OPINION

Carta abierta a los diputados del Partido Popular ante la ley Gallardón

¿Por qué no legislan para ayudar a la gente en lugar de añadir sufrimiento?

Tres médicos especialistas piden al Gobierno que retire el anteproyecto de ley del aborto

• Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento
• Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento (II)

Por Javier Esparza / Pilar Martínez Ten / Alberto Galindo Izquierdo (*)

En El País.

Esta carta es para nosotros una continuación de las dos publicadas anteriormente en este periódico con fecha 25 de julio de 2012 y 24 de diciembre del año pasado. Está dirigida muy especialmente a los diputados del Partido Popular, pues parece que serán ellos los que pueden decidir el futuro del anteproyecto de ley de interrupción del embarazo, naturalmente si el gobierno español no decide retirarlo indefinidamente, lo que todavía está por ver. Como es sabido, la intención del Gobierno es suprimir totalmente el supuesto de la malformación fetal (entre otros) como causa para interrumpir el embarazo. Nosotros vamos a expresar en esta carta nuestra oposición, desde luego argumentando nuestras razones.

 

Es evidente que el contenido de la reforma Gallardón ha generado una auténtica conmoción en la sociedad española, y la disconformidad con el anteproyecto se ha hecho patente de muchas maneras, generando como es lógico un gran debate público y desgraciadamente no político, tal como debía de haber sido. En este sentido, destacamos las opiniones y advertencias en contra del anteproyecto de ley que ha hecho la Comisión Central Deontológica de los colegios médicos españoles, de 2000 médicos especialistas en un manifiesto público y de numerosas sociedades científicas y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional. La reciente manifestación multitudinaria de mujeres y la actitud en contra de la reforma de las comunidades autónomas más pobladas, como Andalucía y Cataluña --que han pedido la retirada del anteproyecto--, son una muestra excelente de la fuerte contestación social y política que la norma ha causado.

 

Un gran problema es la desinformación general, de los políticos, de los opinadores profesionales y en general de la opinión pública. Por esto, nuestro objetivo es también ayudar a la sociedad para que entienda este gran problema. Para nosotros es una absoluta obligación ética y profesional.

 

El término 'anomalías congénitas' es el más adecuado para denominar a las malformaciones fetales, pues de esta forma pueden incluirse en él no solamente las malformaciones que afectan a uno o más órganos del feto sino también las alteraciones cromosómicas y las anomalías monogénicas. Estas últimas son las que están provocadas por alteraciones de un solo gen, como la atrofia muscular espinal o la fibrosis quística. Todos ellas pueden presentarse por separado, aunque con frecuencia se asocian, aumentando con ello la gravedad de las lesiones.

 

La prestigiosa revista científica Nature Education publicó en el año 2008 que 7,9 millones de niños nacieron en el mundo con una anomalía congénita (6% de los niños nacidos vivos). Por otra parte, y según los datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014, 3,2 millones de niños al año padecen por esta causa discapacidades de diversos grados y 270.000 morirán en el período neonatal (hasta 28 días después del parto). Existen varios factores identificados que influyen en el origen de estas anomalías: genéticos, infecciosos o ambientales, que tienen diversa importancia según las áreas del planeta que enfoquemos.

 

A partir de este momento debemos hacer una advertencia muy importante y que influye mucho en todas las estadísticas: en los países llamados “civilizados” suele existir una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, las anomalías congénitas graves han disminuido considerablemente (como en España), a diferencia de los “países pobres” en los que al no haberse legislado, los casos graves o muy graves son bastante más frecuentes. La gran pregunta es ¿qué ocurrirá en España en el futuro?

 

Existen varios miles de anomalías congénitas descritas, por lo que su clasificación no es nada fácil. Para hacernos entender las clasificaremos según su gravedad en cuatro tipos: leves, de gravedad intermedia, graves y muy graves. No se trata de una clasificación científica, pero creemos que es fácilmente comprensible y de hecho muy utilizada en los hospitales para informar a los padres.

 

- Tipo I. Anomalías congénitas leves: no ocasionan discapacidad, o en todo caso esta es leve. Son, con mucho, las más frecuentes; y el ejemplo típico es la polisindactilia o dedo suplementario en manos o pies (1/3.000 nacidos vivos, aunque 1/300 en la raza negra). También estaría incluida la denominada 'espina bífida oculta', muy frecuente (8% de la población), completamente asintomática y en sí misma inofensiva.

 

- Tipo II. Anomalías congénitas de gravedad intermedia: pueden ya causar diversos grados de incapacidad. Aquí se incluyen algunos casos de deformidades de los pies, la luxación congénita de cadera, fisuras faciales (malformaciones en los labios y boca) o las malformaciones cardíacas menos severas, especialmente en el grupo de las conocidas como no cianóticas. Además, la mayor parte de los niños con síndrome de Down estarían situados en este grupo.

 

También pueden incluirse los casos de espina bífida abierta no severa (mielomeningoceles localizados en regiones muy bajas de la columna vertebral), pues pueden tener solamente incontinencia de esfínteres y moderada deformación en los pies (ambas tratables). En realidad constituyen la mayoría de los casos de espina bífida abierta que existen actualmente en los países desarrollados y que han legislado la adecuada ley de interrupción del embarazo, incluida España.

