OPINION

Artículo de opinión sobre la convocatoria de Huelga General publicado hoy en La Nueva España

Los sindicatos tienen razón

Motivos para secundar la huelga general del próximo 29 de septiembre

JOSÉ MANUEL BARREAL SAN MARTÍN

Lo conseguido en España en el campo de los derechos sociales por parte de la ciudadanía en general y de los trabajadores en particular no es un regalo, sino una conquista -hoy, más amenazada que nunca- fruto de innumerables luchas sindicales y políticas. No obstante, en estos últimos años de «paz social» y de «romance» gobierno-sindicatos, aquello que otrora se blandía como medallas está experimentando un notable retroceso traduciéndose en pérdidas para la ciudadanía y clases trabajadoras; agravándose en el sector del paro.

No es ningún secreto, ni es desmovilizador, decir que los sindicatos -más los llamados mayoritarios- han interiorizado el discurso del sistema, asistiendo a un verdadero espectáculo circense observar como algunos de sus conspicuos líderes se columpian en el funambulismo ideológico. Producto de esa deriva y de su cercanía al poder el sindicalismo, desgraciadamente, sufre un gran descrédito social. Han perdido influencia frente a unos trabajadores cada vez más resignados, desencantados y temerosos de perder sus endebles y precarios empleos. Así, resulta un tanto dudoso pensar que, con las actuales burocracias sindicales, pueda haber alguna posibilidad de cambio mínimamente aceptable en el mundo del trabajo.

Dicho lo anterior en el mejor ánimo constructivo, hay que señalar urgentemente que ese debilitamiento de los sindicatos nos perjudica y mucho.

Se nos quiere hacer creer, y no precisamente desde el sindicalismo, que protestar es como luchar contra la lluvia; nos quieren convencer -los desclasados- de que no hay más posibilidad que elegir entre las dos ramas del partido único, el del «gran capital», como felizmente definió Samir Amin a las dos grandes formaciones políticas españolas.

De esta manera estamos asistiendo a una organizada avalancha mediática e ideológica, proveniente de ese gran capital, tendente a responsabilizar a los sindicatos del desempleo en España. Se argumenta, al efecto de separar a los sindicatos de su función de defensa de los intereses de los trabajadores, que sólo defienden los suyos propios siendo, además, distintos. Incluso opuestos a los del mundo del trabajo.

No obstante, siguiendo a Vicenc Navarro se observa que no es el sindicalismo quien precisamente se beneficia de los trabajadores, sino que esos beneficios «los obtienen los empresarios, creciendo su beneficio en España un 73% en el periodo 1995-2005 (más del doble de la media de la UE, un 33%), mientras que los costes laborales aumentaron en el mismo periodo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE, un 18,2%), datos que raramente aparecen en las revistas económicas o incluso en la prensa en general». Esta situación es la que realmente crea los problemas de empleo, amén de otros. Pedir flexibilidad al trabajador, creándole inseguridad, tal como ocurre en España, «donde el mundo empresarial y bancario está muy mal acostumbrado, por haber estado sobreprotegido por el poder político, no sólo durante la dictadura, sino también después» ( V. Navarro, 2010). Es, cuando menos, de un cinismo sobrecogedor. En España se habla mucho de la rigidez laboral, cuando el mayor problema es la rigidez y dureza empresarial. De ahí, y no de otras causas, proviene el elevado desempleo.

En mi opinión, los sindicatos tienen mil razones para la convocatoria de Huelga General del 29 de septiembre. Este día, España se juega «la otra copa»: la del empleo y de las jubilaciones dignas. La dignidad de decir basta a que siempre paguen los mismos. Es la hora y el día, como decía José Saramago, de «indignarse, no resignarse». Es, pues, tiempo de rupturas.

Artículo de opinión publicado en “El Pais” anteayer

La verdad sobre liberados y liberadas

Por MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO

En el debate sobre los liberados en la Comunidad de Madrid hay muchos equívocos, claros errores y directas tergiversaciones de esta figura. La misma expresión no es muy feliz, ya que produce la impresión de que se exime incondicionalmente de todos los deberes laborales. Se es liberado de trabajar, en el sentido de que durante unas horas no se acude al puesto de trabajo; pero no de todas las obligaciones derivadas del contrato. Y se es liberado para algo, para desempeñar funciones de representación relacionadas con el cargo que se ocupa.

Nuestras leyes hablan de "crédito de horas", que supone el reconocimiento a los representantes de los trabajadores de un número de estas "para el ejercicio de sus funciones representativas" (art.68 ET). Estos pueden acumular todas las horas a las que tienen derecho en uno o varios de ellos, que pueden llegar a quedar dispensados de acudir a la empresa. Este sería el liberado en sentido estricto, que es la minoría; lo común en nuestra práctica laboral es la exención parcial, de algunas horas, para estas funciones.

El coste de esta disponibilidad lo asume el empleador, pero solo respecto de las horas reconocidas como crédito sindical; y cualquier sindicalista sabe que su actividad no conoce horarios ni fines de semana, que nadie retribuye. La misma lógica está detrás de otras instituciones laborales que parece que a nadie molestan. Es lo que justifica las excedencias para desempeñar cargos públicos; o los permisos retribuidos para desempeñar deberes cívicos. Muchas empresas y Administraciones, en el contexto de programas de responsabilidad social corporativa, liberan a sus empleados para que desarrollen programas de contenido social u ocupen cargos en ONG.

