PRENSA

Según El Comercio aunque quedará despejado mañana tras el Consejo de Gobierno del Principado.

Julio Bruno, Juan Ortiz, Enrique González y Carlos Madera, a Sanidad

Diana González será designada jefa de gabinete de la Presidencia en el Consejo de Gobierno previsto para mañana

31.05.12 - L. FONSECA / A. SUÁREZ | GIJÓN, EN El Comercio.

El Consejo de Gobierno que se celebrará mañana, viernes, el segundo en la legislatura que inicia Javier Fernández como presidente del Principado, aprobará sus primeros nombramientos. Para la Consejería de Sanidad, donde se mantendrá la estructura creada en su día por Foro, se perfilan como máximos responsables personas que ya han ocupado cargos similares en anteriores gobiernos socialistas. El consejero Faustino Blanco ha querido echar mano de la experiencia y también, por qué no, de la fidelidad y la militancia, para una tarea que se aventura complicada en un área como la sanitaria, donde se esperan importantes ajustes.

Julio Bruno, responsable de Sanidad en la FSA, será el nuevo director de Salud Pública. Bruno, que pasó por las gerencias del Sanatario Adaro, el Hospital Monte Naranco y el ERA, es uno de los colaboradores más cercanos a Blanco. De hecho, el pasado lunes, cuando se produjo el traspaso de carteras, el nuevo consejero de Sanidad llegó escoltado por Bruno y también por Juan Ortiz, el exgerente del Sespa, que pasará a ocupar la jefatura de gabinete. La otra dirección general de Sanidad, la de Innovación, será para el avilesino Enrique González, viceconsejero de Sanidad de Andalucía en 2004 y en la actualidad responsable de Admisión del San Agustín. Se prevé que desde ahí lidere y fiscalice la puesta en marcha del nuevo HUCA. Para el área de Prestaciones, la tercera dirección general de Sanidad, se baraja a Carlos Madera, ex director de Promoción Cultural y también de Prestaciones y Servicios Comunitarios, en la primera legislatura de Areces.

Finalmente, Diana González, la candidata del PSOE en Mieres, será la nueva jefa de gabinete de la Presidencia del Principado.

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Entre especulaciones de cómo serán los recortes y los distintos nombramientos

El recorte llega a palacio

Javier Fernández trata con el Rey el plan de ajuste regional y el efecto de la crisis sobre la economía del Principado

La mierense Diana González será la jefa de gabinete del Presidente, y un ex viceconsejero en Andalucía irá a Sanidad

Esta información ha sido elaborada por A. RUBIERA (Gijón), P. ÁLVAREZ (Oviedo), J. VIVAS (Mieres) y P. GALLEGO (Oviedo), en La Nueva España.
El Rey y el presidente del Principado, Javier Fernández, hablaron ayer sobre Asturias. Lo hicieron en la recepción a la que don Juan Carlos invitó al nuevo jefe del Ejecutivo asturiano, tras la cual Fernández afirmó que el Monarca estaba «evidentemente» preocupado por la economía. El encuentro se celebró en el despacho del Rey, y durante la conversación trataron, entre otros asuntos, el plan de ajuste de 616 millones de euros que el Principado debe hacer para cumplir el objetivo de déficit y las perspectivas económicas de Asturias en el actual contexto de crisis. Tras la visita al palacio de la Zarzuela, Javier Fernández acudió a la sede del PSOE, donde se reunió con el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras la cita, el mismo mensaje en el que el nuevo presidente insiste a la hora de afrontar el ajuste: Asturias cumplirá la ley, pero «minorando los efectos» del recorte sobre la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Mientras el jefe del Ejecutivo regional cumplía con sus obligaciones en Madrid, en Asturias el Gobierno continúa diseñando su propia estructura y la de la Administración regional. La socialista Diana González abandonará su puesto como portavoz del grupo municipal del PSOE en Mieres para asumir la jefatura del gabinete del Presidente. Fuentes socialistas aseguraron que la nueva jefa de gabinete «cuenta con la confianza» de Javier Fernández, «debido a su valía y experiencia política, de ahí que asuma este puesto de responsabilidad».

