OPINION

Un tema que está pasando, a mi juicio, con escasa repercusión entre otras cosas porque a algunos sindicatos les interesa que sea así – por alianzas públicas notorias – y “otros” están en franca retirada o rendición entre los profesionales afectados

Ante el anteproyecto de ley de colegios profesionales

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Foto.- Mariano Rajoy con los presidentes de los colegios de enfermería y médico, Máximo González Jurado y Juan José Rodríguez Sendín, respectivamente.

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El Gobierno ha elaborado un “Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales” que se supone tiene como objetivo el adecuar la regulación de las actividades profesionales al marco de la UE, pero que en realidad, en el caso de los sanitarios no hace sino reforzar la absurda situación actual.

 

Cuando hablamos de los colegios hay que ser conscientes de algunos hechos sumamente contradictorios, el primero de los cuales es la colegiación obligatoria.

 

El concepto de democracia choca frontalmente con la obligatoriedad de adscripción a una organización concreta. En un sistema democrático las personas de acuerdo con sus convicciones, intereses o afinidades se adscriben a las organizaciones y entidades que estiman oportuno. Las afiliaciones obligatorias son propias de regimenes totalitarios.

 

Por otro lado la obligatoriedad, y la supuesta “representatividad” de todo el colectivo profesional se contrapone con la pluralidad de intereses y posiciones ideológicas, laborales y sanitarias que existen en el colectivo. Los profesionales están fragmentados  según su situación en el mercado de trabajo (empleados con un único trabajo en el sector público, a su vez con plaza fija o contratos de diverso tipo, quienes trabajan en el sector privado, como autónomos o contratados por empresas, pluriempleados y desempleados), su titulación (diversas especialidades, algunas de ellas fragmentadas en grupos mas o menos enfrentados), su situación formativa, sus posiciones sobre la Sanidad y su ideología, por señalar solo lo mas evidente. Al final el titulo es lo único en común, pero sus posiciones, intereses y posiciones ideológicas pueden variar casi hasta el infinito. Por eso pretender representar a todos los profesionales con una única voz resulta una tarea imposible y un ejercicio de reduccionismo intelectual, quizás tuvieron un papel en el siglo XIX, pero en el XXI están obsoletos.

 

Existe otro modelo de colegios en Europa, en los países anglosajones y nórdicos, en el que la colegiación es independiente del registro, y esta colegiación supone un grado de reconocimiento por parte de estas entidades. Por otro lado, en el caso del Reino Unido los colegios no agrupan al conjunto de la profesión, sino que se articulan por especialidades, así existe un colegio de general practitioners (médicos generales), etc, y son el conjunto de los colegios los que se agrupan en este caso en la asociación médica británica (BMA). Conviene recordar que en España durante los primeros años del siglo XX la colegiación era voluntaria y que fue la Dictadura de Primo de Rivera la que estableció la obligatoriedad.

 

Finalmente hay que tener en cuenta que la libertad de colegiación podría favorecer a los propios colegios por dos mecanismos, el primero es que les obliga a estar atentos a las demandas de los profesionales y no pueden, salvo que quieran quedarse solos, el ignorar los problemas reales, las inquietudes y las necesidades de los mismos, y el segundo es que les permite constituirse en una referencia de la cualificación y la calidad profesional, colegiando solo a aquellos  que acrediten una buena practica y un nivel adecuado de conocimientos, lo que ahora, al ser obligatoria la colegiación, es evidentemente imposible, de esa manera el hecho de estar colegiado podría suponer un merito y un motivo de orgullo.

 

Otro hecho evidente es que la práctica diaria de los colegios demuestra que estos son impermeables a los cambios sociales y profesionales, y ello en parte debido a la colegiación obligatoria que no incentiva a los colegios a amoldarse a los cambios sociales y ni siquiera a los de sus colegiados, pues son conscientes de que estos seguirán siéndolo a su pesar.

 

Hay que  entender que cualquier colectivo social que se organiza separadamente en la sociedad lo hace para defender sus intereses particulares, que puede que identifique con los de la sociedad en su conjunto (muchas veces sin que sea así), pero siempre que hay situaciones de litigio adoptara una postura de autodefensa. Por otro lado la experiencia en España demuestra que los colegios  han adoptado posturas cerradamente corporativas defendiendo en muchos casos ni siquiera los intereses de la mayoría de los profesionales, sino solo los del grupo que controla el aparato colegial.

 

La colegiación sirvió también, en su día, para garantizar a la ciudadanía de la titulación y cualificación de los profesionales, pero en este momento ese papel lo cumplen sobradamente el Ministerio de Educación y el de Sanidad, mediante la expedición de los títulos correspondientes y la reglamentación de la formación pregrado y las administraciones autonómicas que acreditan la formación continuada

 

Otro argumento utilizado a favor de la colegiación obligatoria es la supuesta capacidad de estos para regular la práctica profesional, y mediante los códigos deontológicos favorecer la buena práctica y sancionar a la mala praxis. No obstante la realidad demuestra que no es así. Por un lado no parece lógico que los profesionales estén sujetos a unas normas distintas a las del resto de la ciudadanía, ni tampoco que en un estado democrático puedan existir normativas elaboradas por entidades ajenas al cuerpo legislativo, que por cierto ya cubre la totalidad de conductas de los profesionales que están sujetas a las decisiones de los tribunales de justicia, el caso es especialmente llamativo en cuanto a los profesionales que trabajan solo en el sistema público, porque estos se encuentran ya sometidos a la capacidad de control y sanción de las diferentes administraciones públicas, aparte de a la legislación general como todos los demás ciudadanos. Podrá darse el caso de que produjeran sanciones  en la vía colegial que se sumaran a las de los tribunales de justicia o contradicciones entre las actuaciones de ambas.

 

La practica de los colegios señala que ha habido muy pocas actuaciones para regular y controlar la mala praxis incluso en casos muy evidentes, y por el contrario se han producido intromisiones de los colegios en cuestiones ideológicas y a veces contradictorias con la legislación vigente, pues, en términos generales, los colegios en España han actuado en representación únicamente de las concepciones mas conservadoras de la profesión, si bien en los últimos años su actuación en este aspecto ha mejorado.

