OPINION

Hipótesis plausible sobre el auto de inadmisión a trámite del recorte de los funcionarios y estatutarios por parte del T. Constitucional

¿Han cambiado los 'mercados' también la doctrina del Tribunal Constitucional?

Por Enrique Fossoul y Enrique Lillo Pérez.

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Tras el análisis del auto del Tribunal Constitucional sobre el recorte de salarios en la función pública, consideramos que tanto el Fiscal General del Estado como el propio Tribunal se han hecho eco no de la doctrina vinculante creada por el intérprete supremo de la Constitución, sino por la increíble ofensiva y presión mediática de poderes empresariales y de instituciones como el Banco de España.

El pasado 14 de junio el Tribunal Constitucional hizo público el auto en el que acordaba inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional respecto a la redacción de varios artículos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que provocó la reducción del salario en un 5 por ciento de media a los trabajadores del sector público.

En este Auto se establecen consideraciones jurídicas muy perjudiciales para la negociación colectiva, en unos momentos en los que la actividad sindical y la actividad de negociación colectiva están sufriendo graves ataques. Entre otras consideraciones jurídicas claramente nocivas y tóxicas para el hasta ahora modelo constitucional de Estado social, están las siguientes:

1. Sorprende que a priori el Fiscal General del Estado y el auto equiparen en la práctica el Decreto Ley con la Ley Ordinaria, y que confundan la supremacía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado frente al convenio colectivo, que no se discutió en este pleito y que está explícitamente recogida en el art. 85.1 del Estatuto de los Trabajadores y en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional, con la supremacía de una disposición legal de carácter provisional de naturaleza excepcional al que se refiere el art. 86.1 de la Constitución.

El convenio colectivo se hizo de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado aplicable y el problema se suscita cuando estando vigente tanto la Ley de Presupuestos para el año de 2010 como el Convenio Colectivo, se promulga un Decreto Ley que reduce los salarios establecidos en convenio y consolidados, conforme se había establecido en la Ley de Presupuestos del año 2010.

Sin embargo, el Fiscal General del Estado y el Auto del Tribunal Constitucional no describen correctamente la situación planteada, puesto que a priori se limitan a equiparar Decreto Ley con Ley y Decreto Ley con contenido de la Ley de Presupuestos, cuando la Ley de Presupuestos era anterior en cinco meses, estaba vigente y es modificada radical y abruptamente por un Decreto Ley, cuyo contenido implica la modificación radical, bajando el salario de convenios colectivos en vigor.

Pese a su carácter novedoso de esta situación, puesto que no existe ningún precedente en la historia de la democracia española, no es abordada ni por el Fiscal General ni por el Auto, que se limita a despachar sumariamente una cuestión de gran relevancia constitucional y que afecta al ejercicio de la actividad sindical y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 28.1 y 37 de la Constitución). Esto hubiera justificado un análisis más detenido y sosegado por parte del Tribunal, como se ha hecho en otras ocasiones con asuntos de relevancia constitucional como éste.

2. En ninguna disposición de las leyes ordinarias en materia laboral, como expresión de la voluntad del legislador, se contempla la injerencia del Gobierno a través del Decreto Ley en el contenido de un convenio colectivo, cuya legalidad nadie discute.

Por lo tanto, resulta intelectualmente hiriente para los sindicatos promotores de las reclamaciones que se nos recuerde una doctrina del Tribunal Constitucional de cuya validez jurídica partíamos para efectuar la reclamación y resulta ofensivo intelectualmente para la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que aquello que constituye premisa jurídica de la cuestión de inconstitucionalidad se convierta, en virtud de un ardid procedimental erróneo, en cuestión de controversia.

Nadie discutió la sumisión de los convenios colectivos de entidades públicas empresariales a la Ley de Presupuestos aprobada por las Cortes. Lo que se discutió era si una vez aprobada por las Cortes la Ley de Presupuestos y firmado un convenio de conformidad con la misma, puede o no injerirse en su contenido y entrometerse en él el poder ejecutivo, a través de un acto parlamentario de convalidación y no de discusión y enmiendas y, por lo tanto, no a través de una ley ordinaria, y si esta injerencia o intromisión puede llegar incluso a modificar reduciendo el salario previsto en un convenio legalmente pactado.

3. La gravedad de esta actuación radica en que no se ha razonado ni argumentado sobre si el Auto constituye o no un preludio de una modificación radical de la doctrina clásica del Tribunal Constitucional, contenida en sentencias que siguen siendo vinculantes y que han garantizado la fuerza vinculante del convenio y su conexión con el derecho fundamental del art. 28.1 de libertad sindical.

Parece como si el Fiscal General del Estado y el propio Tribunal Constitucional se hubieran hecho eco no de la doctrina vinculante creada por el intérprete supremo de la Constitución, sino por la increíble ofensiva y presión mediática de poderes empresariales y de instituciones como el Banco de España.

Por tanto, da la sensación de que, de alguna manera, estos poderes no democráticos se han convertido no sólo en los inspiradores de las políticas económicas de los gobiernos, sino también en inspiradores de una nueva doctrina del Tribunal Constitucional incompatible con la hasta ahora vigente y completamente distinta.

Para estos poderes el convenio colectivo y el ejercicio del derecho fundamental de actividad sindical debe supeditarse a las circunstancias económicas cambiantes y a la lucha contra el déficit público. Ahora bien, esta supeditación no está prevista en la Constitución, ni siquiera en ninguna ley ordinaria laboral.

4. También resulta alarmante la manera en que el Tribunal Constitucional aborda el problema de la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 8/2010, en donde se establece un trato distinto entre el personal laboral de entidades públicas empresariales como RENFE-OPERADORA, ADIF y AENA, frente al personal laboral de las restantes entidades públicas empresariales.

Este trato distinto implica —y así se reconoce implícitamente por el Auto— una violación del art. 14 de la Constitución de la igualdad ante la ley o ante un instrumento normativo de carácter general.

Constatada esta existencia de desigualdad de trato, que nace del contenido de la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 8/2010, la doctrina vinculante contenida hasta ahora en la sentencia del Tribunal Constitucional, como la 103/83 y 104/83, ha consistido en que por aplicación del art. 14 en relación con el art. 9.2 de la Constitución, no se anula la Disposición mas favorable para un colectivo, sino que se extiende esta regulación mas favorable al colectivo perjudicado o de trato peyorativo. Por lo tanto, la correcta aplicación de esta doctrina implica que la no aplicación de la reducción salarial del 5 por ciento del Decreto Ley a estas tres entidades públicas empresariales, trae como consecuencia la exigencia constitucional de otorgar el mismo tratamiento jurídico a los empleados de las restantes entidades públicas empresariales.

5. Asimismo es preocupante que el Tribunal Constitucional amplíe tanto la posibilidad de un Decreto Ley que reduzca los salarios previstos en convenios colectivos en vigor, pactadas de conformidad con las Leyes de Presupuestos vigentes, utilizando una interpretación excesivamente rigurosa del término “afectación” al que se refiere el art. 86.1.

