OPINION

Datos que los ciegos (lacayos) ideológicos que nos conducen al desastre económico no quieren ver

Sí que había y hay alternativas

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

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El Estado español (tanto a nivel central como autonómico) se ha caracterizado por su pobreza, pobreza que también ha caracterizado a los otros Estados intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda). Los ingresos al Estado en España, al final del periodo de expansión económica, en el año 2007, representaban el 41% del PIB, un porcentaje menor que el promedio de la UE-15 (45% del PIB), el grupo de países más desarrollados económicamente de la UE. Es importante contrastar este bajo porcentaje con los porcentajes en los países escandinavos: Noruega 58%, Dinamarca 56%, Suecia 55% y Finlandia 53%, porcentajes mucho más elevados que los de España y los otros países intervenidos, hecho que se debe al contexto político que ha determinado históricamente la evolución de tales Estados. En aquellos países escandinavos los partidos progresistas han gobernado la mayoría de años desde el fin de la II Guerra Mundial. En los países intervenidos, sin embargo, han sido las fuerzas conservadoras las que han gobernado la mayoría de años durante tal periodo, reflejando un gran poder e influencia sobre sus Estados. Los escasos ingresos al Estado es un indicador de ello. Estos países, con la excepción de Irlanda, estuvieron gobernados durante muchos años por dictaduras de ultraderecha caracterizadas por su escasa sensibilidad social, junto con un gran desarrollo de su aparato represivo. Irlanda no tuvo una dictadura pero sí que estuvo gobernada durante la mayoría del citado periodo por gobiernos profundamente conservadores. Y aunque en todo ellos, los periodos democráticos que siguieron sus regímenes dictatoriales o autoritarios consiguieron corregir parte de sus déficits de ingresos al Estado, su heredado retraso todavía lastra y explica sus escasos recursos públicos. Esta realidad es raramente citada en los análisis económicos de tales Estados, poco conscientes de la importancia del contexto político para explicar el fenómeno económico.

La situación en España

Los ingresos al Estado incrementaron sustancialmente durante el periodo democrático alcanzando su máximo nivel al final de su último periodo expansivo. En 2007, los ingresos al Estado per cápita fueron de 9.654 euros. Ahora bien, a partir de entonces, tales ingresos descendieron, de manera que en el año 2011, habían bajado a 8.175 euros, siendo tal cifra el 62% del promedio de la UE-15, que era 13.126 euros. Esta bajada se ha interpretado como resultado del descenso de la actividad económica, lo cual, es cierto solo en parte (y una parte relativamente menor). Veamos los datos, provenientes en su mayoría del Informe Anual de Recaudación Tributaria del Estado Español y que han sido analizados en detalle en el informe Cambio en las políticas fiscales en el periodo 2007-2011 de Pilar Castellà, publicado por el Observatorio Social de España.

En el año 2007 los ingresos al Estado alcanzaron la cifra de 200.676 millones de euros. En el año 2008 tales ingresos bajaron de una manera muy marcada, recaudándose 173.453 millones de euros, descenso que se ha atribuido al descenso de la actividad económica, lo cual no es del todo cierto. En realidad, aquel año 2008 fue el año de la aplicación de la Ley 35/2006 que conllevó una bajada generalizada de impuestos, con el consiguiente descenso de los ingresos al Estado (un 14% en 2008 y un 17% en 2009). En solo tres años se pasó de ingresar más de 200.000 millones de euros en 2007 a 144.023 millones en 2009, una reducción del 28%, un descenso muy considerable. Ello respondía a aquella actitud generaliza en la primera década del siglo XXI, época de plena hegemonía del pensamiento liberal en los círculos económicos, incluidos en los del partido socialdemócrata gobernante en España, en los que se asumía que la reducción de impuestos era una medida positiva y deseable, postura descrita claramente en el famoso eslogan del entonces presidente del gobierno, el Sr. Zapatero, que afirmaba “que bajar los impuestos es de izquierdas”. En realidad voces discordantes con este pensamiento fuimos ignoradas, cuando no insultadas, definiéndonos como “anticuados” (o la manera amable de decirlo, “socialdemócratas tradicionales”) tal como apareció en la respuesta de Jordi Sevilla a mi crítica a su libro De nuevo socialismo, donde se proponía tal bajada de impuestos, siendo tal libro el punto de referencia del pensamiento de la Nueva Vía que gobernó España durante la mayoría del periodo de gobierno Zapatero  (ver este debate en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias).

Según el informe de recaudación tributaria del año 2008 elaborado por el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda, tal rebaja generalizada de impuestos significó la pérdida de recaudación en 2008 de nada menos que 19.540 millones, que era el 72% de la pérdida total de ingresos al Estado. Solo un 28% (7.683 millones) se debía al impacto de la crisis. Este dato, de una enorme importancia, apenas ha aparecido en los medios de información, incluidos los económicos.

Otro ejemplo del impacto de los cambios fiscales en los ingresos al Estado es que, en 2010, los ingresos al Estado subieron (pasando de 144.023 millones en 2009 a 159.536 en 2010), una subida de un 11%, a pesar de que la economía continuaba en crisis y en recesión. Ello fue consecuencia de la reforma tributaria de aquel año, que aumentó los impuestos generando más ingresos.