González, nacida en Turón, llevaba como concejala en Mieres desde el año 1999, asumiendo la gestión de diferentes áreas municipales. En 2005 se hizo cargo de la concejalía de Cultura, área en la que se mantuvo hasta las elecciones de 2011, en las que IU arrebató la Alcaldía a los socialistas. Fue en esos comicios cuando la Agrupación Socialista de Mieres depositó su confianza en Diana González para que encabezase la candidatura del PSOE en Mieres, aspirando a ser la primera alcaldesa del concejo. La nueva jefa de gabinete es miembro de la ejecutiva socialista asturiana y también fue en las listas del Senado en los comicios de 2008.

En la Consejería de Sanidad se da como prácticamente segura la incorporación de Enrique González a la Dirección General de Innovación Sanitaria. Avilesino de nacimiento, Enrique González fue viceconsejero de Salud en la Junta de Andalucía, aunque tiempo atrás había retornado a su puesto base en el Hospital San Agustín. Entre tanto, Julio Bruno -ex director del Hospital Monte Naranco, del Sanatorio Adaro y de las residencias de la tercera edad (ERA)- parece tener todas las papeletas para ser director general de Salud Pública.

En medios sanitarios se rumoreaba ayer la posibilidad de que Paz Villaverde -antaño subdirectora provincial del Insalud- hubiera rechazado una oferta para asumir la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Otro comentario insistente apunta que el consejero Faustino Blanco está viendo obstaculizados algunos nombramientos debido al temor a futuras implicaciones en el «caso Marea».

Para la gerencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) continúan las incógnitas. Si antes se habló de la vuelta de Mario González y de la posibilidad de que recalara en el cargo Alfonso Flórez -ex director de los hospitales de Arriondas y San Agustín de Avilés-, ahora se cree que esta relevante responsabilidad puede haber sido ofertada al naviego Antonio Pérez Rielo, hasta hace pocas fechas gerente del Hospital Carlos Haya de Málaga, puesto del que el pasado día 16 dimitió por voluntad propia.

Cerca de la sede de Presidencia, en la plaza de España de Oviedo, la Consejería de Economía también avanza en la elección de quienes compondrán el equipo del consejero, Graciano Torre.

Fuentes próximas al Gobierno afirman que la estructura de la Consejería será muy similar a la que Torre dejó hace poco más de diez meses. No sólo en el reparto de competencias, sino en la identidad de sus responsables. Antonio González podría ocupar de nuevo el departamento de Trabajo, y José Luis Álvarez, el de Empleo. Torre repetiría también con la misma secretaria general técnica, y a su equipo se sumaría la ex portavoz del PSOE en Oviedo, Paloma Sainz, que actualmente trabaja como funcionaria en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Sainz ya fue, entre 1999 y 2000, directora general de Formación Profesional en el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces.

En Educación y Cultura la nueva consejera, Ana González, ha recurrido a una estrecha colaboradora, Adelina Lena Ordóñez, para iniciar la composición de su nuevo equipo de trabajo. Adelina Lena, nueva jefa de gabinete de esta «macroconsejería», trabajó con Ana González en el Instituto de la Mujer -donde fue asesora de coeducación-, y en la actualidad compartían también tareas docentes en el IES Universidad Laboral de Gijón.

Asturias prepara el ajuste en medio de una caída de ingresos de más de cien millones

La recaudación por impuestos baja un 11% en los primeros cuatro meses del año, 117 millones menos que en el mismo periodo de 2011

31.05.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

Las circunstancias en que el Gobierno asturiano prepara el tijeretazo de 616 millones de euros que exige el Ministerio de Hacienda para asegurar su solvencia financiera difícilmente podrían ser más complicadas. A un sector de la obra pública prácticamente paralizado por la escasez de inversión de la Administración, hay que sumar la ralentización de la actividad industrial, la amenaza que pende sobre el futuro de la minería y la situación del consumo privado de los hogares, bajo mínimos. A todo ello hay que añadir, además, unas previsiones de ingresos que distan mucho de ser optimistas. La recaudación que el Estado obtiene en Asturias por la vía de los impuestos se redujo en los cuatro primeros meses del año un 11,4%, lo que se traduce en un descenso de 117 millones de euros en términos absolutos en comparación con el mismo periodo de 2011. La comparativa con el resto de comunidades autónomas deja entrever la debilidad que en este capítulo muestra el Principado. Solo los datos de Extremadura y Murcia son peores.

Siendo verdad que el análisis de los datos sobre ingresos que aporta la Agencia Tributaria no dan una visión totalmente fiable hasta el cierre de cada ejercicio, es igualmente cierto que los avances mensuales sí sirven como un indicativo para conocer la realidad económica de cada una de las regiones. En el caso de Asturias, todos los marcadores son negativos. Y ese descenso general del 11,4% está muy por encima de la media del 3,3% del conjunto del país.