La idea de que los empleadores tienen que contribuir al bienestar general también facilitando tiempo a sus empleados está aceptada de forma general en el Estado social. Con lo que se ha dicho habrá quién piense en una especie de impuesto revolucionario exigido por un Gobierno amigo. Nada de esto. El crédito horario está reconocido en nuestras leyes laborales, que fijan un mínimo de horas, calculado en función de las dimensiones de la empresa, que deberán ser reconocidas necesariamente a estos representantes. Luego cabe la mejora, el reconocimiento de un mayor volumen de horas retribuidas, que se logra a través de la negociación colectiva con los empleadores, cuyo concurso es en todo caso necesario para que se produzca. Esto es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid.

Pero es también lo que pasa en todas las Administraciones públicas, sean del color que sean, y en muchas empresas privadas. Esta es la verdad sobre los liberados y liberadas; lo mejor que puede hacerse al respecto es asegurar la transparencia en el uso de esta figura, que se conozca su número y su trabajo, para poder ser justos en su valoración.

Miguel Rodríguez-Piñero Royo es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Huelva y asesor de Landwell PwC.

Por JUAN TORRES LÓPEZ

Hay razones para apoyar la huelga general

Es inmoral y totalmente rechazable que una crisis que han provocado los bancos, las grandes fortunas y los especuladores se financie ahora con recortes de derechos laborales, de pensiones, de gasto social e incluso bajando los impuestos que pagan los más ricos, renunciando a la más mínima justicia fiscal, sin darle prioridad a la lucha contra el fraude y con la vergüenza que supone que los banqueros y las grandes fortunas españolas prácticamente no paguen impuestos.

NUEVATRIBUNA.ES -

Los medios de comunicación se empeñan en desanimar a los trabajadores y en argumentar que la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo día 29 de septiembre no servirá para nada. Y la ministra de Economía, que forma parte de un gobierno que viene rectificando constantemente sus propuestas a medida que recibe presiones de los poderosos, asegura que "la huelga general no cambiará la política económica", lo que es una forma clara decir a la gente que no vale la pena apoyarla.

En mi opinión, la convocatoria de la huelga general está completamente justificada y hay multitud de razones para que los trabajadores y trabajadoras españolas, los que tienen empleo y los que están en paro o trabajan en sus casas, la apoyen activamente.

Señalaré las que me parece más importantes resumidas en diez puntos que, a su vez, contienen dentro algunas más.

1. La huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y su ejercicio ha sido siempre muy eficaz. Todas las grandes conquistas sociales, sin excepción, que hoy día caracterizan a las sociedades que consideramos más avanzadas y democráticas (la jornada máxima, el salario mínimo, el derecho a la seguridad social, el derecho al voto de las mujeres y su acceso sin discriminaciones a los mercados de trabajo, la abolición de la esclavitud y la prohibición del trabajo infantil, las normas de seguridad en el trabajo...) solo se pudieron conseguir después de movilizaciones, de luchas muy duras y de huelgas dolorosas. Los poderosos siempre dijeron lo mismo que ahora, que no servirían de nada, y por eso ahora tampoco debemos dejarnos engañar y apoyar la huelga.

2. Los trabajadores, y no solo los banqueros y las patronales, tienen derecho también a presionar para defender sus intereses. Las huelgas, incluidas las generales, son un procedimiento legítimo para poder hacerlo. Prohibirlas, como ha propuesto el Partido Popular, o tratar de desactivarlas como hacen ahora con la del día 29, equivale a permitir que solo los más ricos y poderosos puedan presionar al resto de la sociedad y a los gobiernos, por cierto, haciendo casi siempre mucho más daño que el que pueda hacer una huelga de trabajadores. ¿Por qué no dicen nada la derecha y sus medios de comunicación cuando los bancos hacen huelgas de "préstamos caídos" y frenan el desarrollo de la actividad económica durante meses, cuando eluden al fisco actuando en paraísos fiscales, cuando las grandes empresas se llevan los capitales a otros países para no hacer frente aquí a sus obligaciones legales, o cuando los banqueros amenazan al Estado, como acaba de hacer el vicepresidente del BBVA al decir que no se pueden tomar medidas que no convengan a la banca? Para que el Presidente Rodríguez Zapatero no oiga solamente su voz y pueda cumplir las promesas que hizo al electorado es necesario presionarle acudiendo en masa a la huelga general.

3. Hay que decir "Basta ya" a la continuada pérdida de derechos laborales y sociales para no llegar a una situación insostenible. Como acaba de recordar el profesor Vicenç Navarro (ver Motivos para la huelga general) la situación de los trabajadores y trabajadoras españolas se deteriora sin cesar como consecuencia de las políticas gubernamentales. No para de disminuir la participación de los salarios en el total de las rentas, aumenta el stress y el malestar laboral, España es el único país de la OCDE donde los salarios han disminuido en los últimos quince años, los beneficios de las grandes empresas españolas aumentaron un 73% de 1999 a 2008 (el doble que las de la Unión Europea de los 15) mientras que los costes laborales solo subieron el 3,7% (la mitad que en la UE-15), España sigue a la cola en gasto social en relación con el PIB, lo que significa que sigue realizando menos esfuerzo para financiar los derechos y el bienestar de las clases trabajadoras. De 2007 a 2009 el número de pobres aumentó en España en un millón, mientras que el número de personas que tienen activos por valor de más de un millón de euros se elevó en un 12%. Las leyes de igualdad y de avance social del gobierno se quedan sin presupuesto mientras se ayuda a bancos y a grandes empresas y mientras que no se tiene valor para obtener recursos por vías que no sean la reducción del gasto social, que es lo que le piden los ricos que no necesitan esas leyes. Para poner fin a todo esto es preciso presionar y apoyar ahora la huelga general.