Para el Auto del Tribunal Constitucional, esta interpretación implica que la afectación sólo se da cuando de manera intemporal e indefinida se establece una regulación por Decreto Ley contraria a la fuerza vinculante del convenio. Con esta interpretación se minusvalora el grave perjuicio que el Decreto Ley tiene en un gran número de convenios y pactos colectivos que estaban vigentes para el personal de todos los sectores públicos y, por lo tanto, no es una incidencia menor o singular, sino una incidencia estructural que afecta a cientos de miles empleados públicos.

El contenido del Real Decreto Ley ha perjudicado gravemente la negociación colectiva, la actividad sindical y la fuerza vinculante de los convenios de los empleados públicos, ¿o es que acaso cabe una afectación mas severa que una reducción salarial del 5 por ciento en contradicción con lo previsto en el convenio colectivo y que esta reducción tenga efectos para el futuro en cuanto a consolidación de los salarios, que lógicamente se pierde con carácter irreversible?

6. Además hay que tener en cuenta que la conexión entre la libertad sindical o acción sindical y la negociación colectiva no sólo nace de nuestra Constitución, sino también de convenios internacionales ratificados por España, que son normas supra legales, es decir, por encima incluso de las leyes laborales ordinarias y, por lo tanto, muy por encima de un Decreto Ley, según el art. 96 de la Constitución y estos convenios internacionales, fundamentales de la OIT.

Por lo tanto, estamos en presencia de un informe del Fiscal General del Estado y de un Auto del Tribunal Constitucional que no abordan una cuestión de trascendental importancia para el momento actual y para el futuro de nuestra democracia y del sistema constitucional. Despejar esta cuestión sobre los límites de un Decreto Ley en relación con el caso concreto realmente planteado y no con el hipotéticamente diseñado por el informe y por el Auto, hubiera requerido un análisis más sosegado y riguroso y no un planteamiento tan sumario.

Esta sumariedad resulta coherente con las presiones de los poderes mediáticos, económicos y de algunas instituciones como el Banco de España, pero no es coherente con la doctrina hasta ahora vigente del propio Tribunal Constitucional. Éste no puede convertirse en el intérprete supremo de la Constitución de conformidad con las exigencias de estos poderes, sino de conformidad con las exigencias jurídicas de la Constitución misma y de los tratados internaciones ratificados por España, como hasta ahora se ha venido realizando, al menos en materia laboral.

Quizá los magistrados hayan sido conscientes o hayan intuido la relevancia de esta problemática, puesto que ni siquiera designaron un magistrado ponente, según se deduce del Auto, que propusiera al Pleno la propuesta de resolución.

Enrique Lillo Pérez es Responsable del Gabinete jurídico de la C.S. de CCOO.
y Enrique Fossoul  es el Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

VER EL AUTO DEL T. CONSTITUCIONAL

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

El arzobispo de Canterbury de Gran Bretaña y el presidente Mas de la Generalitat de Catalunya
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El arzobispo de Canterbury, el Sr. Rowan Williams, es la máxima autoridad eclesiástica de Gran Bretaña. Preside y dirige la Iglesia Anglicana de aquel país. Su cargo es semejante al del Cardenal Rouco Varela en España o al Cardenal Martínez Sistach, en Catalunya. Dirige la comunidad eclesiástica del país. Hace unos días, el Sr. Williams publicó un artículo en el seminario New Statesman (09.06.11) que ha creado un gran revuelo en aquel país. En el artículo, el arzobispo no sólo critica al gobierno conservador-neoliberal, presidido por David Cameron, por sus recortes de gasto público, incluso gasto público social (que está afectando negativamente la calidad de los servicios públicos del estado del bienestar tales como sanidad, educación y servicios sociales, entre otros), sino que cuestiona la moralidad e incluso la legitimidad democrática de tales medidas, pues el gobierno Cameron las llevó a cabo inmediatamente después de salir elegido, sin que estos recortes estuvieran anunciados en su programa electoral.
El Arzobispo Williams sostiene que no es moral ni democrático que un partido, que en su programa electoral no incluía tales recortes (y que, además, su líder, el Sr. David Cameron, había subrayado durante la campaña electoral que no haría recortes de gasto público social) que ahora los estuviera haciendo, habiendo iniciado los recortes sólo días después de salir elegido. El arzobispo añadía que estas prácticas no sólo muestran la falta de credibilidad del dirigente conservador, sino su muy limitada conciencia democrática. Es más, el arzobispo añadía que el argumento que David Cameron estaba utilizando para llevar a cabo estos recortes, indicando que el déficit público era mayor de lo que se esperaba, era precisamente una excusa para desarrollar lo que obviamente ya estaba planificado.
El arzobispo añadió que la democracia exige a los gobernantes que hagan e implementen las políticas públicas que les instruyen los gobernados. Una democracia representativa no es sostenible, ni ética, ni políticamente, cuando lo que hacen los gobernantes va en contra de lo que desean los gobernados. Y tales recortes son enormemente impopulares. El argumento tradicional que el discurso político da a esta situación es que la población puede expresar su desacuerdo en las próximas elecciones, cuatro años después de que aquellos recortes hubieran ocurrido. No es de extrañar que la población no sea muy receptiva a este mensaje que reproduce una concepción muy limitada de lo que es democracia, pues limita tal proceso al hecho de votar cada cuatro años, lo cual es claramente insuficiente. Lo que ocurre dentro de este periodo, subraya el arzobispo, es también sujeto de decisión colectiva, que requiere lealtad al electorado y participación ciudadana.
Lamento que las autoridades eclesiásticas españolas y catalanas no tengan la talla moral y conciencia democrática del arzobispo de Canterbury, porque tanto el gobierno conservador-liberal (en realidad, neoliberal), recientemente elegido en la Generalitat de Catalunya, como el gobierno Zapatero, están haciendo lo mismo que el gobierno conservador liberal británico, sin que haya habido una protesta de tales y otras instituciones del establishment catalán y español en contra de tales políticas. El programa electoral de CiU y el del PSOE no incluyen en ninguna parte la realización de los recortes muy sustanciales que están ocurriendo en los fondos asignados a los servicios del estado del bienestar. Es más, tanto el Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas como el Presidente del gobierno español. El Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, indicaron en sus campañas electorales que no harían tales recortes, promesas que, obviamente, no respetaron.
Frente a la protesta por tales recortes, llevada a cabo por los indignados de la Plaza Catalunya (y antes por los sindicatos), el Sr. Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Catalunya, les contestó que “la mayoría silenciosa” ya había hablado días antes en las elecciones municipales, en las que el Presidente Mas subrayó que el partido gobernante en Catalunya había salido vencedor. En esta respuesta hay varios errores, empíricos y conceptuales. Primero, los datos empíricos. Sumando los votos a los partidos de izquierda en Catalunya, resulta que las izquierdas consiguieron más votos que los que recogieron los partidos de las derechas y ello, por cierto, a pesar de la enorme abstención que, en estas elecciones, provenía más del electorado de izquierdas que del de derechas. El sesgo conservador de la ley electoral catalana (que es una mera réplica de la altamente sesgada ley electoral española) explica en parte este hecho. La población de Catalunya es mayoritariamente de izquierdas, aún cuando los escaños en el Parlament y en los municipios no reflejen esta realidad.
La representatividad limitada de las instituciones representativas catalanas y españolas explica que aún cuando las derechas dominan las instituciones legislativas en Catalunya hoy, la mayoría de la población simpatiza con las denuncias realizadas por el movimiento de los indignados y se opone a los recortes del gasto público social. Y ello a pesar de que la gran mayoría de los medios de información y persuasión, incluyendo los públicos de la Generalitat de Catalunya, como TV3 y Catalunya Ràdio, han promovido la necesidad de tales recortes, limitándose el debate existente en tales medios a como realizar los recortes, sin nunca (o raramente) citar como alternativa a los recortes, el aumento de los impuestos de las rentas superiores (que han visto disminuir sus impuestos considerablemente durante los últimos quince años) y de los grandes grupos bancarios y empresariales. Es interesante subrayar que tales medios dieron amplia cobertura mediática a las sesiones del Círculo de Economía que apoyaron por grandes mayorías las políticas de recortes de gasto público social, sin citar ni una vez que gran número de los directivos de grandes empresas presentes en la audiencia y participantes en los debates, eran responsables del fraude fiscal de muchas de sus empresas, depositando fondos en los paraísos fiscales.
No es, por lo tanto, sorprendente que el pasado domingo viéramos en Barcelona una de las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia de Catalunya. Está claro que estas manifestaciones han cogido por sorpresa a los establishments políticos y mediáticos del país. El hecho de que se sorprendieran muestra la enorme distancia que existe en nuestro país entre las elites gobernantes y mediáticas del país y las clases populares. No debía haber sido una sorpresa que surgiera un movimiento, muy positivo, que cuestionara las enormes limitaciones de la democracia española exigiendo su profunda reforma, rompiendo con los obstáculos a su plena realización, que la transición inmodélica de la dictadura a la democracia dominada por las fuerzas conservadoras impuso sobre la población española. Lo que estamos viendo ahora es una demanda generalizada de que ocurra una segunda transición, que vaya de la democracia muy incompleta que tenemos a una democracia de elevada calidad, que la población desea y se merece.

