OPINION

De la sección de opinión de “El Comercio”, ... porque nos afecta.

El impuesto judicial del que nadie habla

13.11.2009 - CONCEPCIÓN TRABADO ABOGADA

La Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE de 4 de noviembre, introduce para todos los procesos judiciales la obligación de abonar un 'depósito', para cualquier tipo de recurso que se pretenda interponer por escrito. Así la admisión a trámite del recurso estará condicionada a la presentación del ingreso bancario del 'deposito' del recurso.

El Gobierno y el PP se han unido sigilosamente para aprobar por mayoría absoluta una Ley Orgánica que impone a los ciudadanos, (pero no a la Administración), la obligación de ingresar en la cuenta del Juzgado cantidades que oscilan, inicialmente, entre los 25 euros y 50 euros por cada recurso que se interponga, ya sea de reforma, reposición, súplica, apelación o casación.

Y digo inicialmente, ya que el ejecutivo se reserva el derecho a actualizar y revisar estos 'precios' por Real Decreto, que ya no exige las mayorías cualificadas que precisó la aprobación de esta Ley Orgánica, ocasionando con esta referencia, una deslegalización abierta, en una materia sujeta a reserva de ley orgánica, y que podría ser considerada inconstitucional.

Parece increíble que se pese a que el artículo 119 de la Constitución establece que «la justicia será gratuita» y siendo además la Administración de Justicia el tercer pilar del Estado de Derecho, y el único que garantiza el control de la administración y del poder político, se restrinja ahora el derecho fundamental a acudir a los Juzgados y Tribunales imponiendo a los ciudadanos el pago de un 'impuesto judicial'.

La propia exposición de motivos de la Ley Orgánica señala que esta medida tiene carácter disuasorio para los recursos temerarios o sin fundamento. Ahora bien, los jueces y magistrados, también se equivocan, no hay que más que comprobar las estadísticas sobre recursos de apelación, suplicación y casación que son estimados, en todo o en parte, y revocan la resolución recurrida. Tras la entrada en vigor inmediata de esta Ley Orgánica, cualquier ciudadano que tenga que participar en un proceso judicial, tendrá que disponer de unos 200 euros más de los previstos para poder recurrir cualquier tipo de resolución escrita. Si gana el recurso, se le devolverá el depósito. Si lo pierde, las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas se lo repartirán.

Puede entenderse que estamos hablado de pequeñas cantidades, 25 euros, 30 euros, 50 euros, pero no es así, ya que esta Ley impone el pago de este depósito, para el recurso de cualquier tipo de resolución, y no sólo frente a las sentencias, por lo que es más que probable que puedan interponerse del orden de tres o más recursos en la tramitación en primera instancia de un proceso judicial.

A modo de ejemplo, podemos citar la persona que se encuentra privada de libertad, de forma preventiva, si quiere recurrir el auto de prisión, pagará 25 euros por el recurso de reforma y otros 25 por la apelación; Si no le admiten una petición de cualquier tipo, y está disconforme, otros 25 euros; si desea apelar la sentencia tendrá que abonar 50 euros.

No obstante, estos importes se revisarán y actualizarán anualmente, por Real Decreto, que es un tipo de disposición sujeta a menor control que la Ley Orgánica, que precisa una mayoría absoluta para su aprobación. Podrá por tanto el Gobierno, duplicar, triplicar o cuadriplicar estos importes, libremente para el próximo año, y quizás tampoco nadie se percate de ello.

Curiosamente una de las jurisdicciones más colapsadas que es la Contencioso-Administrativa, donde precisamente se busca el amparo judicial frente a la actuación de la Administración. Aquí el particular o funcionario pagará el depósito para recurrir, mientras que la Administración pública está exenta de este pago. De esta forma no parece que se pretenda favorecer al ciudadano ante la actuación no ajustada a derecho de la Administración, sino elegir entre la opción de conformarse o pagar para recurrir.

Hace pocas semanas, teníamos una nueva jornada de huelga de jueces y magistrados, que reclaman, y con razón, una modernización de la administración de justicia, pero fundamentalmente más medios, personales, materiales y económicos. Con estas peticiones, tanto los operadores jurídicos como los ciudadanos entendemos que lo que se demandan son más funcionarios, más jueces, y medios materiales para poder realizar bien su trabajo. Gobierno y oposición pretenden arreglar los problemas de una Administración de Justicia, que sigue siendo mal valorada por los ciudadanos en general, entre otros elementos por su lentitud, obligándonos a pagar para acceder a ella, lo que ciertamente es desconcertante e ilógico.