Todas las figuras tributarias aportan cifras peores que el año pasado y dan fe de los problemas que aquejan a la región. La evolución del IVA constata que el incremento del paro y el temor al gasto de las familias que sí tienen trabajo mantienen ’congelado’ el consumo privado. Este impuesto, el segundo que más recursos aporta, registra una disminución del 6,2%. Los 441 millones que aportó en los cuatro primeros meses de 2011 se han convertido ahora en 414 millones.

Impuestos especiales

En cuanto al IRPF, la figura tributaria más fuerte, el descenso, en este caso del 4%, hasta 448,9 millones, confirma la debilidad del mercado laboral, que se refleja mes a mes en el incremento de las listas del paro.

A menos actividad y menos trabajo, menos dinero para gastar. Esa ecuación se traslada también a los ingresos que se obtienen a través de los impuestos especiales, ligados al consumo de tabaco, alcohol o hidrocarburos. Aquí se percibe la disminución más acusada, del 16,9%. Se pasa de recaudar por esta vía 54,2 millones de euros a poco más de 45 millones.

El difícil escenario económico es común a todo el país y el conjunto de autonomías viven una situación general de merma de recursos. Aunque con los datos disponibles hasta abril, el Principado (-11,4%), Murcia (-11,5%) y Extremadura (-16,5%) son las comunidades que peor llevan la recaída en la recesión. Cantabria (-11,1%) y Castilla y León (-9,7%) tampoco salen bien paradas. Los dos territorios con un régimen económico-financiero especial, País Vasco y Navarra, son los únicos que experimentan un balance positivo. La media de reducción de ingresos de las comunidades es del 4,1% y si se tienen en cuenta los ingresos tributarios del Estado, se modera al 3,3%.

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En pocos días sabremos cuál es el modelo de recortes que se seguirá aquí

El Principado enviará el viernes un adelanto del plan de ajuste a Montoro

Será un documento provisional porque Ejecutivo regional y Ministerio de Hacienda tendrán otros quince días para negociarlo

Foto: Javier Fernández, el lunes, en su despacho de la Presidencia del Principado.

30.05.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

La realidad se mueve en dos planos, el económico y el político. En el económico todo está claro. El plan de ajuste que debe presentar Asturias estará listo para su análisis y posterior aprobación o suspenso en el Consejo de Política Fiscal previsto para mediados de junio. No hay dudas sobre ello. En el político, las cosas son más enrevesadas. El nuevo Gobierno asturiano salió el lunes a escena con el mensaje de una mayor flexibilidad por parte del Ministerio de Hacienda a la hora de poner sobre la mesa el citado plan, esquivando el escollo de tener que presentar el viernes un documento prácticamente definitivo. Al paso de esa reflexión saltó ayer el departamento de Cristóbal Montoro, que matizó que el viernes sí debe llegar a Madrid un texto que esboce los recortes a aplicar. Aunque se da a entender que no se pide una propuesta totalmente cerrada. «A partir de ahí proseguirán las conversaciones técnicas para pulir cosas», señalan las fuentes ministeriales consultadas por este periódico. Esto es, que, en la práctica, se abre un periodo de aproximadamente dos semanas que da margen al Principado para confeccionar su plan e intentar asegurarse el visto bueno de Hacienda.

¿Por qué esa matización por parte de Montoro? Porque al Gobierno le conviene hacer ver que en modo alguno se relajan los objetivos y que se cumplirá estrictamente la exigencia marcada tras el Consejo de Política Fiscal del pasado día 17, en el que se había abierto un plazo adicional de 15 días para que Asturias presentara un nuevo plan económico-financiero tras el rechazo al trasladado por el anterior gabinete de Francisco Álvarez-Cascos. De ahí que Hacienda hiciera hincapié ayer en que en la conversación mantenida el lunes entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, se alcanzó el compromiso de que el viernes llegue a Madrid un documento con las medidas a adoptar.

Pero el propio ministerio desliza que el proceso no termina ahí. Más bien al contrario, sería un inicio en la medida en que se abre la puerta a mantener el contacto en los días sucesivos con el fin de llegar a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera de mitad de junio con los deberes hechos. Ambas partes confían en alcanzar ese momento con la garantía de un plan de ajuste totalmente cerrado y listo para su aprobación. El Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del Principado «toda la colaboración del personal» del departamento con el fin de elaborar el documento en cuestión.

