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PRENSA

Empieza el juego de la especulación de nombres para ocupar los cargos… aunque esta vez durará muy poco porque todo se debe de poner a andar rapidísimamente…

Empieza el juego de la especulación de nombres para ocupar los cargos… aunque esta vez durará muy poco porque todo se debe de poner a andar rapidísimamente…

Blanco: «No vamos a paralizar la sanidad ni a producir una crisis en el modelo»

El nuevo consejero reconoce que su departamento tendrá que asumir una parte relevante del recorte global de 616 millones

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

«No vamos a paralizar la sanidad ni a que esto produzca una crisis en el modelo. Tenemos que consolidarlo», afirmó ayer el flamante consejero de Sanidad, Faustino Blanco, instantes después de acceder por vez primera a su nuevo despacho en el Palacio Calatrava y de recibir el testigo de manos de su antecesor, José María Navia-Osorio.

A las doce del mediodía, Faustino Blanco prometió el cargo junto a los restantes miembros del Gobierno de Javier Fernández. Tres horas escasas más tarde, entraba en la Consejería de Sanidad y era recibido por Navia-Osorio. Éste, en vez de la simbólica cartera, le hizo entrega de un lápiz electrónico que -según le indicó- contenía toda la información que el nuevo titular de Sanidad debe conocer. «De todos modos, yo voy para el Sespa; me tienes a tiro de teléfono», le comentó Navia-Osorio en alusión al retorno a su puesto base en la sede del Servicio de Salud del Principado en la plaza del Carbayón.

«No me dio tiempo a hacer grandes cosas», reconoció en tono distendido el ya ex consejero, quien -como todo el equipo de Francisco Álvarez-Cascos- ha ocupado el cargo durante menos de un año. Navia-Osorio propuso a su sucesor tomar asiento en su mesa para las fotografías de rigor, pero éste rechazó cortésmente la oferta.

A continuación, Faustino Blanco atendió brevemente a los medios de comunicación que asistían al traspaso de poder. Acto seguido, ambos reanudaron su conversación, ya sin la presencia de periodistas.

En sus declaraciones ante los micrófonos, el nuevo titular de Sanidad señaló: «Queremos conocer la situación». Y añadió: «A nadie se le escapa que la situación que se avecina en el contexto del Principado es el tema económico», en referencia al recorte del gasto que, con una cuantía global de 616 millones de euros, el nuevo Ejecutivo regional debe acometer de forma inmediata. «Eso tiene que asumirlo el conjunto de la Administración pública, y yo también. Sanidad tiene una sensibilidad especial que nos preocupa, pero tampoco se nos escapa que su participación en el conjunto es muy importante y, por lo tanto, tenemos que ser solidarios con ese problema», señaló el doctor Blanco.

El Consejero no quiso aventurar la cuantía del ajuste que deberá asumir su departamento, pero sabe que se enfrenta a medidas dolorosas. «No podemos recortar como si la sanidad no fuera un servicio directo al ciudadano, y sin saber que los ciudadanos precisan de nuestra atención», precisó el médico gijonés. Fue ahí donde introdujo la frase tranquilizadora que abre estas líneas: «No vamos a paralizar la sanidad ni a que esto produzca una crisis en el modelo. Tenemos que consolidarlo».

A juicio de Faustino Blanco, «en todos los servicios, en éste también, por muy buena gestión que se haga, hay nichos de ineficiencia». «Tendremos que repensar cuáles son, identificarlos y actuar», prosiguió. El nuevo consejero se mostró dispuesto a «reordenar servicios», una expresión de significado siempre incierto. Y todo ello con la finalidad de «hacer racional y sostenible la sanidad asturiana».

Juan Ortiz y Julio Bruno se perfilan como estrechos colaboradores del Consejero

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Durante toda la mañana de ayer, Faustino Blanco estuvo acompañado de Juan Ortiz y de Julio Bruno, circunstancia que invita a pensar que ambos figurarán en el círculo más íntimo de colaboradores del nuevo consejero de Sanidad.

Ya por la tarde, en los ambientes sanitarios tomaba cuerpo la posibilidad de que Ortiz -gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en dos etapas- se convierta en jefe del gabinete de Blanco. Entre tanto, a Julio Bruno -ex director del Hospital Monte Naranco, del Sanatorio Adaro y de las residencias de la tercera edad (ERA)- se le atribuyen opciones de asumir la gerencia del Sespa.

Otros nombres que, de un modo u otro, podrían entrar en el equipo del flamante titular de Sanidad son Enrique González (ex viceconsejero de Salud de Andalucía), Martín Caicoya y Alfonso Flórez, entre otros.

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La comisión de seguimiento del plan del carbón está previsto que comience hoy a las cinco de la tarde en la sede del Ministerio de Industria en Madrid…

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Los mineros asturianos se encierran en los pozos y retoman los cortes de carreteras

Hay encierros en los pozos langreanos de Candín y María Luisa y en el de Aller. Además hay cortes protestas en la autopista A66

29.05.12 - ELCOMERCIO.ES / E. ARENAS, OVIEDO en El Comercio

Los mineros de los pozos langreanos de Candín y María Luisa y algunos de la cuenca del Caudal como el de Aller, entre otros, se han encerrado en las instalaciones en protesta por el plan del carbón. Además, se están celebrando asambleas en el resto de pozos asturianos y presumiblemente el resto adoptarán la misma decisión hoy.

Asimismo han retomado las protestas con cortes en las carreteras que, de momento, están afectando a la autopista A66, que comunica Asturias con la meseta central.