El derecho al recurso, está consagrado en nuestra Constitución como un derecho fundamental, dentro del artículo 24 de la Constitución, y lamentablemente con cada reforma procesal que se hace se limita más y más este derecho absolutamente esencial del Estado de Derecho. Cuanto más avanzamos en el tiempo democrático, más se nos restringe el derecho al recurso. Así se hizo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, que limitó extraordinariamente el acceso al Recurso de Casación, impidiendo llegar al Tribunal Supremo a una gran mayoría de las cuestiones litigiosas que se debaten en los tribunales, y dado que existen en muchas materias posiciones discrepantes entre las distintas Audiencias Provinciales, se limitan por tanto la labor de Unificación de Doctrina que debe tener el Alto Tribunal. Y se genera además desigualdad e inseguridad jurídica, ya que un asunto se resuelve de una determinada forma en Asturias, de otra en Canarias, de otra en Extremadura. Para que esto no ocurra debe mantenerse la labor unificadora de jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Sin embargo, no se ha aprovechado esta reforma para que las salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores de Justicia puedan conocer de los recursos de casación de derecho civil común, o para instaurar definitivamente el derecho a la segunda instancia y a la apelación en todos los procedimientos penales, pese a las numerosas resoluciones de la ONU frente a España en este sentido, y que nos sigue dejando en los puestos de cola en las garantías procesales fundamentalmente en el ámbito penal. Esta reflexión me llevar inexorablemente a preguntarme la causa de este dislate. Y la respuesta sólo puede ser que nuestros políticos y gobernantes no desean mejorar nuestra Administración de Justicia, ni mejorar nuestros tribunales. Ni lo desean ni lo quiere, evitando por un lado con ello el peligro de ser controlados y tener que presentarse en una posición procesal incómoda frente a un tribunal, y más aún con las investigaciones de corrupción que hemos comprobado en los últimos tiempos; y, por otro lado, incrementar de forma sustanciosa sus ingresos, y los de las Comunidades Autónomas, que asumieron estas competencias de la Administración de Justicia (y otras como la sanitaria), con una transferencia económica totalmente insuficiente, y ahora no pueden hacer frente a las mismas, y además el Estado obtiene mayores ingresos.

La paradoja de esta situación es que nos veremos obligados a pagar por obtener no ya un servicio, sino un derecho absolutamente fundamental, que funciona mal, y que apenas consigue el aprobado de los ciudadanos. Con estas medidas, seguirá sin mejorar y con un mal funcionamiento, ya que ninguna de las acertadas medidas que solicitan los operadores jurídicos para mejorar el tercer poder del Estado se está adoptando en esta reforma. Con lo que todos los españoles y españolas, ahora tendremos no solo que esperar para que finalice un juicio, sino también pagar al Gobierno por ello.

A pesar de ello, hay que reconocer en esta medida sí que garantiza el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española de todos los españoles y españolas, pues no distingue para fijar dicho depósito o 'impuesto' ni la capacidad económica de quien pretende recurrir, ni la cuantía del asunto judicial, ni la Comunidad Autonómica donde se tramite el proceso en cuestión, la cantidad, de momento es para todos los ciudadanos y ciudadanas la misma. Por tanto podemos decir que este nuevo 'impuesto judicial', es de las pocas medidas que afectará de forma idéntica a todos, ricos y pobres, personas naturales y jurídicas, sin distinción alguna. ¡Algún mérito tenía que tener¡

Uno de los temas que exigen movilizaciones mas contundentes en la cuenca ...

Velando el fuego

Encierro en el Ayuntamiento de Langreo

La falta de compromiso de la centenaria Duro Felguera con la comarca del Nalón

Por JAVIER GARCÍA CELLINO en Opinión de La Nueva España

Hace años, mientras se dilucidaba el conflicto de Duro-Felguera (o mejor uno de tantos conflictos como los trabajadores llevan tiempo protagonizando), se decía ya que aquella lucha no obedecía a ninguna cuestión circunstancial, y que, más allá de la coyuntura que se atravesaba en aquellos momentos, continuaba existiendo un problema de fondo, que alcanzaba, entre otros, a los talleres de Barros y de La Felguera. Un análisis acertado, sin duda, como por desgracia la realidad se está encargando de confirmar día a día.

Por ello, y quizás para poner de relieve ese refrán «el viento arrastra lo liviano y deja lo que pesa», hemos vuelto a encontrarnos con el mismo lastre que tantas veces denunciaron los trabajadores en su momento: falta de planificación, de inversiones..., algo que, entre otros ejemplos, parece evidente a la vista de la reunión celebrada recientemente, para tratar sobre el posible ERE (según las intenciones de la empresa afectaría a 82 de los 130 empleados), y en la que, de acuerdo a las manifestaciones a este periódico del secretario de la sección sindical de CC.OO. de Duro-Felguera, no se habló para nada de inversiones, mantenimiento del empleo o formación.

Han sido varios los escritos que durante estos días se han ido recogiendo en distintos medios de comunicación acerca de la falta de compromiso con nuestra cuenca de una empresa centenaria. Y, además, son abundantes las quejas que se escuchan a diario entre los ciudadanos sobre ese repliegue de Duro-Felguera hacia otros lugares más rentables. Lo enojoso del asunto, por denominarlo de alguna manera, es que, mientras tanto, se airean en la prensa los sustanciosos beneficios que está consiguiendo el grupo empresarial cada año, lo que hace más difícil entender su postura, si no fuera porque estamos ya muy acostumbrados a que no exista término medio a la hora de manejar el dinero (salvo excepciones, que siempre existen, naturalmente, los empresarios han demostrado con creces su indiferencia para repartir equitativamente el dinero entre los trabajadores, que, a fin de cuentas, son quienes consiguen crear la riqueza empresarial).

Acostumbrados, pues, a este panorama de tonos apagados, la empresa ha vuelto a dar un brochazo burdo e improcedente a un tiempo, despidiendo a un trabajador de Barros que siempre se ha caracterizado por su tesón en la defensa de los puestos de trabajo.

No es, precisamente, el uso indiscriminado de la represión el mejor medio para hacer valer los derechos de nadie. Sobre todo en casos como este, en los que siempre se procura cortar las cabezas de quienes llevan tiempo apostando por el futuro de la empresa. Conseguir que ésta no huya de nuestra cuenca debiera ser el objetivo de todos, pues, a fin de cuentas, pertenece más a los trabajadores que van dejándose la piel en sus instalaciones que a los miembros de los sucesivos consejos de administración y cuya principal preocupación consiste en engordar la cuenta de resultados.