Mientras, el Ejecutivo regional cree haber salido bien parado de este primer reto, ya que daba por sentado que si tenía que elaborar un plan definitivo en apenas cuatro días el resultado final sería «una chapuza». El viernes pasa de ser una fecha límite a un plazo intermedio, y todas las miradas se vuelven ahora a esa cita de junio a la que están llamadas el conjunto de las comunidades autónomas, todas con un proyecto económico aprobado con excepción de Asturias, y el Ministerio de Hacienda.

La colaboración «fluida y dinámica» que anunció el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, entre ambas administraciones ya ha comenzado. Ya se han producido los primeros intercambios de documentos e iniciativas, a la espera de que el Ejecutivo concluya el análisis de las situación de las finanzas asturianas y pueda comenzar a plasmar en documentos sus prioridades políticas. Esa comunicación se mantendrá y estrechará en las próximas fechas.

El Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que ningún departamento escapará a los recortes. Ni siquiera sanidad y educación. Lo que busca ahora son fórmulas que permitan reducir el gasto en ambos departamentos sin tocar el catálogo de prestaciones ni su calidad. Un objetivo, se reconoce en el propio gabinete, complicado.

Aunque la situación no es comparable, ya que su plan sí está aprobado, también Andalucía pasa por ciertos problemas tras haber insinuado que podría modificar alguno de los términos incluidos en ese documento. Al final parece que no será así. La Junta trasladó ayer a Hacienda que esas cifras no se modificarán y, a cambio, el ministerio desbloqueó un crédito del ICO de 510 millones que la comunidad había solicitado para financiar los vencimientos de su deuda.

Entre el modelo catalán y el de Andalucía

30.05.12 - A. S. | OVIEDO, en El Comercio.

¿Cómo recortar 616 millones de euros? El reto al que se enfrenta Asturias no es muy diferente del que ya han encarado y superado, con mayores o menores dificultades, el resto de comunidades autónomas que aprobaron sus planes de ajuste en el Consejo de Política Fiscal de mediados de mes. La clave, en el fondo, no está tanto en la cifra en sí como en la forma de meter la tijera. Básicamente, hay dos modelos. Cataluña abandera uno de ellos, el que incluye medidas contundentes en el capítulo sanitario, incluyendo el cierre de quirófanos y centros de salud en determinados horarios e incluso el de hospitales, y también despidos en el personal público, con los interinos como principales afectados. Andalucía, el principal bastión del PSOE y uno de sus escasos núcleos de poder autonómico, ha optado por una fórmula distinta: no tocar sanidad ni educación, manteniendo las plantillas, pero reducir los sueldos de los funcionarios y subir los impuestos como contrapartida.

Está por ver qué sucederá en Asturias, aunque de las declaraciones públicas del presidente, Javier Fernández, y también por proximidad ideológica, la lógica apunta al camino andaluz, bien con esas medidas concretas o bien con otras fórmulas alternativas. Porque si algo ha dejado claro el también secretario general de los socialistas asturianos es que el objetivo es minimizar en la medida de lo posible el impacto de los recortes sobre los servicios básicos.

La realidad es que el descomunal y multimillonario recorte requerido por el Ministerio de Hacienda ha obligado a las autonomías a tomar decisiones drásticas e impensables hace unos pocos años. Algunas comunidades, caso de Baleares, han optado de antemano por el cierre de hospitales como vía más directa de ahorro. En otros casos, como en Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, se ha optado por introducir o profundizar en la gestión privada de los centros para abaratar costes. En Cataluña, mientras, se han cerrado quirófanos en determinados horarios y se han limitado los servicios de urgencias en algunos centros de salud, entre otras medidas.

También se ha tocado la fiscalidad. El recurso al ’céntimo sanitario’, el gravamen sobre los hidrocarburos, ha sido una de las fórmulas elegidas, así como el incremento de las tasas de los transportes públicos. La rebaja del sueldo de los funcionarios también aparece en algunos planes de ajuste, caso del castellanomanchego.

La reestructuración del sector público, que en la mayoría de regiones ha crecido de forma exponencial en los últimos años, es una vía que exploran distintos gobernantes autonómicos, caso del extremeño, José Antonio Monago, o la aragonesa Luisa Fernanda Rudi que, por cierto, prevé recuperar el impuesto de Patrimonio para recaudar 30 millones más.