Jornada de Actualización en Neuro-oncología que se celebra en Asturias

«La OMS ha creado un alarmismo innecesario con los móviles y el cáncer»

«Se ha producido un cambio radical en las expectativas de vida de muchos pacientes con tumores cerebrales» .

Francesc Graus Jefe del Servicio de Neurología del Clínic de Barcelona.

30.06.11 - A. VILLACORTA | OVIEDO, en El Comercio.

Francesc Graus (Barcelona, 1953) es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona y el encargado de ofrecer esta tarde la conferencia invitada en la primera Jornada de Actualización en Neuro-oncología que se celebra en el Principado. Organizada por el Colegio de Médicos y patrocinada por la Fundación Centro Médico de Asturias bajo la dirección de los especialistas Valentín Mateos y José María Torres, a ella asistirán oncólogos, neurólogos, neurocirujanos y radiólogos de toda la región, además del presidente de la Sociedad Nacional de Neurooncología, una especialidad surgida en Estados Unidos en la década de los setenta vital en los tratamientos de tumores cerebrales.

-Su ponencia se centra en los 'Síndromes neurológicos paraneoplásicos'. ¿Qué son?

-Son trastornos que afectan al sistema nervioso en pacientes con cáncer, pero que no son causados por metástasis o por invasión del sistema nervioso por el tumor. Si somos capaces de identificarlos, sabremos que los pacientes tienen un cáncer escondido. Su diagnóstico es importante porque, de esa forma, podemos buscar el tumor y tratarlo en un estadio temprano.

-La Neurooncología no solo está orientada a los pacientes con tumores cerebrales.

-No. Además del diagnóstico y tratamiento de los tumores primarios del sistema nervioso central y periférico, también estudia las complicaciones de los pacientes que tienen otro tipo de tumores que no son en el cerebro, de aquellos que padecen problemas neurológicos relacionados con el cáncer. Por ejemplo, se producen metástasis y no es infrecuente que el paciente tenga problemas neurológicos como crisis epilépticas.

-Sin embargo, se trata de una especialidad no muy desarrollada.

-El problema es que en España hay pocos neurólogos interesados en esto si se comparan con los profesionales que se dedican al Parkinson o a la epilepsia, que llevan más de un siglo trabajando. Ahora es cuando se empieza a ver que, a medida que el cáncer se trata de una manera más integrada, hay más necesidad de que los neurólogos intervengan. Porque los pacientes oncológicos cada vez viven más. Y se puede dar la paradoja de que alguien esté curado del cáncer pero tenga problemas neurológicos.

-Los tumores cerebrales también son relativamente infrecuentes.

-La prevalencia es de entre siete y diez casos por cada 100.000 habitantes y año. Unos 4.000 casos anuales en España. Son tumores muy distintos y algunos se solucionan con tratamiento quirúrgico, mientras que otros necesitan un tratamiento multidisciplinar.

-Y tienen la particularidad de que se manifiestan, sobre todo, en dos picos de edad.

-Así es. Uno de ellos es en los niños. Es el segundo tipo de cáncer infantil más frecuente después de las leucemias. Y luego hay otro pico a partir de los cincuenta años.

-¿Cuál es la tasa de supervivencia de estos pacientes?

-Si hablamos de la población en general, la mayor parte de los casos son los llamados gliomas malignos. Y, de ellos, el más frecuente es el glioblastoma multiforme, un tipo de cáncer muy agresivo, muy mortal. No hay manera de frenarlo y el tratamiento es únicamente paliativo. La media de supervivencia ronda un año, un año y medio. Es una mala supervivencia. La buena noticia es que, tras la introducción de un fármaco llamado Temozolamida, un 10% de los pacientes viven más de cinco años. Ha habido un cambio radical en sus expectativas de vida. En cuanto a los gliomas benignos, los pacientes pueden vivir muchos años.

-¿Hacia dónde van los avances en los tratamientos? ¿Las células madre son una esperanza cercana?

-El tratamiento con ellas aún está muy verde. Los que sí pueden dar resultado a corto plazo son un par de fármacos que se están probando. También hay estudios de vacunas. Se trata de vacunar al paciente con células del propio tumor para que se produzca una respuesta inmunológica que lo destruya.

-La OMS ha clasificado el uso de móviles como «posiblemente carcinogénico».

-Ha creado un alarmismo innecesario con este asunto. De momento, no podemos hacer ninguna recomendación porque hay una evidencia muy limitada. No tiene ningún sentido adoptar precauciones.

