OPINION

Tras las declaraciones de los que opinan que no hay que debatir ahora, que hay que hacerlo en otro momento, “en frio” – dicen -, hay una clara e interesada posición

Debate nuclear: ahora es el momento

Por Herminio Trigo

nuevatribuna.es

El mundo vive con enorme preocupación las consecuencias que para la seguridad nuclear ha tenido el terremoto y el posterior tsunami que ha arrasado el noreste de Japón. A la mayor tragedia que han sufrido los japoneses desde la segunda guerra mundial, se le añade las explosiones y las fugas radioactivas que se han producido en la central nuclear de Fukushima, lo que ha provocado el desalojo de los habitantes de sus proximidades hasta un radio de treinta kilómetros. A esto hay que añadir el peligroso aumento del nivel de radioactividad en los alrededores, que ya ha llegado a Tokio e incluso ha afectado a los soldados de un portaviones norteamericano que se hallaba en la zona. Y esta tragedia amenaza a ir a más, aunque ya se hayan parado otras centrales donde también se han producido serias averías que afectan al calentamiento del núcleo.

Cabría preguntarse por qué el único país del mundo que ha sufrido explosiones nucleares, Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y  enfermedades mortales en muchos de los supervivientes que han durado décadas, ha basado su abastecimiento energético en lo nuclear, aun conociendo su enorme exposición a los terremotos. Es muy importante tener en cuenta esta circunstancia porque ante la inestabilidad sísmica del territorio y su arriesgada decisión han conseguido los mayores niveles de seguridad que existen en este tipo de centrales. Por la misma razón también han extremado la seguridad en la construcción de edificios y los hemos visto en las imágenes con oscilaciones imposibles, aunque ninguno se haya destruido. Queda claro que la energía nuclear es peligrosa y por más que se extremen  sus medidas de seguridad, siempre habrá alguna circunstancia que provoque una catástrofe. Por cierto, es la única fuente de energía que puede hacerlo.

Naturalmente el debate sobre la energía nuclear ha surgido en todo el mundo. Los defensores de su utilización han salido para decir que ahora no es momento para ese debate, que no se puede hacer en caliente. No deja de ser una estupidez el intentar que ahora no hablemos de los peligros que entraña su uso cuando estamos viendo en televisión las explosiones en la central nuclear y los empleados uniformados como en las películas, pasando el contador Geiger a los ciudadanos para medir su nivel de radioactividad. Por eso ahora, precisamente ahora, es el momento de que nos convenzan de las ventajas de su utilización y que defiendan eso de que es una “energía limpia” (pero cuando se ensucia es mortal), de su nivel de independencia energética (¿dónde conseguimos el uranio y lo enriquecemos?), del bajo coste de producción del kilovatio (¿cuánto cuesta construirla? Y lo más importante ¿qué empresas lo hacen?). También sería necesario que explicaran qué hacer con los residuos radioactivos y cuánto cuesta su almacenamiento que tiene que durar veinticinco mil años.

La caverna mediática dice que en este debate no se debe utilizar la ideología, naturalmente se refieren a los que están en contra de su uso, y utilizan el término para descalificarlos. Los que están a favor, o sea ellos, no tienen ideología, son unos buenos chicos asépticos que solo se preocupan por el bien de todos nosotros y por la defensa del medio ambiente y cuando se les pide que expliquen cómo se evita una catástrofe como ésta, se escudan en que “ahora no es el momento”, pero cualquier momento sí es bueno para que despotriquen contra las energías renovables.

Ahora es el momento para que desde La FAES nos expliquen las bondades de la energía nuclear, ahora, cuando hasta la mismísima Angela Merkel, para tranquilizar los ánimos, ha decidido no prolongar la vida de las centrales más viejas de Alemania. Ahora, cuando en todo el mundo cunde el temor que nos pueda pasar a nosotros. Ahora es el momento de anunciar el cierre de la central nuclear de Garoña en el 2013 y de las restantes de forma paulatina. Ahora es el momento de zafarse de la agobiante presión de los lobys que gastan grandes sumas de dinero en campañas que cantan las excelencias de la energía nuclear. Ahora es cuando el Gobierno debe presentar un Plan Energético Nacional que apueste por la paulatina sustitución de las energías contaminantes y peligrosas por las renovables y limpias.

