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OPINION

Las medidas adoptadas por el Gobierno no pretenden el ahorro anunciado, sino cambiar el modelo sanitario…

Las medidas adoptadas por el Gobierno no pretenden el ahorro anunciado, sino cambiar el modelo sanitario…

¿Qué es ahorrar en Sanidad?

Por Alberto Berguer (*), en Acta Sanitaria

Las medidas tomadas por el Gobierno en relación con la disminución del déficit público llegaron hace meses a la Sanidad y ahí nos encontramos. La cuestión ya no es cómo ahorramos, además de todo lo que se ha hecho con los productos farmacéuticos y las oficinas de farmacia, sino que se pretende cambiar de modelo. La experiencia hecha en la Comunidad de Valencia no es nada barata si sé dice la verdad; fue algo así como el "banco de pruebas" de la teoría liberalizante o "tacheriana" que se pretende. En su día, el 'informe Abril' dio una serie de bases para racionalizar el sector público sanitario, pero ninguna se llevó a cabo, ni con los unos ni los otros, en los sucesivos Gobiernos.

Con las transferencias, las autonomías han gestionado mal los recursos sanitarios y, en algunos casos, sobre todo las más antiguas, destinaron dineros a fines inconfesables con rentabilidad política. Los ciudadanos han vivido al margen y tampoco se tomaron medidas, salvo la excepcional factura fantasma, para concienciarlos del gasto sanitario. Los gerentes, que tanto reivindicaron autonomía de gestión durante décadas, no pelearon por cambiar las reglas de la financiación sanitaria, sino que aumentaron sus departamentos de dirección y gestión de los hospitales hasta límites insospechados, cuando seguimos con unas partidas presupuestarias que no permiten el "juego" entre las mismas.

Sí, hemos mejorado los rendimientos, pero no se logró la cuadratura del círculo. Para salir de esa situación, a Madrid se le ocurrió "cortar por lo sano", cuando los mismos responsables sanitarios abrieron demagógica y electoralmente una serie de centros sin presupuesto ni capacidad para mantenerlos dignamente. Ahora, el euro por receta. Y, cuando falle el Constitucional, si lo hace en contra, ya habrán recaudado.

Después de todo esto, los médicos han vivido ya no la congelación de sus sueldos, sino las sucesivas bajadas de los mismos y el aumento del número de horas de trabajo; pero con todo ello han permanecido callados solidariamente con la situación desastrosa del país, que se nos anuncia a diario.

Ante la situación planteada en la Sanidad española, pero sobre todo en la madrileña, el Presidente del Gobierno dice que el ahorro y las reformas en Sanidad son necesarias. ¿Pero acaso no sabe el rumbo que llevan?, ¿es filosofía de unos iluminados?. No, no busquen la disculpa de que la gestión privada es más eficiente y de menor coste, a igual calidad que ofrecemos. Díganlo, es una cuestión ideológica. Se puede hacer más barato y que, además, las empresas ganen dinero, sin duda; pero la menor calidad será el precio, como ocurrió en países como el Reino Unido, cuya Sanidad era un referente mundial en los años setenta y hoy en día, salvo honrosas excepciones, la calidad, la investigación global en el sistema y la satisfacción social dejan mucho que desear. Por esto, y no por euros, se movilizan los profesionales, porque saben a dónde nos quieren llevar y que supone destruir el único de los tres pilares básicos de un estado moderno y desarrollado, que es el de mayor calidad.

(*).- Alberto Berguer, Cirujano Oral y Maxilofacial, es Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

Para que lo que se avecina no nos pille desprevenidos…

Para que lo que se avecina no nos pille desprevenidos…

Nuevo año, nuevo recorte de pensiones

Por Nacho Álvarez, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación VientoSUR.

Espacio “Otras Miradas” en Público.es

Durante las pasadas elecciones generales Rajoy repitió incansablemente que no tocaría las pensiones. Y sin embargo lo ha hecho. El Gobierno cruza con ello la que era su última línea roja. Con su decisión de no cubrir la desviación respecto de la inflación en 2012, el ejecutivo hace retroceder un 2% la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Estos dejan de ingresar unos 220 euros de media en 2012, al tiempo que dicho recorte se consolida en años sucesivos al no incorporarse la actualización a la base de cálculo de las pensiones en 2013.

Se recortan de este modo los ingresos del sector más vulnerable de la sociedad, ingresos de los que hoy día dependen no sólo los propios pensionistas, sino millones de familias desempleadas. El Gobierno atiende así a las presiones de la patronal y la troika, que abogaban por congelar las pensiones para cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. Como elocuente señalaba el ministro Gallardón hace unos días: “Gobernar, a veces, es repartir dolor”.

No obstante, este recorte de las pensiones públicas no es el único que figura en la agenda del ejecutivo. El Gobierno del Partido Popular prepara para este año un endurecimiento de algunos de los recortes ya contenidos en la reforma que en 2011 acordaron el Gobierno de Zapatero, CCOO,  UGT y la patronal.

Esta reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contempla como es sabido elementos muy lesivos para las y los trabajadores: de forma general, eleva la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67, aumenta el periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora (hasta los 37 años en lugar de los 35 actuales), e incrementa los años para el cómputo de la pensión desde los 15 actuales hasta 25. Así, esta reforma establece un listón inalcanzable para millones de trabajadores (especialmente mujeres y jóvenes) que, con carreras laborales inestables y bajas cotizaciones, verán notablemente mermadas sus futuras pensiones.

El Gobierno de Rajoy ha anunciado su intención de retrasar la edad de las jubilaciones anticipadas, elevando las forzosas hasta los 63 años y las voluntarias hasta los 65. Además, el Gobierno quiere acelerar el ritmo al que se tiene previsto implantar la elevación de la edad de jubilación a los 67 años (transición que debería completarse en 2027).

Esta nueva agresión contra el sistema público de pensiones se prepara con los mismos argumentos que han dirigido las reformas anteriores: se cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los datos hablan por sí mismos.

En primer lugar, la jubilación anticipada no cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que quienes se acogen a ella sufren una reducción en su pensión –durante toda la duración de la prestación– del 7% por año de adelanto. Por otro lado, la pretensión de acercar la edad real de jubilación a la edad legal debiera tener en cuenta que la primera se sitúa en España en los 63 años, una de las más altas de la Unión Europea (cuya media está en los 61,5 años).

Según datos de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la UE. El gasto público español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.

