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Ciertamente los usuarios nunca pueden estar a favor de una huelga en sanidad sea por los motivos que sea…

Ciertamente los usuarios nunca pueden estar a favor de una huelga en sanidad sea por los motivos que sea…

Los usuarios rechazan la huelga médica, que consideran «irresponsable y dañina»

«Es un bofetón en la cara de millones de parados», afirma la Asociación de Pacientes.

La UCE pide «altura de miras»

Foto: Susana Pérez Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada de Asturias.

26.09.2012 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

«Irresponsable y dañina». Así calificaron ayer las asociaciones y colectivos de usuarios de la sanidad la decisión del Sindicato Médico (Simpa) de convocar 9 días de huelga en los hospitales y centros de salud del Principado. El paro anunciado en protesta por la ampliación de jornada y cuyo día de inicio ha sido fijado para el 8 de octubre, lunes, fue muy mal recibido por pacientes y consumidores: «Es un bofetón a la cara de millones y millones de parados», afirmó la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada de Asturias. Susana Pérez Alonso reconoce que hay muchos profesionales sanitarios que «no tienen un salario base digno» y eso les lleva a «tener que compensarlo con milongas, como las peonadas o los módulos de tarde», opinó. Pese a ello, lamentó que los facultativos en conflicto con el Principado por el incremento de las horas de trabajo hayan optado por el camino de siempre: «Fastidiar al paciente con su protesta». Dicha responsable, que en otros litigios sanitarios ya se mostró igual de crítica con los huelguistas, cree que la convocatoria del Simpa «es una falta de responsabilidad. Estamos en un estado de emergencia nacional y parece que los médicos son los últimos en darse cuenta de cuál es la situación actual, con seis millones de parados en el país». Pérez Alonso duda, y mucho, de que los pacientes vayan a comprender «en estos tiempos» una huelga médica. «Si alguien les apoya, es idiota», espetó.

Sueldos de 6.000 euros al mes

Desde la asociación que preside aseguró que «es difícil entender que un facultativo de ambulatorio que gana 6.000 euros al mes, que los hay, vaya al paro y encima pida compresión por parte de la sociedad. Es patético». En cualquier caso, abogó por el diálogo y la negociación para «evitar una huelga irresponsable». Para concluir afirmó que «las condiciones en la sanidad pública son las que son, el trabajador que no esté de acuerdo, que se vaya a la privada».

Menos incisivo fue el presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, que pidió «altura de miras» a todas las partes en conflicto. Dacio Alonso se mostró contrario a la huelga sanitaria por tratarse de una protesta «muy dañina hacia los pacientes» e instó al Principado a extremar los esfuerzos para evitar el paro médico convocado para octubre próximo. Alonso recordó que la ampliación de jornada «es consecuencia de una decisión de Gobierno de Rajoy, que no cree en el modelo público de servicios y cuyas medidas buscan acabar con el actual sistema sanitario».

La UCE ve con buenos ojos que el Principado destine parte del incremento de jornada en propiciar la apertura de consultas en horario de tarde. «Es una medida que beneficia a los usuarios y que siempre hemos demandado», indicó. Con el conflicto ya más que tenso, Dacio Alonso comprende que el aumento de las horas de trabajo genere cabreo entre la plantilla del Servicio de Salud. El mismo forma parte de los trabajadores de la Administración pública a los que se les ha suprimido la paga de navidad. Por eso, cree que el Principado «debería tener una especial sensibilidad y tacto para reconducir la actual situación de conflicto, en la que confluyen no sólo el Simpa, que se caracterizó siempre por su corporativismo, sino el resto de sindicatos de la sanidad», opinó.

El responsable de la UCE considera que «la esencia de lo que se discute en este conflicto sanitario no justifica una huelga sino sentarse a negociar», por lo que pidió al Sindicato Médico y al Servicio de Salud que «agoten todas las vías de diálogo por el bien de todos».

«No soy una persona rígida»

Precisamente, el consejero de Sanidad se refirió ayer a la llamada a la huelga por parte de la central médica. «Es un derecho que tienen los trabajadores y desde ese punto no tengo nada que decir. Sin embargo, hay que señalar que la convocatoria se produce cuando hay abiertos dos procesos de negociación: la Mesa Sectorial de Sanidad y la Mesa de la Función Pública», que tiene previsto reunirse hoy. Faustino Blanco cree que el Simpa «desaprovechó ese tiempo» negociador «porque estaba pensando ya en una huelga».

Con todo, el titular de Sanidad se mostró ayer dispuesto al diálogo, aunque precisó que «esto no supone abdicación. La otra parte también tiene que demostrar que quieren dialogar y negociar. No puede ser que el Simpa y el resto de sindicatos», en relación a los que desde hace casi un mes están encerrados en el Sespa, «mantengan la misma postura desde el inicio del conflicto», razonó. «No voy a asumir el papel de persona rígida porque no es así. Incluso he admitido un encierro atípico pero la dialéctica no lo aguanta todo y la otra parte no puede sentarse a esperar que la Administración ceda sin más». Finalmente, se mostró «preocupado, que no crispado» por el tono que está tomando el conflicto.