Si de verdad se quiere defender un modelo energético, ahora es el momento y dejarlo pasar sería un gran error político.

Por Pedro Luis Angosto...

En defensa de los funcionarios

nuevatribuna.es
Cuando el Gobierno decidió bajar el sueldo a los funcionarios debido a la gravedad de la crisis, muchas personas mostraron alegría, esa alegría cruel que guardan en sus adentros para exponerla al soleo quienes se regocijan del mal ajeno creyendo que con ello consiguen el beneficio propio: Mal de muchos, consuelo de tontos, que se decía antes.
El odio de un sector de la población hacia los funcionarios es tan real como falsas son las hipótesis sobre las que se funda, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país la existencia del funcionario público como tal apenas tiene unas décadas. En primer lugar, existe un componente casi atávico en el origen de esa desavenencia, durante siglos la Iglesia, los reyes y los nobles, enviaron a sus caballeros armados a cobrar impuestos y saquear las propiedades de los campesinos, sobre todo si estos no eran hidalgos ni tenían ningún señor protector al que rendía pleitesía dándole una parte de sus mermados ingresos. Es posible que todavía en la mente de muchos se compare a aquellos sangrientos carniceros a la orden del poder de entonces con los funcionarios de hoy en día, normalmente personas preparadas que cumplen con su función según estipulan las leyes democráticas y que, en caso de no hacerlo, pueden ser sancionados gravísimamente de oficio o a instancias de parte. Pero aquello pasó hace mucho tiempo, y aunque la literatura y el cine nos lo recuerdan una y otra vez –véase Robin Hood en sus múltiples versiones-, existen “motivaciones” históricas más recientes.
Durante la Restauración, el funcionario público lo era del partido del turno en el poder, ocupaba el puesto cuando ganaba el Partido Conservador y lo dejaba cuando ganaba el Liberal. Eran los llamados cesantes, cuyas filas se nutrían de los arrimados a los caciques de cada territorio. No fue hasta la II República cuando el Estado decidió que los funcionarios debían tener un puesto fijo para posibilitar el justo y eficaz desempeño de sus funciones y evitar las corruptelas y disfunciones que la precariedad laboral promovían. Manuel Azaña llegó a decir que era absolutamente necesario que los funcionarios tuviesen un trabajo estable independientemente del partido que ganase las elecciones, propugnando además que fuesen los mejores quienes ocupasen ese puesto incentivando la concurrencia a las oposiciones mediante el ofrecimiento de esa estabilidad y de un salario digno. Con el franquismo, el funcionario regresó a la Edad Media, miles de funcionarios del Estado republicano fueron ejecutados, exiliados o depurados, cubriendo sus vacantes en Ayuntamientos, Diputaciones y Ministerios mediante designaciones a dedo de entre quienes habían mostrado su adhesión inquebrantable a los principios generales del movimiento, que consistían en no moverse, joder al ciudadano y adular al jefe de Falange. Durante décadas, el funcionario fue un ser oscuro, grisáceo y engreído que creía estar por encima de sus congéneres por el hecho de ocupar un puesto detrás de una ventanilla y codearse con los mandamases de la dictadura. Poco le importaba que su sueldo miserable no le permitiese llegar a mitad de mes, su lealtad al régimen podía ser recompensada en cualquier momento con unas horas de contabilidad en casa del cacique de turno o con una jornada incontrolada que le permitiese dedicarse a otras cosas más lucrativas en horario de trabajo.
El tiempo pasó y con él muchas cosas. La muerte del tirano Franco coincidió con la primera gran crisis del petróleo. Ni había trabajo en España ni tampoco lugar dónde emigrar. Fue un tiempo duro, más si cabe que este que nos toca ahora. Miles de personas se dedicaron durante los años ochenta a preparar oposiciones para puestos que en muchos casos estaban muy por debajo de los estudios cursados con anterioridad. Poco a poco, las reformas legislativas, el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mayor preparación de los candidatos a funcionarios, transformaron el panorama, apareciendo por primera vez en décadas el funcionario como servidor público, es decir una persona que recibe un salario no muy grande, que tiene una cualificación superior a la requerida para el puesto y que utiliza sus conocimientos para poder satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos.
