OPINION

Opiniones para todos los gustos, aunque con cierta unanimidad en lo de la contradicción entre la bajada de impuestos propuesta y la contención del déficit público

La hoja de ruta de Álvarez-Cascos, a examen

Los expertos alertan de que eliminar impuestos podría elevar el déficit y defienden el actual modelo sanitario, pero apoyan reducir la Administración y fomentar la natalidad

Oviedo, J. L. SALINAS / P. GALLEGO, en La Nueva España.

Con cautela, pero sin dudar a la hora de valorar la eficacia o la inutilidad de las medidas. Así han recibido los expertos de diferentes áreas, desde la economía a la sanidad pasando por la demografía o la educación, las propuestas del próximo presidente del Gobierno asturiano, Francisco Álvarez-Cascos. El líder de Foro Asturias expuso en la primera sesión del debate de investidura buena parte de la hoja de ruta de su Ejecutivo, y las respuestas varían según la materia de la que se trate.

Los economistas asturianos coinciden en que las medidas que Cascos pretende impulsar en materia de fiscalidad, con la eliminación de impuestos como el céntimo sanitario o el de sucesiones, podrían provocar un aumento de la actividad económica pero también del déficit público, en un momento en que los organismos económicos internacionales abogan por reducirlo. Los expertos aplauden las nuevas medidas en materia demográfica, pero critican con dureza iniciativas como las propuestas en sanidad y educación, o la búsqueda de colaboración entre la administración pública y la privada para impulsar las infraestructuras pendientes en Asturias. Aseguran que hay ejemplos evidentes tanto en Asturias, con el fracaso de la Autovía del Metal entre Llanera y Avilés cuyo proyecto fue abandonado por no encontrar empresas interesadas en invertir, como en otras comunidades, como en Madrid, de que en momentos de crisis no es una fórmula que funcione.

«Cuadrar el círculo». En palabras del ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, algo así será organizar la política sanitaria asturiana durante los próximos cuatro años. «Todo tiene que salir del mismo presupuesto, y el actual ya es escaso», explica. Y para cumplir las propuestas de Foro Asturias en materia de sanidad, eso es lo que va a hacer falta: dinero. Por ejemplo, para «homogeneizar» los servicios que los hospitales prestarán, básico para cumplir la segunda parte de la propuesta: que cada asturiano pueda elegir en qué centro recibe un tratamiento.

La idea de Cascos es que ningún asturiano, sea del centro de la región o de las alas, tenga acceso a menos posibilidades que el resto de sus paisanos. «Cualquier gasto nuevo», sea a la hora de contratar profesionales o de ampliar la carta de servicios, «es peligroso para la sostenibilidad del sistema», alerta Rodríguez-Vigil. En su opinión, un sistema público «lo que tiene que ser es accesible y eficaz, y éste lo es. Ahí están la equidad y la justicia», sentencia.

Para mejorar el sistema lo que habrá que hacer es fomentar la «eficacia», afirma Vigil. Una idea a la que se suma el epidemiólogo asturiano Martín Caicoya. «El futuro de la sanidad es algo que hay que pensar mucho», asevera, «porque es positivo que la gente pueda elegir, pero sólo podrán hacerlo algunos». «¿Qué haces con un hospital si no lo elige nadie, lo cierras? Es algo un poco ficticio», opina Caicoya. Llevándolo al extremo, ¿qué pasa si nadie quiere operarse en el nuevo HUCA?

Junto a la propuesta para fomentar la igualdad en los servicios que la sanidad pública presta a los asturianos, Cascos apuntó la idea de facilitar que -siempre bajo la decisión del paciente- algunos tratamientos puedan prestarse en centros privados. Para Caicoya, que ve «clarísima» la necesidad de una entidad que centralice las compras de medicamentos y suministros sanitarios, dos de las claves serán asegurar desde dentro que esos servicios mantengan «la misma calidad que los prestados en el centro público de referencia», y que los centros privados «subsidiarios» no se conviertan en «parásitos». «No puedes estrangular a alguien a quien dejaste crecer a tu cuenta, enviando hoy diez apendicitos y cuarenta hernias, y mañana ninguna», alerta. «La lista de espera es natural», continúa, «y lo importante será priorizar objetivos». «El paciente y la sociedad deben dominar más el sistema», apostilla.

Eliminar el céntimo sanitario, el impuesto de transmisiones y el de sucesiones, como incluye la hoja de ruta del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, supondría una merma para las arcas del Gobierno regional de unos 300 millones. Una caída de los ingresos que, a juicio de los economistas asturianos, puede ser peligrosa en un momento en el que los organismos financieros internacionales están abogando por recortar déficit público y aumentar impuestos. Aunque reconocen que esta bajada impositiva puede ayudar a estimular la actividad económica de la región.

Por tasas, eliminar el llamado céntimo sanitario, un recargo autonómico que lleva aplicándose desde el año 2002 y que grava el precio de los carburantes para financiar gastos de sanidad, supondrá que las arcas regionales dejen de percibir 36 millones (esa fue la cantidad que el Principado ingresó por este impuesto el año pasado). Eliminar el impuesto de transmisiones se transformará en una merma de ingresos de 145 millones y acabar con el de sucesiones supondrá dejar de ingresar 126 millones. Los economistas coinciden en señalar que la bajada puede tener aspectos positivos, como un impulso del consumo, aunque advierten de que también pueden darse efectos negativos como un incremento del déficit.

Jesús Sanmartín, economista asturiano y presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aseguró que la fiscalidad no debería ser la medida más importante para tratar de ganar actividad económica sino que deben incorporarse otras medidas adicionales. Y señala que una bajada de impuestos como la que propone Cascos puede provocar una subida del déficit y una caída de la recaudación en un momento en el que todos los gobiernos están abogando por el objetivo contrario. Aunque según apunta también, puede ser que «se dé un aumento de la renta disponible por las familias, lo que puede ir directamente al ahorro o al consumo, en unos momentos en los que, precisamente, se necesita estimular el consumo».