Si hace años se hablaba de la necesidad urgente de que la empresa presentara un Plan de Futuro, hoy parece aún más perentorio. No se trata, en este caso, sólo de un problema particular, sino de un episodio más de una cadena que lleva tiempo dando muestras de agotamiento. Suerte, pues, a los tres trabajadores encerrados en el Ayuntamiento. A fin de cuentas, forman parte de nuestro patrimonio colectivo. Y eso es algo por lo que merece la pena luchar.

Desde mi ventana lo veo así ...

Los preceptos constitucionales y el Hospital de Arriondas

Ante la polémica, a mi juicio artificial, del inicio de la integración del Hospital de Arriondas en el SESPA, y frente al discurso de los aparentes defensores de la constitución que ahora insisten en la “presunta inconstitucionalidad” del proceso porque los trabajadores del referido Hospital, junto con la plaza que ocupan en régimen de fijeza laboral, pasen a ser del SESPA; siento la imperiosa necesidad de haceros partícipes de algunas reflexiones a las que me hago acreedor por haber formado parte, en el año 1986, de la comisión negociadora del proceso de negociación con el INSALUD, a nivel estatal, de lo que se denominó “integración del hospital central de Cruz Roja en el hospital de Getafe ...”.

Refrescando la memoria

En la página WEB del actual Hospital de Getafe, historia, podéis leer “ ...en 1990, se cerró la operación que permitió a gran parte del personal de la Cruz Roja integrarse en el régimen estatutario de Seguridad Social”, y ello es rigurosamente cierto.

Este personal procedía del  traslado del Hospital Central de la Cruz Roja Española San José y Santa Adela, del Centro de Diabetología y del Centro de Quemados, al nuevo hospital que el INSALUD estaba construyendo en Getafe en aquel entonces.

Dicho Hospital Central de la Cruz Roja Española “San José y Santa Adela”, ya en 1982, por el Convenio administrativo y de Gestión entre Cruz Roja y el extinto INP, transfirió la asignación presupuestaria y de gestión del centro a la Administración Pública, proceso que avanzó con la integración del Hospital en el INSALUD en 1986 – como se sabe - y que ha ido completándose, incluso hasta nuestros días, con la progresiva integración del personal laboral del centro al régimen estatutario del SERMAS (que no es otra cosa, como todos saben, que el servicio madrileño de salud, o sea, el “SESPA madrileño”).

Paralelismo

Las similitudes, por tanto, de aquel proceso y de este son muchas:

La primera, aunque sea bastante burda y evidente, es que nuestra Constitución o Carta Magna es la misma. De hecho, desde 1978 es siempre la misma ya que no ha habido ninguna reforma constitucional en nuestro país.

La segunda, que quizá haya a quien no le guste pero es así, es que en Cruz Roja, para contratar al personal y hacerlos laborales fijos, jamás se aplicó el principio constitucional de “igualdad, mérito y capacidad” tal y cómo viene siendo inexcusablemente obligado desde 1978, para la función pública en sentido amplio (laborales, estatutarios o funcionarios de la administración).

La tercera, y esta no es similitud sino diferencia y muy importante a mi juicio, es que los trabajadores de Cruz Roja de Madrid que optaron por pasar a estatutarios en el Hospital de Getafe, lo hacían restando una plaza o un puesto de trabajo en éste Hospital – no cubierta ni ofertada aún en ese momento, pero evidentemente necesaria -, y los de “nuestro” Hospital de Arriondas se traen su plaza consigo.

Si por desgracia o avatares indeseados, el Hospital de Arriondas no se integra en el SESPA, las plazas de los actuales trabajadores que ahora las ocupan como fijos de plantilla, tampoco pasarían a ser del SESPA. Luego ellos nada quitan a nadie ...

No es mi intención, para nada, meterme en disquisiciones jurídicas sobre todo esto... “doctores tiene la santa madre iglesia” y yo no soy uno de ellos. Por eso suscribo las declaraciones de Javier Fernández y considero que si hay algún problema de “interpretación jurídica” quienes lo tienen que resolver son los jueces.

Y también suscribo, como no, las que debieran ser contundentes y reiteradas declaraciones de mi sindicato al respecto: “... por fin se inicia el camino que nos lleva a la superación de la inaceptable y mas que vergonzosa discriminación a la que se tenía sometida a la población del oriente asturiano en cuanto a equidad en la asistencia sanitaria ...” y eso, también que yo sepa, es precepto constitucional ¿o no?.

Arturo M.G.

Artículo de Opinión de MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE

Salud y crisis global

* Por Marciano Sánchez Bayle

La crisis económica y financiera que afecta a todos los países del mundo es el resultado de globalización de la economía y de las relaciones internacionales hegemonizada por la ideología y las fuerzas neoliberales que la han orientado esencialmente a imponer las relaciones de mercado , la reducción del papel del Estado

NUEVATRIBUNA.ES

 

...como garante de los derechos de las personas, la eliminación de los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales) y la desregulación de las relaciones económicas y comerciales a nivel internacional. En esta estrategia ha tenido un papel relevante organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc, que han promovido la privatización de los servicios públicos (Acuerdo General Sobre Libre Comercio- GATSS), la reducción de los gastos sociales, la precarización de las condiciones laborales y la eliminación de las reglas y controlaban la circulación de capitales (favoreciendo la libertad de especulación).

