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PRENSA

Al margen de banalidades o provocaciones insustanciales, dividir los 2.500 millones de euros del supuesto ahorro que esgrime entre el salario anual promedio de un funcionario, nos da el número exacto de rescisiones de contratos, es decir: despidos, más parados, más de lo mismo…

Al margen de banalidades o provocaciones insustanciales, dividir los 2.500 millones de euros del supuesto ahorro que esgrime entre el salario anual promedio de un funcionario, nos da el número exacto de rescisiones de contratos, es decir: despidos, más parados, más de lo mismo…

Beteta: «Los funcionarios deben olvidarse del cafelito»

El secretario de Estado cifra en 2.500 millones el ahorro en CC AA y Ayuntamientos por ampliar la jornada a sus trabajadores públicos

Foto: El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

AGENCIAS | MADRID, en El Comercio.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado este jueves en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales. Durante su participación en el Foro Aragonex, Beteta ha subrayado que "nada será como antes" y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos. Así, ha señalado que los trabajadores deben "olvidarse del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, "que no sumisión".

Beteta ha indicado que la economía española tiene que ganar en competitividad y ligar las subidas salariales a este concepto y cuando las circunstancias lo aconsejen, al tiempo que ha asegurado que los salarios de los empleados públicos no deberían vincularse con la evolución de la inflación. El secretario de Estado se ha referido también a la reforma laboral, apuntando que ésta se ha hecho para modernizar las relaciones laborales de un país con más de 5 millones de desempleados y "harto" de escuchar "palabras vacías". "No entiendo por qué se venera tanto un régimen que es herencia del Franquismo", ha añadido. "

En cuanto al plan de lucha contra el fraude fiscal, que incluirá la prohibición para empresarios y profesionales de pagar en metálico operaciones por importe superior a los 2.500 euros, Beteta ha indicado que la sociedad entera "tiene que rebelarse contra la economía sumergida". Así, ha advertido de que cuando no se emiten facturas en las operaciones comerciales. "se está poniendo en peligro el pago de medicamentos y la educación", entre otras cosas. "Es malo que lo haga una empresa y que el particular lo tolere. Y yo creo que no es cuestión sólo de multa. Para las empresas está el riesgo de la reputación", ha añadido.

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ULTIMA HORA:

Envía una carta a los principales sindicatos

Beteta se disculpa con los funcionarios por su apelación a "olvidarse del cafelito"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enviado una carta a los representantes de los principales sindicatos de la función pública para pedirles disculpas por su apelación, este jueves, a que los trabajadores deben "olvidarse del cafelito y de leer el periódico".

"Lamento que una frase descontextualizada se interprete como una crítica generalizada", dice Beteta en la carta, dirigida a CCOO, UGT, CSI-F, SIG, ELA y USO y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, el secretario de Estado pide disculpas a los trabajadores públicos y les manifiesta "la alta valoración" que tiene de su trabajo.

"Aprovecho la ocasión, como era mi intención ayer, para poner de manifiesto que confío plenamente en que los funcionarios públicos sigan trabajando con la misma dedicación que ya han venido demostrando, aportando su valiosa contribución para hacer frente a los tiempos de crisis en que vivimos", concluye el escrito del secretario de Estado.

Durante su participación este jueves en el Foro Aragonex, Beteta defendió la necesidad de que el país termine con el déficit y mejore su productividad y de que los trabajadores busquen una formación permanente para ser más efectivos. En este punto, y refiriéndose a empleados públicos y privados, Antonio Beteta apostó por "olvidarse del cafelito y de leer el periódico".

Los recortes “ad infinitum”…

Los recortes “ad infinitum”…

El Gobierno asturiano, silencioso y más sumiso incluso que los del PP

Oviedo / Madrid, P. Á. / Efe, en La Nueva España

El Gobierno asturiano permanece mudo en pleno debate nacional sobre los recortes en servicios tan básicos como los sanitarios y los sociales. La Consejería de Sanidad del Principado perseveró ayer en esta actitud de mutismo, derivada de su voluntad de llegar a un pacto con el Partido Popular para que Francisco Álvarez-Cascos pueda presidir el Ejecutivo regional en los próximos años.

Se supone que José María Navia-Osorio, titular en funciones de la Consejería de Sanidad, tendrá que pronunciarse en algún sentido en la próxima reunión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Ese encuentro está programado para el próximo día 18.

El Gobierno en funciones de Cascos está mostrándose incluso más sumiso que otros ejecutivos gobernados por el PP. Por poner sólo dos ejemplos, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró ayer mismo que en su comunidad no habrá «copago sanitario». Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Monago, afirmó que «no» es partidario de esta medida para Extremadura debido a las «características» de la región.

Las autonomías critican el recorte de unos 283 millones y Sanidad habla de «herencia socialista»

Madrid, Agencias, E. G., en La Nueva España

Distintos consejeros del área de Bienestar Social han transmitido ayer a la Ministra del ramo su preocupación por el recorte en este ejercicio de los 283 millones de euros del nivel acordado -fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para completar la financiación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

Y, como no podía ser de otra forma, Ana Mato echó mano al argumento preferido del Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno: «La situación económica de España es fruto de la herencia recibida» y ha llamado a la eficacia en la gestión. «Deben hacer un especial esfuerzo y priorizar como ha hecho el Gobierno», ha señalado en relación a las dificultades planteadas por comunidades como Canarias sobre la viabilidad del sistema.

La Ministra, en todo caso, no lo pone especialmente negro en materia presupuestaria y recordó ayer a los consejeros que en este ejercicio se mantiene el presupuesto global para Dependencia, que ahora supone el 61% del total de los fondos de que dispone el Ministerio, y ha destacado que si bien el Gobierno ha hecho un ajuste, a la vez ha aplazado la incorporación de nuevos dependientes moderados al sistema, «relajando» la presión sobre las diecisiete comunidades autónomas.

El Ministerio admite que «están abiertas todas las opciones» para sostener la sanidad

Sevilla, Europa Press

La directora general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Sagrario Pérez Castellanos, admitió ayer que el Ejecutivo central tiene abiertas «todas las opciones» para poder sostener el actual modelo sanitario, ya sea el establecimiento del euro por receta de Cataluña, el copago farmacéutico o que los ciudadanos aumenten su aportación en función del nivel de renta (progresividad).

Pérez Castellano participó en Sevilla en el Foro «Salud, Sociedad y Empresa», organizado por Novartis. Aunque admitió que «todas las opciones están encima de la mesa» con vistas a la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reconoció: «Es evidente que hay algunas que nos gustan más».

La directora general apeló al consenso de todas las comunidades autónomas en la próxima reunión del citado órgano interterritorial. Al ser cuestionada acerca de si es posible alcanzar acuerdos para una cartera de servicios básica para la totalidad de las regiones, Pérez Castellano se mostró «convencida» de lograrlo, «porque es absolutamente imprescindible y necesario para el ciudadano». «Lo que no es posible y de recibo es que una técnica (diagnóstica) en unos sitios se considere que no es válida y en otros sí», lamentó la colaboradora de Ana Mato, para quien «de lo que se trata es de unificar los criterios».

OPINIONES:

Los recortes en Sanidad: un verdadero despropósito

Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Los nuevos recortes en educación y sanidad anunciados de manera casi clandestina por el Gobierno constituyen un verdadero despropósito y no solo por la manera en que se han publicitado en un baile de contradicciones y desmentidos de unos y otros (interesantes las intervenciones de Guindos y Florian para un teatrillo del absurdo), sino sobre todo porque ni se explicita como se van a llevar a cabo (las medidas concretas) y menos aun como se va a obligar a las comunidades autónomas a adoptar estos recortes en estas áreas concretas.