Opinan: Pedro Sabando, Enrique González y Juan Luis Rodríguez-Vigil

Los expertos ven preocupante la cesión de los hospitales estatales a Cataluña

Sostienen que si el traspaso va adelante debe aplicarse el mismo rasero a los centros hospitalarios de todas las comunidades autónomas

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Oviedo / Madrid, Pablo ÁLVAREZ / Agencias, en La Nueva España

Lo razonable es que si se traspasa a Cataluña la titularidad de los hospitales públicos allí ubicados se haga lo mismo con las restantes comunidades autónomas, incluida Asturias. Ésta es una de las conclusiones de los expertos sanitarios consultados por LA NUEVA ESPAÑA, en su análisis de la cesión a la Generalitat catalana de ocho hospitales que hasta la fecha eran propiedad de la Seguridad Social. La medida supondrá para la Generalitat un incremento patrimonial que se acercará a los 1.200 millones de euros.

El cambio de titularidad de los ocho centros hospitalarios ha causado sorpresa -y en algunos casos abierta preocupación- a los conocedores del ámbito de la salud. La cesión de patrimonio estatal constituye la contrapartida del apoyo de Convergencia i Unió a la reforma de la ley de pensiones que promueve el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según reconoció ayer de forma explícita el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida. El dirigente de Convergencia criticó que mientras en Cataluña se hace un ajuste presupuestario del 10 por ciento, en Andalucía «se reparte no sé cuánto dinero en becas para los "ni-ni", ni trabajo ni estudios». «Mientras nosotros estamos en esta situación, otros territorios parecen no enterarse. Y como están en vigilias electorales, gastan o malgastan el dinero», reprochó Durán. Admitió que el apoyo de CiU en la reforma de las pensiones se hizo a cambio de la titularidad de los ocho hospitales.

El controvertido traspaso de la titularidad de los hospitales fue valorado ayer, a petición de este periódico, por tres asturianos que son buenos conocedores del Sistema Nacional de Salud, después de haber desempeñado responsabilidades de gestión en gobiernos socialistas de Asturias, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Éstos son sus juicios:

Pedro Sabando, ex subsecretario del Ministerio de Sanidad y ex consejero de Salud de la Comunidad de Madrid. «No conozco los detalles de la medida, pero, a priori, me parece muy preocupante. No la entiendo. Los hospitales son patrimonio de la Seguridad Social. Si la decisión es sólo para Cataluña, verosímilmente otras comunidades autónomas plantearán el mismo trato. Una transferencia de patrimonio inmobiliario sanitario beneficia a una comunidad autónoma porque le permite abrir mecanismos de refinanciación, pero no sé cómo incide en la caja única de la Seguridad Social. Entiendo que puede interpretarse como una ruptura de la caja única de la Seguridad Social».

Enrique González, ex viceconsejero de Salud de Andalucía. «La Consejería de Economía de la Generalitat valora el traspaso en 1.200 millones de euros. De acuerdo con esa valoración, ésa es la cantidad en la que se ha descapitalizado la Seguridad Social. No se había dicho nada antes sobre este asunto. Me pregunto: ¿qué ocurriría si ahora se siguiera el mismo camino en el resto de las comunidades autónomas?

»Con anterioridad, el Ministerio de Economía se había opuesto a este tipo de traspasos. Es una decisión opaca, que incluso ha ocupado poco espacio en los medios de comunicación, pero es muy relevante y debe ser un asunto de Estado, no una decisión vinculada a una transacción en el trámite legislativo. No me parece una decisión acertada ni oportuna, máxime cuando se incluye en la tramitación de una reforma legislativa que pretende mejorar las cuentas de la Seguridad Social y garantizar las pensiones públicas».

Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex Presidente del Principado. «Los hospitales hechos antes de las transferencias fueron construidos por la Seguridad Social y están inscritos a nombre de la Seguridad Social, aunque el uso está cedido a las comunidades autónomas. La Seguridad Social no puede venderlos ni alquilarlos, ni obtener negocio, pero son bienes patrimoniales y garantizan el capital de la Seguridad Social. Sin embargo, Cataluña podría hacer operaciones de esas que llaman de ingeniería financiera sobre ellos, aunque no muy ortodoxas. Por ejemplo, crear una empresa, vendérselos y luego alquilar su uso. Desde luego, la comunidad autónoma de Cataluña incrementa su patrimonio.

»Imagino que lo que el Gobierno acaba de hacer con Cataluña tendrá que hacerlo con todas las restantes comunidades autónomas, incluida Asturias, pues todas están en la misma situación. La Seguridad Social pierde patrimonio, pero imagino que habrá adoptado algún tipo de medidas al respecto. La medida no me parece inquietante si es que la Seguridad Social puede prescindir de estos hospitales a efectos de garantía».

Algo del debate

Un último duelo muy bronco

Zapatero: «Usted miente a sabiendas, es el perfecto perro del hortelano, solamente pide elecciones»

Rajoy: «Está de los nervios, no le voy a tener en cuenta sus insultos; será el presidente que deje peor herencia»

La Nueva España

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición convirtieron su último debate del estado de la nación en un duelo áspero, duro y bronco en el que se acusaron de mentir, de insultar y de estar de los nervios. Aunque al final le pusieron al rifirrafe un broche de caballeros.

Rajoy cerró su intervención diciendo: «Quiero expresarle el respeto y la consideración que profeso hacia su persona y quiero transmitirle mis mejores deseos para su futuro personal y familiar». Zapatero le contestó: «Como usted a mí, le deseo lo mejor en lo personal. Políticamente no puedo. Compréndame».

Antes, en los turnos de réplica, el Presidente no tuvo reparos en decirle: «Yo le acuso de dar cifras sobre nuestra riqueza, renta per cápita y Deuda Pública que no se corresponden con la realidad. Usted miente a sabiendas». «Ha apostado por desear que las cosas no mejoren para ver si así mejoraba usted, porque es muy difícil que usted mejore, a tenor de los índices de confianza», añadió.

En el fragor del debate llegó a acusar a Rajoy de «no tener plan, ni programa para decir qué reformas quiere», y sólo se dedica a oponerse a las medidas del Ejecutivo. «Usted es el perfecto perro del hortelano, ni apoya ni propone nada. Sólo sabe pedir elecciones».

El Presidente le recordó que la decisión de convocar elecciones depende sólo de él y de si sigue contando con la «confianza» del Parlamento.

Rajoy, por su parte, acusó a Zapatero de que «con un balance como el suyo» es muy difícil presentarse en el Congreso. «Usted ha sido el presidente que ha recibido la mejor herencia de la democracia y va a ser el que deje la peor herencia», le dijo.

«Ya está bien de echarles la culpa a los demás. Nunca en este Parlamento la oposición hizo tantas propuestas y nunca el Gobierno votó tantas veces en contra de ellas», exclamó Rajoy, que llegó a preguntar a Zapatero: «¿quién se ha creído que es?».

«Está usted de los nervios. No le voy a tomar en cuenta sus insultos. He visto que los ha traído escritos a máquina», dijo Rajoy, quien reprochó al Presidente haber acometido «el mayor recorte de derechos sociales de la democracia». El rifirrafe entre Zapatero y Rajoy ha sido interrumpido por murmullos, llamadas de atención del presidente del Congreso, José Bono, que llamó la atención a Moraleda y a Moragas. Al final, el Presidente dijo que el debate no fue duro. El PSOE vio ganador a Zapatero, y el PP, a Rajoy.