El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones haya aumentado en España entre 2007 y 2012 (incrementándose en un 2% aproximadamente) no se debe a la “insostenibilidad” del sistema, sino a la propia crisis económica y a la gestión que se ha hecho frente a ella. Así, son las medidas de recorte fiscal que imponen el Gobierno y Bruselas las que siguen expulsando cotizantes del mercado de trabajo, las que hunden la demanda agregada y las que con ello deterioran las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el sistema público de pensiones no presentaba problema alguno, e incluso acumuló importantes superávits que se trasladaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que a fecha de hoy acumula aún 66.000 millones de euros, equivalente al 6,5% del PIB).

Además, no se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin poner todas las cartas sobre la mesa: dicha sostenibilidad remite directamente al debate de qué modelo de distribución de la renta queremos tener.

A comienzos de la década de 1970 había en el Estado español dos millones de pensionistas y el gasto en pensiones apenas representaba el 3% del PIB. Hoy día el número de pensionistas alcanza los 8,1 millones y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolución ha sido perfectamente compatible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de recortes– con los superávits anteriormente mencionados. ¿Cómo ha sido posible? Pues porque el incremento de la productividad permite que aumente también la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema (esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45% actual). No existe –en contra de las proyecciones generalmente interesadas– ninguna razón económica ni demográfica para que esta tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del incremento de la productividad.

Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos. Por ejemplo, la retirada de las políticas de recortes y el desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sostener el empleo y con ello el número de cotizantes. Los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y la universalización de la educación infantil desde los cero años, facilitarían que más mujeres pudieran incorporarse al mercado de trabajo y que la tasa de ocupación femenina alcanzase los estándares de la UE.

Por último, el sistema público de pensiones no necesariamente debe sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en este sentido que la presión fiscal en nuestro país es una de las más bajas de Europa: el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de Dinamarca.

En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones no es una cuestión técnica, sino política (¿Qué recursos queremos destinar a sostener a quienes ya han trabajado toda una vida?). ¿O es que acaso el Gobierno pretende hacernos creer que hay dinero suficiente para rescatar al sistema bancario, pero no para garantizar nuestra futura vejez? Las pensiones públicas no sólo garantizan la estabilidad del ciclo macroeconómico, impidiendo que las recesiones se agraven. Constituyen un derecho social conquistado después de toda una vida de trabajo, así como un bien público que garantiza la solidaridad, la cohesión y la justicia. Son, en definitiva, un enorme activo a defender.

Dicha defensa debería estar encabezada por las organizaciones sindicales. Por ello, nuestros dirigentes sindicales, que en su momento no quisieron ver el enorme error estratégico que significaba firmar la reforma que ahora entra en vigor, harían bien en no tratar de “poner en valor” acríticamente dicho pacto. Por el contrario, su papel debiera ser el de preparar y organizar la respuesta frente a cualquier nueva agresión que pueda sufrir el sistema público de pensiones.

Artículo publicado ayer en La Nueva España en su edición papel…

Artículo publicado ayer en La Nueva España en su edición papel…

El descanso tras la guardia es irrenunciable

No hay razones para mantener el conflicto en la sanidad pública

Por Celia Gómez, Directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias

Así lo hemos defendido y lo defenderemos siempre desde la Consejería de Sanidad. Jamás se ha redactado una línea desde la Consejería que pusiera en duda esta cuestión y, sin embargo, éste es el mensaje que desde la cúpula del SIMPA se envía permanentemente a los profesionales y a la población en general.

El descanso tras la guardia de los médicos es un derecho. Más aun, es necesario porque tras 24 horas a disposición de las eventualidades que puedan surgir, es necesario para cualquier persona que existan horas de descanso suficientes para retomar el trabajo. De hecho, el descanso de 12 horas entre jornada y jornada es un viejo logro de los trabajadores.

Y así se recoge en el decreto que regula la jornada del personal del Sespa. En concreto, el artículo 7, apartado 2, dice que «el personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente». Ésta es una verdad constatable, una evidencia que hace incomprensible, por innecesaria, la reivindicación mantenida por el SIMPA durante estos últimos tres meses. Sin embargo, asistimos a una nueva convocatoria de huelga para enero que insiste en este argumento como «la razón» para continuar el conflicto. ¿Cuál es, entonces, la sinrazón de este debate que produce tanto daño a la salud de los asturianos y asturianas?

Dos pueden ser las razones. La primera, que no haya sido bien explicada o bien comprendida la decisión de la Administración. La segunda, que bajo esa consigna se escondan otras razones que no se puedan explicitar.

De la segunda, poco puedo argumentar, aunque pueda intuir esas razones. Sobre la primera, me corresponde intentar reproducir de forma inteligible, porque sigue existiendo confusión, la realidad del contenido del decreto que ahora se tramita.

Un médico trabaja de 8 a 15, siete horas. Ese día tiene guardia de presencia física. Es decir, permanece en el hospital desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente, para cubrir las eventualidades que se puedan producir, y al día siguiente descansa. Las horas de trabajo diurno, de ocho a tres de la tarde, son las llamadas de «jornada ordinaria», aquéllas por las que se cobran las retribuciones básicas, como el resto de trabajadores. Las horas de guardia se retribuyen aparte, porque es así como se ha organizado el trabajo de los médicos en todos los países de nuestro entorno. Esas horas de guardia no son de trabajo efectivo, de trabajo programado, sino de disponibilidad para hacer frente a las eventualidades que puedan ocurrir, dado que éstas no son previsibles.

Así, en cada hospital existen salas de descanso para que los médicos de guardia pasen la noche mientras se produce o no una eventualidad que requiera su presencia. En la normativa que aplica a todos los médicos en España así se contempla.

Esta situación no debe confundirse con la de los servicios de urgencia, cuyo personal está trabajando de forma efectiva durante su permanencia en el puesto de trabajo. Por lo tanto, tras la guardia, los médicos descansan y no van a trabajar al día siguiente. Y ese descanso es retribuido como jornada ordinaria, es decir, como si realmente estuvieran desarrollando su trabajo en el hospital.

Los médicos, igual que el resto de trabajadores públicos, tienen una jornada fijada en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 de 37 horas y media a la semana o, lo que es lo mismo, de 1.650 horas anuales. Para un médico que hace guardias, esta jornada efectiva se ve reducida, en la medida en que tras la guardia descansa.