Los condicionantes impuestos desde el gobierno central deberán traducirse obligatoriamente aquí, el único margen es el cómo

El viaje al pasado de la sanidad asturiana

Los recortes del gasto que debe acometer el nuevo Gobierno regional pueden devolver los recursos sanitarios a un nivel similar al de 2007

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Los recortes del gasto que en los próximos días tendrá que ejecutar el Gobierno regional pueden llevar el presupuesto de la Consejería de Sanidad a unos niveles aproximados a los de la factura de 2007, cuando la sanidad pública asturiana costó a las arcas del Principado 1.423 millones de euros.

De confirmarse una cifra de este tenor, los recursos de los que dispondrá Faustino Blanco, nuevo titular de la Consejería, estarán muy alejados de los 1.649 millones que destinaban a sanidad los presupuestos que elaboró meses atrás el Gobierno de Foro Asturias y que se toparon con el rechazo del Parlamento regional. Al presentar dicha cifra, las autoridades sanitarias de Foro precisaron que con ella pretendían simplemente cubrir el coste real de los servicios sanitarios. Dicho de otro modo, reconocían que con ese dinero no enjugarían ni una mínima parte de los 303 millones de deuda con los que la sanidad asturiana cerró el año 2011.

El conjunto de la Administración regional deberá acometer de inmediato un ajuste del gasto cuantificado en 616 millones de euros. Ésa es la cifra fijada para el Principado por el Ministerio de Hacienda. Anteayer, el nuevo Consejero no quiso aclarar qué porción de esa cifra corresponderá a la Consejería de Sanidad. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar predicciones con cierto fundamento si se considera que, por ejemplo, el presupuesto sanitario viene representando en Asturias en torno al 40 por ciento de los recursos globales con los que el Ejecutivo autonómico afronta cada ejercicio. Sobre esta base, el 40 por ciento de 616 millones rondaría los 250 millones de euros, cifra que, en efecto, conduciría a un montante similar al del gasto de 2007.

En sus primeras declaraciones después de tomar posesión, Faustino Blanco prometió «sensibilidad» a la hora de aplicar los recortes, y de alguna manera reconoció que la tijera, en su departamento, no podrá limitarse a realizar unos retoques cosméticos. «No se nos escapa que nuestra participación en el conjunto es muy importante y, por lo tanto, tenemos que ser solidarios con ese problema», señaló el titular de Sanidad, quien fuera el primer gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) entre agosto de 1994 y enero de 1995.

El nuevo Consejero subrayó que «no podemos recortar como si la sanidad no fuera un servicio directo al ciudadano, y sin saber que los ciudadanos precisan de nuestra atención». Y fue categórico al enfatizar que «no vamos a paralizar la sanidad ni a que esto produzca una crisis en el modelo. Tenemos que consolidarlo».

Con todo, de algún lado tendrán que salir los ajustes sanitarios, sean del calado que sea. Algunas estimaciones iniciales señalan que la simple aplicación del real decreto ley que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el mes pasado con el objetivo de ahorrar en sanidad unos 7.000 millones de euros en el conjunto de España puede implicar para Asturias en torno a 150. Entre otras consecuencias, ese real decreto incluye el copago (o «repago») de los medicamentos, que acarrea que los pensionistas empiecen a abonar una parte del precio y que los trabajadores activos aumenten su aportación; que los usuarios hayan de abonar una parte de las prótesis ambulatorias (férulas, muletas, sillas de ruedas...), los productos dietéticos o el transporte sanitario no urgente; unos criterios más restrictivos a la hora de incorporar novedades farmacológicas y tecnológicas, o una serie de limitaciones en la asistencia que se presta a los inmigrantes irregulares.

De otro lado, Faustino Blanco aludió anteayer a los «nichos de ineficiencia» que existen «en todos los servicios, en éste también, por muy buena gestión que se haga», y precisó que «tendremos que repensar cuáles son, identificarlos y actuar». Dicho lo cual, es casi seguro que la Consejería de Sanidad deberá buscar partidas adicionales, y que algunas de ellas deberán afectar al capítulo de gastos de personal, que tradicionalmente absorbe alrededor del 50 por ciento de los presupuestos sanitarios. Epígrafes como las guardias, las «peonadas» (jornadas de quirófano vespertinas) o los volúmenes de contratación de interinos y eventuales pueden verse notablemente alterados en las próximas semanas.

