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PRENSA

Hoy todas las miradas estarán puestas en la reunión en Industria…

Hoy todas las miradas estarán puestas en la reunión en Industria…

En el día de ayer…

Los piquetes impiden a los trabajadores de los Economatos acceder a sus puestos

RTPA

Los economatos de Hunosa continúan hoy sin abrir sus puertas al público ya que los piquetes mineros han impedido que los trabajadores, que el fin de semana decidieron mediante una asamblea poner fin a su huelga de apoyo al sector, vuelvan hoy a sus puestos de trabajo.

Las puertas de los doce economatos de las comarcas mineras continúan hoy cerradas a cal y canto. Esta mañana, los piquetes mineros han impedido que los 116 empleados vuelvan a sus centros de trabajo después de dos meses en huelga en solidaridad con el sector.

A pesar de que su apertura al público no estaba prevista hasta mañana, hoy era el día elegido por los trabajadores para reponer la mercancía necesaria, que finalmente no ha llegado a su destino

Aunque hoy los camiones y los trabajadores se han visto obligados a dar la vuelta, puede que el miércoles vuelvan a los Economatos, y es que la reunión que mañana tendrá lugar entre los sindicatos y el Ministerio de Industria podría desbloquear la situación de huelga indefinida.

La minería prepara el regreso a los tajos

Las centrales estudian «cambiar el escenario» y piden a la patronal que «deje la ambigüedad» y diga qué producción y empleo garantiza

UGT y CC OO decidirán tras la reunión de esta mañana con Industria si desconvocan la huelga

31.07.12 – OVIEDO, en El comercio.

La decisión no está tomada, a la espera de lo que ocurra este mediodía durante la reunión que sindicatos y patronal mantendrán en el Ministerio de Industria, pero todo indica que la minería asturiana podría poner fin en las próximas horas a una huelga indefinida que hoy cumple su jornada 63. El sector se prepara ya para un inminente regreso a los tajos después de que los mineros de Aragón anunciaran el domingo que mañana volverán al trabajo. Lo que está menos claro es si las federaciones de UGT y CC OO adoptarán en Asturias la decisión de manera conjunta o no, como ocurrió el domingo en Aragón. Ayer, por lo pronto, sus representantes optaron por estudiar la estrategia a seguir por separado. Ninguna quiere desvelar sus cartas aunque la más proclive a la posible desconvocatoria de la huelga es CC OO, que ayer celebró una asamblea informativa con sus afiliados de la minería pública y privada, en torno a 500, para analizar el conflicto.

Primero se reunieron en Nalón, luego en Caudal y finalmente en Oviedo donde hoy mantendrán una asamblea permanente para tomar una decisión definitiva sobre el conflicto una vez conozcan las noticias que llegan de Madrid. Su secretario general, Maximino García, adelantó ayer que las movilizaciones que el sector ha mantenido hasta ahora han conseguido «escasos o nulos resultados» por lo que es necesario, dice, «cambiar la metodología de la negociación».

«Las medidas que está tomando el Gobierno con el resto de sectores nos deben hacer a los sindicatos no parcializar los conflictos sino aglutinar de manera clara todo lo que está aconteciendo en el país creando una masa crítica, no sólo de la minería sino de la sociedad en general, que impulse movilizaciones contundentes para que el carbón tenga una solución igual a la del resto de sectores, pero no de manera aislada», argumentó tras recordar que «siempre manifestamos que esto era un conflicto a largo plazo y no se puede mantener la huelga indefinida. Somos los primeros que debemos intentar que eso no se dé», advirtió un día después de que los mineros de Aragón decidieran descolgarse de la huelga.

El sindicalista no ocultó su pesimismo ante la nueva reunión con Industria tras los «nulos» avances logrados hasta ahora. CC OO la afronta con el objetivo de que el Gobierno ponga los mecanismos necesarios para que ninguna empresa vaya al cierre este año. «A partir de ahí estamos dispuestos a hablar del nuevo plan minero», apostilló.

Pero a la luz de las declaraciones que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, realizó la semana pasada en el Congreso esa posibilidad parece muy lejana. El ministerio se ha marcado como objetivo prioritario sacar adelante con la mayor brevedad posible un nuevo plan del carbón 2013-2018 que se muestra dispuesto a ejecutar en solitario. Tendrá como eje central la reindustrialización de las comarcas mineras después de que, según criticó, en los últimos 22 años la atención haya estado mucho más centrada en maximizar el volumen de ayudas que en encontrar una alternativa real para esos municipios.

Hoy no será Soria quien se reúna con los representantes sindicales y de la patronal que acudirán al ministerio, sino el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, y tampoco el formato de la reunión coincidirá con el de una comisión de seguimiento al uso.

Como ya ocurrió hace algunas semanas, Industria sólo ha invitado al encuentro a dos representantes de la parte sindical y de la patronal a quien las centrales pidieron ayer que «deje la ambigüedad» y «diga con claridad qué recortes asumen y qué producciones, empleo y salarios van a garantizar». «Queremos que se postule, porque no se ha pronunciado claramente y siempre se han mantenido en medio de la cuerda», aseguró un representante de CC OO. Por su parte, desde la patronal minera confesaron que mantienen pocas esperanzas en que la reunión de hoy ayude a desbloquear el conflicto.

Lo que está por ver es la decisión que adoptará el otro sindicato con quien las relaciones, según reconoció ayer García, no pasan por su mejor momento y que mantiene a diez de sus afiliados encerrados en los pozos. «Seguimos pensando que la guerra en solitario no se gana y que hay que intentar unificar criterios para buscar una salida al conflicto, pero nosotros no rompimos ninguno de los acuerdos y quien rompe los acuerdos es quien tiene que intentar sentarse en una mesa y dar explicaciones», argumentó García.

Desgaste y decepción

De manera oficial, ninguna de las dos federaciones reconoce que la desconvocatoria de la huelga se hará efectiva hoy, con independencia del resultado de la reunión con Industria, pero el cansancio de los trabajadores, tras dos meses sin cobrar su nómina, y la decepción tras los escasos resultados de la protesta es evidente. De hecho, ya el viernes el comité de empresa de los economatos de Hunosa acordó en asamblea que ayer regresarían al trabajo.Un hecho que finalmente no se produjo ante la presencia de piquetes que terminó disuadiendo a los trabajadores que a primera hora de la mañana acudieron a los centros de trabajo. El encierro que los mineros mantienen en la Diputación de León también podría llegar a su fin este miércoles.

En las últimas horas, los propios encerrados han asegurado que en la situación actual y con la mesa del carbón de nuevo convocada «aquí estamos de más». Sin embargo han advertido de que la decisión final no está tomada y que por el momento «nada se sabe oficialmente». El regreso al tajo de los mineros de Aragón, junto con el más que probable abandono del encierro en León, podría provocar una sucesión de acontecimientos en cadena que llevaría a retomar la actividad en el sector en los próximos días.

Los mineros de Asturias y Castilla y León valoran levantar mañana la huelga

FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO supeditan la vuelta al trabajo a los resultados de la reunión que mantendrán hoy con el Ministerio

Oviedo, Andrés VELASCO, en La Nueva España

El resultado de la reunión que hoy mantendrán los sindicatos y la patronal con el Ministerio de Industria será fundamental para el futuro del conflicto del sector del carbón. Tanto desde FITAG-UGT como desde la Federación de Industria de CC OO en Asturias y Castilla y León están valorando la posibilidad de que los mineros vuelvan a sus puestos de trabajo el día 1 de agosto, es decir, mañana. En todo caso, el encuentro con el Secretario de Estado de Energía este mediodía se antoja decisivo a la hora de adoptar una u otra postura. Los trabajadores del sector del carbón llevan ya más de dos meses de huelga y la situación económica de muchos mineros presiona hasta poder desencadenar el fin de la huelga en pocas horas. Quienes sí entrarán mañana en los pozos serán los mineros de Aragón, en una decisión que ha sorprendido tanto en el Principado como en Castilla y León.