Dicho de otro modo, y tomando como ejemplo a un profesional que hace una media de cuatro guardias al mes y otro con una a la semana. Si, por ejemplo, hace guardia un martes, descansa el miércoles, pero esa jornada del miércoles de siete horas se le retribuye. Si estas guardias son cuatro al mes, los descansos suman 28 horas retribuidas que no se trabajan porque se descansan. Para alcanzar las 37 horas y media que establece la ley para todos los empleados públicos, este profesional tendría que trabajar 9 horas y media más a la semana para que esa jornada se cumpliese.

¿Qué propone el decreto? Que todos los trabajadores del Sespa, como el resto de empleados públicos, trabajen a la semana dos horas y media más, tal como obliga la ley estatal y, siguiendo el ejemplo anterior, para el profesional que hace cuatro guardias al mes, otra hora y media en función de la organización del servicio de que se trate. Este máximo de seis horas al mes se cancelará si no se utiliza.

En total, estaríamos hablando, para quienes hacen guardias, de un máximo de cuatro horas de las nueve y media que completarían la jornada del resto de trabajadores.

Ése es el esfuerzo para quien hace dos o más guardias al mes, que supone una jornada semanal que nunca llegaría a las 37 horas y media. Por tanto, para estos casos la jornada ordinaria semanal que contempla el decreto sería como máximo de 32 horas y media.

En conclusión, y para evitar confusiones: en el Servicio Público de Salud de Asturias está garantizado el descanso tras la guardia y se reducen las horas de jornada para compensar la penosidad que supone estar disponible para las eventualidades que puedan surgir durante su presencia en el hospital durante la guardia.

En la actual situación de crisis existen diferentes soluciones para hacer frente a la caída de ingresos por parte de la administración como recortar salarios, plantilla o prestaciones, privatizar o aumentar la productividad para resolver más con los recursos, que son menos, que tiene la administración.

Ésta última es la opción adoptada por la Administración del Principado y que se refleja en el decreto.

Ése es el esfuerzo que ahora tenemos que hacer desde el Servicio de Salud para mantener las prestaciones sanitarias y hacerlo desde un modelo público, evitando privatizaciones, reducción de la plantilla estructural o rebajas salariales.

Y ese mismo esfuerzo es el que se pide a los médicos del Sespa, que estamos seguros sabrán comprender cuando lean la letra del decreto.

Gallardón: “Gobernar consiste en repartir dolor...” y pingües beneficios para los de casa, le añadimos, no sea que en algún momento se les olvide.

Gallardón: “Gobernar consiste en repartir dolor...” y pingües beneficios para los de casa, le añadimos, no sea que en algún momento se les olvide.

Los gobiernos del dolor

Por Marcos Roitman Rosenmann – Consejo Científico de ATTAC España.

La capacidad para adjetivar las políticas de recortes antisociales y antidemocráticos no tiene límite. Tampoco el cinismo y la hipocresía con que actúa la clase política gobernante. Mariano Rajoy, presidente del gobierno; María Cospedal, pluriempleada, secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, y Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, se emplean a fondo. Hablan de dolor a la hora de aplicar las políticas de ajuste presupuestario. Para ejemplarizar cuál es su estado de ánimo, Gallardón ha puesto de moda una frase que está en boca de muchos ministros y de Rajoy: Gobernar consiste en repartir dolor. Pero en la repartición hay quienes lo infringen y administran y otros que lo reciben y padecen. En esta crisis las decisiones no afectan por igual a unos y otros. Torturador y torturado no son lo mismo. Pensar en el sufrimiento y el dolor ajeno para quienes se benefician del mismo no deja de ser un comportamiento rayano en la enfermedad patológica. Ellos sienten el dolor ajeno, aunque no hacen nada para remediarlo. Gracias a sus lumbreras, la vida cotidiana en España se llena de dolor. Veamos.

Los bancos de alimentos se han convertido en alternativa para miles de familias en paro. Sin ingresos estables ni prestaciones sociales, ni tarjeta sanitaria, con hijos en edad escolar, sin becas ni ayudas, acuden a ellos para recibir una cuota de alimentos para sobrevivir. Pasta, leche, huevos, azúcar, arroz, galletas y alguno que otro enlatado. También se aprovisionan de artículos de limpieza y aseo personal. No pierden la dignidad y salen adelante. Asimismo, las campañas navideñas de organizaciones no gubernamentales (ONG), caracterizadas por ubicar sus objetivos solidarios en África, Asia o América Latina, hoy demandan alimentos para bancos y comedores sociales en España. Sus peticiones dejan al descubierto la desarticulación del estado de bienestar. La brecha entre ricos y pobres se profundiza. España se torna dual. Las diferencias sociales se hacen visibles. Imágenes de la posguerra civil, en los años 40, con cartillas de racionamiento, hambre y pobreza vuelven a estar presentes. Se trata de gente pidiendo en las calles, semáforos, el Metro, durmiendo entre cartones, yendo de casa en casa solicitando algún producto para alimentar a la familia o trabajo. Ya no son vagabundos o marginales. Son trabajadores desahuciados, despedidos de su trabajos que viven en coches con su prole y no reciben prestaciones. Vuelve la España dual, excluyente, caciquil y oligárquica.

La ilusión de una sociedad moderna se difumina. La Constitución es papel mojado. Ni social ni democrática ni de derecho. Las pensiones se congelan, la educación se torna confesional. Se impone la asignatura de religión católica en los colegios públicos. La vivienda es un lujo al alcance de pocos. Pero los bancos mantienen cerradas más de medio millón de viviendas. La justicia sigue el mismo camino, los ciudadanos, por recurrir sentencias o acudir a los tribunales, deberán pagar elevadas tasas. Se elimina el concepto de justicia redistributiva y garantista. Sólo tendrán justicia quienes tengan dinero. El turno de oficio se restringe. La sanidad se entrega a empresas cuyo fin consiste en obtener ganancias. Ninguno de los beneficiarios de las privatizaciones de hospitales y centros de salud pertenecen a la esfera sanitaria. Son empresas afincadas en la construcción, corresponsables de la burbuja inmobiliaria. Ahora, en medio de la crisis, trasladan su codicia a la sanidad. La salud, si se privatiza, se convierte en un buen negocio para especuladores sin escrúpulos. Los beneficiaros son conocidos. Dragados y Contratas, Sacyr, Acciona, Hispania o FCC. Pertenecen a bancos como BBVA, BSCH y similares. Así administran dolor.