Ayer los sindicatos mineros volvieron a dejar claro ayer que no aceptarán soluciones parciales al problema del carbón y que los acuerdos con el ministerio de Industria deben ser «globales» y no sólo sobre los recortes que establecen los presupuestos generales del Estado. La posibilidad de que Industria lograra mover partidas de su ministerio para destinarlas al carbón o bien que negociara con el Ministerio de Hacienda para lograr los 150 millones de euros en que los sindicatos valoran el actual desacuerdo presupuestario, quedó muy debilitada ayer, después de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, defendiera los recortes al carbón en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Los sindicatos mineros asturianos se reunieron por la mañana con el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, para exponerle la situación actual del sector, la preocupación sobre su futuro y la voluntad de llegar a acuerdos con el Ministerio de Industria.

Poco antes del inicio de la reunión, el secretario general de SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, pidió que el Ministerio de Industria fije las bases para la elaboración de un plan de la minería y dijo que «no estamos dispuestos a negociar parches con Industria». El secretario general de la Federación de Industria de CC.OO. de Asturias, Maximino García, dejó claro también que «los acuerdos tienen que ser globales».

En medio de un importante escepticismo sobre la posibilidad de hoy pueda haber acuerdos con el Ministerio de Industria, los sindicatos explicaron al delegado del Gobierno en Asturias que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «debe cumplir íntegramente el plan de la minería del carbón» y calificaron de «barbaridad» el recorte que los presupuestos generales del Estado prevén para el sector del carbón. Tras la reunión, fuentes sindicales señalaron que el delegado del Gobierno les había dicho que conoce perfectamente el problema de la minería del carbón, que tienen su apoyo y que ha transmitido al Gobierno la gravedad del asunto y la preocupación que hay en Asturias por este problema».

La reunión de hoy de la comisión de seguimiento del plan del carbón, en la que también participará la patronal Carbunión, comenzará a las cinco de la tarde. Los sindicatos esperan que Industria «mueva ficha» en el conflicto, pero no son optimistas sobre la posibilidad de que las propuestas lleven a la desconvocatoria de las movilizaciones previstas para esta semana. Si se mantienen las movilizaciones, mañana y pasado mañana tendrán lugar dos nuevas jornadas de huelga, que culminarán con una gran manifestación en el centro de Madrid.

Los sindicatos no descartan, por otro lado, la posibilidad de encerrarse en la sede del Ministerio de Industria hasta que tenga lugar la manifestación del jueves.

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¿Todavía hay alguna posibilidad?… ver veremos mañana.

¿Todavía hay alguna posibilidad?… ver veremos mañana.

Industria hará una oferta a sindicatos y empresas para frenar la protesta minera

El subdelegado del Gobierno en León asegura que el Ministerio «lleva trabajando todo el fin de semana» para ofrecer mañana una solución al sector

León / Mieres, Agencias / J. VIVAS, en La Nueva España
Las dos jornadas de huelga en la minería han obtenido sus primeros resultados. El Gobierno presentará mañana a sindicatos y empresarios una propuesta para intentar acabar con el conflicto minero, durante la reunión en el Ministerio de Industria. Al menos eso es lo que se deduce de las declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aseguró, en Ponferrada, que el Ejecutivo «lleva trabajando todo el fin de semana» para ofrecer una solución al sector.

Suárez-Quiñones reconoció que la situación «es muy difícil», pero se mostró confiado en alcanzar una solución pese al ajuste del 64% en las ayudas, refrendado la semana pasada en el Congreso con el rechazo a todas las enmiendas presentadas al borrador de presupuestos. Un ajuste que ahora tendrá que ser refrendado por el Senado. Sin embargo, la dureza de las dos jornadas de huelga convocadas por los sindicatos mineros, con cortes en las principales vías de comunicación en Asturias y León, junto a las presiones del PP asturiano y castellano-leonés, han llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a volver a la negociación para frenar las protestas.

Este cambio de postura en el Gobierno central también fue aludido ayer por el secretario provincial de la Federación de Industria de CC OO en León, Alberto González Llamas, quien aseguró que se había celebrado una reunión en la Secretaría de Estado de Presupuestos para tratar el ajuste, por lo que considera que hay una «vía abierta» con el Ministerio de Hacienda, «que era probablemente la mayor trabazón».

Los populares de Asturias tampoco se han quedado parados durante estos días. La presidenta del PP, Mercedes Fernández, «Cherines», aseguró que su partido «defiende al sector minero en Asturias, así como el futuro de las comarcas mineras». Fernández, en declaraciones a la TPA, aseguró haber mantenido contactos durante todo el fin de semana con dirigentes del PP en Madrid, así como con el ministro de Industria, José Manuel Soria. También confirmó que trasladará su postura de defensa del sector al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el encuentro de la dirección nacional del partido de hoy en Madrid.

La presidenta de los populares asturianos también se entrevistará esta semana con representantes de las comarcas mineras, así como con la presidenta de la hullera estatal Hunosa, María Teresa Mallada. La postura del PP asturiano fue duramente criticada por los sindicatos mineros, quienes acusaban a los populares de utilizar un «doble lenguaje» respecto a su defensa del carbón. Una denuncia que materializaron el SOMA-FITAG-UGT y CC OO, el pasado jueves, con una concentración ante la sede del PP regional en Oviedo.

El acto de entrega de los premios «Micrófonos de Oro», celebrado este fin de semana en Ponferrada, tuvo un reconocimiento expreso al sector de la minería. Una solidaridad que mostraron sus invitados, como el actor Imanol Arias, que se pintó las manos con carbón como muestra de su respaldo a las reivindicaciones. También el Dúo Dinámico tuvo un momento para los mineros durante los galardones, a los que dedicó la canción «Resistiré». En la imagen, Imanol Arias, junto a un grupo de mineros, se pinta las manos con un trozo de carbón.