 

Tipo III. Anomalías congénitas graves: son las que causan una grave incapacidad o incluso la muerte. La gran diferencia con las muy graves (Tipo IV) consiste en que en los casos mortales, la muerte suele producirse después del nacimiento, e incluso es posible que tardíamente, al cabo de años. Las malformaciones cardíacas son en este grupo las más frecuentes seguidas de cerca por las del sistema nervioso central.

 

En todos los casos la incapacidad grave entre los supervivientes es la regla, y por ejemplo en los casos de espina bífida abierta (mielomeningocele) la parálisis completa de ambos miembros inferiores, incontinencia completa de esfínteres, deformidades severas en las piernas, pies y columna vertebral, hidrocefalia (acúmulo de líquido en el interior del cerebro), porcentajes relativamente altos de déficit mental ...etc., son la norma.

 

Las cifras fiables de mortalidad son muy difíciles de establecer en todo este tipo III, pues la mayoría de las estadísticas incluyen a todos los grupos de gravedad que estamos exponiendo. Además son muy pocos los autores que han estudiado la supervivencia en un largo plazo de años. La disminución de los casos se debe principalmente a las leyes de interrupción del embarazo.

 

Por ejemplo en casos de espina bífida abierta, algunos autores americanos publicaron en el año 2001 que la mortalidad desde el tratamiento inicial hasta los 20-25 años de edad fue de un 20-25%. Es un ejemplo de una serie sesgada, pues incluye pacientes con todos los tipos de gravedad. Es bastante probable que en los casos graves incluidos en este grupo tipo III la mortalidad sea mayor.

 

Tipo IV. Anomalías congénitas muy graves: incluimos en este grupo las llamadas “malformaciones incompatibles con la vida”. Se trata de grandes malformaciones, siendo también las más frecuentes las cardíacas y las del sistema nervioso. Podemos citar las anomalías cardíacas severas que se acompañan de insuficiencia cardíaca, algunas anomalías del sistema nervioso central como la ausencia de desarrollo de la cabeza (anencefalia) o de las circunvoluciones cerebrales (lisencefalia), los pacientes que acumulan malformaciones graves en diferentes órganos o sistemas, algunas malformaciones esqueléticas como la displasia tanatofórica o la acondrogénesis, y las anomalías cromosómicas como las trisomías 18 o 13.

 

Todos estos casos mueren generalmente durante el embarazo (no necesariamente antes de las 22 semanas de gestación) o bien en el período neonatal (hasta 28 días después del parto), aunque hay algún niño que excepcionalmente puede sobrevivir más tiempo.

 

Estadísticamente son malformaciones de rara presentación. Por ejemplo, y volviendo a citar las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el mundo aproximadamente 270.000 niños como consecuencia de las anomalías congénitas; que representan la 4ª causa de muerte perinatal, por debajo de la prematuridad, las relacionadas con el parto y las atribuibles a infecciones. Naturalmente, la mayoría de estos casos pertenecen a nuestro Tipo IV, lo que da una idea de su poca frecuencia (posiblemente menos del 4%).

 

Conclusiones:

Señores diputados: ¿es cierto que el ministro Gallardón planea realizar leves retoques en lo relacionado con la malformación fetal para hacer la ley más presentable?

 

Sea como fuere solamente tienen tres opciones:

 

-Si el anteproyecto de ley sigue como está, las anomalías congénitas más afectadas van a ser las del Tipo III o graves. Estos niños estarán condenados al sufrimiento durante todo el tiempo que vaya a durar su vida. No causará un efecto apreciable en las del Tipo IV o muy graves, pues estos casos están destinados a morir sin ninguna ayuda y, como hemos señalado, su frecuencia es mínima.

 

-Otra opción es que el anteproyecto se modifique solamente para aceptar el supuesto de anomalía congénita cuando se trate de una “anomalía incompatible con la vida”; es decir nuestro tipo IV. La futura ley en este supuesto influiría muy poco en la realidad, pues estos niños morirán todos. Además la pregunta es ¿hasta qué semana sería legal la interrupción del embarazo? Aunque la muerte del feto sea inevitable, puede no saberse cuándo va a ocurrir y mucho nos tememos que no evitará la terrible agonía de las madres esperando ese momento. Los más afectados serían de nuevo los niños del Grupo III, con anomalías congénitas graves.

 

Señores diputados: la OMS ya ha aceptado como un factor que influye decisivamente en el origen de las anomalías congénitas el hambre y la desnutrición. Por eso, son más frecuentes en los países subdesarrollados. La pregunta sincera que deben hacerse es: ¿existen en España actualmente familias desnutridas? Creemos desde luego que su obligación es saberlo, pues si es cierto --y nosotros creemos que sí--, las anomalías congénitas aumentarán en España. ¿Es esto justicia? ¿Lo ha previsto el Gobierno?

 

Por favor señores diputados les pedimos que legislen para ayudar a la gente y no para añadir sufrimiento a sectores tan sensibles de la población. ¿No les parece que España tiene ya demasiados problemas como para afrontar semejante reforma? Si legislan eliminando totalmente el supuesto de las anomalías congénitas, condenarán a muchos niños y sus familias a sufrimientos terribles. Si legislan aceptando solamente como causa para la interrupción del embarazo las anomalías “incompatibles con la vida” en realidad servirá de muy poco. En primer lugar porque su incidencia es mínima, y en segundo lugar porque los fetos afectados morirán de todas formas. Les pedimos, en definitiva, que no modifiquen el actual supuesto de anomalías congénitas vigente en la actual ley.