Proponer un recorte tan amplio sin aclarar en que conceptos pretende hacerse plantea al menos dos problemas adicionales, el primero es la perdida de credibilidad del gobierno que parece hacer la propuesta sin ningún fundamento concreto y de una manera apresurada y poco razonada porque si no fuera así no habría problema en especificar que es exactamente lo que se quiere hacer y de donde saldrá esta disminución del gasto; la segunda es que cabe sospechar que va a suceder como en Cataluña, que se pretende un recorte indiscriminado que en un tema como la sanidad es difícilmente justificable y que desde luego va a producir serios problemas de desatención y por lo tanto para la salud de muchas personas.

Un asunto especialmente importante es que, como sucedió con las declaraciones del Sr de Guindos, parece que tras estas decisiones/propuestas se esconde un profundo desconocimiento de las normas de funcionamiento de nuestro país. Como es conocido el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2001 y en 2009 se basa en la transferencia del estado a las mismas de unas determinadas cantidades y en la capacidad de las autonomías para redistribuir el presupuesto para atender las diferentes competencias que tienen asumidas, es decir que el modelo es no finalista y el gobierno no tiene capacidad para imponer a las CCAA recortes en temas concretos sino tan solo en las cuantías globales que transfiere a las mismas, y son estas las que, en última instancia tendrán que decidir si trasladan estos recortes a educación y sanidad y en que cuantía o prefieren hacerlo a otras partidas de gasto.

Otro aspecto que también parece desconocerse es que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre algunos impuestos y pueden optar, si se produce esta disminución de las aportaciones estatales, por incrementar todos o algunos de ellos para subir la recaudación y por lo tanto los fondos disponibles, que por supuesto también pueden decidir autónomamente a que conceptos dedican.

Desde el Gobierno los recortes en Sanidad pueden decidirse en dos aspectos, aquellas transferencias que se hacen de manera condicionada desde el presupuesto del Ministerio de Sanidad (ya lo ha hecho en el proyecto de presupuestos en lo referente a la Salud Pública), que son partidas de menor cuantía en el entorno del gasto sanitario, y desde luego en lo que respecta a la política farmacéutica mediante fijaciones de precios, financiación selectiva, financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Se trata de un aspecto importante tanto por su volumen de gasto (alrededor del 30% del gasto sanitario), como por la posibilidad real de ahorro potencial sin alterar la calidad de la prestación, pero por supuesto la política concreta de cada autonomía es muy importante a la hora de hacer operativas estas medidas porque intervenir sobre los precios es un parte de las actuaciones, pero hay muchas otras dirigidas a evitar prescripciones inadecuadas que a largo plazo son las mas efectivas.

En resumen estamos ante una situación muy preocupante en la que el Gobierno no parece tener propuestas fundamentadas sobre los recortes, o las tiene y es incapaz de defenderlas públicamente, además de que se invaden competencias de las CCAA a las que simplemente se ningunea. Desgraciadamente todo parece indicar que estamos ante una ofensiva muy seria para desmantelar el sistema sanitario público en nuestro país lo que, en la actual situación económica puede llevar a un importante deterioro de la salud de la población.

Con muchos matices de ámbitos territoriales, del cómo uy el qué y niveles de representación de las distintas sociedades…

Los médicos de familia, partidarios del copago de los medicamentos según la renta

Los facultativos rechazan la propuesta de Cospedal de que la sanidad pública deje de financiar determinados fármacos para usos menores o con un precio más bajo

Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España

Algo se mueve, y esta vez parece que va en serio. El Foro de Médicos de Atención Primaria defendió ayer la modificación del actual sistema de copago farmacéutico vigente en España, de manera que los ciudadanos paguen por sus medicamentos en función de la renta que perciban. Sin embargo, la citada organización rechazó la implantación de tasas por consulta médica o por receta, como ya se ha aprobado en Cataluña. Los médicos de los centros de salud asturianos se han pronunciado en términos semejantes, aunque con matices de mayor o menor envergadura.

Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), subrayó que el actual sistema de copago de medicamentos es «antiguo y tiene que ponerse al día». «Nos parece equitativo el pago por renta», agregó Basora, quien criticó la «simple clasificación» entre pensionista y trabajador activo actualmente en vigor, en función del cual los pensionistas no pagan nada por los medicamentos con receta médica, mientras que los trabajadores activos abonan un 40 por ciento del importe. «No responde a la situación actual social y económica», indicó el responsable de Semfyc.

Muy similar fue la versión del presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Luis Llisterri, quien, sin embargo, expresó su rechazo a la implantación de un pago por consulta. «El copago puede ser especialmente peligroso en ciertas áreas, como pacientes crónicos o con rentas bajas», señaló Llisterri. A su juicio, el pago de «un simple euro» puede propiciar un aumento de complicaciones de enfermedades. «Ya hay estudios que indican contundentemente que los pacientes en los que se establece un copago dejan de tomar las pastillas, y este incumplimiento conduce a una mayor morbilidad y mayores ingresos», precisó del presidente de Semergen.

En Asturias, Manuel Amadeo Fernández Barrial, presidente regional de Semergen, indicó que esta organización aún no ha adoptado una posición oficial a nivel autonómico. Su planteamiento personal es «contrario, al menos en un principio, a todo lo que sea establecer barreras económicas para que el paciente llegue al médico», filosofía que aplica a cualquier tipo de copago. En todo caso, precisa, «lo primero es que las autoridades sanitarias aclaren qué es lo que piensan hacer y luego que los demás nos pronunciemos».

Entre tanto, el presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), José María Fernández Rodríguez-Lazín, expresó el apoyo de esta organización al copago de los medicamentos, pero con dos premisas. La primera, que sea fruto «del consenso entre todas las comunidades autónomas». La segunda, que la citada medida se ponga en marcha de forma simultánea a muchas otras que son factibles y que pueden confluir en el mismo objetivo: propiciar un ahorro de recursos. «Lo que no apoyamos es el copago puro y duro, ya sea por receta o por ingreso hospitalario, como medida aislada», concluyó el doctor Lazín, quien advirtió, no obstante, de que este tipo de reformas exige la puesta a punto de unos procedimientos operativos «que no pueden hacerse de hoy para mañana».

De otra parte, los representantes de los médicos de atención primaria se opusieron a que la Administración pública deje de financiar determinados medicamentos para usos menores o con un precio más bajo. Era la respuesta a lo declarado ayer mismo por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se manifestó partidaria de que la Seguridad Social deje de financiar los medicamentos más baratos, que cuestan uno o dos euros «y de los que todo el mundo tiene cajas en casa sin terminar».

Cospedal matizó que hay otros medicamentos, «como los de los enfermos crónicos o de determinadas cuantías», que no deben dejar de financiarse «porque hay gente que los necesita para vivir». A la pregunta de si es partidaria de que se pague una tasa por receta, afirmó que debe depender del nivel de renta. La «número 2» del PP señaló que los servicios sanitarios habrán de estudiar si es viable o no el copago por consulta o por intervención en los casos de las rentas más altas. En caso de respuesta afirmativa, prosiguió, habría que establecer baremos dependiendo del tipo de intervenciones o de si es en los servicios públicos o a través de los seguros privados. «En cualquier caso, el nivel de renta tiene mucho que ver con todo ello», apostilló.

Para el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, las políticas de recorte de medicamentos hacen que «se acaben utilizando medicamentos más caros», por lo que «no se ahorrará lo suficiente como para conseguir que el sistema siga siendo sostenible». De ahí su exhortación al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a «apostar por el uso responsable de los medicamentos».