4. Es inmoral y totalmente rechazable que una crisis que han provocado los bancos, las grandes fortunas y los especuladores se financie ahora con recortes de derechos laborales, de pensiones, de gasto social e incluso bajando los impuestos que pagan los más ricos, renunciando a la más mínima justicia fiscal, sin darle prioridad a la lucha contra el fraude y con la vergüenza que supone que los banqueros y las grandes fortunas españolas prácticamente no paguen impuestos. Para que la crisis la paguen quienes la han provocado y no los trabajadores es por lo que hay que apoyar también la convocatoria del día 29.

5. Los gobiernos europeos, incluido el español que presidió la Unión Europea durante un semestre, se han dejado vencer por la presión de los bancos y la patronal y no han sido capaces de hacer nada para evitar las causas que dieron lugar a la crisis financiera. No han tomado ni una sola medida de las que prometieron, siguen existiendo el secreto bancario y los paraísos fiscales que dijeron que iban a eliminar, los bancos siguen especulando y poniendo en peligro la economía mundial con productos financieros arriesgados y completamente improductivos. Las únicas reformas financieras emprendidas por el gobierno español han estado dirigidas a disimular las pérdidas y la irresponsabilidad de los bancos privados, a facilitar que vuelvan a obtener beneficios, y a privatizar las cajas de ahorros, a eliminar su componente social y a permitir que los bancos privados terminen quedándose con el segmento de mercado que hasta ahora ocupan. Hasta el propio Felipe González acaba de reconocer que "nada sustancial ha cambiado en el comportamiento real de las entidades financieras, salvo para cortar créditos a la economía productiva". Porque no podemos permanecer callados frente a un gobierno que es valiente a la hora de tomar medidas contra los débiles y cobarde para poner firmes a los poderosos, es necesario presionarle y apoyar la huelga general.

6. Se está diciendo a la gente que se toman medidas que son para resolver la crisis cuando en realidad no tienen nada que ver con eso sino que van a agravar sus consecuencias. Lo que hace falta para resolverla es atacar sus causas, garantizar que vuelva a surgir el crédito a la actividad productiva, poner freno a los abusos y a la especulación bancaria, limitar el poder de las grandes empresas que provocan subidas abusivas de precios que son las que de verdad están haciendo que España pierda competitividad, y poner en marcha un nuevo modelo productivo que tiene que estar basado en más igualdad, en nuevas actividades económicas creadoras de riqueza y no orientadas a la especulación y en un mercado interno más potente. En lugar de eso se está aprovechando el temor de la gente a la crisis para aplicar medidas que solo están encaminadas a crear mejores condiciones para que las grandes empresas (que son las que menos empleos crean) obtengan más beneficios y más poder de negociación. Y se está engañando a la gente cuando le dicen que hay que disminuir las pensiones para hacer frente a la crisis porque para mantener las pensiones en buenas condiciones lo que se necesita es más justicia fiscal, salarios más elevados, más empleo y menos especulación bancaria, lo que se podría conseguir, como ocurre en otros países más avanzados, si se empieza poniendo límites al poder de los bancos y de las grandes empresas.

7. No es verdad que para crear más empleo y evitar el trabajo temporal tan abusivo de nuestra economía sea necesario reducir, como se hace con la reforma laboral aprobada, los derechos de los trabajadores. Mienten quienes dicen que esta reforma se ha hecho pensando en los parados porque hasta los mismos que la han promovido reconocen que no va a crear empleo. Nuestro alto nivel de paro no está provocado principalmente por problemas que tengan que ver con el mercado laboral. Sus causas tienen que ver sobre todo con el mercado de bienes y servicios, en donde no hay suficiente capacidad de gasto porque los salarios son demasiado bajos, con la falta de capital social por insuficiente inversión y gasto público, con el enorme poder de las grandes empresas, que les permite obtener altos beneficios sin necesidad de innovar, y con el fomento de actividades especulativas que se vienen abajo en cuanto empeora la coyuntura. El efecto de las reformas laborales recientes nunca ha sido el de traer más empleo sino salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

8. Tampoco es verdad que para hacer frente ahora a la deuda y a la situación económica creada por la crisis financiera sean necesarias políticas de austeridad, sino todo lo contrario. Hay que presionar a los gobiernos europeos y al español para que cambien de criterio y no den lugar a una prolongación de la crisis durante años. Lo más seguro es que la política de austeridad que se está imponiendo termine por crear a medio plazo más deuda (cuando se debilite el crecimiento y se aumente la prima de riesgo) que la que ocasionaría una política de estímulo bien financiada por el Banco Central Europeo que es lo que debería garantizarse en Europa (ver La política de austeridad del gobierno español puede generar más deuda que las de estímulo fiscal). España necesita un gobierno que no se deje llevar por la voluntad de los grandes intereses económicos y financieros y para ello hay que hacerle ver al de Rodríguez Zapatero que no puede gobernar de espalda a las promesas que hizo a su electorado y dando satisfacción nada más que a los mercados. Los trabajadores y las trabajadoras españolas, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los pensionistas, los parados, los estudiantes... necesitan que quienes dirigen el Partido Socialista y su gobierno dejen de actuar al dictado de la banca y la patronal y la única manera de conseguirlo es participar masivamente en esta huelga general para llamarles la atención y para hacerles ver que si siguen trabajando para otros, pueden perder el apoyo de su electorado. La forma en que el gobierno socialista está afrontando la crisis le supone una pérdida constante de apoyo que le hará perder las elecciones. Por eso, quienes queremos evitar un gobierno de la derecha todavía más antisocial debemos apoyar la huelga general, y con mucha más razón los afiliados y votantes del Partido Socialista,.