Eso, me dirán, es una descripción idílica que no se parece demasiado a la realidad. Sin embargo, sería bueno que comparásemos a los funcionarios que hoy nos atienden, sin ventanillas, con muchos menos medios de los que necesitan para el buen desempeño de su función, con un sueldo normalmente bajo, con los que había hace tres décadas. Indudablemente la situación ha ido a mejor y lo seguirá haciendo si se logran cortar esos atajos que son los empleos a dedo que siguen existiendo en las Administraciones locales y autonómicas, empleos que están lastrados muchas veces por la obligada obediencia al “empleador; si les damos las herramientas que precisan y si usamos los mecanismos de que disponemos para dejar fuera de juego al funcionario inepto, pero, sobre todo, si somos conscientes de que nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra seguridad nunca estarán en mejores manos que en las de un funcionario democrático bien preparado, educado y pagado. Y es ahí donde encaja el actual desprestigio de los funcionarios y la nueva leyenda que se cierne sobre ellos: Los funcionarios son parte del Estado y para los neoconservadores el Estado sobra, por tanto sobran los funcionarios porque el Estado es ineficiente y los funcionarios también.
Precisamente ahora, cuando tenemos los mejores funcionarios de nuestra historia, los neoconservadores responsabilizan al Estado y a sus empleados de una crisis en la que nada tienen que ver y sí mucho que sufrir. El ciudadano que crea en la democracia no puede consentir el asalto de los que quieren sustituir a un policía democrático por un guardia de seguridad a las órdenes de un gran empresario del sector; no pueden permitir que se elimine al médico o al maestro público para poner en su lugar a un médico o un maestro sometido a los planes lucrativos de las empresas, porque las empresas sólo buscan el interés privado a costa de lo que sea, incluso de los servicios públicos. Al gestor privado no le importa el servicio que presta, sino la cuenta de resultados. Sustituir funcionarios por empleados de empresas gestoras de servicios no es más que un retorno a fórmulas medievales que más temprano que tarde pagaremos con un deterioro exponencial de los servicios que los hará absolutamente prescindibles e inviables. Hay una ecuación muy fácil de entender: En los servicios públicos externalizados, es decir privatizados, hay que sumar al coste normal de los servicios públicos, el beneficio del concesionario o gestor privado, que muchas veces alcanza un tercio del total. Ese beneficio del particular, no depara mejora ninguna para el ciudadano, sino que a la larga supone un empeoramiento del servicio y su inevitable encarecimiento, como ocurre actualmente en muchas ciudades dónde la privatización de los servicios de recogida de basuras está poniendo en serios apuros a las Administraciones locales y a la salud pública.
Por otra parte, muchas de las medidas tomadas dentro de la Administración Pública para mejorar las condiciones de vida de los funcionarios, como la reducción de la jornada laboral, la semana de treinta y siete horas y media, el aumento de vacaciones vía días de asuntos propios, no son más que el diseño de unas políticas sociales de progreso que debieran ser imitadas por el sector privado y que con ese objetivo se hicieron. Empero, hoy, cuando muchos creíamos que las políticas neoconservadoras habían pasado a la historia después de la tremenda crisis-estafa en la que nos han metido, la debilidad de la respuesta ciudadana está permitiendo que sean los defensores de los modelos económicos más ultramontanos –que fueron quienes nos metieron en este agujero- quienes impongan las nuevas relaciones laborales basadas en la disminución de salarios, el alargamiento de la jornada laboral y de la edad de jubilación, la pérdida de derechos sociales y el sometimiento del poder democrático y la Ley –simbolizados ambos en la figura del funcionario público- al interés particular.