 

Los colegios tienen sistemas electorales y funcionamiento que no son democráticos. El funcionamiento de los colegios sigue rigiéndose por normas de representación mayoritaria que anula la posibilidad de representación de las minorías, por amplias que estas sean. De esta manera en las elecciones de los colegios provinciales una lista puede copar todos los puestos de la junta directiva con solo obtener un voto más que la siguiente. Y por supuesto este sistema antidemocrático se hace aún mas potente y opaco en las organizaciones y consejos colegiales de ámbito estatal (un ejemplo es el actual presidente de la OMC, candidato único elegido con unanimidad “coreana”).  Si no se garantiza la representación proporcional de las diferentes opciones el funcionamiento democrático de los colegios no esta asegurado y estarán siempre en manos de grupos de intereses frecuentemente minoritarios entre la profesión, de ahí la desafección de los obligados colegiados a la hora de votar (habitualmente no se supera el 20% del censo, en mas de un caso no se llega ni al 10%).

 

Los colegios son organismos fuertemente subvencionados, es decir son sufragados en gran parte por el conjunto de la población. La desaparición de la colegiación obligatoria no solo supondría un alivio económico a sus obligados colegiados, sino también a los presupuestos públicos, que pagan todos los ciudadanos. Las cuotas colegiales se desgravan en la base imponible (un calculo aproximado de unos 100 millones €/año, lo que no deja de ser importante en unos momentos como los actuales) y además reciben numerosas subvenciones de las administraciones públicas y tienen monopolios sobre algunas materias de gran importancia y uso por la población (por ejemplo los certificados médicos oficiales). Por todo ello la no obligatoriedad de la colegiación supondría  beneficios significativos para la economía de profesionales y ciudadanos.

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, cualquier cambio en la legislación sobre colegios profesionales en el caso de los sanitarios debe de abordar, como mínimo, 3 aspectos claves:

 

Colegiación voluntaria, cuando menos para quienes trabajan en el sector público. La colegiación de los profesionales de la Sanidad debe de ser voluntaria, aplicándoseles los criterios de otras profesiones, y como mínimo debe de establecerse la colegiación voluntaria para los que solo trabajan en el sector público.

 

Cambiar las funciones de los colegios para darles utilidad social. Los colegios deben de circunscribirse a las labores de asesoramiento de los poderes públicos en el ámbito de la correspondiente profesión, debiendo desaparecer cualquier intento de arrogarse la representación de todo el colectivo profesional, y favoreciendo la mejora en la cualificación y en la garantía de la calidad y cualificación de los profesionales

 

Implantar la democracia en los colegios. Hay que establecer un sistema electoral en los colegios que obligue a respetar la representación proporcional de las minorías en las juntas colegiales a partir de un mínimo acreditado en las elecciones (por ejemplo el 3 o el 5% de los votos) e idéntica representatividad en los organismos  de nivel autonómico y estatal.

 

Los colegios, como están demostrando todos los días con su practica, ni favorecen a los profesionales ni a la Sanidad del país, los Gobiernos y las distintas administraciones les favorecen porque es mas fácil conseguir acuerdos  con organismos cuanto mas aislados y menos representativos sean, y seguramente por ello no se ha avanzado en este terreno en los últimos 35 años.

 

VER UNA NOTICIA ANTERIOR (DE LAS VARIAS DE LAS QUE NOS HEMOS HECHO ECO) DIRECTAMENTE RELACIONADA

El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están adoptando decisiones muy relevantes en el terreno sanitario por razones ideológicas y por afán de lucro

Los negocios en la Sanidad Pública

Por Pablo Vaamonde, MÉDICO DE FAMILIA A Coruña.

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El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están adoptando decisiones muy relevantes en el terreno sanitario impulsados por dos tipos de motivaciones: por razones ideológicas y por afán de lucro.

 

El PP está imponiendo medidas -como el RD 16/2012- que nos devuelven a una sanidad dualizada (puerta para los ricos, puerta para los pobres; seguros privados para los poderosos, beneficencia para los más necesitados) en la que sectores de la población cada vez más amplios quedarán excluídos de la cobertura sanitaria universal, que constituye un elemento clave para la cohesión social y la equidad. Las medidas impuestas con el desarrollo de esta ley llevan a millares de personas al borde de la pobreza y la exclusión social, mientras los seguros privados están aumentando su mercado de forma progresiva. La ideología clasista y supremacista de los actuales dirigentes es la que los impulsa a imponer estas decisiones (incumpliendo de forma soez las promesas electorales, aun tan próximas).

 

Pero hay otra razón poderosa para la toma de decisiones desde el poder político: la búsqueda de lucro privado a costa del dinero público. Recordemos que alrededor del cuarenta por ciento del presupuesto de las Comunidades Autónomas va destinado a los servicios sanitarios. Es mucho dinero el que mueve la sanidad pública para que los actuales dirigentes -y los empresarios y financieros afines que actúan como lobbies- lo dejen circular, para el beneficio colectivo, sin intentar su apropiación.

 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) español es uno de los más eficientes del mundo, pues consigue unos excelentes indicadores con una inversión del PIB de las más bajas del entorno. Pero aún así, desde la publicación del Informe Abril en 1991, la derecha española repite continuamente las mismas falacias: el sistema sanitario es insostenible, y se hace preciso separar financiación de provisión de los servicios pues la gestión privada es más eficiente que la pública.

 

Los servicios públicos son viables si hay voluntad política de apoyarlos (aumentando los ingresos públicos con una fiscalidad progresiva), y el sector privado -los llamados mercados- ya tiene probada su inoperancia: empresarios y sector financiero son los responsables de la crisis que ahora castiga a los trabajadores. Las experiencias en otros países tampoco apoyan las medidas externalizadoras: la privatización de los hospitales del Reino Unido, en tiempos de Margaret Thacher, provocó uno grave deterioro del NHS, hasta aquel momento un referente a nivel internacional. Pero, en contra de toda evidencia, el PP impulsa sin desmayo las medidas privatizadoras del SNS. La privatización puede ser completa (mediante la concesión de la gestión hospitalaria a una empresa) o parcial (por medio de las llamadas externalizaciones, que ponen en manos privadas aquellas parcelas de la actividad sanitaria con más posibilidades de producirles beneficios).

 

-El primer hospital privatizado en España fue el de Alzira (Valencia), inaugurado en 1999, gestionado por una Unión Temporal de Empresas (UTE) mediante una concesión administrativa: la Generalitat paga un canon anual por la población atendida y la empresa se encarga de la gestión completa del hospital. Pero las cuentas no salían y en 2003 el gobierno valenciano rescató Alzira e incrementó su canon. A pesar de esta experiencia negativa las privatizaciones continuaron y hoy sabemos el resultado: el 20% de la población de Valencia recibe asistencia sanitaria mediante este modelo de concesión, la sanidad valenciana está en quiebra y la empresa que puso en marcha Alzira, Ribera Salud, hoy es un gigante de la sanidad, que gestiona numerosos servicios en todo el Estado (sobre todo en Valencia y Madrid). Sin reparar en las consecuencias negativas de esta experiencia, el PP sigue impulsando la privatización completa de los centros sanitarios: en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Galicia. La intensa contestación social contra estas medidas y el clima de incertidumbre que vive el sistema financiero hacen que muchos de estos proyectos avancen con dificultad o incluso estén parados en este momento (como el nuevo hospital de Vigo, donde la UTE responsable del proyecto no fue capaz de conseguir financiación para continuar la construcción). Pero los dirigentes del PP tienen un plan B: allí donde no es posible la privatización completa del hospital realizan externalizaciones masivas e impulsan experimentos como las Unidades de Gestión Clínica (UGC) que facilitan el camino de la privatización de amplias áreas de la actividad sanitaria.

 

-Las externalizaciones.

En todas las comunidades se realizan pero, en Galicia, Núñez Feijóo ya avisó hace tiempo: es partidario de privatizar todo el que no sea el núcleo duro de la sanidad. Ya existían tareas privatizadas (hostelería, seguridad, limpieza, mantenimiento, cocina), pero él comenzó una carrera contrarreloj que aun no ha finalizado. Los servicios de información, la central de llamadas, la plataforma informática, la central de compras, el centro de almacenamiento y suministro, etc. Todas estas áreas fueron entregadas a manos privadas para su gestión. La última privatización conocida es la de la gestión de la alta tecnología diagnóstica y terapéutica. Mediante la figura administrativa del "diálogo competitivo" el Sergas cede a las empresas privadas del sector el control de la renovación tecnológica de sus centros con un contrato que puede llegar a los 200 millones de euros. La Administración abandona su deber de control y supervisión y le concede a las empresas la capacidad de decidir la implantación de nuevas tecnologías diagnósticas, muy caras y con problemas técnicos no resueltos, por lo que no se utilizan aun para el diagnóstico clínico (en Europa ni en los EE.UU.) por no estar debidamente evaluadas ni contrastada su relevancia para la práctica clínica. El Sergas pagará los costes, los pacientes asumirán los riesgos -de someterse a exploraciones poco evaluadas-, y las empresas podrán conseguir elevados beneficios.

 

-Las Unidades de Gestión Clínica (ver nota nuestra al final de este artículo).

Esta propuesta obedece a un propósito. Allí donde no pueden privatizar el hospital entero intentarán privatizar determinadas áreas clínicas, sobre todo aquellas capaces de proporcionar más beneficio económico. Los promotores de esta estrategia mezclan, con toda la intención, propuestas clínicas y organizativas (integración de Primaria y Especializada, coordinación de niveles, impulso de los procesos asistenciales) con cuestiones gerenciales y laborales que no tienen ninguna relación. Para promover la coordinación asistencial no es preciso modificar el régimen jurídico del personal ni la personalidad jurídica de las unidades que la llevan a cabo.

El Ministerio de Sanidad y el llamado "Foro de la Profesión Médica" acordaron que “se promoverá un marco jurídico específico del profesional médico del SNS y un modelo de retribución voluntario vinculado a la gestión clínica qué favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario público". Esto supone que el personal que se integre deberá aceptar la laboralización, con la pérdida de los derechos que hoy tiene el personal estatutario, y las UGC podrán constituirse en empresas autónomas con personalidad jurídica propia y con participación del sector privado. Esto representa un serio peligro para el futuro de los centros sanitarios y de su personal. Podrán crear microempresas dentro de los centros para competir entre sí y con la posibilidad de dar entrada a empresas sanitarias, industria farmacéutica y de tecnología sanitaria en la provisión y gestión de los servicios. Este desorden va a facilitar la prevalencia de los intereses privados sobre los criterios de servicio público. El SNS puede quedar fragmentado en numerosos reinos de taifas, de los que sacarían beneficio el capital privado y los grupos empresariales. El Sergas ya está promoviendo a las UGC en las áreas sanitarias y va a publicar un Decreto para amparar este proyecto. Si no encuentra resistencia continuará en esta estrategia privatizadora, que beneficia a las empresas y a la pléyade de gerentes que hoy viven del sistema, pero representa un severo perjuicio para los trabajadores sanitarios y los usuarios de la sanidad pública.

 

NOTA ACLARATORIA DESDE NUESTRO BLOG.- El Modelo de Gestión Clínica en Asturias (VER) no tiene ninguna relación, por el momento, con lo que – y con la misma denominación que sólo induce a error – plantea el Ministerio de Sanidad con el apoyo de los autodenominados Foros de la Profesión Médica y de Enfermería.

“Imponer más copago conduce a más enfermedades renales, más ictus, más infartos y más diabetes ”

La Sanidad pública estimula la economía, no la hunde

La inversión en salud debe ser vista como un motor económico. La clave no es gastar menos, sino mejor.

Por Rafael Bengoa, director del Deusto Business School Health y Senior Leadership Fellow de Harvard y exconsejero de Sanidad del Gobierno vasco.

Tribuna, El País (hace 3 días).

A los argumentos clásicos a favor de la sanidad pública —una obligación social hacia los demás y los buenos resultados en salud que disfruta España— es necesario añadir la aportación económica al país.

 

Ya en 1993 Robert Fogel, premio Nobel en economía, comentó: "El tren fue el motor económico en el siglo 19, el automóvil en el siglo 20 y la innovación en el sector salud lo será en el siglo 21".

 

La crisis económica en España nos ha hecho olvidar que la creación de un sistema de salud universal como el nuestro ha aportado bastante más a la economía que lo que ha costado y que, por lo tanto, es contradictorio no protegerla como un activo más.

 

En un estudio reciente, Bloom and Canning indican que la buena salud de la población inyecta al crecimiento económico del 0,3% al 0,5% anualmente. Sumemos eso a lo largo de los últimos 35 años y evaluemos quien ha aportado más a la economía, ¿los bancos o la sanidad pública?

 

La creación de un sistema universal de salud ha generado miles de puestos de trabajo. Más de medio millón de personas trabajan directamente en la Sanidad en España e indirectamente por lo menos otro medio millón.

 

La inversión en prevención, en infraestructuras y especialmente en atención primaria en nuestro país ahorra millones todos los días, al atender a gente que en otros países aparece en la parte más cara del sistema de salud: las urgencias.

 

Un enorme número de estudios indican que la gente sana es más productiva. Los empresarios deberían ser los primeros defensores de la sanidad pública, no los que la ponen en duda. La mejor salud lleva a muchos a ahorrar más, porque la gente ahora vive más y piensa más en sus necesidades económicas futuras. Los niños sanos aprovechan mejor la educación y la educación proporcionará unas profundas consecuencias económicas en la vida de ese niño y de ese país.

 

Este razonamiento es perfectamente compatible con la necesidad creciente de ser más eficientes en la sanidad. La productividad debe mejorarse, como en cualquier otro sector, y los profesionales de la salud son conscientes de la necesidad de cambios en este sentido. Mejorar la productividad interna del sistema de salud es también bueno para la economía.

 

Los países que no disponen de un buen sistema público de salud no disfrutan de esas ganancias económicas y, lo que es peor, cosechan peores resultados en salud que nosotros. Estas razones y la solidaridad llevaron a la Administración estadounidense actual a una reforma de la sanidad, llamada coloquialmente Obamacare.

 

Con el chantaje de paralizar la aprobación del presupuesto en Estados Unidos, estos días, el Partido Republicano no está en contra de la reforma porque tema que no funcione; lo que teme es lo contrario, que funcione. Y que poco a poco la gente tenga cobertura sanitaria gracias a los demócratas. Para ello están dispuestos a paralizar el Gobierno.

 

La sanidad debe ser vista como un motor económico en España. Es necesario empezar a razonar en el sector en términos de inversión y no de contención del gasto. Visto así, la clave no es gastar menos, sino mejor.

 

Gastar menos en algunos casos es negativo. Este es el caso del copago, tan debatido en España. Los estudios recientes indican que muchos pacientes no toman los medicamentos beneficiosos que les han prescrito. Si se les pone aún más copago, la consecuencia será más enfermedades renales, más ictus, más infartos y más diabetes, todos descompensados en urgencias. El ahorro será a corto plazo y a consecuencia de mucho sufrimiento y muerte más adelante. Somos el único país del mundo que piensa que el ahorro inmediato conseguido con copagos es un indicador de política sanitaria eficaz.

 

Gastar menos conlleva un riesgo seguro: afectar negativamente a la salud de la población, pero también a uno de los motores económicos del futuro de España. A eso se le llama una situación lose-lose; una circunstancia en la que todos salen perjudicados, ¡incluida la economía!

 

¿Y cómo se gasta mejor?

 

Es necesario organizar el sistema asistencial para que María pueda ser tratada de su diabetes antes de que se complique y así no tenga que aparecer en urgencias y sufrir amputaciones. Lo mismo para que Pedro pueda controlar su hipertensión y no tenga un infarto que será carísimo para él y para el sistema de salud.

 

Es España no tenemos aún ese sistema, pero ya sabemos financiar y organizar un sistema así. ¿Por qué no hacerlo?

 

En ambos lados del Atlántico necesitamos una Sanidad fuerte, para la gente, para la economía y para la investigación.

 

En estos momentos, el sistema de salud de Estados Unidos tiene peores resultados que nuestro Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, si Obama consigue implantar su reforma —que ya es ley— y España se queda atrapada en una simple lógica de contención del gasto, los norteamericanos tendrán pronto un mejor sistema de salud que nosotros.

No requiere comentario, el título lo dice todo

El timo de las pensiones

Por Antón Losada

eldiario.es

Mientras media España se solazaba haciendo chistes sobre la relaxing cup of café con leche por la que hemos pagado millones al típico gurújeta de la comunicación, el Gobierno ha aprobado discretamente, como le gusta, su anteproyecto para la enésima reforma de las pensiones. Mientras Artur Mas y Mariano Rajoy nos hacían el teatrillo de las ofensas y las cartitas como si España fuera un capítulo de La Regenta, sin apenas ruido y sin que nos lo contaran mucho, el ejecutivo ha metido el turbo para acabar con el sistema público de pensiones.

 

No le llamen reforma, llámenle timo. Es el timo de la estampita. Nosotros entregamos cotizaciones y dinero de verdad y ellos nos devuelven estampitas haciéndose los tontos. Todo cuanto nos han contado todos los gobiernos hasta ahora sobre las pensiones o era solo media verdad, o estaba manipulado, o era mentira. Una detrás de otra.

 

Nuestro gasto en pensiones no se ha disparado. Continúa por debajo del 11% del PIB. Ahí sigue desde los años noventa, tres puntos por debajo de la media de la UE-15. En las peores previsiones del Gobierno, el gasto llegará al 14% del PIB en 2050. Un porcentaje inferior a lo que dedican a pensiones hoy en Italia o Francia y similar al gasto actual alemán. Las catastróficas proyecciones demográficas eran mentira y son mentira. Para que se cumplan las previsiones que amparan la reforma, la población española deberá reducirse en las próximas décadas hasta caer por debajo de los 41 millones. Solo así se cumplirá la profecía de que los pensionistas lleguen a sumar un tercio de la población total.

 

Más mentiras. Dice el Gobierno que no ha atendido las recomendaciones de aquel chiripitifláutico Comité de Expertos, creado para convertir en política pública los objetivos del sector asegurador y la banca. Falso. Las atiende al pie de la letra en lo esencial. La reforma entrará en vigor antes de lo previsto, en 2019, y se han introducido no uno, sino dos factores de corrección al desvincular las pensiones del IPC y ponderarlas con un factor de sostenibilidad donde quien viva más, cobrará menos.

 

Cuando este Gobierno tomó posesión, la hucha de las pensiones guardaba 80.000 millones de euros. Hoy conserva menos de sesenta mil millones y el demoledor impacto de la reforma laboral ha acelerado el déficit de la Seguridad Social. Un pensionista de hoy no sabe cuánto cobrará pasado mañana, ni cuánto habrá de pagar. Un pensionista de mañana, tampoco, ni siquiera sabe si cobrará.

 

Se lo pueden decir más alto pero no más claro. Ábrase un plan de pensiones privado porque vamos a destrozar y liquidar el sistema público. Estamos hablando de un negocio de 15 mil millones de euros anuales. Usted y yo le llamamos pensiones, pero el Gobierno, la banca y los seguros le llaman capital.

Merece la pena leerlo ¡¡no puedo estar más de acuerdo!!

¿Quiénes son los verdaderos patriotas?

Por Sebastián Rivero

nuevatribuna.es

Clarence Darrow, defensor de los derechos civiles norteamericano, dijo una vez que el patriotismo odia la injusticia en su propia tierra más que cualquier otro sitio. No se equivocaba Darrow cuando asociaba patriotismo a la justicia, porque realmente esa es la misma esencia del patriotismo, perseguir la injusticia en tu tierra y en última instancia, buscar la dignidad para tu país.

 

En en cualquier sociedad con un mínimo de coherencia, se llamaría patriota a todo aquel que  defendiera con ahínco la dignidad  de su tierra y de las gentes que en ella habitan. En cualquier sociedad, el patriotismo no dependería de partidos, sencillamente sería algo intrínseco a la ciudadanía. Desgraciadamente, vivimos en España, donde patriota es el que cuelga banderas fascistas en su salón y añora las épocas más ocuras de nuestra historia nacional.

 

Personas que se definen como patriotas y que sacan pecho cuando hablan de su rechazo a los extranjeros, pero que callan cuando la gestión de hospitales públicos pasa a manos de empresas de Puerto Rico. Supuestos patriotas que defienden sin pudor las reclamaciones españolas sobre Gibraltar cuando es España quien tiene no una, sino dos colonias en el norte de África. Personas que se encienden hablando de la grandeza del pueblo español, pero que guardan silencio cuando el FMI y la UE proponen bajar un 10% los sueldos a los trabajadores españoles y obligan a todos los ciudadanos del país a pagar una deuda ilegítima que en realidad le correspondería pagar a los bancos, beneficiarios del rescate que ahora se exige que devuelva toda la ciudadanía.

 

Extraño patriotismo el que profesan estos individuos, una degeneración absoluta del sagrado derecho a defender tu tierra, usada convenientemente para tapar las vergüenzas y negocios de grandes empresas y dirigentes políticos. Hemos tenido un claro ejemplo este mismo año, mientras el gobierno se encargaba de avivar el conflicto con Gibraltar denunciando al Peñón por contaminar las aguas; altos cargos y excargos del partido gobernante se desplazaban a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez por un supuesto caso de financiación irregular en el partido. Pero la indignación es todavía mayor cuando nos enteramos de que el mismo gobierno que denunciaba a Gibraltar por contaminación, daba el visto bueno a Repsol para que buscara petróleo en las Islas Canarias, desestimando todos y cada uno de los informes que desaconsejaban la búsqueda por motivos de destrucción ecológica, incluidos los propios informes técnicos de Repsol.

 

Como ya se habrá notado, el mal llamado patriotismo de nuestra sociedad dista mucho de ser el patriotismo del que nos hablaba Darrow, se trata simplemente de una cortina de humo tras la cual muchos prefieren esconderse para no ver la realidad, que el fervoroso sentimiento al que se agarran ciegamente, no es más que un método de control social del que hacen uso las élites políticas y empresariales para poder actuar libremente sin tener que dar explicaciones a nadie.

 

¿Pero quiénes son los verdaderos patriotas? Los verdaderos patriotas son los que siguen defendiendo la dignidad de su tierra. Patriota es el que se arriesga a ser detenido por defender un sistema sanitario público, universal y gratuíto para todos sus conciudadanos. Los patriotas verdaderos son aquellos que luchan contra la injusticia en su tierra, venga de donde venga.

 

Los únicos que pueden llamarse patriotas son los que sin caer en cortinas de humo, siguen queriendo un país mejor, aquellos que reciben insultos de un sector de la población y siguen pidiendo derechos para esa misma parte de la población, porque ellos no entienden de partidos o sectores poblacionales, ellos entienden de dignidad para su país. Los verdaderos patriotas no quieren banderas y partidos, quieren dignidad y justicia.

La esperanza de un futuro más luminoso no puede ser puramente contemplativa, sino que hay que cimentarla con batallas cotidianas contra los ataques feroces del capitalismo financiero

El futuro es ayer

Por Eduardo Mangada

Foto: Imagen de la manifestación del 1º de Mayo en Madrid de 1979. Foto:: Prudencio Morales

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En el polvo provocado por este derribo, en el que se amontonan los escombros de un estado de bienestar (más o menos desarrollado) que creímos haber conquistado como seña de una cultura socialdemócrata, es difícil mirar al futuro. Los ojos se llenan de arenilla y el horizonte se oscurece. Crece el miedo ante el riesgo impredecible que nos amenaza globalmente (Ulrich Beck). Renunciamos a nuestra libertad a cambio de una seguridad policial que nos convierte, cada día con mayor fuerza y velocidad, en súbditos, que no ciudadanos. Súbditos mudos y resignados, no por imposición de los líderes políticos, afónicos y ciegos en su mayoría, ni de nuestros gobiernos formalmente democráticos, sino de los poderosos mercados, de los bancos. Nuevos amos en un mundo globalizado, porque con nuestros votos cada cuatro o seis años damos el poder a los políticos que elegimos para gobernar países y ciudades y estos políticos malvenden el poder que les otorgamos a los bancos a bajo precio, en antros oscuros. Sin darnos cuenta, con nuestros votos estamos dando el poder a los bancos.

 

Con el derribo del estado de bienestar se destruyen nuestros derechos sociales, conquistados en una dura batalla de al menos dos siglos; se destruye nuestra dignidad y, al fin, se destruye la propia democracia.

 

En este ambiente, en este panorama sin horizonte, no somos capaces de pensar, aspirar y proponer un futuro esperanzador que nos dé fuerzas para salir de la agobiante atmósfera que respiramos. Un proyecto de una sociedad que no sea constreñida por el miedo global, por la pérdida del trabajo, de la enseñanza, de la protección en la vejez o la hecatombe climática. Un futuro más justo y solidario, es decir, una democracia real, representativa y participativa a la vez, en la que de nuevo nos sintamos y actuemos como ciudadanos que han recuperado la palabra y la esperanza.

 

Frente a este horizonte oscuro y duro como un muro de hormigón, añoramos y volvemos la vista hacia un pasado no muy lejano (apenas unas décadas) en el que, al menos en Europa, pudimos sentirnos protegidos frente a los riesgos que nacen de una sociedad imperfecta, tales como el paro, el desahucio, la vejez empobrecida, la educación o la sanidad privatizadas. Protegidos frente a un capitalismo agresivo (o, si prefieren edulcorar esta palabra, llamémosla “sociedad de mercado”) que trasforma implacablemente nuestros derechos sociales, nuestros servicios públicos, en una mercancía, en materia de negocio económico.

 

Añoramos un mundo regido por una cultura socialdemócrata, que iba extendiéndose y consolidándose en nuestro entorno más próximo. Una socialdemocracia acosada y combatida desde la izquierda radical, degradada como una componenda burguesa que impedía una auténtica revolución anticapitalista. Pero frente a ese desprecio, podemos reclamarla hoy como la única utopía realizada y aún realizable en una sociedad avanzada técnica y culturalmente y calificarla como una revolución capaz de civilizar la relación ricos-pobres, capital-trabajo. Su carácter de auténtica revolución lo podemos afirmar hoy cuando somos testigos de la ofensiva a muerte contra ella, desencadenada por el capitalismo dirigido por un neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a lo ancho y largo del planeta Tierra.

 

Cuando Lula triunfa en Brasil, una viñeta del Roto retrata a dos ricachones fumando hermosos puros. Le cuenta uno al otro –“En Brasil han elegido Presidente a un tío que dice que quiere que todo ciudadano tenga garantizadas tres comidas al día”– a lo que contesta el otro –“Hay que matarlo”– (con palabras parecidas). La propuesta de Lula era auténticamente revolucionaria.

 

Para dar solvencia a mi afirmación de que la socialdemocracia y su concreción en el estado de bienestar supuso y sigue siendo una revolución, tomo prestadas unas líneas de Manuel Castells. Revolución, “fuerte palabra, evocadora de destrucción y violencia. Y, sin embargo, técnicamente hablando, una revolución política es el proceso de cambio estructural de las formas de gobierno por caminos no previstos institucionalmente. Frecuentemente con acciones pacíficas, aun con episodios de violencia aislada”. En un proceso revolucionario, entendido así, fueron conquistándose derechos sociales y servicios públicos por parte de la llamada clase obrera, hoy población asalariada. El desmantelamiento de estas conquistas es el objetivo de la actual “contrarrevolución capitalista”.

 

Ataque que amenaza ser exitoso cuando vemos desmantelar, ante nuestros ojos apáticos, todas y cada una de las conquistas sociales que hemos llamado estado de bienestar. La ausencia de un proyecto, de una convocatoria social capaz de abrir una ventana en este oscuro horizonte, obliga a la búsqueda de un posible futuro volviendo la mirada hacia un pasado más justo, aún próximo y todavía viable. No se trata de añorar una lejana edad de oro como los discursos de nuestros clásicos o los regeracionistas historicistas, sino de buscar un punto de apoyo que nos impulse hacia un mañana. Nuestro mejor futuro es nuestro buen ayer.

 

Escribo estas líneas a la vez que leo en El País (06-09-13) el rescate de la generación beat, con Kerouac como mascarón de proa, aún realidad excitante para una nueva generación de escritores, que son capaces de afirmar: “los beats no están detrás de nosotros: ¡están por delante!”.

 

La socialdemocracia europea que se consolida en muchos países, con mayor o menor amplitud y fuerza, en un periodo de tiempo que se extiende desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años ochenta del pasado siglo, cuando se inicia la ofensiva neoconservadora dirigida por la pareja Thatcher-Reagan, podemos considerarla hoy como un “periodo clásico”. Aplicado al arte, clásica es aquella obra que se singularizó como excelente en su momento y así fue reconocida y valorada por la sociedad de su tiempo y que hoy todavía sigue viva y nos sirve para interpretar y trasformar nuestro presente. No es mal camino recuperar un clásico que nos sirva de guía, mientras esperamos la aparición (con nuestro compromiso y trabajo) de un nuevo paradigma, una nueva utopía igualmente revolucionaria, que anuncie el próximo nacimiento de un mundo más libre e igualitario. Más feliz. Una esperanza que cobra fuerza y credibilidad si valoramos los grandes movimientos de los “indignados del mundo”, en la Puerta del Sol o en Wall Street, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Vía Campesina y las múltiples “primaveras” ricas en un inicial entusiasmo democrático y contradictorias en sus primeras conquistas, como germen de unas nuevas formas de lucha política que supere los ensimismados y apáticos partidos tradicionales, alumbrando nuevos mecanismos y nuevas organizaciones sociales capaces de reconducir y revitalizar la democracia.

 

Pero no basta con esperar la aparición de nuevos paradigmas y movilizaciones sociales en un futuro diluido en el tiempo. Es urgente y necesario actuar hoy mismo, con las armas de las que aún disponemos y oponerse con fuerza, frenar la progresiva privatización y el desmontaje de derechos y servicios sociales que habíamos conquistado. Como bien argumenta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al paralizar el proceso de privatización de los hospitales, por el bien de la sociedad no se puede permitir el desmantelamiento de la salud, la enseñanza, la vivienda, etc. creando una situación irreversible, que haría imposible la recuperación del estado de bienestar en un futuro más o menos próximo. Hacer realidad el artículo 1º de nuestra Constitución: un Estado social y democrático de Derecho.

 

La esperanza de un futuro más luminoso no puede ser puramente contemplativa, sino que hay que cimentarla con batallas cotidianas contra los ataques feroces del capitalismo financiero. Es necesaria una revolución política y ética.

El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública

Los liquidadores de la sanidad pública

Por Pablo Vaamonde (Médico de familia)

nuevatribuna.es

En los últimos tiempos supimos de la existencia de una nueva profesión: el liquidador de empresas. Se trata de un experto que adquiere una empresa arruinada y, utilizando diversos artificios financieros, consigue cuantiosos beneficios con su cierre (dejando a los trabajadores en la calle). Ángel del Cabo se hizo millonario y alcanzó notoriedad pública con la liquidación de las empresas de Díaz Ferrán (aquel presidente de la CEOE que nos decía que teníamos que trabajar más y cobrar menos). Ahora están los dos en la cárcel.

El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública. Afirman defender la sostenibilidad, pero adoptan decisiones que contribuyen realmente a su deterioro y a la privatización. No descansan. Ni siquiera en el mes de agosto. Al contrario, aprovecharon el período vacacional para impulsar medidas que representan auténticas agresiones contra el sistema nacional de salud (SNS). Hagamos un breve repaso de los últimos acontecimientos:

- La foto antes de las vacaciones. El último día de julio Rajoy reunió en La Moncloa a un grupo de organizaciones afines con las que firmó un “Pacto por la sostenibilidad del SNS”. Tras la firma protocolaria hicieron la foto de rigor que fue publicitada como un acto histórico. Pero se trata, en realidad, de una triste parodia y de un engaño denunciado por los sindicatos y los defensores de la sanidad pública. La FADSP afirma que este acuerdo carece de contenido práctico, que representa un paso más en la estrategia del deterioro de la sanidad pública y que este acto publicitario solo pretende frenar las movilizaciones de profesionales y ciudadanos contra la privatización del sistema.

- Madrid privatiza. A pesar de la masiva contestación los gobernantes de la Comunidad de Madrid persisten en su empeño privatizador. Tampoco han tenido en cuenta los dos recursos judiciales sin resolver: un millón y medio de madrileños pueden ver sus hospitales privatizados dentro de poco. Después de un proceso oscuro y poco transparente tres empresas privadas –Sanitas, Ribera Salud y la puertorriqueña Hima San Pablo (especializada en turismo sanitario)- podrían hacerse cargo de la gestión de seis hospitales. El PP madrileño empujó esta medida a pesar de las evidencias históricas: las experiencias previas realizadas en otras geografías tuvieron consecuencias negativas para la población, los profesionales y la propia sanidad pública. De momento este proceso está paralizado: un juzgado madrileño ha decretado la suspensión cautelar de la externalización atendiendo a una demanda de la asociación profesional Afem.  Pero el dinero público no se escapa solamente por esta vía hacia los bolsillos de las empresas privadas. La sanidad madrileña aumentó el presupuesto para los conciertos con clínicas privadas en un 55%. Este incremento es, con diferencia, el mayor de los últimos años.

- El nuevo hospital de Vigo. El hospital que se necesita, desde hace años, en el sur de Galicia, fue adjudicado por el gobierno de Núñez Feijóo a una UTE (Unión Temporal de Empresas) constituída por bancos arruinados y constructoras en bancarrota. El hospital lleva más de un año parado: la empresa concesionaria no consigue que ninguna entidad financiera le conceda crédito. Pero la Xunta persiste en su afán privatizador. En contra de todas las normas permitió cambios en el contrato e incluso en la composición de la UTE. A principios de agosto Núñez Feijóo afirmó que habían conseguido la financiación necesaria para continuar la construcción. Pero, en este caso, en dinero será aportado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por entidades bancarias rescatadas con dinero público (entre las que figura Novagalicia Banco, con centenares de personas afectadas por el fraude de las preferentes). Por lo tanto, el nuevo hospital será financiado con dinero público que después reportará beneficios a las empresas integradas en la UTE concesionaria. Mal porvenir le espera a la sanidad pública en el sur de Galicia si no se cambia la situación. Recordemos que el hospital privado Povisa atiende a una gran parte de la población de la zona (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Tiene un Concierto Particular con el Sergas muy favorable, pero acumula las mayores listas de espera de la Comunidad y hace un trato claramente discriminatorio entre los clientes privados y los usuarios del Sergas. Acaba de sufrir una prolongada huelga (desconvocada después de una sentencia favorable a los trabajadores) por intentar imponer unas penosas condiciones a su personal (con rebajas salariales del 40%).

- Recorte público y más gasto familiar. La ministra de Sanidad acaba de anunciar que el copago en las medicinas significó una reducción de la factura farmacéutica de 2.000 millones de euros en su primer año de vigencia. Esta noticia, presentada como una conquista, puede ser interpretada de otra forma. Más que ahorro lo que hicieron fue trasladar un gasto público a las economías familiares, ya muy deterioradas en la actualidad. La obligación de pagar un porcentaje del coste de los medicamentos en la farmacia y la retirada de 450 medicinas, de uso muy frecuente, de la financiación pública obliga a las familias a un esfuerzo económico que, a menudo, resulta inasumible. Así pues, en vez de presumir por lo que considera un triunfo, la señora ministra debería pedir perdón a los ciudadanos por imponerles un gasto más a las ya depauperadas economías familiares. En realidad el copago representa un daño para la salud individual y colectiva (muchas personas dejaron de medicarse por no poder costearlo) y un elemento más para aumentar las desigualdades. Los pensionistas gallegos sufren de forma especial esta situación: su pensión media es de 722 euros, un 16% inferior a la media del Estado. Galicia ocupa el último puesto de las 17 Comunidades Autónomas en este ranking.

- Más castigo para los trabajadores. A finales de agosto se publicó en el BOE la Ley 10-2013. Se trata de una norma aparentemente neutra, que incorpora instrucciones europeas al ordenamiento jurídico español en relación con la farmacovigilancia. Pero, como si no tuviese importancia, esta ley incluye una disposición final quinta que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario del SNS. Esta modificación permite la creación de lo que llaman “Unidades de Gestión Clínica” integradas por personal laboral, en las que se tendrían que integrar los que ahora tienen la consideración de estatutarios. En definitiva, tal como denunció la propia CESM, esta ley elimina todas las garantías del régimen estatutario. Se trata de una afrenta más contra los trabajadores de la sanidad pública, hecha de forma tramposa y canalla (al incluir una disposición de esa trascendencia en el articulado de una ley que nada tiene que ver con la regulación laboral).

- Aumentan las listas de espera. La drástica reducción presupuestaria, la pérdida de personal y la eliminación del trabajo de tarde en los hospitales están provocando una situación de grave colapso en los centros públicos. La espera quirúrgica pasó, en seis meses, de 76 a 100 días. Cerca de 600.000 personas esperan por el quirófano. Este es el mayor incremento desde que el Ministerio comenzó a registrar estos datos. Las autoridades sanitarias no parecen preocupadas por estos datos. Algún sindicato interpreta que no les interesa que la sanidad pública funcione: es necesario tener argumentos para seguir ahondando en las privatizaciones.

- Disminuye la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer es uno de los principales indicadores para conocer la calidad de vida de un país. En las últimas décadas este parámetro mejoró de forma continuada y permanente. Ahora, por primera vez en la historia reciente, la esperanza de vida de los españoles bajó unas décimas, pero este descenso continuará si no cambian nuestras condiciones de vida. La precariedad económica, la inseguridad laboral, la incertidumbre por el futuro, la exclusión sanitaria de los más desfavorecidos y el aumento de las desigualdades: todos estos factores influyen en este cambio de tendencia. Las políticas impuestas por el partido en el poder son las responsables principales de esta mudanza histórica.

Sobre la contrarreforma del PP: absolutamente ideológica y para hacer negocio ¡¡a costa de nuestra salud!!

“Luces de Alarma en la sanidad pública española”

Las consecuencias de las privatizaciones y los ajustes aprobados por las administraciones gobernadas por los populares

Por María Luisa Carcedo, diputada del PSOE en el Congreso.