«Hemos medicalizado nuestra vida, y muchas veces, por falta de tiempo o por la propia medicalización, puede hacer que lo cómodo o menos problemático sea que cada paciente salga con una receta por consulta. Tenemos que hacer una reflexión entre todos, porque todos somos corresponsables», reflexionó.

A la vista de todo lo dicho, y con el fin de evaluar todos estos desafíos, el Foro de Médicos de Atención Primaria reclamó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, una reunión con los profesionales con vistas a tomar decisiones que permitan una mejor gestión de los recursos.

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VER OTROS POSICIONAMIENTOS NETAMENTE CONTRADICTORIOS EN EL AMBITO DE LA A. PRIMARIA

Os lo anunciábamos desde aquí el pasado 4 de abril…

Os lo anunciábamos desde aquí el pasado 4 de abril…

Discapacitados de Barros hasta 2014

Los Presupuestos estatales limitan la inversión para este ejercicio a 3,3 millones y recogen partidas por valor de otros 2 para los dos próximos años

Langreo, Miguel Á. GUTIÉRREZ, en La Nueva España
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no planea poner en marcha el Centro de Discapacitados de Barros hasta dentro de dos años. Así figura, al menos, en la hoja de ruta presupuestaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que incluye partidas para financiar el complejo sociosanitario en las anualidades de 2013 y 2014. La indefinición sobre la apertura del complejo -todavía no se concretado la fórmula de gestión ni se ha tramitado la adquisición del equipamiento interior pese a que la obra concluirá en junio- ha sido una de las causas que han llevado al Ayuntamiento de Langreo a reclamar la convocatoria de una comisión de seguimiento para analizar la evolución de proyecto con el objeto de definir la cuantía del equipamiento y agilizar los plazos de apertura.

El centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Langreo se ha convertido en una «patata caliente» para la Administración central. En un contexto de crisis económica marcado por los recortes en el gasto público, el complejo -promovido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)- precisa una notable inversión para adquirir el equipamiento interior y contratar a los 150 trabajadores que compondrán la plantilla.

Los plazos de obra del Centro de Discapacitados han ido dilatándose en los últimos meses. La última fecha fijada para la conclusión de los trabajos -que básicamente están pendientes de la urbanización de los accesos- es el mes de junio. En los más de 14 millones en los que está presupuestada la actuación ya se incluía una parte para el equipamiento básico aunque, al tratarse de un centro de referencia en el que la investigación jugará un papel clave, esa cifra podría ser superior.

El convenio para la construcción del centro suscrito por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno regional y el Ayuntamiento finalizó el 31 de diciembre pasado y fue prorrogado por dos años. No obstante, el nuevo Ejecutivo central ha dado un paso más allá en los plazos. En su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012, el Gobierno incluye una partida de 3,3 millones para la construcción del centro de referencia estatal de Langreo, en el epígrafe de edificios y con cargo a la presente anualidad. También hace una previsión plurianual del gasto, para 2013 y 2014, de 1.050.000 y 1.000.000 euros respectivamente, hasta completar la inversión global. Esto quiere decir que el complejo no podría contar con toda la financiación prevista hasta dentro de dos años.

El resultado de la comisión de seguimiento del proyecto - que se convocará la próxima semana tras la petición planteada por la alcaldesa de Langreo en el encuentro que mantuvo el martes con el director general del Imserso - servirá para arrojar luz al clima de incertidumbre que pesa sobre los plazos de apertura y el modelo de gestión del complejo. Ese modelo de gestión será pública, aunque falta por determinar el grado de implicación que tendrá el Principado. También se plantearán los posibles problemas existentes para la puesta en marcha de la instalación y las necesidades de equipamiento. Para ello se tratará de conocer la opinión de las asociaciones de discapacitados, tanto a nivel estatal como autonómico, como Cocemfe o Aspaym.

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¿Más ingresos?... ¡¡no, no!! sólo recortes y re-copagos de los mismos…

¿Más ingresos?... ¡¡no, no!! sólo recortes y re-copagos de los mismos…

El PP de la amnistía fiscal rechaza un impuesto a las grandes fortunas

IÑIGO ADURIZ, en Público

Ha puesto en marcha el Presupuesto más austero de la democracia. Ha reducido en más de 8.000 millones el gasto social y tiene previsto recortar otros 10.000 en educación y sanidad. Además, ha incrementado el IRPF que pagan todos los trabajadores, y ha puesto en marcha una amnistía fiscal que reduce las aportaciones de los defraudadores a la Hacienda Pública. En cambio, lo que no va a hacer el PP en su etapa al frente del Gobierno es cargar una parte de las consecuencias de la crisis económica en los que más tienen.

Los conservadores han rechazado este martes respaldar una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, que instaba al Ejecutivo a aprobar, en los próximos tres meses, un proyecto de ley para instaurar un impuesto sobre las grandes fortunas. El principal argumento que ha utilizado Matilde Asián, la portavoz del PP que intervino en el debate en Pleno de la propuesta, es que el citado gravamen no podría aplicarse al no poderse controlar todos los recursos de los contribuyentes.

Uno de los puntos de la propuesta del PSOE instaba al Gobierno a incluir en el citado proyecto de ley las previsiones que fueran necesarias "para evitar la efusión del impuesto mediante la utilización de países que tengan la consideración de paraísos fiscales". Pues bien, Asián, que ha considerado "estupendo" que se pudiera "gravar la renta mundial de un contribuyente", no lo ha considerado factible ya que, según ha dicho,  los países europeos ni siquiera pueden someter a impuestos el capital que está en estados vecinos.

Asián ha defendido, además, que su formación "no pone en duda" la progresividad del sistema fiscal español que, ha dicho, está incluido en la Constitución. Y ha reiterado su voto en contra de la propuesta socialista utilizando "los mismos argumentos" que empleó el PSOE cuando, en 2008, retiró el impuesto de patrimonio: "Que había perdido la capacidad para alcanzar los objetivos para el que había sido diseñado". 

"Con pena e indignación"

La Izquierda Plural -grupo que aglutina a IU, ICV-EUiA y Cha- ha anunciado que votará a favor de la iniciativa socialista. Aunque lo hará "con pena e indignación" por el "legado en materia fiscal" que ha dejado el grupo proponente tras pasar ocho años en el Gobierno. Así lo ha recalcado la portavoz del grupo durante el debate, Laia Ortiz.

"Nos pasamos los últimos años exigiéndoles esto", les ha recordado Ortiz a los socialistas. Éstos, ha añadido, "siempre" votaron en contra de instaurar un impuesto a las grandes fortunas. La diputada de ICV ha afirmado, en este sentido, que "la fiscalidad no es algo coyuntural", sino que resulta "imprescindible para tener ingresos públicos" que garanticen la sostenibilidad del Estado del bienestar.

ERC ha azuzado el debate citando datos oficiales que apuntan a que desde la llegada de la crisis económica "las grandes fortunas no sólo son más sino que son más ricas". La diputada republicana, Teresa Jordá, ha asegurado, además, que las cifras estadísticas apuntan a que los más ricos "son los que más impuestos evaden".

Su partido, al igual que el BNG, hubiera apoyado la iniciativa del PSOE en el caso de que se aceptara la enmienda que contemplaba que el 100% del tributo se cediera a las comunidades autónomas. El texto del PSOE, que no ha admitido esa enmienda, lo repartía en un 50% entre la administración central y las autonómicas.