9. Hay que apoyar esta huelga porque la convocan los sindicatos y porque apoyar a los sindicatos ahora, justo cuando la derecha, la patronal y los poderes financieros quieren aprovechar la ocasión para quitárselos de en medio, es más necesario que nunca. No nos dejemos engañar: los países con mejores condiciones de vida son aquellos en donde los sindicatos son más fuertes y al contrario, donde son más débiles hay menos derechos laborales y menos bienestar social. Por eso la derecha trata siempre, como ahora, de desprestigiarlos y de acabar con su influencia. Es verdad que no podemos estar plenamente satisfechos del comportamiento de los sindicatos en los últimos años, pero esta convocatoria es precisamente una gran ocasión para hacerles ver el peligro que ha tenido su actitud acomodaticia de tanto tiempo, y para obligarles a que a partir de ahora adopten una práctica sindical diferente, más ligada a los trabajadores y menos pendiente de la comodidad y de los intereses de sus funcionarios.

10. Las medidas que está tomando el gobierno, y las que van a tomar en los próximos meses no solo amenazan a la economía sino también a los derechos sociales y personales y a la democracia. Cuando disminuyen los derechos laborales y los ingresos, cuando las personas se pasan toda la vida trabajando por unos pocos cientos de euros al mes, con stress, sin saber si al día siguiente tendrán empleo ni si tendrán una pensión suficiente cuando se jubilen, si habrá alguien que pueda cuidarles cuando sean dependientes... las personas dejan entonces de ser ciudadanos o ciudadanas para convertirse en esclavos, en seres que no piensan nada más que en sobrevivir y que, por tanto, tienden a desentenderse de todo. Y también porque es de ahí de donde nacen la intolerancia, la xenofobia, las dictaduras y los fascismos que hay que combatir y que estamos viendo crecer a nuestro alrededor hay que apoyar la huelga general.

Y además de todas estas, hay muchas más razones para apoyar la huelga general. En realidad hay millones de razones más. Tantas como trabajadoras y trabajadores hay en España. Porque apoyar la huelga significa que cada una de ellas o de ellos toma nota de lo que está pasando, que no se deja llevar por lo que le dicen día a día los que tienen los bolsillos llenos a su costa y que se pronuncia con independencia para no dejar que le sigan quitando lo que ha costado tanto conseguir. Y cada pronunciamiento en esas condiciones es un ejercicio de libertad y de responsabilidad que vale por sí mismo y que justifica el apoyo a la huelga del próximo día 29.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Científico de ATTAC España

Al hilo del debate abierto por el Sr. Consejero sobre si todos deberíamos o no cobrar igual

DESDE MI VENTANA LO VEO ASI

Antes hay que despolitizar y democratizar la gestión…

Se dice en el último documento elaborado por el Consejo Interterritorial de nuestro Sistema Nacional de Salud titulado “ACCIONES Y MEDIDAS PARA PROMOVER LA CALIDAD, LA EQUIDAD, LA COHESION Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD” que “… se considera necesario trabajar para definir criterios comunes para las retribuciones que permitan incrementar la productividad y la calidad de los servicios de salud y establecer procedimientos de planificación compartidos”. Se dice, y a la par, en la línea del necesario “Pacto por la Sanidad” que ya muy pocos cuestionan, se trabaja en la idea, entre otras, de que nuestro Sistema Nacional de Salud, en política de recursos humanos, no puede ser la suma independiente de 17 Servicios Autonómicos que compiten entre sí en lugar de colaborar y coordinarse en el todo único que conforma el SNS en nuestro país…

En ese contexto, y sólo en él es dónde hay que plantear este debate sobre las retribuciones de los profesionales en un marco rígido de igualdad absoluta o en un marco flexible de posibles desigualdades…

¿Tenemos que cobrar todos lo mismo en nuestras respectivas categorías profesionales?...

La respuesta hace años que se dio y es que NO. Incluso se pusieron en práctica con la aquiescencia sindical algunos medios, pero tanto las políticas de incentivos variables (CPV) como los de las Carreras Profesionales, han fracasado en la introducción de la aplicación de un sistema que ligara objetivamente el esfuerzo individual óptimo en cantidad, calidad y seguridad, con un incentivo económico o de otro tipo.

¿Deberían estos fracasos hacernos reflexionar sobre lo oportuno de la necesidad de establecer este tipo de mecanismos incentivadores? O del análisis de las causas de los fracasos ¿podemos extraer cuál es el elemento que una y otra vez se repite para que fracase algo que hoy se hace imperativamente necesario…?