Para Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias, una bajada de los llamados impuestos directos (entre los que se incluyen el de sucesiones y transmisiones) «pueden ayudar a fomentar la actividad, la demanda y por tanto la competitividad de las empresas asturianas. Pueden ser medidas positivas para crear empleo». También advierte de que hay que tener cuidado con que estas medidas no repercutan en un aumento del gasto. En su opinión, en estos momentos hay que apostar por mantener un buen nivel de ingresos y a su vez recortar gastos: «En el término medio está la virtud», señala. «Personalmente siempre he sido partidario de aumentar los impuestos indirectos, como el IVA o la gasolina, antes que los directos que pueden dañar la actividad de la economía».

Cascos abogó durante su discurso también por iniciativas que ayuden a generar actividad y frenar la salida de compañías asturianas a otras regiones donde las medidas fiscales son más favorables. Los economistas asturianos aseguran que, por el momento, no se están detectando que se esté dando este fenómeno. Aunque Jesús Sanmartín asegura que sí que es un tema que preocupa a los empresarios asturianos, y reconoce que conoce algún caso de empresas que se han ido a otras regiones pero no buscando unas mejoras fiscales sino en busca de una menor presión por parte de la inspección de Trabajo. «En Madrid hay miles de empresas y la inspección no suele tener tan controladas a las compañías como en Asturias», explica.

Para reactivar la base de la pirámide poblacional asturiana, cada año más estrecha, Álvarez-Cascos presentó como medida estrella la implantación del «cheque bebé». Una ayuda de 2.000 euros por hijo, que llegará en forma de cheque y que los padres podrán gastar en comercios asturianos. Se trata de una medida similar a la que impulsó en 2007 el Gobierno central, daba una ayuda de 2.500 euros por hijo, y que dos años después decidió retirar alegando que estaba provocando un fuerte alza del déficit.

Aplicar la medida tal y como la ha diseñado Cascos supondría, con las actuales cifras de natalidad de la región (en 2010 nacieron 7.814 niños, según los últimos datos demográficos del INE), un desembolso para las arcas autonómicas de 15,6 millones de euros al año. Los economistas coinciden en que hay que actuar de forma inmediata para mejorar las «pobres» cifras de natalidad de la región, aunque advierten al igual que en las nuevas medidas fiscales de que el nuevo cheque bebé puede provocar un aumento del déficit. «Se criticó al Gobierno por la ayuda de 400 euros y por aplicar el cheque bebé, y aún no se han analizado bien las consecuencias de estas medidas. Aunque las autonomías cuando deciden aplicar excentivos fiscales no suelen medir las consecuencias», asegura Jesús Sanmartín, presidente del REAF.

Los asturianos figuran, en los últimos datos que divulgó el INE, como la región con una de las tasas de natalidad más bajas de España. En concreto, en Asturias nacen 7,3 niños por cada mil habitantes: en ninguna otra comunidad se alcanzan niveles tan bajos. «El problema de la natalidad es tremendo, y hay que buscar medidas de forma urgente para fomentar que las familias se animen a tener más hijos», señala Miguel de la Fuente, presidente del Colegio de Economistas de Asturias, «quizás 2.000 euros no sirvan para fomentar la natalidad, sino que hace falta que las familias perciban que hay una cierta estabilidad de la economía y del empleo, además de ayudas para facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las mujeres».

Florentino Felgueroso, uno de los promotores del llamado grupo de «los Cien», un colectivo formado por economistas vinculados a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fadea), asegura que es «imposible saber si el cheque bebé tuvo efectos positivos o no porque la repercusión de la medida nunca se evaluó». Y abogó por que en Asturias es urgente tomar medidas en este sentido ya que «la región tiene una de las políticas de natalidad más raquíticas de España, y todo lo que sea incentivar la natalidad bienvenido será». El economista asturiano también alerta de que «si hay recursos económicos puede ser una buena medida, habrá que tener en cuenta las limitaciones del presupuesto».

Para potenciar el desarrollo de las infraestructuras que Asturias tiene pendientes, el futuro presidente asturiano abogó por ir a una fórmula de colaboración entre la Administración y empresas privadas, el conocido como peaje en la sombra que ya funciona en la llamada AS-II, la autopista que une Oviedo con Gijón. Los expertos desconfían de que esta fórmula pueda tener éxito. Además, en Asturias ya hay ejemplos del fracaso de esta fórmula. Hace un año, el hasta ahora consejero de Industria, Graciano Torre, anunció que la crisis financiera obligaba a aparcar la conexión por autovía entre Llanera y Avilés, después de no encontrar a ningún inversor privado interesado en invertir en la infraestructura. La llamada Autovía del Acero iba a conectar las dos principales áreas industriales de la región, y estaba previsto que se invirtieran 244 millones en el que iba a ser uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces en materia de infraestructuras.

«El dinero público está mal, pero el privado tampoco es que vaya muy bien», explica el economista asturiano Florentino Felgueroso, «pero esa colaboración entre lo público y lo privado es algo a lo que hay que tender y no sólo en el ámbito de las infraestructuras, sino también en otros negocios como el de la educación o el empleo». El economista asturiano Juan Velarde ve poco recorrido a una colaboración entre el sector público y el privado para impulsar las infraestructuras pendientes de la región. «Es un sector que tiene una escasa rentabilidad desde el punto de vista de las empresas», explica. Para Velarde, «el sector público debe orientar sus inversiones hacia aquellas obras que tengan una verdadera rentabilidad».

Según el economista, «Asturias necesita dejar de ser una isla y mejorar sus conexiones, pero la fórmula público-privada no es la solución, ya que por ejemplo en Madrid las autopistas que se han decidido desarrollar mediante esta fórmula están quebradas».