El PSOE no admite ninguna enmienda

Entre quienes no han apoyado la propuesta, además del PP, están CiU y PNV. Los catalanes habían presentado una enmienda de sustitución -que tampoco fue aceptada por los socialistas-, en la que instaban al grupo proponente a sustituir el impuesto sobre las grandes forturnas por un "impuesto solidario y temporal sobre los grandes patrimonios para evitar situaciones de inequidad". Esta propuesta, incluida en el programa electoral de CiU, pretendía que quienes tuvieran grandes patrimonios pero rentas bajas pagaran en función del patrimonio.

Los nacionalistas vascos, por su parte, han decidido abstenerse por el régimen fiscal especial vigente en Euskadi y Navarra. Y la diputada de UPyD Rosa Díez ha coincidido con el PSOE en la necesidad de "transformar" el impuesto de patrimonio para convertirlo en un tributo que afecte a las grandes fortunas. Finalmente, la iniciativa fue rechazada por 189 votos en contra, 119 a favor y 16 abstenciones.

Ante la amnistía fiscal propuesta por el Gobierno, la portavoz de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero ha defendido la instauración del impuesto sobre las grandes fortunas porque, en su opinión, "es posible una alternativa que grave a los que más tienen" y que permita, además, que el del PP no pase a la historia como el Gobierno que "penalizó a las clases medias y amnistió a las grandes fortunas". 

LAS CLAVES DE LA PROPUESTA

La proposición no de ley que se ha debatido este martes en el Congreso contemplaba el establecimiento de previsiones normativas para "evitar la exclusión del impuesto" de las grandes fortunas utilizando sociedades mercantiles u otras entidades.

Asimismo, el texto apuntaba a que el proyecto de ley podría incluir tipos de gravamen "diferenciados" según la naturaleza o el valor unitario de los bienes. El 50% del rendimiento se debería ceder a las comunidades autónomas y el 75% iría al Fondo de garantía de servicios públicos "fundamentales para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Vienen a por todo y por todos, menos a por quienes todos sabemos, y las excusas seguirán siendo las mismas siempre: “no nos lo podemos permitir y es la herencia que nos dejaron”… pero también sabemos que son sólo excusas plagadas de mentiras.

Vienen a por todo y por todos, menos a por quienes todos sabemos, y las excusas seguirán siendo las mismas siempre: “no nos lo podemos permitir y es la herencia que nos dejaron”… pero también sabemos que son sólo excusas plagadas de mentiras.

El Gobierno propondrá a las autonomías implantar el copago en función de rentas

Lo hará en el Consejo Interterritorial del día 18 después de que la ministra advirtiera ayer de que «la sanidad es insostenible»

12.04.12 – El Comercio.

Pagar los medicamentos en función del nivel de renta de cada paciente. Es lo que tiene en mente el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir recortar 7.000 millones de euros del actual sistema sanitario. La propuesta, de la que ayer ya habló en los pasillos del Congreso la ministra de Sanidad, Ana Mato, se presentará oficialmente a las autonomías en la reunión que mantendrá el próximo miércoles, día 18, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Mato desveló la primera incógnita sobre la inminente reforma sanitaria al asegurar que veía factible aplicar «este mismo año» un sistema de 'copago' de recetas en función de la renta de los pacientes, por tramos. Actualmente, salvo los enfermos crónicos y jubilados, todos los ciudadanos pagan el 40% de los fármacos. Según la ministra, gracias al cruce de datos informáticos de Hacienda, Seguridad Social y Sanidad, la puesta en marcha de este nuevo sistema de 'repago', no sería ni complicado ni costoso. Eso sí, dejó claro, que la medida debería ser refrendada por el Consejo Interterritorial, es decir, por las autonomías, que son las que tienen ahora las competencias en materia sanitaria (no así en cuestión de copago de medicinas que sigue estando en manos del Gobierno central).

Mato compareció en el Congreso en respuesta a una interpelación del PSOE. Fue allí donde dijo que «la sanidad es absolutamente insostenible en este momento», con una deuda que cifró en 16.000 millones de euros, de la que a Asturias le correspondería 303 millones, según los datos que en enero pasado dio la Consejería de Sanidad del Principado.

Uno para todo el país

El ministerio está trabajando también en la elaboración de un catálogo de servicios sanitarios básicos que tendrán que cumplir, por ley, todas las comunidades. Fuentes de Sanidad precisaron de que no se trata de reducir prestaciones sanitarias que precisen los ciudadanos «sino de establecer un mismo catálogo en todo el país» y que no haya disfunciones entre autonomías.

Se limitarán aún más

La cartera de Ana Mato considera que estos tratamientos no son esenciales y, pese a que los seguirá financiando, el acceso a los mismos se restringirá aún más. Sólo costeará los casos patológicos previamente diagnosticados, lo que deja fuera a las pacientes lesbianas, entre otras muchas. Tampoco cubrirá las vasectomías como método anticonceptivo. Los beneficiarios deberán justificar la existencia de una enfermedad o la posibilidad de transmitir una dolencia grave a su descendencia. Los recortes en materia de fertilidad fueron criticados ayer por el Centro de Fecundación in vitro de Asturias (Cefiva), que acusó al gobierno actual y a los políticos en general, de «ver los tratamientos de reproducción asistida y los problemas de infertilidad como si fueran un lujo», lamentó Pedro de la Fuente.

Control férreo

Acabar con las irregularidades del llamado turismo sanitario es otro de los objetivos. Se trata, en la mayor parte de los casos de turistas europeos que vienen a España a recibir tratamiento.

De momento, no se baraja

Sanidad no sopesa, al menos, de momento, implantar el euro por receta que ya aplica Cataluña, ni el pago por acudir a consulta. Tampoco que se abone un ticket diario por hospitalización, como propuso ayer el consejero catalán de Salud.

Compras y tarjeta sanitaria única

La idea es que en lugar de que cada consejería o cada hospital negocie y compre de forma individual, se haga a través de una central de compras. También se sopesa crear una tarjeta sanitaria operativa en todo el país.

«Es volver a la sanidad de la beneficencia»

12.04.12, El Comercio

A Ramón Quirós, anterior consejero de Salud del Principado, el recorte sanitario de 7.000 millones de euros anunciado por Rajoy no sólo le preocupa, «sino que me da rabia». Porque «supone crear una sanidad de dos velocidades. Es el fin del sistema sanitario público tal y como lo conocemos. Es volver a la sanidad de la beneficencia que ya tuvimos entre 1981 y 1986 y que yo, como ciudadano, no quiero». Quirós se pronunció en estos términos ayer, durante la celebración del 25 aniversario del Comité Antisida de Asturias. «El sida», indicó el exconsejero, «nos vuelve a dar la idea. En 1981 Asturias estaba fastidiada pero pudo salir adelante. Hoy también podemos salir». Quirós rechazó la implantación de ticket moderadores o de pagar por ir a urgencias, por ejemplo. Finalmente, recomendó al Gobierno de PP «buscar el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas antes de hacer recortes en la sanidad pública».

«La sanidad es absolutamente insostenible en este momento», afirma la ministra Mato

El Gobierno ve factible aplicar este mismo año el copago de las recetas si así lo decide el Consejo Interterritorial de Salud l Cifra la deuda en 16.000 millones de euros

Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España

El sistema sanitario público es «absolutamente insostenible» en este momento, con una deuda de 16.000 millones de euros. Así lo subrayó ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en respuesta a una interpelación del PSOE en el Congreso de los Diputados que tuvo como telón de fondo el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de recortar el gasto público por un importe de 7.000 millones de euros en sanidad y 3.000 en educación. La Consejería de Sanidad del Principado reconoció semanas atrás que la deuda de este departamento al cierre de 2011 era de 303 millones de euros.