Mientras se pone a la venta el sistema sanitario, la justicia, la educación, las compañías aéreas, las universidades, los aeropuertos e infraestructuras, algo inédito comienza a extenderse por Europa. Familias noruegas, danesas y suecas inician un plan de apadrinar familias españolas en situación de exclusión. Son decenas los beneficiarios. Les pagan el alquiler de la vivienda y les mandan dinero para hacer frente a la educación de sus hijos.

En otras esferas el problema es similar. Los fondos para investigar se han reducido 75 por ciento, con el consiguiente cierre de laboratorios y líneas de investigación. Trabajos pioneros sobre sida, cáncer, genoma humano, etcétera, se tiran a la basura. Se disuelven equipos interdisciplinarios y los profesionales desilusionados, con sueldos de miseria, abandonan por impotencia. En los años 80 muchos de ellos, con carreras prometedoras en el extranjero, regresaron bajo el compromiso de obtener contratos y una inversión amplia en I+D. Se sienten engañados. La fuga de cerebros se generaliza en todas las disciplinas. Física, química, ingeniería, medicina, ciencias ambientales, nuevas tecnologías, etcétera. Muchos de ellos hacen maletas. La juventud, sin futuro, busca fuera una opción de vida digna. No importa en qué ni cómo. Pero la ministra de Trabajo lo interpreta como resultado del espíritu de aventura y afán de conocimiento de una juventud llena de vida.

Los trabajadores han sido las víctimas propicias de esta política de repartir dolor. Los empresarios acumulan, reciben beneficios, se dan la gran vida, pero exigen austeridad y moderación salarial. El despido libre se generaliza. La reforma laboral, desde su aplicación, ha visto aumentar las cifras de paro en más de medio millón de personas. Suma y sigue. La criminalización de las protestas da un salto cualitativo. La policía tiene orden de tomar datos a manifestantes y pasarlos al Ministerio de Interior. De manera aleatoria se pide la documentación y en una o dos semanas reciben una multa de entre 300 y 500 euros por disturbios o resistencia a la autoridad.

La avalancha de estudiantes, maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales, abogados, pensionistas, minusválidos, jornaleros, obreros, funcionarios, bomberos, asociaciones de vecinos, amas de casa, consumidores y parados crece y se extiende. Políticos mediocres, agazapados en un discurso ramplón, recurren al argumento de la fuerza. Reprimen. La policía, local o nacional, toma las calles de ciudades y pueblos. Intimidan, increpan, disparan balines de goma, bombas de humo y a los detenidos los maltratan y torturan. Los grupos especiales antidisturbios no llevan identificación a la vista, aspecto obligatorio. El gobierno los protege, archiva las causas en caso de acusaciones o los indulta directamente si son condenados por la justicia. Esa es la forma de administrar dolor. En otras palabras: el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. El señor sea con nosotros. Amén.

Opinión: FERNANDO LAMATA, psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad…

Opinión: FERNANDO LAMATA, psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad…

'Una libra de carne' del Sistema Nacional de Salud

29/12/2012, en El País.

El domingo 16 de diciembre la cuarta Marea Blanca llegaba hasta Sol, mientras todavía subían desde Cibeles los sanitarios que venían desde el sur. En ese momento se escuchó un instante de silencio y de repente el aire de la calle Alcalá se fue llenando con la ola hecha grito de miles de gargantas: ¡sí-se-puede!

El año que termina ha supuesto para la sanidad un antes y un después. Con la coartada de la crisis se ha lanzado una verdadera contrarreforma sanitaria. Cuando el banquero Shylock prestó dinero a Antonio le puso como condición que si no se lo devolvía a tiempo le debería pagar con una libra de su propia carne. El Gobierno del Sr Rajoy, en el contexto de una crisis creada por especuladores financieros y defraudadores, planteó a la sociedad que tenía que recortar la sanidad. Y eligió "la libra de carne más cercana al corazón" del Sistema Nacional de Salud: el derecho a la atención sanitaria.

El Real Decreto 16/2012 daba marcha atrás a un proceso que se inició en 1986 con la aprobación de la Ley General de Sanidad. Aquella Ley suponía el reconocimiento del derecho de todas las personas a la atención sanitaria pública en condiciones de igualdad: la universalización. Entonces se sustituyeron la cartilla de beneficencia y la cartilla de la seguridad social por la tarjeta sanitaria individual. Progresivamente se reconoció este derecho a cerca de ocho millones de personas que antes recibían la beneficencia. Ahora el Gobierno del Partido Popular ha empezado a desandar el camino recorrido; se retira la cobertura a las personas que no tengan en regla su documentación de residencia, aunque vivan en España y puedan necesitar atención; se retira también la cobertura a los mayores de 26 años que no estén trabajando. Esta es la libra de carne que exigen los nuevos Shylock, la más cercana al corazón del sistema. Porque la universalización de la sanidad pública se fundamenta en el principio de que todos los seres humanos debemos ser iguales ante la enfermedad y tener derecho a la atención sanitaria en función de nuestra necesidad, y no de la capacidad de pago. En cambio los mercaderes piensan que la atención sanitaria es un asunto privado, un problema que cada uno tiene que atender, según sus medios. Es una mercancía. Y quien no pueda pagarla, que no reciba atención, o acuda a la beneficencia.

Además del tajo al corazón del sistema, se están dando otros tajos importantes, que empezaron ya en varias CCAA hace más de un año, y están haciendo sangrar a la sanidad, debilitándola: el tajo a la solidaridad, ampliando copagos (repagos) a los pensionistas y a los enfermos (de momento por medicamentos, prótesis, transporte sanitario); el tajo a la calidad y la equidad recortando los presupuestos a los centros sanitarios públicos y reduciendo profesionales (10.000 médicos menos, 14.000 enfermeros menos, etc.); cerrando centros de salud; cerrando camas de hospital. Y como consecuencia el tiempo de espera para el diagnóstico y el tratamiento se ha duplicado en el último año. Muchas personas que tienen recursos van a operarse la catarata al privado, o van a hacerse la ecografía, o el TAC. El que no puede pagar, espera, con la inquietud de no saber si es grave, o con la discapacidad de no poder ver, o caminar.

Pero estas libras de carne no eran suficientes para los mercaderes. Querían la gestión de la propia sanidad pública, las concesiones, para obtener nuevos beneficios. En la misma época en que comenzaba la aplicación de la Ley General de Sanidad en España, Margaret Thatcher presidía las reuniones que condujeron a la aprobación del Libro Blanco (enero de 1989) que introduciría la privatización de la gestión hospitalaria, los "mercados internos", y los incentivos fiscales para los seguros médicos.

