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PRENSA

Si la gobernabilidad de Asturias adquiere importancia nacional Prendes vs. Rosa Diez, deberían pedirle a Rajoy que a cambio anule los recortes en sanidad y educación, por poner un ejemplo… ¡¡y no va con coña!!

Si la gobernabilidad de Asturias adquiere importancia nacional Prendes vs. Rosa Diez, deberían pedirle a Rajoy que a cambio anule los recortes en sanidad y educación, por poner un ejemplo… ¡¡y no va con coña!!

La dirección nacional del PP busca el apoyo de Rosa Díez en Asturias

La ejecutiva del PSOE también ha realizado gestiones para intentar asegurarse el voto de UPyD

19/04/2012, Raúl Alvarez, Oviedo, en La voz de Asturias

Todo ha cambiado para UPyD. En pocas semanas ha pasado de fuerza extraparlamentaria a guardián de la puerta de acceso a la presidencia regional. El partido intenta llevar con calma el nuevo papel, pero los esfuerzos de la dirección asturiana para esquivar la presión y marcar reglas a cualquier negociación son cada vez más difíciles de mantener. Ignacio Prendes y sus compañeros no tienen prisa, pero los aspirantes a gobernar el Principado viven a otro ritmo. La izquierda y la derecha quieren cuanto antes garantías los acuerdos que deshagan el empate a 22 votos entre los dos bloques. PP y PSOE usarán todos sus recursos en ese empeño. La dirección nacional de los populares ha empezado contactos discretos con la fundadora de UPyD, Rosa Díez, para inclinar la balanza de su lado.

Los estrategas de Génova quieren explotar las coincidencias de los programas para hacerse con el Principado. Díez, sin embargo, no se ha comprometido. En los últimos días también ha recibido señales del PSOE. Muchos en su antiguo partido no le han perdonado aún su marcha, pero su relación con Alfredo Pérez Rubalcaba es buena y los socialistas quieren explotarla. Confían en que el pasado en la izquierda de muchos militantes destacados de UPyD juegue a su favor y en que, si la formación aspira a presentarse como una opción de centro, decida distanciarse del PP.

En Asturias, Prendes se mueve con cautela y evita dar pistas de cómo actuará en la investidura. Su tono tras la reunión del martes con el socialista Javier Fernández fue constructivo, pero aún tiene pendientes otros encuentros con la derecha. Díez, en todo caso, se desmarcó ayer de la ambigüedad de otros líderes nacionales de UPyD, que en los últimos días han jugado con la idea de la abstención. La portavoz se mostró contraria a esa alternativa. “Creo que habrá un acuerdo, porque a nadie le interesan la inestabilidad y la repetición de las elecciones”, afirmó en una entrevista emitida por Antena 3. Sus compañeros asturianos también aseguran que, llegado el momento, se mojarán y evitarán un punto muerto en la política regional.

La constitución del Parlamento, fijada para la próxima semana, aportará una referencia de cómo van las negociaciones. Los canales abiertos por los emisarios nacionales del PP dan mayor credibilidad al pacto entre Mercedes Fernández y Francisco Álvarez-Cascos. Aunque la dirección de Mariano Rajoy se reserva la última palabra para dar validez a cualquier compromiso, Cherines goza de su confianza y tiene las manos libres para desplegar su estrategia. De momento, la candidata ha hecho bueno el cálculo de que su ascenso a la presidencia regional del partido serviría para tejer el consenso con Foro que no había sido posible en el último año. Las relaciones entre ambas fuerzas han salido del congelador, pero aún deben enfrentarse a un momento decisivo. Fernández aspira a la presidencia y está por ver si ese trato resulta aceptable para Cascos, que debería cedérsela, cuando la designación del candidato sea ya inaplazable.

La oferta de la líder ha cogido por sorpresa incluso a algunos de sus compañeros, que no sabían de antemano que la cita de esta semana serviría ya para esbozar un pacto. La desconocía la junta local de Oviedo, uno de los puntos fuertes de la resistencia a la reconciliación con el presidente en funciones. Ese detalle demuestra que en la cocina de los acuerdos entran muy pocos dirigentes. No sólo en el PP. La cautela en una situación compleja se ha elevado a norma.

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En lo más trascendente el Consejero calla y otorga... ¡¡en clara sintonía con la sociedad asturiana!!

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El Gobierno asturiano pasa de puntillas sobre la polémica del copago de fármacos

El consejero Navia-Osorio se limita a manifestar su apoyo a medidas que no choquen con el programa de Foro, pero no aclara si éste es el caso

Foto: José María Navia-Osorio (izquierda), ayer, en Madrid con la ministra Ana Mato y otros consejeros de Sanidad.

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Eran las ocho de la tarde de ayer cuando el Gobierno asturiano en funciones alumbraba, por fin, un comunicado en el que pasaba de puntillas por la controvertida cuestión del «copago» de los medicamentos aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud. Sin duda, está pesando, y mucho, el proceso de negociación que Foro Asturias y el Partido Popular tienen en marcha para intentar configurar una mayoría parlamentaria en el Principado.

En su nota de un folio completo, el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, se limita a señalar que «el debate del futuro de la sanidad no puede empobrecerse intelectualmente conduciéndolo únicamente hacia la aplicación de copagos como si fuera una medida inevitable para superar esta situación de crisis».

La otra alusión al asunto -aún más colateral- ni siquiera menciona directamente la polémica palabra. Navia-Osorio reiteró «el ánimo de colaboración» del Gobierno regional «y su disponibilidad a adherirse a las decisiones mayoritarias que se adopten en el seno del Consejo Interterritorial, lealmente y con la única reserva de que no entren en contradicción con el programa electoral que Foro propuso a los ciudadanos». El texto no especifica si el hecho de que los pensionistas tengan que empezar a pagar una parte del precio de sus medicamentos colisiona o no con el ideario del partido de Francisco Álvarez-Cascos.

