los 12,5 millones en 2030 y los 15,3 millones en 2040. Otra razón es la esperanza de vida, que crece sin parar. De otra está la presión de los mercados, que exigen al Gobierno reformas profundas e inmediatas.

Una cifra mitificada

Alargar la edad de jubilación a los 67 años se ha convertido en el paradigma del ajuste en materia de pensiones. Hay países que ya han adoptado esa decisión -Alemania, Reino Unido, Suecia o Dinamarca- y todo indica que es la cifra que exigen a Zapatero las instituciones internacionales. Sin embargo, pese a que parece ser un guarismo mágico si se quiere aliviar presiones, existen otras fórmulas para elevar la edad de retiro. Por ejemplo, se ha barajado exigir más años cotizados, lo que inevitablemente llevará a la larga a retirarse más tarde.

El peor momento para trabajar

Aunque el proyecto del Gobierno apunta a que en las ocupaciones más penosas no se tenga que llegar a los 67 años en el mercado laboral, la decisión tendrá indefectiblemente consecuencias sobre la cuantía de las prestaciones. Es un hecho que en la recta final de la vida laboral las carreras de cotización son menos regulares. A los parados que a esa edad perciben el subsidio por desempleo -que son legión- solo se les considera lo cotizado por la base mínima; en otras casos, los empleos para las personas con poca estabilidad laboral tienen niveles salariales muy bajos.

Ello supondrá, según algunos estudios, un tijeretazo del 20% o el 30% en muchas pensiones. Por otro lado, alargar la vida laboral cuando existe un nivel de paro elevado y cuando los jóvenes no tienen ocupación es desviar el empleo de una generación a otra, con consecuencias nefastas para la productividad.

Se acabó lo que se daba

Todo parece indicar que los casos de jubilación anticipada a cargo de la Seguridad Social tienen muy poco futuro. Las dos principales vías para retirarse antes de los 65 son la jubilación parcial por contrato de relevo y la jubilación anticipada para los mayores de 61 años en paro. Vías que suman al año en torno a cien mil personas, más de un tercio de todas las jubilaciones. Ello ha llevado a que la edad media de salida del mercado laboral sea de 62,6 años -medida con criterios europeos- según aseguró Zapatero, aunque la cifra manejada por el Ministerio de Trabajo es de 63,74 años.

Pese a que el retiro anticipado habitual no tiene coste para la Seguridad Social debido a las penalizaciones fortísimas que se aplican, el que se produce por medio de un contrato de relevo, que permite conservar íntegra al pensión al cumplir los 65 años, cuesta unos 120.000 euros por persona.

Rifirrafe en la Junta a cuenta de la Ley de Función Pública

Rifirrafe en la Junta a cuenta de la Ley de Función Pública

La Nueva España. EFE.

La consejera de Administración Públicas, Ana Rosa Migoya y el diputado del PP, Ramón García Cañal protagonizan un cruce de acusaciones sobre el sistema de nombramientos

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha criticado hoy al PP por rechazar la reforma de la Ley de Función Pública, que cambiará el sistema de nombramientos de cargos intermedios en el Principado, a pesar de que en su etapa de gobierno utilizó criterios similares a los que ahora se plantean.

Migoya ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia para informar de la nueva normativa legal ante una comisión parlamentaria a la que también han acudido representantes de doce organizaciones sindicales que, con la excepción de UGT, han mostrado su rechazo al texto aprobado por el Gobierno.

La modificación legal autoriza el sistema de libre designación en el nombramiento de los jefes de servicio y en los puestos adscritos a cargos nombrado por decreto de Ejecutivo y fue aprobada en la Mesa General de la Función Pública de la administración autonómica sin que se pronunciaran en contra los sindicatos mayoritarios representados en este órgano (UGT,CCOO y CEMSATSE).

Según el diputado del PP Ramón García Cañal, que ha anunciado que su grupo presentará una enmienda de totalidad al proyecto de ley, el texto, lejos de dar "seguridad jurídica" al sistema de nombramientos, "lo hará más arbitrario e injusto" y se ha elaborado para "legalizar"a la utilización del sistema de libre designación tras varias sentencias desfavorables de los tribunales.

Cañal ha recordado que un juzgado ha llegado a apercibir de desobediencia a la titular de Administraciones Públicas por no cumplir una sentencia y mantener unas prácticas que suponen perpetuar "la ocupación de puestos de la administracion por afines o dóciles aparcando la profesionalidad".

"Usted está en el deshonroso equipo de políticos que han sido apercibidos por sus incupmlimientos de la ley como Juan Hormaechea o Julián Muñoz", ha advertido a la consejera el parlamentario popular.

En su réplica, Migoya ha recordado que en la etapa de Gobierno del PP, del que formaba parte García Cañal, se autorizaron 276 nombramientos para cargos intermedios por el procedimiento de libre designación a pesar de que gestionaban una administración "de juguete" con sólo 9.000 empleados frente a los 36.000 actuales.

La consejera ha subrayado que actualmente hay 635 funcionarios nombrados por libre designación, el 2,9 por ciento de la plantilla total frente al 5,8 por ciento de la etapa del PP, y que esta cifra se reducirá a 485 cuando se aprueba la nueva normativa.