 

Por favor señores diputados, reflexionen y comprendan que lo contrario supondría un retroceso histórico de consecuencias imprevisibles. ¿Por qué no legislan a favor de la sanidad española, consolidando las Unidades de Diagnóstico Prenatal y de Medicina Fetal que existen en España? ¿Por qué no dejan que sean las propias madres quienes tomen esta terrible decisión y no el Estado?

 

Por favor señores diputados, desempeñen su función con honestidad atendiendo a su ética personal. No acepten presiones externas, ni de ministros, ni del gobierno, ni del partido, ni tampoco de organizaciones religiosas que pretenden imponer sus criterios medievales cueste lo que cueste. ¡Por favor que nadie engañe a los ciudadanos! Si no lo hacen así los españoles se darán cuenta enseguida que están actuando solamente por intereses electoralistas y en definitiva espurios.

 

(*).- Javier Esparza, ex Jefe de Neurocirugía Infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre, Pilar Martínez Ten Ginecóloga experta en Diagnóstico Prenatal, y Alberto Galindo, Jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Pasaron 10 años y los miserables que intentaron manipularnos siguen sin pedirnos perdón

La verdad sobre el 11-M

La teoría de la conspiración es la manipulación más miserable jamás cometida en España en el nombre del periodismo

Por Ignacio Escolar

eldiario.es

"Lo mejor es que se conozca toda la verdad", dejó dicho hace unas horas María Dolores de Cospedal, secretaria general de un partido que se ha pasado años dando alas a la teoría de la conspiración y que ahora se refugia en el 'no se sabe todo' para no pedir perdón. Tiene su aquel que sea ella, precisamente De Cospedal, quien reclame más información. Estaba en primera fila cuando todo sucedió: el 11 de marzo de 2004 era la subsecretaria del Ministerio del Interior. Estaba delante cuando Ángel Acebes nos mintió, o cuando lo hizo Mariano Rajoy.

 

La verdad es que no fue ETA. Que Aznar manipuló a los medios cuando, el 11 de marzo, llamó uno por uno a los directores de los principales diarios de pago para asegurarles que era ETA. La verdad es que el Gobierno también mintió a las Naciones Unidas cuando forzó a toda velocidad una votación de condena a ETA. Que ese mismo día terrible, a las cinco de la tarde, no había ya una sola prueba que relacionase a la banda vasca con el atentado, pero sí un montón de pistas que apuntaban al terrorismo islamista, como poco después se confirmó.

 

El PP no perdió aquellas elecciones por el atentado. Mariano Rajoy y los suyos salieron derrotados porque mintieron y volvieron a mentir. Intentaron engañarnos y la mayoría de la gente no se lo tragó.

 

Después siguieron mintiendo, echando gasolina a esa alocada conspiración con la que todos los conspiradores ganaban. Unos vendían más periódicos, o libros, o lograban más audiencia para sus radios o sus diarios digitales. Los otros, los políticos del PP, reescribían la historia para justificar sus falsedades durante aquellos días de marzo y para poner en cuestión la legitimidad del Gobierno del PSOE al que acusaron de golpista, con todas las letras. "Pavía entró a caballo en el Congreso, Tejero con una pistola y el señor Zapatero con un tren de cercanías", llegó a decir un senador del PP.

 

El juicio y la sentencia tumbaron la conspiración y los Sherlock Holmes del ácido bórico y la Orquesta Mondragón se refugiaron en su último reducto, el búnker del "autor intelectual".

 

¿Quién fue el "autor intelectual"? La respuesta es irrelevante desde el punto de vista judicial. No existe tal culpable en el Código Penal –solo los autores materiales y los inductores–, y por eso ese supuesto "intelectual" no aparece reflejado en la sentencia. No está, pero eso no significa que no se sepa la verdad.

 

Como explica el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista –que participó en el juicio oral del 11-M–, la gran diferencia entre el terrorismo islamista y organizaciones terroristas como ETA es que ellos no necesitan de una estructura jerárquica para atentar. El grupo que actuó en Madrid, asegura Bautista, "buscó su financiación y los medios para cometer el atentado, sin necesidad de recurrir a órdenes directas, respaldo económico o entrenamiento de nadie, salvo la guía religiosa necesaria para justificar sus crímenes".

 

¿La verdad del 11-M? Que no hay una sola prueba ni un solo indicio en los miles de folios de la investigación que apunten a que ETA, o el PSOE, o los TEDAX o Elvis Presley o los extraterrestres tuviesen algo que ver con aquel terrible atentado. Que la conspiración fue una gran mentira, el acto más miserable y ruin jamás cometido en España en el nombre del periodismo; una miserable manipulación por la que unos cuantos políticos y unos cuantos periodistas deberían, cuanto menos, pedir perdón.