 

Esta crisis global está teniendo una mayor repercusión y trascendencia en los más pobres, con menores recursos y estructuras sociales más débiles, en los que las políticas de privatización y de desmantelamiento de los servicios públicos (Acuerdos para la Liberalización de Servicios) y el flujo de profesionales hacia los países más desarrollados han experimentado un importante avance gracias a las políticas neoliberales.

 

El modelo de Globalización Neoliberal ha tenido una importante repercusión para la salud de los ciudadanos:

 

•Empeorando los factores que determinan la salud-enfermedad: Ha contribuido al deterioro del medio ambiente (que está detrás del cambio climático), a incrementar la pobreza y la marginación social por la depredación de materias primas, a la destrucción de las economías de los países menos desarrollados, a la deslocalización de empresas, a la precarización de las relaciones laborales y a la explotación de la mano de obra, a facilitar la expansión de las multinacionales del tabaco, el alcohol y la comida basura, a la eliminación de controles a la producción y circulación de drogas ilegales, a la difusión de epidemias de enfermedades asociadas a la explotación y exportación incontrolada de animales para la alimentación (vacas locas, gripe aviar, gripe A), a la expansión de los alimentos transgénicos que afectan a la salud y someten la producción agrícola de los países en desarrollo, a la generalización de centrales nucleares, etc.

•Deteriorando los servicios sanitarios públicos: Imponiendo las relaciones de mercado, abandonando las políticas de salud por las de enfermedad y deteriorando los servicios públicos de salud.

 

La crisis económica ha venido a incrementar, aún más, los problemas de salud generados por la Globalización en una doble dimensión: Reduciendo los recursos disponibles por los servicios sanitarios públicos e incrementando las necesidades asistenciales asociadas al aumento del paro, la pobreza y la marginación social.

 

La manera de salir de esta crisis puede suponer una profundización de estos problemas o una oportunidad para iniciar el camino de su superación: La crisis se cerrara en falso si se mantiene y profundiza la actual estrategia de desregulación de los mercados y de las relaciones laborales, privatización de los servicios públicos, reducción de impuestos a los sectores privilegiados, libertad de actuación de las multinacionales o disminución del papel del estado como proveedor de los servicios sanitarios a pesar de que la responsable de la crisis.

 

Sin embargo puede aprovecharse la crisis para cambiar a otra estrategia basada en:

 

•Potenciar los servicios públicos como promotores y garantes de la salud de la población y como motor de la economía (generando empleo y disminuyendo los niveles de pobreza y marginación)

•Regular las relaciones comerciales internacionales

•Controlar las actividades de las empresas multinacionales para evitar la depredación de los recursos de los países en desarrollo

•Cambiar los sistemas de producción para que no deterioren el medio ambiente y eviten la catástrofe del cambio climático

•Políticas de producción y comercialización de alimentos sostenibles y eviten la destrucción de las economías tradicionales, la extensión del hambre y la pobreza y la dependencia de la mayoría de los países del mundo de unas pocas corporaciones multinacionales

•Potenciar el papel de los sistemas de salud pública como promotores de salud, barrera preventiva contra la difusión de epidemias en un mundo cada vez más interconectado y creadores de riqueza y empleo.

 

HAY ALTERNATIVAS

 

Existen alternativas para hacer frente a la crisis y a su repercusión sobre la situación de salud y para reorientar la estrategia de la Globalización hacia la solución de los problemas y necesidades de la población mundial, para ello es necesario:

 

Promover instrumentos que faciliten la información sobre la situación de salud y los riesgos que la amenazan y la participación social en los sistemas sanitarios como fórmula para estimular la responsabilización de la población con su salud y con el mantenimiento y mejora de los sistemas necesarios para garantizarla.

 

Crear alianzas en torno a cuatro objetivos fundamentales:

 

1º- Reorientar la globalización neoliberal que defiende los intereses de unos pocos poderosos hacia las necesidades de toda la población y un medio ambiente sostenible

 

2º- Mantener los servicios públicos de gestión y provisión públicas como garantes de derechos sociales y creadores de riqueza social

 

3º- Potenciar y mejorar el papel de los servicios de salud públicos como promotores de salud y barreras contra la difusión de enfermedades y epidemias

 

4º- Crear y reforzar instrumentos de solidaridad que garanticen la salud de toda la población a nivel mundial.

 

Para conseguirlo se precisa la actuación de los organismos internacionales, los gobiernos, administraciones públicas, los profesionales de la salud y del conjunto de la población promoviendo actuaciones que favorezcan y consoliden el derecho a la salud para todos como un derecho humano fundamental y a que se potencien los servicios públicos de salud como la alternativa mas eficaz y eficiente para conseguirlo.

 

Marciano Sánchez Bayle - Presidente International Association of Health Policy y Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Opinión del portavoz de la Plataforma ciudadana en defensa del Hospital del Oriente ante la votación de hoy en la JGPA ...

Hospital de Arriondas, equidad y compromiso político

Es descarado apelar al argumento económico para rechazar la entrada del centro en la red pública

 

AGUSTÍN LÓPEZ-RIVAS PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL HOSPITAL DEL ORIENTE

En la coyuntura actual y con una conflictiva historia a cuestas conocida por todos, nadie duda ya de que la fórmula de Fundación, utilizada para la gestión del Hospital del Oriente de Asturias (HOA), es un rotundo fracaso.

Son muchas las razones, desde la perspectiva del usuario, que podríamos esgrimir para justificar nuestra oposición a mantener el sistema fundacional como "tapadera" del verdadero gestor público en el Oriente, pero una es la principal, por su fuerza moral e ideológica: mantener la Fundación supone seguir burlando el principio de equidad en Sanidad que recoge la Constitución Española como indispensable pilar del sistema público sanitario, algo a lo que, como ciudadanos, no estamos dispuestos.