Según Mato, el proyecto de presupuestos de 2012 no sólo mantiene, sino que «blinda» el sistema de bienestar social, empezando por la sanidad, y no va a retroceder, sino a consolidarse con el PP. Sin embargo, la Ministra señaló que ve factible aplicar este mismo año un «copago» de recetas según la renta de los pacientes, por tramos, gracias al cruce de datos informáticos de Hacienda, Seguridad Social y Sanidad. Eso sí, matizó, siempre y cuando el Consejo Interterritorial de Salud -en el que están representadas las comunidades autónomas y que se reunirá el próximo día 18- adopte esta medida.

La versión del PSOE es muy distinta. El diputado Eduardo Madina enfatizó que las cuentas del Estado elaboradas por el Ejecutivo constituyen «el mayor ataque directo contra la sociedad del bienestar de los 30 últimos años». Madina atribuye esta situación a una «gran obra de ejecución ideológica» del Partido Popular: el paulatino desmontaje del modelo social y de las partes nucleares del Estado del bienestar.

Mato rechazó el abono de un euro por receta -ya implantado por Cataluña-, así como algún tipo de «copago» por las consultas o prestaciones sanitarias. Son medidas posibles la regulación del «turismo sanitario» o una tarjeta sanitaria única, que evitaría duplicidades. El Gobierno -indicó la Ministra- trabaja en un catálogo de servicios sanitarios básicos obligatorio para todas las autonomías, que no supondrá una reducción en las prestaciones sanitarias. Otra cosa -matizó- es buscar cómo evitar a los pacientes visitas al médico que puedan ser innecesarias, como ocurre con los enfermos crónicos para obtener recetas.

Según Mato, el Gobierno central va a asegurar el modelo de bienestar social frente a las contingencias futuras, sin hipotecar más el futuro de los españoles, y «especialmente ante los riesgos de los gobierno ineficaces», en referencia a la gestión «catastrófica» y de «quiebra» de los socialistas. «Ningún español va a quedar desasistido o desatendido por culpa de esta crisis», indicó la Ministra, quien agregó que «vamos a redoblar los esfuerzos para que, con menos recursos, podamos llegar a más gente».

Ana Mato indicó que se está actuando para asegurar la sostenibilidad del sistema y potenciar la equidad. «En estos momentos, la sanidad no tiene ni siquiera garantizada la equidad, no todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos servicios sanitarios (...). Sale más rentable el sistema a los que vienen de turismo sanitario que los que vivimos aquí», indicó la Ministra. Entre otros programas, la titular de Sanidad aseveró que va a apuntalarse el sistema de dependencia, que los socialistas dejaron «sin modelo estable de financiación», y aseguró que los presupuestos dedican cinco puntos porcentuales más a esta partida que en 2011, con los socialistas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se sumó a las tesis de su homóloga de Sanidad argumentando que los recortes en sanidad anunciados por el Ejecutivo son «la única forma que existe de garantizar un sistema sanitario público, universal y de calidad».

Desde las filas socialistas, la ex ministra de Sanidad Trinidad Jiménez expresó la negativa del PSOE de ser «cómplice» del «desmantelamiento del sistema sanitario», así como el rechazo a cualquier tipo de «copago». El responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, apuntó que el ahorro en el capítulo de sanidad «tendrá un origen legislativo» para «ayudar a las comunidades a gastar menos». La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública interpreta que, en el fondo, se trata de un ERE «encubierto» que podría afectar a 7.471 médicos con la excusa de reducir el gasto público.

Quirós, ex consejero: «Volveremos a la sanidad de la beneficencia»

Gijón, L. PALACIOS

«Con el copago y la valoración del nivel de renta para prestar los servicios sanitarios volveremos a la Sanidad de la beneficencia, de las dos velocidades». El ex consejero de Salud del Principado Ramón Quirós expresó ayer -durante un acto celebrado en Gijón- su «preocupación y rabia» ante los recortes que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. «Ya tuvimos una sanidad para ricos y otra para pobres en 1986 y no quisiera que volviéramos a ella».

«Nos vamos a dar cuenta de lo que perdemos cuando sea demasiado tarde», advirtió el ex consejero socialista, quien reclamó un consenso de todos los grupos antes de hacer efectivos los recortes, puesto que «podemos estar ante el fin del sistema que conocemos, que en el caso de Asturias es uno de los más valorados por los ciudadanos».

A juicio del ex responsable de Salud, «no es posible aplicar un recorte tan grande en seis meses». Quirós sostiene que «no estamos ante un problema de gasto, sino de falta de ingresos», por lo que «por mucho que se recorte, seguirá siendo poco».

Los profesionales sanitarios piden al Gobierno que deje los globos sonda

El sindicato mayoritario, CSIF, reclama una “hoja de ruta clara”

La enfermería critica la falta de coordinación

El presidente de los colegios médicos insta a que cesen “la incertidumbre y la intranquilidad”

Emilio de Benito, Madrid, en El País.

Los sucesivos anuncios genéricos sobre recortes en sanidad por parte del Gobierno y su falta de concreción han soliviantado los ánimos de los trabajadores del sector. Con una inusitada unanimidad, sindicatos y organizaciones profesionales han transmitido su inquietud por la situación, que no se espera que se aclare, al menos en parte, hasta el Consejo Interterritorial del próximo miércoles.

Por ejemplo, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha instado a que cese la “incertidumbre y la intranquilidad” que generan algunas de las recientes propuestas por parte del Gobierno sobre la forma de financiar la Sanidad pública. “Deberíamos ser todos un poco más cuidadosos a la hora de aventurar opiniones o globos sonda, que lo que hacen es movilizar a la población y ponerla cada vez más nerviosa de lo que está", ha dicho.

El sindicato mayoritario del sector, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha reclamado en su congreso anual, que se está celebrando actualmente, una hoja de ruta clara al Gobierno “que garantice la viabilidad y la sostenibilidad del sistema sanitario ante la actual situación de crisis económica, sin perjudicar a los ciudadanos ni deteriorar los actuales niveles de calidad asistencial”.

También otro potente grupo, el de enfermería, ha manifestado su inquietud. “Cada día nos despertamos con nuevas medidas, como el recorte en 7.000 millones anunciado ayer por la Presidencia del Gobierno, sin saber por dónde nos vienen y lo que es peor, a donde nos llevarán”, ha señalado Alejandro Laguna, secretario general del sindicato de enfermería Satse. “Da la impresión de que no hay ni habrá punto y final, sino puntos y seguido para más y más recortes”, ha dicho.

Este “maremágnum de propuestas” es inadmisible teniendo en cuenta que se está hablando de uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema del bienestar, ha manifestado CSIF.

Rodríguez Sendín, de la OMC, es uno de los pone el ojo no solo en los profesionales, sino en los ciudadanos. “Bastante intranquilidad provoca ya la enfermedad y la pérdida de salud como para alimentarla con frases o eslóganes que luego son interpretables o que tienen que ser contestados con opiniones diferentes”.

A los afectados les gustaría poder opinar más, pero la falta de concreción sobre las medidas hace que sea difícil posicionarse. CSIF insiste en medidas de eficacia, como reducir los cargos de libre designación, evitar duplicidades administrativas, establecer protocolos para el uso de tecnologías sanitarias que eviten pruebas innecesarias y, en la misma línea, una coordinación mayor entre atención primaria y la especializada.

