PRENSA

Las cosas se le complican por momentos a Rajoy

El Gobierno se enreda en el peor momento

La decisión de conceder el tercer grado a un etarra enfermo enfrenta a sectores del PP

Rajoy se vuelca en los contactos europeos para mitigar el posible rescate

Fernando Garea, Madrid, en El País.

“Vivo en el lío”, le dijo Mariano Rajoy al catalán Artur Mas el pasado 1 de febrero. Desde esa fecha, el lío ha crecido exponencialmente con nuevos elementos de complicación, incluidos los que el propio Gobierno y el PP se han buscado en las últimas semanas, como las discrepancias internas por el caso Bolinaga, las disputas públicas entre ministros (Cristóbal Montoro contra José Manuel Soria) y las provocadas por circunstancias políticas, como el futuro del País Vasco tras las elecciones del 21-O.

A fecha de hoy, Rajoy intenta dirigir un circo de múltiples pistas, con la crisis y la eventualidad de una petición de rescate en los próximos meses en el centro del escenario. El presidente se encargó de recordarlo en el Consejo de Ministros del viernes. Habló a sus ministros de la importancia de mantener el euro, de sus gestiones para acelerar la unión fiscal y su agenda de la próxima semana que incluye recibir al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y al presidente francés, François Hollande. La siguiente será con la canciller alemana, Angela Merkel. Rajoy se volcará en esos contactos para mitigar un posible rescate y, en todo caso, acompañarlo de actuaciones del Banco Central Europeo. De estas dos semanas depende en gran medida ese futuro inmediato.

La versión oficial del Gobierno y el argumentario transmitido al partido es que no hay nada decidido sobre el rescate. Y que, en todo caso, no tendrá nada que ver con lo que ocurrió en Portugal, Grecia e Irlanda y, por tanto, ni siquiera se le podrá llamar rescate. La complicación es que el Gobierno aún tiene que cumplir las condiciones del memorándum del anterior rescate bancario, incluida la negociación con la UE de la reforma del sistema financiero que tenía que haber ido ya al último Consejo de Ministros. Los hombres de negro han condicionado el calendario de esa reforma y el contenido al vetar aspectos esenciales como el referido a la venta de acciones preferentes a pequeños inversores. Fuentes del Gobierno admiten la imagen de país intervenido.

Esa eventualidad de nuevo rescate condiciona, además, el calendario político. Una vez adelantadas las elecciones vascas para el 21 de octubre, miembros del Gobierno y del PP explican que se inclinan por preferir que las elecciones de Galicia se celebren también en esa fecha. Según esta versión, aunque la decisión última estará en manos de Alberto Núñez Feijóo, será fundamental la opinión de Rajoy y fuentes del partido dan por hecho que ya ha habido contactos entre ambos en los últimos días.

El plazo de convocatoria acaba el martes y, dado que no estará despejada la incógnita del rescate, fuentes del Gobierno y del partido apuestan por un adelanto también en Galicia para el 21 de octubre. La cruz de la decisión es que una derrota en esa comunidad supondría un varapalo incluso más fuerte que el fracaso en Andalucía y se comprobaría el rechazo social a las medidas de recorte, más aún si coincide la campaña con el rescate y con la tramitación de los restrictivos Presupuestos para 2013. Este lunes, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, abrirá el curso en el partido con un consejo de dirección en el que con toda seguridad se hablará de ese calendario.

Respecto al País Vasco, el Gobierno no ha ocultado su preocupación por la inestabilidad por el previsto ascenso de la izquierda abertzale. La consigna es la de poner el foco en ese peligro. Dirigentes del PP barajan en privado la posibilidad de que, tras los comicios en Euskadi, el partido se vea abocado a tener que facilitar, como mal menor, un Gobierno en minoría del PNV y evitar un acuerdo de los nacionalistas con la izquierda abertzale. Esa posibilidad obligaría a equilibrios notables si el PNV mantiene su intención de poner el foco de su programa en la superación del Estatuto de Gernika.

En este contexto, al Gobierno le ha surgido un incómodo e inoportuno debate interno por la situación del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga. La guerra abierta entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el sector del partido que encabeza Jaime Mayor Oreja preocupa al Ejecutivo, porque puede abrir una brecha con una parte de su electorado y porque representa la voz de un sector histórico del PP en el que se sitúan también José María Aznar y Esperanza Aguirre, entre otros, y medios de comunicación afines. Fernández, colaborador de Rajoy desde hace años, tenía el beneplácito del presidente para responder abiertamente a Mayor Oreja, según fuentes del Ejecutivo. Obviamente, también lo tenía para conceder el tercer grado penitenciario al preso etarra. Esa brecha interna quedó plasmada horas antes de la intervención del ministro en una acalorada conversación que mantuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid tras un acto público. Tras discutir con Fernández, Aguirre se pronunció en público contra la decisión de Interior. En principio, la dirección del PP vasco apoya al Gobierno frente a Mayor Oreja, pero preocupa en el partido esa división en vísperas de la campaña vasca.

Mayor Oreja, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, estará presente mañana lunes en el comité de dirección, en el que desde hace años no ha dejado de expresar su posición sobre la estrategia contra ETA, pidiendo que se mantengan las ilegalizaciones de las distintas marcas de Batasuna. El Gobierno prepara actuaciones dirigidas a ese sector de su electorado, como el arranque de la tramitación de la prisión permanente revisable para los terroristas.

El otro enredo no deseado que le ha surgido a Rajoy es el de las grietas de funcionamiento en el Gobierno y en el partido. En la mayoría de los casos tiene que ver con los defectos de diseño del Ejecutivo y de la relación con el partido; por un lado, porque el equipo económico carece de una cabeza clara y, por otro, porque no hay mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo y Génova. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que volver a imponer esta semana su autoridad para acallar la insólita disputa pública entre el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria y Energía, José Manuel Soria, a propósito de la fiscalidad energética. La número dos del Gobierno llamó a ambos para que abandonaran la disputa pública, con la idea de que las decisiones no corresponden a cada ministerio sino al conjunto del Ejecutivo.

En este caso, se pone en evidencia la falta de un vicepresidente económico, una vez que Rajoy prefirió asumir personalmente esa coordinación. En la etapa de Aznar, Rodrigo Rato tenía la autoridad suficiente para que ni una sola decisión económica escapara de su control. En el caso de Pedro Solbes y Elena Salgado con José Luis Rodríguez Zapatero esa autoridad tuvo matices, incluidas desautorizaciones expresas al vicepresidente, pero se mantuvo la jerarquía. Ahora, es la vicepresidenta la que hace frente a disputas sobre competencias económicas. Antes fueron Montoro y Luis de Guindos y ahora Montoro y Soria.