Pero analicemos como ha afectado y afecta a los ciudadanos y ciudadanas esta falta de gestión directa de forma concreta: el HOA es el centro sanitario de la provincia con una menor ratio de camas por mil habitantes (1,4) muy por debajo de la media de Asturias que es de 3,20, más del doble. (Memoria del SESPA, año 2008). Este dato, junto a una ocupación media cercana al 92%, implica un déficit de camas que provoca con frecuencia el traslado de pacientes que precisan ingreso urgente a otros centros por falta de camas (en lo que va de año son ya más de dos centenares), con el consiguiente perjuicio familiar y económico para estos usuarios y usuarias. Por otra parte, el número de médicos especialistas es claramente inferior al de otras áreas con similar población (96 especialistas en el área I frente a 72 en el área VI), como también resultan menores los recursos de espacio de atención médica (35 salas de consultas externas frente a 21), datos de los que no parece difícil deducir un creciente deterioro de las listas de espera, con aumentos en las demoras, y pacientes pendientes de que se les asigne una cita (ni siquiera conocen su demora), en ocasiones bastante alejada de sus expectativas o de sus necesidades de tratamiento. Y este no es el camino de la equidad, que supone prestar similar atención sanitaria para las mismas necesidades, porque nada hace suponer que las necesidades de inversión en salud deban ser menores en la comarca oriental: muy al contrario, las características demográficas y de dispersión de la comarca harían seguramente necesario un esfuerzo mayor. Pues a pesar de ello, la dotación económica de nuestro hospital sigue estando muy por debajo de la que tienen sus homólogos de otras áreas sanitarias, quizá con la extraña y absurda pretensión de "demostrar" que es más eficiente, cuando lo que en realidad se está consiguiendo es ahogar económicamente al centro, y discriminar a los vecinos y vecinas de la comarca.

Sin entrar en la necesidad del modelo fundacional para la creación del centro hospitalario, actualmente y trascurridos siete años desde las transferencias sanitarias en nuestra Autonomía, no sólo cabe corroborar que la fundación como tal no tiene sentido, sino que se puede afirmar de forma contundente que constituye el principal obstáculo para la normalización y el desarrollo asistencial del HOA. Por eso entendemos menos aún la actual postura del gobierno socialista, expresadas por su portavoz, la Sra. Ana Rosa Migoya, donde con argumentos falaces y chantajistas, utilizando de rehenes a los trabajadores, y haciendo caso omiso de todos los dictámenes jurídicos aportados, insiste machaconamente en querer mantener la Fundación como método indirecto para prestarnos asistencia. Más difícilmente conciliable es aún su postura actual con la que mantenía cuando ejercitaba la oposición, pues ella misma fue quien hace ya años advirtió ante la Junta General del Principado del peligro que mantener la Fundación suponía y citamos sus palabras textuales: "creemos que el futuro de ese hospital, irremediablemente, debe pasar por su integración en la red sanitaria pública, por razones de igualdad de trato a los usuarios y por razones de equidad, que debe ser, la equidad, la espina dorsal del sistema sanitario público, debe seguir siéndolo" (Diario de Sesiones de la JGPA, 19 de Febrero de 1999).

Pues bien, ha llegado la hora de pasar de las palabras fáciles a los hechos. Resulta vergonzoso, tras años de ahorro descarado a nuestra costa, utilizar el argumento económico; más vergonzoso aún pretender anular el derecho a legislar de su propio Parlamento y aún más si cabe, el utilizar como excusa a los trabajadores, cuando los dictámenes de los Catedráticos Bocanegra y Fernández-Miranda y el precedente de múltiples hospitales integrados en nuestro país (algunos muy recientemente o en curso, como es el caso de varios hospitales militares), avalan la legalidad de procesos prácticamente idénticos.

Hoy se vota la continuidad de los trámites parlamentarios para tener finalmente una ley que integre nuestro hospital en el SESPA. ¡Ojalá! estas líneas sirvan para la reflexión, tan práctica como ideológica, de aquellos que van a decidir el futuro de la sanidad en el Oriente.

Artículos de Francisco Javier López Martín - Secretario General CCOO de Madrid -, publicados en NuevaTribuna...

Salarios y crisis (I) y (II) ...

 

Combatir el poder contractual de los sindicatos es esencial para los neoconservadores. Aguirre y sus ataques a los “liberados sindicales” es un excelente ejemplo neocon. (...) Estos dogmas neoliberales, en la economía española, han producido un mercado de trabajo fracturado, dualizado, en el que la temporalidad, la subcontratación y la descentralización y externalización han jugado un papel determinante.

 

Vivimos la mayor crisis desde la II Guerra Mundial. Se ha producido un cortocircuito en el crédito. La producción cae de forma alarmante. Las tasas de desempleo se duplican. El IPC cae al -1 por ciento, o al 0,1 por ciento tomando en cuenta la inflación subyacente, (sin alimentos no elaborados y energía).

 

La patronal CEOE, plantea que, en esta situación las subidas salariales se sitúen entre el 0 y el 1 por ciento. Los sindicatos planteamos subidas moderadas en torno al 2 por ciento. El Gobierno dice A y B. Tan pronto el Presidente Zapatero enuncia que “los trabajadores no deben pagar la crisis”, como responsables del gobierno anuncian que “la bajada salarial es la forma más eficaz con la que contamos en estos días para mejorar el bienestar social en esta crisis” (J.M. Campa. Secretario de Estado de Economía).