"No abdicaré", dice Gallardón. La elección del verbo parece revelar una cierta manera de entender el poder: ahora es suyo y no lo suelta

El mártir Gallardón

Por Antón Losada, en ZONA CRITICA de eldiario.es

Mientras la Marea Violeta paseaba festivamente por las calles de España protestando contra la repenalización del aborto -llamarle reforma supone una gentileza innecesaria-, el ministro Gallardón acudía a Valladolid buscando escenificar en la convención de su partido su consagración como mártir por la causa. No le harán abandonar ni los gritos, ni los insultos, ni las descalificaciones de aquellos que llamó "pseudoprogresistas", que al parecer no debe ser ni un insulto, ni una descalificación, sino un apelativo cariñoso y un ejercicio de respeto y tolerancia democrática. Gallardón es uno de esos altos cargos hipersensibles para quien, cuando la gente protesta y le habla de dimitir, resulta que no es ni un verbo, ni un nombre ruso; es un insulto.

 

Melodramático como Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llevó, prometió a los suyos que no dará ni un paso atrás. "No abdicaré", como el Rey. La elección del verbo parece revelar una cierta manera de entender el poder: ahora es suyo y no lo suelta. Como buen mártir, no lo hace por él, ni por los votos, ni porque el palacio de la Moncloa estaría mucho mejor aprovechado con él de presidente. Lo hace por el presidente Rajoy, que hizo como que no oía y prefirió exigirle a Rubalcaba que se calle, por el programa electoral, por las mujeres y por los concebidos no nacidos.

 

Para el mártir Gallardón no se trata una cuestión moral, o de conveniencia electoral: repenalizar el aborto es defender a los más débiles. Siguiendo esa misma filosofía, parece claro que para este Gobierno recortar en Sanidad, en educación, en dependencia o en desempleo también debe ser defender a los más débiles. Así se les protege frente al temible riesgo de una vida segura y decente, que ya se sabe que solo trae molicie, vicio y pereza.

 

Si a la gente se le dan sus derechos gratis, no sabrá valorarlos y cambiará la cultura del esfuerzo por la cultura del subsidio. Gracias a los recortes masivos del Gobierno ahora sí que apreciamos de corazón los derechos que hemos perdido. Es como si se les reconoce a las mujeres el derecho a decidir libremente sobre su maternidad. A lo mejor lo ejercen y deciden sin estar preparadas, o lo que es lo mismo, sin la protección y el amparo de la infinita y varonil sabiduría de algún gran hombre como el señor ministro.

 

El mártir Gallardón debería compartir la entereza de su cruzada con todas las mujeres que libremente han ejercido su derecho a ser madres y hoy crían a sus hijos con dependencias severas desamparadas por una administración que, o les recorta, o les niega las ayudas a las que también tienen derecho. Seguro que tienen algo que enseñarle sobre los gritos de verdad y el sufrimiento insoportable de los más débiles.

 

Siguiendo esa vieja y efectiva táctica de citar mal a sabiendas a intelectuales respetables para justificar políticas de extrema derecha, Ruíz Gallardón recuperó a Miguel Delibes para recordar a los pseudoprogresitas que defender a los más débiles es siempre lo más progresista. El gran Oscar Wilde lo define como nadie. Un cínico es aquel que sabe el precio de todo y el valor de nada.

 

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Buen comentario de Ignacio Escolar

Gana la 'marea blanca', pierde Ignacio González

No basta con la dimisión de Lasquetty, es el presidente de la Comunidad de Madrid quien tiene que dimitir

Por Ignacio Escolar, en eldiario.es

“Eurovegas y la candidatura olímpica son el mejor ejemplo del gran futuro que tiene la @ComunidadMadrid

— Ignacio González (@igonzalezPP) marzo 19, 2013”

 

El presidente por herencia de la Comunidad de Madrid hipotecó su liderazgo político en tres grandes proyectos: Eurovegas, la candidatura olímpica y la privatización de la sanidad. Las tres apuestas fallaron y ahora Ignacio González está políticamente desahuciado. No basta con entregar la cabeza del consejero de Sanidad. Es el propio presidente quien tiene que dimitir. ¿O es que acaso González pretende hacernos creer que ese plan privatizador que han tumbado la justicia y la movilización social era una iniciativa personal del consejero Lasquetty en la que él no tenía nada que ver?

 

La 'marea blanca' no sólo ha triunfado por ser constante, imaginativa y estar bien organizada. Los profesionales de la sanidad pública madrileña han ganado porque tenían razón, y porque han sido capaces de convencer a la gran mayoría de los ciudadanos de que la privatización era un error. Desde el PP se intentó manipular la movilización, presentando las protestas como una rabieta política; como si los médicos fuesen un colectivo de larga tradición antisistema.

 

González ha dado marcha atrás no sólo por la nueva decisión judicial, que únicamente retrasaba la privatización sin bloquearla del todo. También se rinde porque hasta él se da cuenta de que delante no sólo tenía a los jueces del Tribunal Superior de Justicia, sino también a la gran mayoría de los madrileños, incluido un sector importante de los votantes del PP.

 

La privatización de la sanidad que Ignacio González apadrinó es un proyecto que ni siquiera aparecía en el programa electoral del PP. Era una estafa a los ciudadanos porque partía de falsas premisas, como que el coste de nuestra sanidad es inasumible, y porque las consecuencias de una decisión así trascendían, con mucho, el mandato legislativo de cuatro años con el que contaba el PP.

 

Como tantas otras veces, la privatización pretendía solucionar un problema imaginario. ¿Qué necesidad hay de "arreglar" un modelo de sanidad público que está entre los más baratos y eficientes del mundo? Sólo uno: dar negocio a esas empresas amigas que, casualmente, tan bien se llevan después con los exconsejeros de Sanidad.