La bajada de impuestos como causa del descenso de ingresos públicos

Cuando se analiza donde hubo una mayor disminución de los ingresos al Estado durante el periodo 2007-2010 resultado de estos recortes de impuestos se observa que el mayor descenso procedió de la rebaja del impuesto de sociedades que bajó un 63,9%. El segundo fue el impuesto sobre el consumo, el IVA, que bajó un 12,1%, seguido del IRPF que descendió un 7,8%. Repito de nuevo, una causa importante de estos descensos correspondió a las reformas fiscales, y no solo a la disminución de la actividad económica. Según el Ministerio de Economía y Hacienda los ingresos derivados del impuesto de sociedades disminuyeron en 17.521 millones de euros en solo un año, lo cual supuso un descenso de ingresos del 39,1%. Pues bien, según el mismo informe, el 46% de este descenso de debió a las reformas fiscales del 2007 (un descenso de 5 puntos en tal impuesto) y un 54% al descenso de la actividad económica. En otras palabras, las rebajas de impuestos de sociedades significaron un recorte de 8.120 millones de euros.

Un tanto semejante ocurrió en cuanto al IRPF. Las reformas (la mayoría, regresivas) del IRPF, incluido el aumento de deducciones, significaron un descenso del 10,5% en 2008 (respecto a 2007) de los ingresos al Estado procedentes de este impuesto, lo cual significó una merma de 8.620 millones de euros. Este impuesto se reformó más tarde en 2009, eliminándose la deducción de 400 euros por contribuyente, aumentándose los impuestos de la sección rentas del capital, dentro del IRPF (un aumento del 19% del gravamen del capital de 6000 euros o menos y 21% para ingresos mayores), corrigiéndose, aunque muy ligeramente, el enorme sesgo existente en los impuestos IRPF a favor del capital a costa del trabajo. En realidad, si las rentas del capital tributaran igual que las rentas del trabajo, los ingresos al Estado (a través del IRPF) aumentarían en 4.354 millones, es decir un 64% (datos del 2008). Resultado de estas reformas del 2009, los ingresos al Estado subieron a pesar de que la crisis continuó.

El que ha estado más afectado por la crisis es el impuesto sobre el consumo, el IVA. Los ingresos cayeron un 12% durante el periodo 2007-2010, incrementándose de nuevo, al subir tal impuesto en 2010, en 2.010 millones en 2010.

Estos datos confirman que los recortes de la carga impositiva, que beneficiaron más a las rentas del capital que a las rentas del trabajo, fueron una de las causas mayores de la caída de los ingresos al Estado, acentuada todavía más, por la caída de la actividad económica. Retrospectivamente se puede concluir que, tal como unos poco predijimos, estos recortes de impuestos tuvieron un impacto mucho más negativo que positivo sobre la eficiencia económica del país. Muchos de los recortes realizados ahora podrían haberse ahorrado si no se hubieran hecho aquellos recortes en los momentos de aparente bonanza. La congelación de las pensiones, por ejemplo, con la que se intenta un ahorro de 1.500 millones de euros, se podría haber ahorrado si no se hubiera reducido el impuesto de sucesiones que mermó en 2.552 millones a las arcas del Estado. El argumento tan promovido por las elites gobernantes en este periodo de austeridad 2007-2012, de que “no había alternativas”, no puede sostenerse en base a la evidencia existente. Sí que las había y las continúa habiendo, en estos momentos de incluso mayores recortes y cambios de impuestos que sistemáticamente afectan más negativamente a las clases populares –tanto en su consumo como en sus rentas- que a las rentas superiores y a las rentas del capital.

Por mi que no quede: JORNADA SESPA ¿A NEGOCIAR? parte I.

A propósito de la ponderación en la propuesta de jornada en el SESPA con el ¿invento? del coeficiente bonificador de 1,11 horas por hora trabajada en los turnos de noche…

VER PROPUESTA DEL PRINCIPADO SOBRE LA QUE SE PLANTEA LA POSIBLE NEGOCIACION

Ante todo, con este primer artículo de varios que pienso escribir al respecto en los próximos días, quiero dejar meridianamente claro que mi intención es aportar argumentos para una necesaria negociación en Mesa General y/o Sectorial de Sanidad de nuestra C. Autónoma en aspectos en los que, me consta, las competencias son todas exclusivamente autonómicas, es decir, no están mediatizadas ni marcadas por los límites impuestos por la Ley de PGE (Ley 2/2012) ni por el Real Decreto-ley 20/2012 del gobierno de Rajoy.

Igualmente quiero dejar claro que lo que yo priorizo y que queda patente en la materia objeto de este escrito y en los que le sucederán, puede no coincidir, con lo que otros – hoy sin ir más lejos en un medio de comunicación regional – consideran importante: que fichemos TODOS o no, cosa que por otra parte no se traduce literalmente del documento de la administración, me trae sin cuidado.

Os habréis fijado, y si no hacedlo ahora, que he puesto entre interrogantes lo de “invento” en el título para referirme a la propuesta del coeficiente bonificador de la futura ponderación por las horas de noche trabajadas porque “per se” puede o no considerarse una novedad de ahora o ir atrás en el tiempo y obtener dicho coeficiente – que es una cuestión puramente matemática – en el momento en que nació el concepto PONDERACION.

¿Cuándo fue eso?... Recordemos:

BOE de 3 de julio de 1992:

“Acuerdo entre la Administración Sanitaria del Estado y las Organizaciones Sindicales más representativas en el sector sobre diversos aspectos profesionales, económicos y organizativos en las instituciones sanitarias dependientes del INSALUD.