 

¿Quién tiene razón? A eso hemos dedicado la sesión del VI Seminario sobre Negociación Colectiva: Política Salarial en Tiempo de Crisis.

 

Hemos desgranado la relación entre Inflación-Salario-Crecimiento-Empleo, de la mano de Ignacio Álvarez Peralta, Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

 

LA VERSIÓN NEOCON

 

Los neocon son la versión post-morten del pensamiento económico neoclásico. Algo así como el hijo póstumo de aquellos que creían que el mercado ajusta automáticamente la oferta y la demanda, regulando sin problemas los precios y la cantidad de productos. El mercado es perfecto y ajusta incluso los salarios a las condiciones del mercado.

 

La crisis del 29, esa de la que tanto hablan cuantos buscan precedentes de la crisis actual en el pasado, puso de relieve que el mercado no lo controla todo. Keynes formuló una teoría, de la que más adelante daremos cuenta, que contribuyó a entender qué estaba pasando y poner en marcha medidas para solucionarla.

 

Pese al avance que supuso Keynes, en los años ochenta, vuelven a surgir los teóricos de la autorregulación y las bondades del mercado. Son los neoliberales, que en lo político dan lugar al pensamiento neoconservador. Los Reagan, Tatcher, Bush, dan amparo político a esos economistas, ganadores a veces de premios Nóbel, que anuncian que el mercado se autorregula correctamente. Si eso no ocurre el problema son siempre los trabajadores. Sus sindicatos, las leyes que protegen a los trabajadores, la propia negociación colectiva, que debería ser sustituida por pactos individuales entre iguales: un trabajador que necesita un empleo para vivir pacta con una multinacional sus condiciones de trabajo. A todas luces un pacto entre iguales. De nuevo todo se reduce a adaptar lo laboral al mercado.

 

Combatir el poder contractual de los sindicatos es esencial para los neoconservadores. Aguirre y sus ataques a los “liberados sindicales” es un excelente ejemplo neocon. El fruto tardío y provinciano de un pensamiento acorralado por la crisis, pero no extinto. Un cadáver andante, un muerto viviente, un zombi que sigue devorando vidas humanas en todo el planeta

 

Básicamente todo se reduce a bajar el gasto público, bajar los salarios, bajar la oferta monetaria. Así reducimos la inflación y los precios. Así conseguimos más estabilidad y competitividad en precios de las empresas. Más inversión, más crecimiento económico y, en consecuencia, más empleo.

 

Veamos un ejemplo. En España, la moderación salarial ha sido tan generalizada que el salario real medio ha crecido una media de un 1,93 por ciento entre 1995 y 2007.

 

La productividad ha crecido un 5,31 por ciento, mientras que el Producto Interior Bruto per cápita ha crecido un 44,69 por ciento, pero tan mal repartido que el peso de las rentas salariales a pasado del 66 por ciento al 54 por ciento en la riqueza nacional.

 

Estos dogmas neoliberales, en la economía española, han producido un mercado de trabajo fracturado, dualizado, en el que la temporalidad, la subcontratación y la descentralización y externalización han jugado un papel determinante.

 

LA VISION DE KEYNES

 

Frente a la teoría neoclásica liberal, Keynes afrontó la crisis del 29, la más dura conocida por la economía hasta nuestros tiempos, formulando el problema de la siguiente manera: Un shock externo produce la crisis. Aumenta el desempleo y bajan los salarios. Baja el consumo y caen los precios. Las expectativas de beneficios caen y, en consecuencia la inversión también se desploma. La espiral de la crisis se retroalimenta y el círculo vicioso se reproduce.

 

Keynes supuso una revolución en el pensamiento económico. Pero junto al conocimiento del mecanismo de la crisis, Keynes plantea cómo salir de la misma. Es necesario mantener y aumentar el gasto público para contener la pérdida de empleo. Mayor empleo contribuye a incrementar la demanda y la riqueza aumenta. Mayor demanda y un incremento de los salarios, contienen la caída de la inflación y, todo ello, acarrea la recuperación económica.

Los salarios no son la causa de la crisis, sino que son un aparte de la solución para superarla. Como todo el mundo sabe la crisis vino de la mano de la desregulación de los mercados financieros y los altos beneficios especulativos en sectores como el inmobiliario

 

La congelación salarial, además de injusta, es tremendamente arriesgada para los propios empresarios.

Los salarios son una contención, un escudo y un freno para el avance de la crisis.

Un modelo como el español, con empleos precarios, bajos salarios, mileurismo crónico, es un modelo de baja productividad.

 

Tras todos los prolegómenos keynesianos y neoliberales. Tras las interpretaciones sobre el funcionamiento de la economía, sus crisis y las salidas a las mismas, conviene aterrizar en España.

 

Nuestro país ha creado empleo muy deprisa en los años pasados. Especialmente en sectores como la construcción, la hostelería, el comercio, la sanidad y servicios sociales o en el hogar. Empleos que requieren mano de obra intensiva, con productividad muy baja, salarios bajos y temporalidad alta.

 

Esta estructura económica y del empleo ha producido que el 60 por ciento de los trabajadores sean mileuristas. Sin embargo, el crecimiento económico continuado ha sobredimensionado el endeudamiento, que en 2007 suponía el 130 por ciento de la Renta Bruta Disponible.

 

La competitividad española ha intentado basarse en los costes laborales bajos. Esa vía nos lleva a competir con China o Corea y ahí llevamos todas las de perder. De hecho perdemos cuota de mercado internacional en casi todos los sectores.