En el panorama político, los grupos con representación parlamentaria reclamaron tanto al Principado como a las centrales sindicales «un esfuerzo para evitar la huelga». Ignacio Prendes, de UPyD, considera que «hay margen para llegar a un acuerdo» mientras que el diputado Alfonso Román López, del PP, pidió «mayor flexibilidad en las posturas que defiende el Principado». Desde IU, su diputada, Noemí Martín, estima que «todas las partes deben ceder» y recordó que de las huelgas «se sale cediendo, por lo que es mejor hacerlo antes que la situación empeore».

Blanco explica en Gijón la situación sanitaria tras el anuncio de huelga

Los portavoces vecinales se mostraron preocupados por la evolución del conflicto sanitario en Asturias

26.09.12 - Ó. C. | GIJÓN, en El Comercio.

Primer acto público del consejero de Sanidad, Faustino Blanco, tras el anuncio de huelga. Fue ayer por la tarde, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) con cuyos representantes se reunió para explicarles la situación del conflicto tras el anuncio del paro anunciado por el Sindicato Médico (Simpa). El representante del Principado trasladó al colectivo el plan de reformas que afectará a los centros de salud y hospitales, que prevén tener actividad por las tardes con la ampliación de la jornada de las 35 a las 37 horas y media semanales.

El responsable de Sanidad hizo hincapié en el beneficio que conllevará para los usuarios el incremento de los horarios de atención en la sanidad pública. Una de las decisiones del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es que los médicos de los centros de salud abran sus consultas de forma ordinaria de 16 a 18.30 horas. Lo harán los días miércoles y jueves. El Principado pretende implantar la misma medida en los hospitales, aunque su desarrollo está siendo algo más complicado que en Primaria.

Los representantes vecinales transmitieron a Faustino Blanco su preocupación por el desarrollo del conflicto sanitario y por la convocatoria de huelga por parte de los facultativos, a la que hoy mismo se le podría sumar otra convocatoria de paro del resto de los sindicatos del sector.

Blanco expuso ante la FAV las dificultades financieras por las que atraviesa la sanidad pública y aseguró a los asistentes que las medidas previstas tienen como objetivo preservar la calidad y el modelo público del Principado.

Los vecinos apelan a la «responsabilidad» social para afrontar los recortes sanitarios

La Federación de Asociaciones resalta el esfuerzo de los ciudadanos con el copago, «que hasta ahora nadie había puesto en valor»

Luján PALACIOS, Gijón, en La Nueva España

El contexto actual de crisis hace que «todos tengamos que apretarnos el cinturón» y, por ello, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón apela a la «responsabilidad» de la sociedad en su conjunto para afrontar los recortes que se plantean en sanidad.

El colectivo vecinal mantuvo ayer una reunión con el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, en la que se intercambiaron puntos de vista y se plantearon dudas e interrogantes en relación con los últimos acontecimientos, los recortes que se plantean y la huelga anunciada por el sindicato médico. Blanco explicó a los representantes vecinales en qué punto se encuentran las negociaciones para intentar salvar el paro anunciado por los facultativos, y llamó la atención sobre el esfuerzo que realizan los ciudadanos con el copago sanitario.

Es en este punto donde los vecinos se muestran más receptivos, toda vez que, como indicó Tita Caravera, presidenta de la Federación, «hasta ahora nadie había puesto en valor el esfuerzo que realizamos los ciudadanos», con una aportación al sistema en los dos últimos meses, según los cálculos del Principado, de siete millones de euros.

«Creemos que es importante hacer un llamamiento al entendimiento de todos, porque cada uno debe asumir su papel y los usuarios ya están haciendo sus sacrificios», apuntaba al término del encuentro José Ramón Pardo, responsable de la comisión de salud de la Federación gijonesa.

Así las cosas, y a pesar de que «estamos en contra de los recortes», como apuntaba Caravera, el colectivo vecinal entiende que el sistema sanitario «se basa en la solidaridad», y, en este sentido, dan por bueno el planteamiento del Principado, trasladado ayer por Blanco, de llamar al esfuerzo colectivo y explotar al máximo «todas las vías de entendimiento», para llegar a una solución con el colectivo de los médicos.

La Federación de Asociaciones de Vecinos está integrada en la Plataforma por la Sanidad Pública y siempre ha expresado su apoyo a la apuesta por mantener el máximo de prestaciones del sistema. Por ello, la sensación general al término del encuentro era de «satisfacción» por la buena sintonía con el Consejero.

25-S: A un lado la razón de la fuerza, en el otro la fuerza de la razón…

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Así son quienes hoy rodearán el Congreso de los Diputados

Desencantados militantes de partidos de izquierda, sindicalistas decepcionados con las cúpulas de las organizaciones tradicionales y activistas del 15-M intentarán demostrar hoy que, como en Portugal, la presión de la calle puede hacer recular a los Gobiernos

ELENA HERRERA, Madrid, 25/09/2012, en Público.es

La llamada a ocupar simbólicamente el Congreso de los Diputados empezó a gestarse en pleno verano en los muros de Facebook y los buzones de correo electrónico de un grupo reducido de personas hartas de que fueran "siempre los mismos" los que tomaban las decisiones. Nadie sabía muy bien quiénes eran, algo que no tardaron en aprovechar la derecha mediática y algunos políticos conservadores para intoxicar la convocatoria.

La plataforma ¡En Pie!, absolutamente desconocida hasta la fecha, era la promotora de un manifiesto que llamaba a concentrarse en las inmediaciones del Congreso hasta conseguir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado y la iniciación después de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social bajo el paraguas de una nueva Constitución.