«No sabría decirle si la Administración es demasiado grande, pero sí que no parece lógico contar con una empresa constructora». La frase es de Ángel de la Fuente, economista asturiano e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). «Y no sé si gana o pierde dinero, pero aun así no sé qué pinta», añade. Desde su punto de vista, el recorte del sector público asturiano, de las empresas del Principado que la oposición llamó «chiringuitos», debe hacerse «caso a caso». «Aun así, me parece bien que Sedes y la Televisión asturiana desaparezcan», afirma, «sobre todo con un presupuesto del que la sanidad se lleva el 40 por ciento». «Si hay ahorro habrá campo para hacer mucho más», asevera.

Desde su punto de vista, el «servicio público» debe ser el que marque la pervivencia de cada empresa. «Mire los transportes de Gijón: a lo mejor no producen dinero, pero la empresa cumple perfectamente su función, porque a la gente que no tiene otra alternativa le permite tener una movilidad mayor. Para eso sí tiene sentido tener una empresa pública, pero no «para construir pisos».

«Los centros educativos trabajan con intangibles, y los resultados no se ven a corto plazo». Por esa razón Javier Fombona, profesor del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y experto en didáctica y organización escolar, opina que a las escuelas e institutos hay que dejarles trabajar con «tranquilidad». El anuncio de Álvarez-Cascos de «liberalizar» la educación asturiana, permitiendo que los padres elijan en qué colegio escolarizar a sus hijos -siempre dentro de las posibilidades de cada centro-, dicen, no es la solución para mejorar la calidad.

«Lo que hay que mejorar es la eficacia, seguir trabajando por la calidad de la docencia», opina Fombona. «Quizá en algunos asuntos podría llevarnos más cerca de la excelencia», reconoce, «pero también hay personas que no tendrán posibilidades de elegir». «La educación no puede olvidar que tiene un fortísimo componente social». Desde diferentes sectores de la educación señalan que «es necesario que no nos cambien constantemente los referentes legislativos». La ley limita las posibilidades de cambio en el currículo «al 45 por ciento, pero estamos seguros de que el nuevo Gobierno lo va a aprovechar». «Lo que hay que hacer es distribuir mejor los fondos», afirman. De nuevo, la clave está en la eficacia.

La Universidad se ha convertido, en los últimos días, en un arma arrojadiza entre el candidato a la Presidente del Principado y el Partido Popular. Para superar el enfrentamiento, María Mitre, profesora de la Universidad de Oviedo y experta en calidad de la educación universitaria, propone «aprovechar las ideas buenas» que recoge la propuesta de Foro Asturias, pero evitar «solapamientos o competencia entre centros». «Si va a ser con fondos públicos veo lógico que éstos se inviertan en la actual Universidad, no en una nueva», opina. «Si, en cambio, es privada, no hay problema», añade.

De la propuesta universitaria de Foro, Mitre se queda con el fomento de la interdisciplinariedad, la atracción de talentos de otros centros o el fomento de estudios relacionados con el sector agroalimentario. «Cuando habla de innovación o de creatividad, aunque son áreas que pueden potenciarse, eso ya lo hacemos nosotros», sentencia.

Oportuno recordatorio de Antonio Gutierrez en los cursos de verano de El Escorial: “Una cosa es hacer política y otra estar en política ”

“Ha llegado el momento de que la izquierda clarifique las ideas”

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso considera que la izquierda debe ahora ser consecuente con las decisiones para dar fuerza a sus políticas

nuevatribuna.es | Alba Gómez
La tercera jornada de los cursos de verano organizados por la Fundación 1º de Mayo tuvo como invitado de la mañana a Antonio Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, que dedicó parte de su intervención a establecer algunas de las pautas que, a su juicio, debería seguir la izquierda para recuperar su situación, ahora mermada.
Para Antonio Gutiérrez, el país ha derivado en un escenario conservador, no sólo como consecuencia de la crisis económica, sino a través de “un proceso político, económico y social que nos ha abocado a esto”. Ubica el comienzo del cambio con la llegada al poder del Gobierno socialista en 2004. El diputado resaltó que el establecimiento del socialismo fue un dato esperanzador pero no tanto la forma de asimilar esta presencia en el Gobierno: “La llegada de la izquierda había sido capaz de crear simpatía pero no confianza. Fue la reacción democrática de la ciudadanía, tras los atentados del 11-M”, que coincidió con el hecho de ganar las elecciones. “La vigorización de la democracia coincidía con la victoria de la izquierda”, resaltó.
Respecto a la actuación del Gobierno, Antonio Gutiérrez resaltó su actuación a través de la creación de leyes que no han tenido su continuación en políticas. El establecimiento de derechos inéditos en nuestra sociedad, sobre todo en derechos civiles como la ley de matrimonio homosexual, no ha llevado al desarrollo de políticas que establecieran esos avances en la sociedad: “Fueron los propios colectivos afectados quienes tuvieron que defender las ideas” frente a la doctrina ultraconservadora que se oponía. Esta carencia de políticas y medios a la hora de aplicar la ley creaba una impotencia y frustración entre la ciudadanía.
El que fuera secretario general de Comisiones Obreras recalcó que “el error cometido en la segunda legislatura fue confundir los retos con los instrumentos”. Un ejemplo fue la actuación posterior a la aplicación de la Ley de Igualdad en la cual primó la creación de instrumentos, como fue el Ministerio de Igualdad, antes que la concepción de políticas para su defensa.
Respecto a la crisis económica internacional, el diputado no critica tanto la lentitud con que el Gobierno aceptó la existencia de la crisis en España, sino su actuación poco transparente e improvisada. No obstante, se muestra de acuerdo con el establecimiento de numerosas medidas, como el Plan E o la Ley de Economía Sostenible pero “fijaban poco su atención con resultados rápidos y a corto plazo”, dice. Decisiones como la ayuda de 400 euros para desempleados o el cheque-bebé para fomentar la natalidad son algunas de las medidas que Antonio Gutiérrez califica como “populistas” al ser “injustas, tratando de manera igual a desiguales; caras, al no existir discriminación por renta; e ineficientes ya que, tras los gastos descomunales, no mejoran los datos”.
Otras medidas relacionadas con la redistribución de la riqueza a favor de las clases más bajas han sido la reforma de las pensiones o la Ley de la Dependencia que deben considerarse por la sociedad como “derechos propios y no regalados”. A raíz de estas las medidas tomadas durante la crisis, el diputado diferenció entre hacer política, a través de la realización de los objetivos marcados, y estar en política, que es donde se encuentra el Gobierno “afrontando las cosas según vienen sin las políticas adecuadas”.
Respecto a la situación europea actual, considera necesaria la creación de un “gobierno europeo que sea capaz de estimular el buen desarrollo de mercado”. Las intenciones que existieron a hora de crear una unión monetaria no se han tenido en cuenta por lo que recalcó la necesidad de un presupuesto que administre las medidas europeas que se quieren establecer para un buen desarrollo: “Ha llegado el momento de precisar las ideas”, dijo. Existe un “déficit de democracia en Europa porque hay menos políticas que podamos compartir y co-gobernar en los países europeos”. España se encuentra en una posición “privilegiada” en el concierto europeo al situarse a la cabeza de los países periféricos y a la cola del núcleo central europeo donde existe una “arquitectura política monetaria hecha según los intereses de Alemania” recordaba el diputado. En este sentido, señaló que el negocio alemán “es el mercado europeo. Sin este mercado, no sería quien es”.
Por último, en lo relativo a la posición de la izquierda en la actualidad, considera que “hay camino” pero es necesario que aclare sus adherencias ideológicas y doctrinales: “La clarificación de las ideas lleva a una confluencia creíble, asumible y que pueda respaldarse entre la ciudadanía”. Sobre el 15M declara que “cuando afloran los sentimientos, es de cínicos decir que éstos no tienen unos objetivos claros” y, para recuperar la sociedad, la izquierda debe, además de tener coherencia, basarse en el hecho de ser consecuentes con las propias ideas porque “da fuerza a las políticas que vas a practicar”.
Gutiérrez concluyó advirtiendo de que “la política no es un oficio intercambiable con otros, sino que es justamente un compromiso para ponerlo al servicio de tu país. Solo así se podrá restaurar la credibilidad y confianza en ella”.