El comunicado se centra en subrayar que el titular de Sanidad participó en la plenaria del Consejo Interterritorial «con la voluntad de máxima colaboración para aportar y proponer medidas de mejora de la sanidad y que son compatibles con el ahorro cuando se basan en mejoras de la gestión». Y precisa que Navia-Osorio apoyó «algunas de las propuestas del Ministerio, como la compra centralizada de medicamentos, la adecuación de los envases a la duración de los tratamientos, la realización de estudios coste-beneficio de los medicamentos en la prestación farmacéutica y el control del "turismo sanitario"».

El Consejero instó al Ministerio a que asuma su papel de coordinación estimulando y divulgando iniciativas innovadoras de las comunidades autónomas», entre ellas «las unidades de gestión clínica de Asturias».

NOTA OFICIAL DEL PRINCIPADO EN SU PAGINA WEB:

La Consejería de Sanidad propone en el Consejo Interterritorial que se planteen medidas positivas para mejorar la sanidad y servir mejor a la sociedad

18/04/2012

•El Consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, instó al Ministerio de Sanidad a asumir su papel de coordinación del  Servicio Nacional de Salud divulgando iniciativas innovadoras surgidas en las comunidades autónomas

18-abr-2012 (Madrid).-

El Consejero de Sanidad del Principado de Asturias, José María Navia-Osorio, participó hoy en la reunión del pleno del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado en el Ministerio de Sanidad, con la voluntad de máxima colaboración para aportar y proponer medidas de mejora de la sanidad y que son compatibles con el ahorro cuando se basan en mejoras de la gestión.

José María Navia-Osorio considera que el debate del futuro de la sanidad no puede empobrecerse intelectualmente conduciéndolo únicamente hacia la aplicación de copagos como si fuera una medida inevitable para superar esta situación de crisis.

En este sentido, el Consejero destacó la necesidad de adoptar medidas positivas de mejora de la gestión y búsqueda de una mayor eficiencia por lo que apoyó algunas de las propuestas del Ministerio, como la compra centralizada de medicamentos, la adecuación de los envases a la duración de los tratamientos, la realización de estudios coste-beneficio de los medicamentos en la prestación farmacéutica y el control del turismo sanitario.

Navia-Osorio recordó, como ejemplo positivo de coordinación, el reciente acuerdo-marco para la compra de vacunas antigripales al que se adhirieron voluntariamente catorce comunidades autónomas, incluyendo el Principado de Asturias, con el consiguiente ahorro económico.

Además, instó al Ministerio a que asumiera su papel de coordinación estimulando y divulgando iniciativas innovadoras puestas en marcha en las comunidades autónomas, como la compra de medicamentos mediante subasta en Andalucía, la gestión de pacientes crónicos en el País Vasco o las Unidades de Gestión Clínica de Asturias.

Finalmente, el Consejero de Sanidad confirmó el ánimo de colaboración del Gobierno del Principado de Asturias y su disponibilidad a adherirse a las decisiones mayoritarias que se adopten en el seno del Consejo Interterritorial, lealmente y con la única reserva de que no entren en contradicción con el programa electoral que FORO propuso a los ciudadanos.

REACCIONES AL RECORTE EN SANIDAD

Rechazo generalizado al pago de los medicamentos en Asturias

Pensionistas y pacientes ven «injusto» el fin de la gratuidad de los fármacos para los jubilados

El Comercio 19.04.12 - LAURA MAYORDOMO | GIJÓN.

De lo que la ministra Ana Mato fuera a trasladar a los consejeros de Sanidad en la reunión de ayer en Madrid estaban pendientes en Asturias muchos colectivos. Sobre todo, los de pensionistas y jubilados, sabedores desde primera hora de la mañana de que las intenciones del Gobierno nacional para cumplir con el ahorro adicional de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación que anunció la semana pasada pasaban por acabar con la gratuidad de los medicamentos para un amplio espectro de la sociedad. Una medida, para ellos, completamente injusta e injustificada.

«Esto agudiza la situación de las rentas más bajas y profundiza en las medidas de recortes al colectivo», lamentaba el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, Francisco González. «Primero fue la congelación de las pensiones. Después, los recortes en la ley de dependencia y, ahora, el copago de los medicamentos», repasó en el listado de agravios.

Porque «ocho euros pueden parecer poco», se expresaba en el mismo sentido la presidenta de la Federación de Personas Mayores de Asturias (Fampa), Dolores San Martín, «pero es que hay mucha gente a la que le cuesta un triunfo llegar a fin de mes». «Y, que no se nos olvide, desde que estalló la crisis son muchos los pensionistas que están sosteniendo a un número muy importante de esos cinco millones de parados que ya hay en España», apuntó González.

Indignada, la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad llamaba a la movilización. «Si el pueblo no sale a la calle a decir ’no’ que no se extrañen de que sigan pisándonos de esta manera», protestó. A su juicio, pensionistas y enfermos crónicos no deben, en ningún caso, abonar cantidad alguna por una atención sanitaria «por la que ya pagaron». Lo contrario, dice con contundencia, «es un robo a mano armada».

Dentro del colectivo sanitario, también el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias se posicionó en contra de las medidas que el consejo de Gobierno aprobará previsiblemente mañana y que entrarán en vigor en dos meses. Porque su presidente, José Villazón, lamenta «que sea el ciudadano que ha pagado sus impuestos quien tenga que soportar las nuevas medidas. Sería más deseable hacer un esfuerzo de eficiencia en el gasto público allá donde existen márgenes de mejora y no pedir el sacrificio económico a los pacientes antes de acometer tales medidas».

También aportó una alternativa al copago farmacéutico Francisco González. Para el sindicalista de CC OO, «la mejor medida es una reforma fiscal progresiva, de forma que se garantice mediante los impuestos no sólo la sanidad sino el conjunto de los servicios públicos».

Otro frente a las decisiones del Gobierno central lo abrió el sindicato agrario Coag. Su secretaria general en Asturias, Mercedes Cruzado, puso el acento en las especiales características del sector agrario: una menor capacidad contributiva, un periodo de cotización más elevado -entre 40 o 45 años-, unas pensiones un 44% más bajas que la media y el enorme esfuerzo físico que conlleva el trabajo en el campo. Por todo ello reclamó «sensibilidad» al Ejecutivo.