Influye la personalidad de los afectados. En el caso de Soria, es admitida en el PP su falta de cintura política y su dificultad innata para llegar a acuerdos. En frase apócrifa, pero atribuida a Javier Arenas hace años: “El problema de Soria es que, si sube en un ascensor, antes de llegar al tercer piso ya ha discutido con todos”. Todas las fuentes aseguran que Rajoy no hará ningún cambio en el Gobierno, porque supondría admitir defectos y porque no cuadra con su personalidad.

En cuanto a la coordinación con el partido, esta semana se va a producir un hecho que puede incluir cambios de funcionamiento y quizás fricciones de ajuste: la reincorporación de Arenas a la estructura del partido, tras su salida de Andalucía. La idea de Rajoy es que tenga un papel destacado, aún por definir pero que tendría que ver con esa coordinación.

Varios ministros se quejan abiertamente de la falta de respaldo del partido y, desde el PP, se lamenta desde hace meses la escasez de puentes entre ambos que hace, por ejemplo, que en los maitines de los lunes no haya presencia de ningún miembro del Gobierno. A esa situación se une la de las dificultades de relación entre personas concretas como la vicepresidenta del Ejecutivo y la secretaria general de la formación, Dolores de Cospedal.

El otro foco de preocupación para el Gobierno es el que tiene que ver con las protestas sociales por los recortes. El Ejecutivo da por hecho que se reproducirán, aumentados, los episodios de protesta iniciados antes de verano e intenta hacerles frente con explicación y presencia pública de sus ministros.

Entrevista a Gaspar Llamazares, Diputado nacional de Izquierda Unida por Asturias

«España no debe tener miedo a jugar fuera del euro y Alemania debe saberlo»

«¿Justificar a Sánchez Gordillo? En la situación actual es necesario combinar la acción política con la desobediencia civil»

26.08.12 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

Gaspar Llamazares habla sin tapujos. No se rasga las vestiduras cuando aborda la posibilidad de que España abandone el euro ni le duelen prendas al defender la actitud de los jornaleros andaluces en contra de opiniones mayoritarias. Asegura que hay vida más allá de los recortes y propone alternativas al actual poder de los mercados.

-¿Está España en un callejón sin salida?

-La política del Gobierno de Rajoy como comisariado del eje Bundesbank-BCE nos lleva a profundizar en la crisis y aumentar el desempleo hasta los seis millones a lo largo de año. Esto ha motivado una crisis política para un Gobierno que ha perdido buena parte de su legitimidad.

-Usted insiste en que España lleva intervenida mucho tiempo.

-Estamos intervenidos por entregas. El primer paso fue cuando se reformó la Constitución. Aquello fue un golpe muy grave. Han convertido la deuda en el principio general de todo por delante de los derechos sociales y las libertades democráticas. La última intervención ha sido con la crisis de Bankia. No acabamos de saber cuál es el volumen global y no sabemos en qué momento se va a concretar esta ayuda bancaria ni como será la formación del 'banco malo'.

-Entonces, ¿estamos a las puertas de la tercera entrega?

-De Guindos lo da por hecho mientras que Rajoy lo niega. Ya se ponen la venda de que va a haber muy pocas contrapartidas económicas.

-¿Habrá nuevos ajustes en otoño?

-Este secuestro por entregas va a tener consecuencias desde el punto de vista político, con la pérdida de más soberanía y legitimidad, así como consecuencias desde el punto de vista económico con nuevas medidas de recorte. Las comunidades no tienen ya capacidad para cumplir con los objetivos de deuda y déficit que les han impuesto. El Gobierno sigue sin reflexionar y sin entender que es la enésima vez que fracasa la política de ajustes.

-Últimamente, cada vez surgen más voces que apuestan por salir del euro.

-Hay dos vías de salida dentro de un proyecto de recuperación económica con bienestar social. Una sería con un euro respaldado por una política económica común en el marco de la UE y un Banco Europeo que se pueda llamar como tal. Y hay otra vía posible, que yo no descarto: apostar por una moneda propia y una devaluación competitiva.

-¿Es esa es la opción conveniente para Gaspar Llamazares?

-Si la primera opción se bloquea y cada vez es más evidente la resistencia de Alemania a desarrollar políticas económicas y fiscales comunes, está claro que me quedo con la segunda salida. Tiene menos dramatismo desde el punto de vista social. La primera significaría la pérdida de una generación y la segunda tres o cuatro años de crisis con una salida posterior con pérdida de crecimiento, pero mucho más equilibrada en precios y salarios.

-¿Pero está España capacitada para dar ese paso?

-Sí y Alemania debe saberlo. España no debe tener miedo a jugar fuera del euro. Alemania, hasta ahora, ha jugado con la ventaja de que el país que podía salir no era sustancial para el futuro de la moneda única, pero si España se ve abocada a salir del euro, se acabó. Sin España no es posible el euro. Saben eso como también que no es posible un rescate global, por eso están haciendo un rescate por entregas.

-¿Estamos tutelados?

-Lo que están haciendo es menospreciarnos en términos democráticos, como han hecho en Italia o Grecia, aplicándonos una devaluación salarial para que nuestros sueldos bajen un 20% respecto a la media española. Es una fórmula insoportable.

-¿Seguimos el ejemplo de Grecia?

-Vamos por el mismo camino con las medidas que aplica el Gobierno. Está actuando de forma sectaria e interesada, intentando aprovechar la crisis para asaltar el estado de bienestar y poner en duda el modelo autonómico.

-El Gobierno dice que «hace lo que tiene que hacer». Usted habla de improvisación e imposición.

-Es muy difícil no aparecer como un gobierno que improvisa cuando lo que te están haciendo es imponer la política que mandan otros. Rajoy ha hecho lo contrario de lo que había dicho en la campaña. Esto demuestra una crisis de legitimidad. Pocos gobiernos perdieron tanta fuerza en tan poco tiempo. La política de ajuste impuesta por las instituciones europeas es una máquina de descrédito del Gobierno.

-¿Cree que nos dirige Merkel?

-Con la anuencia de Rajoy. Está gobernando la derecha europea pasando por el tamiz de la derecha española, que quiere aprovechar las medidas económicas para pasar factura a las comunidades.

-¿Piensa que hay interés por cargarse el estado autonómico?

-Hay una ofensiva para debilitarlo. El PP demuestra que tiene sus propios prejuicios con respecto al estado de bienestar y las libertades. No olvidemos que aprovecha las circunstancias para crear nuevos nichos de negocio en sanidad y educación, con la privatización de ambos sistemas.

-¿Cree que el Gobierno beneficia más a las comunidades del PP?