El National Health Service había sido un referente para nosotros. Desde aquellas reformas el NHS perdió calidad y eficiencia, y ha ido acumulando enormes problemas con la llamada "colaboración público-privada". El Gasto Sanitario Público, que era similar a España en relación con el PIB ha aumentado hasta 8,1% del PIB, un punto más que en España (datos OCDE 2012). Sin embargo, los resultados en salud son mejores en nuestro país (en RU la Esperanza de Vida al Nacer es 80,6 años; en España 82,2. En RU la mortalidad infantil es 4,2/1000 nacidos vivos; en España 3,2. En RU los Años Potenciales de Vida Perdidos en mujeres/100.000 son 2.534; en España 1.787). Es decir, el NHS después de la privatización es menos eficiente que el SNS.

Se ataca a la inteligencia cuando, como única razón para privatizar la gestión, se insiste en que es más eficiente, y se copia el modelo del RU. Las evidencias muestran lo contrario. En España el SNS tiene un gasto de administración y gestión del 2,34%. Los seguros privados en España tienen un gasto de administración y gestión del 28,29% (datos MSSSI). Es de sentido común que las empresas privadas quieran ganar dinero. Necesitan un margen de beneficio, que obtienen reduciendo costes (menos personal, menos salarios, menos calidad), o reduciendo complejidad (pacientes jóvenes de procesos de corta duración).

¿A quién beneficia la contrarreforma sanitaria? A las personas de rentas altas, que no tengan una enfermedad grave. A las grandes empresas y grandes fortunas, que no pagan los impuestos en la proporción de los trabajadores (que es el dinero que falta para que los ingresos públicos en España sean equivalentes a los de la media de la UE). A las empresas proveedoras de seguros sanitarios y las cadenas de hospitales privados, y a los fondos de inversión propietarios de las mismas.

¿A quién perjudica la contrarreforma sanitaria? A las personas enfermas, con procesos graves y crónicos. A las personas mayores, que son las que tienen más problemas de salud. A las personas con rentas medias y bajas, que pagan doblemente con sus impuestos y los repagos, y verán dificultado el acceso a la atención necesaria. A todos los españoles, que veremos debilitarse el sistema público, con menos presupuesto, menos recursos, menos profesionales, peor pagados y con menos medios. Solo en 2012 se han recortado 5.000 millones de euros a la sanidad pública. Muchas libras de carne. Pero sobretodo, se ha cambiado el concepto del sistema, se ha cortado la libra cercana al corazón al cuestionar el derecho a la atención sanitaria de cualquier ser humano en condiciones de igualdad.

Esto ha ocurrido este año. Pero también ha ocurrido la Marea Blanca. Una conciencia unánime de miles de profesionales sanitarios, y millones de ciudadanos; la certeza de que la sanidad pública no se debe vender, se debe defender; que es un valor para todos; que sí se puede mejorar su eficiencia y su calidad, pero que no se debe poner en riesgo uno de los Sistemas Sanitarios públicos de mayor calidad y más alta eficiencia de los países desarrollados, con experimentos que ya han fracasado, y con la única perspectiva del beneficio económico para unos pocos. En el balance de 2012 quedarán, imborrables, el rostro, la voz, el compromiso de miles de médicos, residentes, jefes de servicio, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos, administrativos, pinches, celadores, y de miles de ciudadanos, que defienden una buena sanidad de todos y para todos. Sí se puede.

Más bien por la “ideología” del enriquecimiento rápido y sin escrúpulos ni miramientos…

Más bien por la “ideología” del enriquecimiento rápido y sin escrúpulos ni miramientos…

Ni siquiera por austeridad

Desoír los planes de ahorro de los sanitarios demuestra que el objetivo es la privatización

Por GABRIELA CAÑAS, Madrid, en El País

Lo que está ocurriendo en la sanidad pública madrileña es grave y la dimensión del problema excede con mucho el límite de las fronteras de la comunidad autónoma. Es la mejor muestra de un concepto sobre lo público que viene de lejos, que se está extendiendo en toda España y que puede ser extraordinariamente lesivo para los contribuyentes porque afecta a sus derechos y también a su bolsillo.

Desde que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció su plan de privatizar la gestión de seis hospitales y la del 10% de los centros de salud no ha dejado de utilizar tramposos argumentos para defender un proyecto que carece de toda lógica y que, sin embargo, va a poner a la venta —veremos a qué precio— un bien público tan esencial. Dice González que no es verdad que se vaya a privatizar la sanidad y que nadie va a exigir pagar a los pacientes. ¡Evidente! Esos centros hospitalarios y de salud van a seguir siendo de titularidad pública y los servicios, al menos de momento, no van a ser de pago.

Hasta ahí llegábamos, como también llegamos a conclusiones lógicas que despiertan el consecuente recelo hacia algunos procesos de privatización. El caso de la energía eléctrica es un buen ejemplo. Se privatizó y liberalizó el servicio en una operación culminada por José María Aznar en su momento y hoy pagamos la luz más cara de Europa y todavía debemos dinero a las compañías: unos 24.000 millones de euros.

El servicio sanitario público es bien distinto, pero dejarlo en manos privadas puede conllevar otras consecuencias igualmente gravosas y hay demasiadas preguntas sin respuestas. La más importante de ellas es cómo es posible que se adjudique un contrato público a una empresa en la confianza de que esta va a ofrecer el mismo servicio y aún le sobrará dinero (de los contribuyentes) para obtener beneficios. Muchos hospitales públicos recaudan dinero gracias a las concesiones que otorgan a empresas privadas. Estas, a cambio de pagar un canon, hacen negocio con el servicio de lavandería, el aparcamiento o la cafetería. ¿Va a desviarse también esa recaudación —por modesta que sea— a los nuevos gestores de la sanidad? ¿Cómo se adjudicarán los hospitales? ¿Por cuánto? ¿Se quedarán con el negocio las empresas de siempre —Capio y Ribera Salud—? ¿Harán investigación? ¿Aplicarán los tratamientos más caros?

Los ciudadanos saben muy bien que la sanidad pública no es gratis. La pagan con sus impuestos. Y nadie les ha preguntado por qué una parte de ese dinero debe desviarse hacia esas empresas privadas que sirven de acomodo a más de un gestor del PP, como bien ha demostrado este periódico.