Simplemente esta fecha, o la del viernes - más oficial tras la aprobación en el Consejo de Ministros -, será recordada como el ¡¡principio del fin de nuestro Sistema Nacional de Salud!!

Simplemente esta fecha, o la del viernes - más oficial tras la aprobación en el Consejo de Ministros -, será recordada como el ¡¡principio del fin de nuestro Sistema Nacional de Salud!!

Pensionistas, principales víctimas del ‘recetazo’

El Gobierno ha introducido el copago farmacéutico como una de las medidas de su plan de ahorro sanitario de 7.000 millones de euros. El recorte afecta de lleno a los jubilados que pasarán a pagar entre 8 y 18 euros al mes por los medicamentos en función de su renta. Hace tan solo un mes, el presidente del Gobierno se mostró en contra del copago sanitario y en la oposición, Mariano Rajoy, se enfrentó con encono al entonces presidente Zapatero por la congelación de las pensiones.

nuevatribuna.es

"No es un asunto que esté sobre la mesa. No es un asunto que se haya debatido. Y, desde luego, si me pregunta a mí personalmente, yo no soy partidario del copago en la Sanidad". Así se pronunció hace apenas un mes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando se le preguntó sobre esta cuestión. En la oposición y durante la campaña, el PP también negó por activa y por pasiva introducir el copago en la sanidad pública española. La realidad que se impone es bien distinta. Este miércoles, la ministra de Sanidad, Ana Mato, comunicó formalmente las intenciones del Gobierno a los consejeros autonómicos del ramo. Habrá copago, pero farmacéutico.

La medida, en cambio, va más allá de lo que pretende significar el Gobierno. Afectará principalmente a los pensionistas, los mismos a los que el PP defendió a ultranza por la congelación de sus pensiones decretada por Zapatero. La medida que les obligará a partir de ahora a pagar el 10% de sus medicamentos supone en la práctica, no ya una congelación, sino una bajada.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, aseguran que “se ha optado por penalizar a los más enfermos y los más pobres”. Recuerdan que las pensiones en España son muy bajas: el 8,51% cobra menos de 300 euros y el 54,02% menos de 650 euros. Además, alertan de que “toda la experiencia internacional señala que los copagos en medicamentos favorecen la no cumplimentación de los tratamientos, una mayor utilización de urgencias y mayores tasas de hospitalización, por lo que además de producir problemas de salud habrá que contar con este aumento de los costes”.

Copago farmacéutico para pensionistas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, acordó este miércoles con las comunidades autónomas implantar el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones, que deberán pagar en las farmacias un 10 por ciento del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40 por ciento, les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo".

Así lo han decidido en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la que también se ha dado el visto bueno a la creación de diferentes categorías para los trabajadores activos, que hasta ahora pagaban todos un 40 por ciento y ahora lo harán "según su renta", hasta un máximo del 60 por ciento y 60 euros como máximo al mes (aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros anuales).

Con esta medida, Sanidad estima un ahorro anual de 3.500 millones de euros. No obstante, al finalizar la reunión, Mato ha asegurado que esta medida "no tiene afán recaudatorio" y ha pedido "perdón" por tener que tomar estas medidas con las que ha asegurado que "se evita que no haya copago sanitario y que la asistencia sanitaria en España siga siendo gratuita".

Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.

Asimismo, Sanidad y CCAA también han acordado diferentes medidas sobre el precio de los medicamentos; sacar de la financiación algunos fármacos que no aportan valor terapéutico; incorporar al derecho español una directiva para "acabar con el turismo sanitario"; modificar la cartera de servicios para distinguir entre prestaciones básicas, suplementarias y accesorias; y apostar por una central de compras para la adquisición de medicamentos y tecnologías, y no sólo vacunas como hasta ahora. Con todo ello y otras medidas que las comunidades ya están poniendo en marcha, Mato está convencida de que "se conseguirán ahorrar los 7.000 millones de euros anunciados por el Gobierno".

Los trabajadores activos pasan de pagar el 40% al 50%

La modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado por Mato y las comunidades reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.

A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.

En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferirores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.

En el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.

Para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por cientol, hasta un máximo de 60 euros mensuales.

Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa". El objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado. Para combatir estas prácticas, Mato también ha asegurado que están trabajando con las farmacéuticas para adecuar los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento.

Otras medidas

Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".

Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública. Asimismo, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.

Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.

Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.

Por otro lado, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.

Recursos humanos

En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios. 

Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.

Plataforma centralizada de compras

Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.

La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas, y que ha supuesto un ahorro de más de 6,2 millones de euros respecto al año pasado, en el que sólo se adhirieron ocho autonomías.

Farmacéuticos asturianos lamentan que el ciudadano soporte nuevas medidas en vez de mejorarse la eficiencia en el gasto

Así lo ha dicho a través de un comunicado "entendiendo la difícil situación económica en la que se haya el país y respetando la autonomía de decisión de a quien corresponde tomar estas medidas, en este caso al Gobierno"

18/04/2012, EUROPA PRESS / OVIEDO

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, José Villazón, ha lamentado este miércoles que sea el ciudadano, que ha pagado sus impuestos, quien tenga que soportar nuevas medidas en lugar de realizarse, desde las Administraciones, un esfuerzo de eficiencia en el gasto público.

Así lo ha dicho a través de un comunicado "entendiendo la difícil situación económica en la que se haya el país y respetando la autonomía de decisión de a quien corresponde tomar estas medidas, en este caso al Gobierno".

No obstante, incide en que, en lugar de realizarse un "copago farmacéutico", sería "más deseable" hacer un esfuerzo de eficiencia en el gasto público "allá donde existen márgenes de mejora y no pedir el sacrificio económico a los pacientes, antes de acometer tales medidas".

En este sentido, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias recuerda el esfuerzo de eficiencia ya realizado por las oficinas de farmacia en los dos últimos años en los que los presupuestos de la Administración destinados a los medicamentos en farmacia comunitaria han registrado descensos de en torno a un 20 por ciento.

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¿Un adelanto de lo que hoy se sabrá y el viernes se decretará?...