-Se ha utilizado un criterio generalizado, dando el mismo trato a las comunidades que tienen buenos números como a las que han gestionado mal. Una de las razones es que las comunidades que han estado peor gestionadas han sido las gobernadas por el PP. Además, aprovechan la crisis para quitarle autonomía política a las comunidades y revisar el modelo autonómico. El PP quiere un modelo más centralista y eso puede tener consecuencias muy graves.

-¿En qué sentido?

-La primera consecuencia será el aumento del independentismo en España. La otra, una mayor sensación de agravio en todas las comunidades. Eso puede ser una mala solución. Cuanto más se agita la bandera española, más aumentan las tendencias centrífugas.

-Asturias es una de las comunidades que se pueden sentir agraviadas. ¿Actuó bien el Principado? ¿Debe ser más beligerante?

-Asturias, en la votación del Consejo de Política Fiscal, mantuvo un perfil claro. Y no hay nada que reprochar. Lo que pasa es que el presidente del Principado no explicó esa votación a los asturianos. Da la sensación de que Andalucía defiende los intereses andaluces e interpreta el papel de oposición que no hace el PSOE en el Congreso. Asturias, por el contrario, jugó un papel secundario. Eché de menos una posición más firme del Gobierno tanto en relación con este asunto como en el modelo de salida de la crisis.

-¿Y es posible tener un modelo propio con las exigencias que vienen impuestas desde Madrid?

-Yo creo que sí y eso hay que explicarlo. Hay que decirle a los ciudadanos que este recorte es un agravio, porque Asturias ha cumplido siempre y ahora se la castiga en comparación con otras autonomías que han sido la cuna del despilfarro. Hay que utilizar todos los mecanismos constitucionales para evitar los aspectos más duros del ajuste. Incluyo el recurso ante el Constitucional. Están enredando sobre si van a recurrir o no. A mí me parece evidente que hay una invasión de competencias y no sé a qué están esperando.

-¿Qué opina del trato del Gobierno a los empleados públicos?

-Sí, se está haciendo con todos los sectores donde se llevan a cabo los recortes. Hay que culpabilizar a alguien y enfrentar entre sí a los ciudadanos, a los que forman parte del sector privado y a los del sector público. La realidad es que ambos están copiando las medidas más duras. Es cierto que se está estigmatizando al funcionario para justificar los recortes. Los recortes en la función pública, desde el punto de vista de la gestión, son fáciles de hacer. A corto plazo producen una rebaja sustancial del gasto, te permiten enfrentar sectores sociales entre sí y hacer recortes que posibilitan buscar nichos de interés económico.

Movilizaciones

Usted defiende la acampada ante el Congreso que otros consideran un golpe de Estado. ¿Es necesaria más agitación social?

-Se está exagerando todo y no hay que dar ninguna oportunidad a Polifemo. El que tiene un solo ojo es el estado penal y en el momento en el que estigmatizas una movilización, estás facilitando al estado penal que recurra a la intervención policial. Yo no me siento amenazado por las movilizaciones que hoy hay en Sol o que están convocadas en torno al Congreso. Me siento amenazado cuando llega un presidente y sin consultarlo con su gobierno me dice que va a cambiar la Constitución y lo presenta como una 'reforma exprés'. Me siento amenazado cuando llevo sufriendo 23 decretos-ley. Es una aberración decir que esa movilización es comparable con un golpe, cuando todos saben que los golpes vienen de dentro, nunca de fuera. Todas estas movilizaciones tienen dificultades porque estamos en un momento de mucha crispación y si el Gobierno no se da cuenta de la importancia de la movilización social para canalizar el descontento...

-Pero hay formas y formas de movilizarse. Usted ha justificado, por ejemplo, la actuación del diputado Sánchez Gordillo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores.

-Lo que han hecho es una representación. No hay que entrar tanto en el debate de si estamos ante un hurto y sí sobre lo que hay en el trasfondo de esa denuncia: situaciones de pobreza muy alarmantes. Es un toque de atención.

-¿Pero no considera que se está mandando un mensaje equivocado a la sociedad? No todo vale.

-Se está lanzando un mensaje sobre las contradicciones del sistema y pienso que es un mensaje eficaz. Hay que reconocerlo. Durante el verano, el Gobierno está ausente y esto se ha convertido en la noticia del verano. Yo insisto, en lugar de señalar el dedo, miremos a la luna. Es decir, veamos el problema de la pobreza y cómo se canaliza la ayuda de alimentos. Es escandaloso ver en nuestro país cómo las grandes superficies o restaurantes destruyen alimentos antes de entregarlos. Hay pobreza y al mismo tiempo se vende más lujo. ¿Cómo se explica que se vendan en estos momentos más Porsches que nunca?

-Sánchez Gordillo es diputado autonómico. ¿No sirve para nada la política entonces?

-La política vale, pero en la situación actual es necesario combinar la acción política con la desobediencia civil. Es tan importante legislar sobre desahucios como resistirse a ellos. Es situaciones extremas, donde el poder utiliza el mecanismo del golpe al margen de la representación democrática, existe el derecho a la rebeldía. Y eso no es tomarse la justicia por la mano ni generalizar los asaltos a los supermercados, pero sí combinar la acción política en el Parlamento con gestos dirigidos a la sociedad que pongan en evidencia esas situaciones.

En Asturias…

«A corto plazo, se integrarán todos los sectores que hay dentro de IU»

26.08.12 - J. A. G. | OVIEDO, en El Comercio.

-¿Se ha cerrado en falso el último congreso de IU de Asturias?

-No tengo dudas de la resolución democrática de IU de Asturias, ni de la legitimidad de sus órganos y su dirección. Ahora bien, tenemos entre todos una tarea a corto plazo de recomposición interna, de integración, la situación general nos lo exige. No basta con tener la mayoría para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Hay que implicar a todos los sectores de IU. Todos tenemos voluntad de recomposición y la organización funcionará en base al consenso.

-Usted cerró la lista de Noemí Martín. ¿Se siente decepcionado con la actitud de algunos compañeros de la organización?

-En estos momentos, mientras la situación de España y Asturias es crítica, pretender que las formaciones políticas sean una balsa de aceite es algo vano. Quizás no supimos medir el grado que había de complejidad en IU, territorial, de sensibilidades, y abordamos la asamblea como un cónclave más. Nos equivocamos al no tener en cuenta esa complejidad y los debates que hay cruzados.

El equipo de Martín ha quedado fuera de la dirección. ¿Ve posible encauzar la situación?

-Lo veo imprescindible y lo veo más que posible, a corto plazo. La situación nos lo exige y la situación nos obliga a un esfuerzo de integración y unidad.

