OPINION

Meridianamente claro

Sobre las pensiones… no nos cuente milongas, Sra. Ministra

Santos Ruesga (*) formó parte del Comité de Expertos para la reforma de las pensiones, siendo el único de los integrantes que votó en contra del informe.

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El pasado lunes 2 de septiembre de 2013, la Ministra de Empleo y Seguridad Social presentó a los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios, su propuesta para una nueva reforma del sistema público de pensiones. En esencia, la propuesta de la Ministra emana del contenido del informe que el pasado mes de junio presentó el Comité de Expertos nombrado por el actual Gobierno, consistente en la aplicación de dos “factores de sostenibilidad” para el cálculo de la cuantía de las pensiones.

 

Desde el punto de vista de la comunicación, la Ministra parece intentar repetir el viejo juego de diferenciar su propuesta frente a aquella otra, del Comité de Expertos, señalando la suya como “moderada” frente a la otra, se entiende que radical, y se deduce que se refiere a moderación en cuanto a la cuantía del bocado que tal tipo de propuestas van a lanzar a la cuantía y la revalorización de las pensiones. El mensaje a la opinión pública parece querer plasmar que el Gobierno ha escuchado las críticas y clamores adversos a la propuesta del citado comité y, magnánimamente, han decidido moderar sus actuaciones en la reforma que llevarán a cabo en el sistema de pensiones.

 

Una vez más esta señora ofende a los ciudadanos considerándonos lelos e iletrados. La propuesta de la Ministra no se mueve ni una línea del contenido básico de la que hace unos meses difundió el referido Comité de Expertos. Los dos indicadores presentados el pasado lunes son exactamente los diseñados por el citado Comité.

 

El primero, que ahora denomina Factor de Sostenibilidad a secas, es exactamente el que el grupo de expertos denominó  “Factor de Equidad Intergeneracional” (FREI),  para ser aplicado sobre las nuevas pensiones de jubilación; el matiz diferencial entre una y otra propuesta es que la oficial propone la entrada en vigor de dicho factor en el año 2019 y la de los expertos sugerían que fuera de inmediato en 2014. La diferencia no es sustancial y en cualquier caso las fechas están lejanas del año 2027 que a tal fin en propuso la Ley 27/2011 “sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”.

 

Esta nueva fecha para la entrada en funcionamiento de este factor permitiría a la  Ministra, a su juicio, mostrar su cara amable, frente a los exigentes Expertos, al retrasar un mecanismo que reducirá la cuantía de las pensiones para los jubilados cuando entran en el sistema público, en una proporción equivalente al aumento de la esperanza de vida a los 67 años desde el año 2019 hasta año en que se jubile una persona. Dado que el avance en la esperanza de vida es una cifra reducida para cada año, la cuantía del ahorro no realizado (supuesto de que entrara en vigor en el 2014) es reducida. La Ministra juega con fuegos de artificio.

 

El segundo componente de la reforma anunciada el pasado 3 de septiembre crea un Índice de Revalorización de las Pensiones que es exactamente lo que los expertos denominaron Factor de Revalorización Anual (FRA), mero cambio de epítetos. La fórmula presentada por la Ministra se encuentra en el epígrafe 4 del Informe referido y explicada en el Anexo al mismo, epígrafe “A3.5 El Factor de Revalorización Anual y la tasa de inflación”. No hay cambios. El matiz en ese caso estriba en que los expertos recomendaban que ante la eventualidad de que la aplicación de la fórmula a la revalorización de todas las pensiones pudiera resultar algún año en un efecto de disminución nominal del valor de la pensión se pusiera un suelo al resultado de dicha aplicación, de tal modo que como máximo las pensiones se quedarán nominalmente como estaban (seguir ganando lo mismo de un año para otro, para entendernos), aunque solo para los pensionistas actuales. A su criterio: “El sistema no puede llevar a reducir nominalmente sus pensiones porque implicaría cambiarles drásticamente las reglas de juego a personas que, por su edad, ya no tienen tiempo ni capacidad de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias”; aunque no para los pensionistas que entrarán al sistema a partir de la puesta en vigor del FRA. Habría que añadir que reducir las pensiones en su valor nominal probablemente resultaría inconstitucional. Y, lo que es más importante, todos los presentes en ese Comité entendíamos que resultaría políticamente impresentable  (los que estaban a favor de la propuesta y el que estaba en contra) sacar a la calle una proposición para revalorizar las pensiones que en algún año significara su descenso.

 

Así parece haberlo entendido a Ministra y generosamente mueve ese suelo hasta una revalorización mínima del 0,25 por ciento, aunque no ha aclarado si es solo para los pensionistas actuales o afectará también a los futuros. Por otro lado, de las opciones que ofrecían los expertos para la puesta en marcha de este factor, o bien el 2014 o bien el 2019, la Ministra opta por la inmediatez, tratando de cumplir así con las exigencias comunitarias en materia de objetivos de déficit público. No olvidemos que es este factor o índice el que tendrá mayor impacto cuantitativo en cuanto a los gastos del sistema de pensiones, dado que las reducciones subsecuentes que se producirán en la revalorización anual de la cuantía de las pensiones (con respecto al criterio actual de aplicar la variación del IPC, según la Ley General de la SS), son notablemente más cuantiosas, a corto plazo, que el ahorro derivado de la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que se aplicará solo a nuevos entrantes en el sistema y, por tanto tardará unos cuantos años en afectar a todos los pensionistas.