 

Los salarios han crecido anualmente como máximo el 5 por ciento, mientras que los beneficios lo han hecho en tasas en torno al 10 por ciento. Todo ello no ha impedido que nuestras tasas de desempleo sean las más altas de Europa, en torno al 18 por ciento, más que duplicando la media europea y casi triplicando las de Alemania, Italia o Reino Unido.

 

Asustadas con la situación las familias españolas hemos decidido consumir menos y ahorrar más. El ahorro familiar ha pasado de un 10 por ciento en 2007 a un 18 por ciento en 2009. Los precios caen y la riqueza también. Hemos entrado de lleno en el ciclo Keynesiano de la crisis, de forma abrupta y de golpe.

 

SALARIOS PARA SALIR DE LA CRISIS

 

En una situación como la actual, con una inflación negativa, la posición de la patronal de congelar salarios, es suicida. Si además exigen abiertamente menor gasto público, el resultado sólo puede ser mayor caída de las ventas. Una agudización de la crisis para las empresas.

 

La congelación salarial, además de injusta, es tremendamente arriesgada para los propios empresarios.

 

Los salarios son una contención, un escudo y un freno para el avance de la crisis.

 

Un modelo como el español, con empleos precarios, bajos salarios, mileurismo crónico, es un modelo de baja productividad. De hecho los costes laborares son mucho más bajos y han crecido mucho menos que en los países nórdicos. Sin embargo las economías nórdicas son mucho más productivas y competitivas que la nuestra.

 

Medidas como subir el Salario Mínimo Interprofesional, reducir jornada laboral sin reducir salario, disminuir las figuras contractuales, regular mejor el mercado de trabajo (no desregularlo aún más), reforzar los contenidos y el papel de la negociación colectiva, pueden ser medidas que permitan contener la crisis y salir antes de ella.

 

Las teorías neoliberales no sólo no explican la realidad económica, sino que además esquivan el conflicto entre capital y trabajo, intentando laminar a la parte más débil.

 

El chantaje patronal permanente sobre los Costes Laborales Unitarios que, según ellos, jugarían a favor de la competitividad, se ha demostrado irreal y fracasado. Menos salarios no es más inversión, sino desgraciadamente más reparto de beneficios empresariales.

 

Vivimos una crisis dura, abrupta, en la que las subidas de la bolsa conviven con deflación y caídas del PIB. La congelación salarial sólo significa menos ventas y mayor recesión.

 

Frente a la irresponsabilidad patronal en la lucha contra la crisis, enrocada en posiciones neoliberales que consisten básicamente en salir de la crisis recomponiendo altos beneficios empresariales, cargando los costes sobre los salarios y los derechos de los trabajadores, CCOO y UGT vamos a defender el papel de la negociación colectiva, luchar por el desbloqueo de los convenios y reivindicar subidas salariales, moderadas, pero en torno a la previsión de inflación del 2 por ciento, que contribuyan a contener la crisis y abordar la reactivación económica.

 

Vamos a un trimestre furo, intenso en la lucha por salvar empresas, salvar empleo, combatir la crisis, desbloquear la negociación colectiva y abrir puertas a compromisos por el futuro. Un futuro de empleo, de cohesión social y de economía inversora, sólida, productiva y competitiva.

Desde esta ventana también se ve y se ve así ...

¿La revista? ... “Sindicato y Salud” de la FSSA de CC.OO.

Los afiliados de la FSSA de CC.OO. hemos recibido, o estamos recibiendo, en nuestro domicilio el nº 11, correspondiente al mes de octubre de 2009, de la revista “Sindicato y Salud” del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y a mi, como a muchos – supongo -, su lectura me ha dejado perplejo por su “rabiante” actualidad y “capacidad orientativa” para la acción sindical que contiene...

La portada, dedicada al debate sobre la sostenibilidad de la sanidad, propiciado en los medios de comunicación regionales a principios de verano, que puede que fuera oportuno en el mes de julio, se nos presenta ahora sin la mas mínima actualización para advertir del “culebrón veraniego” en que se podía convertir la cuestión ... pero ahora estamos en octubre y el verano – con su serpiente veraniega incluida – ya hace tiempo que pasó.

 

El testimonialismo y la contradicción

 

El dorso de esta página, en la que figuran dos artículos de Paco Otero – adjunto a la Secretaría General, por si alguno no lo sabía -, no tiene desperdicio, En el primero de ellos, con su característica radicalidad verbal, nos invita a contestar “duramente” la filosofía negociadora del SESPA a cuyos dirigentes les dedica los siguientes piropos llenos de sutileza y plenamente representativos del “nuevo estilo” preconizado desde la Federación Estatal:

“ ... bajo nivel intelectual, catadura moral o mala leche, de los gestores sanitarios atrincherados en sus despachos de la plaza del Carbayón ...”

Personalmente este léxico no me da ni frío ni calor, allá cada cual, pero me ofende cuando el mismo no se corresponde con las acciones ,,, y que yo sepa no estamos movilizando ni en confrontación o en las barricadas ... ¿o si y lo que ocurre es que yo no me enteré?...

Dudo mucho que con estos testimonialismos convenzamos a nadie y menos a los “discriminados” por los traslados parciales.

En el segundo de “sus” artículos toca un tema que le debería ser más familiar: El visado de las recetas. Y en él, nuevamente, reproduce su más que evidente contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Si los Aux. Adtvos. de los E.A.P. que hacen esta función deben ser reclasificados a Administrativos – cuestión que comparto y no sólo para ellos sino para todos - ¿por qué esta cuestión no es objeto de tratamiento preferente y detallado en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos?.