Cruce de declaraciones entre el Consejero y el SIMPA

«Todos nos tenemos que esforzar», dice el consejero de Sanidad a los facultativos

«Nosotros no somos los culpables del despilfarro público», le responde el Sindicato Médico, que persiste en la idea de ir a la huelga en octubre

26.08.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

«Todos nos tenemos que esforzar en tiempos de crisis». Este es el mensaje que el consejero de Sanidad quiso enviar ayer al colectivo de facultativos del Principado, cuyo principal órgano sindical de representación, el Simpa, ya adelantó su intención de convocar una huelga en octubre si el Gobierno asturiano persiste en su modelo de ampliación de jornada. Faustino Blanco aseguró que «es tiempo de tomar decisiones», aunque «éstas sean duras» y detalló que el sistema sanitario asturiano está inmerso en constantes tensiones financieras, tanto en el capítulo de personal como en inversiones o gastos corrientes.

En declaraciones a la TPA, Blanco recordó que la ampliación de jornada (pasar de 35 a 37,5 horas semanales) es una exigencia del Gobierno de la nación como medida para paliar el déficit público en España. Por lo tanto es un imperativo legal que Asturias debe cumplir, indicó. La propuesta elaborada por el Principado para ampliar los horarios en hospitales y centros de salud, un documento que los sindicatos han tomado como «una declaración de guerra», plantea que el personal sanitario pase de realizar 1.519 horas anuales a 1.650. «Es una medida que hay que contextualizar en un escenario de crisis y de excepcionalidad y que está pensada para garantizar la supervivencia de la sanidad», dijo.

Blanco confía en que el personal sanitario no acuda a la huelga en protesta por los recortes: «Sería una mala noticia. Espero un otoño con algo de tensión, pero razonable y gestionable», respondió. Finalmente, el consejero remarcó su intención de que la presente sea una legislatura «de diálogo». «El Gobierno no quiere ir contra los profesionales, al contrario, quiere estar acompañado. Juntos podemos», afirmó.

Nueva jornada en septiembre

Al igual que ocurrirá en el conjunto de la administración pública asturiana, la ampliación de jornada se comenzará a aplicar en los hospitales y centros de salud a partir del próximo 1 de septiembre. Será con efecto retroactivo al 1 de julio, tal y como lo recoge el decreto 16/2012 del Gobierno central. Según estimaciones realizadas por los sindicatos, el incremento de horarios supondrá que los trabajadores del Servicio de Salud tendrán que hacer una media de 18 días más al año (12 noches para los que hacen nocturnidad). Además, el Principado reducirá las contrataciones eventuales y convertirá las horas extras (las conocidas como peonadas) en jornada ordinaria. Desaparece también el descanso tras la guardia, que hasta ahora computaba como jornada. La Consejería de Sanidad estima que con todas estas medidas se logrará un ahorro de entre 13 y 17 millones de euros anuales. La propuesta de ampliación de horarios, que fue rechazada por la totalidad de sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad, será aprobada en el Consejo de Gobierno del próximo miércoles.

«Agresión sin precedentes»

El Simpa salió al cruce de las declaraciones del consejero de Sanidad y de la gerente del Sespa, Celia Gómez, quien instó a los médicos a hacer sacrificios para salvar la sanidad. «Nosotros no somos los que tenemos que salvar la sanidad, ni la educación, ni el estado del bienestar. No somos los culpables del despilfarro público», recogía ayer la página web del Simpa. Además, su secretario general, Antonio Matador, aseguró en declaraciones a EL COMERCIO, que a los médicos «no nos preocupa que retiren las peonadas, como dicen CC OO y UGT. Las peonadas no las creamos los facultativos sino el antiguo Insalud para acabar con las listas de espera. Lo que es intolerable es que pretendan quitarnos derechos de hace 30 y 40 años, como es el descanso después de la guardia». Matador insistió en que el del Principado «es el recorte más duro de España y lleva el sello del Gobierno asturiano».

VER NOTICIA DE HOY DIRECTAMENTE RELACIONADA

En esto el orden de factores sí que altera el valor del producto ¡¡vamos que el titular se tendría que invertir!!.

Tijera a eventuales y «peonadas»

La reducción en 1.000 empleos y el recorte de los programas que pagan 120 euros a los médicos por cada 4 horas extra centran el conflicto en la sanidad

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

El «tijeretazo» al gasto de personal del Principado llega a las «peonadas», los programas especiales para reducir la lista de espera en la sanidad, que suponían el pago de «horas extra» a médicos, enfermeros y auxiliares. Los responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa) han aprovechado el aumento de jornada, decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado, para reducir las «peonadas», que hasta ahora se remuneraban de manera extraordinaria y ahora pasarán a cubrirse, parcialmente, dentro de la jornada ordinaria.

«Harán falta menos horas extraordinarias», confirmó el pasado viernes a este periódico la gerente del Sespa, Celia Gómez. Las «peonadas» son programas especiales para la reducción de las listas de espera en tres ámbitos de la sanidad pública asturiana: intervenciones quirúrgicas, consultas externas y otros procedimientos no intervencionistas como, por radiografías, ecografías o escáner. Los profesionales de la sanidad pública perciben unas remuneraciones extraordinarias por realizar ese tipo de trabajos una vez terminada su jornada laboral diaria. Los médicos perciben 120 euros por cada módulo de cuatro horas fuera de su jornada ordinaria, mientras que el personal de enfermería tiene estipulado un pago de 85 euros por ese mismo concepto. La ampliación de la jornada ordinaria del personal sanitario menguará el número de «peonadas» para reducir las listas de espera. Al menos, esa es la intención de los responsables del Sespa, que frente a las críticas de los sindicatos profesionales han respondido que es la única fórmula para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública en el Principado.

La nueva organización de la jornada laboral, tras la ampliación del cómputo anual hasta 1.650 horas, también influirá en la prestación y coste que las guardias suponen para las arcas regionales. Los sindicatos profesionales de la sanidad aseguran que la nueva organización del trabajo diseñada por el Sespa supondrá el despido o no renovación de más de 1.000 eventuales, que trabajan en todos los escalafones de la sanidad pública regional. «Es una declaración de guerra del Gobierno asturiano», afirmó el pasado jueves el secretario general del Sindicato Médico (SIMPA), José Antonio Matador. Aunque el Gobierno ha evitado entrar en las cifras de empleo que se verá afectado por esta nueva jornada de trabajo, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ya declaró semanas atrás que los ajustes derivados de la ampliación de la jornada supondrán un ahorro para las arcas autonómicas entre 13 y 17 millones de euros.

Las «peonadas»

-Las «peonadas» se pusieron en marcha en el Principado para reducir las listas de espera en la sanidad pública regional: intervenciones quirúrgicas, escáner, radiografías, consultas externas.