Interesante opinión editorial en La Nueva España de hoy

Los políticos asturianos, ajenos a los retos del presupuesto europeo

Asturias dejó atrás los tiempos de bonanza encadenando demasiados errores. El más importante: no rentabilizar al máximo las inversiones públicas. El dinero siempre resulta escaso, pero en períodos como el que estamos atravesando, y lo que queda, se nota demasiado. La región recibió muchas aportaciones de la UE como alivio a la dura reconversión que hubo de afrontar de manera simultánea en la industria, la minería, la siderurgia, la construcción naval y el campo. Ese maná, reforzado con aportaciones extraordinarias nacionales -los fondos mineros- o regionales -los planes complementarios del Principado-, no se utilizó eficazmente. Al menos, no siempre.

Ahí está la Autovía del Cantábrico, que impulsada con las subvenciones europeas sigue estancada, principalmente en Asturias. La mínima regeneración del tejido empresarial de las Cuencas evidencia que las ayudas para la reestructuración de las comarcas carboníferas no dieron el fruto apetecido. La lista de proyectos fracasados o sin acometer es elevada. Y qué decir de casos como el de Venturo XXI o Alas. Se apoyó a patronos insolventes con ideas poco sólidas. Se abordaron obras faraónicas sin pensar con rigor si verdaderamente eran necesarias y, aun peor, cómo podrían acabarse cuando la fiesta llegara a su fin. Ahora toca pagarlo.

Nos esperan tiempos nada generosos. Lo advirtió, sin rodeos, el ministro de Fomento, José Blanco, poco después de apostar contra viento y marea por acelerar la llegada del AVE a su tierra, Galicia: «No es posible mantener y completar la red de infraestructuras española sin tocar los impuestos. Nuestro país tiene que plantearse si con nuestros recursos y con la menor carga impositiva de la UE se pueden sostener las carreteras, los trenes y el Estado de bienestar. Hay que pensar las infraestructuras con sentido económico». En adelante, clamar a España o a Europa para que intervengan en auxilio de Asturias no va a ser la solución. Tendremos que aprender de una vez por todas a confiar en nosotros mismos. Habrá que trabajar de otra forma para salir de la crisis sin la extraordinaria muleta que hasta ahora supusieron los soportes exteriores.

La Comisión Europea presentó la semana pasada el informe para elaborar el presupuesto de la Unión para el período que va de 2014 a 2020. Los criterios de distribución cambian. Restringen para Asturias la partida agrícola y cierran los llamados fondos «Feder» y los de cohesión, los dos grandes contenedores de las ayudas territoriales. Son los principales grifos en los que el Principado bebió hasta la fecha.

Asturias deja de estar entre las regiones más deprimidas, no porque haya mejorado sensiblemente -ojalá fuera exclusivamente por ello-, sino en buena medida por mor del efecto que supone haber incorporado a la UE a países mucho más pobres, a la pérdida de población que la perjudica en el cálculo de las estadísticas y al artificial peso sobre la renta regional que ejercen las transferencias hacia las clases pasivas.

Eso no quiere decir que necesariamente hayan terminado las inversiones europeas para los asturianos. Existirán para iniciativas relacionadas con la innovación y la tecnología, para todo lo que ayude a reinventar y equilibrar la sociedad actual, lo que tenga que ver con la sostenibilidad, la ecología, los avances científicos, el talento vinculado al conocimiento. Pero para lograrlas tendremos que ser capaces de ofrecer algo atractivo. Abonarse al emprendimiento es una obligación a partir de este momento.