Personas vinculadas al 15-M de Madrid irrumpieron entonces en escena. Compartían parte del fondo de la convocatoria, pero en ningún caso las formas. Criticaron su falta de transparencia, horizontalidad e inclusividad, conceptos considerados sagrados en las redes del movimiento de los indignados. Tampoco les convencía la idea de "forzar un proceso constituyente". Y decidieron crear una coordinadora –integrada principalmente por asambleas y colectivos ligados al 15-M– para "abrir" la convocatoria a la calle.

Tras semanas de tiranteces, integrantes de los dos grupos admiten ahora que entre ambos hay algunos matices ideológicos que han intentado "dejar en casa" para salir "juntos" a la calle. En este tiempo también se han depurado los objetivos de la protesta y se ha empezado a hablar de "seguir profundizando en el proceso democrático desde la sociedad civil", una especie de eufemismo bajo el que realmente se quiere decir que al 25-M, como movimiento social, no le corresponde hacer una nueva Constitución, sino "poner el debate en la calle" sobre la necesidad de otro marco legal.

El núcleo duro de la plataforma lo componen antiguos militantes de partidos de izquierda –principalmente del PCE o IU–, afiliados a los sindicatos de clase desencantados con sus cúpulas o simpatizantes del SAT, la organización que lidera Juan Manuel Sánchez Gordillo y cuyas expropiaciones de alimentos en supermercados durante el pasado verano coparon un gran protagonismo mediático. Su forma de proceder también recuerda más a la manera de organizarse de los partidos clásicos. Aunque no hay líderes, las decisiones sí se toman en reuniones que suelen ser a puerta cerrada.

Admiten mantener contactos con partidos y organizaciones de trabajadores. De hecho, según asegura Antonio López, uno de sus integrantes, el objetivo de la plataforma es "contactar con las fuerzas políticas, sociales y sindicales para convocar un foro de debate" tras el 25-S.

La coordinadora, por otro lado, es más cercana a la forma de hacer política del 15-M. Está integrada por activistas que llevan años moviéndose en los movimientos sociales alternativos de la capital y por personas que se acercaron a las plazas al calor de las protestas de mayo de 2011. Apuestan por el asambleísmo puro para la toma de decisiones y cuelgan en su página web las actas de todas sus reuniones. Defienden el lenguaje inclusivo y la horizontalidad. Creen en la política, pero no tal y como se desarrolla en la actualidad. "No buscamos el contacto con los grupos parlamentarios, en todo caso con las fuerzas sociales y sindicales de base", señala Salomé, que prefiere no dar su apellido."La coordinadora no es antipolítica ni antipolíticos. Cualquier ciudadano es bienvenido el 25-S, también los políticos serios y con buen hacer", añade Pablo Cevas, que participa en las labores de difusión de la convocatoria.

De hecho, hay formaciones políticas como Equo, el Partido Comunista de España (PCE) o Izquierda Anticapitalista, que han respaldado con más o menos ahínco la convocatoria. Entre las fuerzas parlamentarias, esta movilización genera muchas reservas. Los diputados están en el punto de mira de los manifestantes. Y lo saben. Según han informado a este diario desde los diferentes gabinetes, los parlamentarios seguirán hoy su trabajo habitual. Participarán en las comisiones y en el pleno. La dirección de comunicación de la Cámara ha enviado un escueto email a todos los trabajadores del Congreso en el que se les recuerda que será "necesario" llevar consigo la acreditación personal para "evitar dificultades de acceso". No hay ninguna instrucción más.

También seguirán con su trabajo habitual los diputados del partido que sustenta al Gobierno. Aunque el PP, por boca de algunos de sus dirigentes, no ha escatimado en intentos de criminalizar la convocatoria. La última fue la número dos, María Dolores de Cospedal, que comparó la jornada de movilizaciones prevista para hoy con el intento de golpe de Estado del coronel Tejero el 23 de febrero de 1981.

Fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran, asimismo, que el partido no ha dado ninguna directriz a sus diputados. Ayer, la vicesecretaria general y parlamentaria Elena Valenciano recordó que "es la expresión de la soberanía popular la que sienta a los diputados en sus escaños". Su jefe de filas, Alfredo Pérez Rubalcaba, se había expresado con más claridad unas horas antes en una entrevista en la Cadena Ser: "No estoy de acuerdo. Hay una legalidad que cumplir", dijo sobre la convocatoria.

En las formaciones a la izquierda del PSOE se destila respeto hacia la convocatoria. Cuando el 25-S era un embrión del que poco se sabía, Gaspar Llamazares ya anunció que ese día estaría "con los ciudadanos" para expresar su opinión a favor de un cambio en la "política económica". El pasado viernes el coordinador federal, Cayo Lara, dijo que el Gobierno debería ver "con normalidad" el 25-S y no resolverlo por la vía de la represión. Según fuentes del grupo, que los diputados de La Izquierda Plural acudan a recibir o no a los manifestantes, dependerá de cómo se desarrolle la jornada.

Las cartas ya están sobre la mesa. Aunque en un principio la toma simbólica del Congreso se planteó como un órdago a las instituciones, la convocatoria es también una buena oportunidad para que el 15-M y los movimientos sociales que están en su órbita hagan una nueva demostración de fuerza y revelen si, tal y como ha ocurrido en Portugal, la presión de la calle puede hacer recular a los Gobiernos.