En Madrid a 22 de febrero de 1992 en el ámbito de la Mesa Sectorial de la Administración Sanitaria del Estado y como desarrollo de las negociaciones celebradas en el ámbito general de negociación de la Administración del Estado, los representantes de la Administración y de las Organizaciones Sindicales CC.OO. y UGT convienen en celebrar el presente acuerdo…

IV.- En el contexto de la mejora de la prestación de servicios a los usuarios y la adecuación de las condiciones de  trabajo de los profesionales a este proceso de modernización, se considera necesario determinar en cómputo anual, la jornada laboral de los profesionales de manera que pueda establecerse un referente común entre todos los Centros sanitarios a la vez que se permita la adecuada programación de la actividad. En este sentido, la jornada anual se fija de la siguiente manera:

Turno fijo diurno: 1.645 horas.

Turno fijo nocturno: 1.470 horas.

Turno rotatorio: 1.530 horas.

En función de la organización de los turnos rotatorios y la inclusión de turnos nocturnos en los mismos se PONDERARÁ la jornada establecida para dicho turno rotatorio.

Las horas que superen en cómputo anual la jornada establecida, con exclusión de las correspondientes a la atención continuada, tendrán la consideración de extraordinarias con la consiguiente asignación económica.

Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal ninterrumpido de 36 horas en atención tanto a la salud de los profesionales como para evitar riesgos innecesarios…”

VER TEXTO INTEGRO EN EL BOE SI SE DESEA

BOE de 21 de febrero de 1997:

“En Madrid a 20 de diciembre de 1996, se reúne La Comisión de seguimiento de los Acuerdos de 22 de febrero de 1992, constituida por los representantes de la Administración Sanitaria (lNSALUD) y las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo (CC.OO. y UGT), corno consecuencia de las distintas providencias dictadas por diferentes Tribunales de Justicia, instando a que esta Comisión de seguimiento  interprete el apartado ,IV de! citado Acuerdo, relativo a la jornada del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Instituta Nacional de La Salud, a cuya efecto se manifiesta lo siguiente:

(…)

Tercero.-En consecuencia, lo que se acordó fue que, la jornada anual de cada profesional que realizase tumos rotatorios estaría en función del número de noches efectivamente trabajadas durante el año; en base a ello, LA PONDERACION se efectúa entre las 1.645 horas del turno diurno y las 1.470 horas del turno nocturno, teniendo en cuenta que la jornada de 1.530 horas corresponde a aquellos trabajadores que cubran cuarenta y dos noches al año. De esta manera, y para compensar la mayor carga laboral y social que implica el trabajo nocturno en relación al diurno, la jornada anual de los trabajadores en turno rotatorio seria proporcional al número de noches trabajadas.”

VER TEXTO INTEGRO EN EL BOE SI SE DESEA

¿Cuál era por tanto el coeficiente bonificador allá por el año 1992 – claramente reflejado en 1996 con la referencia indiscutible de “teniendo en cuenta que la jornada de 1.530 horas corresponde a aquellos trabajadores que cubran cuarenta y dos noches al año” –, tal y como quedó reflejado en el BOE?

La respuesta es bien sencilla, de pura matemática y, por tanto, no interpretable: 1,2738.

Luego, salvo que se haya suspendido en matemáticas, no es 1,11 horas por hora sino 1,27 (redondeando a dos dígitos…)

Y esto, supone para ese hipotético trabajador de 42 noches en el año, es decir 420 h. nocturnas que en lugar de computarle como trabajadas 466 horas le tendrían que computar 533 horas … ¡¡casi nada!!, 67 horas más o lo que es lo mismo 10 días menos de trabajo en turno diurno.

Esto, para mí, si es una primera cuestión importante, fácil de demostrar, y de puro ámbito autonómico y deberían tenerla presente los negociadores cuando en nuestro nombre, y aunque sea sin consultarnos, vayan a negociar…

Pero, aunque seguiré en esta línea de aportar argumentos mañana, no dejo de tener la impresión de que lo que ocurrirá en la negociación es que no la habrá porque la tentación sindical de quedarse en el testimonial ES INACEPTABLE NO LO ASUMIMOS – luego no negocio – es bastante alta.

Así y todo no pierdo la moral. Puede que incluso la administración sea capaz de recapacitar por si sola.

Lo dicho, mañana más.

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Claro, diáfano, profesional, coherente...

Seguiré atendiendo inmigrantes

Carlos Barra Galán, Médico Especialista del Sistema Nacional de Salud

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Soy médico especialista del Sistema Nacional de Salud y seguiré atendiendo a toda persona que demande mis servicios por un problema de salud, obviamente también a los inmigrantes “sin papeles”; mi postura no obedece a otra motivación que al estricto cumplimiento del Código Deontológico que mi profesión exige y que ningún gobernante tiene la capacidad de violentar.

Dicho lo anterior, considero interesante efectuar una serie de reflexiones sobre las acciones que el Gobierno está llevando a cabo para determinar la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes irregulares. El RD-Ley 16/ 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, introduce el concepto “asegurado” como condición necesaria para tener derecho a la asistencia sanitaria y ello en mi opinión supone una restricción del derecho a la protección a la salud recogido en la Constitución Española (art. 43), asimismo vulnera lo establecido en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (esta última aprobada por un Gobierno del Sr. Aznar); en definitiva modifica de forma sustancial uno de los valores esenciales de nuestro sistema sanitario público: su carácter de universalidad. En cualquier sistema democrático, pretender desde el gobierno un cambio de esta naturaleza, exige un debate político y social amplio y sosegado y ello no puede realizarse si se recurre a la vía de un RD-Ley con carácter de urgencia; el tiempo transcurrido desde su promulgación ha puesto en evidencia, por un lado el rechazo mayoritario de los profesionales a la medida (se han pronunciado al respecto organizaciones médicas colegiales y diversas sociedades médicas) y por otro la improvisación y falta de rigor de la misma. Hoy cabe preguntarse:

¿Son conscientes los responsables del Ministerio de Sanidad de las consecuencias que para la Salud Pública tendrá la falta de control sanitario de un número importante de personas, como es el colectivo de inmigrantes irregulares?