Por su parte, Rodríguez Sendín, ha solicitado que se deje bien “claro” a los ciudadanos que “no se va a pagar por asistencia”. Aunque, al mismo tiempo, está abierto a que se modifique el modelo de copago farmacéutico ya existente en España, ya que, a su juicio, “es injusto como está actualmente”, lamentando, sin embargo, que se mezcle con la posibilidad un copago asistencial que hace que “mucha gente se asuste”.

El secretario general del sindicato de enfermería, Laguna, ha recordado el rechazo del sindicato a la fórmula del copago en el ámbito sanitario, “porque los usuarios del sistema nacional de salud ya pagan por los servicios que reciben, a través de sus impuestos, y porque existen distintas alternativas que mejorarían la situación de nuestra sanidad sin tener que recurrir a cobrar más dinero a los ciudadanos. Se trata de una medida injusta que genera desequilibrios, falta de cohesión y desigualdad”. “Mientras la Sanidad pública se financia por impuestos en función de la renta de cada persona y es accesible a todos por igual, el copago o repago pretende hacerlo a través de los propios enfermos, pagando cada uno lo que consume. Algo que puede provocar, por ejemplo, que el que no pueda afrontar ese gasto no utilice los servicios sanitarios que requiera o tarde en hacerlo”, ha concluido.

Curiosamente ninguno de los dos sindicatos hace mención expresa a una amenaza: que, pese a que los salarios de los funcionarios se han congelado este año, el capítulo de personal representa el 40% del gasto sanitario, y que ellos no son, en sentido estricto, funcionarios, por lo que son posibles candidatos a nuevos recortes (como fueron en los ajustes de 2010). Pero en este sentido la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública afirma que en el sistema sanitario se está produciendo un ERE encubierto, “recortando las plantillas al combinar el adelanto la edad de jubilación obligatoria de los médicos y personal de enfermería con una reposición de tan solo el 10% de las vacantes producidas”. Esto va a tener como efecto, según sus cálculos, un aumento del 8,7% de la proporción de pacientes por médico. Con grandes desigualdades entre comunidades.

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El mayor recorte desde que en 1988 se empezaron a presupuestar los planes I+D+i…

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El tijeretazo del 25,5%, «una ducha de agua fría»

La Confederación de Sociedades Científicas de España se enfrenta al "mayor recorte" desde que existen los planes de I+D+i

MARÍA DURO | MADRID, en El Comercio.

El tijeretazo a la investigación sienta como "una ducha de agua fría" a la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce). Un paso atrás para la comunidad científica que ha pasado "de unos años en los que parecía que el desfase con respecto a otros países podría ser eliminado, a una situación donde las alarmas se han encendido". Y es que el ajuste del 25,52% que estipula el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 es la tercera reducción consecutiva a la que se enfrentan.

La Cosce ha presentado hoy (por ayer) un informe elaborado por José Molero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y José de No, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que se desgranan los recursos asignados a I+D+i para 2012.

Este ejercicio el Gobierno ha asignado a proyectos de I+D+i una partida de 6.397,63 millones de euros, lo que supone 2.192,16 millones menos con respecto a 2011. "Es el mayor recorte desde que existen estos planes [1988]", ha explicado José Molero. Un descenso que es generalizado en todas las actividades y programas y "claramente superior" a lo reducido en el conjunto de los presupuestos.

Sin embargo, los expertos han puesto especial atención a los 3.016 millones de euros presupuestados en 2011 y que no fueron ejecutados. Es decir, el 42% de los recursos públicos que no fueron gastados y que retornan al Tesoro Público. Algo que viene ocurriendo en los últimos años, aunque la partida no ejecutada fue menor: en 2010 fue del 30,8% y en 2009 el 20,6%. Por ello, la Cosce exige al Gobierno que explique qué política científica y tecnológica va a poner en marcha a partir de ahora a tenor de esta mala gestión.

De ahí que De Nó señale que el impacto de la reducción presupuestaria "no sea tan grave como sugiere el importe total, porque se ha reducido en cosas que no se han usado". Aun así, la vicepresidenta de la Cosce, Felisa Verdejo, ha remarcado que "cada euro repercute muchísimo" en el sistema científico.

Según se desprende de las cuentas públicas, el Gobierno destinará 2.636,47 millones a subvenciones para proyectos de I+D+i, valores no conocidos desde hace ochos años. Y es que la evolución de las operaciones no financieras -abarcan el 41,21% de los recursos- ha ido en descenso desde 2008, acentuándose el retroceso en los últimos años.

Los más perjudicados

Por primera vez, el tijeretazo a la ciencia afecta a todos y cada uno de los programas, aunque el mayor ajuste se lo llevan: Tecnología Industrial (-740 millones), Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica (-747 millones), Sociedad de la Información (-271 millones) e I+D relacionada con la Defensa (-221 millones). De esta manera, estos cuatro proyectos absorben hasta el 91% del recorte total.

Debido a ello, los ministerios que gestionan esos recursos también han visto afectadas sus partidas de dinero público. Sanidad y Política Social sufre el grueso del adelgazamiento hasta en un 80%, el de Presidencia en un 60%, el de Fomento en un 42% y el de Asuntos Exteriores y Cooperación en el 41%.

También se aprecia un leve retroceso en las operaciones financieras (créditos), con 3.761,15 millones de euros frente a los 5.199,92 del pasado año. En cualquier caso, este tipo de operaciones mantiene el predominio, pues abarca el 58,79% de la partida presupuestaria.

El reparto entre investigación civil y militar es de un 88%, 16% y un 11,3%, respectivamente. Estas cifras arrojan que el reparto es muy parecido al correspondiente a 2011, aunque con un ligera subida a la inversión en I+D+i militar.

En cualquier caso, el profesor José Molero ha insistido en que "hay que ser cautos" con el ajuste previsto por el Ejecutivo de Rajoy, ya que los presupuestos están pendientes de ser aprobados en el Parlamento, por lo que "tienen cabida ciertas enmiendas", ha añadido esperanzado.

Asimismo, los dirigentes de las sociedades científicas han recordado que el Gobierno ha hablado en numerosas ocasiones de incentivar la política de inversión empresarial: "menos público, más privado". Sin embargo, Molero se ha mostrado escéptico en este asunto, pues "en los últimos años ha ido cayendo" la participación privada.

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Tres veces vendieron su puesta en marcha y a la cuarta anuncian la paralización…

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La crisis y el freno al HUCA paraliza el vivero sanitario de empresas

Sólo tres firmas presentaron su solicitud para ocupar uno de los 15 despachos del complejo

11/04/2012, Alexia E. Martín, Oviedo, en La Voz de Asturias

No sólo la crisis hizo mella en la puesta en funcionamiento del vivero de empresas biosanitarias de La Corredoria, uno de los proyectos más jugosos del Plan Urban encaminado a reactivar la economía de la ciudad. Tanto el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, como el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, manifestaron ayer que la no entrada en funcionamiento del nuevo Hospital Central de Asturias (HUCA) en Prado de la Vega “paralizó” el proyecto.

García Vigón, que firmó ayer, junto al regidor ovetense, el convenio de cesión del vivero de empresas de Ciencias de la Salud a la citada corporación, señaló que la creación del complejo empresarial de La Corredoria “empezó muy bien pero luego se paralizó”. Y atribuyó esta ralentización en el desarrollo del proyecto a la coyuntura económica actual y al freno del HUCA. “El ayuntamiento y la Cámara compartimos dificultades que existen, sería más fácil llenar el vivero con el hospital abierto y la Facultad de Medicina en La Corredoria; seguro que así tendríamos más peticiones”, sentenció al tiempo que reconoció que “hace tiempo que no aparecen peticiones nuevas”.