«Es tarde para frenar el cierre de las minas»

«En otros sindicatos primó evitar el desgaste del Gobierno sobre la defensa de los intereses del sector»

Foto: Maximino García Secretario general de la Federación de Industria de CC OO

El Comercio. 14.03.11  - OVIEDO.

«Con la decisión de Bruselas se podrá salvar algo de cielo abierto y poco más»

«En Asturias sólo se hicieron dos ciclos de gas y todo apunta a que no habrá más»

«Con el ’tren tran’ quieren cumplir un programa electoral con fondos mineros»

El secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias, Maximino García, es pesimista sobre el futuro del carbón. El dirigente sindical cree que la vía judicial que ahora inicia el Principado contra el reglamento de Bruselas para cerrar minas no competitivas en 2018 es «una lotería que debería haberse evitado». Critica con dureza al Gobierno y al SOMA-FIA-UGT y asegura que todo lo que se haga ahora «llegará tarde». También cuestiona la decisión de destinar fondos mineros al ’tren tran’. (leer más)

El “En corto y por derecho” de ARTURO ROMÁN en La Nueva España de hoy

Hospitales y candidatos de cartón

Foto: Mario González, gerente del HUCA; el consejero Ramón Quirós y Álvarez Areces, en los quirófanos ante una operación a cartón abierto.

Me ha entrado envidia. Voy a montar una inauguración en casa por todo lo alto. Voy a vaciar por completo el salón, encargar una foto gigante en Igrafo del telescopio más moderno del mundo y poner de largo, así con mucha pompa, el observatorio astronómico más avanzado de España. Que se preparen los de la NASA. Todo al último grito y en cartón piedra, por supuesto, como los quirófanos que acaba de inaugurar Vicente Álvarez Areces en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). También mandaré cientos de invitaciones anunciando un ágape para los asistentes con fotos de canapés y copas de vino de cartón. De tetra brick no, de cartón piedra. Eso sí, todo de lo más variado. Y para vacilar un poco igual coloco también una foto de un Porsche a la puerta. ¡Qué lujo la vida en cartón piedra!

El que ayer demostró en la cafetería de la Junta General del Principado que no tiene la espalda de cartón piedra es el diputado popular Alfonso Román. Charlando sobre lesiones de espalda, muy habituales en este nuestro mundo de mesa y ordenador, Román, ni corto ni perezoso, le explicó a todo el que quiso escuchar, con ejercicios prácticos incluidos, cómo estirar la espalda para reducir el dolor y ganar movilidad. Igual que Eva Nasarre en sus mejores tiempos, pero, por fortuna para los presentes, sin usar mallas de aeróbic.

Los que como sigan así van a tener que poner un candidato de cartón piedra en Oviedo son los del Foro Asturias del ex ministro Francisco Álvarez-Cascos. Ya han barajado nombres de todo tipo y ninguno acaba de cuajar. Dos de los que han sonado en algunos mentideros casquistas son Jaime Martínez, médico y presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, y Alfredo Canteli, presidente del Centro Asturiano. Si nos fiamos de lo que ambos comentan con amigos cercanos, ninguno de ellos tiene intención de encabezar la lista casquista. En Foro dicen que piensan ahora en el abogado Gonzalo Botas y en el ex diputado Pelayo Roces, que más que de cartón piedra es de puro hormigón.

A propósito del escrito de la mayoría de la C. Ejecutiva de la SSE en la que estoy encuadrado...

La verdad es que resulta bastante sencillo analizar la situación que, nuevamente, se reproduce en la Sección Sindical de CC.OO. en mi Hospital, el del “Valle del Nalón”.
Tras mi dimisión, por las razones que oportunamente expliqué entre otros ámbitos, en este Blog de noticias (VER DICHO ESCRITO), la cúpula directiva de la FSSA-CC.OO. ha venido a hacerse con las riendas de la manera que les caracteriza ... el aquí mando yo y de democracia o participación de los afiliados nada de nada.
Este estilo exige que los afiliados/as desconozcan o no usen los derechos que tienen y para facilitar esto nada mejor que intoxicar o mentir diciendo a cada cual lo que quiere oír por separado, más si una parte sustancial del “mensaje” consiste en desacreditar a determinados compañeros ...¡¡no estando presentes no se pueden defender!!. Esto además de ser de muy mala educación, en toda tierra de garbanzos se suele llamar manipulación... Supongo que no es preciso recordar aquí el estilo de CC.OO. de toda la vida de que estas cosas y cualesquiera otras, se discuten siempre en Asamblea de Afiliados/as ...¿o sí hay que recordarlo?
La Sección Sindical, independientemente de mi dimisión y la de algunos compañeros más (unos antes, Mª José Quirós e Isabel Camblor, otros después, Ana González y Carmen Méndez), no estaba desestructurada. Seguían y siguen, si no me equivoco, Mª Teresa Rubianes, Faustino Rodríguez Palacio, Juan Carlos Alonso Tamargo, Antonio Cortés, Elvira Sánchez García y Mª Enma Fernandez, es decir 6 de los 10 miembros de la Comisión Ejecutiva de la SSE.
Ahora bien si dos de esos miembros quieren hacerse con la dirección sin ser la mayoría de la C. Ejecutiva ni – por pura lógica – gozar del apoyo de la mayoría de los afiliados/as de este centro, con obtener el respaldo de los que deciden cómo se reparten las horas sindicales a nivel regional ...¡¡les basta!!
Me siento obligado, llegado este punto, a reconocer que no sé quien fue a buscar a quien. Si los de aquí a los de Oviedo o viceversa, pero cómo el resultado es el mismo, igual me dá.
Las cosas están así y así nos lo cuentan los otros cuatro miembros de esa C. Ejecutiva en su escrito... VER DICHO ESCRITO
Entre tanto es el tiempo en el que hay que confeccionar la lista electoral de CC.OO. en esta área sanitaria para concurrir a las elecciones sindicales y, como todos sabemos, los que salgan elegidos lo serán para los próximos cuatro años. Luego, si al igual que se pone a dedo a los que están ahora en la SSE se pone también a dedo a los que nos representarán como CC.OO. en el futuro en la Junta de Personal, el secuestro de la democracia efectuada en este periodo en que estamos, tiene un alcance muchísimo mayor...
Pena y rabia me da, como afiliado, asistir a este bochornoso espectáculo, pero que se puede esperar de personas que, desde mi punto de vista, carecen absolutamente de valores e ideología.
Para ellos esto funciona con la misma lógica de la voracidad de los mercados y en ellos no hay control político ni democracia que valga. La Sección Sindical, sencillamente es la tarta y, al parecer, ya tiene propietarios.
No les deseo el correspondiente ¡¡ que les aproveche !!, porque estoy empezando a ser un poco maleducado.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique hace unos días...

Guerra contra los funcionarios
Por Bernard Cassen – Presidente de Honor de ATTAC Francia
En The Economist es donde se exponen con mayor radicalismo -y también con talento- las tesis ultraliberales. Es conocida la gran influencia que este semanario británico ejerce sobre los responsables políticos, y ello mucho más allá del mundo anglosajón. Lo que preconiza The Economist se transmite a menudo en las hojas de ruta de los gobiernos, en primer lugar en Europa. Por eso es preciso tomar muy en serio la portada de la edición del 8 de enero pasado y el contenido del informe especial: “La próxima batalla. Hacia una confrontación con los sindicatos del sector público“.
La tesis de The Economist es de una sencillez evangélica y puede resumirse en tres puntos: a) todos los Estados europeos enfrentan déficit públicos abismales; b) para reducir el gasto público, hay que reducir los efectivos, los salarios y los sistemas de pensiones de los funcionarios; c) los gobiernos lograrán ganarse con mayor facilidad a la opinión pública incentivando la denuncia de los “privilegios” (en especial la estabilidad laboral) de los “acomodados” del sector público, quienes supuestamente viven a costa del conjunto de los contribuyentes.
En ningún momento el informe recuerda que los déficit públicos son en gran parte consecuencia de las ayudas colosales otorgadas a los bancos y otros responsables de la crisis actual. Tampoco que estos déficit aumentaron debido a los regalos fiscales hechos a los ricos. Ni siquiera se deja en claro que, a cambio de su salario, los funcionarios prestan servicios indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. En particular los docentes, atacados muy especialmente en este informe. El periodista que escribió uno de los artículos debe de estar muy desinformado sobre las condiciones reales de trabajo de los profesores para tener el coraje de escribir que “sesenta y cinco años debería ser la edad mínima para que esta gente que se pasa la vida en un aula se jubile”.
The Economist se congratula de que varios gobiernos europeos -dos de ellos dirigidos por “socialistas”, los de Grecia y España- ya han rebajado los salarios de sus funcionarios y que, en toda la Unión Europea haya “reformas” -sería más justo hablar de contrareformas de los sistemas de pensiones ya realizadas o en vías de realización.
Por ideología, los liberales son hostiles a los funcionarios y demás asalariados del sector público. En primer lugar porque privan al sector privado de nuevos espacios de lucro; en segundo lugar porque, protegidos por su estatuto, pueden ser socialmente más combativos que sus compañeros del sector privado, hasta el punto de que, a veces, hacen huelgas “por delegación” y representan a trabajadores del sector privado que no pueden hacerlas. Esta solidaridad es la que los gobiernos quieren destruir a toda costa para reducir la capacidad de resistencia de las poblaciones contra los plantes de ajuste y de austeridad implementados en toda Europa. Los déficit públicos constituyen así un pretexto inesperado para modificar las relaciones sociales conflictivas en detrimento del mundo del trabajo.
Defender los servicios públicos es defender el único patrimonio del que disponen las categorías más pobres de la población. La apuesta por la cacería de funcionarios y de sus sindicatos que propone The Economist no es (o apenas) financiera. Es política o ideológica.

Vicenç Navarro, como siempre, nos describe una cruda realidad que demuestra al servicio de quienes están la mayoría de los políticos hoy en nuestro país

La banca y la ley hipotecaria

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC

Una de las consecuencias que el dominio de las fuerzas conservadoras tuvo en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia en España ha sido la excesiva influencia de poderes fácticos, como la banca, sobre el Estado. Es interesante subrayar que la mayoría de la ciudadanía lo percibe así, pues las encuestas de opinión popular muestran que la amplia mayoría de ciudadanos cree que la banca en España es más poderosa que el Gobierno (según el barómetro de opinión de noviembre de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas).

El excesivo poder de la banca en España es conocido también fuera del país. Así, The New York Times publicó un artículo –In Spain, Homes are Taken, but Debt Stays (27-10-10)– que documentaba la escandalosa situación que tiene lugar en España cuando una persona no puede pagar una hipoteca. En la mayoría de países, tanto en EEUU como en la UE-15, cuando una persona se encuentra en tal situación puede declararse en bancarrota y recibir el apoyo legal que la proteja de las medidas recaudatorias abusivas, permitiéndole además devolver las llaves al banco que le vendió la hipoteca sin tener que devolver el resto de la deuda hipotecaria.

Es más, en EEUU hay un movimiento para forzar al Congreso a fin de que permita que los hipotecados puedan continuar viviendo en sus casas hipotecadas pagando un alquiler menor en cantidad al del pago mensual de la hipoteca. El argumento que se utiliza para proponer tal medida es que la banca está recibiendo dinero público y, como contrapartida, se le exige que ayude a su usuario.

No así en España. La ley excluye las hipotecas de ser bienes sujetos a la protección del que se declara en bancarrota, exclusión que refleja el enorme poder de la banca en el desarrollo de la legislación hipotecaria. Otro indicador de tal poder es que, cuando la persona devuelve al banco las llaves de su piso, comienza en realidad su calvario, pues tal persona continúa debiendo al banco la hipoteca, lo cual es una enorme sobrecarga, pues en muchos casos queda endeudada para el resto de su vida, al igual que sus avalistas.

Es difícil diseñar un sistema que proteja tanto a la banca y tan poco al ciudadano. Es una situación que alcanza niveles de una gran injusticia, pues, para complicar todavía más las cosas, el precio de las hipotecas es en muchísimos casos superior al precio de la vivienda. Según la agencia Standard & Poor’s, el 8% de las viviendas en España tiene un valor inferior al de las hipotecas de sus usuarios, una cifra que, calcula, alcanzará el 20% en los próximos años. Esta es la situación en la que se encuentran 1,4 millones de españoles.

Y todavía otro indicador más del enorme poder de la banca son los intereses variables pagados en las hipotecas, que varían del 2% al 6%. A diferencia de lo que ocurre en otros países desarrollados, los bancos españoles tienen incluso el poder de, previo permiso judicial, acceder automáticamente al salario de la persona que debe la hipoteca, exigiendo un pago mensual detractado de su nómina.

Debido a esta excesiva protección de la banca, conseguida a costa del ciudadano, no ha habido todavía ningún colapso de un banco español, hecho que, paradójicamente, ha sido motivo de gran orgullo por parte del Gobierno de Zapatero. Como ha señalado The New York Times, el orgullo del presidente del Gobierno está basado en el hecho de que el sistema bancario español es de los menos amistosos y sensibles (user’s friendly) a las necesidades del ciudadano. Que un Gobierno de derechas estuviera orgulloso de este hecho tendría explicación (véase la defensa de la banca por Eduardo Serra, del Partido Popular, en el programa 59 segundos acusando de maniqueos a los que la criticaban). Pero que un Gobierno de izquierdas también lo esté es más que sorprendente. Las declaraciones de la vicepresidenta Elena Salgado defendiendo a la banca frente a la protesta de los desahuciados es de una enorme incoherencia en una persona que se presenta como socialista. Como bien dijo el juez de la Audiencia Nacional de Navarra, el banco BBVA habría actuado legalmente, pero su comportamiento fue claramente inmoral.

Una última observación. La enorme crisis de legitimidad de las instituciones representativas en España se debe precisamente a esta percepción generalizada de que sus representantes están excesivamente influenciados por intereses económicos y financieros a los cuales temen enfrentarse. Y la banca es uno de ellos. ¿No se dan cuenta los representantes políticos, en general, y las izquierdas gobernantes, en particular, de lo que ello supone? El descrédito del establishment político español es uno de los más acentuados en la UE-15. Y la causa de tal descrédito es la percepción generalizada de que tal establishment es más sensible a los intereses financieros y económicos que a la voz de sus electores. ¿Hasta cuando continuarán ignorando los gobernantes a los gobernados?

Esta situación ha alcanzado su máxima expresión con el retraso obligatorio de la edad de jubilación, pasando de 65 a 67 años. Esta medida aprobada por el Gobierno español y pronto por las Cortes, a propuesta y bajo la presión de los mercados financieros (es decir, de los bancos), es enormemente impopular. El 82% de la población está en contra. Ello implica un enorme distanciamiento entre el establishment político, por un lado, y la gran mayoría de la población, por el otro, lo cual contribuye a una deslegitimación de las instituciones democráticas. ¿Es que no se dan cuenta de ello?

Revolución pacífica, pero revolución y esto es territorio del viejo continente

En Islandia no tenemos corresponsales

Por Isaac Rosa – Comité de Apoyo de ATTAC

“Si rechazan el pago de la deuda, probablemente tendremos que rebajar la calificación de Islandia a Ba1 o menos.” -Comunicado de la agencia Moody’s-. Un segundo referéndum confirmará este último extremo

Artículo publicado en Público.

Las revoluciones son siempre muy fotogénicas, y ahora incluso se retransmiten en directo. Ahí tenemos el caso de Egipto, cuya lucha contra Mubarak hemos visto en tiempo real, con decenas de corresponsales sobre el terreno; y lo mismo pasaría en Libia si Gadafi permitiera la entrada de periodistas.

Pero las revoluciones quedan bien en la tele si son violentas. Si no hay manifestaciones tumultuosas, barricadas ardiendo, pedradas y gente con la cabeza abierta, no hay mucho que ver. Debe de ser por eso que no tenemos corresponsales en Islandia, y hasta ahora ningún telediario ha conectado en directo con las calles de Reikiavik, ni en los periódicos hay infografías diarias sobre este pequeño país del norte de Europa.

Decir “revolución pacífica” suena a oxímoron, y muchos dirán que no es posible, que es otra cosa. Pero los islandeses están protagonizando lo más parecido a una revolución que hemos visto en esta parte del mundo en mucho tiempo, y por aquí apenas nos hemos enterado. Seguramente porque las mediáticas revueltas árabes no tienen riesgo de contagio en Europa, mientras que la movilización islandesa puede darnos ideas peligrosas.

Después de que la economía de Islandia, la niña bonita del neoliberalismo, se hundiese en 2008, con bancos quebrados y una deuda inasumible, los poco más de 300.000 habitantes de esta isla nórdica salieron a la calle y la liaron. Y no han parado hasta hoy.

Entre otras cosas han conseguido que el gobierno dimita, nacionalizar la banca, perseguir penalmente a los banqueros responsables, rechazar en referéndum el pago de la deuda bancaria, y ahora participan en la elaboración de una nueva constitución más democrática y social. Por si fuera poco, han aprobado una iniciativa para convertir el país en un refugio internacional para la libertad de prensa, donde el próximo Julian Assange pueda trabajar sin que lo encarcelen ni le cierren la web.

Sí, es verdad que España e Islandia no tienen mucho en común. Es un país pequeño, aislado, con peculiaridades económicas. Pero después de tanto decirnos que no somos Grecia ni Irlanda, a uno le entran ganas de ser Islandia un ratito.