Los datos

El Gobierno de Foro elaboró un presupuesto sanitario para 2012 -rechazado en la Junta- de 1.649 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ha impuesto al Principado un recorte global de gastos de 616 millones de euros.

La factura sanitaria suele absorber casi un 40 por ciento de los presupuestos totales de la Administración regional.

El ajuste en materia de sanidad podría rondar los 250 millones, lo que situaría los recursos disponibles en un nivel similar al de 2007, cuando el gasto del Principado en salud fue de 1.423 millones de euros.

Una parte del recorte se derivará de aplicar el real decreto que el Gobierno central aprobó el mes pasado para ahorrar en sanidad unos 7.000 millones en el conjunto de España.

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Un tema que, de seguro, está entre las prioridades de la agenda del nuevo consejero

Caunedo apremia al Gobierno regional para que abra el nuevo Hospital en La Cadellada

El Alcalde propone usar los terrenos del Cristo para «expandir la Universidad y ubicar la ciudad de la justicia», y pide a Javier Fernández «solucionar los asuntos que Oviedo tiene pendientes»

E. VÉLEZ, en La Nueva España

La apertura del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es una de las principales reclamaciones que el Ayuntamiento planteará al recién constituido Gobierno autonómico. El alcalde Agustín Iglesias Caunedo está dispuesto a mantener una entrevista con el presidente Javier Fernández para poner sobre la mesa «los temas pendientes que Oviedo tiene con el Principado desde hace mucho tiempo». La esperada reunión entre ambos dirigentes aún no tiene fecha concreta, «porque hay que dar un margen al Presidente y a los consejeros para que se asienten», aseguró ayer Iglesias Caunedo, durante el tradicional brindis del Martes de Campo entre los representantes de todos los grupos municipales del Consistorio. Para el Alcalde, la puesta en marcha del complejo sanitario de la zona de La Cadellada y la habilitación de todos sus accesos es fundamental para el desarrollo urbanístico de la ciudad y para la aprobación definitiva del nuevo mapa de transporte por autobús del municipio, llamado plan de movilidad urbano y que se encuentra en período de información pública.

El uso de los terrenos del Cristo, propiedad del Principado y en los que se asienta el actual HUCA, también forma parte de la lista de propuestas que el equipo de gobierno municipal hará a Javier Fernández. «Siempre hemos hablado de que esa zona debe servir de expansión para la Universidad y para la creación de la ciudad de la justicia», señaló Iglesias Caunedo. En marzo, el Alcalde manifestó en la revista oficial del Colegio de Abogados de Oviedo su deseo de construir un nuevo palacio de justicia que aglutinase todas las sedes judiciales, pero sin señalar una ubicación concreta. Un mes más tarde, el Alcalde y el rector, Vicente Gotor, acordaron crear una comisión mixta para reclamar a la Administración regional el traslado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud a los terrenos de La Cadellada, en el entorno del nuevo HUCA. El Alcalde reclamó también la puesta en marcha de las depuradoras de Villapérez y San Claudio, los accesos a Oviedo y una mejora en la política de las escuelas de 0 a 3 años.

La redacción definitiva del plan de movilidad, que cambiará la frecuencia y recorrido de varias líneas de autobús urbano, estará lista la próxima semana y, según Iglesias Caunedo, sigue abierta la posibilidad de sustituir los autobuses por taxis en algunas zonas rurales del municipio, «porque se ha comprobado en otros lugares de España que el taxi a demanda funciona».

Iglesias Caunedo guardó silencio sobre el futuro de los terrenos de la Fábrica de Armas después de trasladar su actividad a Trubia, ya que considera que «teorizar sobre sus usos supone dar por hecho el cierre definitivo». El Alcalde se remitió a las negociaciones entre sindicatos y empresa, «que nos mantendrán expectantes hasta el 5 de junio».

La cita de la Balesquida contó con la inesperada asistencia del jefe de gabinete de Gabino de Lorenzo, Alberto Mortera, que sólo acudió a «disfrutar del bollo». El Alcalde se marchó por la tarde para asistir en Madrid a una reunión sobre la unión de Liberbank con Ibercaja y Cajatres, en calidad de consejero de la entidad bancaria.

España: ¿país serio y capaz de recuperar la confianza de los mercados?... no así Sr. Rajoy

La catástrofe de Bankia

La gestión de la crisis de la entidad no aplaca las dudas europeas y empeora la solvencia española

Editorial de El País de hoy.