Las centrales mineras tienen previsto mantener hoy diversas asambleas con sus afiliados una vez se sepan los resultados de las conversaciones con el Ministerio de Industria para decidir si ponen fin o no a la huelga. De la reunión con el Gobierno, las centrales esperan al menos un compromiso que les garantice la supervivencia del sector y poder levantar la huelga indefinida convocada a finales del mes de mayo. El problema llegará en el caso de producirse discrepancias entre los sindicatos sobre el levantamiento del paro. Si CC OO decidiera en solitario la vuelta al trabajo se encontraría con 10 mineros del SOMA encerrados en los pozos Candín y Nicolasa.

Ayer, la Federación de Industria de CC OO en Asturias ya celebraba una primera asamblea con sus afiliados -casi medio millar asistieron- en la que el secretario general, Maximino García, explicó la situación actual del conflicto. Según explicó el propio responsable del sindicato, «vamos a plantear si continuamos en la movilización o no», aunque matizó que «la decisión la tendremos que tomar en el día de mañana -por hoy-, cuando vamos a tener una asamblea para que, una vez que se conozcan los resultados de la reunión con el Gobierno, podamos plantear si hay algún avance que nos permita normalizar la situación en las minas». En el caso de que no haya avances, García tampoco descartó la desconvocatoria de la huelga: «Plantearemos también si, estratégicamente, indistintamente de que no existan avances, abordamos una nueva estrategia».

Cuestionado sobre sí se ha producido algún avance en las conversaciones con Industria, García aseguró que «avances yo no vi ninguno», aunque explicó que «eso no significa que haya que buscar una excusa para volver al trabajo». «Si sindicalmente entendemos que hay que cambiar la metodología de la movilización lo tenemos que decir con valentía, porque además en este momento hay un Gobierno que sigue fuerte y tendremos que intentar sumar esfuerzos con el resto de sectores que también están en conflicto».

Por ello, el responsable de CC OO abogó por «intentar crear una masa crítica, no solamente en la minería sino de la sociedad en general que permita que el sector de la minería tenga solución igual que el resto de los afectados por la crisis». «Hay que ser conscientes de que en este momento se hizo una presión y una movilización importante, y no dio ningún tipo de resultado», admitió.

El SOMA guardó ayer silencio sobre la situación del conflicto y la reunión de hoy con Industria. Sin embargo, sí habló el responsable de Minería de FITAG-UGT en León, José Manuel Álvarez Maestro, quien indicó por su parte que el sindicato informará esta tarde a los afiliados de lo que suceda en la reunión de Madrid para tomar una decisión: «Nos sorprende lo que hizo Aragón, tendrán sus motivos, pero lo lógico es que esta tarde y a tenor de la postura que demuestre Industria por la mañana, nosotros decidamos hacia donde gira la movilización». Y así lo vamos a hacer apuntó.

En la misma línea, el responsable de minería de la Federación de Industria de CC OO en Castilla y León, Augusto Pires indicó que «vamos a esperar a ver qué pasa en la reunión y a partir de ahí ver si volvemos al trabajo o no en los próximos días». También se desmarcó la decisión tomada por los trabajadores aragoneses. «Ha sido algo precipitada, ellos sabrán porque lo han hecho», finalizó.

El sector insiste en no perder empleos

Las centrales y la patronal reclaman, en el plan de negociación remitido a Industria, que este año no haya cierres y que todo el dinero de la reactivación se invierta

Langreo / Mieres, L. M. D., en La Nueva España

Que las empresas puedan permanecer abiertas y que este año 2012 no se pierdan empleos. Estos dos son los principales objetivos de los sindicatos FITAG-UGT y Federación de Industria de CC OO y de la patronal minera Carbunión en la reunión que mantienen hoy por la mañana con representantes del Ministerio de Industria.

En el documento que centrales y patronal propusieron al Gobierno como posible base de un acuerdo para acabar con la huelga indefinida en el sector minero del carbón se hace hincapié, principalmente, en dos puntos: que la reducción de ayudas a las empresas no suponga el cierre de alguna de ellas y que, de esta forma, no se pierdan puestos de trabajo en el sector. En el acuerdo conjunto se llega a aceptar la reducción de ayudas prevista en los Presupuestos Generales de este año, en los que las ayudas pasaron de 301 a 111 millones. En el documento sindicatos y patronal manifiestan «la plena disponibilidad de las partes a negociar cualquier solución que permita salvar el 2012, sin incremento de los Presupuestos Generales recientemente aprobados». Eso sí, solicitan que, en las reducciones de los años próximos, se tome como cantidad «base» la de 2011, y que se cumplan los parámetros acordados en el plan de cierre de la Unión Europea (UE) en cuanto a la reducción de ayudas: un 15,5% en 2013; un 25% en 2014 y 2015; el 40% en 2016; el 60% -este año ha sido del 63- y del 75 por ciento en 2018, año en el que las minas deficitarias tendrían que cerrar definitivamente.

Sindicatos y patronal subrayan el acuerdo que ya han enviado propuestas para el futuro Plan del Carbón 2013-2018 -que Industria dice que ya ha empezado a redactar en solitario-. Solicitan además que las reducciones de presupuesto de este año en los capítulos correspondientes a la reactivación económica, infraestructuras y formación «deberán recuperarse» en «ejercicios posteriores del siguiente plan», y advierten que hay proyectos iniciados que hay que finalizar.

También piden que se convoquen cuanto antes las ayudas a la producción de 2012, que exista un compromiso de consumo de carbón nacional, que se analice el plan de Hunosa y se cumpla en materia de plantilla y de diversificación económica. Además, reclaman «la puesta en marcha del Plan Social». La reunión de hoy dilucidará si el Gobierno está dispuesto a cumplir alguno de estos puntos.

Llamazares pregunta al Gobierno por el carbón importado de El Musel

El diputado de IU quiere conocer su relación con los recortes al sector en España

Mieres del Camino, A. V., en La Nueva España

El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para que explique diferentes aspectos del almacenamiento de carbón importado de Colombia por la empresa Goldman Sachs en el puerto gijonés de El Musel.

Llamazares cuestiona al Ejecutivo del PP sobre qué sabe del almacenamiento del mineral «con el objetivo de especular en mercados futuros». Además, pregunta al Gobierno «la relación del almacenamiento de carbón importado con los recortes a las explotaciones españolas y la previsible escasez de carbón propio». Por último, quiere conocer «las medidas para garantizar que ese mineral cumple con todas las garantías de la Organización Internacional de Trabajo sobre la edad y las condiciones» de los mineros.

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Protestas por los recortes…

Protestas por los recortes…

Los discapacitados protestan por el recorte del 72% de las ayudas a sus ONGs

Más de trescientas personas llevan hasta Presidencia su protesta y advierten de que habrá más acciones

Foto: Los concentrados, con paraguas para parar el ’chaparrón’ de los recortes, ayer, ante la sede de la Presidencia del Principado

31.07.12 -E. C. / AGENCIAS | OVIEDO, en El Comercio.

Más de trescientas personas con discapacidad se concentraron ayer, por segunda vez, en los últimos meses, ante la sede de la Presidencia del Gobierno del Principado, para pedir protestar y pedir que no sean tan acusados los recortes en ayudas al sector en este año, que cifran en el 72 % respecto a 2011.