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Los jubilados deberán pagar el 10% del coste de las medicinas

Los activos pasarán de abonar del 40% a hasta el 60% de las recetas en función de la renta

MIGUEL GONZÁLEZ (Enviado especial), México, 18 ABR 2012 en El País.

Los pensionistas españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un límite de entre 10 y 20 euros al mes, mientras que los activos, que ya abonan el 40% de las recetas, verán elevada su aportación hasta el 50 o el 60%, en función de la renta. Esa es la propuesta que el Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas y que este miércoles será debatida en el Consejo Interterritorial de Salud para que sea aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, según han explicado en México fuentes del PP. “Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta”, han subrayado las mismas fuentes.

La principal novedad es que se acaba con la gratuidad de las medicinas para los pensionistas. Salvo que finalmente se acepte alguna excepción, todos los pensionistas deberán abonar el 10% de sus medicamentos. Eso sí, quienes paguen más de 10 euros al mes durante tres meses seguidos tendrán derecho a que se les reembolse la diferencia. El límite se elevará a 20 euros para quienes perciban las pensiones más altas. Respecto a los trabajadores activos, estos pasarán de abonar el 40% del precio de los medicamentos a pagar el 50%. También en este caso, quienes disfruten de rentas más altas –en torno a 100.000 euros al año o más- tendrán que pagar el 60%, un 20% más que ahora. La aplicación de este sistema requerirá la generalización de la tarjeta electrónica, en cuyo microchip se incluirá la información tributaria.

Solo se tendrán en cuentan las rentas, pero no el patrimonio. Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros, de los 10.000 que el Gobierno quiere recortar en Sanidad y Educación. Aunque estudia muchas más medidas, hasta 50, de momento descarta el copago de servicios médicos –consultas, intervenciones, etc— o los ligados a la hospitalización (catering, noche de hospital, etc). Habrá un régimen especial para los medicamentos de enfermos crónicos (como diabéticos) y se estudiará la posibilidad de eximir de estos pagos a los desempleados sin subsidio. “No es lógico que un parado con familia y sin ayudas pague el 40% y un jubilado con 1.500 euros de pensión no pague nada”, aducen las mismas fuentes.

Sin desvelar su contenido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido en la noche del martes de forma velada a los citados recortes. En un encuentro con la colonia española de México en la residencia del embajador, ha defendido las reformas adoptadas por el Gobierno y ha mostrado su “voluntad decidida de tomar las decisiones que haya que tomar, incluso esta misma semana, decisiones que a nadie le gusta tomar, pero que son imprescindibles”. Por la mañana ya había anticipado que el Consejo de Ministros del viernes adoptaría medidas sobre Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

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Desde marzo presidente en Asturias de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, miembro asociado del Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias (IUOPA),…

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«Las mujeres de la zona rural se hacen pocas citologías por distintos motivos, incluso culturales»

«En sanidad necesitamos políticas a muy largo plazo, lo que choca con los vaivenes derivados de la situación actual»

Foto: Julio Velasco, Jefe de anatomía patológica del San Agustín
La Nueva España, Avilés.


Julio Velasco (Mieres, 1953) es el jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital San Agustín, centro donde trabaja desde 1985. Este especialista, residente en Cadavedo (Valdés), es miembro asociado del Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias (IUOPA) y cuenta con un sinfín de trabajos científicos publicados, siendo su especialidad el virus del papiloma humano. Desde el pasado marzo es además el presidente en Asturias de la Sociedad Española de Anatomía Patológica.

-¿Qué es un patólogo?

-Es un especialista médico que lo que hace es diagnosticar, fundamentalmente por medio de la morfología microscópica. Nos ayudamos de muchas técnicas complementarias inmunológicas o de biología molecular y el campo fundamental de trabajo es, sobre todo, el oncológico, el de los tumores. Diagnosticamos los tumores y, de alguna manera, orientamos sobre la agresividad de los mismos y su tratamiento.

-¿El cáncer siempre ha sido el campo principal de su trabajo?


-No, la especialidad ha cambiado muchísimo: antiguamente el patólogo miraba laminillas teñidas con una tinción básica y ahora hemos incorporado técnicas inmunológicas, por lo que se ha ampliado mucho la especialidad. Antes nuestro trabajo consistía principalmente en analizar muestras de tejidos y hacer autopsias a cadáveres, pero ahora cada vez estamos más cerca de los pacientes.

-¿Podría resumir la actividad de su área en cifras?

-Nuestro servicio, en el San Agustín, está dividido en autopsias clínicas, citologías (de las que hacemos unas 13.000 al año), biopsias (alrededor de 9.000), técnicas de biología molecular (más de 500) y punciones con aguja fina, de las que practicamos más de 1.000 anualmente. Es una actividad muy importante y éstas, como decía, son las pruebas que realizamos en Avilés; por lo que si multiplicamos por seis, podremos saber el número aproximado de exámenes que se hacen en la región.

-13.000 citologías al año en el área sanitaria avilesina. ¿Puede traducir esta cifra?

-En Avilés se hacen muchas citologías cervicales o ginecológicas, es el mejor sistema inventado para la detección precoz del cáncer. ¿Qué ocurre? Hay datos que apuntan a que la tasa de cáncer cervical aquí, en el área sanitaria avilesina, es muy baja, vemos menos de ocho casos al año. Los datos de los que disponemos apoyan que las mujeres del centro, de las zonas urbanas, se hacen bien las citologías, incluso más de lo que recomiendan las sociedades científicas, algo que cambia si nos vamos a la periferia de las ciudades o a zonas rurales, donde a las mujeres les cuesta más someterse a estas pruebas por distintos motivos, incluso culturales. Y hay una cosa clara: la realización de citologías es el mayor factor protector frente al cáncer de cuello de útero. La conclusión es que si hiciéramos la prueba de Papanicolau a toda la población pues, evidentemente, apenas habría cáncer de cuello de útero.

-Pero en Asturias no hay campañas de cribado...