 

Sólo queda una duda: y Lasquetty, ¿por qué empresa del sector sanitario fichará?

 

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Entrevista en El País a RAFAEL BENGOA, exconsejero vasco de Sanidad, a propósito del bloqueo de camas en los hospitales por pacientes crónicos

“Los crónicos son más una solución que un problema del sistema de salud”

El asesor cree necesario dar velocidad a los cambios para adaptar la sanidad a su demanda real

Ania Elorza, Bilbao, en El País.

 

El hogar como centro de cuidados y los enfermos crónicos como la vía para garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Rafael Bengoa (Caracas, Venezuela, 1952), exconsejero vasco de Sanidad y hoy en día asesor de la UE y de la reforma sanitaria de EE UU por el modelo que implantó en Euskadi, subraya que es necesario imprimir velocidad a los cambios para adaptar la sanidad a su demanda real.

 

Pregunta. ¿Es habitual en España y la UE tener camas bloqueadas por pacientes crónicos?

 

Respuesta. Sí, es habitual. Eso mismo confirma que no es un problema de las familias o de los crónicos, sino del modelo asistencial. Los crónicos son más una solución que un problema. Necesitan un modelo asistencial muy diferente, porque los datos dicen que la mitad de los crónicos hospitalizados podrían haberse evitado si hubiésemos hecho las cosas bien antes y después. Si están ahí es culpa del modelo, que no les previene de entrar en el hospital y no les da soluciones para la salida. Y cada vez habrá más casos.

 

P. ¿Están a tiempo los gestores sanitarios de hacer cambios?

 

R. Estamos a tiempo, pero hay que empezar ya. Todos los partidos saben que el modelo asistencial actual es incompatible con la carga de enfermedad que viene de la calle. El cambio se está haciendo en el País Vasco, en media Europa y se hará en EE UU.

 

P. ¿En qué dirección?

 

R. En todos estos lugares, las reformas sanitarias tienen tres componentes: un paciente activo al que se forma para que use mejor los servicios y controle su enfermedad, lo que genera un ahorro entre el 8 y el 21% del gasto; la integración de cuidados, para hacer más en casa y en Atención Primaria y menos en los hospitales; y el impulso tecnológico para facilitar la atención en casa. Hay que dar el salto tecnológico ya realizado en otros sectores.

 

P. Son medidas a medio o largo plazo…

 

R. Sí, pero se puede ir más rápido de lo que se piensa. Al final de la legislatura pasada, en el País Vasco ya empezaban a verse resultados, en tres años hay más de 3.000 pacientes activos formados. Van menos al sistema, controlan mejor su enfermedad. Con 10.000 habrá mejores resultados.

 

P. Si esos crónicos llegan al hospital, ¿qué alternativa queda? ¿crear hospitales para ellos?

 

R. Todo el mundo quiere estar en casa el máximo tiempo posible. Es el punto de partida, el hogar como centro de cuidados, pero no es el modelo que nos está saliendo, sino una trayectoria fragmentada de un paciente sociosanitario. Eso pasa porque no hemos partido de sus necesidades, sino de lo que pensamos los de arriba. Entre primaria y el hospital de agudos sí hace falta un centro de crónicos. Solo para rehabilitarte e ir a casa, no es un aparcamiento de crónicos. Nuestra obsesión, en todo caso, era el hogar y primaria, por eso hicimos más centros de salud.

 

P. Pero muchos de los crónicos tienen necesidades sociales. ¿Hay que empezar a hablar de un sistema sociosanitario?

 

R. Hay un baile de pacientes entre lo sanitario y lo social, y la continuidad de cuidados es sociosanitaria. No es necesaria una única agencia que lo gestione, basta con un presupuesto único y una planificación conjunta. Es bueno para las personas y la economía. Hay que hacer evaluaciones conjuntas de cada caso, personalizar la respuesta. En Euskadi estratificamos la población y vimos que el 5% acapara el 50% del gasto. ¿Por qué no ofrecerles un paquete sociosanitario? Media España tiene mimbres para hacerlo. Es algo que se puede hacer rápido y tiene ahorro. Donde no lo hay es en los copagos, que es lo que más se hace en España hoy.

 

P. Parece que el Ministerio está aparcando nuevos copagos.

 

R. Ya hay cuatro o cinco comunidades del PP que están haciendo lo que yo le planteo. Pero todos necesitamos acelerar el paso. De lo contrario vamos a tener que racionar, que no racionalizar, ofrecer menos servicios, menos medicamentos y menos tecnologías. El Ministerio de Sanidad ha hecho un plan, pero no ve el carácter estratégico de la cronicidad. No se puede no dotarlo de presupuesto y esperar que ocurra algo. Estamos perdiendo una legislatura focalizada en copagos.

 

P. ¿Es la crisis un obstáculo para este tipo de reformas?

 

R. La crisis nos ha venido muy bien para que el sector sanitario vea que es necesario cambiar. Irlanda del Norte ya está moviendo un 4% del presupuesto a casa y primaria, y el País Vasco también había empezado. Los sindicatos deben apoyar estos cambios, que exigen más flexibilidad para moverse de puestos, con incentivos y desincentivos. Si no, la resistencia sindical irá creando condiciones para no cambiar el modelo y eso lleva a un modelo de racionamiento o de privatización, que tampoco es la solución.