Ante dicho Plan, y al margen de mi obligado acatamiento de lo acordado por la mayoría del máximo órgano de dirección de mi sindicato, no puedo evitar manifestar mi más profunda decepción ...

 

El apagón informativo de facto

 

La página central, ya volviendo al hilo esencial de este artículo, la ocupa, como no, nuestro Secretario General. Y en ella, bajo la apariencia de la actualización y mejora en la comunicación, intenta vendernos las maravillas de la nueva WEB oficial de la FSSA y de los Blogs .... cuando la realidad es que estamos en un apagón informativos de facto.

¿Qué decir de esto?. La realidad es bastante terca y palpable. De las prestaciones que a todos los trabajadores, y en tiempo real, llegó a dar la WEB sespa.es, a la situación actual, media más que un abismo. Y las causas, se disfracen como se disfracen, son dos: la capacidad de trabajo y la voluntad informativa. Ninguna de ellas se percibe hoy en los responsables de esto.

 

Acciones de futuro

 

Para ir finalizando y de paso para que nadie diga que no veo nada positivo en este número de “Sindicato y Salud”, hay dos artículos, uno en la página 5, sobre la Plataforma de Centros Concertados y otro en la 7, sobre la suspensión del contrato sin merma de derechos cuando hay riesgos en la lactancia, que me parecen oportunos e interesantes. El primero debería hacernos reflexionar sobre el verdadero peso político específico que tenemos ante la Consejería de Sanidad  y el segundo debería ser objeto de una campaña específica para orientar a las trabajadoras ... ¡seguro que ambas cosas se harán!

 

 

En resumen, estamos recibiendo en nuestro domicilio una revista, nuestra revista, que lejos de ser actual, orientativa y orgullo de nuestra imagen, va camino de convertirse en un mero panfleto y para mas “INRI” trasnochado. Pero no es el instrumento lo que debemos criticar o cambiar. Lo que hay que modificar es, como en otras muchas cosas, lo que hacen con el instrumento algunos. Esto es lo que debe ser diana de nuestras críticas...

Podía haber dedicado una parte de este artículo a comentar lo que no se menciona, que es mucho más y de mucha más enjundia que lo figura en las 8 paginas remitidas... y no es por ganas ¡estas no me faltan!. Pero casi agradezco que no se hayan dignado decir nada. Así, por lo menos, con los silencios, todavía podemos esperar que esto se arregle.

Una ultima recomendación para acabar: recordad que el papel es reciclable.

Arturo M.G.  

Editorial de La Voz de Asturias.

Marcha contra el aborto y el Gobierno

 

19/10/2009

Decenas de miles de personas ejercieron este fin de semana en Madrid su derecho a manifestarse contra la ley del Gobierno del PSOE que reforma la legislación vigente sobre la interrupción del embarazo y establece un plazo de 14 semanas para abortar libremente. Como ocurre en la mayoría de los países europeos. El número de asistentes a la manifestación no escapó tampoco esta vez a las abismales diferencias según quién facilita las cifras. Pero, en cualquier caso, la asistencia fue multitudinaria.

Eso no significa, como exigen algunos organizadores, que el Gobierno deba retirar la ley o modificarla, sino que el proyecto debe ser tratado como cualquier otro y saldrá adelante si el Ejecutivo obtiene la mayoría suficiente: la voluntad de los votantes no reside en las manifestaciones, por mucho que los políticos hayan de tenerlas en cuenta como lo que son, indicios de un sector de opinión. En la marcha, no convocada ni por la Iglesia ni por el PP, aunque ambas organizaciones animaron a sumarse a ella, participó el ala más dura del partido --representada por José María Aznar, Jaime Mayor Oreja o Esperanza Aguirre-- y al final se sumó también la secretaria general, Dolores de Cospedal, aunque no Mariano Rajoy.

Se podrá discutir algún aspecto de la ley --como abortar a los 16 años sin informar a los padres--, pero es falso el argumento de algún dirigente del PP, como la portavoz de Igualdad, Sandra Moneo, de que vamos a pasar de una ley con consenso a otra sin él. El argumento olvida que la derecha votó en 1985 contra la ley actual, que recurrió al Tribunal Constitucional, como puede volver a ocurrir ahora. Otra cosa es que, durante los años en que gobernó el PP, Aznar, que ahora desfila contra el Gobierno, no hiciera nada para cambiar la ley seguramente más por temor a sufrir un descalabro electoral.

Una situación de hecho

La ley de 1985 tiene un supuesto, el que permite el aborto en caso de riesgo para la salud psíquica de la madre, que todo el mundo admite que se ha convertido en un coladero. Pero los grupos antiabortistas que denunciaban ese defecto, y los políticos que les apoyan, se niegan ahora a aceptar el aborto en ninguna circunstancia ni la mayor seguridad jurídica que ofrece la nueva ley.

En esos grupos y en la derecha española se ha producido, pues, una regresión, que se une a las ganas de desgastar al Gobierno. Cuando durante la marcha le preguntaron a un miembro del Foro de la Familia por qué no se manifestaron cuando gobernaba el PP, contestó que no se puede salir a la calle todos los días. Da la casualidad de que el presidente de ese colectivo es Benigno Blanco, quien fuera segundo de Alvarez Cascos en Fomento y pertenece al Opus Dei como supernumerario. Quizá por eso en ocho años no encontraron ninguna jornada libre para organizar sus truculentas protestas contra lo que ahora tanto les molesta.