La crisis de Bankia se ha convertido en la quiebra bancaria peor gestionada políticamente de la historia española. La nacionalización del grupo, la sustitución rápida de sus gestores y la aparición de un agujero que no deja de crecer (calculado hoy en más de 23.000 millones), junto con la elevada probabilidad de que esa aportación de capital se haga mediante deuda pública, ha llevado a la prima de riesgo por encima de los 510 puntos básicos, a las acciones de Bankia a perder el 26% en su regreso a la cotización y a una caída generalizada de los valores bancarios que preludian un agravamiento notable de la crisis económica y financiera. Los ciudadanos no entienden la catástrofe de Bankia, quizá porque nadie ha intentado explicársela; y lo que menos entienden es que, sin exigencia alguna de responsabilidades a los gestores, se inyecten 23.000 millones de dinero público en una entidad bancaria.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alarmado por la crítica situación del sistema financiero y el evidente riesgo de intervención que implica un diferencial de deuda de 510 puntos, compareció ayer para tranquilizar a los ciudadanos y a los mercados. No parece que lo consiguiera. Más bien al contrario, tras su intervención, la prima de riesgo, que había moderado su escalada, volvió a subir con fuerza y la Bolsa intensificó su caída. No es de extrañar, porque sus mensajes fueron genéricos y poco convincentes, prueba de que el Gobierno tiende peligrosamente hacia la resignación. Su interpretación de que el diferencial de deuda español no tiene “nada que ver” con las decisiones sobre Bankia contradice la evidencia y confirma que el equipo económico está subestimando las consecuencias de este episodio. Su afirmación tajante de que no habrá “rescate europeo de la banca española” no deja de ser una proclama enfática sin base.

El presidente debería explicar de dónde procederá el dinero público necesario para capitalizar Bankia y el resto de las entidades intervenidas. Dado que no hay dinero en el Frob, si se paga con deuda la solvencia del Reino de España da otro paso hacia la intervención. La solución óptima sería que el Fondo de Rescate Europeo inyectase directamente en los bancos el capital público requerido, pero hoy no es legal. Si Rajoy quería tranquilizar a los mercados, a los españoles y a Bruselas, que ve con estupefacción cómo cada día que pasa son más grandes el déficit y el agujero bancario, debería haber explicado cómo piensa negociar la entrada de capital europeo en los bancos españoles o, si no admite la intervención, cómo evitará que la deuda para pagar la crisis se convierta en otro clavo en el ataúd de la economía española.

Por supuesto que el BCE debe actuar con contundencia para evitar que se dispare el diferencial en España e Italia mientras se resuelven las crisis bancarias internas. Pero la gestión de los Gobiernos nacionales cuenta, y mucho. Y el de España pierde credibilidad a chorros, superado abrumadoramente por los acontecimientos. Sus recetas genéricas causan inquietud en los inversores, mientras los ciudadanos rechazan el silencio político sobre Bankia. Entienden, con razón, que deben explicarse en el Parlamento los gestores de Bankia, su Consejo de Administración, la Comunidad de Madrid, por su intervención en el Consejo, los reguladores (Economía y Banco de España), que se equivocaron con la estrategia de fusiones y de salida a Bolsa, y los auditores del grupo, que no se enteraron de que los beneficios eran pérdidas.

Hay que depurar esta cadena de responsabilidades. Solo así se demostrará que España, como asegura Rajoy, es un país serio y se podrá restaurar la confianza. Por eso es imprescindible la comisión de investigación en el Congreso. Sin descartar, claro, las acciones judiciales que estimen oportuno iniciar los accionistas.

Análisis de la cruda realidad asturiana con los datos de 2011 del INE

Casi 17.000 parados asturianos llevan más de tres años sin encontrar trabajo

La crisis ha provocado cerca de 50.000 despidos en la región desde 2008

Unas 7.400 amas de casa engrosaron la lista del desempleo en 2011

Oviedo, Agencias / J. L. S., en La Nueva España.

El número de asturianos que llevan tres año o más buscando trabajo sin encontrarlo está en máximos históricos en la región. Según las cuentas que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año pasado había en la región más de 16.700 desocupados (de los 85.700 desempleados con los que se cerró el año en la región) que llevaban buscando un empleo, al menos, desde 2009, momento en el que comenzó a deteriorarse con más fuerza el mercado laboral en España.

Estas cifras suponen un incremento del 56% en comparación con el año anterior, cuando en la región había 7.200 parados que llevaban más de tres años tratando de encontrar un empleo. En el conjunto de España, 704.900 personas estaban en esta situación durante el año pasado según las cuentas del instituto estadístico.