 

P. ¿La red privada se beneficiaría de ese inmovilismo público? En Canarias, de los 400 pacientes que bloquean camas, 300 están en camas concertadas.

 

R. Sí, indirectamente la red privada se beneficia de la falta de transformación del sector público, de su falta de liderazgo, energía y velocidad. Los cambios tienen que ir rápido. Las privadas también necesitan el nuevo modelo, porque si no tendrán más costes, deberán elevar las cuotas y perderán clientes.

 

P. Hablaba de desincentivos.

 

R. En algunas organizaciones americanas y en Inglaterra, el pagador dice que si el paciente reingresa en los 30 días siguientes al alta, no lo financiará. Eso es duro, en España no pasa, pero va a ocurrir. El reingreso, que está en el 23%, se va a castigar porque no se ha hecho un buen seguimiento.

 

P. Emplea para lo público lenguaje de lo privado.

 

R. Hay que empresarializar el sector público para salvarlo, con una gestión más ágil. Si no, se crean condiciones para decisiones más graves. No hace falta esperar mucho, ya está pasando.

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Muy buen artículo de Juan José Téllez hoy en Público.es

El tren de las mujeres

Vienen del norte, vienen del sur, hacia Madrid, el rompeolas de todos los abortos, allí donde mueren prematuramente los derechos adquiridos durante siglos o décadas para convertirnos a todos en nasciturus de un nuevo orden que suena a viejo: el de la precariedad y el de la mordaza, el de la beatería y el clasismo, donde el liberalismo queda reducido a billetes de curso legal y la religión no sólo entra en los colegios públicos sino en las camas ajenas.

Le llaman el tren de la libertad y recorre España rumbo a la estación término del próximo 1 de febrero en Madrid. Se trata de una movilización nacida en Asturias pero que se ha extendido al resto del Estado para intentar paralizar la reforma de la Ley del Aborto que no sólo criminalizará en gran medida su práctica sino que nos devuelve a debates que ya pensábamos zanjados treinta años atrás: como el de cuándo se le puede llamar ser humano a un ser humano, sin que la respuesta esté definitivamente en el viento como hubiera querido Bob Dylan.

Es un tren que pretende que no descarrile la actual ley Aido, aprobada en 2010 y generalmente aceptada por la ciudadanía salvo para la clerecía del Partido Popular, la de quienes interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma y ni siquiera parecen dispuestos a esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Lo llevábamos en el programa, proclamaba esta semana Mariano Rajoy, sin duda el presidente español que más incumplimentos programáticos acumula desde Adolfo Suárez.

La locomotora de este tren está hecha de convicciones meditadas y combatidas por las mujeres desde antaño y no desde la perspectiva de la ginocracia que denunciaba esta semana el obispo de Alcalá de Henares, ese barbián que está a punto de excomulgar a Clara Campoamor por haber logrado el sufragio universal y la participación femenina en los comicios electorales. El chucuchú de ese expreso atraviesa un país supuestamente aconfesional pero integrista cuyos ministros se encomiendan a Santa Teresa o a la Virgen del Rocío como las vituperadas teocracias musulmanas apelan a Allah o a Mahoma, que es su profeta.

Ellas sólo pretenden acudir al Congreso de los Diputados para entregar copias del manifiesto “Yo decido” al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia a la titular de Salud, al presidente de dicha Cámara y a los diferentes grupos parlamentarios. Ese quizá sea el meollo de esta terrible encrucijada política: el temor del poder a que no sólo decidan las mujeres, hurtándoles y hurtándonos el derecho a gobernar su cuerpo, su maternidad, su presente y su futuro. Se han instalado en el dogma y de ahí, esta semana, las terribles palabras de Alberto Ruiz Gallardón: “Si sus derechos los ejerce frente a un concebido y no nacido, ¿quién me dice que después, en otra legislación, no va a intentar ejercer sus derechos frente a una persona que efectivamente haya nacido?”. El ex alcalde progre emulando a Blas Piñar, nuestro Le Pen más cutre,  al sugerir que la izquierda es asesina. Salvadas las distancias, ese derecho a matar a los adultos lo ejerció el franquismo, una dictadura de cuyo ala reformista nació el partido al que ahora representa y que quizá por ello se niegue a investigar sus crímenes.

Llegará presumiblemente a buen puerto ese tren. Pero hará falta nuevos vagones. Para que en esa movilización, por ejemplo, no sólo se sumen las mujeres sino aquellos hombres que creen que las políticas de igualdad no van en su contra sino en contra del machismo, esa galera turquesa que nos esclaviza a todos y a todas. Creíamos que las conquistas sociales eran irreversibles pero ahora empezamos a darnos cuenta de que avanzamos en un tren cremallera, a paso de cangrejo y que no sólo, en esa cuestión tan sensible que es la del aborto, retrocedemos hasta mucho más atrás de 1985. Viajamos en el tiempo rumbo al nacional-catolicismo, esa anacrónica y feroz concepción del mundo, que provoca que un flamante cardenal andaluz del Papa Francisco pueda permitirse decir que la homosexualidad es una enfermedad y puede curarse, que un profesor pueda perder su plaza por ser gay o por haberse divorciado, o que un abogado de cuyo nombre prefiero olvidarme inicie desde su bufete una campaña dando por sentado que la mayor parte de las denuncias por malos tratos constituyen un embuste, en el país donde el feminicidio no se ha visto afectado por la crisis.