Cualquier trabajador de la salud de cualquier ámbito sabe responder sin titubear esta cuestión: … los incentivos, hasta ahora, han estado cargados de elementos subjetivos en su evaluación, lo que propicia los amiguismos, la discriminación injustificable por adscripciones personales o políticas … ¡¡todo lo contrario de la profesionaldad!!

Y en ello tiene mucho que ver la ausencia de una carrera de gestión que apueste nítidamente por la profesionalización de los distintos niveles de responsabilidad, y el definitivo abandono de la instrumentalización política de la misma.

¿Puede y debe haber incentivos?

Sí, pero antes los políticos deberían de dejar de utilizar la sanidad como instrumento partidista y transferir la gestión a los profesionales que, a su vez, sólo deberían ser controlados a través de los adecuados mecanismos de participación ciudadana…

De no hacerse así todo intento de introducir éste estímulo fracasará.

Ahora hay un nuevo instrumento capaz de propiciar esto en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma: Las Unidades de Gestión Clínica…

Pero ya están cuestionadas por su “politización”, especialmente las del HUCA …

Está claro que así nunca llegaremos muy lejos.    

Un “refrescando la memoria reciente” muy oportuno

¡Malditos trabajadores!

Por JUAN JORGANES DÍEZ
Los trabajadores son el problema. Salvado el culo del sistema liberal con los bienes públicos, todas las patadas las reciben los culos de millones de trabajadores y trabajadoras: si tienen un trabajo, son unos privilegiados; si tienen un trabajo fijo, son unos egoístas; si eres un pensionista, te conviertes en un parásito…

NUEVATRIBUNA.ES - 10.9.2010

CC OO y UGT han convocado huelga general el 29 de septiembre. Podemos contar esta historia empezando por el principio. Han pasado apenas tres años desde el comienzo de esta crisis que sufrimos y ya quedan lejos el cómo y el porqué empezó todo y el olvido ha enterrado las promesas y los buenos propósitos. Recordemos que este cuento de miedo se inicia con un globo que estalla de tanto inflarle aire financiero por los bancos que prestaron y prestaron dinero y cuyos directivos cobraron muchísimo dinero por prestar dinero. En España nos estallaron los ladrillos y las hipotecas que los bancos “nos regalaban”.

El cuento continuó con la quiebra de algunos bancos, la ruina de mucha gente que les había confiado sus ahorros, con millones de puestos de trabajo perdidos, con millones de personas que, después de perder el trabajo, perdieron la casa hipotecada. Los Gobiernos de los países afectados (esta parte del mundo en la que vivimos) acudieron al rescate. Pusieron el dinero público en las cajas de los bancos privados y con ese dinero salvaron a la mayoría. Pusieron dinero público también para ayudar a los trabajadores y trabajadoras que habían perdido su empleo. La deuda pública aumentó y aumentó.

Esta intervención del Estado ocurrió en todos lo países independientemente del partido político que gobernara. Ocurrió en los países europeos en los que la intervención del Estado forma parte de su política desde mediados del siglo XX, ocurrió en el Reino Unido, donde los Gobiernos de Margaret Thatcher impusieron desde los 80 el “Estado delgado”, y ocurrió en EE UU, lugar sagrado de los defensores de “mejor cuanto menos Estado”, templo de los inventos financieros.

Los Gobiernos pusieron dinero y más dinero, prometieron y prometieron cambios, reformas y controles, prometieron –incluso- refundar el capitalismo. El inefable presidente de la patronal española (CEOE) se atrevió a proponer “un paréntesis en la economía de mercado”. No había vergüenza de pedir la intervención del Estado, es decir, de pedir dinero público. La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculan que el 25% del PIB de los países “desarrollados” se ha dedicado a solucionar la crisis financiera.

Si alguien hubiera dicho que tres años después del crash de 2007 estaríamos gobernados a las órdenes del FMI y de las agencias privadas que clasifican el riesgo de un país o empresa, hubiera tenido tanta credibilidad como si hubiera hablado del regreso de los zombies. Tanto el FMI como las agencias Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch, la santa trinidad que tanto ordena y manda, alabaron y bendijeron aquellos bancos y sus hipotecas basura, entre otras cosas.

Pues los zombies han vuelto e imponen las políticas de los Gobiernos. Cosa difícil de entender si tenemos en cuenta que esa trinidad implacable son tres empresas que viven de lo que otras empresas les pagan para que las califiquen como dignas de confianza o no. Sus capacidades “objetivas” de análisis se demostraron, precisamente, en el crash de 2007. Recuperada la sangre necesaria por las donaciones públicas, cargan de nuevo con la teoría del libre mercado, de la no intervención del Estado, del recorte del gasto público, de las inversiones sin control y de las bondades de convertir en negocio propio todo aquello que aún es cosa pública.

La paradoja de la socialdemocracia europea es que sus políticas sirven tanto para construir un modelo de Estado de bienestar como para salvar las crisis del capitalismo que provoca el liberalismo económico real, defendido por sus enemigos políticos. La paradoja se cierra cuando la socialdemocracia acaba el ciclo aplicando los dogmas de sus enemigos políticos.