Hay que odiar mucho a Zapatero para resignarse a Rajoy

El Presidente no convence y en su reencarnación como mago de la economía juega a desligar la crisis del paro

Por MATÍAS VALLÉS

Zapatero se expresa en el debate del estado de la nación como si ignorara a España, Rajoy como si la despreciara -«nuestra decadencia»-. Refugiados detrás de una barricada de números, los dos líderes cuya retirada debió simultanearse demostraron ayer por qué un etéreo 15-M les arrebata el protagonismo con facilidad pasmosa. «¿De qué presume usted?», plantea el presidente del PP antes de jactarse de la herencia que Aznar dejó a los socialistas. Curioso discurso, en boca del ministro del Interior bajo cuyo mandato se incubó el 11-M.

Muy fuerte ha de ser el odio a Zapatero, para resignarse a Rajoy. Se ha hecho realidad la sentencia que Ezio Mauro -director de «La Repubblica»- dedicó a Berlusconi, «la flauta ha dejado de sonar». El presidente del Gobierno fue el hábil flautista de Hamelín que cautivó a la ciudadanía con recursos limitados. Ahora el Estado le ha nevado sobre la cabeza, y al presidente popular le basta con entonar las cifras del paro sin variar apenas de diapasón.

Rajoy no aparece convincente ni cuando reclama las elecciones que está condenado a ganar. Para descalificar a Zapatero, proclama que «la confianza es indispensable». Según el CIS que invoca el propio presidente del PP, la mayoría de sus votantes desconfían de él. Simplemente, se conforman desesperanzados. El propio Rajoy admite la inestable plataforma desde la que concreta sus pretensiones, al confesar que los ciudadanos no demandan «tanto quién gobierna» como a quién le trasladan el poder. Y piensa, erróneamente, que no hay una tercera posibilidad. En realidad, le convendría sustanciar sus virtudes antes de llegar a la Moncloa.

Cuando se aparta de las cuartillas donde lee hasta el «buenas tardes», Rajoy muestra una deriva peligrosamente antidemocrática. Así, cuando sentencia que al frágil Zapatero «no le ampara más que la ley», liquida de un plumazo el estado de derecho, cuando sería más correcto precisar que la continuidad hasta marzo del Gobierno viene avalada «nada menos que por la ley».

Las prevenciones que suscita Rajoy no mejoran el predicamento de Zapatero, porque la pérdida del deseo político es irreversible. Un gobernante se halla en posición desesperada cuando utiliza la expresión «entre todos». Salió de labios del líder socialista inasequible al desaliento, ajeno a la escasa sensibilidad de los mercados hacia las visiones ecuménicas. Al presidente ya no le funciona ni el homenaje a los soldados del ejército hispanoamericano de España heridos y fallecidos en Afganistán, porque inspira la réplica inmediata: ¿qué hacen las tropas en esa guerra de nadie? Y no articula una respuesta convincente.

El debate de la nación española se disputaba simultáneamente en Madrid y Atenas, porque el comportamiento heleno puede ser más decisivo que la monomanía de Rajoy para forzar un adelanto electoral. Zapatero se enfrenta a este desafío global con una borrachera de macroeconomía que pueriliza a la audiencia y lo aleja de los ciudadanos. Cuando habla de «esfuerzo contracíclico», obliga a consignar que ningún jefe de Gobierno del planeta se emplearía con esa arrogancia lingüística. Por emplear otro de sus latiguillos de lector apresurado de Paul Krugman, es una jerga de «difícil digestión».

En el PP, los discursos de candidato a la Moncloa corren a cargo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, donde pormenoriza las cuestiones generales que escamotea Rajoy. Al abordar su fetiche vasco, el candidato conservador se refugia en un nebuloso «lo que ha ocurrido con Bildu». A continuación se desdice en que «puede ya haber sucedido». O sea, que no ha ocurrido «lo que ha ocurrido». Entretanto, se abraza en Cataluña al soberanista Artur Mas, que vota en los referendos por la independencia.

En su reencarnación como mago de la economía, Zapatero juega a desligar la crisis del paro con un serrucho, como si fueran las dos mitades de una doncella. Olvida que la crisis es el paro, y que las filigranas que traza para evitar el desempleo disparan el escepticismo. Ningún partido sobrevivirá en el poder con esas cifras, como bien saben en Estados Unidos. Tampoco cabe descartar que los excesos populares en la crítica al PSOE acaben por mermar sus pretensiones.

Zapatero no concedió baza a Rubalcaba, al proyectarse «después de las próximas elecciones, gobierne quien gobierne entonces». El Presidente se despidió de la fiesta parlamentaria al borde de las lágrimas. Se sabe depuesto y camino del martirio, con la ilusión de que la inevitable revalorización de su tarea le alcance en mejores condiciones físicas que a su admirado Adolfo Suárez.

Los enfrentamientos entre Rajoy y Zapatero pasarán a la historia por su frecuencia, ya que no por su calidad. Es posible que el líder popular que nunca ha ganado unas elecciones como cabeza de cartel -ni en el seno de su partido- carezca de sentido al despojarlo de su eterna pareja de baile. Dado que Rajoy insiste en labrarse otro futuro, habrá que precaverse contra sus ramalazos despóticos, véase el «¿Quién se ha creído usted que es?» dirigido no sólo al presidente del Gobierno, sino a cualquiera que se atreva a contradecir sus indefiniciones.

Ni expansión del gasto público ni devaluación del euro ¡¡sin salida, luego recesión para largo !!