En los apeaderos de estos trenes, presentes y futuros, que buscan recobrar el kilométrico del progreso, deberíamos hacernos preguntas. Como, por ejemplo, ¿por qué al Partido Popular le está resultando tan fácil liquidar en dos años a buena parte de la España democrática? Quizá sea porque el PSOE y la izquierda en general olvidaron movilizar a sus feligreses, misa a misa, domingo a domingo. Sería deseable que cuando recobremos las vías de alta velocidad de las utopías a corto, medio y largo plazo, no dejemos que se humedezca demasiado la leña de los sueños; ese carbón imprescindible y en desuso al que alguna vez llamamos ideología. Nuestros adversarios la mantienen. Quizá por ello nos estén llevando a una vía muerta y hacia un túnel sin luz. Lo mismo tendríamos que cambiar, con cierta urgencia, de guardagujas.

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Buena y oportuna reflexión

¿Quiénes son los violentos y antidemocráticos?

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y  Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Acabamos de ver como los vecinos del barrio de Gamonal, Burgos, abandonados por las autoridades públicas (que, según la narrativa democrática existente hoy en España, los representan), decidieron rebelarse y responder con contundencia y persistencia, a través de actos de resistencia y oposición (que incluían también actos de desobediencia civil), a políticas que se estaban imponiendo a la población, y que carecían de mandato popular para aplicarlas. Dichas manifestaciones alarmaron a los establishments políticos y mediáticos del país por su posible contagio a otras partes del paisaje urbano español. Lo que ha pasado en Gamonal ha sido una réplica a nivel local de lo que ocurre hoy a nivel del Estado. Unos políticos conservadores (ultraconservadores en el panorama político europeo) que, según la narrativa oficial de la limitadísima democracia española, son “representantes del pueblo”, con claras conexiones con intereses económicos y financieros, estaban imponiendo una serie de políticas públicas que no habían sido anunciadas en su campaña electoral, con el objetivo de optimizar sus intereses y beneficios, a costa de la población que en teoría representan. Y ayudándolos en el desarrollo de estas políticas estaban los medios de información y persuasión, controlados por ese complejo político-económico-financiero. Esto es lo que ocurre en España y esto es lo que ocurre en el barrio de Gamonal.

De ahí el gran temor que aquel complejo tenía de que las protestas populares se extendieran rápidamente a otros lugares de España. El grado de deslegitimación de las llamadas “autoridades representativas” (la gran mayoría de españoles está de acuerdo con el eslogan del movimiento 15-M de que “no nos representan”), así como el nivel de enfado y hartazgo de la población, y muy en especial de las clases populares, hacia la limitadísima democracia existente, es tal que hay un temor de explosión social entre esas autoridades, que inmediatamente se movilizaron para evitar que aquella experiencia se exportara a otras partes del territorio español. En realidad, es interesante notar que inmediatamente después de las cargas policiales en Burgos hubo movilizaciones en muchos barrios populares de otros centros urbanos, en solidaridad con los ciudadanos del bario de Gamonal. Aquí en Barcelona, vecinos de uno de los barrios más populares de la ciudad, el Raval, se manifestaron en la calle en apoyo de los ciudadanos del barrio de Gamonal de Burgos. Catalanes salieron a la calle en apoyo de castellanos, en un acto de solidaridad y hermandad que no debería pasar desapercibido en un periodo en el que las estructuras de poder, agitando banderas, quieren dividir a las clases populares.

Una respuesta predecible del establishment político del Partido Popular y de su gobierno –el más ultraconservador que haya existido en España durante el periodo democrático- fue el de acusar a los vecinos del barrio de violentos e irrespetuosos con el proceso democrático, intentando demonizarlos. Las declaraciones de dirigentes del PP y de medios próximos han sido unánimes, definiéndolos como violentos y antidemocráticos, acusaciones profundamente injustas, pues, en realidad, estos vecinos estaban defendiendo la democracia, exigiendo a una estructura política, instrumentalizada por poderes económicos, que sus representantes dejaran de llevar a cabo las políticas urbanísticas para las cuales carecían de mandato, una situación que, a otro nivel, está también haciendo el gobierno Rajoy. Los ciudadanos tenían todo el derecho democrático, incluso el de desobedecer leyes antidemocráticas, a conseguir que se respetara la voluntad popular.

 