Convocados por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que preside Mónica Oviedo, los manifestantes hicieron llegar su protesta a las autoridades a través de muchas pancartas reivindicativas, paraguas con grafiti, pegatinas, cánticos y griterío.

Precisamente fue Mónica Oviedo quien tomó el micrófono y se dirigió a los manifestantes para destacar que el recorte en ayudas a las ONG del sector alcanza el 72 % y es «inasumible». Les ha explicado que han entregado un documento al Gobierno regional y que quieren respaldarlo con la protesta en la calle. Y advierte de que habrá más concentraciones de este tipo.

Quejas de los mayores

Por otra parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores (FAMPA), Dolores San Martín, aseguró ayer que no admitirán la congelación de las pensiones ni «cuanto menos» la bajada, y ha criticado los recortes del Gobierno de España asegurando que perjudican «a los más desfavorecidos». La posibilidad de que los recortes se extiendan a las pensiones supondría la «puntilla definitiva» para las personas mayores, aseguró San Martín tras su reunión con el presidente del Principado, Javier Fernández, para exponerle las inquietudes de la Federación. Fernández les mostró su apoyo y les ha prometido intentar por todos los medios que la federación, que aglutina a 62.000 personas, siga funcionando.

Los discapacitados protestan ante el Gobierno por el recorte del 72 por ciento en las ayudas

Programas de formación, orientación, empleo, transporte y servicios podrían desaparecer si el Principado mantiene los ajustes anunciados

Oviedo, V. B. ARDUENGO, en La Nueva España

«Molestos, preocupados e indignados». Así se declaraban ayer las casi trescientas personas que se manifestaron ante la sede del Gobierno del Principado, en Oviedo, para protestar por el recorte del 72% en las ayudas que reciben para la atención a la discapacidad. Afectados, trabajadores y voluntarios de distintas organizaciones del sector se concentraron, convocados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que aglutina a la mayor parte de las asociaciones del sector.

El recorte es el resultado de la disminución del 43% en las partidas que dependen de Sanidad, el 66% de Bienestar Social y el 100% de las correspondientes a formación y empleo.

Gritando «¡Ni un paso atrás!», «Recortes no» o «Presidente, ¿dónde estás?», los manifestantes se hicieron oír durante más de media hora a la puerta de la sede del Principado, donde la presencia policial fue escasa. Decenas de afectados en sillas de ruedas y una intérprete de lengua de signos, que tradujo la declaración leída en el acto, se colocaron ante las numerosas pancartas que decían: «No recortes mis derechos a la comunicación».

En el manifiesto, leído por Mónica Oviedo, directora del CERMI en Asturias, el sector declaró que no va a permitir el desmantelamiento de más de 30 años de trabajo, ya que cree que las organizaciones en defensa de estas personas ofrecen proyectos que la Administración no dispensa. «Si las ONG no prestan servicios a los discapacitados, nadie lo va a hacer», lamentó Mónica Oviedo.

El CERMI espera que el Gobierno asturiano recapacite, ya que el sector considera una «prioridad» para la Administración la atención a este colectivo, y recuerda que «no pedimos dinero, pedimos derechos». Mónica Oviedo subrayó además que ya vienen sufriendo recortes desde hace años, pero esta vez es «drástico e inasumible».

El comité de las personas con discapacidad representa a un 13% de la población asturiana, unas 140.000 personas, de las cuales más del 50% carecen de recursos y tienen que hacer frente a un sobrecoste del 30% debido a su minusvalía. A todo ello hay que sumar, aseguró Oviedo, la subida de impuestos y el coste de medicamentos, entre otras cosas.

Los presupuestos aún no han sido cerrados, así es que las asociaciones confían en que se cumplan las promesas electorales de que los recortes no serían tan acusados. El presidente de la asociación Predif Asturias, Javier Rubio, confesó a LA NUEVA ESPAÑA que si el ajuste finalmente se lleva a cabo afectará a «todo», así es que tendrán que prescindir de formación, orientación, empleo, transporte adaptado y todo tipo de servicios que se dan a las personas discapacitadas. Añadió también que «dependiendo de la respuesta que obtengamos del Principado, realizaremos más manifestaciones y serán cada vez más intensas».

Mónica Oviedo afirmó que no van a consentir que los sectores más débiles de la sociedad paguen la crisis económica porque los mercados lo exijan, además «los discapacitados no tienen por qué hacer ese esfuerzo». Oviedo recordó a los asistentes que la reforma de la ley de Dependencia tampoco ayuda al sector, que «nunca ha llegado a disfrutar de los mismos servicios que el resto de la población». Por todo ello, pidió ser una «prioridad en las políticas del Gobierno regional, a pesar de que los recortes se lleven a cabo a nivel nacional».

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Investigación galardonada con uno de los premios otorgados en el último congreso de la Sociedad Europea de Neurosonología y Hemodinámica Cerebral…

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El centinela de la esclerosis

Un estudio dirigido por la asturiana Jéssica Fernández muestra la eficacia de la ecografía en el diagnóstico de las patologías desmielinizantes

Oviedo, Santiago CID, en La Nueva España

Un estudio coordinado por la neuróloga y responsable de la Unidad de Neurosonología y Hemodinámica cerebral del Centro Médico de Asturias, Jéssica Fernández, ha demostrado la eficacia de la ecografía como técnica de diagnóstico de enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple. Los resultados de esta investigación indican que existe una diferencia en el diámetro del nervio óptico entre las personas que padecen esta enfermedad y aquéllas que están sanas.

Las patologías desmielinizantes son un grupo de enfermedades caracterizadas por la destrucción de la mielina. Entre ellas, la más conocida y más común es la esclerosis múltiple, una dolencia que afecta principalmente a gente joven, de entre 20 y 40 años. En España se calcula que la padecen 120 de cada 100.000 habitantes, 120 personas padecen esta enfermedad.

Habitualmente, la esclerosis cursa en brotes, en períodos en los que se presentan alteraciones neurológicas, con recuperación posterior. Sin embargo, en ocasiones los síntomas pasan inadvertidos tanto para el paciente como para su médico. Aunque aún no existe cura para esta enfermedad, en la actualidad se dispone de abundantes tratamientos dirigidos a modificar su evolución. Se prevé que en los próximos años el tratamiento de la esclerosis experimente grandes avances y se disponga de múltiples estrategias que deberán ser adaptadas a las circunstancias de cada paciente.

«El nervio óptico es accesible para el estudio, y en los últimos años el uso de la tomografía por coherencia óptica para el estudio de daño en dicho nervio entre los pacientes con esclerosis múltiple ha cobrado cierto auge», señala la doctora Fernández. «Esta técnica ha demostrado que es útil para valorar la existencia de atrofia del nervio óptico en pacientes con esta enfermedad, incluso en aquéllos en los que nunca ha dado síntomas de afectación», precisa la neuróloga.

El objetivo de los autores de esta investigación -Jéssica Fernández, Raquel García y Valentín Mateos- se centraba en valorar si existen diferencias en el diámetro del nervio óptico entre un grupo de pacientes con esclerosis y otro grupo de voluntarios completamente sanos. Se pretendía, de este modo, «diagnosticar por este método la existencia de una atrofia del nervio óptico». Para ello, los especialistas compararon las medidas del diámetro de este nervio entre ambos grupos y recogieron si habían presentado clínica de neuritis óptica en algún momento de su vida.

Al comprobar los resultados, se encontraron con una diferencia significativa en el diámetro del nervio óptico entre los voluntarios sanos y los enfermos. En estos últimos, el grosor está disminuido, lo que se traduce en la existencia de una atrofia de nervio óptico. Asimismo, la técnica mostró que la diferencia está presente tanto en los pacientes que habían presentado clínica de neuritis óptica en algún momento de su vida, como en los que no.