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Incluimos reestructuración de las consejerías, nombramiento de los consejeros y perfil de los mismos…

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El frente de los funcionarios

Foto: Los trabajadores de la Administración, durante la manifestación del pasado viernes, frente a la sede de Presidencia.

Oviedo,  Félix VALLINA, en La Nueva España

Al nuevo Gobierno regional le toca ahora la difícil papeleta de lidiar con el colectivo de funcionarios de la Administración, un sector que ronda los 35.000 trabajadores y que lleva meses acumulando malestar al considerarse el principal damnificado por los ajustes aplicados a causa de la crisis. Los funcionarios asturianos ya enseñaron las uñas el pasado viernes con una manifestación frente a la sede de Presidencia -el día en que Javier Fernández presentó a su Ejecutivo- y aseguran que no están dispuestos a volver a pagar el pato. «En los últimos años siempre hemos sido los destinatarios de los recortes y eso no puede seguir ocurriendo», señaló Miguel Ángel González, presidente de la junta de personal funcionario del Principado.

Por el momento, el Ejecutivo de Fernández tendrá que trabajárselo mucho para volver a recuperar la confianza de unos funcionarios que culpan al PSOE de muchos de sus males: «En el discurso de investidura el Presidente dijo palabras muy bonitas sobre los funcionarios y sobre cómo los va a cuidar. Ahora habrá que verlo. No hay que olvidar que un Gobierno de su mismo color fue el que nos bajó el sueldo en el año 2010 y el que aprobó la famosa ley de Reforma de la Función Pública, que daba carta blanca a la libre designación de puestos de trabajo, a las elecciones a dedo», asegura González. Y añade: «Todavía estamos escocidos con ellos (por el PSOE), no nos fiamos. Además, sólo hay que ver las primeras medidas que han tomado PSOE e IU en Andalucía, que han vuelto a cargar contra los funcionarios».

Miguel Ángel González considera que lo primero que tiene que hacer el Gobierno regional es afrontar un cambio en la ley de Función Pública -una normativa modificada por el Gobierno de Areces que Foro prometió cambiar y aún sigue como estaba- que acabe, entre otras cosas, con figuras como los polémicos «coordinadores», plazas impuestas por el anterior Ejecutivo socialista y ocupadas por funcionarios elegidos a dedo mediante la «libre designación». El presidente de la junta de personal funcionario está esperando «a que el Gobierno esté realmente estructurado y haya un director general de Función Pública» para solicitar una reunión con el Principado y poner sobre la mesa sus reivindicaciones.

Los trabajadores de la Administración regional también plantearán ante el nuevo Gobierno del Principado la necesidad de buscar mecanismos «para que los servicios públicos no pierdan calidad», según señaló Juan Gavira, del CSIF. «Ya lo dijimos el otro día durante la manifestación, no se puede permitir que se utilice el deterioro de los servicios públicos para camuflar privatizaciones. Lo que hay que hacer es mantener el personal, cubrir las bajas por enfermedad, las jubilaciones... Lo que pasa es que lo que quieren es confundir a los ciudadanos tratando de reflejar que la función pública no funciona», subrayó Gavira.

El portavoz del sindicato CSIF tampoco confía mucho en los gobiernos con camiseta socialista. «Por un lado, nos recortaron el sueldo en el año 2010 y, por el otro, se oponen a los recortes de Rajoy. Lo que está claro es que hay que ser coherente y que no se pueden dar bandazos», aseguró Juan Gavira, que lanzó un mensaje directo para el Ejecutivo de Javier Fernández: «Los que provocaron la crisis no fuimos nosotros y ahora no queremos ser los "paganinis". Si es cierto que se necesitan recortes, esperemos que prediquen con el ejemplo y que reduzcan cargos de confianza y asesores para potenciar la plantilla de trabajadores. Lo que está claro es que no puede haber más reducción de nuestras retribuciones».

Y es que Juan Gavira lo tiene muy claro. «Los empleados públicos estamos preparados para trabajar y siempre lo hemos estado, lo que necesitamos es que nos dirijan bien», señaló el portavoz del CSIF, que añadió: «Lo que le pedimos al nuevo Ejecutivo, entre otras cosas, es que se mantenga el nivel de empleo y que no siga bajando porque no se puede dejar que los servicios públicos pierdan calidad. Además, también hay que fomentar la profesionalización de la plantilla y acabar con las colocaciones a dedo de una vez, no se puede tener una Administración politizada».

El colectivo de trabajadores de la Administración ronda las 35.000 personas. Unas 13.000 son sanitarios, alrededor de 11.000 docentes, 7.000 personal de administración y servicios y 4.000 funcionarios

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COMIENZAN LOS CAMBIOS A NIVEL LEGISLATIVO:

Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma

Decreto 5/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno.

VER PERFIL DEL NUEVO GOBIERNO DE ASTURIAS

«Ni un paso atrás por el carbón»

«Ni un paso atrás por el carbón»

Aseguran que no desconvocarán las movilizaciones hasta que Industria rectifique los presupuestos

Los sindicatos valoran la huelga y anuncian que no van a dar el brazo a torcer

Foto: Alcaldes de municipios mineros agrupados en ACOM y sindicalistas se reunieron ayer en las instalaciones del campus.

26.05.12 - E. ARENAS | MIERES, en El Comercio.