-El cribado de cáncer, en España, es oportunista, es a demanda de la población. Lo que ocurre es que algunas comunidades, como Cataluña y Baleares, han trabajado mucho en lo llamado medidas reguladores del cribado oportunista, sobre todo a través de los médicos de atención primaria: esto depende de las empresas, es decir, es un asunto que depende de las autoridades sanitarias, de la gestión de los recursos.

-¿Qué opina de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero?

-La vacuna llega hasta donde llega: puede prevenir un setenta y mucho por ciento de infección del virus del papiloma humano de alto riesgo, pero el resto no la coge. Esto quiere decir que la vacunación no debe excluir nunca el cribado, que en la prevención del cáncer cervical deben trabajar cribado y vacuna de forma coordinada.

-Entiendo que su trabajo es fundamental para otros especialistas.

-Somos consultores de otros médicos. Lo normal es que un cirujano, un nefrólogo o un radiólogo tengan dudas sobre cierta lesión o quieran confirmar que es maligna. Las biopsias que realizan nos las envían así a anatomía patológica y nosotros somos quienes decimos si dicha lesión es benigna o maligna, y el grado de malignidad.

-¿Afecta la actual situación económica a su especialidad?

-Tenemos muchas necesidades, por ejemplo, de aparataje. También está muy reñida la formación de los patólogos con la inmediatez de resultados que busca la Administración. Aun así nosotros somos gente que facturamos poco, pues nuestro trabajo es casi artesanal. En lo que más gastamos es en esfuerzo humano, en dedicación, en la habilidad para el diagnóstico que te dan el estudio, la práctica diaria y el trabajo en equipo. Los casos complejos requieren horas de trabajo, con un consumo de reactivos de muy pocos euros.

-¿Cuáles son entonces las principales reivindicaciones de anatomía patológica?

-Son muchas. Nos gustaría, en primer lugar, que las autoridades sanitarias y las población en general nos conocieran. La administración debe ser consciente de que nuestra especialidad es muy compleja e incide de forma muy importante sobre el gasto farmacéutico y que, con una gestión audaz, elevando los técnicos a tareas de mayor responsabilidad, confiando e implicando al trabajador, podría ahorrar mucho dinero y satisfacer tanto a los trabajadores como a los usuarios.

-Explíquese.

-Aquí nos movemos siempre entre lo maligno y lo benigno, debemos interpretar muchísimas cosas de acuerdo a las cuales se hacen un montón de actos quirúrgicos o médicos... Aquí los errores son difícilmente digeribles. El diagnóstico y tratamiento de un cáncer se encarece de forma notable por la administración o no de productos que nosotros seleccionamos. De ahí que nuestra especialidad sea de las que más ayudan o no a ahorrar en gasto farmacéutico, siempre que nuestro producto final sea de gran calidad. Por este motivo es fundamental que nuestra especialidad esté bien salvaguardada.

-Otra reivindicación...

-En lo referente a seguridad en el trabajo, mi gran preocupación es la exposición al formaldehído o formol. Es necesario recordar que esta sustancia está clasificada como cancerígena; pero a pesar de las múltiples gestiones que hemos hecho, jamás hemos conseguido que se realizasen mediciones de formol en el laboratorio. Mantenemos también cierta preocupación por la exposición crónica al xilol o xileno. Esta sustancia es irritante para los ojos, la piel y las membranas mucosas.

-¿Qué opina de las áreas sanitarias en Asturias?

-El problema fundamental del patólogo es que no se ajusta muy bien el desarrollo profesional con el diseño actual de las áreas sanitarias: una buena parte de los patólogos debe estar subespecializada en enfermedades del organismo. Para algunas cosas están bien las áreas sanitarias, pero es algo nefasto para los patólogos, tanto para nuestro desarrollo profesional como para la gestión de la especialidad. Hay pruebas que deberían plantearse de otra manera: realizándose desde un único centro para toda Asturias.

-Entonces el patólogo sacaría más provecho si trabajara en un gran laboratorio regional...

-En una comunidad autónoma con tan pocos habitantes podríamos haber sacado más beneficio social, económico y científico a esta especialidad. Creo que el desarrollo ha sido malo, no ha funcionado bien. Fragmentar ahora mismo un millón de habitantes en pequeñas porciones está bien para la medicina de familia u otras especialidades, pero no para la patología porque para sacar el máximo provecho a esta especialidad necesitamos manejar muchos casos, cuantos más mejor, y esto es incompatible con la fragmentación actual del sistema. Para llegar a la excelencia necesitamos estar bien formados y especializados, algo incompatible con pocas muestras. En Asturias, quitando los del HUCA, muchos de los especialistas funcionamos como patólogos generales y eso es igual que saber muy poco de todo y no saber suficiente.

-¿Qué me dice del personal que trabaja con usted en Anatomía Patológica?

-En el San Agustín trabajamos cuatro patólogos, seis técnicos, personal administrativo y un celador. El número de personal es bajo respecto a otras áreas sanitarias: somos 2,4 patólogos por cada 100.000 habitantes, casi la cifra más baja de Asturias por detrás del Hospital de Oriente donde parte del material se externaliza. Por todo esto defiendo un gran pacto de sanidad que evitase el excesivo peso que tiene la política sobre el sistema sanitario. Necesitamos políticas a muy largo plazo, lo que choca con los vaivenes derivados de la situación actual. Reivindicamos mayor nivel científico-técnico y una gestión acorde con el siglo XXI: para nosotros, los patólogos, sería beneficioso, como decía, renegociar las áreas sanitarias desde el punto de vista del profesional: no nos interesa una suma de muchos hospitales con casi el mismo tipo de trabajo. Para los usuarios del Hospital de Jarrio, por ejemplo, sé que es importantísimo tener cerca un buen centro sanitario, pero tal vez especialistas de Avilés podrían atender a gente del Occidente, o desplazarse hasta allí. Eso beneficiaría a las arcas y redundaría en la mejora de la atención sanitaria.

Domingo contra la privatización de la sanidad en varias partes de España…

Domingo contra la privatización de la sanidad en varias partes de España…

“Tu salud es su negocio. No al copago”

Madrid, contra el "negocio" del copago en la sanidad

Miles de personas rechazan en la calle la privatización y los recortes en las prestaciones sociales

PÚBLICO.ES/AGENCIAS

Miles de personas (mil, según la policía, y diez mil, a juicio de los organizadores) se han manifestado esta tarde en Madrid en defensa de la sanidad y educación públicas y contra los recortes en las prestaciones sociales.