Esta modificación legal tiene, entre otros objetivos, abordar con garantías el total despliegue de la carrera profesional del personal de la administración autonómica iniciado con la puesta en marcha del Modelo de Seguimiento de la Actividad Profesional.

A comienzos del pasado mes de noviembre la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) elevó a 299 la cifra de nombramientos para estos puestos que deberían anularse al haberse realizado por este método en lugar de haberlo hecho mediante el concurso de méritos.

En dicha sentencia, el TSJA ratificaba las tres resoluciones anteriores dictadas tras los recursos presentados por el Conceyu por Otra Función Pública n’ Asturies, que fueron estimados parcialmente.

La diputada de IU Diana Camafeita ha lamentado que haya sido imposible el consenso con los sindicatos para elaborar una nueva Ley de Función Pública y tener que recurrir a un cambio puntual que pretende evitar que la "amigüedad" de la normativa vigente conduzca como hasta ahora a la judicialización del sistema de nombramientos.

En este sentido, la parlamentaria socialista Servanda García ha lamentado que algunos sindicatos se hayan "especializado" en judicializar sus relaciones con el Gobierno y, tras acusar al PP de intentar desprestigiar lo público, ha indicado que la administracion "necesita cambiar y eso obliga a pisar algunos callos".

Por su parte, el diputado del Bloque por Asturies, Roberto Colunga, ha asegurado que el cambio en la ley pretende "saltarse las sentencias" y ha anunciado también una enmieda de totalidad, a lo que Migoya ha respondido recordándole que hasta hace pocos meses esta formación formaba parte del Gobierno y sus responsales usaban coches oficiales "con conductores nombrados por el sistema de libre designación". EFE

Publicación del SESPA del día 13 de diciembre…

Publicación del SESPA del día 13 de diciembre…

Errores materiales de la Resolución de 9 de diciembre de 2010 que se proceden a rectificar por medio de la presente…

Resolución de 13 de diciembre de 2010 de la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por que se hace público el listado provisional de admitidos y excluidos en el proceso de solicitud de reconocimiento del grado correspondiente, periodo ordinario, de la carrera profesional para el personal Licenciado/a y Diplomado/a Sanitario de los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de esta Dirección Gerencia de 14 de octubre de 2010 (BOPA 25.10.2010).

VER TEXTO DE LA RECTIFICACION

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Os facilitamos el borrador del SESPA…

Os facilitamos el borrador del SESPA…

Leedlo, comparad y opinad… ¡¡que no opinen por vosotros/as!!

Cinco razones para la nueva negociación del Pacto de Permisos, licencias y vacaciones en el SESPA…

1.- Que el EBEP, a pesar de lo que muchos digan, es de plena aplicación a los estatutarios…

“…la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, norma de carácter general que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, conteniendo aquello que es común  a los funcionarios y al personal laboral al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.  Con la entrada en vigor de dicha norma, que resulta aplicable también al personal estatutario en virtud de su Art. 2.3, surgió la problemática en la interpretación y aplicación del régimen de permisos y licencias, pues en determinados aspectos, entraron en colisión la resolución vigente y las disposiciones generales de la Ley sobre la materia…”

2.- Los cambios y adaptaciones de la Ley COCILIA…

“La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que entró en vigor el 24 de marzo de 2007, afectó a las condiciones de trabajo del personal estatutario y funcionario, en tanto que la Disposición Adicional Decimonovena, modifica la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, e introduce numerosas cuestiones que afectan sin lugar a dudas, al régimen de licencias y permisos, vinculados al cuidado de hijos y ascendientes, a la maternidad, la paternidad, a la protección durante el embrazo y lactancia y en definitiva potencia todas aquellas medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar del trabajador. Dicha Ley además se ha visto inmediatamente modificada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en el sentido de ampliar el subsidio de por paternidad a cargo del INSS y el consecuente descanso, en las circunstancias que en la norma se detallan”.

3.- La Sentencia de CC.OO. que declaraba nulo el vigente Pacto…

“La sentencia de la Sala de lo Contenciosos-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias  de 20 de abril de 2009, se anuló la citada Resolución de la Dirección Gerencia del SESPA de 23 de octubre de 2006 sobre permisos, licencias y vacaciones del personal de las instituciones sanitarias del SESPA, por cuanto considera el Tribunal que su negociación no se ha llevado por los cauces adecuados al llevarse a cabo en el seno de una Comisión de Seguimiento de un Acuerdo, con las organizaciones firmantes del mismo, excluyendo de este modo a las organizaciones no firmantes”

4.- La Jurisprudencia europea sobre las vacaciones …

“La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2009,  a su vez interpretativa de la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 20 de enero de 2009, por la cual se establece la posibilidad del disfrute de las vacaciones fuera del ejercicio anual, por causa de IT.”

5.- La propia casuística del SESPA que ha generado diferentes interpretaciones entre algunos centros de gasto a la hora de aplicar la norma…

¡¡Las razones son indiscutibles … lo que el SESPA propone como solución es otra cosa!!

VER PACTO VIGENTE

VER PROPUESTA DEL SESPA DE NUEVO PACTO