Las dos jornadas de huelga en la minería española han llenado de moral a los sindicatos convocantes. Antes de comenzar el primer paro el Ministerio de Industria ya había movido ficha para «negociar de nuevo» en la Mesa del Carbón. Tras el seguimiento masivo de la huelga y las movilizaciones que paralizaron las vías de comunicación de la región, las federaciones estatales de la minería de FITAG-UGT y CC OO se reunieron ayer en Mieres para valorar lo realizado hasta ahora y estudiar las próximas acciones: dos nuevas jornadas de huelga (miércoles y el jueves) y una manifestación en el centro de Madrid. El martes habrá una reunión clave en el Ministerio de Industria, que puede ser decisiva para resolver el conflicto. Los sindicatos esperan que no sea una «convocatoria trampa» y están a la expectativa sobre el conejo que la Administración tiene previsto sacar de la chistera. Por si acaso ya lo advierten: «Seguiremos incrementando las movilizaciones porque no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás».

Por la mañana, las federaciones estatales de los sindicatos celebraron una reunión para analizar las movilizaciones y preparar nuevas estrategias y por la tarde se reunieron los con alcaldes mineros de ACOM.

En un receso de la reunión de la mañana, el secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CC OO, José Manuel Liébana, y el responsable de Minería de FITAG-UGT, Víctor Fernández, comparecieron en una rueda de prensa para valorar las movilizaciones. «Han sido un rotundo éxito. Un ejemplo de seriedad y rigor» dijeron, a la vez que aseguraron que «el Gobierno debe darse cuenta de que si quiere acabar con el carbón vamos a estar aquí siempre y que defenderemos el sector hasta el final».

Los sindicalistas denunciaron que el Gobierno del PP trata de cerrar la minería del carbón mediante el recorte de las ayudas, que en los presupuestos es del 64%, es decir, que «sólo alcanza para cuatro meses de actividad».

Los representantes de los trabajadores creen que Industria podría mover partidas de sus presupuestos para presentárselos el próximo martes, pero no quisieron entrar en cifras ni en listones para un posible acuerdo. «Las nuevas cantidades, dijeron, deben servir para mantener las explotaciones mineras durante este año y para que tengamos la suficiente cantidad para proyectos empresariales, formación, seguridad minera e infraestructuras. Lo seguro es que pedimos menos dinero del que pide Bankia».

Los alcaldes instan al Gobierno central a ejecutar todas las obras de los fondos

Los regidores de los concejos mineros de España piden en una moción la negociación de un nuevo plan del carbón hasta 2018 y más inversiones

Mieres / Langreo, J. VIVAS en La Nueva España

Los alcaldes mineros pretenden que el Gobierno central cumpla íntegramente los compromisos adquiridos en los planes del carbón 1998-2005 y 2006-2012. Es decir, todas las obras firmadas. Y quieren que abra una nueva negociación para el plan 2013-2018. Así consta en la moción consensuada el pasado viernes en el campus de Mieres por los ayuntamientos miembros de la Asociaciones de las Comarcas Mineras (ACOM-España) y que ayer fue trasladada a sus representantes municipales. El documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, también hace hincapié en las reivindicaciones sobre el futuro del sector. Por un lado, apoya las movilizaciones de las organizaciones sindicales FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO. Por el otro, instan al Gobierno, al Congreso y al Senado que defiendan ante la UE el mantenimiento del régimen de ayudas al carbón para asegurar la continuidad del sector, así como lograr la conservación del actual en vigor.

La propuesta cuenta con el respaldo de alcaldes de Asturias, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha. Deja claro que los regidores no piensan renunciar a los fondos mineros, independientemente del color político al que pertenezcan. Muestra de ello fueron también las declaraciones que Ángel Calvo, presidente en funciones de ACOM y alcalde de la localidad leonesa de Páramo del Sil (PP) hizo en el programa «Protagonistas» de «ABC Punto Radio». Calvo aseguró ante los micrófonos de la radio que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «quiere cerrar las minas ya» y pidió la intervención directa del presidente y la vicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María.

El presidente en funciones de ACOM se mostró ayer algo más cauto y se limitó a la moción consensuada entre los alcaldes. Un documento en el que se afirma que «los esfuerzos inversores realizados en las comarcas mineras han permitido abrir importantes expectativas de futuro, pero sin haber llegado a completar un proceso de regeneración y reactivación capaz de servir de alternativa a la actividad minera aún existente». Sobre los presupuestos estatales, la moción afirma que «suponen condenar al olvido a las cuencas mineras».

El malestar trasladado por Ángel Calvo también se hizo patente el pasado viernes entre el resto de alcaldes que acudieron a la reunión con los sindicatos organizada en el campus de Mieres. Algunos, como Isidro Barrio, alcalde popular de Valderrueda (León), aseguró que «tiene que haber diálogo. Estamos dispuestos a ampliar los plazos para que se puedan cumplir los compromisos de fondos mineros, pero rechazamos de plano su eliminación». La postura de alargar las partidas del plan de la minería como gesto ante la actual crisis económica ya fue aludida en el pasado por los responsables de ACOM. Una pequeña cesión que podría equilibrar la balanza. Otros regidores, como el de Guardo (Palencia), Juan Jesús Blanco (PP), afirmó que «tenemos obras empezadas y otras ya comprometidas o en procesos de licitación que no podemos dejar así porque contribuirían a hundirnos aún más». Si la opinión de los alcaldes del PP es desoladora, la de los regidores socialistas y de Izquierda Unida se mantiene en los mismos términos. De ahí el acuerdo alcanzado en Mieres.

La moción

Plan del carbón

Los Ayuntamientos instan al Gobierno central al cumplimiento íntegro de los planes 1998-2005 y 2006-2012, así como un nuevo plan 2013-2018 negociado con los sindicatos y la patronal del sector.

Presupuestos del Estado

La moción pide a los Gobiernos regionales de Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León que sus senadores y diputados en el Senado y Congreso apoyen las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que hacen referencia al Instituto del Carbón.