Bajo el lema 'Tu salud es su negocio. No al copago', alrededor de cuarenta organizaciones han convocado la marcha, que ha comenzado en la glorieta de la Beata Ana María de Jesús y ha finalizado casi dos horas después en la plaza Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno.

'Los recortes para los de Las Cortes', 'Mariano escucha, la pública está en lucha' y 'Yo ya pago, no al repago' son algunas de las proclamas que se han oído durante la protesta, que ha transcurrido sin incidentes. Los manifestantes, muchos de los cuales vestían las camisetas verdes en defensa de la educación pública, han abucheado al Ministerio de Sanidad a su paso por la sede, al grito de 'Vergüenza'.

"Es mentira que la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos sean insostenibles", ha denunciado una de las asistentes que ha leído un comunicado al término de la manifestación, añadiendo que la ley 15/97, cuya derogación han exigido los manifestantes, "permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de la sanidad pública". También han pedido una educación "cien por cien laica y gratuita", el fin de los conciertos educativos y "el fin del trasvase de dinero público a intereses privados", entre otras reivindicaciones.

La de Madrid es una de las distintas marchas que han tenido lugar este domingo en diferentes ciudades de España contra los tijeretazos en sanidad, en un momento en el que el Gobierno guarda silencio sobre los términos en los que realizará el recorte extra de 10.000 millones de euros en sanidad y educación y ha reducido en un 6,8% la partida de los presupuestos destinada al sector sanitario (288,96 millones de euros menos respecto al año anterior).

Varios cientos de manifestantes se han reunido en Zaragoza, convocados por la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón, para protestar contra los tijeretazos y la privatización en sanidad. Bajo el lema 'No nos toquéis la sanidad', la marcha se ha iniciado a las 12.00 horas desde la plaza San Miguel de Zaragoza para dirigirse, por el centro de la ciudad, a la plaza del Pilar. Una vez allí, han leído un manifiesto delante de la Delegación del Gobierno.

"Se están riendo de nosotros, con buenas palabras. Lo que quieren poco a poco, en Aragón más despacio que en otros sitios como Madrid, Cataluña o Valencia, es privatizar el sistema", afirma Demetrio Calvo, miembro de la plataforma organizadora.

En su opinión, la sanidad es todavía "realmente eficiente", "sostenible", y una de los mejores de Europa, a pesar de que en España se gasta en ella entre un 6,3 y un 6,5% de la riqueza nacional cuando la media europea es un 7,5%.

Entre 5.000 personas, según fuentes policiales, y 8.000, según la organización, se han sumado este domingo a la marcha de protesta convocada por la Plataforma del Hospital 'Virgen de Altagracia' de Manzanares (Ciudad Real) para manifestar el rechazo de la ciudadanía a la privatización de este hospital, que el próximo mes cumplirá 40 años de historia.

Durante la manifestación, que se ha iniciado a las 12.00 del mediodía en Gran Teatro y ha concluido a las 13.45 horas en la Plaza de la Constitución con la lectura de un manifiesto, los asistentes han coreado consignas como 'El pueblo camina adelante y el alcalde camina para atrás' o 'Alcalde dimisión' y, al finalizar, se ha registrado más gente en la plaza que en la anterior ocasión, el pasado 15 de enero.

Las buenas previsiones para la isla cuestionan el modelo de austeridad continental…

Las buenas previsiones para la isla cuestionan el modelo de austeridad continental…

Islandia se convierte en la envidia de Europa

Es el país donde se rompió la ortodoxia, la nación que espantó al sistema establecido al negarse a responder por los errores de sus bancos. Pero ahora es la envidia de los países europeos. Para ellos es el retorno a la recesión; para Islandia, un año de crecimiento y caída del paro.

Inés Abril - Madrid – en Cinco Días.

Se dijo que Islandia sería un paria para la comunidad inversora, que los fondos internacionales se retirarían, que su forma heterodoxa de afrontar el estallido de su sistema financiero provocaría un incendio a largo plazo que terminaría por arrasar su idea del estado de bienestar. En ese fatídico octubre de 2008 Lehman Brothers saltó por los aires y los bancos de Islandia quebraron en pleno. Era la constatación de que el mundo occidental entraba de lleno en la Gran Recesión y el pequeño país del extremo noroeste de Europa cayó en una profunda crisis.

Pocos pudieron ahorrarse los adjetivos al describir la situación: "Cuando visité Reikiavik en octubre de 2008 para ofrecer la asistencia del FMI, la situación del país era crítica. Los tres principales bancos de Islandia —que representaban casi la totalidad del sistema financiero— acababan de desplomarse con una semana de diferencia. La sensación de temor y el estado de shock eran evidentes; pocos países, o ninguno, había experimentado jamás un colapso económico tan catastrófico como ese", recordaba Poul M. Thomsen, subdirector del departamento europeo del Fondo Monetario Internacional, en un artículo publicado en octubre pasado.

Todo el continente se estremeció. Ellos fueron los primeros; luego el azote se extendió. Pero las respuestas no fueron las mismas. Islandia optó por no cargar a los ciudadanos con los errores de sus bancos. Europa, mientras, se embarcó en severas medidas de austeridad para sostener a su sistema financiero.

El análisis puede resultar simplista, pero los resultados están ahí. El FMI acaba de publicar su última revisión sobre el estado de Islandia y las previsiones dicen que este año su economía crecerá un 2,4%, con un consumo privado tirando al 3% y compensando la caída de la inversión pública fruto de las medidas de austeridad. Y es que, sí, la temida consolidación fiscal ha llegado a todas partes, pero en Islandia lo hizo "a su manera", en palabras del FMI. Proteger el estado del bienestar se puso por encima de todo.