Por otro lado, el estudio puso de relieve que el uso de la ecografía para valorar el nervio óptico se mostró como «altamente sensible y específica para el diagnóstico de esa atrofia óptica». Esta técnica presenta numerosas ventajas frente a otras, como la tomografía por coherencia óptica. Entre ellas destacan «la rapidez al realizarla y su menor coste». «Podría acabar siendo una técnica que podemos utilizar en el futuro para el diagnóstico o seguimiento de estas enfermedades», señala Jéssica Fernández.

En cuanto a los efectos prácticos de la investigación, la neuróloga del Centro Médico indica que se trata de un «estudio piloto», por lo que «resulta arriesgado hacer una prospección de su potencial en el futuro». Admite, eso sí, que sí ha servido para «confirmar que la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una actividad silente», no conocida por el paciente y por el especialista, «en la que se atrofia el nervio óptico, sin que apreciemos síntomas ni cambios clínicos reseñables». Asimismo, han comprobado que los resultados son «superponibles a otras técnicas más costosas y que no están disponibles en todos los hospitales».

Los autores de la investigación han sido galardonado con uno de los premios otorgados en el último congreso de la Sociedad Europea de Neurosonología y Hemodinámica Cerebral. El estudio ha sido publicado en «Revista de Neurología». Especialistas de diversos centros nacionales han contactado con los neurólogos asturianos para solicitar información. Próximamente dará comienzo una nueva fase de colaboración con uno de los grandes hospitales de la red pública de Madrid. «Intentaremos demostrar que el uso de la ecografía es tan útil como el de la tomografía por coherencia óptica», señala Fernández, quien espera poder iniciar en los próximos meses el reclutamiento de pacientes para esta investigación.

Hoy se cumplen 64 días de huelga…

Hoy se cumplen 64 días de huelga…

Los problemas económicos fuerzan el fin de la huelga minera

Los mineros aragoneses volverán el próximo miércoles al trabajo después de 65 días de inactividad en contra de los recortes del Gobierno al sector del carbón

Foto: Mineros aragoneses, en una de las marchas que protagonizaron en su región.

EFE, Zaragoza.

Los mineros aragoneses volverán a la actividad el próximo miércoles, 1 de agosto, después de 65 días de huelga y numerosas movilizaciones con las que han querido protestar y rechazar los recortes anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy en las ayudas al sector. Así se ha decidido hoy en una asamblea celebrada en la localidad turolense de Andorra, a la que han asistido unas trescientas personas y en la que se ha decidido, por mayoría, volver a la actividad el 1 de agosto, ha explicado a Efe, Antonio Herrero, de CCOO.

La decisión se ha adoptado ante los problemas económicos que están sufriendo las familias mineras y también porque agosto es un mes inhábil en la política, ha dicho el dirigente de CCOO, al tiempo que ha dejado claro que no se han desconvocado las movilizaciones. Así, van a continuar con las "rutas miner", van a seguir celebrando reuniones con los grupos parlamentarios y volverán a pedir al Gobierno de Aragón que, si es posible, presione más al central para buscar una solución a esta situación.

A la espera del plan de Rudi

Y en función de cómo se desarrolle la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón prevista para el próximo martes y cómo se desarrollen los acontecimientos en el mes de agosto volverán a la huelga en septiembre o no. Pero esa será una decisión que se tomará en otra asamblea de trabajadores que se celebrará a principios de septiembre, ha insistido Herrero, quien ha reconocido que ahora tienen la vista puesta en la reunión del martes.

Están a la espera de ver qué cauces plantea el Gobierno para las empresas con dificultades y cómo se presenta el plan del carbón hasta 2018, además de los detalles del plan de reactivación de las comarcas mineras anunciado por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi.

Los mineros de Aragón dejan la huelga y vuelven a los pozos el próximo miércoles

Los trabajadores ratifican la decisión en una asamblea

CC OO de Asturias considera un error abandonar el paro antes de la reunión con Industria

Mieres del Camino, Agencias / A. VELASCO

Los mineros aragoneses han decidido, este domingo en una reunión en Andorra, desconvocar el miércoles, 1 de agosto, la huelga con la que llevan 63 días. La vuelta al trabajo se ha decidido dos días antes de que los sindicatos y la patronal se reúnan en Madrid con los responsables del Ministerio de Industria. Por ello, desde la Federación de Industria de CC OO en Asturias consideran que tomar la decisión de levantar la huelga antes de que se produzca ese encuentro «es un error».

La vuelta al trabajo el próximo uno de agosto se decidió ayer en una asamblea celebrada en la localidad turolense de Andorra, a la que han asistido unas trescientas personas y en la que se ha decidido, por mayoría, volver a la actividad. El responsable del sector de la minería de FITAG-UGT en Aragón, Aurelio Rodrigo, explicó que el motivo de la conclusión de la huelga ha sido «la esperanza de llegar a algún acuerdo con el Ministerio de Industria, Turismo y Energía». De esta forma, el responsable sindical indicó que «una de las peticiones» que tenían los mineros era que se convocasen reuniones para negociar. Por ello, y ante la esperanza de que el martes «se marque un calendario de reuniones y se continúen con las negociaciones» se ha decidido dejar el paro.

En cualquier caso, el responsable del sector de la minería de FITAG de UGT de Aragón advirtió de que «todavía no se ha desconvocado el calendario de movilizaciones», aunque de todas formas esperan hacerlo «conforme avance el diálogo con el Ministerio».

Mientras, la secretaria general de CC OO en Andorra (Teruel), María Ángeles Manzano, indicó que otra de las razones para desconvocar la huelga ha sido que el mes de agosto es «prácticamente inhábil». «Llevan 63 días de huelga, es más que suficiente, y la historia tiene que continuar, las movilizaciones siguen, pero la huelga no», aseguró Manzano.

Antonio Herrero, también responsable de CC OO en Aragón, indicó que en la decisión también han pesado «los problemas económicos que están sufriendo las familias mineras». En todo caso, no descarta volver a los paros. Por ello, todo dependerá del desarrollo de la reunión entre sindicatos, patronal e Industria prevista para el próximo martes y también de cómo se desarrollen los acontecimientos en el mes de agosto. En el caso de que no haya una salida satisfactoria, los mineros aragoneses podría volverán a la huelga en septiembre. En todo caso, la decisión se tomará ya en septiembre, en una nueva asamblea.

Esta postura de los mineros de Teruel no ha caído del todo bien en Asturias. Maximino García, secretario general de la Federación de Industria de CC OO en Asturias, aseguró a este diario que la decisión de levantar la huelga en este momento «es un error». «Nosotros creemos que tomar cualquier decisión antes de saber lo que ocurre el martes es ilógico», aseguró el responsable de CC OO, que precisamente hoy presidirá la asamblea de afiliados que los mineros asturianos de este sindicato celebrarán en Oviedo.

Una asamblea en la que según confirmó el propio García no se tomarán decisiones como la de Aragón. «Vamos a analizar el conflicto, ver hacia donde se puede llevar la movilización en el caso de que no haya acuerdos, y ver también hasta donde quieren llegar los afiliados para afrontar la reunión con el Ministerio de Industria», aseguró el responsable de CC OO. El sindicato, en todo caso, tiene previsto celebrar una nueva asamblea el martes, por la tarde, una vez que se conozca el contenido de las conversaciones mantenidas por la mañana con Industria, y ahí, sí, ya se tomarían decisiones sobre qué hacer con los paros y sobre si continuarán las protestas.