Asturias viene de unas décadas en las que han predominado en la orientación de la región los períodos oscuros sobre los luminosos. Lo que queda por delante son años extremadamente duros y de grandes sacrificios, de competencia feroz. Hay que aprender a sobrevivir en esas circunstancias. El futuro Gobierno del Principado debe poner todo su empeño en estimular a la sociedad asturiana hacia esa nueva dirección. Para escrutar las cuentas comunitarias y aportar iniciativas altamente eficientes y más brillantes que las de cualquier otra comarca europea. Para sacar a flote la excelencia regional. Hay oportunidades esperando en Bruselas, pero en terrenos en los que la región parte con desventaja frente a las autonomías más dinámicas.

Europa mirará más por su dinero y habrá que ganárselo. Las pequeñas y medianas empresas son una prioridad, pero no indiscriminada. Se potenciarán, al menos así figura esbozado para el próximo sexenio, las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones. Ahí Asturias ni siquiera figura en el mapa, porque los planes en marcha dan prioridad a la conexión de los grandes ejes del sur y el este del país con el resto del continente a través de Madrid y el arco mediterráneo. Los euros fáciles para las grandes infraestructuras se han terminado de sopetón, salvo que tengan carácter de redes internacionales.

Con tiempo por delante sabemos por dónde avanzan las cosas. Aprovecharlas necesita de toda la energía política de Asturias. El que se duerma lo va a lamentar, y mucho. Pero ¿hablan de estas cosas los diputados y concejales que nos prometían el oro y el moro para que les diéramos el voto el 22-M? Nada más anunciarse el nuevo presupuesto comunitario, alguna región española no ha perdido un minuto para ponerse manos a la obra. Pero aquí andamos embebidos en minucias estériles, obviando los intereses generales.

Libro Blanco sobre el sistema sanitario español editado por la Academia Europea de Ciencias y Artes

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Un informe considera «imprescindible» ampliar el copago en los medicamentos

El Libro Blanco sobre la sostenibilidad del sistema sanitario español aconseja potenciar el Consejo Interterritorial y mejorar la atención primaria

Oviedo, P. R., en La Nueva España
El Libro Blanco sobre el sistema sanitario español, elaborado por un equipo de expertos a instancias de la Academia Europea de Ciencias y Artes de España, considera «imprescindible» extender el copago en las prestaciones farmacéuticas, «definiendo previamente las excepciones que se precisen en relación con los niveles de renta». De igual manera, recomienda que los centros de atención primaria dejen de ser «centros expendedores de recetas y sustitutivos de la acción social» para «ejercer únicamente la actividad médico-sanitaria».

Son dos de las sugerencias del estudio, cuyo objeto es el de tratar de atajar una serie de problemas que pueden poner en cuestión la sostenibilidad del sistema debido al incremento progresivo de los gastos sanitarios. Y las dificultades no son sólo de índole económica. En el diagnóstico que hacen de la situación, también se refieren a aspectos políticos, profesionales, sindicales, de estructura y de prioridades.

La racionalización del gasto farmacéutico es una necesidad perentoria, de lo contrario «su descontrol podría llegar a poner en cuestión la sostenibilidad del sistema», se dice. Recomiendan liberar el servicio farmacéutico pero teniendo en cuenta su especificidad en ámbitos como el rural, «donde tiene características de servicio público».

Coordinado por Francisco J. Rubia Vila, el Libro Blanco se elaboró con tres grupos de trabajo dirigidos por los médicos especialistas Pedro García Barreno y José María Segovia de Arana, y el economista Juan Velarde Fuertes. Entre los integrantes de esos grupos están Enrique Baca, Miguel Caínzos, Alfonso Flórez, Leopoldo Gonzalo, Félix Lobo, Daniel Martín Mayorga, José Raga y los asturianos Rafael Puyol, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Pedro Sabando.

El informe aconseja «mantener, actualizar y completar la universalización» de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) y para ello considera fundamental el fortalecimiento del Consejo Interterritorial de Sanidad, cuyos acuerdos «deben tener carácter vinculante». Desde el Interterritorial, se añade, debe acometerse «una política común para las grandes infraestructuras y centros de referencia». El instrumento financiero que permita poner en práctica «las necesarias políticas de cohesión, equidad y corrección de desigualdades» debe ser el Fondo de Cohesión. El grupo de expertos apunta que la financiación adicional del Fondo debería recabarse, en buena medida, «a partir de impuestos indirectos, específicamente señalados en su finalidad sanitaria».

Mejora de la calidad, capacidad de resolución, continuidad asistencial, desarrollo profesional, eficiencia en la gestión y en la organización son, en opinión del grupo de especialistas, las principales medidas a acometer.

La atención primaria, primer nivel sanitario al que suele acceder el usuario, debe centrarse únicamente en la actividad médico-sanitaria, «contando con la dotación adecuada para solventar los aspectos de servicio correspondientes a su nivel», algo que, según se explica, significaría «reordenar el sistema de urgencias, implantar la tarjeta electrónica y potenciar la enfermería».

En la atención especializada, el Libro Blanco defiende la gestión clínica, la incentivación en relación con los resultados, la excelencia clínica y la autonomía en la gestión, así como la configuración de redes hospitalarias. En cuanto a la investigación biosanitaria, «ha de ser impulsada no sólo como un aspecto clave en la formación integral de médicos y cirujanos, sino como una pieza sustancial de la calidad y el desarrollo del SNS».

El estudio constata la importancia que tiene en el aumento de los costes la innovación tecnológica y por ello recomienda que «no debe incorporarse aleatoriamente al sistema, sino atendiendo al criterio del Consejo Interterritorial».

En materia de salud mental, el Libro Blanco aconseja una colaboración «más activa» entre distintas administraciones, que debería ser evaluada continuamente por el Consejo Interterritorial. Los especialistas recalcan que está todo en la Declaración de Helsinki, asumida por España en 2005, que establece «abordaje integrado, desde la prevención de los trastornos mentales al diagnóstico, tratamiento, coordinación institucional, así como medidas de reinserción».