¿Conocen los responsables del Ministerio de Sanidad que muchos de estos inmigrantes están siendo ya tratados y controlados regularmente por padecer procesos graves y que negarles la asistencia sanitaria programada puede determinar un agravamiento muy serio de sus enfermedades e incluso producir su muerte?

¿Han reflexionado los responsables del Ministerio de Sanidad sobre las consecuencias que para el funcionamiento de nuestras Instituciones Sanitarias tendrá esta medida?

¿Qué ocurrirá cuando una persona de este colectivo acuda a Urgencias hospitalarias y se determine tenga que quedar ingresado y al alta sea obligado efectuar controles y tratamientos periódicos?

¿Es consciente el Gobierno que por más que intente hacer invisibles desde el punto de vista sanitario a estas personas, ello es imposible?

Parece que nadie en el Gobierno reflexionó sobre estas y otras cuestiones; es posible también que sí se tuviesen en cuenta estas situaciones, pero decidiese continuar con una política depredadora de los derechos; el anuncio que se ha realizado en los últimos días explicando que los inmigrantes irregulares podrían tener asistencia previa suscripción de un seguro con la Administración sanitaria, desembolsando unas cantidades superiores incluso a las que exigen las aseguradoras privadas, es una prueba más de la improvisación que ha presidido todas las actuaciones de los responsables sanitarios; las recientes declaraciones del Director General Sr. Rivero corroboran lo anterior pues denotan una falta de conocimientos impropia del cargo que ostenta. Parece que a la decidida voluntad del Gobierno de restringir derechos y recortar prestaciones se une una manifiesta ineptitud de sus responsables sanitarios.

La realidad es que los inmigrantes sin papeles están aquí, en muchos casos llevan años en nuestro país, algunos trabajan en la economía sumergida y necesitan asistencia sanitaria; si ésta se les niega y se dificulta a los profesionales ejercer su labor, con toda seguridad se producirán problemas graves de salud, no sólo para el colectivo inmigrante (aumentará la morbimortalidad) sino también para toda la comunidad.

Sería bueno que el Gobierno rectificase, renunciase a su absurdo empeño en eliminar la condición de universalidad que nuestro sistema sanitario público tiene, se esforzase en conseguir una gestión más eficiente del sistema como garantía de su sostenibilidad y no tuviese que asumir la responsabilidad de las graves consecuencias que se van a derivar de la no prestación de asistencia a los inmigrantes sin papeles.

¿Cómo es que países como Portugal, Grecia, Irlanda y la propia Italia padezcan idénticos problemas a los de España ?... no son modelo autonómico.

Ofensiva sobre el Estado autonómico

España, ante sus viejos demonios: el problema territorial

Por JUAN COFIÑO GONZÁLEZ, abogado, en La nueva España.

Vivimos tiempos de zozobra y desorientación, por razón de una crisis económica y financiera sin precedentes, con consecuencias muy dolorosas en el ámbito del empleo, grave afectación al tejido económico y social y, en última instancia, al llamado Estado del bienestar, logro tardío, y expresión de los afanes de varias generaciones de españoles, que hoy está, no solamente amenazado, sino sometido a una severa dieta cuya deriva pergeña un Estado social anoréxico.

Ante este estado de cosas, surgen voces diagnosticando la enfermedad, a la vez que prescriben tratamiento; dejando al margen soluciones imaginativas y/o excesivamente creativas, además de aquellas que de forma oportunista abanderan propuestas inconstitucionales, con presencia de salvapatrias, y discursos inflamados en una mezcla dañina de demagogia y descalificación (discurso, para mi sorpresa, demasiadas veces protagonizado por personas formadas e informadas), resulta de especial preocupación la tormenta de diatribas y toda suerte de invectivas que se están proyectando sobre el Estado autonómico, alumbrado por la Constitución de 1978, y que entronca con las soluciones al endémico problema territorial español emprendidas por la Segunda República. Todo el arsenal argumental se concentra en una acusación generalizada de enormes dispendios y despilfarros, cuyo corolario resulta en la inviabilidad del actual Estado de las autonomías, por caro y poco operativo.

Por lo que respecta a la razón de ser del actual Estado autonómico, más allá de sus bondades (que las tiene) sobre las cuales abundaré, no se puede perder de vista que el actual dibujo constitucional, plasmado en el Titulo Octavo de la Carta Magna, es consecuencia de un trabajoso pacto entre las fuerzas políticas de entonces (sustancialmente las ahora presentes) para articular una salida de enorme dificultad a un problema histórico, que ha dificultado hasta el extremo la propia viabilidad del Estado español: esto es, la coexistencia de pueblos (País vasco, Cataluña) con tendencias centrífugas, con otros pueblos vertebradores del Estado, sin merma de la calidad de ciudadanos de un mismo Estado y, por extensión, de los derechos y obligaciones inherentes a esta condición. Es cierto que la solución alcanzada no está adornada de la solidez que implicaría la unanimidad, toda vez que los ramalazos nacionalistas, las coyunturas políticas y las permanentes dudas de ciertos sectores revisionistas de la derecha política han contribuido a cierta inestabilidad; pero no es menos cierto que el acuerdo entre los grandes partidos presentes en el escenario nacional ha hecho posible la perdurabilidad del modelo.