Los mineros de Aragón no son los únicos que volverán al tajo esta semana. Los economatos de la empresa Hunosa volverán a abrir la próxima semana. Los trabajadores de estos centros, que son gestionados por la empresa Lacera, decidieron en una asamblea celebrada el viernes en Sama abandonar la huelga indefinida y retornar a sus puestos de trabajo.

El PP de Castilla y León reconoce «discrepancias claras» con el Gobierno

Valladolid, Agencias

El secretario regional del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura ayer que si bien «no hay tensión entre el Gobierno y la Junta», si hay «discrepancias claras».

El secretario regional del PP asegura que «el Gobierno podría haber explicado mejor los recortes a la minería del carbón» y afirma «si uno escucha a lo mineros se da cuenta de que tienen parte de razón. Si escucha al ciudadano de la calle dice: yo también quiero una subvención para mantener mi negocio».

«Es una incógnita difícil de resolver, es una situación complicada», sentencia en relación con la minería del carbón, cuya problemática atribuye, como muchos miembros de su partido, al Gobierno socialista. Por ello, reclamó también un nuevo plan del carbón hasta 2018.

La minería, una batalla de cifras

El Gobierno asegura que el recorte en el sector es del 39%, y los sindicatos y los empresarios afirman que las ayudas caen en realidad un 64%

Mieres del Camino, Pablo CASTAÑO

Según un estudio científico publicado en el último número de la prestigiosa revista «Science», un grupo de hongos puso fin a la era del carbón hace ya 300 millones de años, ya que estos organismos desarrollaron un sistema para descomponer eficazmente la enorme biomasa vegetal que se acumuló en la tierra durante la era del Carbonífero. Hoy sigue extrayéndose ese carbón de las entrañas de la tierra, aunque en España la actividad tiene los días contados. No hacen falta estudios científicos para llegar a la conclusión que la supervivencia del sector es una cuestión de cifras, de dinero.

Más o menos ayudas públicas para tratar de igualar los costes de producción al precio de mercado del mineral suponen el mantenimiento o el cierre de las explotaciones y de ahí la guerra de cifras que mantienen las partes del conflicto. Desde la patronal Carbunión, los sindicatos mineros y el Gobierno del Principado de Asturias se destaca que el Gobierno ha recortado las ayudas a la extracción de carbón en un 64% en los presupuestos de 2012 y que ello conduce al cierre inmediato de la minas. Desde el Gobierno central del PP se afirma que el recorte en el plan de la minería es del 39%, en sintonía con el 32% del ajuste global del Ministerio de Industria, uno de los más afectados por el tijeretazo, y que no supone el fin del sector.

Pese a la disparidad de las cifras, todas son correctas, lo que cambia es el foco de atención. Carbunión, sindicatos y Principado se centran únicamente en las ayudas a la extracción de carbón, mientras que los dirigentes del PP aluden al total de las ayudas del plan de la minería, que incluyen además de las prejubilaciones, los fondos para proyectos de infraestructuras en las comarcas mineras, las ayudas de formación (las conocidas como becas mineras) y las subvenciones para nuevos proyectos empresariales que contribuyan a reactivar las Cuencas.

El argumentario que maneja el PP y que repiten una y otra vez sus dirigentes, con el Ministro de Industria, José Manuel Soria, a la cabeza, incide en que el recorte real del presupuesto del plan de la minería en 2012 es de 422 millones de euros, al pasar de 1.078 a 656 millones de euros. Esto supone un descenso del 39,1% «y no de más del 60% como dicen los sindicatos y la patronal», destacan desde el PP, que también argumentan que el de la minería es el sector que más fondos públicos recibirá del Ministerio de Industria en 2012. Además, apuntan que el Ministerio no ha tocado dentro del recorte la partida de las prejubilaciones, que está en 326 millones de euros, «dado su componente social».

El resto de partidas del plan de la minería sí han sufrido recortes que suman 422 millones. Los fondos para infraestructuras pasan de 289 a 101 millones, las ayudas a proyectos empresariales pasan de 120 a 39 millones de euros, las ayudas a la formación de 25 a 2 millones de euros y las ayudas a empresas mineras, donde se centra el grueso de la polémica, pasan de 309 a 186 millones de euros. Ese último tijeretazo es del 38,8%, similar al global del plan de la minería, pero en realidad es mayor porque con los 186 millones de euros presupuestados para 2012 también hay que pagar las ayudas del último trimestre de 2011, que el anterior Gobierno del PSOE dejó sin abonar, y que superan los 75 millones de euros. Con lo cual el dinero disponible para las ayudas a las empresas mineras en 2012 es de 111 millones de euros y el recorte con respecto al año anterior es del 64%.

Ese tijeretazo del 64% es el que ha llevado a decenas de mineros a encerrarse en explotaciones y edificios públicos, a cortar un día sí y otro también carreteras y líneas de ferrocarril y a iniciar una gran marcha reivindicativa a pie hasta Madrid. Ese es el 64% de recorte que denuncian la patronal Carbunión, los sindicatos mineros y el Gobierno del Principado de Asturias, que consideran que conduce al cierre la minería.

El argumentario de esta otra parte del conflicto también es reiterativo. Destacan que el Gobierno está incumpliendo el plan del carbón 206-2012, firmado por Gobierno, sindicatos y empresas y que la Comisión Europea impuso en diciembre de 2010 (entonces gobernaba en España el PSOE) el cese de ayudas al carbón en 2018, con un ritmo descendente, que partía en España de los 301,5 millones de 2011 y que tenía que ser de 226,1 en 2013 (el 25 % de reducción), de 180 en 2015 (40 %), de 120,6 en 2016 (60 %) y de 75,3 en 2017 (75 %). Los Presupuestos para 2012 fijan las ayudas en 186 millones, y a ellas hay que quitar 75 ya abonados en marzo que corresponden al último trimestre de 2011, con lo que quedan en 111 millones para 2012, unos niveles cercanos a los previstos para 2017, cuando ya estarían a las puertas del cierre todas las minas con ayudas. En un año se llevaría a cabo el ajuste previsto para cinco. Además, esta parte en el conflicto resta valor al mantenimiento de las prejubilaciones (326 millones) porque si la minería cierra son miles los trabajadores que se quedan sin esas expectativas.

De momento, las dos partes en conflicto no han dejado de moverse para defender sus argumentos, lo que no se ha movido un ápice son las cifras de los presupuestos. Un recorte del 39% en el plan de la minería y del 64% en la partida concreta de ayudas al producción del mineral, la que da oxígeno al sector para que no se extinga, la que mantiene vivo el vínculo con era del Carbonífero. Son más de 300 millones de años.

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Los líderes del PP se conjurarán hoy en el suicidio de los ajustes

Los líderes del PP se conjurarán hoy en el suicidio de los ajustes

Rajoy trata de embridar las discrepancias sobre el ajuste en las autonomías del PP

El Presidente se reúne hoy con los barones de su partido para recomponer las filas de cara al Consejo de Política Fiscal de mañana

Foto: ¡¡El que se mueva no sale en la foto!!…

Oviedo, Marcos PALICIO, en La Nueva España

El recorte de las ayudas a la minería fue «brusco» y «excesivo». El entrecomillado de la valoración del ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy podría corresponder por el tono a un destacado miembro de la oposición socialista, pero es del presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, que se dirigió en estos términos, por carta, al presidente del Gobierno y de su partido a comienzos de este mes. Es una pequeña muestra del amago de rebelión a bordo del PP, soliviantado en algunas comunidades por la tensión de tener que ejecutar un recorte cada vez más severo que compromete especialmente a los ejecutivos autonómicos. La inquietud de líderes destacados del poder autonómico, materializada este mes en las abstenciones de Castilla y León y Extremadura y el «sí crítico» de Galicia en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), parece haber inducido una urgente llamada a filas.