El estudio incide en un aspecto que ya había sido puesto de manifiesto en otros análisis sobre la sanidad pública, la falta de un censo de médicos en España. Considera «normal» que profesionales sanitarios de otros países ejerzan en España, de la misma manera que médicos españoles lo hacen fuera de nuestras fronteras» y, en cuanto a los estudios, pide «una profunda reflexión» sobre la duración y los objetivos de la formación del profesional sanitario, desfasada a su juicio, «pero que no debe suponer la desnaturalización del sistema MIR».

Otro de los consejos se dirige al desarrollo de una política de minimización del error médico y constata la creciente tendencia a la judicialización del sistema. «La medicina defensiva, como respuesta a la judicialización del ejercicio profesional, constituye un relevante factor explicativo del aumento del gasto en Sanidad».

La mejora de la sanidad pública

Recomendaciones

El Consejo Interterritorial de Salud debe tomar decisiones vinculantes y tener una política común para las grandes infraestructuras y centros de referencia. El Fondo de Cohesión debe ser el instrumento financiero que permita implementar las políticas de cohesión, equidad y corrección de desigualdades.

Las principales medidas han de estar orientadas a la mejora de la calidad, capacidad de resolución, continuidad asistencial y desarrollo profesional, así como a la eficiencia en la gestión y organización.

Los centros de atención primaria deben dejar de ser expendedores de recetas y sustitutivos de la acción social.

Debe potenciarse la gestión clínica, la incentivación en relación con resultados y la excelencia clínica.

A propósito de la reciente Sentencia desestimada a Asevinse frente a la actualización de méritos

En la WEB de ASEVINSE comunican hoy que la esperada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre las puntuaciones en centros privados y concertados del vigente baremo del Reglamento de Contrataciones les ha sido desfavorable.

Ellos nos lo cuentan literalmente así:

“Sentencia del Tribunal Superior

El TSJ de Asturias ha desestimado nuestro recurso contencioso-administrativo contra la actualización de méritos. Por ello, vamos a recurrir a Casación ante el Tribunal Supremo, por eso pedimos a nuestros asociados el ingreso de una nueva cuota (tercer pago) de 10 euros. Este proceso puede ser un poco más largo que los anteriores.

Por ello solicitamos la colaboración de todos los eventuales e interinos, ya que una vez llegado hasta aquí, es una pena tener que abandonar el proceso por una cantidad tan pequeña por persona y dejarlo a la espera de una posible modificación por parte del Sespa.

Si la situación se arregla de buenas maneras en una negociación entre sindicatos y administración, perfecto, pero si esto no se produce y abandonamos ahora, tener en cuenta que no se podría empezar un nuevo proceso hasta una nueva convocatoria.”

A la espera de la lectura detallada de los argumentos esgrimidos por nuestro más alto tribunal autonómico – por el momento carezco de la Sentencia -, es fácilmente deducible que no se han considerado las tesis cántabras, avaladas por el Tribunal Supremo para un caso similar, aunque no idéntico a este, en los baremos de la comunidad vecina.

Es, por tanto a mi juicio, evidente que los compañeros/as de Asevinse deberían continuar el litigio, lo tienen claro, aunque aquí, como ellos explican, no sólo valen los deseos, sobre todo si no se respaldan económicamente para pagar los servicios jurídicos y los trámites…

Fiarlo a la negociación entre las organizaciones sindicales y el SESPA y/o a la buena voluntad de este previsible nuevo SESPA es muy arriesgado: ¿negociarán?, ¿lo harán en la línea deseada por Asevinse que no es otra que la de la gran mayoría de interinos y eventuales?, ¿lo harán rápido?, ¿lo harán adecuadamente y lo blindarán frente a posibles otras reclamaciones?... ¡¡son demasiadas cuestiones!! … es, en definitiva, pedir demasiada ingenuidad a los que más que nadie tendrían que estar hartos e indignados…

La tesis del Tribunal Supremo de que, entre otras cuestiones, “…los medios de acceso a una y otra clase de centros sanitarios – refiriéndose a los públicos y a los privados y/o concertados - son diferentes, al regir en los públicos los principios de igualdad, mérito y capacidad y en los privados el principio de libertad empresarial”; es algo que debería refrendarse y reforzarse insistiendo en la “Casación” ante el Tribunal Supremo para que, por tercera vez, éste repita lo mismo y lo zanje de una vez por todas… Así y sólo así creo yo, la diferente baremación de unos y otros quedaría blindada en un nuevo Reglamento de Contrataciones, Resolución u lo que sea… de cualquier otra manera, me permito dudar del resultado final.

Elementos a considerar en la operación de descapitalización de la Seguridad Social que supone la trasferencia de la propiedad de Hospitales a las CC.AA

Por Joan Coscubiela Conesa
Transferencias de la propiedad de los hospitales públicos a las Comunidades
nuevatribuna.es