-Los médicos cobran 120 euros por cada módulo de 4 horas que trabajan fuera de su jornada ordinaria, mientras que el personal de enfermería recibe 85 euros por ese concepto.

-La masa salarial de la sanidad es superior a la del resto de los empleados del Principado.

LA REGULACION DE LAS PEONADAS ANTES DE LA ULTIMA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CUANTO A LAS CUANTIAS RETRIBUTIVAS

VER ARTICULO ANTERIOR DE OPINION AL RESPECTO

Si Rajoy cree que con 481 euros por cabeza ya es suficiente ¿por qué no predica con el ejemplo?

Empleo exigirá buscar trabajo durante 30 días antes de pedir los 400 euros

No lo cobrarán los que estén a cargo de sus padres, con ingresos de más de 481 euros por persona. Se limita a los de larga duración o con cargas familiares

Fernando Garea, Madrid, en El País.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la prórroga del llamado Plan Prepara, que regula la ayuda de 400 euros para los parados que hayan agotado ya sus prestaciones, pero con nuevas condiciones más restrictivas. El nuevo plan establece condiciones más duras para que los desempleados puedan percibir esa ayuda, al tiempo que la eleva de 400 a 450 euros para personas con dos hijos a su cargo y sin que el cónyuge tenga ingresos. El Gobierno exigirá que los parados que cobren la ayuda 400 euros hayan buscado trabajo durante un mínimo de 30 días después de dejar de percibir la prestación o subsidio por desempleo y presenten un certificado de su comunidad o Ayuntamiento que detalle si tienen concedido otro tipo de asistencia.

Esas condiciones no se aplican con carácter retroactivo, pero sí impedirán la incorporación de parados que antes sí podían percibirlo. De esa forma, habrá menos beneficiarios para costear el aumento de 50 euros para algunos casos. Esta ayuda solo puede cobrarse durante seis meses.

El endurecimiento de las condiciones se establece por tres vías. La primera al incluir a los padres en el cómputo de los ingresos de la unidad familiar que, en ningún caso podrán superar los 481 euros por persona, es decir, el 75% del salario mínimo. Ahora ya existe ese límite, pero la diferencia es que no se tenían en cuenta los ingresos de los padres. Desde ahora sí se computarán, de tal forma que al dividirlos entre el número de miembros de la unidad familiar no deben pasar de 481 euros mensuales.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros, utilizó un ejemplo extremo de una familia en la que los padres ganen 8.000 euros mensuales y que hasta ahora sí podían cobrar la prestación. En todo caso, para una familia con tres miembros, bastarán unos ingresos de 1.445 euros para dejar de percibir la ayuda, según el decreto aprobado este viernes. Los más penalizados, por tanto, son los jóvenes que vivan con sus padres.

El Gobierno explicó que esta ayuda es casi de última instancia y ahora se pretende con nuevas condiciones hacerla “más equitativa y justa”, incluyendo la referencia a lo que denomina el “colchón familiar”. Es decir, que para un joven desempleado ya existe la protección familiar si sus padres están activos y tienen ingresos superiores al límite establecido.

El Gobierno habla de “la falta de vinculación en algunos supuestos de los beneficiarios del programa con las situaciones de mayor necesidad” para justificar el cambio legal. Para establecer esta condición, el Gobierno cruzará los datos de dónde están empadronados los parados.

Esta condición ya estaba en el llamado Prodi, el plan que estuvo en vigor hasta 2011. En esa fecha, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo sustituyó por el Plan Prepara y eliminó la referencia a la renta de los padres para contabilizar el límite de ingresos para percibirlo.

La otra vía para endurecer los requisitos en el nuevo decreto es la de aplicarlo solo a parados de larga duración. Hasta ahora lo podían cobrar todos los parados que hayan agotado todas las prestaciones, sin establecer límites en función del tiempo que se lleve en el paro. Aunque los 400 euros están destinados a los parados que hayan agotado la prestación, no siempre coincide con los de larga duración. Con el decreto aprobado este viernes, solo será para parados de larga duración, es decir, los que lleven 12 meses en el paro de los últimos 18 meses y que no tengan cargas familiares. Para esa consideración de carga familiar basta con que tenga un hijo a su cargo. Por esta vía, se eliminan también potenciales beneficiarios de la ayuda.

La última condición tiene que ver con la denominada empleabilidad, es decir, la obligación de acceder a ofertas de empleo o de realizar cursos. En este momento, la norma también habla de cursos de orientación que, como explicó Báñez, se refieren a charlas sobre cómo hacer currículos o similares, pero no orientados a encontrar empleo. Ahora, el decreto hablará de cursos de formación que tendrán que realizar obligatoriamente los parados que reciban la ayuda.

Según la referencia del Gobierno “se exige que el solicitante acredite haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad durante el mes que transcurre desde la pérdida de otras prestaciones hasta la solicitud, con el objetivo de reforzar el seguimiento del compromiso de actividad. Esta obligación se mantiene durante todo el programa y determinará la permanencia del beneficiario en el mismo”. Según Báñez, solo el 7,23% de los beneficiarios atendió a actividades formativas.

La idea del Gobierno es que la de mantener los 1.120 millones de euros de presupuesto global. Por más que se le insistió en la rueda de prensa, la ministra rechazó hacer estimaciones sobre los parados que verán incrementada en 50 euros la ayuda o los que quedarán fuera con las nuevas condiciones. Dijo, no obstante, que si es preciso se pedirá una ampliación del crédito para pagar la prestación.

Báñez aseguró que los resultados del plan son “decepcionantes”, porque no han servido para que sus beneficiarios vuelvan al mercado laboral. Omitió el contexto de destrucción general de puestos de trabajo.

Según sus datos, las dos terceras partes de los beneficiarios que han concluido el Programa (307.029) no consiguieron ninguna colocación en el mercado laboral. Solo el 18% obtuvo una colocación mayor a dos meses. En total, la media de ocupación durante los 180 días de duración de la prestación fue de 25,12 días por beneficiario. Menos del 1% de los receptores obtuvo un contrato indefinido.

Se realizaron una media de 3,22 acciones por beneficiario y únicamente un 1,93% de los beneficiarios disfrutó de acciones de impulso del emprendimiento. El decreto lleva incorporada la evaluación periódica con los agentes sociales de la marcha del programa y el acuerdo con las comunidades para mejorar su gestión.

El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reaccionó a través de Twitter al decreto, asegurando que “seguiremos presionando para que los 400 euros los reciban todos los que lo necesiten y el programa se mantenga mientras dure la crisis”.