 

Es de agradecer no obstante, el cambio de nombre del FRA, en versión de los expertos, por Índice de Revalorización, puesto que así se pone de manifiesto su verdadera dimensión económica (y política): no es un mecanismo para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo sino un instrumento para reducir el déficit público a corto plazo, acorde con la política económica del actual gobierno (en concordancia con las autoridades comunitarias), según la cual alcanzar un déficit inferior al 3% del PIB nos llevará de forma inmediata e inexorable al paraíso (no sabemos a cuál y sobre todo a quienes).

 

La pregunta que hoy se hacen los nueve millones de pensionistas y quizás con más intensidad los casi ocho que irán entrando en los próximos 15-20 años, es ¿cuál será el resultado de esta reforma?, contenida en las propuestas que realizó la Ministra el pasado lunes.

 

La respuesta, con mayor o menor precisión, es que el valor real de las pensiones tenderá a disminuir, particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación. Y, de manera clara, la tasa de sustitución de la pensión (la relación porcentual entre la cuantía de esta y la del salario que se cobraba antes de pasar a la situación de pensionista) disminuirá gradualmente por el efecto conjunto de la aplicación de ambos instrumentos. Efecto a sumar a la reducción derivada de la aplicación de la Ley 27/2011, actualmente en desarrollo, estimada en términos agregados en una cuantía de entre 2,5 y 3 por ciento de PIB, a la altura del año 2050.

 

Es posible hacer las cosas de otra forma. Claro que sí. Insisto en lo que ya llegué a plantear hace unos meses en el citado Comité de Expertos y que sirvió de argumentario a mi explicación de voto en contra del informe aprobado por la mayoría.

 

Entonces y ahora insistía, e insisto de nuevo, en que el ajuste del sistema de pensiones debiera plantearse, primero, con mayor tranquilidad, observando los efectos sobre la sostenibilidad financiera derivados de la aplicación de la Ley 27/2011, dado que los problemas previstos por razones demográficas no alcanzarían su cenit hasta los años treinta de este siglo (momento en el que empezarían a incorporarse al sistema de pensiones las generaciones del “baby boom”, de finales de los sesenta y setenta del pasado siglo). Y, en segundo lugar, considero que una segunda reforma, como la que se está proponiendo, debiera pivotar no en el recorte adicional de las pensiones medias sino en otras actuaciones que fundamentalmente supusieran un aumento de los recursos destinados al pago de tales pensiones (que necesariamente significará una mayor aportación de los activos, en un contexto de un mayor número de pensionistas con respecto al total de la población) con el objetivo de asegurar la “suficiencia” de las mismas. Creo que el sistema de reparto que lleva funcionando ya tres décadas ha funcionado razonablemente bien, con reformas de por medio para solventar los problemas que han ido apareciendo, y puede seguir haciéndolo, asegurando un mecanismo de solidaridad entre los activos y los pasivos y, especialmente, a favor de los activos que menos recursos han tenido a lo largo de su vida activa.

 

El recurso a los fondos complementarios de pensiones, como aditamento a unas pensiones públicas decrecientes, no deja de ser una ironía en un país con un elevado nivel de desempleo, niveles salariales en descenso y ascenso intenso de las desigualdades en la distribución de la renta. Ahorrarán para una pensión complementaria los que puedan, que en la sociedad española no son tantos. Y, en todo caso los que puedan ahorrar una cuantía razonable para prever su contingencia de vejez, obviamente pueden acudir a cualquier mecanismo de ahorro, que no necesariamente pasan por los fondos de pensiones. Pero esto es harina de otro costal. De lo que aquí se trata, entiendo, es de asegurar una pensión pública suficiente, y recalco lo de suficiente.

 

Pero en esta tesitura de incertidumbres hacia la cuantía futura de la pensión pública sí hay ganadores; el miedo a reducidas pensiones futuras –y su evidencia con el transcurrir del tiempo- irá a alimentar fondos privados de pensiones con recursos de una clase media poco experimentada en la inversión financiera. Y aquí aparece un claro ganador: las entidades gestoras de los fondos privados, que cobrando jugosas comisiones (las más altas de Europa según la OCDE) verán crecer una línea de negocio, hasta la fecha muy poco desarrollada en España. Y es desde ahí, en el espacio de los ganadores con este tipo de reformas, desde donde se presiona, a través de los diversos medios que sistemáticamente difunden la nueva del futuro crack del sistema público de pensiones (ya lo hicieron con otros sesudos informes en los años noventa, cosechando un severo fiasco, entre otras cosas por no contemplar los cambios demográficos y económicos que implicaron las migraciones en España). Todo ello en favor de sucesivas reformas que carguen de forma continuada sobre la cuantía real de las pensiones públicas.

 

No es sólo una forma de hacer frente a la coyuntura, para reducir el déficit; detrás de este tipo de reformas hay un discurso ideológico sustentado en un cierto grupo de poder económico (y político) que redundará en una sociedad más desigual aún y, de forma particular, con desigualdades creciente en el nivel de vida de  los pensionistas, colectivo de especial e intensa vulnerabilidad económica. De nuevo… el recurso al mercado como sustentador de un futuro resplandeciente.

 

(*).-Santos Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de “Economistas Frente a la Crisis”.

 

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El aumento de las listas de espera, una situación anunciada

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Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad revelan que en diciembre de 2012 se había producido un notable aumento de las personas en lista de espera y de la duración media de las mismas (3 días en consultas externas del especialista y 24 días para intervenciones quirúrgicas comparados con enero de 2012, que se sitúan así en 59 y 100 días respectivamente). A la vez el porcentaje de pacientes con una espera superior a 6 meses (supuestamente el limite máximo establecido) se situaba en el 16,5% (6,1% mas en el mismo periodo de tiempo).