El barrio de Gamonal y el aniversario de Martin Luther King

Este pasado miércoles fue precisamente el aniversario del nacimiento de Martin Luther King (que tendría hoy 85 años), el dirigente del movimiento pro derechos civiles y humanos (aniversario que es fiesta nacional en EEUU). Fue Martin Luther King el que indicó que los responsable de la violencia que tuvo lugar en los barrios pobres de las mayores ciudades de EEUU, movilizaciones que se convirtieron en violentas en los barrios excluidos de aquellos centros urbanos en los años sesenta, eran aquellos que sostenían y se beneficiaban de las situaciones de explotación responsables de su pobreza. Una dimensión desconocida de Martin Luther King, entre muchas otras (ver mi artículo “Lo que no se dijo sobre Martin Luther King”. Publico, 03.09.13 y El Plural, 09.09.13), fue su denuncia de esa violencia institucional detrás de la cual había personas y grupos de poder que eran los responsables de tanta violencia. Lo que dijo Martin Luther King en aquella ocasión podría aplicarse palabra por palabra al caso Gamonal de Burgos. Martin Luther King creía que era urgente y necesario terminar con aquella explotación, con la radical transformación del orden económico, que corrompía la democracia, considerando necesaria una revolución pacífica para terminar con dicho orden. Martin Luther King nunca pidió disculpas por las rebeliones que ocurrieron en los veranos de 1966 y 1967 (que se llaman “riots” en EEUU), que alarmaron a la estructura de poder de aquel país. Y denunció como instituciones violentas no solo a aquellas que imponían sus decisiones a la fuerza, violentamente (fueran estas en Misisipi o en Burgos), sino también a las estructuras económicas y sociales que generaban explotación, y que se reproducían a base de fuerza. Y su denuncia no era solo sobre la explotación de raza, sino también de clase social.

Martin Luther King subrayó el deber democrático de desobedecer aquellas estructuras de poder que obstaculizan el pleno desarrollo democrático. Como indicó en muchas ocasiones, democracia quiere decir que cada ciudadano tiene la misma capacidad de decisión en la gobernanza de un país, cosa que raramente ocurre en las democracias occidentales, donde las leyes y los procesos electorales raramente respetan este principio básico. Hoy en España, un gobierno elegido por menos de un tercio del electorado está llevando a cabo reformas (en realidad contrarreformas) como la ley del aborto, o la reforma laboral, o los recortes de gasto público, a las que la gran mayoría de la población se opone, violando con ello el principio fundamental de que el gobierno tiene que hacer lo que el pueblo desea. Como repitió Martin Luther King, la Constitución de EEUU comienza con la espléndida frase “Nosotros, el pueblo, decidimos…” (We, the people, decide…), que es violada constantemente y diariamente por los intereses financieros y económicos que dominan las instituciones políticas. Y lo mismo ocurre en España. De ahí la necesidad de salir a la calle y forzar una revolución democrática en nuestro país.

La reforma de Gallardón evidencia la torpeza de un Gobierno alejado del sentir general

Enredados en el aborto

Por Gabriela Cañas Pita de la Vega, en El País.

Hay aventuras que no merece la pena emprender. La encuesta de Metroscopia para EL PAÍS publicada ayer sobre el rechazo ciudadano a la reforma del aborto demuestra que la sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy está muy alejada del sentir general de los españoles. Es un error que también cometió José María Aznar con la intervención en Irak. En este caso, Rajoy, además de mostrar su talante ultraconservador, pone de relieve, una vez más, la torpeza de su equipo. Ambas cosas le podrían costar la derrota electoral en las próximas legislativas.

 

La torpeza del equipo de Rajoy con errores no forzados ha quedado ampliamente demostrada, pero se ha intensificado en los últimos meses. Gestiona problemas con poca destreza —caso Gürtel, tarifazo, soberanismo catalán— o genera nuevos motivos de discordia —reforma eléctrica, privatizaciones—. Con el aborto, las equivocaciones se han multiplicado. Primero, porque el ahora peor valorado ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha insultado a la inteligencia de la gente presentando su proyecto —que impide el aborto en caso de malformación del feto salvo que esté en riesgo cierto la vida de la madre— como lo más progresista que haya hecho en su vida. Segundo, porque es lamentable que el Gobierno aprobara el 20 de diciembre pasado un anteproyecto de ley que no contaba previamente ni con el consenso en su propio partido. Tercero, porque el presidente sigue considerando que no mentar un problema es lo mismo que disolverlo y cuarto porque, en consecuencia, miembros de su partido y de su gabinete, como la vicepresidenta, tienen dificultades para explicarse como ocurrió con la indemnización diferida de Bárcenas. Aquí va un botón de muestra de este viernes sobre cómo se va a mejorar la reforma del aborto: “Hay una tramitación en fase de informes y de órganos que tienen un componente de especialización jurídica importante que habrá que estudiar”. Y añade Soraya Sáenz de Santamaría: “Se van a analizar las opiniones y diferentes sugerencias que se hagan desde los ámbitos a los que corresponden esos informes”. ¡Clarividente!

 

No sé qué informes le interesan a la vicepresidenta, pero convendría que atendiera algunos datos: el 80% de la gente rechaza su reforma del aborto, el 86% cree que es la mujer la que debe decidir libremente sobre su embarazo y el 71% piensa que este Gobierno improvisa sobre la marcha. Es probable, sin embargo, que solo la amenaza de perder en las urnas mueva a Rajoy y los suyos a reconsiderar sus posiciones. Algo es algo.

 

Pero a estas alturas se adivina como imparable el perjuicio que tanto desatino va a producir a los intereses generales. Porque lo más probable es que se mantenga el anteproyecto y se ponga a trabajar a los “ámbitos de los informes” y a todo un parlamento en una reforma innecesaria, dado que la vigente ley de plazos está amplia y socialmente aceptada y no ha agravado el problema del aborto, sino todo lo contrario. Más valdría que se centraran en esa ruptura de España contra la que tanto protestaban (y en la que abren nuevos frentes, como el vasco) y en la economía, que, a pesar de los esperanzadores datos macroeconómicos, no va tan bien como proclaman.

 

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