Ayudas al carbón

Solicitan al Gobierno, al Congreso y al Senado que defiendan ante la Comunidad Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad del sector minero, así como lograr el mantenimiento del régimen de ayudas que actualmente está en vigor.

Sindicatos

Los Ayuntamientos también trasladan a las organizaciones sindicales, tanto FITAG-UGT como a CC OO, su apoyo en cuantos planteamientos tengan en defensa del mantenimiento del sector.

Una maratón por el carbón

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Desde luego que esta distorsión absoluta de la realidad de los funcionarios y empleados públicos es intencionada y se debe a la promoción interesada de sectores que desean desprestigiar lo público en favor de lo privado… porque aquí puede haber un gran negocio.

Desde luego que esta distorsión absoluta de la realidad de los funcionarios y empleados públicos es intencionada y se debe a la promoción interesada de sectores que desean desprestigiar lo público en favor de lo privado… porque aquí puede haber un gran negocio.

35.000 empleados públicos luchan por «dignificar una imagen deteriorada»

«No somos parásitos ni privilegiados. Somos muy necesarios», defienden los funcionarios

27.05.12 - AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO, en El Comercio.

La operaria Paula Álvarez Galán ha llegado a frotar 300 mesas de instituto en un mes con decapantes, que esta limpiadora empleada por la Administración autonómica utiliza «para quitarles la tinta». Y así lleva cinco años en los que, cuenta, ha perdido «mucho olfato». Pero es que sus cinco compañeros de brigada no lo pasan mejor rodeados de decenas de productos con los que atacan pasillos, cristales o baños. Entre «desinfectantes, desincrustantes, tóxicos. Siete horas diarias de lunes a viernes. Acabas con la garganta y el estómago fatal».

Y, a pesar de eso, Paula sabe que «funcionario» y «vago» son dos conceptos todavía asociados por un amplio porcentaje de la ciudadanía, algo que tampoco se le escapa a Matías Castaño, policía de la Comisaría de Gijón, área de Seguridad Ciudadana, después de años de «dura formación» y de doce más de destino en Madrid, que lo sabe y lo desmiente: «Me inclino a pensar que esa distorsión absoluta de la realidad se debe a la promoción interesada de sectores que desean desprestigiar ’lo público’ en favor de ’lo privado’».

Mantener la asociación entre «empleado público» e «improductivo» responde, explica el también secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Asturias, «a los intereses de dirigentes políticos y de determinados grupos de presión» que la utilizan «como argumento fumígeno para justificar el irresponsable y duro recorte de derechos y medios» que los empleados públicos vienen sufriendo en los últimos tiempos a manos de gobiernos de diverso signo. Todo, con el objetivo último, añade, «de instalar una precariedad en los servicios prestados a los ciudadanos de modo que éstos opten por los servicios privados, de los que argumentan que son más eficientes. Eso, mientras se callan que resultan menos eficaces, menos independientes y desiguales, dependiendo del nivel económico de ese mismo ciudadano».

Como Matías Castaño, muchos de los 35.000 empleados de la Administración autonómica -como el medio millar que esta semana salió a la calle en Oviedo «contra el deterioro de los servicios esenciales»- han comenzado una cruzada «para dignificar una imagen que ya está lo suficientemente deteriorada», admite Juan Gavira, representante de CSIF. Porque, como alega el portavoz de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Enrique López, «el empleado público, socialmente, sigue teniendo una vitola de aprovechado».

La realidad, a su juicio, es bien distinta: «No le debemos nada a nadie. Trabajamos, cobramos un salario y pagamos nuestros impuestos. Somos trabajadores como el resto. No tenemos que pedir perdón a nadie por tener unas condiciones laborales que ya no se dan en el mercado laboral».

Condiciones, reflexiona Paula Álvarez (que superó cuatro exámenes antes de conseguir su puesto de limpiadora tras conocer primero el sector privado), «que ya ni siquiera están garantizadas. Porque lo de ser fijo, que era lo único bueno que teníamos, con la reforma laboral se queda en nada».

«Éramos masa borreguil»

«No somos parásitos de la sociedad ni privilegiados. Somos muy necesarios y deteriorar los servicios que prestamos y con los que estamos muy comprometidos es deteriorar, por ejemplo, las condiciones de vida de los chavales que están en centros de menores o de los mayores que están en residencias», espeta, contundente, Juan Gavira.

A ese compromiso se refiere también el agente Castaño, que sostiene que buena parte de sus compañeros «mantienen una implicación personal en defensa del ciudadano, actuando más allá de su deber en casos de urgencia y con gran peligro para su integridad».

«Éramos gente que no nos movíamos, masa borreguil. Pero eso ha cambiado. Tenemos que decirle a nuestro empleador, el Gobierno, que debe trabajar por dignificar la figura del empleado público y no ir a lo más fácil, a recortar el número de trabajadores y sus salarios».

Victorino Rivero Nido, guarda que precinta salmones en Salas «tras la polémica con el Campanu», o el coordinador del 112 Marcos Rodríguez, que se enfrentó «al avance descontrolado del fuego el Valledor» hace pocos meses, a familias que tienen un accidente grave «y se quedan bloqueadas» al teléfono, a «personas que piensan que la única llamada es la suya», también se lo pide: «La Administración debe apostar ya por sus empleados».