El Congreso se blinda ante las marchas de “desobediencia civil” del 25S

Casi 1.400 policías han sido movilizados ante la propuesta de rodear el Congreso

Los diputados han sido avisados para que vayan bien identificados

El País, Madrid.

El Congreso de los Diputados ha sido blindado por la policía Nacional ante la convocatoria de la protesta ciudadana Rodea el Congreso, que pretende cercar este martes la sede legislativa de la Carrera de San Jerónimo de Madrid durante la celebración del pleno por la tarde. Los convocantes, que demandan un nuevo proceso constituyente, han llamado a participar en tres marchas simultáneas que confluirán en la Puerta del Sol, Neptuno y Cibeles hacia las 17.30. Los portavoces de las dos organizaciones convocantes de la protesta, la Coordinadora 25S y la plataforma ¡En Pie!, han dejado claro que no tienen intención de ocupar el Congreso, sino "solo rodearlo y andar alrededor".

Desde estos tres puntos intentarán llegar a pie hasta la Cámara baja, aunque se encontrarán en el camino con hasta tres "anillos" o filtros de seguridad desplegados por la Policía en un perímetro de 500 metros. Casi 1.500 agentes antidisturbios han sido movilizados y están apostados en las inmediaciones del Congreso, junto al que se han montado varias empalizadas de seguridad.

La Secretaría General del Congreso ha enviado una instrucción a los diputados y al personal de la casa aconsejándoles que este martes vayan correctamente identificados para poder acceder a sus instalaciones. "Nos llega un correo para que mañana los diputados no nos olvidemos de la acreditación. No dice nada de dónde llevarla", ha bromeado en Twitter el diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, al recibir la comunicación de los servicios de la cámara.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha advertido de que no se va a permitir "bajo ningún concepto" que "se rodee o que se tome" el Congreso porque "eso sería delito". En cualquier caso, la Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado varias concentraciones, reuniones y marchas, así como una "asamblea general", pero siempre a cierta distancia de la Cámara.

Para burlar el cerco policial, algunos activistas han propuesto en Internet una alternativa para alcanzar la Carrera de San Jerónimo acogiéndose al artículo 29 de la Constitución que proclama el derecho de petición. El plan consistiría en que algunos ciudadanos intentaran acceder al Registro del Congreso para presentar propuestas ante la Comisión de Peticiones de la Cámara, una posibilidad a la que tienen derecho todas las personas. Es lo que denominan "ocupar burocráticamente" la sede legislativa.

El presidente de la Comisión de Peticiones, Gabino Puche, ha dicho a Efe que el órgano atenderá, como siempre, todas las peticiones que se cursen debidamente, aunque tiene reservas sobre las que lleguen mañana porque parecen parte de un "montaje" para "colapsar" el registro de la Cámara.

De forma paralela, una de las plataformas convocantes ha publicado en la red un manual de tácticas de resistencia a la Policía, que aconseja sentarse en el suelo si se sienten cercados o ponerse de rodillas con las manos en la nuca para conseguir imágenes más impactantes en los medios de comunicación.

Quienes también pueden tener dificultades para acceder al Congreso serán los propios diputados, a quienes la Dirección de Comunicación de la Cámara ha enviado un correo electrónico aconsejándoles que mañana lleven consigo el carné que les acredita como parlamentarios.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha expresado su confianza en que los diputados puedan trabajar con "normalidad" aunque ha recordado a los manifestantes que el Parlamento es "inviolable" y que sus deliberaciones "no pueden verse interrumpidas ni presionadas por presiones externas".

Al orden del día cuando no hay regulación adecuada por la aplicación de ese principio de que el mercado y sus intereses se regulan sólos…

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Cómo las farmacéuticas engañan a médicos y pacientes

 

Por Alberto Sicilia

Del Blog Principia Marsupia en Público.es

 

El escándalo de la reboxetina debería haber encendido todas las alarmas. Aprobada en muchos países europeos desde finales de los 90, la Reboxetina es el principio activo de un fármaco para la depresión clínica.

En año 2010, un grupo de investigadores alemanes publicó en el British Medical Journal un estudio que demostraba que no sólo el medicamento era inefectivo, sino que, además, la compañía farmacéutica había ocultado a la comunidad médica aquellos tests que le eran desfavorables. De 7 ensayos clínicos contra placebo, 6 mostraban que la reboxetina no era más eficaz que el placebo. Ninguno de esos 6 estudios fue publicado en revistas científicas. Además, en los ensayos clínicos contra otros antidepresivos, la compañía farmacéutica había eliminado tres cuartas partes de los datos.

(Nota: el artículo del British Medical Journal que destapó el caso es gratuito y podéis leerlo aquí).

Inexplicablemente, en España la reboxetina sigue siendo comercializada por Pfizer bajo los nombres “Norebox” e “Irenor” (números de registro 61969 y 63157 en la Agencia Española del Medicamento). La agencia federal que supervisa los fármacos en los EEUU (conocida por sus siglas, FDA) nunca aprobó la reboxetina por falta de eficacia probada.

Pfizer no es la única compañía envuelta en un escándalo de ocultación de datos científicos. En Febrero de 2010, el Senado de EEUU publicó un informe donde se describe cómo la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) no sólo mintió sobre los riegos cardiovasculares de uno de sus medicamentos contra la diabetes sino que además trató de silenciar a los científicos que los advirtieron. La FDA calcula que este fármaco produjo 83.000 infartos entre los años 1999 y 2007. Hace unos meses, GSK decidió declarase culpable ante los tribunales norteamericanos.