Por qué España no sale de la recesión
Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.
¿Cómo un país sale de una recesión? Primordialmente a base de dos intervenciones públicas. Una es seguir políticas expansivas de gasto público que estimulen la economía mediante el crecimiento de empleo y aumento de la demanda de bienes y servicios. Las recesiones que existieron durante el siglo XX se resolvieron a través de grandes inversiones públicas, tanto en infraestructuras físicas como en transferencias y servicios públicos (sobre todo servicios públicos del estado del bienestar). Así, en EEUU, la Gran Depresión se terminó a base de una enorme expansión del gasto público –el New Deal y la II Guerra Mundial- que se invirtió en la infraestructura del país, en los servicios públicos y en el establecimiento del estado del bienestar (la creación de la Seguridad Social). Tal expansión del gasto público fue acompañada de un estímulo por parte del gobierno federal de EEUU a la sindicalización de la fuerza laboral como medida de estimular el crecimiento de los salarios a fin de aumentar la demanda. El estado federal no contrataba a ninguna empresa que no estuviera sindicalizada. La burguesía financiera e industrial estadounidense se opuso a cada una de estas medidas, atacando al Presidente Roosevelt, al cual definieron como “un traidor a su clase” (el Presidente Roosevelt procedía de una de las familias más ricas de EEUU), calificación que era motivo de orgullo por su parte.
La otra gran recesión (casi depresión) fue el fin de la II Guerra Mundial en Europa. El desempleo era masivo y las economías europeas estaban en una situación muy precaria. Las salvó una enorme expansión del gasto público, junto con el Plan Marshall, que estimuló la demanda y con ella la economía. Es más, la influencia de las izquierdas en los gobiernos europeos facilitó el aumento de los salarios y la notable expansión del estado del bienestar.
Ahora, sin embargo, se está intentando salir de la crisis a base de austeridad del gasto público, reducción del estado del bienestar y disminución de los salarios, todas ellas medidas que retrasarán todavía más el crecimiento económico y la creación de empleo. La evidencia de ello es abrumadora, siendo Grecia el caso más claro. A más recortes, mayor recesión, mayor déficit y mayor necesidad de endeudamiento. Las políticas que se están siguiendo en la Unión Europea son las contrarias a las que las economías necesitan para salir del agujero en el que se encuentran. Esto debería ser obvio para cualquier persona que mantuviera la capacidad de analizar la realidad económica sin estar imbuida por el dogma neoliberal promocionado por la banca, que es, por cierto, el único grupo fáctico que se beneficia de esta situación en que los países están profundamente endeudados. En realidad, toda la austeridad impuesta a los estados es para asegurarse que la banca no pierda su dinero prestado, y continúa recibiendo enormes cantidades de dinero como forma de pago de los elevados intereses de los bonos del estados, elevados como consecuencia de la percepción de gran riesgo que las agencias de evaluación de bonos (que son meros instrumentos de la banca) promueven. De ahí que todas las políticas de austeridad se justifiquen bajo el argumento de “dar confianza a los mercados financieros”
La otra intervención que un estado debe hacer para salir de la recesión es el cambio monetario. Es decir, que el país en recesión disminuya el precio de su moneda, con lo cual los productos y bienes que produce son más baratos y pueden exportarse más competitivamente. Ahí, el centro de la estrategia es hacerse más competitivo a base de reducir los precios, incluyendo el precio de la moneda. Así, cuando Argentina estaba en una profunda recesión en el año 2001, decidió abandonar su moneda desligándola de la paridad con el dólar que le había impuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como medida de garantizar los intereses de la banca y que habían tenido un impacto muy negativo en su economía, sumergiéndola en una profunda recesión, algo semejante a lo que le está pasando a Grecia. Cuando Argentina “salió del dólar”, los productos argentinos se abarataron y Argentina se recuperó, creciendo un total del 63% en seis años.
Ahora bien, esto no lo pueden hacer los países miembros de la eurozona, pues la política monetaria es responsabilidad del Banco Central Europeo, que en realidad es un lobby de la banca. De ahí que los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) tengan un problema gravísimo, impuesto por la manera como funciona la eurozona y el control que las derechas (y la banca) tienen sobre tales instituciones. Por un lado no pueden seguir políticas expansivas, y por otro no pueden reducir el precio de la moneda para poder salir de la recesión. Es imposible que tales países puedan salir de la recesión a base de tales políticas. Así de claro.
La solución que dan las derechas es que, si no pueden reducir el precio de la moneda, deben reducir dramáticamente los salarios. Es lo que se llama la “devaluación doméstica”, lo cual contribuye todavía más a la recesión. Y así estamos. La situación actual, además de indignante, es insostenible.

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC

Las falacias del neoliberalismo

El monopolio del pensamiento económico por parte del neoliberalismo en España es casi absoluto. La falta de diversidad en los medios de información económica y en los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión) es abrumadora, lo cual explica que posturas claramente ideológicas, sin ninguna base empírica que los apoye, se presentan como verdades científicas sin que exista la oportunidad de cuestionarlas y mostrar su falacia o error. La impermeabilidad del dogma neoliberal a los datos es una de las consecuencias de un dominio casi total en la literatura económica, lo cual les permite sostener tesis altamente cuestionables o ampliamente erróneas sin haber sido sometidas a un escrutinio y debate con posturas críticas de la sabiduría convencional que reproducen.

Una de tales falacias es que la única manera posible de salir de la crisis en la que se encuentra España es a base de las políticas de recortes del gasto público social, reduciendo todavía más su escasamente desarrollado estado del bienestar. De esta manera se están imponiendo unos enormes recortes de tal gasto y del empleo público en el país que tiene el gasto público social (que financia las transferencias públicas –como las pensiones- y los servicios públicos –como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, la vivienda social, entre otros-) más bajo de la UE-15, el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico que el nuestro. Y todo ello justificado con el argumento de que hay que reducir el gasto público social a fin de salir de la crisis. El “gran debate mediático” se centra, pues, en como recortarlo, y ello a pesar de la enorme evidencia que existe de que estas medidas son totalmente contraproducentes, tal como muestra lo que está ocurriendo en Grecia y en Irlanda, donde tales recortes están empeorando espectacularmente la recuperación económica. En realidad, lo que debiera hacerse es la expansión muy marcada del gasto público para estimular la economía y la creación de empleo.

El error argumental de la sabiduría convencional

Estos brutales (y no hay otra manera de definirlos) recortes se hacen para disminuir el déficit del Estado asumiendo erróneamente que tal reducción estimulará el crecimiento económico y la creación de empleo. El mecanismo por el cual lo primero (la reducción del déficit) llevará a lo segundo (el crecimiento económico y creación de empleo) es –según las tesis neoliberales- mediante la reducción de los intereses bancarios, es decir, el precio del dinero, lo cual, asumen los economistas neoliberales, facilitará el crédito; es decir los empresarios podrán conseguir más fácilmente dinero de los bancos e invertir más para crear empleo y los ciudadanos podrán también obtener préstamos y consumir bienes y servicios, y con ello estimular la economía creando ocupación. Tales autores también asumen que bajar los intereses quiere decir que el valor de la moneda –el euro, por ejemplo- disminuye y con ello los productos españoles y europeos son más baratos y pueden venderse más fácilmente, aumentando la competitividad de la economía española y de las economías de los países miembros de la Eurozona.

Miremos ahora los datos. Los intereses bancarios han sido muy bajos y, sin embargo, la economía está estancada, es decir, el crecimiento económico es muy bajo. ¿Dónde está la evidencia de que la bajada del déficit del Estado está estimulando la economía? El problema existente hoy en España no es que el déficit sea demasiado alto o que los intereses sean demasiado altos. El problema existente es que no hay suficiente demanda de bienes y servicios porque no existe la capacidad de consumo de la población, resultado de su excesivo endeudamiento (como consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional), causado, en parte, por el enorme crecimiento (9 puntos) del desempleo durante el periodo de crisis (2008-2011) el más elevado de la OCDE. Por otra parte, existe la dificultad de conseguir crédito debido a su falta de disponibilidad, resultado del deseo de los bancos de recapitalizarse, comprando deuda publica. Los bancos reciben dinero del Banco Central Europeo, a unos intereses bajísimos (1%) y con este dinero compran bonos del estado (que les proporcionan unos intereses del 6% al 12% o más).

De ahí que las políticas que tales economistas neoliberales están proponiendo y el gobierno (con el apoyo del PP) están realizando son profundamente erróneas y están provocando mucho dolor. Destruir empleo público quiere decir que, para que no tenga efecto económico, debe crearse en el sector privado un número igual al de empleos públicos destruidos. Pero este sector privado apenas está creando empleo. De ahí que destruir empleo público quiere decir destruir empleo en su conjunto, disminuyendo la demanda.

El estado no necesita a los mercados financieros. En realidad son los mercados financieros los que necesitan a los estados y a su deuda pública.

Existe otra falacia que se reproduce en los medios de difusión, de que hay que bajar el déficit porque, en caso contrario, los mercados financieros no prestarán dinero al Estado, al no fiarse de que los estados puedan devolverles el dinero. Pero el Estado puede conseguir dinero a partir de otras medidas. Una de ellas aumentando los impuestos. Si el estado español, en lugar de ingresar una cantidad equivalente al 34% del PIB, ingresara el 52% (como Suecia), el estado español (central, autonómico y municipal) obtendría 200.000 millones de euros más de los que consigue, cantidad más que suficiente para cubrir los déficits del estado (y los enormes déficits de gasto público social de España).

Otra medida de evitar el endeudamiento privado es que el Estado imprima dinero. España ya no puede hacerlo. Es lo que hacen los bancos centrales, como el Federal Reserve Board de EEUU. Pero, resultado del enorme poder de la banca en la Eurozona, el Banco Central Europeo sólo puede imprimir y prestar dinero a la banca privada, no a los estados, algo que es escandaloso y que justificaría una rebelión (incluso a base de masiva desobediencia civil) en contra del excesivo poder de la banca sobre la UE y sobre los estados.

La falsedad de que vivimos por encima de nuestras posibilidades

Otro dogma impermeable a los datos es el de que vivimos por encima de nuestras posibilidades. La repetición de esta falsedad es masiva, cuando es muy fácil ver que tal aseveración no es sostenible. España se gasta mucho menos en su estado del bienestar de lo que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos. El PIB per cápita en España es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social per cápita es sólo el 74% del gasto público social per cápita promedio de la UE-15. Si en lugar del 74% fuera el 94%, tendríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos. El dinero, pues, existe. Lo que ocurre es que el Estado (sea central, autonómico o municipal) no lo recoge. Tal como indiqué en un párrafo anterior, los ingresos al estado español representan una cantidad equivalente al 34% del PIB, el porcentaje más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es 44%). Y si miramos quién no paga impuestos, se puede ver por qué el Estado no los recoge. La mayoría de la población que está en nómina paga impuestos a nivel europeo. El trabajador de la manufactura, por ejemplo, paga el 74% de los impuestos que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior de España, sin embargo, paga sólo el 20% de lo que paga su homólogo en Suecia. Y ahí está la razón de que el Estado no lo recoja. Las fuerzas conservadoras y neoliberales han tenido una enorme influencia sobre el Estado. Y éste no se atreve a enfrentarse ni a los ricos ni a los poderes fácticos del país, sea la banca, sea la gran patronal. Esta cobardía explica también que a pesar de la enorme transferencia de fondos públicos a la banca (ver mi artículo “Los ricos y la deuda pública” Público 02.06.11) la banca no concede créditos a los pequeños empresarios y a los ciudadanos, retrasando la recuperación económica.

La supuesta rigidez del mercado de trabajo como causa del desempleo

Otro dogma neoliberal es que el elevado desempleo en España se debe al excesivo poder de los sindicatos y excesiva protección de los trabajadores que tienen contratos fijos (los llamados insiders), haciendo imposible para los desempleados (a los que se les llama outsiders) conseguir trabajo. Lo que hay que hacer –según los neoliberales- es eliminar los contratos fijos y que el empresario pueda despedir más fácilmente. Se enfatiza, pues, que para crear empleo hay que facilitar que al trabajador se le pueda despedir más fácilmente. La paradoja neoliberal es que la mejor manera de crear empleo es facilitar la destrucción de empleo.

Pero tal teoría ignora elementos esenciales, confundiendo varios hechos. Uno es que la tasa de desempleo es distinta a la tasa de crecimiento de desempleo. Un país como España tiene un elevado desempleo porque no hay suficiente creación de empleo: es decir, no hay suficientes puestos de trabajo. Éste ha sido tradicionalmente el caso español y responde en gran parte al escaso desarrollo de su sector público y, muy en especial, de su estado del bienestar. Si España tuviera, por ejemplo, el porcentaje de la población adulta que tiene Suecia trabajando en los servicios públicos del estado del bienestar, España tendría cinco millones más de puestos de trabajo de los que tiene ahora (una cifra, por cierto, mayor que el número de desempleados en España). En otras palabras, si el estado del bienestar nuestro fuera como el sueco, no habría desempleo en España. Y ello podría pagarse con los 200.000 millones de euros que tendríamos de más si las políticas fiscales fueran como las de Suecia.

La otra tasa, distinta a la tasa de desempleo, es la del crecimiento del desempleo. Y ahí, tal crecimiento en España (de 9 puntos del 2007 al 2009) no tiene nada que ver (repito, nada que ver) con el grado de regulación del mercado ni con el supuestamente excesivo poder de los sindicatos. Los países que, junto con España, han visto crecer más su desempleo, son EEUU e Irlanda (7.2 y 4.7 puntos, respectivamente) que tienen unos mercados de trabajo completamente desregulados. En realidad, Alemania es uno de los países con mercados de trabajo más regulados y con sindicatos más fuertes y su desempleo no sólo no ha aumentado, sino que ha descendido (-1.2 puntos) durante el periodo de crisis (y ello a pesar de haber visto descender espectacularmente su PIB como consecuencia de la recesión mundial que ha afectado mucho a una economía basada en exportaciones). Y el hecho de que no haya aumentado el desempleo se debe a la cogestión de las empresas (con los trabajadores y sindicatos ocupando parte de los consejos de dirección de las empresas), pactando una reducción del tiempo de trabajo en las empresas en lugar de una reducción de los trabajadores.

Los indignados llevan razón

El pensamiento neoliberal es la ideología de la banca, de la gran patronal y de las rentas superiores. Se presenta como conocimiento científico y se promociona a través de instituciones (tales como Fedea y los gabinetes de estudios de los grandes bancos y cajas de ahorro) patrocinadas por estos poderes fácticos o a través de instituciones públicas como el gabinete de estudios del Banco de España (que actúa más como un lobby de la banca que como lo que debiera ser: una institución pública que regula la banca). Tal ideología se reproduce también en gran parte de los departamentos de economía de las universidades, cuyos miembros consideran su máxima realización académica la publicación de artículos en revistas, financiadas por la banca y/o próximas a ella. Ni que decir que hay muchas y notables excepciones. Pero hoy, la mayoría de la cultura económica académica en España es de orientación neoliberal.

El monopolio que tal ideología tiene en los medios académicos y no académicos diluye el rigor que cualquier debate académico debiera tener. Su promoción tiene poco que ver con la fortaleza científica de sus argumentos (que es muy escasa), sino con el control de las cajas de resonancia e instrumentos de difusión al servicio de los grupos con mayor poder económico y financiero del país. Como bien dijo el economista John Kenneth Galbraith hace ya cincuenta años en EEUU, “la misión de los departamentos de economía de las universidades de EEUU parece ser la de reforzar el dominio de la clase dominante”. Lo mismo podría decirse ahora de España, donde incluso se llega a negar la existencia de tal dominio.

Y el establishment político está totalmente absorbido en esta ideología, una ideología, por cierto, altamente rentable a nivel personal, pues la gran mayoría de los diseñadores de las políticas económicas (Ministros de Economía y Finanzas, Secretarios y Directores Generales, asesores económicos en la Moncloa), independientemente de su coloración política, proceden y/o terminan trabajando para los grupos de poder, promotores del neoliberalismo. Este maridaje del poder financiero y del poder económico con el poder político viola la propia esencia de la democracia, pues supone la captura del Estado por tales grupos de poder. De ahí que haya que agradecer que los indignados se movilicen y agiten para denunciar las enormes insuficiencias de la democracia española, ejerciendo presión para que cambie y mejore. La situación actual, con los enormes costes en sufrimiento que genera, es auténticamente indignante. El movimiento 15-M tiene razón.

Por Antonio Antón, Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

15M: Un movimiento social democratizador, pacífico y sociopolítico

nuevatribuna.es

El movimiento 15-M representa una significativa respuesta colectiva a dos de los problemas más importantes que tiene actualmente la sociedad: las consecuencias sociales de la crisis económica con la precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, y el distanciamiento del sistema político e institucional de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. La persistencia, profundidad e interrelación, de esos dos elementos ha generado una profunda indignación popular que se ha transformado en acción colectiva. La crítica se dirige contra los responsables de la crisis económica y de empleo y los gestores de una política liberal-conservadora que no ofrecen una salida justa a esta situación, ponen el acento en el recorte de los derechos sociales y laborales y se subordinan al dictado de los grandes poderes económicos y financieros.
Esta acción colectiva está incrustada en la indignación ante la grave situación actual y la exigencia de responsabilidades a los poderosos, rechaza los discursos legitimadores dominantes y se rebela contra el fatalismo y la impotencia. Refleja la amplitud y profundidad de una conciencia popular crítica contra esa dinámica y refuerza la esperanza de cambio. Sus objetivos apuntan a cambios profundos en esos dos ámbitos entrelazados: una gestión social y progresista de la crisis socioeconómica y mayor democracia. Esta fase de movilizaciones ya ha tenido unos resultados positivos y ha alcanzado unos objetivos básicos. De su consolidación y desarrollo dependerá la dimensión de sus efectos de fondo y a largo plazo. Veamos algunas de sus características.
Primero, es una movilización de carácter social y progresista que defiende los intereses de capas desfavorecidas y con mayores incertidumbres laborales, la gente precaria y parada, y plantea unas propuestas sociales y económicas basadas en el refuerzo del acceso a un empleo decente, los derechos sociales y laborales y una mejor distribución de la riqueza. La masividad y la persistencia del paro y la precariedad laboral, particularmente juvenil, la presión y autoritarismo empresarial y la falta de credibilidad de las políticas públicas para superarlos configuran un punto central de su indignación y del apoyo social recibido.
Segundo, es un movimiento democratizador, en un doble sentido. Por un lado, denuncia ese déficit democrático de la gestión dominante de la política socioeconómica que, salvo matices, comparten las instituciones políticas españolas y europeas. Así, exige al sistema político una mayor vinculación a los deseos y opiniones de la sociedad, la no subordinación de la política a los mercados financieros y el fortalecimiento de la democracia. Por otro lado, señala las insuficiencias democráticas del sistema de representación electoral y los privilegios y corruptelas de parte de la clase política, reclama una regeneración democrática con mayor adecuación representativa, honestidad de los políticos y transparencia de las instituciones y promueve la participación activa de la ciudadanía.
En tercer lugar, es un movimiento pacífico, profundamente democrático y solidario y de composición fundamentalmente juvenil. La mayoría de jóvenes, incluido los ilustrados y con mayor nivel educativo, sufren un bloqueo cuando no un retroceso en sus expectativas laborales y profesionales y, por tanto, en sus proyectos de vida. Se ha producido una acumulación de tres dinámicas: frustración social; representación de opiniones y aspiraciones de amplios sectores populares alternativas a las del poder establecido, y voluntad de cambio con mecanismos adecuados para facilitar su expresión democrática. Sus adversarios –los poderosos- son muy fuertes institucionalmente y la forma de enfrentamiento debía evitar –o disminuir- la tergiversación mediática y el aislamiento popular y reflejar la fortaleza propia: la difusión de sus mensajes para conseguir unos apoyos masivos, una gran legitimidad democrática. Era esencial evitar la violencia o la represión del movimiento, reafirmar sus mecanismos pacíficos y democráticos y consolidar la simpatía de la mayoría social, frente a la ilegitimidad de muchas medidas adoptadas por el sistema político –Gobierno, Parlamento y UE- que es su principal debilidad. Su instrumento, tras la gran manifestación del 15-M, han sido las acampadas como demostración de firmeza y compromiso de miles de activistas, foco de participación, debate, decisión y comunicación de la ciudadanía más activa (varias decenas de miles) y, además, canal de simpatía y solidaridad de gran parte de la sociedad (según encuestas de opinión más del 70% de la población están de acuerdo con algunas de sus medidas y aprueban sus actividades, porcentaje que aumenta entre la gente joven y los votantes de izquierda).
En cuarto lugar, este movimiento tiene un carácter transversal y sociopolítico, sin ser partidario. Se ha constituido y puede ampliar su función como plataforma ciudadana sociopolítica. Su inserción en ciudades, pueblos y barrios favorece esa articulación desde abajo y descentralizada y su conexión con el resto del tejido asociativo. Supone un cuestionamiento de la clase política dominante y sus principales políticas regresivas y expresa la exigencia de un importante cambio social: la orientación liberal de las políticas económico-sociales y las deficiencias de legitimidad del sistema político. Por tanto, tiene una dimensión política, estimula y encauza la participación ciudadana en asuntos públicos fundamentales; pero no tiene una definición partidaria ni electoral concreta ni está subordinada a ello. No es una movilización sectorial o una suma de demandas particulares. Expresa una aspiración de reforma profunda de la dinámica socioeconómica y laboral y de fortalecimiento democrático con mayor papel de la ciudadanía en la configuración del sistema político, sus instituciones y sus políticas. En ese sentido, se puede asociar a las posiciones más progresistas de la izquierda social y otros grupos sociales frente a las políticas de ajuste y austeridad, por un aparato productivo y económico más avanzado, sostenible y justo, así como la defensa de un modelo social y un Estado de bienestar más democrático e igualitario.