De hecho, hasta el momento, el complejo empresarial biosanitario sólo recibió la petición de tres empresas, dos de ellas dedicadas al descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos y una tercera relacionada con el desarrollo de servicios para personas de la tercera edad que se instalarán en tres de los 15 despachos que posee el edificio. No obstante, la Cámara mantendrá el carácter biosanitario con el que nació el proyecto y, por lo tanto, “descarta recibir empresas con otra vocación”. En este sentido, García Vigón recalcó que se trata de un vivero que “fomentará la investigación”. “También estamos hablando con la Universidad ya que sus investigadores pueden instalarse en La Corredoria”, dijo poco antes de recalcar que Oviedo “no está muy sobrado en empresas con una base tecnológica importante”.

El alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, reiteró lo anunciado hace días durante un encuentro con el rector de la Universidad, Vicente Gotor. “Oviedo quiere intensificar la relación con instituciones públicas y privadas con un peso importante en la reactivación económica y la creación de empleo”, manifestó, “uno de los objetivos de este vivero”. Y añadió que la Cámara de Comercio es una “especialista” en esta materia y, por lo tanto, “no hay mejor socio para su gestión”.

El regidor incidió, al igual que García Vigón, en la gran vinculación del HUCA con el complejo empresarial de La Corredoria y reclamó al Principado “que ponga en marcha el hospital lo antes posibles y con los accesos adecuados”.

Tampoco quiso concluir su intervención sin hacer referencia a la obra pública, “de la que sigue dando cuenta Oviedo en un entorno de crisis” y anunció la “próxima” licitación de dos actuaciones: la última fase de la plaza de abastos de La Corredoria, obra que sufrió retrasos por la falta de unos terrenos; y el proyecto del Nora. Asimismo, recordó que ya se tramita la contratación de la ampliación del parque de La Monxina.

Se han solicitado 3 de los 15 espacios disponibles

La crisis y los retrasos en el HUCA lastran el arranque del vivero de ciencias de la salud

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio han firmado la cesión del edificio

OVIEDO, EUROPA PRESS

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, ha dicho este martes que las peticiones para ocupar el vivero de ciencias de la salud (La Corredoria) están "paralizadas" por la crisis y los retrasos en el nuevo Hospital Central de Asturias (HUCA).

De hecho, el edificio dispone de 15 despachos de los cuales, hasta el momento, sólo se ha solicitado la explotación de tres, dos destinados al desarrollo de nuevos fármacos y uno relacionado con servicios a la tercera edad, ha explicado Vigón en una rueda de prensa tras suscribir la cesión del edificio con el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo.

A esto debe sumarse que la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo todavía no se ha llevado al hospital, ha recordado el regidor, quien ha reiterado que estos dos factores son claves en el desarrollo del vivero por su estrecha vinculación.

Ante esta situación, el también presidente de la patronal ha subrayado la necesidad de que las fuerzas políticas que concurrieron a las pasadas elecciones doten a Asturias de un Gobierno y, además, de un presupuesto que permita avanzar en estos equipamientos.

Tras esta firma, el equipamiento --financiado con fondos europeos a través del plan Urban-- será explotado por la Cámara de Comercio, que se centrará en facilitar la implantación de empresas vinculadas a la medicina y la investigación. Eso sí, no han fijado un plazo para llenar los despachos porque "empezó bien, pero se paralizó", ha añadido Vigón.

En cualquier caso, ambos han dicho que no se han planteado ampliar la oferta a emprendedores o investigadores de otros ámbitos distinto al de ciencias de la salud, ya que "no se trata de llenar el vivero", sino de que se use para lo que estaba destinado desde el principio.

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Los sindicatos sanitarios guardan silencio ¿de momento o cómo siempre ultimamente?…

Los sindicatos sanitarios guardan silencio ¿de momento o cómo siempre ultimamente?…

El ajuste obligará a Asturias a reducir personal y servicios

Los expertos coinciden en que existe escaso margen para acometer la reforma sin tocar Prestaciones en sanidad y educación

Vaticinan que España retrocederá en el ránking mundial

11/04/2012, PILAR CAMPO, OVIEDO, en La Voz de Asturias

El segundo paquete de recortes anunciado por el Gobierno de Rajoy en educación (3.000 millones) y sanidad (7.000 millones) obligará a Asturias a suprimir prestaciones, reducir plantillas e incluso podría implicar más bajadas de sueldos ante la desaparición de algunos complementos productivos. Los expertos consultados por LA VOZ coinciden en que Asturias no podría asumir el recorte social sin rebajar los servicios e interpretan las medidas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular (PP) como un paso más en su política de ahogo al sistema público.

El PP no ha querido desvelar, partida por partida, dónde se meterá la tijera y emplaza su análisis detallado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la ministra Ana Mato ha adelantado para el próximo día 18 - estaba previsto inicialmente para finales de mes - para tratar de alcanzar “acuerdos de consenso” con todos los consejeros del ramo.

Las reacciones Apenas 24 horas después de que el gobierno anunciara el recorte social que pondrá en marcha, el portavoz socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces, censuró durante su intervención en la sesión de control parlamentario que la educación “no es una prioridad para el PP”. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 confirma además, en opinión de Areces, “los peores presagios” ya que recorta un 21,9% el presupuesto en educación. El expresidente del Ejecutivo recriminó al ministro José Manuel Wert que, en contra de lo que anunció, se recorte también la política de becas en 166 millones y recordó que los 10.000 millones de euros que calculan de ahorro con el tijeretazo “presagia lo peor porque probablemente va a incidir también en las tasas universitarias y a las ratios de escolarización en primaria y secundaria”, lo que afectaría gravemente “a la equidad y a la calidad educativa”.

Areces reprochó a los populares que en el caso de las transferencias a las autonomías, de los 17 programas de cooperación territorial hagan desaparecer 10, algunos muy significativos como el plan 2.0 o la escuela de 0 a 3 años.

El exconsejero de Educación, Herminio Sastre, comparte su opinión y reconoce que las repercusiones en Asturias serán “muy dolorosas” porque con el tijeretazo habrá que hacer modificaciones en el desarrollo de la docencia. “Las primeras medidas que se han dado a conocer hablan de incrementar el número de alumnos por aula y reducir el número de profesores en lo que supone un atentado fuerte sobre la educación”.

Herminio Sastre, que ejerce la docencia desde su cátedra de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, recuerda que durante su etapa al frente de la consejería se hicieron muchos esfuerzos para lograr una educación de calidad que ahora el PP echa por tierra.

El exconsejero de Educación teme que los indicadores de escolarización y titulación de ESO que auparon a Asturias a los primeros puestos de cabeza del ránking nacional también puedan correr riesgo de perderse. Sastre calcula que si a Asturias le corresponden 70 millones de euros menos con el ajuste, “habrá que ver si esa reducción dentro del presupuesto del Principado a qué partida se corresponde, si es a inversión o a gasto corriente y habrá que ver si los complementos van a eliminarse. Habrá que ir viéndolo todo poco a poco, pero la noticia desde el punto de vista del bienestar social es cuanto menos preocupante”, subraya.

El sindicato SUATEA advierte que al PP sólo le interesa “deteriorar la enseñanza pública mediante el hacinamiento, la eliminación de profesorado para atención a la diversidad, el aumento del número de alumnos que cada docente debe atender y el despido de miles de interinos a la enseñanza pública para así favorecer a la enseñanza privada, concertada o no”.