El Estado autonómico, además de procurar un alto grado de consenso entre tendencias centrípetas y centrífugas presentes en el mosaico de los pueblos que conforman España, ofrece ventajas respecto de la gestión de innumerables asuntos públicos, basadas en la cercanía y el mayor conocimiento que ello entraña para adoptar las políticas adecuadas. Pero es que además conlleva el afianzamiento de un sentimiento identitario que, al margen de extremismos nacionalistas, vincula la política al territorio, y facilita extremadamente la interlocución entre la sociedad civil y su representación política, por no hablar de los beneficios derivados de la presencia de una Administración territorial más cercana y accesible.

La Constitución española vigente legitima un modelo territorial descentralizado que resulta singular en términos comparativos, con respecto a otros modelos de descentralización administrativa y/o política de nuestro entorno, ya que singular y diferencial resulta la situación española; sin embargo, singularidad no es sinónimo de extravagancia ni excrecencia, sino, antes bien, intento de adaptación a una realidad, social, histórica y cultural, diversa y rica en múltiples expresiones, tal cual representan el conjunto de pueblos que integran el Estado español.

Son admisibles, en el plano teórico, y tienen cabida, por tanto, diversos modelos de articulación territorial del Estado; desde concepciones centralistas, hasta las federalistas, pasando por una amplia gama de estados intermedios; sin embargo, se me antoja que un ejercicio de prudencia colectiva ponderaría la conveniencia de preservar la arquitectura constitucional, sin apresuramientos y mudanzas pocos meditadas, al socaire de las urgencias económicas, cuyo recetario rebasa ampliamente la problemática de la forma de organización del Estado, aunque convengamos en la necesidad de racionalizar el gasto público, incluyendo el correspondiente a las comunidades autónomas. Si el problema radicara principalmente en la arquitectura territorial del Estado, ¿cómo es que países como Portugal, Grecia, Irlanda y la propia Italia padecen idénticos problemas a los de España, aun estando organizados con modelos políticos territoriales y administrativos bien diferenciados con respecto al nuestro?

Seamos claros: nadie discute la necesidad de reducir el gasto público de las diferentes administraciones públicas que forman parte del entramado institucional español, incluyendo las comunidades autónomas; pero sería injusto, equivocado y probablemente un error de consecuencias difíciles de pronosticar, cargar las tintas sobre el Estado autonómico, por cuanto que se abriría gratuitamente una crisis de difícil resolución cuando el ejercicio de reducción del déficit público pasa por un acto de responsabilidad compartida, incompatible con el ejercicio de revisionismo histórico en relación con la cuestión territorial, que parece ganarse incondicionales a medida que la crisis económica se agudiza. Reclamo, en este sentido, una atenta lectura de las palabras dedicadas a este espinoso asunto con ocasión de la inauguración oficial de la Feria de Muestras de Asturias, el pasado día 3 de agosto, por parte del presidente del Gobierno regional (pasaje omitido, para mi sorpresa, por los medios de comunicación) que me parecen clarividentes y dignas de enfatizar, por cuanto resumen, a mi juicio, la posición del gobernante pragmático, equilibrado y con sentido de Estado, cuando afirmaba: «No puede reformarse la estructura territorial a hurtadillas, ni aprovechar la crisis para ajustar las cuentas al modelo de Estado» (...) «la disyuntiva no está entre autogobierno y recentralización, sino entre sistemas descentralizados eficientes y los que no lo son», para concluir aseverando con acierto: «Los problemas de mala gestión se solucionan con mejor gestión». En efecto, si algunos gobiernos autonómicos (acaso los más) se han dejado arrastrar por proyectos megalómanos, prácticas económicas poco ortodoxas o arriesgadas e incluso han incurrido en actitudes reprochables desde el punto de vista ético en el manejo de los fondos públicos, ello no puede conducir a la descalificación del modelo territorial, toda vez que, por desgracia, éste no es un signo distintivo de los gobiernos autonómicos, sino un mal muy extendido en el conjunto de las administraciones públicas, a superar cuanto antes. Hagamos, pues, un ejercicio colectivo de sentido común y corrijamos los desmanes allí donde se han producido, adelgacemos el sector público allí donde sea prescindible, o sustituible por la iniciativa privada, sin merma del servicio público; en fin, adoptemos las soluciones económicas, desde los principios de eficiencia y contención del gasto que procedan, perturbando lo menos posible la arquitectura constitucional que nos hemos dado, toda vez que remover viejos demonios colectivos, como algunos pretenden, en clave de una revisión sustancial del modelo (fuerte recentralización), no parece que, por sí misma, asegure grandes ventajas económicas ni de otra naturaleza, conllevando el riesgo de una crisis político-institucional de consecuencias imprevisibles.

Así de sencillo es

Historias para no dormir...

Por Lucía Etxebarria, escritora.