En territorios más templados, el corazón de Europa se prepara para un 2012 mucho más duro que el islandés. La austeridad aplicada en el continente se ha parecido poco a la islandesa y ha frenado en seco el crecimiento. Ahora, el FMI pronostica una caída del 0,5% para el PIB de la zona euro. Alemania y Francia crecerán a unos anémicos 0,3% y 0,2%, mientras que Italia se contraerá un 2,2% y España lo hará a una tasa del 1,7%, según las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional en enero.

La temida W, la doble recesión, la recaída en el decrecimiento económico después de superar una contracción que todavía está muy reciente es más que una amenaza para Europa. Islandia, con caídas del PIB que rozaron el 7% en 2009, se la va a saltar.

"Unos países han elegido los planes de austeridad para salir de la crisis", explica Miguel Paz, director de gestión de Unicorp Patrimonio. Y no están funcionando. Es lo que le pasa a España, aunque parece que en el continente no lo ven igual. Por eso, "el castigo a España está viniendo de fuera de Europa, porque los países comunitarios y el BCE están elogiando las medidas de consolidación fiscal adoptadas, pero no son los deberes que exigen los inversores. Si no hay crecimiento, no van a apostar por nuestras empresas o nuestra economía", añade Paz.

Otros países han adoptado estrategias distintas.

Es el caso de Estados Unidos y los resultados están a la vista. Y, por supuesto, de Islandia.

En el informe publicado esta semana sobre la pequeña isla europea, el FMI destaca cómo ha reducido su sistema bancario, que suponía un temible 900% del PIB antes de la crisis y que se cuenta por el 200% ahora, con todos los bancos perfectamente capitalizados. La demanda privada está respondiendo y el mercado de valores da cada más vez signos de vida, mientras que el desempleo caerá este año a un envidiable entorno del 6%, aunque para una economía acostumbrada al pleno empleo eso siga siendo doloroso.

Eso sí, Islandia todavía tiene problemas por delante. Su deuda pública sigue suponiendo el 100% del PIB y la deuda privada es alta. La inflación no está todo lo controlada que se quisiera. En cambio, el país está adelantando el pago de sus compromisos con el FMI, el año pasado resucitó en el mercado de bonos y las tres agencias de calificación le han devuelto el grado de inversión.

Con cierta perspectiva, el FMI admite que tuvo que usar "herramientas de política al margen del conjunto de herramientas tradicionales" para su programa en Islandia y que la "combinación ecléctica de políticas ha sido eficaz". Pero la ortodoxia sigue predominando. Por si acaso había alguna duda, el subdirector del departamento europeo del FMI decía en octubre que no tenía claro si las enseñanzas aprendidas en el caso islandés podrían aplicarse a otras regiones, "como a la zona del euro afectada actualmente por la crisis", señalaba.

Es verdad que Islandia dispone de armas, como moneda propia, que en lugar de sembrar el caos han supuesto un salvavidas. Pero lo cierto es que ha salido en dos años de una crisis que daba pavor a los economistas más curtidos. Europa, en cambio, se encamina a otro coletazo negro de una tormenta que parece no terminar nunca.

"Hay dos maneras de salir de la crisis y la que está funcionando es la de los países que ponen dinero", añade Paz. "Para España, la única manera de salir de la crisis es que haya crecimiento global y que ese crecimiento nos arrastre a nosotros". Puede que España en solitario no tenga capacidad de poner en prácticas recetas a la islandesa o a la estadounidense, pero Alemania sí puede. Y ya no son solo economistas heterodoxos los que lo reclaman. España podría ser la próxima economía de la zona euro en caer y lo haría por culpa de la "mala gestión" de la crisis de deuda liderada por Alemania, afirmaba The New York Times este viernes en un editorial. El escrito reclamaba un mayor apoyo al crecimiento y menos medidas de austeridad. Como mínimo, hay materia para la controversia económica.

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Las opciones desde el punto de vista de la industria farmaceútica…

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La sanidad busca su medicina

Farmaindustria plantea dejar de financiar medicamentos menores

Los hospitales públicos deben 12.000 millones

Las autonomías ensayan formas de copago

Foto: Una farmacia en Barcelona tras ser aprobado el pago de un euro por cada receta, en 2012.

José Luis Barbería, San Sebastián, en El País

Pieza maestra de la cohesión social y orgullo del país, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha empezado a hacer agua, agrietado por la contracción presupuestaria, las ineficiencias propias y la falta de gobernanza política. Mientras las multinacionales farmacéuticas amagan con el corte de suministro y las autonomías ensayan, cada una por su lado, formas de copago y reducción del gasto, la Administración central baraja todo tipo de recortes, incluida la reducción de la cartera de bienes y servicios sanitarios públicos. Alarmado por el hundimiento de la recaudación, el Gobierno de Rajoy trata de hacerse con las riendas del sistema, aunque carece de una fotografía precisa de la realidad, cegada como está por la falta de información actualizada. “No puedo confirmarle que los hospitales públicos deban 12.000 millones de euros a las compañías farmacéuticas. Estamos al tanto de los gastos en la atención primaria (ambulatorios), pero no de los que se generan en los hospitales. Hay comunidades autónomas que no responden a nuestra petición de datos, y las que lo hacen aplican, en ocasiones, criterios estadísticos particulares, no homologables en el conjunto del sistema. Así están las cosas”, resume la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos.

En contraste con la indigencia estadística del Ministerio de Sanidad, las multinacionales del ramo ofrecen una montaña de información puesta al día. “De los 12.000 millones de euros que los hospitales públicos adeudan a la industria, 6.400 corresponden a medicinas, y el resto, a los aparatos sanitarios, utillaje, vendas, apósitos, jeringuillas, etcétera”, asegura el director general de la patronal Farmaindustria, Humberto Arnés. Sin otras estadísticas al alcance, nadie cuestiona el montante de esa deuda, ni discute el dato de que el tiempo medio de demora en los pagos de la sanidad pública asciende a 525 días y supera los 800 en las comunidades de Valencia, Baleares, Castilla y León y Cantabria. Lo que el ministerio constata es que las medidas de recorte del gasto —han conseguido bajar a 11.000 millones anuales la subvención pública de los medicamentos servidos en farmacia— parecen haber dado de sí todo lo posible, mientras el número de recetas aumenta inexorablemente.