Los sindicatos vuelven a la calle contra las "agresiones" del Gobierno

Han exigido al Gobierno que no solo mantenga sino que "incremente y estabilice" la prestación económica a los parados sin ayudas

PÚBLICO / AGENCIAS, Madrid, 24/08/2012

Por cuarta vez en este mes de agosto los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a salir a la calle para protestar contra los las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Su objetivo es "mantener viva" la movilización contra las políticas de austeridad y los recortes y calentar motores para la marcha del 15 de septiembre convocada por la Cumbre Social, que se espera multitudinaria.

En Madrid han vuelto han concentrase frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para manifestar su rechazo a las "agresiones" del ejecutivo conservador, como llevan haciendo cada viernes del mes de agosto. Allí se han escuchado lemas como "Manos arriba, esto es un atraco", "No hay pan para tanto chorizo" o "A por ellos" por parte de los asistentes, que han cortado la calle de Alcalá. Durante la concentración, el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha exigido al Gobierno que deje de "agredir" a los más débiles y , en el Consejo de Ministros de hoy, no solo mantenga sino que "incremente y estabilice" la prestación económica a los parados sin ayudas, informa  CCOO en una nota de prensa

Cedrún ha dirigido también sus críticas asimismo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que sigue "desatendiendo lo público" y despilfarrando dinero, como el millón de euros pagado para que consultoras privadas digan cómo hay que privatizar el Metro o Telemadrid para que estas empresas públicas queden "en las manos adecuadas". Finalmente la concentración ha finalizado con un emplazamiento a volver al mismo lugar el próximo viernes, 31 de agosto.

Mientras, las subdelegaciones del Gobierno han sido el lugar donde los sindicatos han acudido a protestar en Oviedo, Santander, Logroño, Zaragoza, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago.

En Santander, cerca de medio millar de personas, de la Plataforma Social Cántabra, sindicatos y funcionarios del Ayuntamiento se han manifestado por "otro viernes negro más", en alusión a las medidas a adoptar por el Consejo de Ministros. Los integrantes de la plataforma y representantes sindicales se han concentrado ante la Delegación del Gobierno, donde han ocupado la calzada y se han desplazado hasta el Consistorio, para sumarse a los funcionarios de la Administración local, según informa Europa Press.

Mientras, en Canarias casi un centenar de representantes sindicales, según fuentes de la Policía Nacional recogidas por Europa Pres, se han concentrado frente a las puertas de la Delegación del Gobierno. El secretario de UGT en Gran Canaria, David Mosquera, se refirió a los jóvenes, y cómo se pueden ver afectados, recordando que especialmente en Canarias la tasa de paro de la juventud alcanza casi el 60 %, por ello consideró que "se les esté castigando y de alguna manera diciendo que son unos privilegiados por el hecho de estar cobrando 400 euros".

Si no lo hace el Gobierno, los sindicatos harán el referéndum

CCOO y UGT han anunciado esta mañana en Madrid que si el ejecutivo que dirige Mariano Rajoy no convoca un referéndum sobre su política económica, serán los sindicatos quienes someterán las decisiones a consulta pública. "Si no lo hace el Gobierno lo haremos nosotros, es decir, toda la sociedad española organizada convocará un referéndum", ha afirmado el secretario de política institucional de CCOO, Jaime Cedrún, durante la protestafrente al Ministerio de Hacienda por cuarto viernes consecutivo, según ha informado la agencia EFE.

Por su parte, la portavoz de UGT de Madrid, Isabel Navarro, ha agregado que aunque el referéndum no tenga "validez legal", por lo menos tendrá "validez moral". Además, ha subrayado que no consentirán que se sigan llevando a cabo medidas "antisociales", por lo que continuarán con las movilizaciones "hasta que haga falta y el Gobierno recapacite".

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

También se evitarían tratamientos que se sabe no van a funcionar

Blasco: «El futuro de la lucha contra el cáncer es el tratamiento personal»

La directora del CNIO aboga por impulsar los test genéticos

Santander, Efe

La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, aseguró ayer que el futuro de la lucha contra el cáncer pasa por el tratamiento personalizado, para lo que considera necesaria la asociación entre centros de investigación «potentes» y hospitales.

También ha apuntado como necesario el impulso de los test genéticos para determinar el porcentaje de posibilidades que, en cada paciente, existen de que se pueda reproducir un cáncer y evitar de esa forma un tratamiento «devastador» como la quimioterapia en aquellos con baja probabilidad de que vuelvan a padecer un tumor.

En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde ha impartido hoy una conferencia, Blasco ha destacado, en rueda de prensa, que «una de las revoluciones» de la investigación contra el cáncer ha sido la secuenciación del genoma de los tumores.

Esto, según la investigadora, ha llevado a descubrir que cada uno es diferente y a la idea de que cada cáncer se tiene que tratar de manera distinta. «Si son dos tumores diferentes genéticamente, es muy raro que el mismo tratamiento funcione con los dos», ha argumentado.

Blasco ha rechazado que estos tratamientos individualizados sean más costosos económicamente que aplicar quimioterapia en aquellos casos «en los que se sabe que no va a funcionar», como ocurre hoy en ciertas ocasiones.

El documento definitivo (¿ ?) será enviado la próxima semana al Consejo de Gobierno para su posterior publicación en el BOPA

La gerente del Servicio de Salud reconoce que las medidas son «duras» pero «excepcionales» para evitar la «ruina» del sistema público

El Sespa pide a los médicos «sacrificios para salvar la sanidad»

Pese a no haber acuerdo con los sindicatos, la nueva jornada se aplicará desde el 1 de septiembre. «Es un imperativo legal», dice la gerente del Servicio de Salud

Foto: Concentración de ayer en el Hospital “Valle del Nalón”

25.08.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

«Espíritu de sacrificio para salvar la empresa hasta que pase el chaparrón». Eso es lo que le pide la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) a los trabajadores sanitarios y, en especial, a los médicos que ya hablan de convocar una huelga en octubre en protesta por los ajustes. Celia Gómez, que el miércoles acudió a la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, salió ayer al paso de las críticas realizadas por los sindicatos, que acusan al Gobierno asturiano de aplicar el recorte sanitario «más duro» de España. Las centrales sindicales de la sanidad, todas sin excepción, han rechazado la propuesta de ampliación de horarios elaborada por el Principado para los que trabajen en hospitales y centros de salud. De hecho han recibido el planteamiento de la Administración como «una declaración de guerra».