Xavier Salvador, periodista y durante años subdirector de la sección de economía del Periódico de Catalunya me pregunta qué hacer para oponerse al proceso de venta de los hospitales públicos, cuya construcción fue financiada por las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. Me surgen las siguientes primeras reflexiones.
1. La situación actual es ciertamente anómala. Las CCAA se ven obligadas a prestar la asistencia sanitaria hospitalaria a través de unas instalaciones, una parte de las cuales no son de su propiedad al no haber sido transferidas en el momento del traspaso de competencias sanitarias. Lo que conlleva limitaciones importantes en la gestión por parte de las CCAA y no pocos sobre costes. Vaya por delante este reconocimiento.
2. Ello tiene unas causas y un origen. A diferencia de otros países europeos, en España durante muchos años, la prestación sanitaria no era de acceso universal, sino que estaba limitada a las personas que eran, primero mutualistas y después afiliados a la Seguridad Social contributiva. Ello supuso que su financiación, incluida la construcción de las instalaciones sanitarias, se hizo a cargo de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios –que también son salario- a la Seguridad Social.
3. Cabe recordar que el Patrimonio de la Seguridad Social es un patrimonio diferenciado del Patrimonio del Estado. Esa es la razón por la cual, en el momento de universalizarse la asistencia sanitaria, con la aprobación de la Ley General de Sanidad del año 1986, se debería haber pasado a financiar la asistencia sanitaria a partir de los Presupuestos Generales del Estado, con los impuestos de todos los ciudadanos. A pesar de ello y durante muchos años fue la Seguridad Social con sus cotizaciones la que financiaba la asistencia sanitaria, trasfiriendo así de facto unos recursos de la Seguridad Social al Estado español.
4. Durante la década de los 90 del siglo pasado, en algunos ejercicios presupuestarios la Seguridad Social tuvo que recibir transferencias del Estado para equilibrar sus presupuestos que resultaban insuficientes solo con las cotizaciones. Y ello comportó que en estos ejercicios se hicieron anotaciones contables en los Presupuestos de la Seguridad Social en los que aparece una deuda de ésta con el Estado y unos créditos de éste frente a la Seguridad Social.
5. Vale la pena destacar lo absurdo y políticamente reprobable que supone que a pesar de estar la Seguridad Social abonando el coste de prestaciones de acceso universal y no contributivas –no solo la asistencia sanitaria, también las pensiones no contributivas– que debía financiar el Estado vía impuestos, las aportaciones de éste -menores que el coste de las prestaciones que debía financiar– aparezcan contablemente como un préstamo del Estado a la Seguridad social.
6. Estos préstamos se han mantenido contablemente en ambos presupuestos, a pesar de que durante muchos años –aún hoy, es así– la Seguridad social ha continuado haciéndose cargo a partir de las cotizaciones de una parte de la financiación de prestaciones de acceso universal que deberían financiarse íntegramente con impuestos.
7. Esta situación afecta a todas las CCAA, aunque de manera muy desigual en términos patrimoniales. Porque el esfuerzo que la Seguridad Social hizo en los diferentes territorios fue muy distinto. En Cataluña, con la excusa de la existencia de hospitales propiedad de otras instituciones –en la mayoría de los casos de iniciativa social o municipal– el nivel de plazas hospitalarias construidas por la Seguridad Social, a través del extinto INP, fueron muchas menos, sobre todo en términos de población asistida.
8. Desde hace años, la transferencia a las CCAA de la propiedad de los hospitales esta en las mesas de negociación de los partidos políticos y las administraciones. Ha sido ahora y aprovechando la debilidad política del Gobierno español y su necesidad de votos en el Parlamento para tirar adelante la reforma del sistema público de seguridad social que de nuevo CiU ha situado esta reivindicación y al parecer la ha conseguido. Vale la pena destacar que como sucede siempre con estas negociaciones de CIU, no se beneficiaria solo la Generalitat de Catalunya, sino todas las CCAA.
9. Al parecer el proceso se va a producir siguiendo los siguientes pasos : Primero se transferiría la propiedad de los hospitales de la Seguridad Social al Estado, como compensación de los créditos que este tiene anotados contablemente en sus Presupuestos, frente a la Seguridad Social que es deudora. El segundo paso sería el que el Estado una vez obtenido la titularidad procediera a la transferencia de su propiedad a las CCAA, en las que están los hospitales. Y el más que probable tercer paso, sería que las CCAA utilicen la propiedad de los hospitales para aminorar el importe de sus déficit, vendiendo los hospitales y pasando los Servicios de Salud de las CCAA ha ser arrendatarios de las instalaciones hospitalarias. En resumen el Patrimonio de la Seguridad Social serviría para enjugar una buena parte de la deuda de las CCAA.
10. Esta operación conlleva algunos efectos colaterales, no precisamente positivos. La Seguridad Social sufriría un deterioro importante en su Patrimonio por la devolución de unos préstamos del Estado que jamás debieron constar como tales. Porque en realidad quien durante años –aún hoy– continúa financiando con cotizaciones, algunas prestaciones de acceso universal y no contributivas es la Seguridad Social. Con ello la Seguridad social además de sufrir un proceso de descapitalización, ve limitadas sus posibilidades de cara al futuro. Dado que la operación que ahora pretenden hacer las CCAA, bien pudiera ser en algún momento una posibilidad de la Seguridad Social de cara a hacer frente a algunos desequilibrios presupuestarios puntuales que puedan surgir en posteriores ejercicios.
De consumarse la operación puede ser el procedimiento a través del cual, las CCAA reduzcan una parte de su deuda pública, eso si a costa de la descapitalización de la Seguridad Social y del riesgo de privatización de los inmuebles en los que se presta la asistencia hospitalaria.
11. A la pregunta que realiza Xavier Salvador hay dos posibles respuestas, porque hay dos problemas: Para evitar la injusta descapitalización de la Seguridad Social debiera reformularse de nuevo las relaciones económicas de estos años entre Estado y Seguridad Social. Y si el Estado quiere ser el propietario de estos inmuebles para después poderlos ceder a las CCAA, debería antes compensar patrimonialmente por ello a la Seguridad Social. Y para evitar que el proceso comportara una privatización del patrimonio público, bien pudiera estudiarse una formula jurídica, por la que el adquiriente, las CCAA, tuvieran limitada su capacidad de transmisión de la propiedad de estos bienes patrimoniales.
Lo que es seguro es que una operación de esta envergadura y consecuencias debería hacerse atendiendo a todas estas y otras consideraciones y con conocimiento y debate social.

Por Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC.

“Como el Titanic, a la deriva….”

Estamos viviendo momentos de grandes turbulencias, porque se considera que no hay alternativa a lo que se hace, no hay otros caminos, no hay otras salidas. “No hay plan B”… Y nos adentramos progresivamente en la peor estancia: la de lo inexorable, la del fatalismo. Hay que reducir los déficits, hay que obedecer el dictado de los “mercados” (por cierto, ¿quién es, en realidad, el “mercado”?). Y hacerlo en plazos perentorios (¿porqué no se podrían aplazar los tiempos, para permitir una normalización de la economía, de cuya situación, además, no suelen ser responsables los presentes gobernantes?).