Farmaindustria lo tiene meridianamente claro. “El sistema no puede cubrirlo todo. Para que no quiebre, habrá que presupuestar conforme a las necesidades reales o redefinir la cartera de la sanidad pública. Habría que dejar de financiar los fármacos destinados a los problemas menores, como los catarros, por ejemplo, y seguir financiando los tratamientos más costosos e innovadores, como los que combaten el cáncer”, propone Humberto Arnés. ¿Y no puede ocurrir que, como dicen algunos estudiosos, muchos médicos prescriban medicamentos caros, pero con cobertura, para ahorrarles ese dinero a los usuarios, como muestran experiencias recientes en otros países?

La amenaza de un corte de suministros sanitarios, similar al que algunos laboratorios han ensayado en Grecia y Portugal, ha rondado estas semanas atrás los despachos oficiales antes de ser devuelta al poderoso arsenal negociador fáctico de las multinacionales. Aunque la tensión se ha rebajado mucho con la promesa gubernativa de que cobrarán del fondo crediticio de 35.000 millones de euros liberado para el pago a los proveedores, las compañías siguen en pie de guerra en medio de un coro creciente de voces inquietas por el peligro que se cierne sobre la sanidad pública. Bayer, Sanofi, Abbot y otros grandes laboratorios han boicoteado la subasta de medicamentos con que la Junta de Andalucía busca abaratar los precios.

Decidida a cobrar los 12.000 millones de euros, a ser posible con intereses y sin quita alguna, la industria exige un interlocutor único para las 17 autonomías, reglas claras en un marco estable y garantías de que la deuda no volverá a dispararse en el futuro, porque también ellos ven el horizonte del sistema teñido de incertidumbre. Saben que han pasado a mejor vida las partidas presupuestarias extraordinarias que la Administración central liberaba cada dos, tres o cuatro años para poner a cero el contador del déficit sanitario autonómico. Aquellas eran deudas manejables que se cobraban con la prima añadida del 8% o el 9% de interés en tiempos del crédito abundante y barato. Nada que ver con la situación actual.

¿Llegará la sangre de la deuda al río del desabastecimiento, la deslocalización, la anulación de los proyectos de investigación, en caso de que los laboratorios no obtengan satisfacción a sus demandas? “No lo creo, las grandes compañías tienen suficiente cash y saben que si se hunde el sistema de salud se acaba también su gallina de los huevos de oro. Presionan y gesticulan mucho, pero pueden esperar y terminarán pactando”, apunta un antiguo responsable gubernativo de Farmacia que, como viene siendo tradición, trabaja ahora para la industria.

¿Qué buscaban las multinacionales con la carta, suscrita igualmente por las cámaras de comercio de Francia, Alemania y la Asociación Económica Hispano Suiza, en la que advirtieron a Mariano Rajoy del daño que el mantenimiento del impago podía acarrear a la marca España? “Fue una señal de alarma. Un país que no paga pierde su crédito exterior. La deuda puede tener consecuencias gravísimas para los pequeños laboratorios. Hemos hablado con el ministerio, claro, y también hemos hecho el paseíllo por las 17 consejerías de Sanidad para transmitirle nuestra inquietud. La prescripción de recetas por principio activo, la rebaja en el 15% de los precios de los medicamentos con más de 10 años y sin genérico en el mercado y otras medidas del anterior Gobierno le han supuesto a la industria la pérdida en tres años de 5.000 millones de euros y más de 5.000 puestos de trabajo directos, el 10% del sector”, asegura Humberto Arnés. Aunque las ventas de las multinacionales suponen en España únicamente el 2% de su cifra de negocios global, lo que les otorga una enorme capacidad crediticia en especie, las direcciones centrales han dicho “hasta aquí”.

“Hemos llegado a una situación crítica. Mantener las inversiones en España es un gran reto; me resulta muy difícil convencer a la dirección de que debemos seguir invirtiendo aquí”, subraya Marc-Antoine Lucchini, presidente y director general de Sanofi Iberia. “Nuestra deuda ha crecido el 56,2% en 2010, el 41,4% en 2011 y el 8% en estos dos últimos meses de enero y febrero. Desde la sede central nos indican que la situación es insostenible y que debemos ejercer todas las medidas legales a nuestro alcance para recuperar el dinero”, advierte Ana Céspedes, presidenta de Merck España. “Los 1.000 millones de euros que nos deben, 600 a la División de Farmacia y 400 a la de Diagnóstico, son nuestra prioridad. Tomaremos las medidas en función de las respuestas que nos den las distintas comunidades autónomas, porque la deuda no puede seguir aumentando”, subraya el gerente de Comunicación de Roche, Lucas Urquijo. “Aunque hasta ahora no se ha producido una retirada empresarial, hay grandes proyectos paralizados a la espera de que se resuelva el problema”, dice Carlos Gonzalo, de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona.

La pregunta es dónde están las grietas por las que hace agua el sistema, dónde las lagunas y las bolsas de ineficiencia, cuánto habría que corregir la política de financiación de fármacos que sigue el Sistema Nacional de Salud y pagan las comunidades autónomas. ¿Tiene sentido que la sanidad pública española de 2012 ofrezca la más completa oferta farmacológica existente en el mercado? Dice Ana Céspedes, de Merck España, que solo hay tres opciones: aumentar recursos, vía presupuestos o nuevas formas de copago; reducir el catálogo básico de servicios sociales, y optimizar la gestión. Una vía, esta última, ya transitada con los recortes salariales y la generalización de los medicamentos genéricos que llevó a Farmaindustria a poner el grito en el cielo con invocaciones a la autonomía médica y a la protección de los pacientes.

Esas tres opciones están sobre la mesa de la ministra Ana Mato cuando ha empezado a librarse la pelea sobre el modelo público-privado a forjar en la fragua de la crisis. A juzgar por algunos estudios, expuestos por empresas de asesoramiento, que prometen ahorros de hasta 13.000 millones si se privatiza la gestión de la sanidad, se diría que es también la hora de los pescadores de río revuelto y de los frívolos incendiarios sociales.