 

No se han hecho públicos los datos desagregados por CCAA, en la tradición del Ministerio de Sanidad de ocultar información relevante del funcionamiento de un servicio que pagamos con nuestros impuestos. La ministra para rematar el asunto ha dicho que todo se debía a que se había incluido una comunidad autónoma más en el computo (la de Madrid), y aunque eso puede justificar un aumento en el número de personas en lista de espera no puede ser la causa del aumento de los días de demora, salvo claro esta que en Madrid las esperas sean escandalosamente mas altas que en el resto de las CCAA, que, igual es lo que ha querido decir la ministra utilizando uno de sus habituales trabalenguas.

 

Los datos de las listas de espera son congruentes con los que ya ofrecía el Barómetro Sanitario (junio-septiembre de 2012) que ya señalaba que la mayoría de la población no pensaba que las listas de espera mejorasen, sino todo lo contrario, y que las demoras aumentaban en consulta de especialista y medico de atención primaria.

 

Hay tres cuestiones que merece la pena resaltar. La primera es que obviamente esta situación es resultado de los recortes en Sanidad y que previsiblemente lo peor esta por llegar. Desde 2010 los presupuestos sanitarios han disminuido en unos 7.200 millones € y eso significa que hay menos personal, según los datos del Ministerio de Hacienda 12.500 menos desde enero de 2010 a enero de 2013, pero estos datos probablemente subestiman la perdida de empleo porque no cuantifican al persona eventual que es donde se han cebado los recortes y que supone en torno al 30% de los trabajadores del sector. Como consecuencia de ellos se han cerrado quirófanos, consultas, puestos de urgencias, camas de hospitalización, etc. A este contexto de recortes presupuestarios hay que sumar el proceso privatizador y los sobrecostes que conlleva detrayendo cantidades cada vez mayores a unos presupuestos cada vez mas escasos.

 

Lo segundo es que presumiblemente las demoras reales son mayores, primero porque las CCAA procuran maquillar los datos y tienen toda una serie de mecanismos para que los enfermos no estén contabilizados en las listas de espera oficiales o entren lo menos posible (la Comunidad de Madrid es todo un ejemplo al respecto), y que por lo tanto acabaran, lo están haciendo ya, deteriorando la salud de la población, aumentando la morbilidad, la gravedad de los procesos y la mortalidad.

 

Lo tercero es que  el Ministerio de Sanidad intenta mirar para otro lado (la ministra es una experta en su domicilio y en su despacho), cuando evidentemente le corresponde una responsabilidad importante en el tema, tanto por lo que respecta a la financiación, problema sin resolver desde 2001, porque es imprescindible avanzar hacia una financiación suficiente y finalista, como en lo que respecta a las tareas de Alta Inspección y al hecho de que el Ministerio preside el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud desde donde debe asumir la cohesión del SNS y hacer propuestas para mejorar su funcionamiento y establecer políticas activas, hasta ahora solo se ha dedicado a recortar y favorecer las privatizaciones con los resultados que están a la vista.

Lo que habría que globalizar: derechos humanos, bienestar social y económico eso no.

La globalización de la esclavitud

Por Pedro L. Angosto en nuevatribuna.es

No ha habido pega ni disputa alguna para que las leyes del balompié sean las mismas en cualquier lugar del mundo y no hay país en el que no se sancione con la máxima pena al jugador no cancerbero que coge el esférico con las manos dentro del área. Sin embargo, eso no ocurre con otros ámbitos del vivir humano mucho menos importantes como son los derechos humanos, económicos y sociales.

Hace tiempo que dejó de gustarme el fútbol, desde que comprendí que un equipo de esos no puede gastarse en pagar a medio centenar de personas lo mismo que un Ayuntamiento de medio millón de habitantes. No obstante utilizaré en esta ocasión un conocido símil balompédico. Es sabido que cuando un futbolista defensa para el balón con las manos dentro del área es penalti, que cuando la pelota sale por la línea adyacente a la portería tocado por un jugador atacado es córner y que si se le da una patada en sus partes a un contrario es falta y tarjeta roja, lo que supone la salida inmediata del jugador del campo y debería también acarrear su ingreso en prisión. Eso ocurre en Alemania, China, Corea, México, Argentina, la Rusia de los neozares y la España neofranquista: Las leyes del fútbol son universales e inapelables se juegue donde se juegue, debe ser porque ese deporte es lo más grande que nos ha sucedido en nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin Messi, Ronaldo, Ramos, Guardiola, Soldado o Iniesta? ¡Qué somos un país culto y desarrollado, por Dios!!!

 

No ha habido pega ni disputa alguna para que las leyes del balompié sean las mismas en cualquier lugar del mundo y no hay país en el que no se sancione con la máxima pena al jugador no cancerbero que coge el esférico con las manos dentro del área. Sin embargo, eso no ocurre con otros ámbitos del vivir humano mucho menos importantes como son los derechos humanos, económicos y sociales. Aquí está permitido todo, en un país se pagan impuestos, seguros sociales, pensiones, salarios mínimos dignos; en otros se paga sólo una parte según el parecer de quien gobierna o manda, y en otros, absolutamente nada, es decir, su economía se basa en la esclavitud política, económica y social. Siguiendo con el símil futbolístico ocurre con las cosas triviales de la vida lo contrario que en las más importantes como es el caso del fútbol: Un hindú puede trabajar dieciséis horas diarias por tres rupias para una empresa europea o norteamericana sin que apenas le llegue para comer, mientras que en los países más avanzados de Europa todavía es obligatorio pagar un sueldo determinado, cotizar a la seguridad social y pagar los impuestos establecidos para mantener los servicios públicos esenciales garantizar unas mínimas condiciones de vida a todos los ciudadanos. Es como si a un hindú o a un chino se le permitiera jugar al fútbol dando patadas en los cojones a sus contrarios, coger la pelota con la mano dónde les salga o dar por finalizado el partido cuando la victoria esté de su lado sea el minuto de juego que sea. Bueno, se me dirá, no es lo mismo, ellos también tienen derecho al desarrollo, a tener coches, bufandas de colores y viajar a Ibiza a oír música disco. Y sí, es cierto, pero eso se habría conseguido de manera mucho más efectiva y segura si se hubiesen establecido unas normas para el comercio internacional obligatorias que obligasen a todos los países a garantizar los derechos económicos, políticos y sociales de todos sus trabajadores, de forma y manera que todos –proporcionalmente- pudiésemos jugar en igualdad de condiciones y caminar juntos hacia un mundo más justo y por tanto mejor para ellos y para nosotros.

 

No se hizo así, y no por descuido, sino siguiendo una estrategia perfectamente diseñada. La apertura de la China “comunista” al capitalismo fue presentada por los dirigentes chinos como una versión amarilla de la Nueva Política Económica que Lenin se vio obligado a implantar en la URSS en los años siguientes a la revolución rusa debido al bloqueo mundial y a la guerra blanca. Nada de eso era verdad, China había pactado con Estados Unidos ofrecer su inmenso ejército de mano de obra esclava a cambio de que empresas de aquel país se instalasen en la patria de Mao. A Estados Unidos, siguieron Japón y Europa, produciéndose la hecatombe en la que hoy nos movemos: En los países esclavistas son muy pocos los que salen de la esclavitud, la corrupción está generalizada y los grandes hombres de negocios de todo el mundo pasan parte de su tiempo y gozo en ellos viendo como explotan a cientos de millones de personas obligadas a trabajar sol y luna sin que ningún organismo nacional ni internacional diga esta boca es mía. El silencio impera, y el silencio es cómplice porque esconde lo que se habla detrás de las cortinas de mansiones que ni google sabe dónde están.

 

No cabe engañarse, tampoco sorprenderse. Al capitalismo jamás le gustó la democracia, la aceptó cuando el movimiento obrero y el miedo a la URSS se la impusieron. Liberado de amenazas, volvió a lo suyo preguntándose, ¿por qué narices voy a fabricar unas zapatillas Adidas en Europa pagando salarios altos, seguridad social, pensiones, medio ambiente, cuando puedo hacerlo en un país esclavista por un euro y luego vendérselo a los gilipollas que he dejado en el paro en Europa por setenta? No hay reproche alguno, en la lógica capitalista no entra la sanidad ni la educación pública, ni las pensiones, ni las dependencias, ni el trabajo digno, importa la explotación, es decir sacar el máximo beneficio con la mínima inversión. Si yo fuese capitalista, puedo jurarlo ante el Corán o cualquier otro libro sagrado, no fabricaría absolutamente nada en España ni en Alemania ni en Luxemburgo. Haría lo mismo que hacen los capitalistas de todo el mundo, contribuir a globalizar la pobreza acreciendo mis ahorrillos de modo exponencial, eso sí, sería tan malnacido y tan canalla como todos ellos.

 

Se puede decir que esa estrategia impuesta por las grandes corporaciones mundiales y permitida por todos los gobiernos puede ser pan para hoy y hambre para mañana, puesto que una Europa arruinada sería una fuente de enormes conflictos y causaría un enorme impacto al comercio mundial, pero eso es un error: Entre China y La India suman casi tres mil millones de habitantes, sólo con que el 10% de ellos –nunca pasará de ahí- logren tener un poder adquisitivo mediano, sustituirán al mercado europeo disponiendo siempre de una cantidad enorme de esclavos para sustituir a los que vayan muriendo para mayor engrandecimiento del capitalismo y la explotación.

 

Europa se está suicidando. No fue capaz de exportar su modelo, mejorándolo, al resto del mundo y sí de aceptar su muerte. Ahora le queda muy poco tiempo, o la UE se decide a imponer una tasa social a todos los productos que procedan de economías esclavistas y a sancionar duramente  a quienes se dedican a deslocalizar e importar con márgenes brutales, o en breve nos veremos de nuevo besando la bota de quien nos pisa: Las reglas del juego o son iguales para todos o se rompe la baraja.

El profundo deterioro que se está produciendo en la confianza hacia la política y la dinámica democrática en nuestro país

Mentiras políticas que duran poco

Por Pedro Chaves, miembro del colectivo econoNuestra y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid

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En 1997 se estrenó la película Wag the dog (Cortina de humo en España), dirigida por Barry Levinson y magistralmente interpretada por Dustin Hoffman, Robert de Niro y Anne Heche (entre otros). En el film el presidente de los Estados Unidos y candidato electoral ha sido pillado con una becaria en su despacho. En realidad no está claro que ha podido ocurrir, pero eso no importa, el hecho es que la noticia puede cambiar radicalmente el resultado de las elecciones. Para impedir ese desastre los asesores del presidente se inventan nada más y nada menos que una guerra en Albania. Y para dar credibilidad a ese invento se contrata a un productor de cine que consigue hacer creer que hay una guerra allí donde, solamente, hay efectos especiales.

La película medio en serio, medio en broma, hace posible una reflexión más que pertinente sobre la relación entre los medios de comunicación y la política y también sobre los arcanos de la gestión de las crisis en los staffs de los partidos políticos más importantes.

Respecto a la primera cuestión y más allá de las obviedades, la película ilustra el hecho de que la centralidad de los medios de comunicación ha modificado lo que, en el espacio público, puede y debe ser percibido como “real”. Esto ya no sería, necesariamente, lo que de verdad pasa u ocurre, sino lo que los medios de comunicación dicen que ocurre y pasa. En el film el personaje interpretado por Robert de Niro responde siempre a las objeciones sobre la disonancia entre los hechos y su realidad mediática: “lo dice la tele”, dando por sentado que esa información tiene la fuerza de una evidencia incontestable. En el espacio público los medios de comunicación se habrían convertido en el locus en el que se dirime la condición de realidad de los hechos al mismo tiempo que su interpretación.

Sobre la gestión de las crisis se abusa de lo que, parecerían, máximas de Maquiavelo traducidas a los nuevos tiempos. En realidad, se trata más bien de lo que los antimaquiavelianos de los siglos XVI y XVII atribuyeron interesadamente a Maquiavelo, pero eso no importa mucho. Las dos grandes máximas de, en todo caso, ese maquiavelismo ramplón y cortoplacista dicen lo siguiente: niégalo todo y todo el tiempo y busca otra acontecimiento que distraiga la atención del público.

Al menos estas tres cuestiones aparecen con mucha claridad en la gestión de la crisis que el PP está realizando. Por una parte, la colonización partidaria de los medios de comunicación o bien, la colusión de intereses entre unos y otros, ofrece al PP la posibilidad de reformatear la realidad de manera que un caso flagrante de corrupción sistemática de un partido político se convierta en el caso particular de un “delincuente” (el sr. Bárcenas), en coalición con una oposición antipatriota. Las portadas de algunos de los medios más afines al PP (ABC o La Razón) han sobrepasado los límites de la desvergüenza deontológica en este empeño.

En segundo lugar, la estrategia comunicacional del PP, en coalición con los medios afines, sigue empeñada en una línea maginot tan quebradiza y frágil como persistente: todo lo que dice Bárcenas es mentira; la financiación ilegal del PP es mentira; la participación casi al completo de la cúpula del PP en este entramado es mentira también.

Por otra parte, la canción del verano con el conocido tema sobre Gibraltar, nos recuerda aquel otro fenómeno tan casposo como ridículo del conflicto del año 2002 en la Isla Perejil. Agitar las banderas suele ser un tema de éxito que distrae tanto como entretiene.

Pero la mentira tiene las patas cortas, como dice un castizo refrán y no es pensable engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Por una parte se abre paso la evidencia de la participación de la cúpula del PP en un entramado de financiación ilegal en el que participaban, por gusto o por fuerza, las principales empresas de este país. Esa corrupción sistemática reportaba, además, pingües beneficios a los dirigentes del PP.

El reconocimiento de que se cobraban sobresueldos es la constatación de que ese entramado había forjado una coalición de intereses espúreos y delictivos. La canción de verano: Gibraltar me mata,  ha durado más bien poco y ha tenido poca pegada. Ha ocupado portadas, es verdad, pero en las terrazas de los bares, en las pachangas veraniegas y en las comidas familiares se habla de otras cosas, se viven otras preocupaciones. Y, ocasionalmente, puede tener un efecto contraproducente en el plano europeo e internacional.

En la estrategia del PP cuenta el tiempo y hay dos hitos a los que estos dirigentes se aferran en la convicción de que sobrepasarlos modificará sustancialmente la perspectiva de la opinión pública. De una parte las elecciones alemanas del 22 de septiembre, de otra el fin de las noticias catastróficas en lo económico y la aparición de noticias que pueden ser vendidas como buenas (aunque no lo sean, pero si lo dice la tele).

Es fiar demasiado a factores externos y con tiempos de inserción en las agendas políticas diferentes, el cambio de perspectiva de la opinión pública y el alivio de la tensión que ahora siente el PP de los pies a la cabeza. Dando por hecho que ambos procesos traerán noticias que permitirán resituar los temas de debate y controversia en el plano nacional.

Pero hasta ahora, una buena parte del partido se ha jugado en los planos institucional y comunicacional. En ambos las salidas pensables y posibles no revertirán el profundo deterioro que la situación están produciendo en la confianza hacia la política y la dinámica democrática en nuestro país. Desde hace años, el PP se ha convertido en un factor de riesgo para la democracia y para la convivencia, tanto por sus políticas públicas como, ahora, por su gestión de la crisis. Es difícil calibrar el daño que esta articulación de mentiras y autoritarismo casposo, promovido por el PP y quienes le sostienen, está produciendo en términos de cultura política, cultura cívica y compromiso democrático de nuestra ciudadanía. El pluralismo democrático en España necesita de un partido de centro derecha, nadie lo duda, pero con toda seguridad no de este Partido Popular.

Si la salida institucional: una eventual dimisión de Rajoy complementada por la retirada (hacia Europa, por ejemplo) de algunos señalados dirigentes actuales del PP, se realiza sin una importante movilización social en esta dirección, se habrá puesto un parche nada más, al tiempo que se habrá favorecido ampliar la cima que separa a la ciudadanía, a la sociedad civil y a la clase política y las instituciones.

ENLACE CON LA WEB DE ECONONUESTRA

Menos mal que alguien lo dice alto y claro este informe de la fundación BBVA es un “arrimando el ascua a su sardina” en el negocio en el que quieren convertir nuestra salud: la colaboración público-privada (la privatización).

Un estudio del sistema sanitario sesgado y poco riguroso

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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Acaba de hacerse público el estudio “El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas: Sostenibilidad y reformas” financiado por la fundación BBVA y lo más sorprendente es la falta de rigor de  su metodología y de sus principales conclusiones.

El estudio asegura que “se prevé  que el gasto sanitario público crecerá a una tasa media anual del 4,4% de aquí a 2016”, contra toda evidencia y que por lo tanto “la economía debería de crecer un mínimo del 1,4% anual para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”, y por ello, reclama “reformas para controlar el gasto”.

Es evidente que se parte de unas premisas falsas que parece mentira que sean sustentadas por economistas. Se utilizan series históricas que acaban en 2010 por lo que la tendencia no incluye el periodo de crisis económica (mejor dicho solo el último año de la serie donde empieza el decrecimiento del gasto sanitario (se pasa del 6,1% del PIB y de 1.376 euros per cápita en 2009 al 6% y 1.349 euros en 2010), por lo tanto la previsión que se hace esta sesgada y no se corresponde con la realidad (un error metodológico de bulto).

Es bien conocido que entre 2010 y 2013 los presupuestos sanitarios públicos de las CCAA per cápita han experimentado una disminución del 11,4%, con decrecimiento promedio anual del  3,91 %, es decir la previsión no solo no se está cumpliendo sino que sucede todo lo contrario, en lugar de un aumento del gasto sanitario público estamos ante una disminución del mismo

Incluso los últimos datos de la OCDE (junio 2013) ya señalan que el gasto sanitario español está en clara disminución. Así el gasto sanitario público per cápita se sitúa por debajo del promedio de la OCDE (2.224,2 dólares/poder partitario de compra –ppc– versus 2.436,7 dólares ppc) y ha disminuido desde 2009 (pasando de ser el 74,9% del gasto sanitario total en este año al 73% en 2011), con un crecimiento negativo de  -1,2% en 2010 y de -4,3% en 2011,mientras el gasto sanitario total en % sobre el PIB también disminuye 0,3 puntos en % en 2011 (situándose en el promedio de la OCDE). Por otro lado conviene recordar que el crecimiento del gasto sanitario en España nunca estuvo descontrolado (la OCDE en 2008 señalaba que el crecimiento del gasto sanitario anual en los últimos diez años era  en España del 2,7% frente al 4,1% del promedio de los países de la OCDE)

Es decir los datos conocidos demuestran que lejos de producirse este incremento continuo del gasto sanitario que señala el Informe, está ocurriendo justamente lo contrario, desde hace años, a partir de 2009, se ha entrado en una disminución del gasto sanitario público, que además es mayor que la contracción del PIB. Resulta llamativo que se publique en agosto de 2013 un Informe que ignore estos datos y dice muy poco del rigor del mismo.

Otro de los problemas del Informe es el sesgo ideológico que esta expresado en la Introducción y lógicamente aparece a lo largo del mismo. Los autores utilizando una referencia “moderna” (Aristóteles, siglo IV antes de  nuestra era) intentan colocarse en lo que ellos entienden como “justo medio”, creando de una manera artificial dos supuestos enemigos del SNS, caricaturizando sus posiciones con una notable ausencia de “moderación” que hubiese sorprendido a su supuesto mentor filosófico. 

En realidad estamos ante una de las posiciones ideológicas que fomentan la privatización que está presente en nuestro país hace mucho tiempo al menos desde el Informe Abril de 1991, una posición “blanda” si se compara con las más “duras” de Lasquetty y compañía, pero que a la postre pretenden justificar las mismas actuaciones y por lo tanto es complementaria. Amparándose en unas supuestas evidencias científicas, en algunos casos tan inexistentes como las que han señalado sobre tendencias de gasto sanitario, plantean soluciones inscritas en un paradigma nunca demostrado, las supuestas ventajas de la introducción de incentivos de mercado, de la competencia y de la participación del sector privado (lo que eufemísticamente se denomina colaboración público- privada)  en la provisión de los servicios sanitarios. Como siempre estos planteamientos se encubren en declaraciones genéricas como la búsqueda de “una mejora de la eficiencia” que todo el mundo desea pero que hay planteamientos, como los privatizadores, que la practica ha demostrado que avanzan en sentido opuesto. Un sesgo ideológico presente en todo el Informe.

El Informe por supuesto contiene muchos datos e información que es de  interés, y que pueden ser utilizados para comprender el funcionamiento y los problemas del SNS.

En conclusión estamos ante un Informe con sesgos metodológicos e ideológicos básicos que desnaturalizan su contenido supuestamente científico y que hace afirmaciones que la realidad demuestra que son totalmente erróneas, la utilidad del Informe queda así circunscrita a los fines de la entidad financiadora, que es de agradecer, aparece claramente explicitada. Estamos ante otro de los trabajos seudocientificos  que intentan recuperar el terreno ideológico en que se sustentan las políticas privatizadoras de la Sanidad Pública tan desprestigiadas por las movilizaciones sociales y profesionales.

Rosa María Artal, en ZONA CRITICA de eldiario.es, reflexiona sobre las “recomendaciones” que nos llegan del FMI y la UE

Recetas FMI y UE: menos salario, más paro, menos democracia, más penuria

Por Rosa María Artal

Olli Rehn, el responsable de Asuntos Económicos de la UE, se ha apuntado a la petición del FMI: los sueldos de los españoles deben bajar un 10% para crear empleo. Dos patas de la Troika decretan pues abundar en nuestro empobrecimiento y con la tercera, el BCE, no existe la menor discrepancia ideológica -porque de eso hablamos-. Ningún dato avala que la devaluación de los ciudadanos disminuya el paro y frene la recesión sino todo lo contrario. Pero desde el Olimpo en el que viven nuestros ejecutores, los ciudadanos somos anotaciones contables en un papel que sirven a sus fines. Rehn ha osado incluso apelar a la coacción. "Quienes lo rechacen frontalmente cargarán sobre sus hombros con la enorme responsabilidad de los costes sociales y humanos", escribe en su blog, " expresando el sentir de la Comisión", según una portavoz. Paradojas de la vida, la Historia fijará la inmensa culpa de los actuales gestores de la UE en el hundimiento de Europa y sus ciudadanos. Y, ahora mismo, en los injustos daños sociales y humanos que ya han causado.

Un negocio estupendo proponen. Se trata de rebajar los salarios un 10% adicional a las graves mermas sufridas con la Reforma Laboral de Bañez/Rajoy. Como saben que eso no funciona, solicitan también incentivar la contratación con rebajas de impuestos a las empresas. Pero, claro, entra menos dinero en las arcas públicas, así que cogemos a los monigotes del tablero y les subimos también los impuestos indirectos. Como esto es intragable –por mucho que los españoles hayan demostrado que engullen cuanto les echen- emplazamos a los sindicatos para que les convenzan. Ésta es la síntesis del “pacto” pergeñado por el FMI, que la UE encuentra un gran hallazgo. ¿Motivar a los ciudadanos para que asientan en silencio? Bastante tienen con un empleo miserable si es que les toca en suerte.  No hay otro incentivo.

Desde primero de economía o desde la pura constatación sensata de la realidad, se sabe que con menos dinero –vía mermas salariales y subidas de costos- los ciudadanos cada vez consumen menos. Se siguen hundiendo los negocios, por tanto, y aumentando el paro. Máxime cuando los bancos a pesar de nuestros generosos regalos no dan créditos. Pero el plan vuelve a ser que trabajemos para la exportación. Buscan crecer en ese apartado, es lo que nos brindan como ejemplo de “recuperación”. Nos convertimos en la fábrica del mundo, en competencia con China, Bangladesh u otros países de trabajo esclavo. Hay mucho margen para rebajar el sueldo en consecuencia. Y a callar. Realmente es un acuerdo muy ventajoso. Para ellos.

Rehn  -que llama “lumbreras” a quienes se oponen a las rebajas de sueldo y demás recortes a la sociedad- cita como ejemplo de la eficacia de estas políticas a Irlanda y Letonia. Estamos ciegos si no queremos verlo, aunque conozcamos lo que quieren ocultar. Irlanda, casualmente, lidera con España el aumento del paro de larga duración en los últimos cuatro años. Pero es que la gente, el dolor de las personas, son daños colaterales. En cuanto a Letonia ha venido siendo ejemplo paradigmático de crucifixión a cargo del FMI y lo será de la UE a la que ahora, en los huesos sus ciudadanos, aspira a entrar. El que, en terminología de la jungla neoliberal, fue llamado “El tigre báltico”, vio caer al 18 % su economía cuando llegó la crisis. Se cerraron hospitales, los enfermos debían alquilar su cama en los que permanecían abiertos, bajaron a la mitad el sueldo de los maestros y un 20% el salario mínimo y las pensiones. El despido es libre. ¿Han salido de la recesión? Los ciudadanos no. Como explicaba Paul Krugman las recuperaciones parciales de algunas de sus cifras de depresión - como el paro cuya tasa fue la única que en algunos momentos sobrepasó la española-, se han conseguido por ejemplo con la emigración masiva. Nosotros andamos en ello. También aquí hay mucho margen para echar a su suerte a ciudadanos de toda condición. Las cifras de la EPA mejoran así que es un gusto.

Lo más grave si cabe es que el aumento de las desigualdades sociales –y España se sitúa en cabeza de Europa en rapidez y cuantía- lastra incluso el desarrollo de los países como tales. Está demostrado. Las sociedades menos igualitarias registran un mayor grado de fracaso social que aquellas donde esas diferencias se han limado. La desigualdad aumenta las tensiones sociales, crece la violencia, las enfermedades, los problemas mentales, reduce la esperanza de vida. Prácticamente todos pierden. Pero si el dinero llena los bolsillos adecuados no les importa.

Rehn ha vivido de lo público toda su vida laboral. Como tantos otros. Como la mayoría de sus colegas en la Comisión. Como el español Joaquín Almunia en gran parte de su trayectoria. Desde las atalayas de sus jugosos sueldos ya no sienten el aliento de las personas a las que dicen representar y pagan sus facturas. Deberían cobrar el sueldo medio de la UE una buena temporada, la media entre Rumania o Bulgaria y Suecia y repetir después sus doctrinas.

La austeridad –apadrinada por Merkel-  ha matado Europa. Ya apenas cuenta en el concierto mundial. Obama ha sido el primer presidente del aún poderoso EEUU que ya apenas la pisa. La austeridad… y la profunda relajación de la democracia. La conservadora canciller alemana imprimió también –desde el famoso Merkosy- la sustitución de los órganos comunitarios por decisiones personales o apañadas a dos o por una camarilla. Quien más manda en la UE es el Consejo Europeo compuesto por los presidentes o jefes de gobierno de los países miembros, cada cual buscando sus intereses nacionales. Y es decisiva la asimetría del poder real: unos deciden e imponen y otros no pintan nada.

Pero hay todavía una enorme responsabilidad más de la UE con respecto a España: lo poco que les interesa la profunda trama de corrupción que está minando los pilares del Estado. Eso no va con ellos. Son asuntos internos. Con los que se intercambian relaciones comerciales que no en otra cosa han convertido a los países. De hecho, Merkel sigue apoyando a Rajoy vea lo que vea, y sepa lo que sepa. Mediando el beneficio para sus bancos, se hace la vista gorda a las vigas que se clavan en el ojo propio. En un utópico mundo justo, también tendrían que pagarlo.

Quedaron profundamente grabadas en mi memoria las palabras de una dignísima anciana que conocí en un reportaje sobre el Archivo de Salamanca. Teresa Virgili, hija del que fuera vicepresidente del Parlamento catalán en la República dijo : “Mi padre era muy optimista, él pensaba cuando empezó la guerra mundial que ganarían las democracias y Franco saltaría enseguida, que las democracias europeas nos ayudarían. La gran decepción fue cuando no pasó esto”.