Tras los planes de Ignacio González y de Cospedal, como en su día los de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, hay mucha ideología; esa que promueve la iniciativa privada —lo que no es insensato—, pero a costa de lo público —lo que sí lo es—. Afirmar rotundamente que la gestión privada es mejor que la pública es un falso discurso en el que el PP pretende enredarnos. El sistema sanitario puede mejorar su gestión, pero ha demostrado hasta el momento su eficiencia, y Hacienda, un organismo público, funciona como un reloj. A su lado, cientos de empresas privadas quiebran por falta de solvencia. De modo que no es el mejor momento para poner en la balanza uno u otro, sino, en todo caso, de incorporar a la gestión las mejores prácticas en uno u otro lado.

Aquí solo parece haber ideología, como aquella caza de brujas contra los médicos que sedaban a los enfermos terminales para evitarles sufrimientos inútiles. Detrás del plan de González y Cospedal solo hay ideología y ni siquiera afán de austeridad. Lo demuestra el hecho de que sigan sordos no solo a la rebelión del sector sanitario con sus huelgas y sus dimisiones (históricas) en bloque. Lo demuestra particularmente que desoigan sus propuestas para ahorrar dinero en caso de que abandonen sus planes. Por cierto, ya que menciono el caso Leganés, solo recordar que Manuel Lamela, el consejero de Sanidad que persiguió a los médicos de las sedaciones, pasó luego por Cibeles (filial de Bankia) y el año pasado se lanzó a liderar la asociación Madrid Centro Médico, una intermediaria entre las clínicas privadas que la constituyen y los pacientes-turistas que pasen por Madrid.

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El infierno de los recortes

Por Orencio Osuna

nuevatribuna.es

Al mitad del camino de la vida, / en una selva oscura me encontraba / porque mi ruta había extraviado. / ¡Cuán dura cosa es decir cuál era / esta salvaje selva, áspera y fuerte / que me vuelve el temor al pensamiento! (La Divina Comedia. Dante Aligheri)

Algún ilustrado asesor habrá soplado al oído de Rajoy las palabras con las que Maquiavelo aconsejaba al Príncipe sobre la conveniencia de que “los ultrajes se han de cometer todos juntos, pues apenas se les nota el regusto y ofenden menos”. Desde luego, a la vista de las protestas sociales que brotan por doquier, se le ha ido la mano al perpetrar, en  el corto plazo de un annus horribilis, el mayor saqueo a los derechos colectivos que han conocido los ciudadanos españoles desde el infausto golpe del 18 de julio de 1936. El sabio pensamiento de Nicolas Maquiavelo, en manos de MR, ha resultado ser una grosera bomba de racimo que escupe por doquier destrucción, empobrecimiento y desigualdad en todos y cada uno de los rincones del tejido social.

El gran ayatolá en que ha devenido el pródigo –con lo ajeno, por supuesto– ex alcalde de Madrid ha dictado con desparpajo la fetwua que sintetiza la ideología que inspira al gobierno, así dice el sujeto: “Gobernar es, a veces, repartir el dolor”. Es decir, estamos ante unos auténticos y peligrosos fanáticos que se consideran investidos de una especie de derecho divino a infligir un “recorticidio”  a nuestra sociedad por más devastación que produzca. ¡Y todo ello por el mero hecho de haber ganado unas jodidas elecciones con más trampas que un combate de pressing cacht !

Como en la Divina Comedia de Dante, pululan  en nuestro país interminables filas de ciudadanos arrojados a los nueve círculos del Infierno por los los kapos del recorticidio. Sin distinción de edades, ni género, ni lugar de nacimiento, ni creencia religiosa, uno tras otro, día tras día, se nutren las hileras de parados, de enfermos crónicos en ambulancias de pago, de dependientes sin cuidadores, de estudiantes sin profesores, de investigadores que tramitan  sus pasaportes, de justiciables sin justicia, de desahuciados sin techo, de pobres de los de pedir comida (¡Igual que  aquella pobre de pedir, llamada Esperanza Aguirre¡). Como escribía Blas de Otero “¡aquí no se salva ni dios, lo asesinaron¡”.

Un paisaje desolado, en el que bulle el  temor y, también, la furia de millones de personas que han  sido expulsadas de ese estado de miedioestar que todos considerábamos consolidado para siempre. Pero, ¡ojo¡, más les vale a esos psicópatas del dolor ajeno que se anden con cuidado. Porque podría  ser que esas mareas blancas, negras, verdes, amarillas, lilas y rojas de las protestas de los condenados al Infierno ultraliberal, de esos indignados que no se cansan de corear “¡que no, que no nos representan¡”, que exigen una Democracia Real Ya, que rodean todos los congresos que sean necesarios, que amenizan con su algarabía las calles de todas las ciudades y pueblos del estado español (y del griego, y del portugués, y del italiano... ) pueden acabar sonando como las  trompetas del apocalipsis de un capitalismo cleptocrático e insaciable que todo lo acapara. No sería la primera vez –ni será la última– que la revuelta social acabe llevando al patíbulo –figurado, of course– a los verdugos y responsables de la injusticia y del despojo. Como cantaba Chicho Sánchez Ferlosio “gallo negro, gallo negro te lo advierto / no se rinde un gallo rojo / más que cuando está ya muerto”. Así que, ¡cuidadín, cuidadín¡, no vaya a ser que esto acabe en  un auténtico amotinamiento cívico contra la tiranía de los beneficios de ese 1% de plutócratas repugnantes que creen, como el cínico Warren Bufet, que ellos, los ricos, ya han ganado la lucha de clases.

Sólo algunos privilegiados y enchufados parecen estar a salvo de caer en las recortadoras fauces del luciferino capitalismo posmoderno. Al otro lado, allá arriba, en el Séptimo Cielo, en el minúsculo mundo del Paraíso dantesco, se agolpa esa caterva solícitos mandarines al servicio de los emperadores (comensales de mesas de muchas estrellas michelín y usuarios de clase bussines a costa del erario público y de los anónimos accionistas), de intelectuales orgánicos  del mal (como lo que hacen los silentes secuaces de Ruco ante la pobreza y la desigualdad social o esos cantores laicos del liberalismo de cintura para abajo), de supuestos tecnócratas  expertos en maquillar cuentas y repartir botines (esos mangantes incrustados, por el careto y el dedazo, en las empresas, en la administración, en los órganos reguladores, en los tribunales y otras oquedades viscosas), de viriles defensores de ese  orden perpetuo de los que mandan de toda a vida (aquellos que siempre andan dispuestos a desenfundar sus tanques y sus pelotas de goma, aunque sean independentistas como ese mentiroso de Felip Puig), de esos servidores de la weberiana “ética de la responsabilidad” (devenidos en miembros de consejos de administración y fundaciones del IBEX 35 –preferentemente del sector energético–, periodistas/empresarios y otras élites corruptas y bien retribuidas), de servidores de la marca España en primer tiempo de saludo (siempre prestos a recibir genuflexos las órdenes de los mercados, de fräulein Merkel, de la embajada de USA, de mister Sheldon Aldenson o de cualquiera que esté al mando y esté dispuesto a soltar pasta), de los lacayos y pícaros que simulan eruptos de satisfacción –como aquel personaje cervantino– aunque sean unos muertos de hambre (esos que forman parte del pelotón de los tontos útiles, de los insolidarios, de los cobardes, de los que venden a su hermano por cuarto y mitad de un plato de lentejas con chorizo). Pobladores, para entendernos, como Díaz Ferrán y su amigo Arturo Fernández, como Dívar y Pascual Estivill, como Don Rodrigo Rato y Don Iñaki Urdangarín, como el cardenal Reig Pla y Ruiz Mateos, como los propietarios  de las cuentas secretas de Suiza y las islas Caimán y los amnistiados de Montoro, como Ignacio González y Boi Ruiz, como Gao Ping y Paco Correa, como Artur Mas y el mismísimo Rajoy. Y más, muchos más, que disfrutan del oro, del incienso y la mirra en la otra cara de la luna.

El Dante, en su tortuoso itinerario  por  el Infierno y el Purgatorio en pos de su amada Beatriz que habita en el Cielo, tiene un guía y maestro, el poeta Virgilio, que le explica y muestra el camino entre los intrincados y espeluznantes  caminos que tiene que transitar. Hoy, en la realidad contemporánea que vivimos, la protesta social no tiene ni guía, ni maestros, ni salvadores providenciales, seguramente estos movimientos sociales alumbren nuevos liderazgos, nuevos empoderamientos, nuevas formas de hacer política democrática. Aún así, se echa en falta la existencia de una izquierda necesaria, como dice Josep Ramoneda en su último libro, una izquierda que ni está, ni se la espera.

El PSOE sigue en ese oscuro pozo en el que es imposible distinguir si son parte del problema o parte de la solución, enfangados, como están, hasta las cachas en un régimen bipartidista de alternancia con la derecha, un régimen cada vez más alejado de los intereses y la confianza de gran parte de los ciudadanos. El abandono de la socialdemocracia de matriz reformista y socialista, por las “terceras vías” como la del patético Toni Blair, o Craxi, o Papandreu, o  Schroeder y el bienintencionado Zapatero, no han sido más que formas posmodernas de disfrazar su adhesión al liberalismo economicista y convertir a sus cuadros en parte de las élites globalizadas.

Por otra parte, la impronta de un PCE purgado de todo vestigio de renovación –como el que supuso el eurocomunismo– y anclado en una visión vanguardista, con su pizca de mesianismo incluida, ha marcado la reciente asamblea de IU. Seguramente el peso del PCE en IU, quizás desproporcionada a tenor de su corto número de afiliados, ha supuesto un obstáculo insalvable para aquellos que hubiesen querido zafarse de una retórica y una estética obsoleta y de una política confusa. Unos condicionantes que alejan a IU de ser una alternativa capaz de atraer a muchos ciudadanos movilizados contra los recortes y contra los abusos de la casta política y, a su vez, la distancian una izquierda organizada multiforme y con tradiciones políticas plurales. Tampoco –entre el fragor de los aplauso y ovaciones autocomplacientes– se ha podido detectar cual es la identidad política de IU, si la que practica en el gobierno de Andalucía, si la de la pinza extremeña, si la distante asturiana, o todas a la vez. El error de arrogancia y vanidosa prepotencia que supone la proclamación hecha por Cayo Lara de que IU es ya la Syriza española, denota un afán de hegemonismo estéril que difícilmente será aceptado por el resto la dispersa pero estimable  izquierda alternativa (EQUO, Compromis, IC, CHA, Anticapitalistas, etc.). Con este panorama de la izquierda, la siniestra e incompetente derecha española no tiene nada que envidiar al chollo de la pesca milagrosa de atunes del general Franco en el mítico yate Azor. ¡Así, con esos enemigos, se pueden pasar siglos disfrutando de un trinque perpetuo!

 

Recientemente Mónica Oltra –la excelente diputada valenciana de Compromís– en un acto público en el Ateneo de Madrid usaba una metáfora sumamente descriptiva de lo que está pasando en este primer año negro de Rajoy: decía que  estos sujetos de la derecha parecen que tienen una compulsión de saqueo a todo ritmo análoga a esas escenas de película en las que los delincuentes, antes de ser atrapados por los buenos, queman frenéticamente todos los documentos que puedan ser  pruebas de los delitos que están practicando. Todo  ello con el apresuramiento de aquel que teme caer inminentemente en las manos de una sociedad cada día mas enfurecida. Quizás el retorno al imaginario colectivo del recuerdo de la oscura, miserable y ominosa posguerra, haga que cobre vigencia aquella famosa frase de ínclito Francisco Franco: “ ni un español sin pan, ni un español sin lumbre”. No debemos olvidar que esos tipos, además de empujarnos hacia el abismo, tienen la estrafalaria desfachatez de aconsejarnos que, para salvarnos, demos un giro de 360 grados hacia el propio abismo. ¡Que se tiren ellos, hostias! 

Para reflexionar… sobre todo el párrafo final.

Para reflexionar… sobre todo el párrafo final.

Presupuestos con engaño y alevosía

Por Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Publicado en Público.es el 21 de diciembre de 2012

Los Presupuestos Generales del Estado son el principal instrumento que tienen los gobiernos para corregir el ciclo económico y para proporcionar incentivos a los sujetos económicos que permitan que la economía cambie de rumbo superando los problemas que le afectan.

Sin embargo, me parece que hay cuatro razones principales para estimar que los que se aprueban para 2013 gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular solo van a servir para agudizar las dificultades y problemas que ya tenemos.

La primera es que para que cualquier presupuesto pueda corregir la situación, que en nuestro caso tiene como rasgos principales el desempleo desbocado, la deuda creciente y la consolidación de un modelo productivo insostenible y generador de grandes desigualdades, lo primero que se necesita es realismo. Y eso es justo lo contrario de lo que tienen los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

A pesar de que otros organismos económicos y especialistas se han encargado de mostrar que las previsiones de las que parten son completamente inviables, el gobierno se ha empeñado en disimular la realidad para poder cuadrar engañosamente las cuentas.

En el cuadro macroeconómico que sirve de referencia para elaborarlos se infla el crecimiento del PIB previsto para 2013 a fin de que así se puedan registrar ingresos públicos mayores pero es seguro que su evolución será bastante peor que la anticipada por el Ejecutivo. El consumo privado disminuirá más de lo previsto debido a los recortes que el propio gobierno realiza, al igual que la inversión privada, que se resentirá por la disminución del impulso público, y es también muy improbable que las importaciones caigan tan poco como estima el gobierno o que las exportaciones, por el contrario, crezcan tanto como prevé.

Lo que plantea el gobierno en el escenario general de estos Presupuestos es una quimera porque no se puede hacer una cosa (recortar el gasto agregado mediante las políticas de austeridad) y esperar que ocurra un efecto de la acción contraria (que la economía se recupere como consecuencia del estímulo que proporcionarían unos presupuestos expansivos).

La realidad de las cosas es que con los ingresos y gastos públicos previstos para 2013 la economía española va a hundirse aún más en la recesión y, por tanto, a generar más desempleo y menor actividad productiva.

La segunda razón que lleva a pensar que estos Presupuestos no van a  corregir la situación en la que estamos es que, lejos de enfrentarse al crecimiento de la deuda, suponen un incremento aún más extraordinario de principal e intereses que nos acerca todavía más al abismo. En ellos se prevé desembolsar casi 40.000 millones de euros (una cifra que podría aumentar si las condiciones empeorasen en los mercados, lo que nunca se puede descartar) solo en intereses y realizar una emisión bruta de 207.173 millones de euros. Esto es, que vamos a seguir emitiendo deuda a mansalva para pagar la deuda que tuvimos que emitir para pagar la deuda que emitimos para pagar la deuda…, y así sucesivamente, como consecuencia de habernos tenido que financiar en los mercados privados, que la engordan constantemente, dada la ausencia de un auténtico banco central en la eurozona.

Y así, sometiendo a la economía entera a la esclavitud de los intereses bancarios, es imposible que el Estado pueda utilizar sus Presupuestos para generar condiciones que permitan a las empresas crear empleo y para dinamizar la actividad productiva desde el sector público.

La tercera razón tiene que ver con la nueva renuncia del PP a abordar la reforma fiscal profunda y equitativa que permita luchar definitivamente contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Nuestros ingresos impositivos siguen muy por debajo de la media europea y en ninguna ley natural puede estar escrito que nuestros sujetos económicos con más renta y patrimonio tengan que actuar con mayores privilegios que los del entorno más próximo, de modo que la protección que una vez más les proporciona el ejecutivo del Partido Popular, además de injusta, solo contribuye a debilitar las posibilidades de actuación del Estado de cara a la recuperación.

Es verdad que los Presupuestos contemplan algunas medidas parciales que pueden considerarse positivas en ese aspecto, encaminadas a reforzar la recaudación en Sociedades e IRPF, o el gravamen de los premios de las loterías, pero lo relevante es que se mantienen tal cúmulo de beneficios fiscales y de vías de escape que el avance es casi insignificante, teniendo en cuenta la situación partida: siendo el 30% el tipo oficial del impuesto para grandes compañías y el 25% para las pymes, el tipo efectivo medio sobre su beneficio contable que pagaron las empresas españolas en 2011 fue el 11,6%.

La cuarta razón que me lleva a descalificar estos Presupuestos como instrumento válido para la recuperación y regeneración de nuestra economía es que la política de gasto que contemplan, además de ser profundamente antisocial porque la pagan en mayor medida las clases de menos renta y los grupos de por sí más desfavorecidos, es económicamente paralizante y letal.

Por un lado, el recorte general va a producir un efecto multiplicador negativo en la renta, lo que en román paladino significa que se traduce en una caída aún mayor en los ingresos, de modo que, a la postre, la pretendida austeridad será inútil para reducir el déficit y el montante de la deuda.

Ese efecto se verá agravado a medio y largo plazo (y por tanto retrasará aún más la recuperación) por el hecho de que afecta a actividades que son decisivas para la generación de la renta: las infraestructuras, la investigación, la formación, la transferencia del conocimiento y, en general, el capital social que necesitan las empresas para poder crear valor y empleo, y los trabajadores y emprendedores para contribuir a ello. Y, para colmo, porque dedica una gran suma de recursos, que serían preciosos para la actividad empresarial y productiva, a seguir lavando la cara a las entidades financieras que han provocado la crisis.

En definitivas cuentas, los Presupuestos para 2013 no solo son irreales sino que además son procíclicos, lo que significa que van a producir un empeoramiento de la situación. No solo no proporcionan la financiación y la demanda que es lo que básicamente necesita la economía, es decir, más recursos y más ingreso traducible en gasto que recupere la actividad empresarial y el empleo, sino que los recortan. En ningún lado contienen los incentivos que pudieran permitir que los sujetos económicos pongan en marcha nuevos tipos de actividades o una pauta de distribución más proclive al desarrollo productivo integral y sostenible. Y nos siguen esclavizando con una deuda creciente que ya es materialmente impagable.

Para salir de la situación en la que estamos no sirve hacer juegos malabares con las cuentas del Estado, no basta con que el ministro de hacienda se convierta en un trilero que miente a sus compatriotas mientras engaña a Bruselas con los  números. Hay que mirar cara a cara a los problemas, a los privilegios y a los privilegiados que nos han llevado a donde estamos, a la deuda pública que resulta de un diseño inmoral de la zona euro para que los bancos ganen cada vez más dinero y cuyo componente ilegítimo hay que denunciar y dejar de pagar. Hay que poner en marcha urgentemente vías de financiación a las empresas y los hogares, nacionalizando lo que sea necesario, porque se trata de suministrar un servicio público esencial para la vida económica que ahora falta y que seguirá faltando durante mucho tiempo si se mantiene el actual status quo que solo beneficia a los grandes bancos. Y hay que recuperar la actividad productiva reforzando el mercado interno para ganar el exterior, y no como vienen haciendo las grandes empresas, haciéndose fuertes fuera destruyendo la actividad interna. Lo que posiblemente no sea posible sin contar con una moneda complementaria al euro en el ámbito interno, para poder facilitar que las empresas y los consumidores recobren la actividad cuando no se va a disponer de financiación externa.