El aumento de la jornada (pasar de las 35 a las 37,5 horas semanales) es una exigencia del Gobierno central como medida para reducir el déficit público. En Asturias, el Ejecutivo del socialista Javier Fernández calcula que la medida permitirá reducir el gasto sanitario en una cuantía que oscila entre los 13 y los 17 millones de euros anuales. La hará reduciendo las contrataciones eventuales y convirtiendo en jornada ordinaria lo que ahora se abona como horas extra (peonadas médicas) y guardias. También modificará los turnos, los descansos y las vacaciones. Se pasará de una jornada de 1.519 horas o otra de 1.650 horas anuales.

La gerente del Sespa entiende el malestar de los trabajadores. «A ninguno nos gusta ir hacia atrás, pero hay que entender que son muy malos tiempos y que son medidas para tiempos de crisis». Gómez insiste en que la situación financiera «es grave. Han bajado los ingresos y ya no hay capacidad para mantener el mismo nivel de gastos», explicó. Pese a todo, «en Asturias hemos preferido que el aumento de jornada salga de medidas extraordinarias, como pueden ser las peonadas o las contrataciones eventuales, que no del cierre o desaparición de servicios. Además, lo hacemos manteniendo la provisión pública, algo que no pueden decir todas las comunidades», detalló.

La nueva responsable del Sespa lamentó la falta de acuerdo. No obstante, y pese a que el Principado se ha quedado solo en su planteamiento, la ampliación de jornada sanitaria se aplicará a partir del 1 de septiembre, confirmó. El documento será enviado la próxima semana al Consejo de Gobierno para su posterior publicación en el BOPA. Gómez cree que son tiempos «de negociación con sacrificios» y aunque se mostró totalmente partidaria del diálogo, reconoció que «el margen que tenemos es estrecho. La ampliación de jornada es un imperativo legal».

Críticas a los facultativos

Por su parte, los sindicatos CC OO y UGT criticaron la postura de determinadas centrales (en alusión a los médicos), «que sólo buscan proteger los privilegios de unos pocos». Los secretarios generales de UGT y CC OO de Asturias, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, respectivamente, pidieron al Gobierno regional que muestre su compromiso con los servicios públicos y que no dicte recortes que «socaven» su calidad. En este sentido, indicaron que «hay algún tipo de trabajador de la sanidad que parece que está más en aquello de lo mío que en proteger el sistema de forma global». Ambos recalcaron que «los médicos no son los únicos que forman parte del sistema sanitario» y que «hay multitud de trabajadores que no llegan a los mil euros». Similares críticas se oyeron en la concentración que se celebró por la mañana frente al HUCA para protestar por los recortes. Alejandro González, de CC OO, advirtió de que «no nos movilizaremos porque vayan a desaparecer las peonadas que son un privilegio de algún colectivo de este hospital». Finalmente, la presidenta de la Junta de Personal del HUCA, María José Fernández, instó a sus compañeros a «dejar de trabajar como chinos y hacerlo por la cuantía que nos pagan. Trabajamos a ritmo de orquesta, pero se tienen que enterar de que la orquesta se ha quedado muda».

El Principado asegura que no podrá sostener la sanidad si no amplía la jornada del personal

El Sespa subraya que «con la caída de ingresos y de la disponibilidad del gasto tenemos márgenes muy estrechos» para mantener los servicios

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

El Principado justificó ayer la necesidad de aplicar «medidas excepcionales y duras», que incluirán la supresión de empleos, para que la sanidad asturiana «sea sostenible». Los responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa) rechazaron que la aplicación de la nueva jornada laboral sea más lesiva en Asturias que en otras autonomías aunque reconocieron que supondrá «un sacrificio» para los trabajadores y eludieron dar cifras del número de empleos que se destruirán como consecuencia de la ampliación de jornada. Frente a la advertencia de una huelga general para el próximo otoño, la gerente del Sespa, Celia Gómez, apeló «a la vocación de servicio público» de las plantillas de la sanidad.

El Principado eludió entrar en una confrontación con los sindicatos profesionales de la sanidad asturiana que 24 horas antes habían calificado de «declaración de guerra» la nueva jornada laboral, resultante de la ampliación de dos horas y media semanales a toda la plantilla. La gerente del Sespa afirmó que la implantación de la nueva jornada, que pasará a ser de 1.650 horas anuales, «viene marcada por la ley de presupuestos generales del Estado y en un contexto de obligación de reducir el déficit. Hay que tomar medidas excepcionales y, lógicamente, son duras». Celia Gómez afirmó que los recortes son obligados por la actual situación económica. «Los ingresos están bajando y la disponibilidad de gasto disminuye. Aquí priorizamos los servicios públicos pero ello no impide que haya ajustes internos. Tenemos que lograr más eficiencia para permitir la sostenibilidad del sistema sanitario público», defendió la gerente del Sespa, que destacó el cambio de escenario respecto a los procesos negociadores en la época de bonanza económica. «Acostumbrados a negociar mejoras, ahora el incremento de jornada hace más difícil llegar a un acuerdo. Entiendo la posición de los sindicatos pero nuestra obligación es garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Reconocemos que estamos ante un esfuerzo excepcional, el mismo que nos demanda la sociedad para mantener la sanidad pública», afirmó la gerente del Servicio de Salud del Principado.

Los sindicatos profesionales de la sanidad asturiana sostienen que la organización del trabajo que pretende ahora el Principado supone «un retroceso de 30 años», que hace especial mella en el cómputo de horas del turno rotatorio y en las «peonadas», los programas especiales que hasta ahora se remuneraban de manera extraordinaria y que pasarán a cubrirse dentro de la jornada ordinaria. «Si cuando disminuyó la jornada aumentaron los descansos, es lógico que ahora con la ampliación suceda al revés y se incremente la presencia de profesionales del Sespa en los centros», planteó Celia Gómez, quien evitó entrar en cifras del volumen de empleos eventuales que se suprimirán por la ampliación de la jornada.

Los sindicatos hablan de la pérdida de más de mil empleos en la sanidad, que afectará tanto a médicos como a enfermeros y auxiliares que hasta ahora eran contratados como eventuales, de forma regular. «Esos cálculos no son adecuados», valoró la gerente del Servicio de Salud del Principado, quien destacó que «no se destruye empleo estructural de plantilla». No obstante, Celia Gómez reconoció que con la ampliación de la jornada laboral «harán falta menos horas extraordinarias y menos contratos eventuales». El Principado dice estar abierto a la negociación con los sindicatos aunque el próximo Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar la implantación de la nueva jornada, para su aplicación a partir del 1 de septiembre.

El SIMPA ya ha anunciado que presentará una contrapropuesta en los próximos días. «El diálogo está abierto pero los márgenes son muy estrechos», afirmó la gerente del Sespa, que al ser preguntada sobre la posibilidad de un «otoño caliente» en la sanidad asturiana, con una huelga general en el mes de octubre, apela a la responsabilidad del conjunto de la plantilla.