La Nueva España

La reciente publicación del «Barómetro sanitario» correspondiente al 2012, que refleja un descenso en la satisfacción de los ciudadanos con los servicios sanitarios, viene a sumarse a los datos aportados por el Observatorio de los Servicios Públicos (AEVAL-CIS), que recoge un empeoramiento en la satisfacción de los ciudadanos en sanidad, educación, servicios sociales y transportes, en las encuestas realizadas en el mismo año. Y este descenso tiene especial significado por lo que supone de cambio de tendencia, si tenemos en cuenta que los datos registrados en el CIS revelan una creciente satisfacción desde el año 1994. Desde 1995 el porcentaje de satisfechos se situó en el conjunto de España por encima del 50%, hasta alcanzar cerca del 70% en 2011.

Para valorar lo que realmente está sucediendo con los servicios públicos en general y la sanidad en particular, es necesario poner estos datos en relación con la opinión de los ciudadanos sobre la situación de la sanidad pública, en respuesta espontánea a los asuntos que más les preocupan.

En concreto, la sanidad, ha pasado en tan sólo dos años a duplicar el porcentaje de respuestas como preocupación para los españoles, subiendo como primer problema del 3,7% de las respuestas en 2011 a suponer el 7,9 en 2013. Lo que significa que este descenso en la satisfacción corre paralelo al aumento de la preocupación de los ciudadanos por la sanidad pública.

Conviene recordar aquí la mayoría de los ciudadanos considera que la salud es el principal determinante del bienestar (9,5/10) y entre el 70% y el 80% de los españoles otorgan a los servicios sanitarios la máxima importancia (10/10) como garantes para lograrlo. Esto explica el aumento de la preocupación de los ciudadanos ante los recortes, copagos, privatizaciones y restricciones en el acceso puestos en marcha en este año y medio por el actual Gobierno del Partido Popular.

Esta preocupación tiene reflejo también en la actitud de los ciudadanos ante los recortes en los presupuestos sanitarios. Al igual que en la educación y las pensiones, más del 95% de los españoles son contrarios a cualquier recorte en los presupuestos destinados a la sanidad pública. En concreto, en la encuesta del 2012, un 98% se manifiesta contrario a los recortes en los presupuestos sanitarios.

No obstante, el Gobierno de España está adoptando medidas que suponen cambios drásticos en un modelo considerado satisfactorio por los ciudadanos de los que un porcentaje importante considera que precisa mejoras y más recursos. Pero, aprovechando la actual crisis, se han perpetrado recortes presupuestarios y cambios de modelo que alteran los aspectos mejor valorados por los ciudadanos.

Cabría pensar si estas decisiones están fundamentadas en la imposibilidad de mantener estos servicios con el nivel de cobertura y de calidad que conocemos. Para ello tenemos que comparar nuestro gasto sanitario con los países de la OCDE y de la UE, la calidad de los servicios prestados y la accesibilidad de los ciudadanos a su uso.

Según el último informe de la OCDE sobre España, referido al ejercicio 2011, se encuentra por debajo de la media en gasto sanitario tanto en porcentaje de PIB como gasto por persona y se encuentra a la cola de los países de la UE-15. En cambio, según Eurostat era en 2011 el país de la UE más accesible. En concreto, sólo el 0,2% de los ciudadanos en el 20% de ingresos más bajos, reconocía de falta de atención médica por razones económicas frente al 3,1 de la media europea. Y como dato de la calidad de los servicios, se pueden tomar como referencia los trasplantes, un servicio de la máxima exigencia tecnológica, en formación de los profesionales y en capacidad de coordinación, en el que España está a la cabeza del mundo. Aunque se pueden tomar otros como mortalidad infantil, cobertura de vacunaciones, etcétera.

Con este escenario, asistimos a decisiones que atacan la accesibilidad, eliminado el derecho de como ciudadano residente en España por el de titular o beneficiario según relación con la Seguridad Social (organismo que no participa en la financiación de la sanidad, es 100% Presupuestos Generales del Estado), lo que supone la exclusión de colectivos vulnerables como inmigrantes o los que conllevan riesgo de dualización en el sistema como las personas de rentas superiores a 100.000 euros anuales y sin relación con la Seguridad Social. Decisiones de copago farmacéutico, cuyo impacto en el control de gasto es mínimo pero con conocidas consecuencias dificultando el acceso de las personas con menores rentas.

A estas medidas de carácter estructural en el sistema, se añaden los recortes en el presupuesto, que en dos años ha descendido en más de 9.300 millones de euros, pasando de 67.689 millones de gasto sanitario público total consolidado del 2011 y un gasto por habitante de 1.434 euros por habitante a 58.384 del 2013, con un gasto por habitante de 1.250 euros y dejando, además, sin cobertura sanitaria a colectivos sin recursos económicos.

La razón con la que el PP justifica estas medidas es el equilibrio fiscal y la insostenibilidad del gasto sanitario. Pero el equilibrio fiscal es una ecuación entre ingresos y gastos y la sostenibilidad tiene que ver con las prioridades políticas del modelo económico y social, es decir, qué recursos de la sociedad son públicos y cómo los distribuimos. En el caso de la sanidad, las preferencias de los ciudadanos por el sistema público son contundentes.

Pero vayamos a la ecuación presupuestaria. Ya hemos analizado los gastos sanitarios en comparación con los de otros países, la calidad de los servicios y su accesibilidad. Ahora veamos los ingresos. Según los informes de Eurostat, el fraude fiscal en España es de entorno a 70.000 millones de euros (más de lo que cuesta toda la sanidad pública). El reciente informe de la Agencia Tributaria revela que la cotización efectiva de las grandes empresas se situó en el 3,5% frente al 30% teórico gracias a beneficios fiscales. Por esta vía, han dejado de ingresarse casi 22.500 millones de euros, lo que supone casi el 40% del gasto sanitario público del 2013.

Y, lógicamente, en esta ecuación no se cuantifican los beneficios en cohesión social, ni el papel de fomento de la actividad económica ni el empleo del sector sanitario ni tampoco su papel en el equilibrio territorial.

Estos datos nos permiten concluir que las medidas adoptadas por el Partido Popular desde el Gobierno de España y las Cortes Generales responden a una alternativa ideológica de modelo de sociedad. Y que es concordante con decisiones en comunidades autónomas como Madrid o Valencia, inmersas en una carrera desenfrenada de desmontaje de los servicios públicos de salud con privatizaciones de hospitales y centros de salud, concesiones administrativas en gestión de áreas sanitarias, modificación de la planificación en áreas sanitarias, etcétera que suponen un desmantelamiento planificado del tan querido Sistema Nacional de Salud.

Todas estas medidas están socavando los indicadores que hicieron del Sistema Nacional de Salud uno de los mejores del mundo, según la OMS. De momento, el más sensible, que es la satisfacción de los ciudadanos, ya enciende las luces de alarma.