El caso se remonta a 1999. En varias conferencias científicas celebradas aquel año, el Dr. John Buse, profesor en la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill, comenzó a advertir sobre los posibles riesgos de la Rosiglitazona, un medicamento que suponía miles de millones de ingresos para GSK. Tachi Yamada, entonces director de investigación de GSK, envió una serie de emails intimidatorios a Buse, quien decidió cesar sus críticas.

Ben Goldacre, doctor en Medicina e investigador en la Universidad de Oxford, explora las razones de algunos de estos fraudes en un libro que se publicará esta semana en el Reino Unido. Según Goldacre, la regulación de la industria farmacéutica es todavía deficiente. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas no están obligadas a publicar todos los ensayos clínicos que realizan y por lo tanto, los que se hacen públicos son casi siempre favorables a sus intereses. Es también una práctica habitual que, cuando investigadores universitarios aceptan financiación de una farmacéutica, se les haga firmar un contrato por el cual no pueden publicar ningún resultado sin el permiso de la compañía. Las farmacéuticas financian además numerosas revistas y conferencias médicas.

Al igual que con la crisis bancaria, abandonar una industria multibillonaria a las fuerzas del mercado, sin una regulación adecuada, puede tener consecuencias nefastas para todos.

RECOMENDAMOS TAMBIEN…

Artículo jurídico que bajo el título de “Límites legales en la relación entre el profesional sanitario privado y público y la industria farmacéutica” elaboró el fiscal Valentín José de la Iglesia Palacios: VER HACIENDO CLIC EN ESTE ENLACE

Un nuevo proceso de movilizaciones en el que será trascendental quienes tienen más fondo (resistencia)… el gobierno o los trabajadores.

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Los mineros vuelven a salir a la calle

Más de mil personas se movilizan en Oviedo para exigir al Gobierno que rectifique el recorte de subvenciones al carbón

La Policía impidió a los manifestantes acercarse a la sede del PP

Oviedo, Julio VIVAS, en La Nueva España

Los petardos anunciaron la vuelta a las movilizaciones mineras. Más de un millar de personas acudieron ayer a Oviedo, convocados por el SOMA-FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO, para exigir al Gobierno que rectifique el recorte de las ayudas a la minería y que convoque la comisión de seguimiento del plan del carbón. La protesta de los mineros también se produjo en Teruel y León, donde apenas participaron una treintena de personas.

La cita en Oviedo era a las 18.00 horas en la plaza de España, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. Se notaba el parón de agosto. Los manifestantes estaban más tranquilos, nada que ver con las protestas de julio, a pesar de que la reivindicación seguía siendo la misma. Unas movilizaciones -las de verano- que los sindicalistas denominaron como «excepcionales» pero que, de no ser por ellas, «no sabemos en qué punto estaríamos en este momento. Ahora toca retomar el pulso poco a poco», aseguró José Luis Alperi, secretario de Organización del SOMA-FITAG-UGT. Del mismo modo se manifestaba el secretario general de la Federación de Industria de CC OO en Asturias, Maximino García, que aclaró que, de no conseguir sus reivindicaciones, «estaríamos abocados a un proceso más duro de movilización. Pero no vamos a caer en la provocación, ya que las movilizaciones del verano desgastaron mucho a los trabajadores».

Los mineros tampoco estuvieron solos. Contaron con el respaldo de alcaldes de los concejos mineros, que acudieron en masa hasta la plaza de España para mostrar su apoyo. Tras entregarle una carta al delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, a través de un policía, comenzó la manifestación en dirección a la sede del PP. Un recorrido de poco más de un kilómetro que, al igual que la concentración, discurrió sin incidentes. Eso sí, los petardos no cesaron. La sorpresa llegó cuando los manifestantes trataron de entrar en la calle Manuel Pedregal, donde se sitúa la sede de los populares asturianos. Los antidisturbios flanqueaban el acceso a la vía, impidiendo que, ni manifestantes ni el resto de viandantes, accediesen a la calle. Con mucha sorna, los manifestantes trataron de convencer a los agentes de que les dejasen pasar afirmando que los populares «no están aquí, seguro que están tomando algo en San Mateo», al encontrarse la capital asturiana celebrando sus fiestas.

Al no poder entrar en Manuel Pedregal, los manifestantes se concentraron en la calle perpendicular Fray Ceferino, donde se volvieron a escuchar los tradicionales lemas mineros. «Esto nos pasa, por un gobierno facha» y «somos mineros, no terroristas», fueron las consignas más repetidas. Tras corear «Santa Bárbara bendita», los manifestantes abandonaron el lugar.

Los mineros, con 70 denuncias abiertas, dan un giro a su protesta

Los sindicatos dicen que «estamos ante una movilización de largo recorrido y las acciones se irán intensificando»

21.09.12 - E. ARENAS | OVIEDO, en El Comercio.

Los mineros volvieron a echarse ayer a la calle, pero lo hicieron dando un importante giro a sus movilizaciones. Fue en Oviedo, con una concentración en la plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno, a la que siguió una manifestación que finalizó al inicio de una calle de Manuel Pedregal, donde está ubicada la sede del Partido Popular asturiano, tomada por agentes antidisturbios. No hubo incidentes y la manifestación, a la que asistieron unas mil personas, se disolvió poco después, tras la intervención de los líderes sindicales.

