OPINION

Que menos que poner los adjetivos y adverbios en su sitio

 

Seres crueles y estúpidos que juegan con nuestra salud

 

Por Angels M. Castells en su blog “Punts de Vista”

 

Venía dando hoy desde primera hora Pepa Bueno en la Cadena Ser las últimas noticias sobre la sanidad que me reafirman en mi convicción ya añeja de que estamos en manos de personas tan crueles como estúpidas, con un poder que sobrepasa en demasía sus cortas luces, y sin ningún pudor moral. Y aunque podríamos aplicar el mismo ejercicio al pío y patoso Férnandez Díaz, al misógino Gallardón o un frívolo profesional como Wert, entre otros, vale la pena centrarnos hoy en el sector de la sanidad, aunque todos estos ministros que forman el gran coro de la mentira politiquera sin referente moral sigan en el Gobierno con Ana Mato sólo para aupar a duras penas la mediocridad de Mariano Rajoy por encima de una media que chapotea, hundida en demasiadas dimensiones….

Pero volvamos al gran tema que ayer que se inició con la bofetada a LASQUETTY y sigue hoy con la colleja a ANA MATO, pasando por la náusea que ha provocado en la buena gente la renovada hipocresía de la Cospedal… Pepa Bueno, ejerciendo de muy buena periodista, dejaba a un lado adjetivos y adverbios (que yo ya me he encargado de no escatimar) y decía:

“Hoy se acumulan las noticias relacionadas con la Sanidad, en realidad con el nuevo modelo de Sanidad que el gobierno y algunas comunidades intentan implantar con el argumento de la crisis y los recortes. La primera:El Consejo de Estado cuestiona que el copago impuesto por el Ministerio de Sanidad para las ambulancias de transporte no urgentes – las que se utilizan por ejemplo para trasladar pacientes a diálisis -. En el dictamen del Consejo, al que ha tenido acceso a la SER, se dice que ese copago no ahorra dinero a las arcas públicas porque lo que se cobra a los enfermos se irá en la propia gestión del cobro. No disminuirá su uso, porque la ambulancia no es un capricho, el que la necesita, la necesita y se seguirán utilizando las mismas. Y por último, reprocha al Ministerio no haberse detenido a estudiar el impacto de la medida sobre los enfermos. En definitva que le dice que reconsidere el asunto. 

Segunda noticia: La secretaria general del Partido Popular no aplicará en la Comunidad de la que es presidenta, en Castilla La Mancha, el copago que ha decidido el gobierno del Partido Popular en los medicamentos que se dispensan solo en Hospitales. Dice Cospedal que cumpirá la ley pero a cargo de su presupuesto autonómico. Desde el ministerio recordaban esta misma semana a las comunidades autónomas que la implantación de este copago es de obligado cumplimiento y que se trata de un procedimiento que debería ponerse en marcha este mes de enero. Pero la número 2 del partido en el gobierno debe entender que este copago no es bueno.

Y por último Madrid. Los tribunales mantienen la suspensión del proyecto de privatizar de golpe la gestión de seis hospitales públicos y el 10% de los centros de salud. La maniobra de reunir todos los recursos judiciales a la privatización en una gran sala, en un único pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le ha salido por la culata al promotor de la idea y ayer esa gran sala decidió remitir cada recurso a su juzgado de origen. Recursos de los partidos de la oposición y de profesionales de la medicina que desconfían del fondo y la forma de las prisas privatizadoras del gobierno regional. Un gobierno noqueado ahora, con un presupuesto para este año que contaba ya con los ingresos de un proyecto sin fecha.”

¿Al servicio de quién está este Estado?...

El contexto político del crecimiento de las desigualdades

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

En Público.es

Por fin parece existir la preocupación de que las crisis financiera y económica actual (la mayor desde la Gran Depresión a principios del siglo XX) está creando unas enormes desigualdades que están poniendo en peligro el orden social y la estabilidad política de los países donde estas desigualdades se están produciendo, que son la gran mayoría de países de la OCDE, el grupo de países de mayor nivel de desarrollo económico del mundo (ver mi artículo “La revolución democrática a nivel mundial”, Público 30.12.13). Es raro que no aparezcan estos días en los mayores medios de información artículos alertando sobre el enorme crecimiento de las desigualdades, firmados por algunos de los economistas considerados como los portavoces de la sabiduría convencional. Incluso el Papa Francisco ha añadido su voz a este coro de voces. Bienvenidas sean estas voces aun cuando es de lamentar que hayan tardado tanto en aparecer. Desde hace ya muchos años, unos pocos (ignorados por los fórums donde dicha sabiduría convencional se reproduce) hemos venido subrayando la importancia de estas desigualdades y el enorme daño que generan en el bienestar de las poblaciones desigualdadas, es decir, afectadas por esas desigualdades. Por fin parece reconocerse que algo va mal en este frente. Lo que antes se desmerecía como un mensaje radical (algunos portavoces del establishment neoliberal utilizaron adjetivos más hostiles que llamarnos radicales), ahora comienza a ser aceptado. Como me decía uno de mis maestros, Gunnar Myrdal, ser radical consiste, en muchas ocasiones, en pensar varios años antes que los demás.

Ahora bien, hay una gran diferencia entre el énfasis en el tema de las desigualdades que aparece ahora, y el que sosteníamos y continuamos sosteniendo los llamados radicales. Mientras que los recién llegados hablan de las consecuencias negativas que estas desigualdades tienen en el bienestar de las poblaciones y también en la eficiencia del sistema económico, los “radicales” no solo denunciamos las consecuencias sino que atribuimos al crecimiento de las desigualdades la crisis financiera y económica que estamos viviendo. Es decir, las desigualdades fueron la causa, además de la consecuencia, de la crisis (ver mi artículo “Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual” en Le Monde Diplomatique, julio de 2013).

Esta diferencia se hace incluso más evidente cuando se intenta explicar este crecimiento de las desigualdades como consecuencia de fenómenos económicos, como la globalización del mundo, la introducción de nuevas tecnologías y otras intervenciones, todos ellos catalogados bajo el título de “mercados”. Se nos dice que los mercados son los que, siguiendo su propia lógica, crean estas desigualdades. De ahí que siempre terminen sus artículos concluyendo que es necesario que los Estados intervengan para invertir este crecimiento de las desigualdades. De esta manera, consideran que las políticas públicas se dividen entre aquellas que quieren priorizar los mercados (que definen como las políticas de derechas) y las que desean que el Estado intervenga para corregir a los mercados (supuestamente las políticas de izquierdas).