«Jetas hay en todos los trabajos, pero aquí son los menos»

«Hay gente que te ve de uniforme y te quita la cara»

«Nos dan 21 euros para desayunar, comer y cenar fuera»

«Llaman protestando por ruidos o por un coche mal aparcado»

Toma de posesión del 8º presidente autonómico…

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Javier Fernández promete «mejorar» la región con «dedicación, entrega, trabajo y decencia»

El nuevo presidente reconoce que habrá que elegir «opciones desagradables» y afirma que «peleará contra la injusticia» para no salir de la crisis «como sea y a costa de lo que sea»

Oviedo, Pablo GALLEGO, en La Nueva España

La Junta General lo había elegido ya el miércoles, pero no fue hasta ayer, poco después de las doce de un mediodía que terminó con lluvia, cuando Javier Fernández (Mieres, 1948), ingeniero y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), se convirtió de forma oficial en el octavo presidente de Asturias. Por detrás quedaron años de militancia, responsabilidades en el Congreso y el Senado, dos campañas electorales, un año de parálisis política en el Principado bajo el control de Foro, y una dura batalla -electoral y judicial- para ponerse al frente del Gobierno asturiano. Por delante esperan tres años en los que no aspira a lograr una Asturias «perfecta, porque las utopías deben ser modestas», sino a «mejorar la que existe», con «dedicación, entrega, trabajo y decencia».

En un discurso con el que reivindicó el ejercicio de la política y el Estado de las autonomías, Fernández sentenció: «Asturias puede y debe estar mejor». Ése será, adelantó, «el motor de mi acción política» y «la vocación de mi Gobierno». Los ocho consejeros que componen su Gabinete (cinco mujeres y tres hombres que mañana tomarán posesión de sus cargos) escuchaban desde uno de los laterales de la planta noble del Parlamento regional. A ellos y al resto de autoridades e invitados, casi 300, les pidió Fernández «ayuda, sin más recompensa posible que la satisfacción de haber contribuido al progreso de Asturias». También se lo pidió a la ministra de Fomento, Ana Pastor, representante del Ejecutivo central en el acto, que le respondió ofreciendo la «cooperación leal» del Gobierno de Mariano Rajoy.

Javier Fernández llega al Gobierno con 64 años y la responsabilidad de combatir una crisis a la que, en el último año, ha bautizado de distintas formas. Rodeado por todas las autoridades regionales -entre ellas el presidente del Principado saliente, Francisco Álvarez-Cascos; el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo; los diputados de la Junta, y los ex presidentes-, ayer Fernández explicó que el origen de la crisis estaba en la «inexistencia de un contrapeso político frente a un sistema financiero confiado en su propia exactitud». También en el hecho de que hayan sido los expertos, y no los políticos, quienes hayan tomado buena parte de las decisiones. «La política», sentenció el nuevo presidente, «comienza cuando los expertos han dado su opinión y sigue sin saberse lo que hay que hacer».

«Porque creo en la política, pienso que es posible pelear contra la injusticia», continuó, y no salir de la crisis «como sea y a costa de lo que sea». Tendrá que hacerlo, porque las circunstancias, añadió, «obligan a elegir entre opciones desagradables», y sus compromisos con el Estado del bienestar le obligan. Como adelanto de lo que está por venir de la mano con los recortes, fuera de la Junta se manifestaba un numeroso grupo de docentes, cacerolas en mano. «La educación es la piedra angular de la sociedad», afirmaba, en los pasillos, la nueva consejera del ramo, Ana González; «hay diferentes maneras de cumplir -el objetivo de déficit-, y la nuestra será distinta».

El nuevo presidente cosió con cuidado el discurso que pronunció tras prometer cumplir, sobre la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, las obligaciones derivadas de su cargo. A diferencia de su intervención en el debate de investidura, en el que expuso las líneas maestras de su programa de Gobierno, la de ayer fue mucho más personal, pero sin perder de vista sus convicciones políticas. Fernández confesó ser «fotofóbico», prefiriendo «el trabajo discreto al exhibicionismo, la labor callada y constante a la trompetería». Eso no le impidió dar las gracias -con aplausos de unos invitados que empezaban a sufrir el calor-, a los compañeros «que nunca cejan, a los amigos que alientan siempre», y a su familia, «a la que prometes continuamente ese horizonte de dedicación que jamás alcanzas». Su hija, Elena Fernández, sonrió y miró hacia abajo.

Pero el pudor que lo acompaña como hombre tímido que es «se concilia perfectamente con el amor a la luz plena, a la claridad en las decisiones y en el manejo de los fondos y los asuntos públicos», aclaró Javier Fernández. Como Pedro Sanjurjo, presidente de la Junta, propusiera para el Parlamento regional, el nuevo Gobierno del Principado tratará de ser «de cristal», transparente ante los ciudadanos. De momento, además de una nueva ley sobre Transparencia y Buen Gobierno, la novena legislatura comenzará con la creación de una comisión que investigue la «operación Marea», que dio con el ex consejero socialista José Luis Iglesias Riopedre; su mano derecha en la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y la alta funcionaria Marta Renedo, en la cárcel.

Superadas la confesión y las referencias personales, llegó la parte más política del discurso. Además de ser el único secretario general del PSOE asturiano que ha llegado presidir el Principado, Fernández coordina desde el pasado febrero el Consejo Territorial de los socialistas. Quienes lo conocen bien saben que el asunto autonómico y los nacionalismos ocupan buena parte de sus discusiones, y ayer -como ya hiciera en la Junta en respuesta al diputado de UPyD, Ignacio Prendes-, Javier Fernández defendió el Estado autonómico como «un indiscutible triunfo histórico que nadie debería siquiera pretender impugnar»

Fernández ofrece «cooperación» a Rajoy y dice que no será «ariete ni punta de lanza»

Ante Ana Pastor, pide que el Gobierno sea «flexible» con los plazos para elaborar un plan de ajuste «en condiciones»