Rajoy ha convocado hoy a los barones autonómicos de su partido en la víspera del CPFF de mañana, en el que se fijarán los objetivos de déficit y deuda de las autonomías para 2013, con la previsión de un endurecimiento de las condiciones y la necesidad de evitar una nueva subversión dentro del partido del Gobierno. Se trataría de aplacar el malestar de algunos líderes regionales molestos por la recarga del ajuste sobre sus gobiernos autonómicos, por la impresión de estar soportando la mayor parte del trabajo o por la exigencia a las comunidades de regulaciones de empleo público y adelgazamiento institucional que, al decir de algunos, aún no han sido acometidos por el Gobierno central.

En este clima de exigencias crecientes y regiones pidiendo formalmente o amagando con solicitar el rescate, pasar agosto a gusto es ya una posibilidad que ni se plantea, con las vacaciones de los miembros del Ejecutivo reducidas a quince días no muy lejos de Madrid, y tres consejos de Ministros convocados para el próximo mes; pero lo primero, a la vista de la que está cayendo, debe ser mantener bajo control el «fuego amigo», recomponer las filas.

Si los calificativos de Herrera cuestionando los recortes podrían llegar a caber en las críticas de los socialistas, el sistema también funciona a la inversa. «Existe una sensación general de trasladar la responsabilidad de lo que está sucediendo a las comunidades autónomas», dijo el presidente del Principado, Javier Fernández, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA a comienzos de julio. Su impresión sobre la distribución desigual de las cargas del recorte tiene ciertas concomitancias con la que, con otras palabras, ha sostenido en privado, según publicaba ayer un diario madrileño, algún líder regional del PP hablando de «la demonización» de las comunidades autónomas en algunos de los planteamientos del Gobierno, de la recarga de reclamaciones sobre las espaldas de los ejecutivos regionales o de las diferencias entre los ajustes y regulaciones exigidos a las autonomías y los que aún no ha emprendido con tanta intensidad, a su juicio, el Ejecutivo central.

En Asturias, mientras tanto, ni el recrudecimiento progresivo de la protesta minera, ni las voces subversivas, más o menos soterradas, dentro del partido, como el voto en contra del recorte del senador leonés Juan Morano, luego expulsado, han justificado un paso atrás en las filas populares del Principado. Los recortes se componen de «medidas difíciles e impopulares, pero absolutamente imprescindibles para salir de la crisis», según una de las valoraciones de la portavoz adjunta del PP en la Junta, Emma Ramos. «Tenemos que adelgazar las diecisiete autonomías, no nos lo podemos permitir, y los ciudadanos lo saben y lo demandan», confirmaba ayer a este periódico la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández.

Mientras, en el terreno minero el mensaje fundamental ha planteado siempre el partido al contragolpe. «Los mineros saben que los socialistas lideraron el cierre de las minas para 2018», afirmaba ayer Mercedes Fernández. A la gran manifestación en Madrid contra el recorte de las ayudas a la minería no faltaron, eso sí, algunos portavoces municipales del PP en los concejos mineros o el alcalde de Cangas del Narcea, el popular José Luis Fontaniella, a los que el partido decidió no aplicar la «doctrina Morano» y «en un clima de absoluta normalidad», anunció entonces la formación conservadora, renunciaron a sancionar.

El PP de Asturias, sin responsabilidad de Gobierno, mantiene prietas las filas y no alza la voz, ni soterradamente, contra los postulados de Génova. Otros están tienen mayor urgencia por sus obligaciones, y algunos, como Galicia, con la cita de las elecciones autonómicas amenazante a la vuelta de la esquina.

Ya lo advirtió nuestro presidente autonómico: “No admito que se dinamite el Estado autonómico con falacias”, pero en el PP empieza a estar claro lo que ellos quieren…

Ya lo advirtió nuestro presidente autonómico: “No admito que se dinamite el Estado autonómico con falacias”, pero en el PP empieza a estar claro lo que ellos quieren…

Las autonomías, en situación límite

Asturias apela a su solvencia para conseguir crédito a las puertas de un durísimo recorte de al menos 300 millones de euros en los próximos dos años

Sometidas a una rigurosa cura de déficit, las regiones se enfrentan al fantasma del rescate

29.07.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

Tres comunidades -Valencia, Murcia y Cataluña- decididas a adherirse al mecanismo de ayuda del Estado. Otro buen puñado de ellas abocadas a hacerlo en las próximas semanas pero que se resisten como gato panza arriba, temerosas de las durísimas condiciones que establecerá el Ministerio de Hacienda. Las que mejor están, como Asturias, con una carga de endeudamiento inferior a la media, pugnando por conseguir financiación en los mercados y esquivar el estigma del rescate. Y un horizonte inmediato de incertidumbre, con la mitad de los gobernantes autonómicos dudando de si podrán llegar a final de año cumpliendo con los objetivos de déficit marcados y en espera de unos próximos ejercicios, 2013 y 2014, que traerán millonarios recortes del gasto. Es el dibujo de la España de hoy en día en su vertiente regional, en un contexto de severísima crisis que ha hecho que incluso el Estado autonómico y su reforma, un tema prácticamente tabú hasta ahora, comience a dejarse ver por debajo de la mesa.

¿Es exagerado pensar que la situación es límite? En absoluto, y son muchos los dirigentes autonómicos que admiten en privado que la situación estallará antes de final de año. El debate del gasto de las regiones no es nuevo, no en vano sobre sus presupuestos recae la financiación de los servicios básicos -sanidad y educación- que año a año consumen un volumen creciente de recursos. Pero mientras la economía daba muestras de prosperidad el asunto se limitaba a los tiras y aflojas entre el Gobierno central y las autonomías con motivo de la cobertura económica de algún servicio -la ley de dependencia- o de la reforma del modelo de financiación. Controversias con más carga política que otra cosa que, con el paso del tiempo, acababan enterradas por alguna otra cuestión que absorbía el interés público.

Pero con la llegada de las vacas flacas las cosas han cambiado y todos los focos se han situado sobre las autonomías. Lastradas por un endeudamiento en muchos casos insoportable, embarcadas en una política de ajustes que en muchos casos ha tocado ya elementos medulares del Estado de Bienestar y con unos severísimos límites de déficit a cumplir en los dos próximos años -0,7% del PIB el que viene y 0,1% el próximo- que acarrearán fortísimos recortes, de al menos 300 millones en el caso de Asturias, todo parece conducir hacia un callejón sin salida.

Nadie pone en cuestión lo delicado del escenario actual. La duda está en cómo salir del embrollo. Quizá la primera frontera esté en el cierre del ejercicio en vigor. Será entonces cuando se compruebe si todos los territorios han respetado escrupulosamente el tope de déficit del 1,5% sobre el PIB al que obliga Hacienda. A la luz de la evolución de los datos del primer semestre, es dudoso que lo hagan. En el último Consejo de Política Fiscal, Cristóbal Montoro ya tiró de las orejas a ocho comunidades, aunque sin decir en público sus nombres, por desviarse de la senda marcada en sus planes de reequilibrio. En un contexto de ingresos dramáticamente a la baja, la segunda mitad del año no augura nada mejor.

Con todo, los primeros movimientos sísmicos de envergadura han comenzado a producirse. Cataluña, uno de los grandes motores económicos del país, y la Comunidad Valenciana, ahogada por un endeudamiento insoportable, han anunciado su voluntad de conectarse a la manguera de liquidez del Estado para poder hacer frente a los millonarios vencimientos de deuda que tienen por delante. También se ha sumado Murcia, con una economía que prosperó a lomos de la ’burbuja’ inmobiliaria y que se ha visto muy afectada por su pinchazo. Es probable que no sean las únicas. A la cola están Castilla-La Mancha, Canarias o Extremadura, entre otros territorios que pasan por momentos complicados.