 

No son los mercados: son los Estados

Esta dicotomía, sin embargo, es profundamente errónea, pues el Estado siempre ha jugado un papel clave en el crecimiento de estas desigualdades. El tema no es menos o más Estado, sino a favor de quién intervienen los Estados. El crecimiento de las desigualdades es debido a causas políticas, no económicas. Y esto es lo que constantemente se ignora, incluso también ahora cuando se “descubre” que las desigualdades han crecido enormemente. Los datos, ignorados constantemente por esta nueva sabiduría convencional, muestran claramente que la mayor causa del crecimiento de las desigualdades, tanto a principios de la Gran Depresión como ahora a principios de la Gran Recesión, ha sido el enorme poder político y mediático del gran capital (en muchos momentos históricos hegemonizado por el capital financiero), que ha instrumentalizado el Estado para optimizar sus beneficios e intereses a costa del mundo del trabajo. Esta es la raíz del problema, convenientemente olvidada o marginada.

Veamos los datos. La globalización del comercio siempre se presenta como una de las causas más importantes del crecimiento de las desigualdades. El flujo de inversiones a países de mano de obra barata crea desempleo en los países de origen de este capital, al desplazarse puestos de trabajos a aquellos países con menores salarios. Pero este flujo de inversiones es el resultado de decisiones políticas que los Estados toman a favor del mundo empresarial (de las grandes corporaciones), a costa del mundo del trabajo, de los países donde se origina la inversión. Su intento es enfrentar a los trabajadores de países con distintos niveles salariales. No hay nada de “natural” y sus decisiones son políticas. Esta globalización del comercio podría tener lugar de otra manera, protegiendo los intereses de los trabajadores a costa de los beneficios empresariales.

En realidad, la globalización del comercio sistemáticamente beneficia más al mundo empresarial que al mundo del trabajo (tanto del país originario del capital como del recipiente. Si lo dudan, vean las condiciones de trabajo de Apple en China o de los trabajadores textiles en Bangladesh). Si China o Bangladesh tuvieran sistemas políticos donde el mundo del trabajo dominara el Estado, las condiciones de trabajo serían mucho mejores que las existentes hoy en día. Y es el mundo empresarial (tanto de los países “ricos” como de los países “pobres”) el que se beneficia de ese comercio.

En realidad, las soluciones son fáciles de ver. Las políticas públicas de los Estados, tanto del norte como del sur, serían muy diferentes si estuvieran influenciadas por el mundo del trabajo en lugar de por el mundo del capital. Los estados del norte son los mayores compradores de vestidos producidos en condiciones infrahumanas en los países del sur. El gobierno federal de EEUU es el mayor comprador de uniformes del mundo, la gran mayoría producidos en países del sur en condiciones de práctica esclavitud.

Otro ejemplo de la intervención estatal es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en la que se están imponiendo políticas de devaluación doméstica, lo que quiere decir bajada de salarios. No son los mercados, sino los Estados, los que están imponiendo la bajada de salarios, una de las mayores causas del crecimiento de las desigualdades, pues esta reducción de los salarios es causa del aumento de los beneficios empresariales. Un tanto parecido ocurre en la destrucción de puestos de trabajo resultado de las reformas laborales. En realidad, los Estados han jugado un papel clave en la creación de desempleo, con el fin de disciplinar al mundo del trabajo y conseguir menores salarios, con el objetivo, de nuevo, de incrementar los beneficios. No son los mercados, sino los Estados, los que determinan los cambios que erróneamente se atribuyen a los primeros.

Otro ejemplo de las causas políticas del crecimiento de las desigualdades han sido las reformas fiscales que han beneficiado enormemente a las rentas del capital y rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Y no digamos las ayudas de beneficencia a la banca, que han sido una de las mayores causas del crecimiento de las desigualdades, pues han ayudado a los grupos pudientes y a la banca a costa de la mayoría de la ciudadanía, que paga los impuestos de donde se derivan los fondos de ayuda y rescate bancarios.

El Estado ha sido el eje donde se ha cocinado el gran crecimiento de las desigualdades. Y esta es la causa de que el Estado haya perdido legitimidad, pues se le ha visto, con razón, como el instrumento del capital contra la mayoría de la ciudadanía. Las derechas ha sido tan estatalistas como las izquierdas. El hecho no es, pues, Estado o no Estado, sino al servicio de quién está este Estado. Así de claro.

Algunos de los “tercos” datos de este “bienio negro”

Los dos años de Rajoy

Por Juan Torres López, Economista.

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Este fin de semana se cumplen dos años de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Comprendo que cada persona evalúe a su antojo esta etapa, sin más fundamento que sus simpatías políticas o ideológicas. Pero lo cierto es que hay datos reales que permiten enjuiciar con objetividad los efectos que han tenido sus decisiones sobre la economía en general, sobre las empresas y sobre el bienestar de la gente normal y corriente.

 

Permítanme que abuse un poco de los números pero es que, como me decía un viejo amigo, lo que se puede contar, medir o pesar no admite discusión. El PIB de España, es decir, el conjunto de la actividad económica que tiene expresión monetaria, ha disminuido desde que nos gobierna Rajoy. Su valor acumulado en los tres primeros trimestres de 2011 fue de 785.899 millones de euros frente a 767.616 en los de 2013.

 

Es verdad que la caída de los salarios ha mejorado las exportaciones de nuestras empresas (han subido unos 21.000 millones de euros entre esos dos periodos) pero ese incremento ha sido insuficiente para compensar el derrumbe en el consumo de los hogares (unos 155.000 millones de euros menos en los tres primeros trimestres de 2013 que en los de 2011) y en la inversión privada (unos 26.000 millones de euros menos en ese mismo periodo de 2013 que en el de 2011). La pública, por su parte, disminuyó 14.100 millones de euros en 2012 y la prevista por Rajoy para 2013-2014 hará que España tenga el nivel más bajo de la UE-28 en este concepto.