SUATEA se suma a las críticas socialistas sobre la eliminación de los presupuestos generales para este año de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la desaparición prácticamente de la formación permanente del profesorado, el recorte sustancial de las becas y el presupuesto para la enseñanza superior, la secundaria, el bachillerato, la FP y las escuelas de idiomas.

El sindicato de enseñanza ironiza sobre la forma que tiene el PP de solucionar el fracaso escolar al estilo de las comunidades madrileña o valenciana, “con el aumento del horario lectivo para los docentes, la eliminación de tutorías y la atención a la diversidad, con la supresión de optativas, mientras se le ceden gratis suelos y edificios completos a la enseñanza privada concertada y se conceden subvenciones en forma de desgravación fiscal a quienes mandan a sus hijos a la privada”. Unos ajustes que provocarán el “desmantelamiento de la enseñanza pública”.

Sanidad a dos velocidades

Si en Educación los recortes repercutirán negativamente en la calidad del sistema, la incidencia no será menor en Sanidad. El exconsejero del ramo durante la etapa socialista, Ramón Quirós, prefiere ser cauto hasta conocer en detalle cómo se concretarán los recortes, aunque sí advierte de que “no se pueden hacer a ciegas ni indiscriminadamente porque es un peligro”.

Una vía que ha abierto el ministerio es el incentivo para que “las rentas altas salgan del sistema sanitario público y en ese caso sería una sanidad basada en el consumo” y el riesgo que se corre, en opinión de Ramón Quirós, es que “haya una sanidad a dos velocidades. Esa es la amenaza más importante”, asegura.

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, Carlos Ponte Mittelbrunn, considera que Asturias no puede asumir este recorte sin prescindir de prestaciones. “Este recorte pone en cuestión a la sanidad pública”, corrobora.

La propuesta del ministerio es, en opinión de Carlos Ponte, “una barbaridad porque rompe el principio de solidaridad entre todos los sectores sociales”.

Rajoy ultima una ‘reforma exprés’ para sanidad y educación

El PP admite que se recortarán prestaciones y abre la puerta al copago de las rentas más altas

11/04/2012, Agencias / Luis Fernández, Madrid / Oviedo, en La Voz de Asturias.

El Gobierno continúa enviando mensajes contradictorios y ambiguos, pero el tijeretazo que Mariano Rajoy quiere aplicar en la sanidad y en la educación pública comienza a tomar forma. Por el momento, lo único que está claro es que el recorte conjunto será de 10.000 millones (que hay que sumar a los 27.300 recogidos en los presupuestos del Estado), de los que más de la mitad (entre 6.000 y 7.000) serán en la cartera que dirige Ana Mato y el resto en la de José Ignacio Wert. Además, la intención es que las nuevas medidas estén listas en un plazo de dos semanas.

A partir de ahí, el abanico de posibilidades es muy amplio, aunque Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se encargó ayer de esbozar algunas las principales líneas que contendrá la reforma. En primer lugar, reconoció que el Gobierno estudia implantar el copago para las rentas más altas, tal como había asegurado el lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, aunque después fue desmentido por la dirección del PP. “Introduciremos cambios en el acceso a los fármacos que no sean injustos ni perjudiquen a la gente que menos renta tiene”, aseguró Montoro.

De esta forma, los populares vuelven a evidenciar que su política de comunicación hace agua, ya que después de cuatro versiones diferentes y varias rectificaciones, parece que la opción válida es la primera y que sí que se ampliara el copago.

El segundo punto que quedo claro ayer, salvo nueva rectificación, es que el Gobierno va a “redefinir la cartera de servicios básicos”, es decir, a recortar prestaciones. Además, el ministro de Hacienda explicó que la reforma afectará, entre otros aspectos, a la tarjeta sanitaria y también al acceso por parte de los ciudadanos extranjeros, ya que “hay mucho abuso, por ejemplo, de los procedentes de otros países europeos”.

Rajoy tiene previsto reunirse hoy con la cúpula directiva del Gobierno para explicarles las medidas y seguir trabajando para que las reformas entren en vigor en el plazo marcado de dos semanas.

En cuanto a la reforma educativa, nadie se ha pronunciado oficialmente, pero entre las medidas que se están barajando se incluye el aumento de las horas lectivas de los profesores en primaria y secundaria así como el ratio de alumnos por clase, mientras que en la enseñanza universitaria se plantea el incremento de tasas de grado y máster Críticas del PSOE El PSOE considera que el Gobierno invalida con estas reformas sus propias cuentas tan sólo una semana después de presentarlas. La portavoz de los socialistas en el Congreso, Soraya Rodríguez, señaló que el recorte de 10.000 millones en educación y sanidad anunciado por el Ejecutivo supone “una enmienda a la totalidad de sus propios Presupuestos”. La iniciativa que el Gobierno hizo pública el lunes supone, a juicio del PSOE, un “gran hachazo” al modelo público construido en los últimos años.

La teoría de que la nueva reforma invalida el presupuesto también la comparte el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aunque de una forma mucho menos explícita, ya que reconoció en una entrevista en el periódico Expansión que las previsiones de ingresos contempladas en el presupuesto pueden estar equivocadas y que “si falla la amnistía fiscal, habrá que plantearse la subida de impuestos como el IVA o los especiales”.

En Asturias el gobierno en funciones de FORO no tiene nada que decir  o no quiere …

Rechazo autonómico al ajuste de 10.000 millones a sus transferencias

Los territorios gobernados por los populares acogen el nuevo recorte sin quejas públicas, aunque sin agrado

La Nueva España

Cataluña y País Vasco respondieron ayer al anuncio de recortes por 10.000 millones en Sanidad y Educación hecho por el Gobierno que ambas son competencias transferidas a las autonomías, mientras que, en contraste, Madrid ha ofrecido devolverlas, en tanto que en el resto de regiones del PP la medida se recibió sin agrado.

Además de por la reivindicación o no de las competencias, las autonomías han quedado divididas también entre las gobernadas por el PSOE (Andalucía y Euskadi), junto a la canaria (gobernada por CC con apoyo socialista), que han rechazado la aplicación de los ajustes a los Servicios Sociales, y las del PP, que no han compartido esta posición.

Esperanza Aguirre dijo que la solución no son los recortes, sino las reformas legales, y se mostró contra el copago. Por el contrario, las comunidades del PP, como Extremadura, Valencia, La Rioja o Aragón, han acogido sin quejas, aunque sin agrado, la medida, que ha sido por ahora respondida con silencio desde Baleares, Galicia y Asturias.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, manifestó que «no sabemos cuánto nos va a tocar del recorte» y acusó al Gobierno central de «haber roto todos los consensos».

La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, cree «altamente preocupante» el anuncio y avisó de que «existen unas competencias transferidas» a las comunidades. Tras criticar que «fallan las formas», indicó que «existe la gran duda de hasta dónde quieren llegar con el cambio de modelo autonómico» y si «quieren o no respetar las competencias».

El Gobierno vasco cuestionó que los ajustes vayan a afectar a su territorio, ya que se trata de competencias transferidas. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado que el recorte no se notará allí porque «no se va a aplicar».

Navarra, gobernada por UPN con apoyo del PSN, también ha mostrado dudas de cómo se verá afectada, no sólo por tratarse de competencias transferidas, sino también por la especial relación económica de esta comunidad foral con el Estado (una condición que comparte con Euskadi). El vicepresidente canario, José Miguel Pérez, afirmó que los recortes van a situar a España «en un salto atrás de más de 40 años» y ha advertido que «a Canarias la tendrán enfrente».

País Vasco, Andalucía, Navarra y Cataluña rechazaron además la forma en la que el Gobierno de Rajoy anunció el ajuste, a través de una nota de prensa.