Hay que privatizarlo todo, debilitando todavía más a los Estados (ya se ha demostrado, ¡con qué heridas sociales!, que no es siempre el mejor camino). Y hay que reducir el empleo público (¿no habíamos quedado en que hay que crear empleo?).

No importa que se sitúe a algunos Estados –uno entre ellos se ponía como “ejemplo” a seguir hasta hace bien poco en los centros universitarios de MBA- al borde de la revolución. No importa nada. Los líderes no ven otra cosa que los resultados de las agencias de calificación ni escuchan otras iniciativas que la de los mercados.

Amin Maalouf, no me canso de repetirlo, nos ha advertido de que “situaciones sin precedentes requieren soluciones sin precedentes”. Pues nada, seguimos obcecados en dar puntualmente –porque si no los mercados nos castigan- respuestas de ayer a planteamientos de hoy.

Los “globalizadores” – economía de mercado, oligarquía plutocrática, deslocalización productiva, armas, tráficos supranacionales, petróleo… – siguen en sus estertores, dominando el escenario del poder. Y los planes de una economía de desarrollo global sostenible basada en el conocimiento; la refundación de unas Naciones Unidas fuertes, con un Consejo de Seguridad económico y medioambiental…; la re-localización de muchas producciones; el desarme, sobre todo nuclear y de armas propias de pretéritos conflictos; la eliminación de los paraísos fiscales y la regulación del tráfico y uso de drogas; energías renovables, ya!;… se aplazan indefinidamente.

Hace falta un “volantazo”. Algunos líderes mundiales deberían darlo ante el fracaso estruendoso, la total inoperancia de los G8 y los G20, con conflictos –Libia, Siria, Yemen…- completamente desbocados….

Si, hemos chocado –sobre todo en Europa- con los restos de un gran iceberg (el del “gran dominio”) y el Titanic comienza a hundirse, mientras que, como en la historia real, la orquesta sigue interpretando “Fascination” con pertinaces y obcecados bailarines… mientras el naufragio se consuma.

Estamos todavía a tiempo. A condición de que los principios democráticos se impongan, serenamente, firmemente, a los mercados.

Y de aquellos polvos vienen estos lodos

Del canon al 15-M

En las organizaciones civiles contra el canon o la ‘ley Sinde’ se encuentra el embrión del movimiento ciudadano de los indignados

02/07/2011/ R. P. / J. R. / Madrid, en La Voz de Asturias

"No hay pan para tanto chorizo”. “Ladrones”. “Todos los sabíais”. Son consignas que recuerdan a las del 15-M y a otras concentraciones organizadas recientemente por los indignados, pero que ayer se pudieron escuchar frente a la sede de la SGAE. Desde que a primera hora de la mañana se dio a conocer la noticia del registro en el edificio y de la investigación abierta por la Audiencia Nacional al presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores, Eduardo Bautista, las redes sociales recogían las reacciones de los ciudadanos, a través de hastags como Teddy Bautista y #sgae, pero también recuperando #spanishrevolution, #15M y #19J, que se popularizaron en las recientes manifestaciones de los indignados.

Algunos de ellos se acercaron ayer hasta la sede madrileña, como Isaac, un informático miembro del colectivo hacktivistas.net, que aprovechaba para retransmitir en directo por streaming el registro de la SGAE. “Estamos emocionado porque han sido muchos años aguantando la tiranía y desmanes de unos que se autonombran representantes de la cultura. La SGAE es responsable directa del 15-M. La lucha contra la SGAE hizo que la movilización masiva, rápida y no violenta tomara cuerpo. Considero al PP y PSOE responsables de los posibles delitos que se imputen a la cúpula de la SGAE”, decía ayer a Público.

Y es que los 14 años que separan la aprobación del canon por copia privada de las manifestaciones del 15-M están marcados por caminos que se cruzan en más de un punto. Del descontento de los consumidores y asociaciones ciudadanas contra la medida y las entidades de gestión, encargadas de efectuar el cobro según marca la ley, nacía la plataforma Todos Contra el Canon. En cuyo seno se agrupan ciudadanos, consumidores, profesionales, sindicatos y asociaciones empresariales, algunas de las cuales presentaron la denuncia en 2007 que ha desembocado en la operación policial de ayer, como la Asociación de Internautas, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). Precisamente el presidente de esta última, Josep Jover, era uno de los que ayer utilizaba Twitter para dar a conocer la noticia junto a las etiquetas #spanishrevolution #15m y #19j.

“Abolición de la ‘ley Sinde’”

La llamada ley Sinde recuperó parte de este esfuerzo de Todos Contra el Canon, y de ella salieron también otros movimientos como No Les Votes, uno de los embriones del 15-M y de ¡Democracia Real Ya! El colectivo Anonymous, que también ha dirigido ataques a la web de la SGAE y se ha manifestado en contra de la ley Sinde en varias ocasiones como “ciudadanos anónimos”, también se han dejado ver entre los indignados, inconfundibles tras su popular careta. “No al control de internet” y “Abolición de la ley Sinde” fueron precisamente dos de las reivindicaciones culturales más escuchadas en las asambleas que han tenido lugar las últimas semanas en las plazas de varias ciudades españolas.

“Es evidente que hay un hilo de continuidad entre las movilizaciones espectaculares (por su capacidad de conectar con la sociedad, por su complejidad expresiva y organizativa, etc) contra la ley Sinde y lo que está sucediendo, pero su influjo no se detiene ahí”, decía a Público hace unas semanas Guillermo Zapata, guionista de televisión y director de cortometrajes que ha apostado por el copyleft. También Amador Fernández-Savater, para quien lo importante de las protestas contra la Ley Sinde es que “no era tanto una cuestión de izquierda o derecha, sino de gente con una preocupación común: el futuro de la red. Juntarse con personas no afines ideológicamente dejó de ser un problema para convertirse en una potencia”. Y de aquellos polvos...