Sábado por la noche. Me pillé la mano con la puerta de la cocina (soy  muy propensa a los accidentes domésticos: soy sagitario y no tengo “conciencia de peri cuerpo”). Me presenté sola en el hospital de Sant Pau porque mi compañero se quedaba a cuidar de mi hija. Me pasaron a la sala de espera. Allí había una niña, venga a llorar. Le pregunté su  edad. Tenía 18 años, estudiaba en Barcelona, tenía una otitis. Llevaba dos horas allí. Su familia estaba en Girona. Yo sé que las otitis duelen  muchísimo, he pasado alguna. Pero creo que también lloraba porque estaba asustada y sola. Me presenté ante la enfermera. Le dije que por favor le dieran un calmante a esa chica. Me dijo que como enfermera ella no podía administrar nada sin autorización del médico. “¿Y dónde está el médico?”. “Ocupado, y aún puede tardar horas”. Y luego me miró: “Tú eres escritora, ¿no? Escríbelo. Cuenta cómo está la situación”. Y eso he decidido hacer.

Vamos a aclarar las cosas. No están haciendo recortes en sanidad porque la cosa esté así de mal, sino porque la sanidad es un gran negocio, y si se privatiza, al estilo de Estados Unidos, muchos se van a hacer multimillonarios.

Se podría recortar de muchas otras partidas.

Los toros se subvencionan: las fiestas taurinas nos cuestan 564 millones al año en subvenciones.

Los clubes de futbol también, de forma indirecta. Deben 750 millones a Hacienda y 11 millones a la Seguridad Social. De hecho, la UE ya ha propuesto investigar al fútbol español por presuntas ayudas del Estado.

Se podría eliminar los sueldos y pensiones vitalicias y prohibir por ley que los ex presidentes cobren de la empresa privada a la vez que disfrutan de su pensión vitalicia: González y Aznar siguen sin renunciar al sueldo de 80.000 € mientras reciben altas retribuciones de Gas Natural y Endesa, por ejemplo.

Se podría prohibir que un político cobre del Estado y de la empresa privada: Acebes cobra del Congreso y de Iberdrola, por ejemplo.

Se podría recortar sueldos de cargos políticos. Si un ciudadano tiene que cotizar 35 años para percibir una jubilación, no veo por qué los diputados lo hacen a los siete, ni por qué no tributan un tercio de su sueldo del IRPF, como hacemos los demás.

Se podría endurecer las penas contra el fraude fiscal. El 72% de este fraude proviene de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Ahorraríamos 90.000 millones de euros.

Se podría eliminar el concordato con el Vaticano. El ahorro final estaría entre los 6.000 y los 10.000 millones de euros. Jesús predicaba la pobreza, y la Iglesia se debe mantener mediante las aportaciones de los fieles, como ya dijo el propio San Pablo.

Esa niña que lloraba en urgencias podría ser su hija. Peor aún, usted podría padecer leucemia. Y si la padeciera, un seguro privado no le ayudaría, porque los mejores especialistas están en la Seguridad Social.

Lo sé porque se trata de una enfermedad que he vivido de cerca.

Usted que me lee: tome conciencia, por favor. El fútbol es un negocio. Los toros, una tortura. Los gastos del Congreso, un lujo innecesario. Las pensiones vitalicias, una enorme falta de ética. La fe es una opción. Pero la salud es un derecho.

Lo mismo podría decirse de la educación. ¿En serio vais a permitirlo? ¿o es que os dan alergia las manifestaciones?

Luchemos por lo nuestro, es nuestro derecho.

Por una democracia real.

El análisis de los expertos

Lo que declara un pequeño empresario y un trabajador

Por Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

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El análisis de las últimas estadísticas disponibles del IRPF arroja algunos datos bastante llamativos, como que los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública 19.359 euros de media, mientras que pequeños empresarios y profesionales liberales tan sólo obtuvieron 11.036euros, un 43% menos.

Si bien es cierto que en el año analizado (2009) la crisis ya había comenzado a reducir los beneficios de los profesionales y pequeños empresarios, e incluso su número disminuyó en casi 74.000 declarantes, también lo es que esta misma recesión golpeo igualmente a los trabajadores, aumentando el número de desempleados en 1.118.600 personas sólo en ese ejercicio.

A la vista de estos datos, parece poco creíble que durante los últimos 16 años -década de expansión económica incluida-, un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado, por citar algunas profesiones liberales bien remuneradas.

Por si ello fuera poco, la brecha entre ambos colectivos ha ido incrementándose año tras año hasta alcanzar su mayor diferencial en este último ejercicio (8.300 euros), lo que con toda probabilidad se debe a la existencia de un fraude fiscal estructural y masivo entre los autónomos, que tributan de media en el IRPF por debajo del mileurismo.

En cualquier caso, no se debe perder la perspectiva. En conjunto, el fraude de los autónomos apenas representa el 8,6% del total del fraude fiscal en nuestro país, al ser titulares generalmente de pequeños negocios.

Mientras tanto, la Agencia Tributaria se plantea una estrategia de lucha contra el fraude claramente equivocada, centrada en “lo más fácil” como es el control de las rentas del trabajo y de los autónomos, en lugar de inspeccionar “lo más difícil”, como son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país.

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Algo sobre la doble moral de los grandes delincuentes que exigen condenas, eso si, siempre para otros

Caco bueno, cacos malos

Por Walter C. Medina

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Las líneas argumentales para defenestrar o solidarizarse con el bandido fluctuaron dependiendo del color de identidad de cada cadena; aunque los invitados a opinar en los canales aliados del Partido Popular fueron quienes con mayor pasión trataron el tema, llegando incluso a predecir que si la Justicia no toma cartas en este asunto y pone en prisión a Gordillo y a su gente, “los españoles más afectados por la crisis podrían creer que todo vale; y de este modo correríamos el riesgo de llegar a la anarquía”.

Predicciones aparte, el asalto a los supermercados cometido por el diputado de Izquierda Unida supone un llamado de atención, una suerte de advertencia escrita en rojo en el reverso de los decretos ley que a diario aprueba el gobierno. “La generalización de este comportamiento sería un verdadero desastre”, dicen desde el PP, siempre atentos a las catastróficas consecuencias que podrían acarrear los comportamientos de otros, aunque sin detenerse a meditar la relación entre dichos comportamientos y la sucesión de medidas beneficiarias para ricos y devastadoras para la población de menores recursos que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy en sus primeros seis meses de mandato.

“Saquear un supermercado es un delito grave que no debemos permitir”, sentenciaba, no sin cierta razón, uno de los opinólogos invitados al plató de una televisión nacional. Pero si hay que considerar a este tipo de saqueos como graves delitos, con qué carátula deberíamos identificar a otros muchos que por su naturaleza y por los daños que provocan ameritan la urgente aplicación de castigo. O dicho de otro modo: ¿cómo es posible que los más acérrimos defensores del orden y la Justicia pongan el grito en el cielo por el robo a un supermercado y sin embargo no pronuncien palabra acerca de los peores hurtos cometidos en este país, y cuyos autores no sólo no han sido juzgados sino que, por el contrario, han resultado premiados con grandes indemnizaciones? La comparación me resulta necesaria e indispensable. ¿Cuál es el valor del total de los productos que Gordillo y los suyos se llevaron en los carritos? Haga la cuenta y verá que la cifra no llega ni a la mitad de lo que valen sólo un par de botones de los trajes de Camps, o del importe del postre que a su salud (y con su dinero) se comía todas las noches en Marbella el ex Presidente del Poder Judicial, Carlos Divar. Y las pensiones que cobran los directivos de las entidades de ahorro que han dejado en la ruina a miles de trabajadores, los programas electorales que resultaron ser una vulgar estafa, la quita de servicios sanitarios a seres humanos ilegalizados, el inminente robo de los 400 euros del Programa Prepara (Prepárate a quedarte sin un céntimo), el incremento delictivo del IVA, el saqueo perpetrado contra la Educación y a la Salud, etc. ¿Qué hay acerca de todos estos graves delitos? ¿Quién clama justicia por esta sucesión de hurtos?. En todo caso el “todo vale” que teme el PP no estará dado por el robo a un supermercado, sino por el hurto mayor para el que –como la mayoría de los españoles bien saben– sigue habiendo impunidad.

Esta doble moral, adornada con grandilocuentes discursos y frases extraídas del Manual para la Ciudadanía en su versión más rancia, genera más rabia de la que ya se esparce sobre las clases más desfavorecidas. Porque cómo le explica usted a ese trabajador que no tiene  ni una zanahoria en la nevera, cómo le explica que mientras él lo pierde todo sin haber sido causante de la debacle general, los auténticos responsables de tamaño desfase continúan con sus ganancias intactas, protegidas en bancos de vaya uno a saber dónde. Cómo le explica lo mismo a esa mujer que ya no tiene con qué alimentar a su hijo y que pronto se quedará sin sus 400 Euros de auxilio porque el gobierno, el mismo que le ha dado a Bankia 30 mil millones, así lo ha decidido.

La figura romántica de ladronzuelo bueno que roba para dar a los pobres ha revivido esta semana a través de la versión restaurada de Juan Manuel Sánchez Gordillo y de sus secuaces. Gordillo se ha puesto el disfraz de Robin Hood y ha provocado un verdadero revuelo entre quienes no suelen disfrazarse de nada porque poseen la desfachatez suficiente como para ir a cara descubierta. Ha cometido un delito, un hurto para el que cacos de otras clases exigen condena.

Cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de los principios constitucionales, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios

Antígona en las calles

Por Gabriel Moreno González, Comisión de Justicia Fiscal y Financiera Global ATTAC España

Siempre ha existido, y siempre existirá, el atávico conflicto entre el gobierno de lo justo y el gobierno de los hombres, entre razón y voluntad. La tragedia griega de Antígona representa uno de sus primeros enfrentamientos y, en buena medida, encierra el sentir de nuestros días. Valga recordarla.

Ante la supuesta traición llevada a cabo por Polinices, el rey Creonte ordena abandonar injustamente su cadáver a merced de los cuervos, vulnerando así la sagrada tradición griega. Antígona, hermana del desdichado Polinices, decide desobedecer al rey y enterrar dignamente a su hermano. ¿En qué se fundamenta la heroína griega para rebelarse contra el gobierno de los hombres? «Cuando las leyes humanas sean injustas, estamos legitimados para desobedecerlas», viene a decir Antígona anticipándose a los ilustrados de uno y otro lado del Atlántico.

La Constitución, como norma suprema cuyo origen directo reside en el pueblo, dulcifica las diferencias y acerca ambos polos. En el momento constituyente, ese indefinido pueblo decide qué es lo naturalmente justo y qué se tiene que elevar al más alto grado de protección y reconocimiento. El fin: evitar que el gobierno de los hombres posterior vulnere lo que se considera intangible, el gobierno de lo justo. Si en la Grecia de Creonte hubiera existido una constitución que prohibiese la humillación de los muertos y reconociese su dignidad, Antígona se hubiera ahorrado el suicidio.

En nuestro particular y polémico momento constituyente de 1978 se establecieron en 69 artículos las reglas básicas que iban a regir el Estado y la convivencia de los españoles, petrificando lo considerado entonces como justo y atando con ello a los posteriores gobiernos. Aunque la idoneidad del proceso y de eso que han venido en llamar “Transición” es cuanto menos discutible, no podemos olvidar que tenemos una Constitución y que, nos guste o no, está para cumplirse. O en teoría.

Mientras leen estas líneas, un Creonte gallego refugiado en la Moncloa dinamita los principios (y los valores) que la Carta Magna consagró en las postrimerías del franquismo. La versión griega de Rajoy, al menos, no temía vulnerar una norma positiva, sino únicamente contrariar lo que el común de los griegos entendía como lo justo y natural. Pero esta versión nuestra tan castiza y de sacristía no solo tiene delante una Constitución escrita y clara, sino que además la conoce a la perfección gracias a su inigualable testa registral. ¿Cómo puede entonces vulnerar sistemáticamente la Constitución?

Hace más de doscientos años, en la Francia prerrevolucionaria, un joven abogado, de nombre Danton, se acercó a un café de París donde un envejecido Benjamín Franklin discutía acaloradamente sobre la recién redactada Declaración de Independencia. El que luego fuera líder revolucionario le preguntó al americano, y no de muy buenas maneras, para qué servía la Declaración, si solo era un papelajo y no tenía detrás un ejército que la defendiera, a lo que el inventor del pararrayos contestó: «Se equivoca. Tras esta Declaración hay un poder considerable, eterno: el poder de la vergüenza». De la vergüenza de saber que se está vulnerando lo que todos consideramos justo.

Sin embargo, ¿dónde está la vergüenza en los miembros de este (des)gobierno germanófilo? ¿En los aplausos que recortan nuestros derechos? ¿En las salidas de tono de sus acólitos? No. Simplemente, no tienen vergüenza.

De los ataques a la Constitución que estamos viviendo, desde amnistías fiscales a reformas laborales pseudomedievales (todo ello aderezado con una buena cantidad de decretos-leyes sin habilitación alguna), el más importante lo constituye la rendición del poder político ante el gran capital transmutado en Unión Europea e instituciones financieras.

«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», reza el primer artículo de nuestra Carta Magna. Pero esta soberanía nacional se vuelve irreconocible cuando el gobierno elegido por el pueblo rinde pleitesía a los intereses financieros de una pequeña oligarquía plutocrática que se erige en la dueña y señora de Europa. Un informe del FMI o Moody´s, elaborado por un grupo de economistas de dudoso prestigio pero reconocible ideología, o un artículo del Financial Times (siempre que no sitúe España en África), pesa más que los principios y valores que el pueblo español consagró en la Constitución. Igualdad, libertad, justicia…principios que decaen ante el más leve alarido de eso que llaman «mercados».

Como nuestro (neoliberal-católico) gobierno de los hombres ya no se comporta como tal, sino como instrumento que vulnera sistemáticamente lo considerado justo e inviolable, los ciudadanos tienen el derecho, es más, tienen el deber, de restituir la vinculación entre soberanía y poder, de recuperar la esencia de la democracia. Ante los ataques a la Constitución y al principio democrático, ante las tropelías de nuestros gobernantes y, sobre todo, ante el robo de nuestra soberanía a manos de una élite financiera sin escrúpulos, debemos seguir el ejemplo de Antígona sin temor. Aquella Declaración de Independencia, de la que el viejo Benjamín Franklin se enorgullecía, nos recuerda en qué consiste la democracia en uno de las más sublimes proclamaciones de la historia.

«Que para garantizar los derechos, se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios».

Aun así, cualquier enfervorecida legitimación del «pueblo» frente a los «gobernantes» a modo de proclama puede devenir en radicalismos oscuros de difícil justificación. La prudencia ha de ser, como siempre, el camino. No obstante, si el gobierno destruye cada viernes, poco a poco pero sin pausa, los principios y valores constitucionales entregando la soberanía a agentes externos, los ciudadanos, únicos titulares de esa soberanía, estamos habilitados para recuperarla. Pero, ¿acaso el gobierno no ha sido elegido por una abrumadora mayoría de españoles que lo legitima? Por supuesto. La obediencia de los ciudadanos en una sociedad democrática es también una responsabilidad derivada de la propia capacidad de elección. Sin embargo, ésta nunca puede subvertir lo establecido en el momento constituyente o, lo que es lo mismo, ningún gobierno, por legitimado que esté, puede vulnerar o modificar subrepticiamente la Constitución en tanto norma suprema que posee la máxima legitimación posible: la que la ciudadanía le otorgó directamente. ¿Los millones de españoles que votaron al actual gobierno quieren otra Constitución (todavía) más favorable al capital o, simplemente, traspasar la soberanía a manos tecnoneoliberales?, pues entonces actívese un nuevo proceso constituyente. De lo contrario, todo ataque al fundamento de la democracia, cual es la vinculación entre representantes y representados, ha de entenderse como en su día hiciera Franklin.

Si nuestros gobernantes han perdido la vergüenza, hemos de hacérsela recuperar, aunque sea en las calles. En los ojos de cada desempleado, manifestante, enfermo, estudiante, obrero o funcionario, de cada ciudadano harto de pagar una crisis que no ha creado, puede verse el orgullo de saber que, como Antígona, lo justo está de nuestra parte.