El cambio de ritmo en el conflicto minero conllevará acciones puntuales en la calle pero también más actividad política para llevar el problema a grupos, partidos e instituciones y lograr «desgastar al Gobierno antes de que nos desgastemos nosotros».

La nueva estrategia se debe también a que «no podemos llevar a la asfixia al conjunto de trabajadores del sector», según dijo el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Maximino García, que también reconoció que en el pasado se produjo «alguna que otra equivocación».

El secretario de acción sindical del SOMA-FIA-UGT, José Luis Alperi, señaló, por su parte, que «las movilizaciones de junio y julio fueron excepcionales, marcaron un hito y de no ser por ellas no sabemos en qué punto estaríamo en estos momentoss, pero ahora debemos retomar el pulso poco a poco».

Las más de setenta denuncias contra mineros que participaron en las duras movilizaciones y que están siendo tramitadas ahora por los fiscales no tienen relación con la estrategia actual, según aseguraron los sindicatos. El cambio se debe a que «estamos ante una movilización de largo recorrido y por eso vamos a tratar de llevar la presión al Gobierno con el mínimo desgaste posible para los trabajadores y sin entrar en la tentativa provocadora del Ejecutivo».

Las nuevas movilizaciones, que comenzaron ayer y tendrán su continuidad el próximo miércoles con otra marcha en Oviedo, pretenden exigir al Gobierno que rectifique el recorte a la producción y a las ayudas al carbón, pedir que el Ministerio de Industria convoque la reunión de la Comisión de Seguimiento de la minería y recordar que, pese a la interrupción estival, el conflicto sigue «más abierto que nunca».

La manifestación de ayer en Oviedo arranco de la plaza de España a las siete de la tarde, poco después de que los sindicatos hicieran llegar al delegado del Gobierno un manifiesto de solicitudes. Tras recorrer las calles de Santa Susana, Toreno, Uría y Fray Ceferino, llegó a la calle de la sede del PP 20 minutos después.

José Luis Villares, responsable de Minería de CC OO pidió que «si el recorte del carbón es del 63% los miembros del Gobierno se recorten el sueldo también en ese porcentaje». José Luis Alperi, por su parte, dijo que «el Gobierno se muestra inflexible y nosotros vamos a recuperar el espíritu de lucha que siempre nos ha caracterizado».

El Gobierno publica hoy en el BOE la convocatoria de ayudas al carbón

Mieres / Langreo, M. Á. G., en La Nueva España

Las empresas mineras hallarán hoy en el Boletín Oficial del Estado un balón de oxígeno ante la delicada situación que atraviesan. El Gobierno central publicará en la edición de este viernes del BOE la convocatoria con las ayudas a la producción de carbón autóctono correspondiente a 2012. El volumen de subvenciones para la extracción de mineral y la reducción de actividad alcanza en el presente ejercicio los 111 millones, tras sufrir un recorte de 64% en comparación con los 309 millones consignados en 2011. Este ajuste fue el desencadenante de la huelga de dos meses vivida en el sector y que incluyó encierros en los pozos, cortes de tráfico, acampadas de protesta y una marcha a Madrid, entre otras acciones de presión.

El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, adelantó el pasado miércoles que la convocatoria de ayudas para las empresas mineras se haría efectiva «esta semana o la que viene». Fuentes del sector confirmaron ayer que la publicación del anunció en el BOE será hoy.

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Los regidores del Partido Popular mediarán ante el Ministerio de Industria para que negocie con los sindicatos

El PSOE planteará en la Junta General del Principado un pacto energético en apoyo de la continuidad de las minas

Foto: La reunión de ayer en Madrid entre los alcaldes mineros y los sindicatos del carbón.

Madrid, Módem PRESS, en La Nueva España

Los alcaldes de los municipios mineros englobados en la Asociación Comarcas Mineras (ACOM-España) refrendaron ayer su frente común con los sindicatos mineros, como vienen haciendo desde que estallara el conflicto del sector la pasada primavera, y se comprometieron a hacer un llamamiento a los ciudadanos de las cuencas para que se sumen a las movilizaciones que retoman ahora FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO, tras el parón en las protestas del mes de agosto. Movilizaciones que comenzarán mañana mismo con concentraciones, que se repetirán el próximo miércoles día 26, ante las Delegaciones del Gobierno central en Asturias, León y Teruel.

«Este no es sólo un problema laboral ni sindical, es un problema de todos, que afecta al trabajo, a las Cuencas... y seguiremos haciendo un frente común con los sindicatos mineros y apoyando sus movilizaciones porque aquí estamos todos a favor de la defensa del carbón». Quien así hablaba ayer es el presidente de ACOM, Ángel Calvo (del Partido Popular), quien en compañía de los alcaldes de Mieres, Aníbal Vázquez; Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; Laviana, Adrián Barbón y Villablino, Ana Luisa Durán, se reunieron en Madrid con los responsables mineros de FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO, encabezados por Víctor Fernández y Juan Carlos Álvarez Liébana.

El Presidente de ACOM se reafirmó en que «creemos en el carbón, creemos en su futuro y como lo hacemos de una manera firme vamos a seguir ahí, luchando por ello y haciendo un frente común con los sindicatos». A Ángel Calvo, a pesar de su militancia en el PP, no le dolieron prendas además en afirmar su «temor» a que en los Presupuestos Generales del Estado, que presentará el Gobierno la próxima semana, haya un nuevo recorte para el carbón. «Mucho nos tememos que el próximo día 27 volvamos a tener malas noticias porque cada vez que sale algo del Ministerio de Industria esas noticias son o malas o peores».