El INE destaca en su análisis que en 2011 la mayor parte de los desempleados que se generaron en el Principado se produjeron porque su contrato laboral había finalizado, es decir, eran temporales. En concreto, esta situación afectó a 40.100 de los desempleados. También señala que una parte importante de las personas que perdieron su empleo en la región fue por culpa de los despidos (incluyendo también los que se realizan a través de los expedientes de regulación de empleo). A lo largo de 2011, según los comentarios del INE, 17.300 asturianos fueron despedidos de su trabajo, 2.000 más que un año antes. Desde que comenzó a desestabilizarse la economía, en el año 2008, cerca de 50.000 asturianos han sido despedidos.

La crisis ha provocado también que un elevado número de amas de casa se haya lanzado al mercado laboral en busca de un empleo debido a la maltrecha situación en la que se encuentran muchas economías familiares. Las cifras que maneja el INE señalan que sólo durante 2011, 7.400 amas de casa se incorporaron a las listas del desempleo, número similar al que se había registrado un año antes, pero muy superior a la que se venía anotando durante los años previos a la crisis, cuando la media era de unas 4.000 personas.

En 2011, en el conjunto de España la proporción de los asalariados que fueron contratados a través de empresas de trabajo temporal (ETT) bajó tres décimas respecto a 2010, hasta situarse el 2,7%. El número de quienes lograron una colocación por medio de las oficinas de empleo público se situó en el 2,5% del total. Las tasas de paro aumentaron en todos los sectores de formación, salvo en artes y humanidades y en servicios. Algunas de las más altas se dieron en especialidades ligada a la industria manufacturera y la construcción.

Se reitera lo ya instado el 9 de mayo, junto con la FADE, a los partidos políticos antes de que se formara el gobierno

CC OO y UGT urgen al Ejecutivo a alcanzar la concertación social

Piden a Fernández que dé prioridad a la creación de empleo y la defensa de la industria, la minería, los servicios públicos y el estado de bienestar

29.05.12 - AIDA COLLADO | OVIEDO, en El Comercio.

La prioridad es el empleo y la defensa del estado de bienestar. Por eso, los sindicatos CC OO y UGT urgen al nuevo Ejecutivo asturiano a que ponga en marcha «cuanto antes» la concertación social, a través del diálogo y la negociación con otras fuerzas y con los agentes sociales y económicos, con el objetivo de defender los intereses del Principado. Ambas organizaciones se muestran esperanzadas tras la toma de posesión del Gobierno, al que exigen una salida a la crisis que no recaiga sobre los trabajadores.

Desde CC OO recuerdan que la concertación «cobra especial valor» ahora e instan al equipo de Javier Fernández a ser exigente en la defensa de los intereses de Asturias en Madrid, empezando por garantizar el futuro del carbón y el cumplimiento de las infraestructuras pendientes.

«Concretar las políticas de ajuste sin lesionar el estado de bienestar, volcarse en la defensa del sector industrial -que atraviesa una delicada situación-, afrontar la gravísima situación del desempleo y garantizar los servicios públicos y la protección social» son las principales demandas del sindicato al nuevo Gobierno regional. En este sentido, completan desde CC OO, «el Gobierno debe impulsar cuanto antes políticas que favorezcan el desarrollo económico y la creación de empleo, apostando por la inversión pública».

En la misma línea, UGT cree que el principal reto que tiene por delante el Ejecutivo es el de «recuperar la confianza en sí misma de la sociedad asturiana, imprescindible para abordar el futuro». Para ello, debe poner en marcha «medidas tendentes a favorecer la creación de empleo, que sin duda es la principal prioridad», así como aportar soluciones «ante los graves problemas que el Gobierno de Rajoy está generando en la gran industria». El sindicato se refiere, entre otros, al coste de la energía para grandes consumidores y a las tarifas portuarias de El Musel. Pero también exige que se apoye a la minería «ante la intolerable agresión de la que está siendo objeto».

UGT, no obstante, quiso resaltar, a través de una nota de prensa, algunas de las «importantes bazas» con las que cuenta Javier Fernández. Una de ellas, especifica, es la propia composición del Gobierno, que «combina consejeros con experiencia en la Administración autonómica con otros bien conocedores de la realidad local por su experiencia municipal». Pero sobre todo, resalta, su principal ventaja es un programa «claramente socialdemócrata».

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