27.05.12 - ANDRÉS SUÁREZ / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

Pasaban unos pocos minutos de las doce y media cuando Javier Fernández, emocionado por momentos, tomaba posesión de su cargo como presidente del Principado y asumía las riendas de la región en un momento especialmente complicado, sobre todo en lo financiero. Arropado por los principales representantes de la clase política, económica y social, el líder socialista daba el salto de las responsabilidades de partido a las de gobierno con un discurso en el que intentó huir del optimismo desaforado y que optó por situar en un plano de realismo, dada la complejidad del escenario. «No pretendo anunciar un tiempo nuevo, no aspiro a una Asturias perfecta», reflexionó, «aspiro a mejorar la que existe». Sabedor del margen limitado de maniobra que en una sociedad cada vez más global tiene un presidente autonómico, lanzó un mensaje de «colaboración » al Ejecutivo central, representado ayer por la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la que reclamó tiempo para poder elaborar y presentar el plan de ajuste que la comunidad tiene pendiente. Habló de una relación que no alcance dos polos, ni la insumisión ni la entrega, y que se mueva en el espacio del «acuerdo, la discrepancia y hasta la rebeldía razonable». Pero sin cruzar en ningún caso los límites. El Principado, quiso dejar bien claro, «no será ariete ni punta de lanza de nada, excepto del interés de Asturias».

La mañana comenzó con ruido, el de los profesores que en la calle protestaban contra los ajustes que sufre la comunidad educativa en el marco de las políticas de reducción del déficit, y terminó con aplausos, los que recibió Fernández tras tomar posesión. Flanqueado por quienes le han precedido en el cargo, por la ministra de Fomento y por el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, entre otras autoridades, el nuevo jefe del Ejecutivo trazó una intervención que no entró en compromisos concretos, quizá porque no era el momento ni el lugar, y que dibujó una filosofía general de actuación. Y una línea de trabajo, basada en cuatro ejes: «Dedicación, entrega, trabajo y decencia».

Asturias, comenzó argumentando Fernández, «puede y debe estar mejor». ¿Cómo? Esa es la clave. Porque en las circunstancias actuales habrá que elegir no entre lo bueno y lo malo sino «entre opciones desagradables». Habrá que priorizar, vino a decir, dando a entender que será ahí donde se perciba el sello de identidad de su Gobierno frente a otras alternativas ideológicas. Admitiendo que la recesión «semeja una plaga enorme y devastadora», planteó como factible «pelear contra la injusticia» y articular discursos alternativos al pensamiento monolítico vigente.

«Yo no quiero llegar a algún sitio», apostilló tomando para sí la frase de Alicia en el País de las Maravillas, «bracear para salir como sea y a costa de lo que sea» del actual abismo económico. «Quiero llegar a una Asturias mejor», se explayó, «una Asturias que ascienda por la escalera del progreso, que tiene por primer peldaño la lucha contra el desempleo».

Para ello, situó la concordia en la relación con el Gobierno central, de diferente signo político, como clave. «Ofrezco y pido cooperación leal», remarcó. Rechazó una política de confrontación. «No creo en la política predatoria que busca la aniquilación del adversario», dijo. Tampoco, añadió, «en la política arremangada del desparpajo y la simpleza». A partir de ahí, defendió que el contacto entre ambas administraciones transite por la vía de la colaboración. «Mi Gobierno no sacrificará el interés de los asturianos al enfrentamiento inútil», subrayó. Y remachó: «No será ariete ni punta de lanza de nada, excepto del interés de Asturias».

El estado autonómico

Rehuyó Fernández ahondar en las cuestiones identitarias, más allá de alinearse con el pensamiento que dice que «no hay español más orgulloso de su patria que un asturiano». Dos identidades que «no se restan, se suman», opinó. Fue un argumentó que utilizó para centrar el debate en la necesidad de acabar con las insuficiencias y las duplicidades que se puedan constatar hoy en el estado autonómico, pero nunca poner en cuestión su acierto e idoneidad. «Es un indiscutible triunfo histórico que nadie debería siquiera pretender impugnar», sostuvo. Defendió avanzar en el camino federal por la vía de «más multilateralidad, más colaboración y más lealtad».

Pero más allá de la filosofía, el nuevo Gobierno, cuyos consejeros toman posesión mañana, tiene que bajar pronto al terreno de juego. El plan de ajuste que debe podar 616 millones del presupuesto tendría que estar listo de inmediato. Por tercera vez en los últimos días, Fernández reclamó más plazo a Madrid. «Pido un margen de flexibilidad necesario para elaborar en condiciones, como deben hacerse, los planes precisos para arrostrar la crisis que serán presentados responsablemente a su Gobierno», le dijo directamente a Ana Pastor, antes de llamar, mañana, al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Cree el presidente que un plan serio y solvente no puede confeccionarse en un plazo tan corto, de ahí que se mostrase convencido de que, finalmente, Montoro será flexible y dará tiempo adicional para trasladar un documento «sensato».

Antes de terminar y sumirse en un paseo interminable de abrazos, saludos y felicitaciones, el dirigente socialista prometió «claridad en las decisiones y en el manejo de los fondos y los asuntos públicos». Y más tarde, ya en los pasillos, se mostró decidido a «comenzar a trabajar y hacerlo lo mejor posible».

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El Gobierno culpa al gasto sanitario de la desviación del déficit

Los funcionarios de Eurostat están en España para conocer de primera mano las razones del aumento del 8,51% al 8,9% PIB del déficit de las cuentas públicas.

Hacienda asegura que de los 4.000 millones de más, 3.000 se deben al área sanitaria.