Los alcaldes se comprometieron también con los dirigente sindicales a mediar ante los grupos políticos a los que representan para hagan gestiones y negocien ante Industria y el Ministerio convoque la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, «que es el órgano donde deben de discutirse los problemas y el futuro del carbón español».

Para Juan Carlos Álvarez Liébana es «muy importante» que todos los ayuntamientos de las comarcas mineras «sigan junto a nosotros en la defensa del sector. Además, así el Gobierno podrá visualizar que aquí estamos todos juntos, más allá de que los municipios pedan estar gobernados por el PP, el PSOE o por IU». Víctor Fernández puso igualmente en valor que «el frente común que ya se dio desde que comenzara el conflicto siga vigente, vamos todos de la mano en defensa de nuestro modo de vida y del futuro de las comarcas mineras y de sus habitantes». Unos ciudadanos de las comarcas mineras que, como dijo muy gráficamente el alcalde de Páramo del Sil, «sin carbón, somos los primeros de la lista en la relación de animales en peligro de extinción».

Ante el nuevo recorte que se avecina: llamamiento a la sociedad civil para que nos demos cuenta de que estamos ante la última posibilidad de reaccionar…

Mieres del Camino, David MONTAÑÉS, en La Nueva España

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Jesús Gutiérrez, lamentó ayer que el Gobierno del PP esté planeando «dar la puntilla definitiva a la minería de carbón». El dirigente del PSOE confirmó que su partido maneja una información muy similar a la que el pasado martes adelantó LA NUEVA ESPAÑA sobre los recortes adiciones que el Ministerio de Industria piensa aplicar el próximo año, que rondarían el 20%. Este recorte se sumaría, en el caso de las ayudas a la producción de carbón, al 63 por ciento ya aplicado este año y que dejó el dinero que recibían las minas en unos exiguos 111 millones, frente a los 309 de los que disfrutaron en 2011.

«El PP se ha propuesto acabar con un sector que debería ser tratado con la categoría de reserva estratégica», señaló Gutiérrez. El diputado regional socialista considera que la situación ya no puede ser más crítica. «Vamos a pasar de estar mal a estar muy mal, por lo que se hace necesario que las sociedad civil asuma que está ante la última llamada para reaccionar». A nivel político, Jesús Gutiérrez anunció ayer que su partido tiene intención de promover una proposición no de ley en la Junta del Principado para impulsar un pacto energético que abra las puertas a la continuidad del carbón como materia prima en el proceso de producción.

El secretario de Organización de la FSA pidió ayer a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que «deje de prestar toda su atención a la solución de problemas internos y fije públicamente una posición» sobre la minería. El Gobierno de Rajoy presentará, el jueves 27 de septiembre, el borrador de los Presupuestos estatales, en los que Industria dispondrá de un 20 por ciento menos de dinero. «Vamos a poner sobre la mesa todos nuestros argumentos políticos y utilizaremos las herramientas que tengamos al alcance de las manos para revertir esta situación».

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Nada sustancialmente diferente a los datos de Agosto de los dos últimos años, si acaso, ligeramente mejores este…

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El Sespa afronta el fin de año con la mayor lista de espera de 2012 y sin peonadas

La demora media para operarse llega a 70 días y el listado de pacientes es de 16.399 personas, mil más de las que había antes del verano

16.09.2012 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

Final de año complicado para los hospitales asturianos que vivirán su peculiar cuesta de enero. A la amenaza de huelga de los médicos del Servicio de Salud (Sespa) y del resto de personal sanitario en protesta por la ampliación de jornada, se suma el crecimiento de las listas de espera quirúrgica y el hecho de que los hospitales tendrán que hacer frente a este incremento sin la posibilidad de recurrir a las peonadas o al pago de cualquier tipo de hora extra.

El conflicto sanitario, bien en forma de huelga o simplemente de protesta o descontento entre el personal, empeorará la situación de unos quirófanos ya de por sí saturados. Septiembre, además, no arranca con buen pie en cuanto a balance. Los hospitales tienen en lista de espera quirúrgica a 16.399 pacientes, la mayor cifra del año. Son mil personas más de las que había a principios del verano (junio), cuando eran 15.347 las aguardaban para ser intervenidas en la red sanitaria pública. Además, en julio pasado, tras siete meses de ausencia, volvieron al Sespa las demoras por encima de los seis meses. 40 personas se vieron afectadas por estas esperas prolongadas. Todos, pacientes del HUCA. En agosto, un mes después, la cifra se vio reducida al ser sólo diez los enfermos cuya demora se situaba por encima de los 180 días. Todos del Central. Según el último balance del Sespa, los pacientes que estén pendientes en la actualidad de una operación programada (las no urgentes ni preferentes) tienen que aguardar de media 70 días. Lo mismo ocurre con la cifra global de enfermos (esos 16.399 contabilizados en espera al final de agosto), la demora quirúrgica actual es también la mayor de 2012. El Sespa había arrancado el año con 61 días de espera y ahora está en 70.

El volumen de pacientes que aguardan por una operación suele aumentar tras el verano, un periodo en el que es habitual que descienda la actividad en los quirófanos, tanto por las vacaciones del personal, como en ocasiones por el disfrute estival de los propios enfermos que tras meses y meses de espera se niegan a ser operados en julio o agosto. Pero el principal reto y también la novedad a la que se enfrentarán este cuatrimestre los hospitales es que la bajada de la lista de espera la tendrán que hacer sin poder echar mano de las peonadas.