 

La renta nacional disponible, es decir, de la que disponemos los españoles para consumir o ahorrar también ha caído con el Gobierno de Rajoy: en los seis primeros meses de 2013 fue unos 11.000 millones más baja que la acumulada en el primer semestre de 2011. Esa caída en la renta ha perjudicado principalmente a los asalariados. La remuneración que habían acumulado en los nueve primeros meses de 2013 fue 35.000 millones menor que la correspondiente al mismo periodo de 2011, una caída que se debe tanto al menor empleo como a la bajada en el salario.

 

Efectivamente, según la contabilidad nacional, al finalizar septiembre de 2013 en España había 1,3 millones personas empleadas menos y un millón más de paradas que cuando Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno. Y el sueldo medio de los españoles descendió un 2,5% en 2012, su primer año de mandato.

 

A pesar de que han disminuido los gastos sociales, la deuda pública española ha aumentado en unos 217.500 millones de euros desde que nos gobierna Rajoy y la carga de los intereses que pagamos ha aumentado algo más del 15%.

 

En contra de lo que viene diciendo últimamente el presidente, sabemos que este deterioro de la economía y las rentas se ha repartido muy desigualmente, pues lo sufren en mayor medida las personas más desfavorecidas. Solo en un su primer año de gestión la tasa de riesgo de pobreza aumentó del 27,7% al 28,2% de la población total y la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre de los españoles subió de 7,8 veces a 8,1. El porcentaje de quienes no pueden disfrutar ni de una semana de vacaciones aumentó 6 puntos, el de las familias que retrasan pagos 2, el de las que llegan con dificultad o mucha dificultad a fin de mes en casi 5, y lo mismo se podría decir de otros indicadores sociales. Sin embargo, el número de millonarios aumentó un 5,4% en 2012.

 

Rajoy ha subido impuestos más de 30 veces y 6 el recibo de la luz, y la destrucción de empresas bajo su mandato es espectacular: 53.047 menos en 2012, mientras que a mediados de 2013 el número de las que se habían declarado insolventes fue un 27% más elevado que en 2012. El crédito a empresas ha vuelto a caer (9,2% hasta septiembre) así como el destinado a familias (5,5%) y siguen bajando indicadores como los de ventas de grandes empresas o el comercio al por menor.

 

Juzguen ustedes si esto significa, como dicen Rajoy y sus ministros, que han acabado con la recesión y que nos sacan de la crisis.

Buen artículo

La privatización del aborto

Por Enrique Álvarez Conde, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos

Foto.- Gallardón, junto a la vicepresidenta y la ministra de Empleo en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

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El Consejo de Ministros del día 20 de diciembre, como si de una trágica inocentada navideña se tratara, ha aprobado, mediante la modificación de diferentes leyes, una nueva ley del aborto que viene a derogar a la actualmente vigente. Las principales características de la misma son las siguientes:

 

1 ) Se abandona el sistema de plazos de la vigente Ley del 2010, y se sustituye por el de indicaciones, pero de una forma mas restrictiva que en 1985, pues frente a los tres supuestos de esta ley ahora únicamente se permiten dos. Es decir, se aceptan el aborto terapéutico y el ético y se hace desaparecer el aborto eugenésico, con la salvedad de que pudiera estar este último incluido en el primero. Ni siquiera se admiten las llamadas indicaciones socioeconómicas, vigentes en numerosos países europeos. Con ello, nos situamos a la cola de Europa, únicamente superados por Malta e Irlanda.

 

2) Se considera a las mujeres como incapaces, como menores de edad. En efecto, se exige el consentimiento paterno para las menores de 18 años, se amplía el plazo de “recapacitación” a 7 días, para que la mujer embarazada “se lo piense bien”, se ponen más trabas burocráticas (exigencia de dos informes médicos, distintos del que trata a la embarazada). A cambio de ello, y precisamente porque la mujer es una incapaz, una “víctima” se dice, no se le penaliza, sino que la responsabilidad penal (con penas de prisión y de inhabilitación especial) se traslada al médico que practique el aborto ilegal. Y es que no deja de ser una falacia monumental que se diga que “en ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada”, habiéndose olvidado de añadir: pobrecita, ella no tiene la culpa, ha sido engañada, y es inimputable por ser incapaz.

 

3) Se regula, de forma muy extensiva y sin ninguna limitación, la posibilidad de que los médicos (y todo el personal sanitario de un centro, incluidos los bedeles) ejerzan su derecho a la objeción de conciencia, con la pretensión de que exista un número elevado de facultativos que se nieguen a practicar abortos, incluso legales. El caso de las clínicas de Navarra de épocas pasadas surge inevitablemente. La opción por la privatización del aborto es evidente. Las mujeres embarazadas tendrán más fácil acudir a una clínica privada, donde previsiblemente se reducirán las posibilidades de que el médico ejerza su derecho a la objeción de conciencia, donde fácilmente se obtendrán los informes médicos preceptivos y donde, seguramente, se le facilitarán enormemente los requisitos burocráticos exigidos. Ahora, eso sí, pagando –quien pueda hacerlo-.

 

Toda esta regulación se justifica por dos motivos principales. Uno, para cumplir el programa electoral del PP en las elecciones, pareciendo que se da respuesta a uno de los puntos del programa que no debían cumplir, precisamente por la vulnerabilidad en que se coloca a las mujeres, cuyos derechos dejan de ser respetados; y han dejado de cumplir todo aquello que prometieron, a pesar de que es aquí donde precisamente está en juego el Estado Social de Derecho: salir de la crisis; reducir el paro; garantizar la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales; tolerancia cero contra la corrupción y un larguísimo etcétera. Es decir, han violado sistemáticamente el contrato de legislatura que contrayeron con sus votantes y electores. Y dos, en una argumentación de tipo jurídico, se señala que el nuevo proyecto de ley se acomoda a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. Otra falsedad monumental. La doctrina del Tribunal, sintéticamente expuesta, es muy clara: el nasciturus es un bien constitucionalmente digno de protección, pero no es titular de derechos. En cambio la mujer, aunque no se lo crean algunos, es titular de derechos fundamentales. Cuando se produce la colisión entre un bien constitucional digno de protección y un derecho fundamental, en buena lógica jurídica, debe primar este a través de un juicio de ponderación razonable. Por eso se justifica la despenalización parcial del aborto, lo cual no le convierte en absoluto en un derecho a abortar. Es mas, el Tribunal no va a poder pronunciarse sobre la actual ley en vigor recurrida por el PP, sobre el sistema de plazos. Y ello porque cuando entre en vigor el actual proyecto, el Tribunal, también en buena lógica jurídica, dirá que ya no hay objeto sobre el que pronunciarse pues la ley recurrida ya ha sido derogada. Pero los autores de la norma olvidan la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: les recomiendo que se lean la sentencia Tysiac vs. Polonia, de 2012. Quizá así tengamos todavía tiempo para que se cambie de criterio, evitando lo acontecido con la doctrina Parot.

 

La aprobación de este proyecto de ley en la mitad de la Legislatura lo que ha puesto de relieve no es sino la evidente pérdida en materia de derechos, los cuales constituyen un patrimonio universal, incluso por encima de las religiones. ¿Cuándo un partido conservador en España evitara que la izquierda se atribuya en exclusiva su condición de garante de los derechos y libertades? ¿Cuándo un partido conservador respetará las conquistas sociales producidas? ¿Cuándo, en fin, todos los partidos políticos entenderán que la libertad, la igualdad y la solidaridad son conquistas ya consolidadas hace más de doscientos años, y que constituyen la esencia constitucional de nuestro Estado, por encima de las ideologías de aquellos? Creo que nunca. Por eso los partidos políticos solo triunfan en unas elecciones cuando los otros partidos lo hacen muy mal, cuando no hay otra alternativa. Pero no deben olvidar que las alternativas igual que se destruyen se crean, renacen, aunque sea con distintos protagonistas. Y en este caso concreto tienen un nuevo protagonista: todas las mujeres, pues esta es una ley contra las mujeres. Pero también todos los hombres, pues ¿se aprobarían las mismas leyes si fuésemos los hombres los que diésemos a luz? Mientras tanto, muchas mujeres volverán a ir al extranjero a abortar (el ir a Londres de la transición), produciéndose, como ha dicho un colega, un nuevo caso de movilidad exterior. Las/los españoles ya solo podemos viajar al exterior para abortar o para trabajar. El ir de turista es un imposible y el ir de estudiante becario también.

Los antisistema siempre fueron ellos

¡Basta ya!

Por Carlos Barra Galán, Médico Especialista del Sistema Nacional de Salud

 

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Es evidente que los españoles tenemos enorme capacidad de aguante y resignación ante las reiteradas agresiones que sufrimos desde los poderes públicos.

 

Se está desmontando nuestro Estado de Bienestar: nuestra Sanidad Pública ha dejado de tener cobertura universal y está privatizada en un importante porcentaje, el derecho a la educación está en entredicho y la formación universitaria vuelve a ser, como en el franquismo, de muy difícil acceso a la clase trabajadora, nuestros servicios sociales y la incipiente ley de dependencia están siendo fumigados.

 

La reforma laboral, que sólo el Gobierno y sus afines defienden sirva para crear empleo, está siendo una máquina de destrucción de puestos de trabajo y de precarización en los pocos que se crean, así como instrumento para poder efectuar despidos fáciles y baratos; todo ello parece aún insuficiente para quienes en realidad dirigen nuestra política económica que nos dicen  tenemos que endurecer aún más la reforma laboral vigente.

 

Los derechos de reunión y manifestación son cada día más difíciles de ejercitar, el derecho de huelga está en el punto de mira del Gobierno que trata de reducirlo a algo testimonial y carente de contenido-

 

El Ministro de Justicia nos anuncia la derogación de la vigente ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo y su sustitución por otra que retrotraerá el derecho al aborto a  épocas anteriores y que sólo servirá para el beneplácito de los sectores sociales más reaccionarios y la jerarquía de la Iglesia. Como colofón, se anuncia una Ley de Seguridad que nos convertirá en una democracia vigilada, donde las protestas ante las agresiones de los poderes públicos serán de difícil y peligroso ejercicio, recordando así situaciones predemocráticas. Este proyecto de ley ni se justifica por un incremento de criminalidad que en realidad ha disminuido, ni tampoco porque obedezca a una demanda social tal como parece haber dicho el propio Director de la Policía. Lo cierto es  que en nuestras calles hay cada vez más ciudadanos que mendigan  y son más, los que sin techo para dormir, lo hacen a la intemperie.

 

Las desigualdades sociales aumentan de manera brutal y hoy son ya muchos los ciudadanos para los que calentar sus casas en estos días preinvernales es un lujo inalcanzable que lo será más aún con la próxima subida del recibo de la luz y la negativa del PP a aprobar una norma que impidiera se le cortase el suministro en los meses de invierno a quienes no pudieran hacer frente al pago de los recibos.  Nuestros niños, garantía de nuestro futuro, sufren también las consecuencias de estas políticas depredadoras y los casos de desnutrición infantil ya no son una simple anécdota sino una cruda realidad en nuestro país.

 

Ciertamente es una fea imagen la de nuestra  realidad social, más aún si al unísono los ciudadanos contemplamos con indignación como:

 

La corrupción política, financiera y empresarial alcanza niveles insoportables; la gran patronal, que ha apoyado e incluso de alguna manera orientado la reforma laboral que lleva a los trabajadores a salarios de miseria, tiene a su anterior Presidente encarcelado acusado de delitos muy graves y a un Vicepresidente inmerso en asuntos poco edificantes.

 

El Partido que sustenta al Gobierno, está acosado por numerosos casos de corrupción de extrema gravedad, tiene imputados a numerosos cargos públicos y condenados a varios de ellos. Asimismo aparecen serios indicios de contabilidad B en las cuentas del Partido y sobresueldos no conocidos por la ciudadanía a altos dirigentes del mismo; la estrecha relación de la trama mafiosa Gürtel con el Partido Popular y Administraciones Públicas gobernadas por él es un hecho cierto que hoy es muy difícil negar. La gran cantidad de adjudicaciones irregulares e incluso ilegales que en la Comunidad de Madrid tuvieron como adjudicatarias a empresas de la Gürtel, los cientos de actos institucionales que las empresas de la trama cubrieron y los actos electores del PP que también realizaron, suponen unos niveles de suciedad inaceptables  que exige que la Justicia llegue hasta el final caiga quien caiga. Los papeles de Bárcenas, negada su autenticidad en principio y comprobada después, suponen un hecho de tal magnitud que no se entiende no haya producido aún la asunción de ninguna responsabilidad política por parte de la cúpula del Partido Popular,  gobernantes a imitar (según  Rajoy) como el Sr. Matas,  y el Sr. Fabra son condenados a pena de prisión. En fin todo un ejemplo de ética, honradez y  transparencia.

 

Los responsables de las entidades financieras que generaron el gran agujero que nos llevó a esta profunda crisis, no han sido juzgados y condenados ( si sus prácticas hubiesen comportado acciones delictivas).

 

Los ciudadanos nos preguntamos como el enorme agujero de Bankia (23.000 millones de euros) que hemos pagado nosotros, no ha concluido ya con la apertura de juicio oral  a sus máximos responsables en estos años; los correos del Sr. Blesa conocidos estos días, exigen en mi opinión que se evite su destrucción, se analicen en sede judicial y de ser ciertos se actúe con contundencia; sólo así se volverá a generar en la ciudadanía confianza en una justicia igual para todos. Resulta incomprensible que  sea el juez que investiga quién esté en dificultades, haya sido separado de sus funciones y corra el riesgo de ser expulsado de la carrera judicial mientras que quienes generaron el mayor agujero bancario de nuestro país se sienten perseguidos y ofendidos. Sin duda estamos ante el mundo al revés.

 

La amnistía fiscal promulgada por el Gobierno exoneraba a los grandes defraudadores, auténticos gánsteres de guante blanco, en un país como el nuestro, donde una inmensa mayoría de ciudadanos no vivieron nunca por encima de sus posibilidades (basta ver los salarios medios para ver lo demagógico de esa afirmación) y cumplieron sus obligaciones tributarias.

 

La oposición política aparece ante la ciudadanía como impotente para evitar este auténtico desastre social, perdida en un juego parlamentario que sinceramente no parece servir para la necesaria regeneración política y social que nuestro país necesita, sin propuestas claras y concretas que puedan generar confianza y por tanto sin conseguir recuperar credibilidad.

 

Lo expuesto refleja en alguna medida nuestra realidad social, una realidad que se hace insufrible; en mi opinión si no se abordan de inmediato medidas que modifiquen sustancialmente la situación y se sigue agrediendo las condiciones de vida de muchos ciudadanos, éstos no aguantarán más y los ejecutores de políticas tan depredadores se estarán convirtiendo en auténticos enemigos del Sistema. ¡BASTA YA!

Hacía tiempo que no escribía desde mi ventana pero no se me olvidó.

Peonadas si, peonadas no… nunca dejó de ser un debate de fondo porque, entre otras cosas, para el que las cobra no hay crisis o es mucho más llevadera

Las famosas “peonadas”, sobre lo que ya he escrito en varias ocasiones, fueron planteadas en su día – en Asturias creo recordar que en 2007 - como la respuesta adecuada del sistema al imparable crecimiento de las Listas de Espera. Su razón de ser se basaba en la necesidad inmediata de incrementar el volumen de la  oferta y la capacidad de resolución de los dispositivos asistenciales cuando, en sus condiciones habituales de trabajo, estos no eran capaces de absorber toda la demanda. Nadie, entonces, se planteaba ir más allá intentando, por ejemplo, profundizar en el análisis de si dicha imposibilidad de asumir toda la demanda era una cuestión estructural o coyuntural y, en consecuencia, buscar soluciones alternativas de más calado.

Estábamos, entre otras cosas, en época “de vacas gordas” a nivel económico y su “coste” no importaba mucho…

Pero desde entonces las cosas han cambiado, y muy mucho, tanto en el terreno económico en general como, lo que a mi me pareció siempre más peligroso y peor, por el hecho de que hubiera trabajadores que ya consideraban las peonadas como ingresos económicos habituales, normalizados, casi como un derecho…

Cuando este fenómeno se empezó a visualizar, en paralelo con el advenimiento de la crisis, empezaron a detectarse claramente, aunque eran una constante desde su origen, los mil y un efectos perniciosos del instrumento “peonada” o programas especiales o de demora, denominaciones que sonaban menos mercantiles y que se adoptaron posteriormente: disminución del volumen de actividad en el horario normalizado, bolsas de demanda inducida y/o innecesaria, solapamientos de actividad propia de peonada en horario ordinario…etc, a las que se intentó, tímidamente, dar respuesta puntual desde el ámbito gerencial y/o político con exigencias de porcentajes de actividad mínima en horario ordinario, revisiones del tipo de demanda, pseudo vigilancias de cumplimiento horario…etc, todo inútil, entre otras cuestiones porque en nuestro ámbito, dónde la autonomía e independencia profesional tiende a infinito, esas medidas eran fácilmente esquivables.

Era imprescindible, pues, volver al planteamiento de inicio y hacer lo que entonces no se había hecho: determinar los elementos estructurales que inciden en el problema y proceder a las reformas de fondo apropiadas. Y la oportunidad surgió, cosas paradójicas de la vida – he de decir -, cuando el gobierno de la nación nos incrementó la jornada el pasado año y al Sr. Consejero se le ocurrió que a ese incremento había que darle contenido y, en este caso, nada mejor que hacer las “peonadas” con cargo al mismo… “No es `erradicar´ las peonadas sino que se hagan con el incremento de jornada”, se dijo.      

Sin embargo, una simple operación matemática al estilo de “la vieja” nos llevaría a la rápida conclusión de que no todo lo que se hacía, y cómo se hacía, podía cubrirse con el incremento de jornada… Luego vuelta, una vez más, al problema de fondo: lo estructural.

Lo sostuve en su día y lo mantengo ahora. Para determinar la deficiencia de la oferta con relación a la demanda, hay que, en primer lugar, comprobar fehacientemente que los recursos habituales no están infrautilizados y que la demanda no se ha sobredimensionado... Hay que estimular nuevas maneras de trabajar, bien vale como una de ellas la profundización en el trabajo colaborativo y en red de los hospitales y de estos con la Atención Primaria, hay que aprovechar mejor el instrumento que supone la innovación tecnológica… pero también hay que aplicar pedagogía y cambiar hábitos poblacionales, especialmente si nos referimos al rechazo de una parte importante de la población a operarse en un hospital que, aunque público, no sea el suyo…

Todo ello debería estar claro, y cuanto antes, en un programa amparado por un adecuado marco normativo de gestión de las listas de espera que contenga las garantías para los ciudadanos por patologías, tipos de procesos, máximo aprovechamiento de la red asistencial pública, incremento de los recursos propios – si fuera preciso-, de la utilización de la complementariedad de la privada si fuera necesaria y, también, por qué no, de las “peonadas” si éstas, en último extremo, fueran el instrumento al que hay que apelar. Todo eso, yá, y por ese orden… y todo eso yá y al margen, o en paralelo, con lo que pueda hacer al respecto un Ministerio, el de Sanidad, nada fiable, dada su orientación ideológica hacia las privatizaciones previo deterioro de lo propio…

Tengo media idea, porque algún borrador he visto de pasada al respecto, de que desde la Consejería se está trabajando en algo parecido, probablemente bastante más complejo y completo… Sólo espero y deseo que vea pronto la luz.

Entre tanto, comprensible pero para nada compartido, estaremos en el juego del interés/necesidad que bastantes profesionales alimentarán en pro de la recuperación de las peonadas y de los que, como no, se harán bandera (instrumentalizarán, más bien, y para otro tipo de intereses) los populismos de los partidos de la derecha en Asturias y algunos sindicatos… porque, como digo en el título de este artículo: para el que cobra peonadas no hay crisis o es mucho más llevadera.

Muy didáctico

Un diagrama para que no te engañen con las cifras del paro

Por Eduardo Garzón Espinoza, Consejo Científico de ATTAC España.

Artículo publicado en La Marea y en la WEB de ATTAC.

Los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa revelan que el paro ha disminuido el tercer trimestre de 2013 (julio, agosto y septiembre). Cuando leemos o escuchamos una comunicación así, instantáneamente pensamos que es una buena noticia. Pero lo cierto es que el paro puede descender por muchos motivos, y ello no siempre responde a causas de las que podamos alegrarnos. Para comprender fácilmente las formas por las que el paro puede descender (o aumentar) y así poder saber si hay motivos de alegría o no, presentamos un diagrama sencillo que nos permite abordar la problemática de una forma rápida y sencilla. LEER MAS…

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Interesantísimo artículo de Lorenzo Fernández Fau, Ex Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Princesa y Ex Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

Lo primero no hacer daño (primun non nocere)

 

El título hace referencia a un principio de la bioética que obliga a los médicos, ante todo, a no hacer daño a los pacientes con las decisiones terapéuticas que aconsejan y llevan a la práctica. Es un principio que está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento para los médicos que establece la moderna bioética es, éste, el único del que se pueden derivar responsabilidades judiciales.

 

Ilustración.- Imagen de la campaña de Médicos del Mundo.

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En publicaciones previas en este diario nos hemos manifestado acerca de los problemas y riesgos, que acechan a la sanidad española -con mayor tesón a la madrileña- así como a la nociva repercusión que esa tendencia puede ocasionar en los usuarios. En el último de ellos, hacíamos referencia a la responsabilidad jurídica en la que podrían incurrir los dirigentes políticos en el caso de que sus decisiones se muestren perjudiciales para la salud de los ciudadanos, entre otras cosas no menos importantes (ENLACE CON DICHO ARTICULO).

Pues bien, existe en el momento presente abundante información que viene a confirmar, de manera categórica, los efectos devastadores que para la salud tienen los ajustes presupuestarios y más aún, cuando se asocian a la privatización de las instituciones públicas sanitarias.

Trabajos, perfectamente documentados, en los que se pone en evidencia que las crisis económicas que se han venido sucediendo a lo largo de la última centuria se comportan de una forma semejante en relación con las estrategias políticoeconómicas empleadas. Aunque las circunstancias sean diferentes, tanto en el tiempo como en el espacio, las consecuencias de las políticas de recorte y austeridad son similares: recesión prolongada, aumento significativo de la mortalidad y elevados beneficios económicos para los poderes económicos. Sin embargo, los Estados que, dentro del mismo escenario de crisis, aplican medidas de activación económica y protección social mantienen, incluso pueden mejorar, las tasas de mortalidad y tienen una recuperación económica más rápida.

Son situaciones que se han reproducido con exactitud desde la Gran Depresión de 1929; tanto en la crisis económica postsoviética de 1989 como en la que aconteció en el Asia oriental en 1997.

Por cierto, en la Rusia postcomunista la crisis económica y las terapias de choque del libre mercado junto a la privatización de empresas estatales, apadrinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, ocasionaron una tragedia de dimensiones colosales: la muerte de 10 millones de rusos jóvenes (entre 25 y 39 años) en un período de 10 años. Una crisis demográfica que hoy causa dolor en la población y estupor en los organismos internacionales, tales como la ONU, que en 1992 comenzaron a advertirlo (Stuckler D, Basu S. Por qué la austeridad mata. Taurus. 2013). Es increíble observar que estas abrumadoras tasas de mortalidad se puedan considerar como inevitables por lo que algunos consideran necesaria transición de modelo económico.

En buena medida, las causas de tal despropósito son consecuencia del requerimiento de las instituciones anteriormente citadas que surgieron después de la II Guerra Mundial, al amparo de la ONU, para mejorar el nivel de vida de los países miembros mediante la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos, la expansión sostenida de los recursos mundiales, el crecimiento equilibrado del comercio y la ayuda a los países subdesarrollados. Ahora bien, para que el FMI conceda créditos, rescate, a los países en dificultades exige a cambio, entre otras cosas, la privatización de empresas de propiedad estatal, la liberación de los mercados y recortes presupuestarios intensos, con especial relevancia en educación y sanidad. Según los estrategas del Fondo, estas terapias de choque pretenden canjear dolor a corto plazo, lo que también denominan daños colaterales, por beneficios a largo plazo. El problema es que los daños colaterales se miden en pobreza y mortalidad acentuada y los beneficios son para los que pueden invertir.

Y qué está ocurriendo en España y en el resto de países en los que desde hace un lustro la crisis económica y la recesión en la zona euro ha dado lugar a políticas de ajuste inducidas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI: la llamada troika financiera. Pues algo similar a lo acontecido en las crisis señalas previamente.

En los últimos tres años el presupuesto de Sanidad en España ha descendido un 10.6%. Y eso supone un recorte de 6.700  millones de euros, es decir 150 € menos por habitante. El gasto por habitante al año era de 2.200 €. Una cifra considerablemente menor que la que destinan otros socios comunitarios como Alemania, Bélgica y Holanda, que emplean 1.000 € más por habitante y año que en España: por lo tanto, un 45.4% más.

En el año 2012, la Oficina Europea de Estadística (EuroStat), dependiente de la Comisión Europea, informaba que el gasto español en la sanidad pública supone el 7% del PIB. Si se exceptúa a Grecia, Portugal y Finlandia, todos los países de la Europa de los 15 junto a EE UU, Canadá, Nueva Zelanda, Islandia y Noruega gastan en sanidad pública más que España (desde el 9.5 % del PIB de Holanda al 7.2% de Irlanda).

Sin embargo, el gasto sanitario privado en España es de los más altos de Europa. Según el Informe 2013 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) el gasto sanitario privado y el gasto sanitario público y provisión privada, representaron el 3.14% del PIB en 2010. Esto supone el 26.2% del gasto sanitario total. En consecuencia, España es el segundo país europeo, por detrás de Suiza, que más gasta en sanidad privada. Ahora bien, en el caso de que se lleven a cabo las privatizaciones aprobadas por la Comunidad de Madrid el gasto sanitario privado aumentará considerablemente. Habrá que ver ahora el coste añadido ocasionado por las privatizaciones, el beneficio de las empresas adjudicatarias y hasta cuanto se deteriora la salud de la población.

Aunque alguno de los datos disponibles no tienen todavía suficiente peso para sacar conclusiones definitivas, es preciso tener en cuenta la experiencia negativa que han vivido, y sufren en el presente, otros países golpeados por la austeridad. No obstante, algunos indicadores hacen presagiar un deterioro de la calidad de vida y de la asistencia sanitaria en España que pueden desembocar en un grave desenlace para el conjunto de la población.

Por ejemplo, según EuroStat, el 80% de la población que no tiene grandes ingresos padece algún tipo de desatención en la asistencia sanitaria. Las listas de espera quirúrgicas han aumentado un 40% y la mortalidad materna -fallecimiento de madres en los días próximos al parto- que en 2007 era de 2.6 por 100.000 nacimientos ha pasado a ser de 4.1 tres años más tarde. Por otro lado, el conjunto de las medidas de restricciones, copagos y eliminación de subsidios hace que los asalariados españoles deban pagar hoy un 60% más que antes por los medicamentos. Además, se han eliminado medicamentos que estaban incluidos en el sistema público.

Uno de los parámetros analizados y que repercute peyorativamente en la salud, es la pérdida de hogar que inducen los desahucios. En las personas sin hogar existe un incremento acentuado de la mortalidad y de sufrimientos evitables. En efecto, los sin techo tienen una expectativa de vida de 45 años. Por lo tanto, abrumadoramente reducida: alrededor de cuarenta años menos que los que tienen vivienda. Se estima que a los 5 años de quedarse sin hogar una persona tiene 4.4 veces más probabilidades de morir prematuramente que otra  de la misma edad y sexo que ha conservado su vivienda. En EE UU, las personas sin hogar como consecuencia de la recesión reciente tienen una expectativa de vida media comparable a Sierra Leona y el Congo: países aniquilados por las guerras.

En Grecia, Irlanda, España, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido el número de personas sin hogar aumentó entre un 25% a 68%. En Barcelona, por ejemplo, aumentó 31% entre 2008 y 2011. Las consecuencias no se han hecho esperar con incrementos de malnutrición, mortalidad maternoinfantil, sida, tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas; incluso epidemias exóticas como las ocasionadas por el virus del Nilo o la malaria.

Por el contrario, países como Finlandia, Suecia o Islandia, que han llevado a cabo programas para proporcionar viviendas y asistencia social a las personas sin hogar, no han padecido las funestas consecuencias descritas en las regiones donde la austeridad ha sido protagonista.

El estrés generado por la dificultad para pagar la deuda aumenta el riesgo de suicidios y depresión. Varios estudios han puesto de manifiesto las repercusiones que en la salud provoca la posibilidad de un desahucio. Las personas que se quedad atrasadas en sus pagos hipotecarios tienen 9 veces más probabilidades de desarrollar síntomas de depresión, 7.5 más de sufrir malnutrición y 9 veces más de saltarse la toma de medicamentos.

Se ha comprobado que un aumento de 100 desahucios se corresponde con un aumento medio de 7.2% de visitas a urgencias y hospitalización por hipertensión arterial así como por un incremento de 8.1% de complicaciones de la diabetes en personas menores de 50 años. Aún más, las personas sin hogar tienen 35 veces más probabilidades de suicidarse. Ahora bien, el suicidio sólo es la parte más visible y dolorosa de una situación más generalizada y, al mismo tiempo, soterrada. Se calcula que por cada suicidio constatado hay diez intentos frustrados y entre 100 y 1.000 nuevos casos de depresión. En España, entre 2007 y 2010 se suicidaron unos 400 varones más de lo previsto antes de los recortes, despidos y desahucios. Estudios realizados sobre 7.940 pacientes han revelado que el número de personas con depresión grave aguda aumentó en España un 20%.

Otra circunstancia que tiene repercusión sobre la salud está en relación con el desempleo. Según un reciente informe de la OMS, la mortalidad entre los parados es 20% más alta que entre las personas que mantienen su empleo.  La OMS advierte que con un 52 % de desempleo juvenil, el más alto de Europa, España se enfrenta a una emergencia sanitaria.

Cada vez es más patente percibir por parte de la ciudadanía las funestas consecuencias que los recortes ocasionan, por lo que resulta curioso comprobar cómo los responsables políticos tratan de ocultar, tergiversar, manipular o incluso mentir, ante esas evidencias. En este sentido, existen numerosos ejemplos que testifican ese proceder en todos los países golpeados por la crisis.

Otra falacia esgrimida de forma reiterada es la de atribuir a la sanidad privada mejores resultados y ser más eficiente que la pública. Sin embargo, se ha reconocido en Estados Unidos que traspasar la salud al sector privado es una medida perjudicial desde el punto de vista sanitario; algo semejante a lo que está ocurriendo en el Reino Unido con las privatizaciones y recortes en el Servicio Nacional de Salud. De igual modo, y en contra de lo que de forma taimada proclaman los que tienen, o defienden, los intereses privados, se ha demostrado que el sistema de mercado sanitario no es más eficiente que el público. Y por qué. Hay numerosas razones que lo atestiguan pero de una forma deliberadamente sucinta, por la limitación de espacio que un artículo de esta naturaleza implica, es posible apelar a algunas cuestiones verificables.

La eficiencia productiva de un sistema es aquella en la que se obtiene el máximo producto utilizando los mínimos recursos posibles. Pues bien, EE UU es el país del mundo que dedica el mayor porcentaje de su PIB a la sanidad, 17.4% -la mayor parte del gasto, el 9.1%, es para la privada- (Eurostat 2012). Sin embargo, la OMS califica al sistema de atención sanitaria estadounidense como uno de los peores comparándolo con la mortalidad internacional (US Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health. 2013). Los índices de mortalidad evitable estadounidenses superan en un 40% la media europea y tienen mayores índices de infecciones hospitalarias, de muertes por errores médicos y de visitas hospitalarias evitables.

Teniendo en cuenta que la sanidad pública en España está considerada como una de las mejores del mundo -para unos evaluadores externos ocupa la tercera posición y para otros la séptima- y que el PIB dedicado a sanidad es, tal como se ha mencionado antes, uno de los más bajos de la Eurozona, sólo del 7%, caben pocas dudas de que la sanidad pública española es de las más eficientes del planeta. Si existen evidencias en este sentido por qué ese empeño en privatizar la sanidad española, y más concretamente la madrileña. Qué intereses, que no sean espurios, pueden motivar el desguace de la sanidad pública española cuando ha demostrado su calidad. Con qué argumentos, que no sean engañosos, se pretende privatizar el sector sanitario público cuando ha demostrado tal eficiencia. Otra cosa es intentar que todavía lo sea más: y por ahí deberían tomarse las medidas oportunas para lograrlo.

Resulta sorprendente y al mismo tiempo cruel que, sin embargo, estas actuaciones de recortes y privatizaciones se tomen conociendo el coste humano que pueden causar; incluso habiendo sido constatado el efecto negativo que acarrean en la recuperación económica. En ese sentido, sería oportuno tomar medidas para restituir las prestaciones sociales y sanitarias erosionadas por las políticas de ajuste y, al mismo tiempo, requerir responsabilidades judiciales a los que aconsejaron su práctica y a los que la implementaron. 

El título de este artículo hace referencia a un principio de la bioética que obliga a los médicos, ante todo, a no hacer daño a los pacientes con las decisiones terapéuticas que aconsejan y llevan a la práctica. Es un principio que, tal como hemos expresado en publicaciones previas, está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento para los médicos que establece la moderna bioética es, éste, el único del que se pueden derivar responsabilidades judiciales.

Recientemente, en la literatura médica se ha asociado este principio al de “accountability” que viene a expresar, entre otras interpretaciones, la responsabilidad en la que incurren aquellos que tienen poder sobre las vidas de las personas. Se trata de un fundamento por el que, de igual modo, es preciso rendir cuentas a causa de las decisiones y acciones de la gestión pública.

Y en ese aciago trasiego que causa dolor en buena parte de la colectividad y que, no obstante, da ocasión para que una minoría con intereses creados se lucre con la privatización de los recursos públicos y la reducción del papel del Estado, qué se hace para resarcir a los que han sufrido las consecuencias de una política de la que no son culpables. Y aún más, qué se hace con los que de forma consciente causan tal descalabro social, tanto en sufrimientos como en pérdida de vidas evitables. Tengo la creencia de que no basta con el desprestigio político y verse privado del poder gubernamental transitorio que puedan sufrir. Es preciso exigir responsabilidades judiciales para los autores de implantar una estrategia que engendra tal catástrofe y mortandad premeditada en la sociedad. Porque, teniendo en cuenta la multitud de datos disponibles sobre las deletéreas consecuencias que la austeridad presupuestaria genera, premeditado es tomar decisiones que conduzcan a un infortunio de esa naturaleza.

La toma de decisiones políticas en la gestión pública exige que estas sean aplicadas una vez que hayan sido rigurosamente evaluados los riesgos y beneficios que su implementación puede entrañar; sobre todo, cuando afectan a la ciudadanía en su conjunto y a cuestiones tan relevantes como la salud de la población.

Ante una postura tan destructiva, que podría ser conceptuada como de traición de los gobernantes a la ciudadanía, ésta no puede permanecer impasible y debería rebelarse ante tamaña iniquidad. En todo caso, ¿no sería preciso que el cuerpo social exija al Ministerio Fiscal que cumpla las funciones que les son propias en defensa del interés público: y que están reflejadas en el artículo 3 de su Estatuto?

El pueblo islandés se rebeló contra los responsables de la mayor crisis económica de su historia y dijo no a las políticas de austeridad que pretendían imponerle. Hoy en día, la economía islandesa no sólo se muestra con mayor fortaleza que antes sino que, además, la salud pública está en mejor posición que en el período previo a comenzar la crisis. Una actitud y situación, que tiene similitudes con las que sufrió Malasia en la crisis económica que afectó a la región asiática oriental en 1997. En plena recesión, la protesta social que se desencadenó obligó al primer ministro a rechazar el rescate del FMI porque las condiciones impuestas por el Fondo podían ser perjudiciales para el pueblo y siguió, por el contrario, una política de estímulo fiscal y económico que dio lugar a un reforzamiento de los programas de protección social. En consecuencia, fue el primer país de la zona en experimentar una recuperación económica y en tener superávit presupuestario: justo lo que el Fondo imponía a los países que rescataba sin conseguirlo.

Unos resultados que vienen a confirmar que en los momentos en los que el sufrimiento aprieta los programas de apoyo a la salud son más rentables que los de austeridad.

Por otro lado, se ha sugerido que, para evitar situaciones como las que se están padeciendo, se establezcan Oficinas Gubernamentales de Responsabilidad de la Salud, organismos te tendrían la misión de analizar la repercusión de las estrategias políticas en la salud pública. Deberíamos tomarlo en cuenta.