Entonces, los trabajadores son el problema, se convierten en los malditos trabajadores que exigen trabajo, pan y libertad. Salvado el culo del sistema liberal con los bienes públicos, todas las patadas las reciben los culos de millones de trabajadores y trabajadoras: si tienen un trabajo, son unos privilegiados; si tienen un trabajo fijo, son unos egoístas; si eres un pensionista, te conviertes en un parásito… El mensaje es cruel, tremendo y, lamentablemente, asumido en nuestro país por una minoría de “cien sabios”, acogida como voz infalible en la opinión publicada y recibida en La Moncloa. Parece increíble tener que recordar que en la economía no existe la verdad revelada. Y dejémoslo claro: la reforma laboral y la política que defiende el Gobierno español es la dominante, es decir, aquella que mantiene el tinglado a costa de la clase trabajadora, de los asalariados, de los más débiles en la pirámide social, de la mayoría.

Vistas las relaciones económicas y sociales como un mercado, la estructura se impone a esas relaciones. La armonía de las relaciones económicas y sociales se consigue a través de los pactos sociales, origen de la paz social que tanto han defendido los gobiernos socialdemócratas y a la que tanto han contribuido con las políticas que han construido el modelo de Estado de bienestar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La escuela y la sanidad universales y gratuitas, las viviendas sociales, la formación profesional, la alfabetización, las enseñanzas para adultos, las ayudas diversas a las personas sin recursos económicos (o sea, pobres), las becas, o los polideportivos de los barrios forman parte del Estado de bienestar, es decir, forman parte de la paz social. Los malditos trabajadores construyen el Estado de bienestar y la paz social, sin ellos es imposible.

Ni las rentas del trabajo han provocado quiebra o crisis alguna ni los derechos adquiridos a lo largo de muchas décadas con la lucha sindical y el esfuerzo de cada trabajador, de cada trabajadora han arruinado ningún país. Esos derechos adquiridos conforman el Estado social que aparece tal cual en nuestra Constitución. Esos derechos adquiridos no son privilegios sino que conforman un modelo de Estado de bienestar construido en una parte de Europa que hemos tenido en España como referencia de la libertad y de la equidad social.

El 29 S es una lucha contra la pérdida de derechos y contra el descrédito intencionado de todo cuanto esté relacionado con lo público, con el bien común, con el trabajo: sean la política, el sindicalismo o la seguridad social, sean la educación, la sanidad o los derechos laborales, sean el sistema público de pensiones o la protección al desempleo. Conviene recordar que el cuento de la crisis tiene un final abierto. Siempre existe la posibilidad de escribir la palabra RESISTENCIA y que los malditos trabajadores rectifiquen el final que nos están preparando.

Juan Jorganes Díez - Fundación 1º de Mayo – CC OO

La propuesta de reordenación del mapa sanitario, ¿inspirada por el informe de Elola presentado al CES ?

VER DICHO INFORME EN NUESTRA SECCION DE ESTUDIOS

Elola: «Un hospital local puede ser muy eficiente si se integra en un complejo hospitalario»

El autor del informe del CES para la sanidad asturiana afirma que la reordenación que estudia el Principado «es más una política de mejora de la asistencia que de contención del gasto»

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España 

La Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) han diseñado un proyecto de reordenación del mapa sanitario asturiano que, entre otros aspectos, propone agrupar las actuales ocho áreas de salud en sólo cuatro. Asimismo, plantea la creación, en cada una de esas cuatro áreas resultantes, de un «complejo multihospitalario» configurado por un hospital «de referencia», otro «asociado» y uno o más hospitales «de apoyo». Francisco Javier Elola, especialista en consultoría sanitaria, elaboró meses atrás un completo informe sobre la sanidad pública asturiana por encargo del Consejo Económico y Social (CES). En las líneas que siguen, analiza el proyecto de reestructuración que está debatiendo el Gobierno asturiano.

De las actuales ocho áreas sanitarias a cuatro.

«En el informe para el CES propuse una adecuación de la ordenación territorial de la sanidad pública asturiana para mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia de los servicios. Ese objetivo requiere una mejor integración entre los hospitales locales y los de referencia, por lo que una fusión de áreas sanitarias parece una medida adecuada».

¿Es viable la gerencia única en todas las áreas resultantes?

«A mi juicio, sí. Pero teniendo en cuenta que la gerencia única no resuelve por sí misma los problemas de coordinación entre ámbitos asistenciales. Es preciso desarrollar instrumentos de coordinación e integración en el funcionamiento de los servicios».

¿Se reducirá la burocracia en la sanidad asturiana?

«La racionalidad organizativa puede reducir la burocracia. Pero también se puede reducir de una forma notable la burocracia incorporando las nuevas tecnologías de la información (TIC) y rediseñando procesos en la gestión administrativa y especialmente en la clínica. En la actualidad se hacen muchas consultas y gestiones presenciales que podrían ser resueltas mediante las TIC: desde las recetas de pacientes crónicos a las interconsultas, o las consultas de seguimiento por parte de los especialistas, que podrían evitarse, mejorando la calidad y eficiencia de la asistencia».

¿Se recortará el gasto?

«La reordenación territorial puede contribuir a la racionalización del gasto sanitario. Pero hay que subrayar que el modelo que se propone en el informe para el CES no tiene como primer objetivo la reducción del gasto, sino la mejora de la asistencia a los pacientes en términos de calidad y seguridad. Lo que sucede es que calidad y eficiencia van de la mano. Por otra parte, es más importante la racionalización de los recursos y procesos clínicos, evitando duplicidades innecesarias y facilitando las sinergias».

¿Hacen falta otras reformas adicionales?

«Sí. El impulso que están dando la Consejería y el Sespa a las unidades y áreas de gestión clínica es también muy relevante, en el sentido de transferir responsabilidad organizativa y de gestión a los profesionales y ordenar los servicios en relación con grupos de procesos asistenciales. Asimismo, como señala el Informe para el CES, existen aspectos que deberían ser abordados en el ámbito estatal como los relativos al personal del Sistema Nacional de Salud, los instrumentos de gestión operativa de los servicios y la cohesión dentro del sistema».

¿Deberían tomar ejemplo otras regiones?

«Sin duda. Los problemas de la sanidad pública asturiana son compartidos con el resto de las comunidades autónomas. La regionalización de servicios es una medida que debe abordarse en prácticamente todas ellas».

Relaciones entre hospitales grandes y pequeños.

«El objetivo principal es prestar la mejor asistencia. Para ello los diversos "niveles" y equipos asistenciales deben trabajar de forma integrada en relación con procesos asistenciales y no ser compartimentos estancos. En los complejos multihospitalarios habrá servicios que seguirán teniendo un ámbito local, mientras que otros -en general, los más especializados- tendrán un ámbito más amplio de lo que ahora es un área de salud. Y algunos muy especializados deberían tener un marco de actuación regional, para todo el Principado».

Carteras de servicios de ofertas cada tipo de hospital.

«La creación de complejos multihospitalarios no supone la disminución de la cartera de servicios de los hospitales locales, sino que algunos de estos servicios se dan con el equipo del hospital de referencia, lo que supone -entre otros aspectos- mantener un alto nivel de experiencia y conocimientos para todos los profesionales».

Consecuencias para los médicos.

«Encontrarán más ventajas que inconvenientes en el desarrollo de los complejos multihospitalarios. Tanto el mantenimiento de un alto nivel de experiencia y conocimientos, como la garantía de la continuidad del servicio (en la actualidad, puesta en riesgo en cada proceso de traslados) y la integralidad de la atención son ventajas que aprecian los profesionales».

Nuevo papel de los hospitales comarcales.

«Deben orientarse más decididamente en dos direcciones complementarias. La primera, una mayor integración con la atención primaria y los servicios sociales para prestar una atención de calidad especialmente en aspectos como la atención materno-infantil, al enfermo crónico, la asistencia en los períodos finales de la vida... La segunda, la integración con hospitales de referencia en redes asistenciales que garanticen la mejor atención, por ejemplo a los pacientes con enfermedades agudas (síndrome coronario agudo, ictus...) o con cáncer. Una amplia revisión de los hospitales europeos concluyó que el tamaño más eficiente de un hospital se sitúa entre las 300 y las 600 camas. Es una cifra orientativa, que debe ponerse en el contexto de cada sistema sanitario. Un hospital local de menos de 100 camas puede ser muy eficiente si está integrado en un complejo hospitalario. En lo relativo a la calidad y seguridad, existe una abrumadora evidencia científica que demuestra que la atención a ciertos procesos asistenciales y procedimientos -que abarcan desde la asistencia a la neumonía a la cirugía coronaria- requiere de un volumen de actividad suficiente para garantizar los mejores resultados. De ahí que el proceso de regionalización sea más una política de mejora de la asistencia que de contención del gasto».

¿Plazo de la reforma?

«Depende de muchos factores. No estoy en condiciones de poder aventurar plazo alguno, pero sí de afirmar que es una reforma necesaria. Por lo tanto, cuanto antes, mejor».

Por Vicenç Navarro

Motivos para la huelga general

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy The Johns Hopkins University.

Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.

Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.

Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.

A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.

Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

Artículo publicado en Público.
www.vnavarro.org 

Entrevista al Director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España...

«Incluso los empresarios piensan que es malo reducir derechos laborales»

«Sigue siendo necesaria la presencia de inmigrantes, sobre todo en el campo»

«En materia laboral se puede cambiar, pero también hay que garantizar»

JUAN FELIPE HUNT Director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España

Oviedo, L. Á. VEGA, en La Nueva España

Para Juan Felipe Hunt (Huelva, 1959), director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España desde hace diez años, las polémicas medidas que se plantean para paliar la crisis deben contar con el beneplácito de los agentes sociales. No cree que los empresarios consideren bueno reducir los derechos laborales de los españoles. El paro es el problema que más preocupa a una organización con 91 años de historia y que opta al premio «Príncipe de Asturias» de la Concordia.

-Con la crisis actual, la situación del empleo a escala global debe ser preocupante.

-Esta crisis está creando niveles de paro que nunca habíamos visto en la Historia. En España, hemos alcanzado niveles del 20 por ciento. En algunos países, la crisis está directamente vinculada con los déficit públicos y la necesidad de reformar los sistemas de protección, sin olvidar cuestiones como la discusión del copago, la ampliación del período de cotización de las pensiones y otras medidas que se están planteando.

-¿Qué piensa la OIT de las reformas del mercado laboral planteadas por el Gobierno?

-Cuando los países se encuentran con una crisis social, económica, de empleo..., lógicamente tienen que tomar unas medidas sociales. En la OIT pensamos que el diálogo social es esencial para aplicar estas medidas. Unas veces se logra, otras no. Si no, son otras instancias las que deben tomarlas, como el Gobierno. Que es malo reducir derechos laborales lo sostienen los sindicatos, pero seguro que lo comparte el Gobierno, y seguro que lo piensan incluso los empresarios.

-¿Cómo evolucionará el paro?

-España crea empleo cuando las tasas de crecimiento del PIB se sitúan en torno al 2 o 2,5 por ciento. Si nos encontramos con tasas de crecimiento del 0,3 o 0,5 por ciento, la reducción del paro y la creación de empleo no van a ser significativas. Las previsiones de este año no son de crecer al 2,5 por ciento, sino bastante menos. Yo creo que ya se está tocando fondo, y el año que viene habrá un repunte de actividad. Ya hay ciertos signos de recuperación. El año que viene habrá un crecimiento mayor, sobre todo en la segunda parte del año. Y habrá una mejora de la situación.

-¿Perjudicarán medidas como la ampliación del período para computar la pensión?

-Está claro que sí. Si se tienen en cuenta más años a la hora de calcular la pensión, ésta se verá reducida, como ya han indicado los sindicatos.

-¿Les preocupa la siniestralidad en España?

-Más que la siniestralidad, el tema que más nos preocupa es el paro, y sobre todo la desvinculación del mundo del trabajo por parte de personas de cierta edad que se queda sin empleo. Pasan varios años sin reciclarse y va a tener muchas dificultades para volver al mercado del trabajo. Eso nos preocupa y espero que preocupe también a las empresas. La OIT defiende, más que la expulsión de los centros de trabajo, un reparto del tiempo de trabajo, que se mantenga la vinculación del trabajador con la empresa. Hay fórmulas: trabajar unas horas, unos días concretos o que realicen determinadas tareas. Ese capital humano, que las empresas han tardado tanto en formar, es muy importante El trabajo no es una mercancía, es una persona que ha adquirido unos conocimientos, que los han puesto en práctica. Debe mantenerse la vinculación.

-¿Qué hay del sistema austriaco?

-Cuando lo apliquemos, veremos si es positivo. Antes no podemos opinar.

-¿Era tan caro el despido en España?

-Si uno pregunta a los empresarios, la respuesta probablemente sea que sí. Si uno pregunta a los sindicatos, lo contrario. Es el tema típico que debería haber salido de una negociación. En 1997, cuando se hizo la última reforma, se acordó que la indemnización por causas objetivas pasase de 45 a 33 días. Se pudo hacer, eran otros tiempos. Las medidas pueden ser duras, con más o menos repercusión, pero deben salir del diálogo social. Y España ha demostrado que mediante ese sistema pueden salir adelante medidas.

-Se habla de que el despido deje de estar en manos de los jueces.

-Es un tema sujeto a enorme polémica. Hay países donde esta cuestión es administrativa. En España hay una cultura de que los temas sociales los lleven los jueces. Pasar a otra cultura va a costar mucho trabajo, requeriría un período de adaptación muy largo. Si se cambia, debe ser con consenso. Y deberían establecerse las garantías necesarias para los derechos fundamentales. Para cambiar, hay que garantizar.

-En los últimos tiempos han surgido duras críticas a los sindicatos.

-Los sindicatos son imprescindibles. Podemos criticar su labor, pero desempeñan un papel importantísimo en la vertebración del Estado. Tienen un papel y lo desarrollan.

-La tendencia ahora es a ganar competitividad a través de la reducción de salarios.

-Es una de las grandes polémicas de siempre. Los límites son un poco difusos. La reducción de los salarios afecta a la capacidad de consumo, al nivel de vida. Esa competitividad a través de la renta no creo que sea muy estable ni sostenible. El trabajo decente, para la OIT, es un trabajo con una remuneración adecuada, sin discriminaciones, con derechos. Un empresario querrá una persona formada y motivada, que trabaje en la empresa a largo plazo. El que no quiera hacer eso quizá no sea empresario, será otra cosa.

-¿Les preocupa la situación de los inmigrantes?

-Nuestro óptimo es que tengan un empleo decente y estén protegidos por la ley, que tengan unas prestaciones que les permitan cuidarse de ellos y de sus familias. Estamos desarrollando muchos programas, entre ellos los de retorno.

-¿Hay riesgo de enfrentamiento entre trabajadores autóctonos e inmigrantes por la crisis?

-En Huelva, para recoger los cultivos tempranos, se necesitaban del orden de 27.000 trabajadores. Llamaron a todas las personas inscritas en el paro. Sólo 1.300 quisieron ese trabajo. Hubo que recurrir a trabajadores africanos. Si eso es la base para un conflicto, no lo veo por ningún sitio. Claro que sigue siendo necesaria la presencia de trabajadores extranjeros, sobre todo en el campo.

-¿Cómo deja la globalización al trabajador?

-Puede ser beneficiosa para el mundo del trabajo, pero tiene que ser equitativa, que los derechos del trabajo y económicos estén compensados.

-Concurren al premio «Príncipe de Asturias» de la Concordia. Defienda su candidatura.

-El presidente de la CEOE, los secretarios generales de CC OO y UGT, el ministro de Trabajo y el presidente de FADE nos han ayudado mucho. Estoy convencido de que la OIT cumple los requisitos. Sería un premio a una trayectoria de fomento del diálogo social y de búsqueda de la justicia social. El cuerpo de convenios de la OIT ha influido en la mejora de las condiciones de trabajo desde que se creó la organización en 1919. Es la que más tiempo ha estado en los temas de concordia. Un premio de este tipo para la OIT sería oportuno, porque se estaría diciendo que atacar el desempleo es lo primordial.