Hoy como siempre, estamos solos. Ante la codicia del entramado mundial y el español en particular. Ante la devastadora corrupción que nos corroe. Ante la peligrosa degradación de la democracia. Ante nosotros mismos y esos ciudadanos decisivos que una y otra vez miran para otro lado o creen la fantástica mentira de que ya vuelve el maná.

Cada oveja con su pareja

Marciano Sánchez Bayle Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es | 04 Agosto 2013 - 19:03 h.

 

Hace pocos días la  Ministra de Sanidad Ana Mato, en presencia de Mariano Rajoy firmo  con el autodenominado Foro de la Profesión un acuerdo marco de colaboración supuestamente para la sostenibilidad del Sistema Sanitario, que se ha vendido desde el Ministerio y el propio Gobierno como el acuerdo con el sector sanitario para asegurar el Sistema Nacional de Salud y acabar con la conflictividad que se vive en los centros desde hace tiempo. En esta circunstancia conviene hacer algunas reflexiones:...(leer más)

Constatando y midiendo una situación indiscutible los estudios y su escasa repercusión mediática aquí.

El impacto de la crisis en la salud y bienestar de la población española

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

nuevatribuna.es

Dos artículos que se han publicado en revistas científicas de gran credibilidad internacional que han tenido escasa visibilidad en los mayores medios de información (orales o escritos) españoles, tienen que ver con el impacto de la crisis económica y financiera en la salud de la población española. Uno de ellos es el detallado estudio de varios investigadores (Helena Legido-Quigley, Laura Otero, Daniel la Parra, Carlos Álvarez-Dardet, José María Martín-Moreno y Martin McKee), pertenecientes a varias universidades españolas, que han analizado el impacto de estas crisis tanto en los servicios sanitarios como en la salud de los españoles. Su título es claro y contundente: “Will Austerity Cuts Dismantle the Spanish Health Care System?”.El lugar de publicación es el British Medical Journal (03.06.13), una de las revistas científicas de mayor prestigio en el mundo anglosajón.

En este artículo los autores detallan las medidas más importantes tomadas por los gobiernos español y de las CCAA en el área sanitaria (desde los recortes hasta los cambios de los programas de formación) y sus consecuencias para el bienestar de la población. Existen datos de gran interés, como el aumento sustancial de la población, desde el inicio de la crisis, en las listas de espera (un 43% en Catalunya), o en el número de intervenciones quirúrgicas que han dejado de hacerse (un 15%), así como en una larga lista de indicadores que muestran, sin ambigüedades, que el sistema público sanitario se está deteriorando y muy rápidamente. El artículo también señala los grupos que se están beneficiando de tales recortes, incluyendo en primer lugar la sanidad privada, que (como bien señalan los autores) no goza de mayor calidad que la sanidad pública.

Pero las cifras más impactantes son las que muestran el grave deterioro de la salud de la ciudadanía. Los autores, en su revisión bibliográfica y de las estadísticas vitales y sanitarias que presentan, concluyen que el número de pacientes con el cuadro clínico de la depresión ha aumentado (desde 2007 a 2012) casi un 20%. Y las personas más vulnerables para caer en una depresión son personas adultas en paro y personas desahuciadas por no poder pagar las hipotecas. Otro indicador es el incremento de los suicidios e incluso, más impactante, el enorme aumento de los intentos de suicidio. Solo en Catalunya el incremento ha elevado la cifra de 1.953 a 2.379, solo en el periodo 2010-2011.

Este problema aparece reforzado en el otro estudio realizado por James A. López Bernal, Antonio Gasparrini, Carlos M. Artundo y Martin McKee, y publicado en otra revista, también de gran prestigio internacional, The European Journal of Public Health (25.06.13), titulado “The Effect of the Late 2000 Financial Crisis on Suicide in Spain: an Interrupted Time-Series Analisis”. El estudio muestra un crecimiento, desde que se inició la crisis, de un 8% en la tasa de suicidios sobre lo predecible en tiempos normales. El valor de estas cifras queda incluso más claro cuando entendemos que el suicidio ya es la situación extrema. Es decir, es la parte descubierta del témpano de enorme sufrimiento que está soportando la población, y muy en particular las clases populares.

Una última observación. El gran acierto de estos estudios es documentar la situación actual, situación todavía hoy negada por los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos que gobiernan Europa y España, los cuales ignoran estos datos y esta realidad. Pero todos estos datos eran predecibles. Por desgracia, esta situación no es nueva. Aunque no con tanta intensidad, hemos vivido en España momentos de crisis en periodos anteriores. Y hemos podido ver que la consecuencia de las políticas públicas impuestas a la población eran estas. No puede alegarse ignorancia. Lo sabíamos y varios de nosotros alertamos de que esto ocurriría. Y está ocurriendo.

Y lo que era también predecible es que estas políticas que se están imponiendo eran y continúan siendo no solo innecesarias, sino también contraproducentes. Todas las situaciones de recesión económica (en realidad, para millones de españoles esta recesión parece más una gran Depresión económica) que han existido en el mundo (Estados Unidos durante la Gran Depresión, o Europa después de la II Guerra Mundial) se han resuelto (mediante el New Deal en EEUU y el Plan Marshall en Europa) a través de políticas públicas opuestas a las que se están desarrollando en España, con recortes y contrarreformas laborales que están bajando los salarios y reduciendo la protección social. Y he utilizado el término de “impuestas” porque ninguna de estas políticas estaba en los programas electorales de los partidos gobernantes. En realidad, el ataque al modelo social ha requerido la eliminación de la democracia. Y ello a costa de un sufrimiento humano enorme. ¿Hasta cuándo?