Estas regiones recibirán la ayuda del Estado pero con un precio, una condicionalidad: control de sus cuentas, más ajustes... ¿Un rescate en toda regla? Lo es para muchos expertos y economistas, no lo es para los gobernantes autonómicos, que quieren huir a cualquier precio del estigma que acarrea esa palabra maldita.

Asturias, al menos de momento, no pedirá el aval del Gobierno central. El Principado tiene luz verde de la Junta General para negociar con los bancos uno o varios créditos por importe de 423 millones con los que movilizar inversiones ahora frenadas por la prórroga presupuestaria. Tanto el presidente, Javier Fernández, como su consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, se muestran confiados en sacar adelante ese endeudamiento en el mercado. Pero ¿y si no es posible?

Aquí se abre un debate de mayor enjundia si cabe. Fernández acusó recientemente a Montoro de, con sus declaraciones, complicar el acceso de las comunidades a la financiación en los mercados, lo que las forzaría a tener que pedir la ayuda del Estado. Días después, el ministro de Industria, José Manuel Soria, animó directamente a los gobernantes regionales a sumarse a ese mecanismo extraordinario de liquidez. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué tanto interés del Gobierno central en tener bajo su órbita a las autonomías?

En privado, dirigentes políticos asturianos apuntan la posibilidad de que el Gobierno pretenda tener bajo su control económico a las comunidades para, llegado el caso, poner sobre la mesa una reforma del Estado autonómico sin que las regiones tengan margen de maniobra o capacidad efectiva para protestar. El último informe del Fondo Monetario Internacional, que pide mano dura con las comunidades, haciendo efectiva la intervención de sus cuentas llegado el caso, parece avalar esa tesis.

Lo único cierto es que la reforma del Estado de las autonomías, un asunto del que hasta ahora apenas se hablaba más allá de para proponer la supresión de las duplicidades y las ineficiencias, ha dejado de ser un tabú. De momento, el Gobierno ha comenzado por meter mano a los ayuntamientos con una reorganización local de calado. Están por ver sus próximos pasos.

El tijeretazo previsto para 2013 pone al sector público regional en el punto de mira

El Gobierno abordará en el primer semestre del año un plan de cierres y fusiones de empresas, el nuevo modelo de la RTPA y la reorganización de las fundaciones

29.07.12 - A. SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

Los gobernantes autonómicos miran el calendario y las exigencias del Ministerio de Hacienda y se llevan las manos a la cabeza. El panorama era complicado antes del Consejo de Política Fiscal celebrado a principios de mes, cuando sobre la mesa había unos objetivos de déficit del 1,1% del PIB para 2013 y del 1% para 2014. Esos límites ya suponían la aplicación de más ajustes sobre los ejecutados este año. Pero aquella reunión lo cambió todo. Los topes a cumplir pasaron al 0,7% del PIB el próximo año y el 0,1% el siguiente, con la previsión de tener superávit en 2015. Esta revisión drástica ha puesto patas arriba las previsiones autonómicas. ¿Cómo hacer frente a semejante endurecimiento, que en el caso de Asturias supone un recorte extra de 300 millones en esos dos años? El Principado tiene cierto margen de maniobra para planificarlo, pero el sector público regional, lo que desde la oposición se viene a denominar como ’chiringuitos’, está en la mente de todos.

Preguntado por este periódico una vez confirmado el montante del tijeretazo para los dos próximos años, 95 millones en 2013 y unos 200 en 2014, el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, precisó que la filosofía general será la misma que la del ajuste previsto para este año. Esto es, tratar de «preservar» los servicios básicos -sanidad, educación y política social- y hacer «todo el esfuerzo posible» para que la merma de recursos no se traduzca en una disminución de las prestaciones y de su calidad. Pero afrontar un recorte tan severo salvaguardando los pilares del Estado del Bienestar, tal y como plantea el Gobierno, obliga a tomar medidas severas de restricción del gasto en otros capítulos.

En este punto, todos los ojos se vuelven al sector público, al conjunto de empresas, entes, organismos y fundaciones creadas por el Gobierno regional en las últimas legislaturas para prestar determinados servicios teóricamente con mayor calidad y menor coste que si lo hiciera la propia Administración. El sector público asturiano está formado por 81 entes y, comparativamente, es uno de los más reducidos del país. Cataluña tiene 449 y Andalucía cuenta con 372, por poner solo algunos ejemplos. El Ejecutivo sostiene que se trata, en efecto, de una estructura contenida y en modo alguno desproporcionada. La oposición, especialmente el PP y Foro, hablan de un entramado de dimensiones «desmesuradas» utilizado en la última etapa socialista para «colocar amigos y afines». Piden una reducción «drástica» de su tamaño.

Por etapas

Probablemente entre las posiciones de unos y otros se encuentre el equilibrio. El Gobierno tiene claro que en un momento como el actual, tanto por cuestiones de ahorro económico como por lanzar el mensaje a la calle de que la Administración también se aprieta el cinturón, debe tocar ese sector público. Y no tardará mucho en hacerlo. En el próximo periodo de sesiones de la Junta, a partir de septiembre, planteará una primera iniciativa destinada a plasmar en la práctica las medidas ya recogidas en el plan de ajuste para 2012. Eso supondrá la venta de la participación en la constructora Sedes y en distintas empresas hoteleras, la supresión del Instituto Asturiano de Estadística, la reordenación de los instrumentos de promoción económica y la revisión de la empresa Serpa, entre otras actuaciones. Pero el calado de la reordenación que el Principado tiene en mente para su sector público se conocerá en 2013. En concreto, en el primer semestre.

Para ese periodo ha comprometido la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, un segundo paquete de medidas que conllevará, entre otras cosas, la desaparición de las empresas que en función de las auditorías realizadas se consideren gravosas o ineficientes, así como la fusión de aquellas que puedan realizar el mismo servicio y que ahora estén incurriendo en algún tipo de duplicidad. Del número de empresas que desaparezcan y se fusionen dependerán la importancia de la reforma y el ahorro económico que se pueda obtener.

También para la primera parte de 2013 está previsto el diseño del nuevo esquema de la RTPA, a partir del principio de una radiotelevisión «pública y austera», lo que da a entender que no se cuestionará el modelo en sí pero se buscará ahorrar en el coste que supone para las arcas públicas, y la reorganización de las fundaciones. La remodelación del sector público se cerrará, en una tercera etapa, con una nueva ley que ponga claridad en tan complejo asunto.

¿Cuánto dinero se ahorrará con esta reforma? Es muy pronto para saberlo porque ni siquiera se ha empezado a aplicar y porque el grueso de la misma se desarrollará en 2013. Pero no será, en cualquier caso, suficiente para asumir el endurecimiento de los objetivos de déficit marcados por el Ministerio de Hacienda y por su responsable, Cristóbal Montoro. Asturias trabaja ya en las bases de elaboración de unos presupuestos regionales que se auguran tremendamente restrictivos.

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La verdad, que siempre es muy terca y acaba sabiéndose, empieza a asomar…

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La banca alemana será la más dañada si España suspende pagos

La Nueva España

Pero cualquiera que sea la opción, sólo cabe verla como una solución frágil, inmediata y de corto recorrido. El BCE aplica su política monetaria con un difícil equilibrio, atendiendo a realidades económicas nacionales divergentes y cuyas prioridades y necesidades casi siempre son antagónicas. Y los principales financiadores del eurobanco son justamente los países que tienen economías antitéticas a la española: naciones con superávit exterior, ahorro interno (de ahí la importancia para ellos de controlar la inflación) y alta credibilidad en los mercados de capitales.