EFE | MADRID

El Gobierno ha explicado hoy (por ayer) a los funcionarios enviados por la oficina de estadística comunitaria Eurostat que la nueva desviación del déficit público de 2011 (de 0,43 puntos porcentuales del PIB, algo más de 4.000 millones de euros) se debe sobre todo a gasto sanitario, han informado fuentes de Hacienda.

Los expertos de Eurostat se han trasladado a Madrid para conocer de primera mano las razones de la nueva revisión al alza del nivel de déficit público de 2011 por parte del Gobierno español (del 8,51% del PIB al 8,9%), que afloró gracias al plan de pago a proveedores de las comunidades autónomas. Del importe total del aumento del gasto, la mayor parte se ha concentrado en el área sanitaria con un importe de unos 3.000 millones de euros, mientras que en torno a 1.000 millones de euros derivan de gastos de la administración general de las comunidades y de gastos sociales.

De acuerdo con la información proporcionada en los planes económico financieros, la desviación de 0,43 puntos porcentuales se debe fundamentalmente al aumento del déficit de la Comunidad de Madrid (0,18 puntos porcentuales del PIB) y de la Comunidad Valenciana (0,18), y en menor medida a Andalucía (0,01) y Castilla-León (0,02).

El Gobierno ha insistido en que se mantiene sin cambios la previsión de alcanzar este ejercicio el 5,3% de déficit para el conjunto de las administraciones públicas y del 1,5% para las comunidades autónomas, y en que la desviación ya se ha tenido en cuenta en los planes para cumplir este objetivo.

Comunidades Autónomas

Además, se ha comunicado a Eurostat un aumento del gasto en inversiones por valor de 405 millones de euros realizadas por Cataluña a través de Gisa, sociedad clasificada como administración pública a efectos de contabilidad nacional.

Se trata de gasto registrado y pendiente de pago que no estaba incluido en la comunicación provisional de cierre de 2011 que se hizo en marzo pasado, fecha de vencimiento del plazo de comunicación del avance provisional de las cuentas del sector público. Esto implica un aumento del déficit en esta comunidad autónoma de 0,04 puntos porcentuales, aunque se diferencia de los casos anteriores en que no se trata de déficit vinculado a facturas pendientes.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, las facturas correspondientes a 2011 ascendían a 850 millones de euros, cantidad a la que hay que añadir otros 1.842 millones de euros de facturas pendientes de ejercicios anteriores. Esta es la cifra en que se incrementa el déficit , pero el plan económico financiero de Valencia sólo consigna 850 millones de euros, que son las facturas correspondientes a 2011, y por tanto el punto de partida para el ajuste presupuestario que deben realizar en 2012 para alcanzar el objetivo del 1,5 % del PIB.

Por otro lado, la Intervención General de la Administración del Estado está llevando a cabo un exhaustivo proceso de revisión de las cifras de las administraciones territoriales, una vez se ha tenido conocimiento de las principales magnitudes de la operación de pago de proveedores. Esta revisión incluirá las cuentas tanto de comunidades autónomas como de entidades locales. Aún no ha terminado el análisis de los datos sobre las facturas incluidas en el mecanismo de pago a proveedores por parte de las corporaciones locales, que será un proceso dilatado debido al importante número de ayuntamientos.

Y lo de Cataluña para dar de comer aparte…

Cataluña pide al Estado que le refinancie la deuda para poder «pagar a fin de mes»

El Gobierno activará un mecanismo ante los problemas de liquidez de las autonomías y promete no dejar caer a ninguna

El presidente de Cataluña, Artur Mas, disparó ayer todas las alarmas al desvelar que la Generalitat necesitará ayuda del Estado para hacer frente a su deuda este año a través de su refinanciación. «No nos importa cómo lo hagan, pero necesitamos pagar a fin de mes. Una economía no se recupera si no puede pagar», dijo.

Un portavoz detalló después que el presidente catalán se refiere concretamente a los pagos corrientes mensuales y no a que este mes sea la fecha límite de pago. Mas reconoció que la Generalitat se está quedando sin opciones tras dos años colocando «bonos patrióticos» a un interés entre el 4,5 y el 5 por ciento. Por este motivo, ha abogado por la emisión de «hispanobonos» para ayudar a las comunidades. Ante esta petición desesperada de ayuda, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó ayer al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, que «no dejará caer» a ninguna autonomía, pero a cambio les exige que cumplan con el objetivo de déficit.

El Ejecutivo tiene encima de la mesa «varios mecanismos» para resolver los problemas de liquidez de las autonomías, pero aún no ha tomado una decisión sobre cuál será el que pondrá en marcha, aunque será «pronto», indicaron fuentes gubernamentales.

Durante la reunión de una hora y media en la Moncloa, Rajoy afirmó que se siente «responsable» de todas las comunidades y que tiene el «compromiso claro» de no dejar tirada a ninguna. Duran solicitó la creación de «hispanobonos» al Presidente, quien le señaló que está estudiando «varios mecanismos» -no necesariamente «hispanobonos»- y que no ha tomado aún una decisión, aunque será en breve.

Hacienda apuntó recientemente la posibilidad de que hubiese previsto un instrumento para junio y, de hecho, debe celebrarse una reunión en próximas fechas del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Poco antes de la reunión, los medios recogían la petición de ayuda de Artur Mas al Estado para refinanciar la deuda de Cataluña subrayando que su comunidad necesita «pagar a fin de mes», unas palabras que, según fuentes gubernamentales, Duran no comentó con Rajoy. Sin embargo, a la salida dijo que se ha hecho una «mala interpretación» de esas palabras y que «de ninguna manera» se ha solicitado el rescate de Cataluña.

La solicitud de auxilio de Mas contribuyó ayer a que la prima de riesgo española se disparase al récord de 494 puntos. 

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