Seis millones de euros al año

Los programas especiales (las peonadas), en los que el Sespa solía invertir unos seis millones de euros anuales según datos de la gerente, Celia Gómez, eran el balón de oxígeno de muchos hospitales. El HUCA y Cabueñes eran los que más las empleaban y así y todo, las listas de espera con las que llegaban a finales de mes tampoco eran buenas. Sin el abono de horas extras serán muchos (ya ocurre) los médicos que se nieguen a operar de forma rutinaria por la tarde. Las instrucciones del Sespa dicen que los hospitales podrán abrir sus consultas y quirófanos 2,5 horas por las tardes una vez a la semana o en módulos vespertinos de cuatro y hasta cinco horas cada quince días. Por esas horas el Sespa no abonará ni un euro ya que computará como jornada ordinaria. Tampoco se pagarán los módulos de tarde de exención de guardias y se modifica el cómputo del descanso tras la guardia. Ya no se descontarán 7 horas sino que se sumarán 7,5 por cada libranza tras una guardia de 24 o 17 horas.

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La sanidad asturiana vuelve a ser en 2011 la mejor valorada del país…

La sanidad asturiana vuelve a ser en 2011 la mejor valorada del país…

Notable a la sanidad asturiana

El estudio del año pasado, elaborado antes de los recortes, revela que los asturianos son los pacientes más satisfechos con su sistema de salud

El servicio del Principado obtiene 7,42 puntos en el Barómetro Sanitario de 2011

12.09.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Aunque con menor puntuación que en años anteriores, la sanidad asturiana volvió a ser en 2011 la mejor valorada del país. Según el último Barómetro Sanitario que ayer dio a conocer el Ministerio de Sanidad, los pacientes del Principado otorgaron 7,42 puntos (sobre un total de 10) de satisfacción al funcionamiento de sus hospitales y centros de salud. Se trata de la valoración más alta de las obtenidas en el conjunto de las comunidades autónomas, donde el nivel medio de satisfacción fue de 6,59 puntos. El resultado es bueno porque sitúa nuevamente a la red sanitaria del Principado como la más apreciada por los ciudadanos. Sin embargo, el nivel de satisfacción se vio reducido unas décimas a lo largo del último año en Asturias, al pasar del 7,71 de 2010 a 7,42 en 2011.

Tras los asturianos, son los navarros (con un 7,23) y los castellanoleoneses (con un 7,06) los usuarios que también dan un notable alto a su sistema sanitario. El informe del Ministerio de Sanidad donde los ciudadanos se decantan mayoritariamente por la red sanitaria pública fue elaborado antes de los recortes sanitarios y de la implantación del polémico copago farmacéutico que erradica la gratuidad de los medicamentos para los pensiones.

Para la redacción de este estudio se hicieron 7.800 entrevistas a ciudadanos mayores de edad. Las encuestas se realizaron entre febrero y octubre de 2011. Los asturianos son también los que consideran que mejor funciona la sanidad pública, ya que el 89,51% entiende que funciona bien o bastante bien. Tras el Principado están Navarra (86,82%), La Rioja (84,05%), País Vasco (81,01%) y Baleares (80%). Por contra, Canarias vuelve a ser la comunidad donde peor creen que funciona la sanidad.

Las listas de espera y las demoras en las consultas son lo peor valorado por los ciudadanos. En este sentido, el Barómetro Sanitario 2011 muestra una dispar visión de este problema en función de la comunidad de residencia. Así, mientras que Navarra es la comunidad donde hay más ciudadanos que consideran que este problema ha mejorado en 2011 (29%), seguida de Castilla y León (22,8%), Castilla-La Mancha (22,6%), Extremadura (22,4%), Andalucía (22%) y Asturias (21,92); otras como Cataluña sufren la visión opuesta, ya que en esta uno de cada tres habitantes (33,5%) considera que la situación está peor que el año anterior, seguida de Navarra (26,6%), Canarias (23,6%) y Madrid (19,9%). En Asturias, la mitad de los pacientes cree que la situación «sigue igual».

Mala utilización

El Barómetro Sanitario saca a la luz otros aspectos relacionados con el funcionamiento de la sanidad pública. Así, por ejemplo, un 30% de los consultados considera que existe un sobreabuso de los servicios sanitarios y otro 41% estima que hay una utilización innecesaria por parte de los ciudadanos.

A la hora de valorar la red sanitaria pública y la privada, los consultados se decantan mayoritariamente por ésta última cuando se trata de concitar citas con mayor rapidez o cuando se trata de ingresar en un hospital donde los servicios de hostelería, como es el hecho de lograr una habitación individual, son mucho mejor valorados.

Ley del tabaco y bares

El Barómetro Sanitario pulsó también lo opinión sobre el desarrollo de la ley antitabaco. Un 65% de los encuestados asegura que sigue yendo igual a bares y cafeterías tras la entrada en vigor de la prohibición de fumar. Otro 15% sí reconoce frecuentar menos estos espacios desde que ya no se puede fumar en ellos. Finalmente, los ciudadanos consideran que el cumplimiento de la Ley antitabaco es mayor en los bares y restaurantes que en los alrededores de los colegios y hospitales.

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