El BCE se resiste además a actuar como la Reserva Federal (FED), el banco central de EE UU, no sólo porque ha incorporado a su genética el rigor del Bundesbank alemán en la lucha contra la inflación como objetivo supremo, sino también porque la UE -y éste es el problema que subyace en la actual tormenta sobre algunos de los países del euro- está muy lejos de ser el área monetaria óptima que sí es la del dólar. El BCE se niega además a desnaturalizarse supliendo la ausencia de un Tesoro europeo (que en EE UU sí coexiste con la FED) y solventando las carencias que los estados no son capaces de resolver.

Para España e Italia la solución tampoco sería satisfactoria, salvo como medida excepcional para eludir la inminencia de un naufragio y aplacar de forma momentánea las tensiones. Un país no puede aspirar a vivir bajo respiración asistida de forma indefinida y enchufado a un banco emisor. Sería una anomalía y sus socios no se lo consentirían. Lo dijo ayer el ministro alemán de Economía, Philip Roesler: «La compra de bonos por el BCE no puede ser permanente».

Los problemas estructurales no pueden resolverse con medidas coyunturales porque en cuanto cese o se debilite la acción protectora, los problemas se agigantarán, como ha ocurrido desde que el BCE suspendió su programa de compra de bonos el año pasado.

La única fórmula mágica que resolvería todos los problemas de España de una vez es el crecimiento económico. Los inversores en deuda, como los inversionistas en Bolsa, reclaman credibilidad, y la credibilidad no la dan los ajustes, los sacrificios ni el martirologio de los países y las empresas cotizadas sino su expectativa de resultados, su plan de negocio, su tendencia de ingresos y su visibilidad de beneficios. Nadie invierte en empresas (o países) en pérdidas (recesión) y con previsión de menores ingresos y resultados negativos por muchos expedientes de regulación que hagan y por más planes de austeridad que acometan cuando esos ajustes incorporan una expectativa de menor negocio y cuando los mercados tienen muchas otras oportunidades de inversión rentable y segura a su alcance en un mundo globalizado.

Que ayer Standard & Poor’s (S&P) haya mantenido la «triple A» (máxima nota de solvencia) al Reino Unido evidencia dónde reside la cuestión. Porque el Reino Unido tiene un déficit fiscal elevadísimo (8,3% en 2011, sólo seis décimas menos que el español) y una deuda pública disparada (85,7% del PIB), que es 17,2 puntos porcentuales superior a la de España (68,5%). La diferencia, dijo ayer S&P, es que el Reino Unido, aunque también está en recesión, empezará a crecer -prevé- en el segundo semestre de este año. España, por el contrario, seguirá siendo el país con mayor recesión en 2013, según el FMI.

España no puede corregir esta tendencia en solitario. Con el gravísimo endeudamiento privado que arrastra, con el 13,6% de su PIB (el ligado a la construcción) sin capacidad de reaccionar, con el mayor paro de la OCDE a causa de la «burbuja» inmobiliaria y con sobrecostes de financiación, la fuerza motriz le ha de venir desde fuera vía exportaciones. Y esto exige que no toda Europa recorte, ajuste, ahorre y frene el gasto. Alguien tiene que tirar del carro europeo. Y los países con mayor solvencia deberían ejercer de demandantes aumentando el consumo y permitiendo cierta inflación bajo control.

Europa tiene tres opciones sobre España. Una es dejarla caer y que España opte por la suspensión de pagos. El coste potencial (el real dependería de la quita y de la negociación que se hiciese con los acreedores) podría alcanzar, sólo para la banca europea, los 768.363 millones de euros, que es la cifra de su exposición directa e indirecta a la economía española. La banca alemana lidera esta concentración de riesgo con 146.260 millones por ambas vías, seguida por la francesa (118.700 millones). La otra posibilidad es que la UE acuda al rescate integral de la economía española, cuya cuantía se estima en 300.000 millones, que es la cifra que supuestamente habrían barajado esta semana el ministro español de Economía, Luis de Guindos, y el de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. Y la tercera alternativa es que los países más solventes actúen como mercados demandantes, generen actividad, asuman posiciones tractoras y de gasto y restablezcan el ciclo virtuoso del crecimiento. Sería la opción más eficaz y quizá la más barata para todos.

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Puede que fuese oportuno que los sindicalistas, especialmente los denunciantes, acrediten que tampoco han cobrado dietas en estos dos meses de huelga en la minería…

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«Renuncio a los 182 euros de dieta por salir de San Martín»

El alcalde socialista, Enrique Fernández, considera la polémica «interesada y artificial para perjudicarme políticamente»

Foto: El Alcalde de San Martín del Rey Aurelio.

29.07.12 -A. FUENTE | SOTRONDIO, en El Comercio.

Lo advierte desde el principio: «Será la primera y última vez que hable de este asunto». El alcalde de San Martín del Rey Aurelio se refiere a la polémica suscitada con una dieta, de 182 euros, que cobró por su salida del concejo para asistir a la manifestación en apoyo a la minería que se celebró en Madrid el 11 de julio. En primer lugar, el socialista Enrique Fernández quiso apuntar que renuncia al cobro de esta cantidad. Se mostró molesto con lo que denominó ser «una estrategia interesada, preparada y artificial para perjudicarme, una cortina de humo con la que se quiere ocultar los problemas del municipio».

El regidor quiso aclarar que las dietas por desplazamientos «son una parte de las percepciones salariales a las que tiene derecho la alcaldía, desde siempre que yo sepa, y en ningún caso son un sobresueldo, sino que compensan gastos reales en los que se incurre por los viajes realizados. Estas cuantías no se han fijado a voluntad del alcalde, sino que se ajustan a lo establecido reglamentariamente a nivel nacional». El origen, apuntó, puede estar en «hechos trascendentales» ocurridos en el último pleno municipal «en los que la oposición no aprobó inversiones importantes para el concejo».

El socialista refirió también al cobro del sueldo correspondiente a la jornada de huelga general del pasado 18 de junio. «Se hicieron las pertinentes consultas al secretario del Ayuntamiento y éste presentó dudas jurídicas para restar esta retribución. Además, un alcalde lo es 365 días al año, las 24 horas del día. Y sí que estuve realizando las labores propias de un responsable municipal en una jornada como aquella, que se centró en la vigilancia».

Fernández, que afirmó estar «cabreado» con esta polémica, afirmó que la cantidad «no me va a hacer más rico» y, del mismo modo que se ha hecho pública esta cuestión, «hay otras cosas que se mantienen ocultas, como las aportaciones que hemos realizado varios alcaldes de las comarcas mineras a las cuentas de solidaridad». Se negó a dar información de las cantidades dadas.

«Pido disculpas por el posible sobresalto que la noticia haya podido causar a todos los vecinos a quienes me debo, y tengo la sana intención de borrar el mal sabor de boca que me ha dejado esta estrategia política barriobajera de la mejor forma posible que me permite mi conciencia: sin tratar de buscar pajas en el ojo ajeno y centrándome en sumarme a los esfuerzos para que el Ministerio dé una solución del conflicto de la minería».

La polémica se disparó en las redes sociales, si bien el regidor publicó también un extenso comunicado público. Indicó que, además de los apoyos a través de Internet, ha recibido muestras de solidaridad de vecinos del concejo.

VER LA REPERCUSION DE ESTA POLEMICA A NIVEL NACIONAL

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