«Los profesionales del Sespa son conscientes de la situación en la que estamos y quieren que siga existiendo una sanidad pública. No renunciamos a que sea un servicio público sostenible. Plantear otras políticas sería engañarnos y llevar la sanidad a la ruina», defendió Celia Gómez, quien aseguró que las medidas excepcionales «serán necesarias hasta que la situación económica del país cambie».

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Termo, fiambrera y, por tanto, salas de estar, que no hay, debidamente acondicionadas para “el pincho”

La Junta de Personal pide a Función Pública «habilitar salas para comer de tupperware»

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España

En el edificio inteligente del Principado, el EASMU, ubicado en Llamaquique, no hay salas con un microondas o con un grifo, que puedan usar los trabajadores públicos en la hora del almuerzo. La anécdota cobra especial importancia en tiempos de crisis. Tanto es así que la Junta de Personal pidió ayer a los responsables de Función Pública que se habiliten salas para que puedan hacer las veces de comedor a la hora del almuerzo.

«Muchos trabajadores ya no pueden permitirse almorzar de menú en los restaurantes o las cafeterías y llevan la comida en el tupperware. Algunos van a comer al Campo San Francisco y luego toman un café en una cafetería. Los hosteleros de los alrededores han notado el bajón en la afluencia de funcionarios», asegura Miguel Ángel González, presidente de la Junta de Personal de la administración autonómica. «Es una consecuencia más de los recortes que venimos sufriendo los empleados públicos», afirmó el representante sindical. La Junta de Personal trató ayer con Función Pública la ampliación de la jornada laboral. Esa reunión sirvió para que el Gobierno regional confirmase que será flexible en la aplicación de la nueva jornada. Función Pública mantendrá como horario obligatorio para el personal de las consejerías la franja comprendida entre las 9 y las 14 horas. El resto, hasta completar las 37 horas y media o las 40 (en el caso de la dedicación especial), podrá cumplirse en los siguientes tramos: de 7.30 a 9, de 14 a 15 horas y de 16 a 19.30 horas. «Pese a esa concesión, salimos de la reunión con Función Pública con una valoración bastante negativa», declaró a este periódico Miguel Ángel González. «El Principado no tiene voluntad política de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ampliación de la jornada, decidida por el Gobierno central. Nos han dicho que los servicios jurídicos lo están estudiando. Pero llevan un mes dándonos la misma respuesta», precisó González.

El Principado habilitará comedores para los funcionarios en edificios públicos

El Ejecutivo quiere compensar con esta medida el incremento de horas de los empleados y su pérdida de poder adquisitivo por la aplicación de los recortes

25.08.12 - JOSÉ A. GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

El Principado puso ayer negro sobre blanco la propuesta que aprobará el Consejo de Gobierno y que incluye los ajustes a los empleados públicos de la Administración regional. Medidas, entre las que se incluye la ampliación de la jornada laboral a los funcionarios. Los sindicatos no suscriben este planteamiento y así lo han trasladado en las reuniones que se han celebrado a lo largo de la presente semana. Aseguran que no pueden compartir unas medidas que suponen una regresión en los derechos de los trabajadores.

Pocas compensaciones para tanto retroceso, opinan los representantes sindicales, que salen de estas conversaciones con dos compromisos por parte de la Administración regional. El primero, ya conocido, la flexibilización a la hora de aplicar las dos horas y media más que tienen que trabajar los funcionarios desde el pasado mes de julio. La segunda, desvelada ayer, es que se habilitarán en todos los edificios públicos espacios a disposición de los empleados para que estos, si lo consideran oportuno, puedan almorzar. Los sindicatos habían trasladado esta solicitud como contrapartida al hecho de que los empleados públicos tendrán ahora que hacer dos horas y media más a la semana, además de que tendrán menos poder adquisitivo por los recortes en sus nóminas

La propuesta definitiva para los empleados públicos, cerrada con el rechazo de todas las centrales presentantes en la Mesa General, será ahora trasladada al Consejo de Gobierno para su aprobación, que no se producirá antes de dos semanas. El motivo es que el decreto que regula la actividad de los funcionarios es una disposición de carácter básico y eso significa que se deben habilitar diez días como periodo de alegación para que cualquier ciudadano pueda hacer observaciones a la propuesta.

Los sindicatos acudirán a ese periodo de alegación para mostrar su rechazo y ofrecer sus alternativas. No les valen los argumentos del Gobierno regional ni tampoco que no se plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se produce una invasión de las competencias en materia de función pública.

De momento, los sindicatos anuncian un final del verano «caliente» con más movilizaciones. La mirada está puesta en la gran marcha en defensa de los sectores públicos prevista para el próximo 15 de septiembre en la que, según estimaciones de las centrales, podrían desplazarse a Madrid desde Asturias más de cinco mil personas.

Pino y Braga insisten en que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional

25.08.12 - J. A. G. | OVIEDO, en El Comercio.

Varias capitales de provincia de toda España fueron escenario ayer, a las once horas, de marchas y concentraciones para protestar contra los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Asturias no fue una excepción. Varios cientos de empleados públicos, todos ataviados con prendas de color negro, en señal de luto por los servicios públicos, protagonizaron ayer la marcha por el centro de Oviedo, en un recorrido que les llevó desde Delegación del Gobierno hasta la Junta General. En la concentración también estuvieron presenten los responsables regionales de los dos sindicatos mayoritarios: Justo Rodríguez Braga, por parte de UGT, y Antonio Pino, de Comisiones Obreras. Ambos tienen claro que el Principado no puede dar su brazo a torcer ante las medidas de ajuste impuestas por el Gobierno de Rajoy.

Rodríguez Braga advirtió de que su sindicato no va a aprobar ninguna medida «regresiva» para los trabajadores, en alusión a la propuesta presentada por el Principado para los funcionarios públicos. No obstante, el líder de UGT en Asturias se mostró comprensivo con el Gobierno regional y recordó que las medidas vienen «impuestas» por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dicho esto, Justo Rodríguez Braga no tiene dudas y opina que el Principado debe dar un paso adelante y presentar recurso de anticonstitucionalidad ya que las citadas medidas «vulneran las competencias de la comunidad autónoma».

Más beligerante fue Antonio Pino. El secretario general de CC OO advierte de que ya sea por la vía de las demandas judiciales o por la rebeldía en la aplicación de alguna medida, «las regiones tienen que poner un pie en pared». Aseguró que su sindicato no comparte la idea de que los recortes deban tener repercusión sobre el empleo y por eso insta al Ejecutivo de Javier Fernández a buscar otras medidas de ahorro en los servicios públicos y evitar así que el perjuicio de los trabajadores.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA