PRENSA

Sólo “Cherines” intenta defender lo indefendible

El plan del carbón se queda sin dinero para nuevas infraestructuras y ayudas empresariales

El PSOE afirma que los 101,5 millones de fondos para obras no cubren ni los trabajos en marcha, mientras que el PP defiende que sólo se rebaja un 5% respecto a lo ejecutado en 2011

Langreo / Mieres, Luisma DÍAZ, en La Nueva España

El plan del carbón ya no incluye nuevas infraestructuras ni ayudas a empresas en las comarcas mineras visto el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2012. Los 101,57 millones de euros destinados a infraestructuras servirán únicamente para pagar obras ya acabadas o en marcha, mientras que las subvenciones a la instalación de nuevas empresas que generen actividad económica en las zonas carboneras, 39 millones de euros, cubrirán únicamente la financiación de «compromisos adquiridos en años anteriores, en virtud de la plurianualidad de las ayudas concedidas».

La partida reservada a infraestructuras, que deberá ser especificada en los próximos días para definir qué actuaciones se llevarán a cabo y cuáles no, no llega a cubrir ni el coste que resta por pagar de las grandes obras puestas en marcha en las Cuencas: el desdoblamiento de la carretera de los túneles de Riaño, la «Y» de Bimenes y el soterramiento de los túneles de Riaño. De estas obras quedan por pagar 115 millones de euros, 14 más de los presupuestados por el Gobierno del PP para infraestructuras financiadas por los fondos mineros en toda España. De esta forma, tal y como ya advirtió en su día el ministro de Industria, José Manuel Soria, los fondos sólo acometerán obras «en marcha, y en función del presupuesto» existente. Se pone así punto y final al posible desarrollo de nuevas infraestructuras, algunas a punto de iniciarse, como la carretera entre Infiesto y Campo de Caso, cuya licitación se paralizó hasta conocer el tijeretazo definitivo al Plan del Carbón.

Lo mismo ocurre con las ayudas destinadas a financiar iniciativas empresariales generadoras de empleo. Los 39 millones dedicados a este apartado (cuatro de ellos para pequeñas empresas) únicamente llegan a cubrir el pago de subvenciones concedidas en años anteriores y que tenían carácter plurianual, por lo que no se otorgarán este año nuevas ayudas a compañías interesadas en asentarse en las zonas que se benefician del Plan del Carbón (las Cuencas, suroccidente de Asturias, la comarca de El Bierzo en León, el entorno de Puertollano en Castilla-La Mancha y varios concejos de Teruel, principalmente).

La presentación de los Presupuestos ha generado todo tipo de reacciones en los principales partidos políticos. La diputada del PP en el Congreso y candidata popular en las últimas elecciones autonómicas, Mercedes Fernández, minimizó el recorte total en los las aportaciones al Instituto del Carbón, que globalmente serán de 656 millones en 2012. «Comparado con lo ejecutado en el plan en 2011 es un ajuste de un 5 por ciento», aseguró Fernández, que añadió que «no estamos hablando de un gran recorte». Fernández, además, culpó al PSOE de los retrasos en la puesta en marcha y el pago de obras de los fondos mineros. «Si hubiese (el PSOE) sido capaz de articular los convenios que tenían soporte, no hubiese habido recorte. Se ha ajustado, porque fueron incapaces de ejecutar un porcentaje elevadísimo».

Una opinión bien distinta mostró el diputado socialista en el Congreso Antonio Trevín. El ex Presidente del Principado aseguró que el PP «hace un lifting a lo bestia, y con dolor, a las Cuencas, adelgazando las infraestructuras y las ayudas a la instalación de las empresas, y además fuerzan a las comarcas mineras a la anorexia, rebajando las ayudas al sector minero, condenándolo a la progresiva desaparición». Antonio Trevín teme que el dinero destinado a infraestructuras llegue únicamente para pagar obras ya ejecutadas «y cubra más bien poco de las obras que están en ejecución. Lo que queda claro es que no va a haber más convenios de fondos mineros, ni ninguna obra nueva». En materia de ayudas empresariales «se baja de 120 a 39 millones de euros, comprometidos en su mayoría, esto se une a la práctica desaparición de las becas y la formación, que suponen 2 millones, una reducción del 90 por ciento. El PP dice que hay compromiso con las zonas mineras, pero los números dicen otra cosa bien distinta». El diputado del PSOE puso de manifiesto también «la bajada del 38% en las ayudas a las empresas mineras», que «ponen en muy serio riesgo su actividad».

Por su parte, el diputado asturiano de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que las cuentas presentadas por el Ejecutivo central «se ensañan con las Cuencas». «El recorte en reactivación es dramático. Si en Asturias el Gobierno aplica una política general de parón, en las Cuencas es un ensañamiento puro y duro». Llamazares acusó al PP de «romper sus compromisos», firmados en el Plan del Carbón, y aseguró que «en infraestructuras la reducción es del 64%. Sólo se garantizan obras pendientes, pasamos de 289 a 101 millones. El tajo en ayudas a empresas para la reactivación es del 70%. Es un drama y un ensañamiento», aseguró el diputado.

Las Cuencas se rebelan contra «un atentado» a sus finanzas

Los alcaldes lamentan el golpe a los fondos mineros, que les deja sin inversión

05/04/2012, J. M. HUERGA, LANGREO, en La Voz de Asturias

Los alcaldes mineros ven en el tijeretazo que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 “un castigo” a las Cuencas y “un atentado contra los ayuntamientos mineros”. Los regidores denuncian que, ante el recorte de casi el 40% de la inversión en el sector minero, “a los ayuntamientos no nos dejan ni un margen de maniobra en inversiones”.

El ajuste del Gobierno de Rajoy a la política de reactivación de las comarcas carboneras causa indignación entre los alcaldes mineros. Los regidores critican no sólo el recorte en fondos para infraestructuras, sino la rebaja en las ayudas a proyectos empresariales y en becas mineras.

El alcalde de Aller, David Moreno, se muestra alarmado, “pese a que se barruntaba el tijeretazo”, dice, por “unos presupuestos mermados hasta límites insospechados que castigan especialmente a Asturias y a las Cuencas mineras”.

Al regidor allerano, más que si son mucho o poco 100 millones en fondos de infraestructuras para obras en marcha, lo que le preocupa es “qué va a pasar con las obras ejecutadas, justificadas y aún no devengadas por el ministerio, que crean problemas de tesorería en muchos ayuntamientos”. En espera de conocer las obras afectadas por el ajuste, Moreno denuncia “el impacto negativo en las Cuencas”.

Para Jesús Álvarez Barbao, alcalde de Morcín, los Presupuestos reflejan “que se quiere laminar de un plumazo a los ayuntamientos porque no nos dejan ningún margen de maniobra en inversiones”. Con este panorama, se pregunta “¿con qué dinero se van a pagar las competencias que asumimos?”.

Así pues, Barbao denuncia que los Presupuestos “estén avalando el recorte en la inversión pública”, una política, augura, que “obligará a cerrar las casas consistoriales”. Asimismo, el alcalde predice que con el recorte en los fondos mineros “se terminarán las inversiones en las comarcas mineras en muchos años y se paralizarán las Cuencas”.

Por último, el regidor morciniego reprocha al Gobierno del PP que recorte fondos “unilateralmente cuando eran compromisos firmados en el plan de la minería”.

Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio, es categórico al enjuiciar el ajuste. “Es un atentado contra los ayuntamientos mineros”. Aunque, a renglón seguido, acepta el envite y dice que “los alcaldes mineros, después de ir a Madrid, seguiremos luchando por el bienestar de los vecinos de las Cuencas”.

Llamadas a la reflexión

El alcalde coyán, al margen de a qué obras afectará el tajo a las ayudas del carbón, teme que “se olviden de que hay obras caducadas para las que los ayuntamientos adelantamos dinero”. Razón por la que pide “que el Gobierno de Rajoy reflexione sobre lo que está haciendo en las comarcas mineras”.

Por su parte, el alcalde de Tineo y presidente de la asociación de municipios mineros Acom, Marcelino Marcos Líndez, llama al Gobierno del PP a decir a qué obras afectará el recorte. “¿A los convenios en vigor, a los caducados o a los que están sin firmar y aprobados en la mesa de la minería?”, se pregunta. Junto a los fondos para infraestructuras, Líndez dice que “me preocupa que para este año no habrá ayudas a proyectos empresariales, con lo que se paralizará toda actividad en las comarcas mineras”.

Más allá de la política municipal, la oposición de izquierdas en el Congreso también se alineó con la defensa de los fondos mineros. “El recorte se hace con ensañamiento. Es un auténtico drama”, sostiene, en representación de IU, Gaspar Llamazares. El diputado admite que la tijera de Rajoy ha respetado la financiación de las prejubilaciones, pero señala recortes en todas las demás líneas de actuación del Instituto del Carbón y teme que acaben repercutiendo incluso sobre los trabajadores retirados. Se pregunta qué pasarán si el colectivo de prejubilados aumenta a causa de nuevos cierres.

Por parte del PSOE, Antonio Trevín manifestó una preocupación similar. El diputado hizo hincapié en la necesidad de negociar un plan minero que sustituya al actual que expira este año. “El Gobierno será un interlocutor muy poco fiable después de recortar sin haber hablado con nadie”, señaló.

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Porque el verdadero problema no es la credibilidad en cumplir o no con el objetivo de déficit, sino el 4% de contracción al que podríamos llegar según la agencia S&P

Los ajustes y las reformas de Rajoy no frenan la desconfianza de los mercados sobre España

La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de España para cumplir con sus objetivos de déficit y la presión sobre España se mantiene tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

nuevatribuna.es

La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a los alemanes superaba por primera vez desde diciembre la cota de los 400 puntos básicos.

En concreto, el diferencial entre los bonos españoles a diez años y el 'bund' alcanzaba a las 11.22 horas los 401,3 puntos básicos, con un rendimiento del 5,774%.

Por su parte, también repuntaba la prima de riesgo de Italia, que superaba la cota de los 370 puntos básicos, con un rendimiento del 5,467%.

Mientras, el Ibex 35, después de abrir ligeramente al alza, se daba la vuelta y cedía casi un 1%, por debajo del listón de los 7.600 puntos.

Las dudas de los inversores se acrecentaban así sobre la capacidad de España para cumplir con sus objetivos de déficit tras presentar el pasado martes sus Presupuestos Generales del Estado para 2012 y después del informe negativo de S&P, en el que otorgaba un 40% de probabilidades a que España sufra una contracción del 4% en este ejercicio.

Además, el Tesoro Público español colocó ayer 2.589 millones de euros en bonos y obligaciones, aunque se quedó en la parte baja del rango, ya que esperaba captar entre 2.500 y 3.500 millones, y a tipos más altos.

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¿Quién define la confianza de los mercados financieros?

Por Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

El argumento más frecuentemente utilizado por el gobierno Rajoy para justificar los enormes recortes de gasto público en España es la necesidad de “recuperar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada por todos los proponentes de las políticas de austeridad. De ahí que debería ser un motivo de gran atención mediática averiguar cómo se define tal supuesta confianza de los mercados, y quién tiene el poder de definición. Es sorprendente, en este sentido, la escasa atención mediática sobre estos puntos.

El indicador más frecuentemente utilizado para medir tal confianza de los mercados son los intereses que el Estado debe pagar para poder vender su deuda pública. A mayor desconfianza, mayores los intereses, y viceversa. A mayor confianza, menores intereses. Pero, ¿quién define los intereses? La respuesta conforme a la ortodoxia neoliberal es que son los “mercados”. Pero, como toda ortodoxia, ésta se basa en fe más que en evidencia. Ésta muestra que, en general, son las agencias de valoración de bonos las que, con sus evaluaciones, guían el comportamiento de tales mercados financieros. En realidad, uno de los instrumentos más valiosos que tienen las instituciones financieras (tales como los bancos, las compañías de seguros y los fondos de alto riesgo) que intervienen en el supuesto mercado, son las agencias de evaluación de los productos financieros (en inglés Credit Rating Agencies) que, en teoría, valoran tales productos –como los bonos públicos de los Estados- y dicen a las instituciones financieras si vale la pena invertir en ellos o no. Cuando una de tales agencias valora negativamente los bonos públicos de un Estado, éste tiene que aumentar los intereses de tales bonos a fin de hacerlos más atractivos para las instituciones financieras. Es lo que se llama “recuperar la confianza de los mercados”.

En teoría, tales agencias podrían justificar su existencia si su trabajo fuera independiente, objetivo y creíble. Pero no es así, tal como lo demuestra la evidencia acumulada. Estas agencias son meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian. De ahí que siempre valoren muy positivamente los productos de las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguro, u otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello favorece los intereses de tales instituciones financiadoras. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Esto fue reconocido por el vicepresidente de una de ellas, la famosa Moody’s, que tras dejar la compañía, declaró a la Comisión Federal de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis  financiera, que lo más importante para tal agencia no era la objetividad en sus estudios del valor de los productos financieros sino la satisfacción de sus clientes que financiaban tales estudios (citado en el artículo de John Ryan “Do we need Credit Rating Agencies?” en Social Europe Journal. 16.03.12). Más claro imposible.

Para comprender y predecir sus valoraciones basta conocer quiénes les financian. Así, en EEUU, ha habido una campaña promovida por Wall Street, el centro financiero de EEUU, que tiene como objetivo desacreditar la deuda pública del gobierno federal como manera de forzar recortes en la Seguridad Social y privatizar las pensiones y los programas sanitarios a las personas de la tercera edad. Con la ayuda de los medios afines, Wall Street ha estado promoviendo tal mensaje a través de sus agencias de valoración, devaluando su valoración de los bonos públicos federales. (Antonio Caño en sus sesgados informes sobre EEUU –ver El País de 18.03.12- también transmite este mensaje sobre la deuda pública federal de EEUU). Tales bonos, sin embargo, no tienen ningún problema. Prueba de su salud es que los bonos federales tienen los intereses más bajos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Si tuvieran problemas, tendrían intereses elevados. La desvaloración de los bonos del Estado federal por parte de tales agencias no tuvo ningún impacto, excepto desacreditar en EEUU todavía más a tales agencias, incluso más de lo que ya lo estaban. Un tanto semejante ocurrió con la devaluación de los bonos públicos del Estado francés, valoración que respondía a una campaña encaminada a penalizar al gobierno francés por su petición de establecimiento de una agencia pública europea que las sustituyera.

El gobierno español, sin embargo, raramente las criticó. Antes al contrario, la ministra de Economía y Hacienda del gobierno Zapatero, Elena Salgado, las alabó, y se opuso al establecimiento de las agencias públicas europeas. Su docilidad hacia tales agencias privadas era sorprendente en una ministra de un gobierno socialista. Su temor (algunos dirían pánico) a antagonizarlas llegó a niveles extremos. Un tanto semejante ocurre con el actual ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos, que fue el director en España del Banco Lehman Brothers que, al colapsar debido a sus prácticas especulativas, creó la crisis financiera. Su obediencia a los mandatos de tales agencias es absoluta.

¿Por qué no se las ignora y se crea una agencia pública europea?

La evidencia de que tales agencias son meros instrumentos de las instituciones financieras hace que se haya estado explorando el desarrollo de agencias públicas de valoración que sean más objetivas y más creíbles que las actuales. El Parlamento Europeo ya ha recomendado el establecimiento de tal agencia. Predeciblemente, la mayor fuerza opositora procede del capital financiero que las financia y sostiene y, cómo no, del Banco Central Europeo que, como he indicado muchas veces, no es un banco central, sino un lobby de la banca. La avalancha de lobbies intentando que no se constituya esta entidad pública es abrumadora, y es probable que no se apruebe. Y así estamos.

En Estados Unidos, sin embargo, se ha aprobado una ley –The Dodd Frank Act- que elimina la regla que instruía hasta ahora el deber de las pensiones pública, así como de los bonos públicos, de vender sus activos valorados negativamente por tales agencias. Esta regla les dio un enorme poder que ahora desaparecerá. Nada de esto está pasando en la UE, cuyas instituciones, incluyendo el Banco Central Europeo, continúan considerando tal evaluación como criterio de valoración de la deuda pública. Y ello ocurre a pesar de que la motivación política de tales agencias es obvia si se mira cómo se creó el llamado “problema de la deuda pública” que se inició en Grecia, cuando el Presidente socialista, George Papandreu anunció que la deuda pública griega era mayor que la anunciada por el gobierno conservador anterior. En teoría, tal declaración del Sr. Papandreu parecería “haber descubierto” que las cuentas del Estado no eran correctas. Pero, en realidad, la falta de credibilidad de las cuentas griegas era bien conocida antes de que el Presidente Papandreu lo indicara. Ya en 2004, la Oficina de Estadísticas de la UE –Eurostat-había indicado que las cuentas del Estado griego no eran creíbles, lo cual no fue obstáculo para que las agencias de valoración mantuvieran la evaluación positiva de la deuda pública griega. Fue al anunciarlo el Presidente Socialista cuando se cambió la evaluación, pasando a ser negativa, iniciándose la cascada de valoraciones negativas, primero Grecia, después Portugal, y más tarde España e Italia. ¿Cómo es que las agencias habían valorado positivamente la deuda publica de todos estos países y sólo hasta aquel momento se cambió de valoración positiva a negativa? Y la respuesta es fácil de ver si uno deja de creer en el dogma liberal. Fue el intento del capital financiero de crear la crisis de la deuda pública, de cuya especulación ganó pingües beneficios.

Lo que pasó en Grecia había pasado antes en EEUU. Recordemos que en EEUU tales agencias valoraron muy positivamente los productos de los bancos estadounidenses (incluido el Lehman Brothers del Sr. Luis de Guindos, actual Ministro de Economía), que colapsaron el día después de que les dieran matrícula de honor. En ambos casos, en las dos vertientes del Atlántico, su comportamiento fue el que respondió a los intereses del capital financiero. El famoso “problema de la deuda pública” fue y continúa  siendo un problema artificial, creado, en parte, por las agencias de valoración, para obtener los intereses de aquellas instituciones que las financian. El hecho de que se haya creado este problema (un problema que es falso) se debe a que a los bancos les ha ido muy bien con la existencia de tal problema. Así de claro.

Que los recortes sólo generan más recesión y desempleo se lo dicen al PP hasta los mercados sólo hay que ver la prima de riesgo en la subasta de ayer.

El PSOE vaticina la pérdida de 2.000 empleos en obra pública

Trevín alerta de que el tajo en Fomento afectará de lleno a 50 empresas

Foto: Obras del soterramiento ferroviario en la Felguera, Langreo.

05/04/2012, P. á. Rubio, Oviedo, en La Voz de Asturias

El tajo que el Gobierno central pegará en los presupuestos al ministerio de Fomento y por tanto, a las inversiones de las que se podría beneficiar Asturias tendrá un impacto claro: la pérdida de empleos en el sector de obra civil. Los cálculos que maneja el PSOE pronostican que en la región se podría perder hasta 2.000 empleos, entre directos e indirectos. Al menos así lo afirmó el diputado por el Principado, Antonio Trevín.

El que fuera número uno del PSOE por Asturias en las elecciones generales de noviembre precisó ayer en Oviedo que los datos provienen de las conversaciones que mantuvieron con las empresas del ramo tras conocer los presupuestos. “El recorte pondría en serios aprietos a unas 50 empresas en la región”, indicó el diputado. Y las consecuencias sobre esas 50 compañías se traducirán en despidos o en regulaciones temporales que harán que se pierdan “entre 1.000 y 2.000 empleos”.

La situación no es nada cómoda para la obra pública en Asturias. El recorte sufrido en las inversiones por parte del Estado el año pasado, junto a la inacción del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos durante los nueve meses que estuvo al mando de la región, han puesto al sector al borde de la ruina. Tal es así que importantes constructoras asturianas se han tenido que acoger a procesos concursales dada su crítica situación.

A todos estos problemas se une el hecho de que será complicado que Asturias, tras las elecciones anticipadas, cuente con un gobierno antes de mayo, lo que conlleva una dificultad añadida para la configuración de un presupuesto. Sobre todo, teniendo en cuenta que sería solo para medio año.

La izquierda acusa al PP de ocultar la mitad del ajuste en Asturias

La izquierda estima que el presupuesto está inflado al menos en 40 millones y duda de los plazos de la autovía y el AVE

05/04/2012, Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias

El recorte al presupuesto sabe mal y no hay manera de endulzarlo. De Mariano Rajoy hacia abajo, todo el Partido Popular se afanó ayer en justificar el mayor ajuste de la España democrática con apelaciones a la crítica situación económica, el riesgo de una intervención europea y la herencia recibida del PSOE. En Asturias, esa tarea le correspondió a Mercedes Fernández, que, dentro del marco restrictivo, se esforzó por hacer una interpretación no demasiado pesimista de las cifras. Sin embargo, ningún otro partido la secundó en el empeño. El Gobierno regional en funciones guarda silencio y la izquierda duda de unas previsiones que considera infladas con trucos contables.

Los socialistas creen que no pueden contabilizarse como inversión los 40 millones de euros destinados a expropiaciones en una partida del Ministerio de Fomento. “Todos los años, los gobiernos hacen ese tipo de operaciones y nunca las han apuntado ahí”, argumentó el diputado y exdelegado del Gobierno Antonio Trevín. A su juicio, para hacer comparaciones homogéneas ese dinero debería restarse del total. “La trampa rascampla”, ironizó. De esa manera, la inversión prevista para los próximo meses pasa de casi 507 millones a 466 y resulta inferior a la de 2002 y similar a las de finales de los años 90. “Asturias ha dejado de ser una prioridad presupuestaria y retrocede tres lustros con el PP”, añadió.

Izquierda Unida, por su parte, rechaza el punto de comparación escogido por el Ministerio de Hacienda para calcular la magnitud del tijeretazo. En un esfuerzo por minimizarlo, toma como base el presupuesto ajustado en octubre por Elena Salgado y no el aprobado inicialmente en las Cortes para el año 2011. Por eso, el diputado Gaspar Llamazares también fue muy crítico: “Parece un recorte moderado en comparación con los de otras comunidades, pero tiene truco”.

«Deuda antes que empleo»

Con la corrección que propone el PSOE, el ajuste del 8,2% reconocido por el Gobierno casi se duplica y llega al 16,1%. Trevín y Llamazares, además, coincidieron en la elección de una palabra para definir la nueva situación de Asturias: anorexia. “El PP propone una cura de hambre. Pone la deuda antes que el empleo y comete un fraude electoral, porque prometió lo contrario”, defendió el representante de IU, que vaticinó la superación de la barrera de los seis millones de parados este año. El socialista, por su parte, coincidió en la apreciación de que las cuentas no ayudarán a la reactivación económica. “Nos aplican un lifting a lo bestia y con dolor”, resumió.

Su compañera María Luisa Carcedo resaltó la dimensión “ideológica y partidista” del proyecto de Rajoy. La responsable de Programas de la FSA destacó que las dos únicas comunidades en las que crece la inversión son también las únicas en las que se celebrarán comicios autonómicos en los próximos meses: Galicia y País Vasco. A esa acusación de cálculo electoralista sumó otra crítica a “la obsesión por el déficit” y la decisión de no abordar el problema por la vía de aumentar los ingresos con impuestos, sino con el control del gasto. “Creíamos que había un consenso generalizado en cambiar el modelo económico, y eso implicaría no haber recortado los gastos en educación ni en investigación, desarrollo e innovación. Lo han hecho. Es legítimo pero ideologizado. Que la derecha no se ponga luego la careta”, indicó.

Frente a esos ataques, Rajoy marcó la línea argumentativa del PP al explicar los recortes a la junta directiva del partido en Andalucía. La exposición de Mercedes Fernández empleó la mismas razones y, en muchos momentos, las mismas palabras. La presidenta de los populares asturianos ni siquiera se detuvo a considerar la partida de expropiaciones y descalificó al PSOE para enjuiciar el presupuesto. “Es jocoso y poco riguroso. No dice nada del tamaño de la deuda, que es astronómica y no la ha generado el PP en cien días. Son sus políticas y su falta de gestión las que nos han traído aquí”, señaló.

En un tono más constructivo y dirigido a los ciudadanos, Fernández reconoció que su partido ha presentado unos presupuestos “duros y difíciles, pero realistas, porque son la verdad y se van a cumplir”. Los recortes, añadió, son justos porque no tocan las pensiones, el seguro del desempleo ni el sueldo de los trabajadores públicos. “Tratamos de devolver la confianza perdida”, aseguró.

Como parte de ese esfuerzo, y ante las dudas de la oposición, la dirigente del PP defendió el rigor con el que aborda su tarea la ministra de Fomento, Ana Pastor, y garantizó que el departamento cumplirá los plazos anunciados por su responsable para las grandes obras pendientes en Asturias durante la reciente campaña electoral. Prevé rematar la autovía del Cantábrico en 2013 y la variante de Pajares al año siguiente. Ni el PSOE ni IU lo consideran factible. La izquierda coincide en que los presupuestos reservan para el próximo ejercicio una inversión de 158 millones de euros solo para acabar el complejo y retrasado tramo Pendueles-Llanes. La cifra es superior a la inversión conjunta en todas las carreteras del Estado para este ejercicio.

Los túneles del AVE bajo la cordillera tampoco cumplirán los plazos, a juicio de la oposición. Los presupuestos contemplan pagos por esas obras hasta el año 2015, lo que induce a Llamazares a pensar que no entrarán en servicio al menos hasta 2016. Trevín, a su vez, considera que el PP ya ha mezclado al menos tres previsiones. “En Asturias dice que serán en 2014. En el Congreso, la ministra dice que el AVE ni está ni se le espera. Y ahora el ministro de Hacienda dice que por lo menos 2015”, señaló. Su impresión es que el Gobierno deslizará hacia atrás parte de los 180 millones presupuestados este año.

El PSOE critica «el maquillaje tramposo» en las inversiones e IU lo eleva de «poda a tala»

Trevín censura que el PP incluya las expropiaciones como inversión y dice que se perderán de mil a dos mil empleos

Oviedo, Á. FAES/ J. A. ARDURA, en La Nueva España

Antonio Trevín pasó ayer al «otro lado» de la trinchera presupuestaria. Delegado del Gobierno durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, le había tocado defender los designios del Ejecutivo central para Asturias. Ayer pasó al ataque para criticar el, a su juicio, «maquillaje tramposo» de las inversiones comprometidas por el PP. De entrada, redujo el volumen de inversión en más de 40 millones de euros. «No son 506 millones sino 466, porque hay que detraer 40 millones de expropiaciones que nunca se habían incluido antes en el concepto de inversión», aseguró el ahora diputado. «Nos aplican un lifting a lo bestia y con dolor», afirmó Trevín, quien dijo que la caída de la inversión en Asturias «pondrá en problemas a cincuenta empresas de la construcción y afectará a entre mil y dos mil empleos».

La diputada María Luisa Carcedo sostuvo que los primeros Presupuestos de Rajoy «son profundamente ideológicos y partidistas porque cargan la inversión en las dos comunidades que tendrán elecciones autonómicas el próximo año», en alusión a Galicia y el País Vasco. Cuestionó que se recorte un 50 por ciento la partida al parque de los Picos de Europa y que se «abandone la apuesta por el I+D+i y por un nuevo modelo productivo».

La reacción de Izquierda Unida mantuvo el mismo tono crítico que emplearon los socialistas. Fue su diputado Gaspar Llamazares quien llamó la atención sobre un Presupuesto que, a su juicio, «tiene más trampas que una escopeta de feria», porque, según explicó, se compara «de forma interesada» con las cuentas de 2011, «que no han sido ejecutadas» y no con las inversiones previstas con carácter plurianual. Con esta base, calcula Llamazares que el Gobierno de Mariano Rajoy le resta a Asturias 140 millones de euros y no los 50 que señalan en Madrid y que dejarían a la región como una de las menos perjudicadas.

Con estas cuentas, dice Llamazares que se ha pasado «de la poda, a la tala, que no son un parón y sí un frenazo, que constituyen un fraude electoral y que suponen una cura de hambre que llevará a la región a la anorexia social, la recesión y el desempleo». Acusó a la ministra de Fomento, Ana Mato, de mentir con los plazos de obras como la variante de Pajares o la Autovía del Cantábrico y de convertir el año 2016 «en la nueva fecha milagrosa para Asturias».

Más y más… de lo mismo.

El Principado pierde el 30% de financiación estatal por el colapso en la dependencia

Deja de ingresar casi 10 millones al año porque uno de cada tres beneficiarios aún no recibe la prestación a la que tiene derecho

05.04.2012 - CHELO TUYA, GIJÓN, en El Comercio.

Asturias pierde el 30% de la financiación estatal a la dependencia por el colapso en la gestión. En 2012 dejará de ingresar casi 10 millones de euros debido a que suma ya 6.141 casos de asturianos que, con derecho a una prestación, aún no la reciben. Ese colectivo, al que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -creador del Observatorio de la Dependencia- denomina 'limbo' engrosó 45 casos más en sus filas durante el mes de marzo.

Esto supone que la región no sólo se verá afectada este año por el recorte que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aplicado a la ley -con la supresión del denominado nivel acordado, el que paga los servicios que utilizan las personas con dependencia y que al Principado le supondrían 8,1 millones de euros- sino que tampoco recibirá el montante total que le correspondería del denominado nivel mínimo.

Se trata éste del que paga el Gobierno central a las comunidades autónomas por cada persona dependiente acreditada que ya se beneficia de una prestación. Aunque la cuantía es muy baja -la más alta, la que paga el ministerio a las comunidades por las personas con el máximo grado y nivel de dependencia, se queda en 266,57 euros al mes- el montante total anual supera, en el caso asturiano, los 33 millones.

A la cola del país

Sin embargo, esa cantidad no llegará nunca a las arcas regionales. Como mucho, se recibirán 23 millones, un 30% menos del total. Porque, pese a que la comunidad tiene certificados, según la última estadística del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), 19.998 casos de otros tantos asturianos con derecho a beneficiarse de la Ley de la Dependencia, la misma estadística demuestra que sólo uno de cada tres se beneficia realmente de ella.

Así, son sólo 13.857 los asturianos con servicio o prestación para su falta de autonomía, no sólo la cifra más baja de todo el Norte de España -Cantabria, con la mitad e población, tiene 15.050 beneficiarios con ayuda-, sino del país.

Sólo presentan cuentas más flojas comunidades de inferior tamaño -Baleares, Navarra, La Rioja y Ceuta o Melilla- o Canarias, autonomía que recibe un cero del Observatorio de la Dependencia por su nula aplicación de la ley.

Por ese motivo, en los últimos exámenes que dicho ente realiza a la gestión regional de la norma, Asturias siempre ha suspendido. Y esta situación parece que no va a variar en los próximos meses porque desde hace un año el 'limbo' no ha dejado de crecer.

Menos atendidos

Lo que sí ha disminuido es el volumen de beneficiarios, que bajó en un mes en 79 casos a pesar de que la Consejería de Bienestar Social e Igualdad continuó recibiendo solicitudes de valoración -52 más entre abril y marzo- y realizando dictámenes -248- en sólo un mes.

Pero de ellos sólo 21 han entrado en la red de asistencia, todos al servicio de ayuda a domicilio, ya que el resto de la oferta que tiene el Principado para los beneficiarios de la ley han restado en lugar de sumar. Así pasó con los geriátricos, que perdieron 47 usuarios en marzo, así como con las pagas. Tanto la que ofrece Bienestar para que el titular se busque en la red privada la ayuda que no encuentra en la pública -desaparecieron 33- como la más polémica, la que convierte a un familiar en cuidador. Hoy son 7.071. El mes pasado eran 7.139.

Datos demográficos

Gráfico: En la pirámide de población de España, con sus previsibles proyecciones por años, Asturias está en la proximidad del año 2019 en la actualidad.

La edad media de los asturianos, la más alta

05.04.2012 – El Comercio

La edad media de los españoles se situó en 41,1 años en 2010, mientras que la esperanza de vida al nacer se elevó a los 81,9 años, datos que revelan un progresivo envejecimiento de la población, según el estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El trabajo señala al Principado como la autonomía con la media de edad más alta (45,8 años), seguida de Castilla y León (45,1) y Galicia (44,7). Los ciudadanos más jóvenes son los de las ciudades de Ceuta y Melilla (36,2), seguidos de los de Murcia (38,2) y Canarias (39,1 años).

Los asturianos somos los más viejos del país

05/04/2012, La Voz de Asturias

Asturias es la autonomía con la media de edad más alta de España, con 45,8 años, seguida de Castilla y León con 45,1 y de Galicia, con 44,7. No obstante, también el Principado es una de las regiones con una esperanza de vida más baja, situada en 80,9 años, cuando la media nacional se eleva a 81,7. Por debajo del Principado se encuentran solo Andalucía, con 80,7 y Ceuta y Melilla, con 80,3. Estas cifras están dentro del estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y presentado ayer. La edad media de los ciudadanos españoles se situó en 41,1 años en 2010, lo que supone un progresivo envejecimiento de la población desde el año 1975 y un crecimiento de la esperanza de vida.

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Según los datos, correspondientes a febrero, de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) integrada en la CEOE

Asturias, con 293 euros per cápita, es la tercera región con mayor gasto en medicinas

05.04.2012 - L. FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

Con 293 euros por persona, Asturias fue en 2011 la tercera comunidad con mayor gasto per cápita en medicinas. El ránking lo encabezan Extremadura y Galicia, con 297 euros, respectivamente, según el balance presentado ayer por el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). La media nacional de gasto per cápita fue de 236 euros.

La autonomía que menos dinero desembolsó en concepto de medicinas fue Melilla, con 154 euros por persona. Le siguen Ceuta, con 175 euros; Madrid, con 183 y Baleares, con 184.

En volumen total en coste de recetas encabezan la lista Andalucía (1.823,6 millones de euros), Cataluña (1.682,6 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (1.406,6 millones de euros). En Asturias, el gasto en fármacos fue el pasado año de 317.137.548 euros. FEFE alerta del incremento que sufre esta partida, la farmacéutica, en comunidades como la asturiana donde no ha habido un incremento de población.

El Principado lidera el gasto farmacéutico en España

05/04/2012, Redacción, Oviedo, en La Voz de Asturias.

Asturias junto con Extremadura y Galicia son las autonomías que tuvieron el mayor coste per cápita en medicamentos con receta durante el año 2011, el Principado con 293 euros y las otras dos regiones con 297 euros. A pesar del recorte del gasto que ha supuesto la aplicación de políticas de ahorro y la prescripción médica por principio activo, además de la extensión de los genéricos, Asturias sigue a la cabeza en gasto farmacéutico. La explicación de los profesionales es que se trata de un territorio con una población muy envejecida y con un gran número de enfermos crónicos.

Estos datos forman parte de un estudio presentado ayer por el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), que cifra en 11.136,38 millones de euros el coste total de recetas en España el pasado año, lo que representa una media de 236 euros por persona. Esto supone que la factura asturiana es 57 euros por persona más cara. En el extremo opuesto, por debajo de la media se encuentran, Madrid, con 183 euros, o Baleares, con 184.

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O sea, que el “Stephen Hawking” no será una realidad hasta el 2014 como muy pronto

Sanidad aporta 3,3 millones para concluir el centro de discapacitados de Barros

El Ministerio prevé destinar otros dos millones en los próximos dos ejercicios

Langreo, E. P., en La Nueva España

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge para 2012 una inversión de 3,3 millones de euros para completar la obra del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Langreo. La cuantía destinada para este ejercicio está englobada en el concepto de gastos en el edificio.

Del presupuesto total de 14,9 millones de euros del proyecto, 9,5 millones ya han sido satisfechos. A los 3,3 millones previstos para este año, cuando concluirán las obras de construcción del equipamiento, se suman otros dos millones (uno para 2013 y otro para 2014), que es la cantidad necesaria para el equipamiento del centro de discapacitados de Barros.

El complejo está en la fase final de su ejecución, que podría concluir a lo largo de este mes. Resta la urbanización de la explanada ubicada frente a la fachada principal y el acondicionamiento de los accesos. Las modificaciones en el plan de obra original, entre las que se encontraba el abovedamiento del cercano arroyo Faedo, demoraron estas tareas. El convenio para la construcción del centro suscrito por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno regional y el Ayuntamiento finalizó el 31 de diciembre pasado y fue prorrogado por dos años.

La ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y la alcaldesa de Langreo, Esther Díaz, reclamaron semanas atrás al Gobierno central que cumpliese los compromisos adquiridos por el anterior ejecutivo socialista para la apertura el centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas tal y «como estaba concebido».

La actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, no dio un plazo concreto para la puesta en funcionamiento de las instalaciones, tras ser preguntada en el Congreso de los Diputados. Resaltó además que el centro de discapacitados langreano entrará en funcionamiento «cuanto antes», una vez que «se acaben las obras, se dote de mobiliario al equipamiento y se contrate al personal imprescindible para cuidar a sus usuarios». El equipamiento ubicado en Barros tendrá capacidad para 90 pacientes. Sesenta de las plazas estarán reservadas para estancias temporales y treinta serán de centro de día. El proyecto inicial contemplaba asimismo la creación de alrededor de 150 puestos de trabajo, de los que un tercio corresponderían a especialistas en la atención a graves discapacidades.

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La cosa tiene pinta de ir para largo

El alcalde y el rector de la Universidad impulsarán el traslado de Medicina

Crearán una comisión mixta para llevar la facultad a La Cadellada, lanzar nuevos proyectos y analizar futuras titulaciones

04.04.12 - ANA SALAS | OVIEDO, en El Comercio.

Llevar la Facultad de Medicina junto al nuevo Hospital Central es uno de los puntos en los que están de acuerdo los responsables del Ayuntamiento y la Universidad. Ayer escenificaron su conexión el rector, Vicente Gotor (tras las elecciones que le renovaron en el cargo) y el nuevo alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, en una reunión en la Casa Consistorial. Ambos transmitirán al futuro presidente regional la necesidad de construir el nuevo centro en La Cadellada.

Para impulsar la edificación, crearán una comisión mixta en el que estarán representados tanto el Ayuntamiento, con el alcalde y dos concejales, como la Universidad, a través del rector y dos vicerrectores. En esas reuniones que se celebrarán cada «dos o tres meses» tratarán de alcanzar otros acuerdos, como qué nuevas titulaciones impartir en la Universidad. No será para el próximo curso 2012-2013, como advirtió Gotor, pero sí en el futuro.

El rector evitó desvelar en qué piensa la institución académica aunque descartó, por ejemplo, Arquitectura por falta de demanda, en contra de lo que ocurría hace «dos o tres años». Las futuras titulaciones podrían estar relacionadas con ramas «juridico-sociales, biomedicina e incluso humanidades», apuntó. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, se tendrán en cuenta los intereses de los alumnos. Entre otras cosas, porque es obligatorio que haya, al menos, «entre 40 y 60» estudiantes por curso. Y puso como ejemplo la última titulación que la Universidad incorporó, Ingeniería Civil en el campus de Mieres, con «160 alumnos». Por su parte, el alcalde destacó que las nuevas titulaciones deben «mejorar las condiciones de nuestra ciudad desde el punto de vista económico y competitivo».

En los futuros encuentros de la comisión mixta abordarán otros temas como el desarrollo de los vínculos entre la Universidad y la Cámara de Comercio en el vivero de Ciencias de la Salud, construido en Prado de la Vega junto al Hospital con cargo al Plan Urban; o el cambio en la señalización en las distintas facultades que ayer le reclamó Gotor a Caunedo y este último se comprometió a estudiar.

El regidor destacó que «los tres años de mandato municipal» que quedan «los aprovecharemos» para poner en marcha nuevas iniciativas. Subrayó que cualquier decisión será dialogada «para evitar errores». La salida de Medicina de El Cristo está vinculada a la marcha del hospital. Un momento en el que la ciudad de Oviedo tendrá que tomar una de las decisiones más importantes de los próximos años: la reordenación de 300.000 metros cuadrados.

Alcalde y rector presionarán por el traslado de Medicina

Acuerdan impulsar una comisión mixta para trabajar en proyectos comunes

04/04/2012, A. Fuente, Oviedo, en La Voz de Asturias

Fue un encuentro de toma de contacto entre el máximo responsable del Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y el rector de la Universidad, Vicente Gotor. Una reunión de poco más de media hora en la casa consistorial que obtuvo sus frutos a modo de crear un órgano para defender sus intereses comunes. “Vamos a incrementar las relaciones entre ayuntamiento y Universidad con proyectos. Y hemos decidido formar una comisión mixta para reunirnos cada dos meses”, explicaba el rector a la salida. Y ya ha surgido la primera de las acciones: “Una obvia, trasladar la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud a La Cadellada”, junto con el nuevo Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA). “Tiene que estar allí”, añadió Gotor.

Caunedo manifestó que la Universidad y la ciudad “no pueden estar de espaldas. No se puede entender Oviedo sin su Universidad”. El alcalde destacó esa necesidad de construir la Facultad de Medicina junto al Hospital. “Cuando el nuevo Gobierno tome posesión en el Principado, la primera entrevista que este alcalde, y me imagino que también el rector, pida al presidente será para trasladar esta necesidad, una demanda clara de la comunidad universitaria, de la sanitaria y también de la ciudad”. Para el rector es necesario “crear spin-off para generar puestos de trabajo”. Por eso también es importante el nuevo que juegue el nuevo vivero de empresas biosanitarias de La Corredoria en donde participa, además de la Cámara de Comercio de Oviedo, la Universidad.

Titulaciones ‘a la carta’ Gotor informó que también se abordó el diseño conjunto de nuevas titulaciones y de posibles másteres pueden interesar a la ciudad y al ayuntamiento. “Tienen que tener un mínimo de estudiantes”, recordó no obstante la condición de la demanda. El rector, por otro lado, informó que ya se está trabajando en varios proyectos para reconstruir el edificio de la calle Argüelles, que se derrumbó el pasado mes de octubre. Albergará el centro internacional de posgrado.

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Los drásticos recortes en los Presupuestos del Estado de 2012 que afectan a los Fondos Mineros ya tienen cifras

El Gobierno habilita 101 millones para pagar sólo obras de los fondos que están en marcha

Las cuentas estatales destinan 39 millones a ayudas empresariales que cubrirán las subvenciones ya otorgadas en ejercicios anteriores, y otros dos millones a la formación

Foto: Uno de los viaductos de la obra de desdoblamiento de los túneles de Riaño.

Mieres / Langreo, L. M. D., en La Nueva España

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 le da un importante bocado al dinero destinado a reactivación económica en las Cuencas. Para el desarrollo de infraestructuras el Ejecutivo central destina 101,57 millones de euros que se destinarán «a hacer frente a compromisos y obligaciones provenientes de años anteriores fundamentalmente», es decir, proyectos iniciados y acordados. Según el propio Gobierno, «las medidas tomadas para la reducción del déficit público han obligado a rebajar de manera muy importante los fondos destinados a esta partida».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer unos Presupuestos que establecen una aportación al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón de 656,37 millones de euros, lo que supone 422,14 millones menos que en 2011, cuando en los presupuestos se destinaron 1.078,51 millones al Instituto del Carbón. Esto supone un descenso definitivo del 39,1%. El viernes, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno, en su comparecencia, había rebajado la aportación hasta los 359 millones, una cifra que aún figuraba en algunos de los documentos facilitados ayer por el Ejecutivo.

De los 655,37 millones que se destinan al Plan del Carbón, el desarrollo de infraestructuras se lleva 101.568.730 euros, que irán destinados a obras en marcha y comprometidas. En estos momentos, están en construcción grandes proyectos como el desdoblamiento de la carretera de los túneles de Riaño, el soterramiento de las vías de Feve en Langreo o la «Y» de Bimenes.

El capítulo de infraestructuras había tenido el año pasado un presupuesto de 289 millones de euros y no es el único que se ve reducido dentro de las partidas para la reactivación de las comarcas mineras. Las ayudas destinadas a financiar iniciativas empresariales generadoras de empleo supondrán un desembolso de 39 millones de euros en 2012 frente a los 120 millones de 2011 . De la cantidad disponible, 4 millones se dedicarán «a financiar pequeños proyectos empresariales». Toda esa partida, además, «irá destinada a financiar compromisos adquiridos en años anteriores, en virtud de la plurianualidad de las ayudas concedidas», es decir, que no se financiarán nuevos proyectos empresariales. La partida destinada a formación (becas para estudios y capacitación de desempleados) será de 2 millones frente a los 25 millones de 2011.

Pese a los recortes, Cristóbal Montoro aseguró que el Gobierno del PP mantiene «una apuesta clara por todas las zonas mineras». El ministro afirmó que «hemos adecuado las cantidades presupuestadas a las cifras reales. En 2011 la ejecución de las partidas fue del 27 por ciento».

En lo relativo a las ayudas al sector del carbón, las ayudas a las empresas (tanto públicas como privadas) será de 186.651.760 euros. El proyecto establece claramente además el carácter finalista de estas ayudas en el año 2018. Por su parte, las ayudas «a costes sociales y técnicos derivados de planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad en las empresas mineras» para 2012 ascenderán a 320 millones de euros. Esta partida se destinará en su mayor parte a sufragar las prejubilaciones del sector del carbón español.

El Consejero de Economía del Principado, José Manuel Rivero, hizo ayer referencia a la situación creada por el recorte de los fondos mineros, y acusó al Ejecutivo de no aprobar una serie de proyectos de reactivación a pesar de que el Principado había enviado en tiempo y forma la documentación que evitaba que caducasen estos proyectos. Estas iniciativas (17 en total) incluyen cuatro carreteras (Cecos-Luiña, Bárcena del Monasterio-Pola de Allande, el enlace de Lieres de la «Y» de Bimenes y el desdoblamiento de los túneles de Riaño) y proyectos de los fondos mineros municipales, como la biblioteca de Blimea, la rehabilitación de lavaderos en San Martín, el plan de infraestructuras sociales de Aller y el archivo histórico minero (Langreo).

Las subvenciones a las minas caen un 38%

Madrid, Modem Press

Las ayudas a la explotación de carbón que reciben las empresas mineras, tanto Hunosa como las privadas, sufrirán un importante recorte del 38% respecto a la cantidad percibida durante 2011. Así, según establecen los Presupuestos, dentro del epígrafe «Ayudas a la producción corriente», las compañías mineras percibirán «la cantidad de 186.651.760 euros incluyendo empresas públicas y privadas».

Son casi 115 millones de euros menos que en el ejercicio anterior, cuando las compañías recibieron 301.521.007 euros «para cubrir total o parcialmente la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta del carbón libremente acordado entre las partes, teniendo en cuenta el mercado internacional y lo dispuesto en el Real Decreto 134/2010 de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica». El recorte que sufrirán estas ayudas indispensables para el funcionamiento de las empresas mineras españolas se acerca pues casi al 40%, muy por encima del 10% anunciado en su día por el anterior ejecutivo del PSOE. Hay que tener en cuenta además que la UE, según la decisión del Consejo de diciembre del 2010 en la que se acordó poner fin a las ayudas en el año 2018, sólo exige los recortes en este aspecto a partir del año 2014, cuando establece en un 25% la reducción de dicha subvención.

El importantísimo recorte fue recibido ayer como un «jarro de agua fría» por parte de la patronal minera, Carbunión, hasta el punto de que fuentes de dicho organismo aseguraron que muchas de las empresas «tendrán serias dificultades para proseguir su actividad y serán inevitables los expedientes de regulación de empleo y la pérdida de puestos de trabajo».

A este recorte hay que añadir además los 46 millones de euros en que se reducirán este año los pagos a las empresas eléctricas por consumir carbón nacional, una rebaja del 10% respecto al año pasado, con lo que las diez térmicas que queman en sus calderas mineral nacional consumirán, en números redondos, un millón de toneladas menos de carbón autóctono, lo que también repercutirá en los resultados de las empresas.

Plan del Carbón

Infraestructuras

La partida destinada a infraestructuras será de 101,57 millones de euros. Con este dinero se cubrirán únicamente obras de los fondos mineros que ya se habían iniciado.

Becas y formación

El capítulo destinado a becas de estudios y a la formación de parados en las Cuencas se lleva 2 millones de euros.

Ayudas a nuevas empresas

Los Presupuestos establecen una partida de 39 millones de euros de ayudas a nuevas iniciativas empresariales. De este dinero 4 millones son para pymes. Al igual que en el caso de las infraestructuras, sólo se cubren las ayudas plurianuales otorgadas en años anteriores.

Ayudas a la producción

Las subvenciones a las empresas mineras se reducen un 38% y son de 186,6 millones.

Llamazares (IU) critica el "brutal recorte" que se aplica a las comarcas mineras

OVIEDO, EUROPA PRESS

El diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, se ha mostrado este martes muy crítico con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. A falta de entrar en más detalles sobre las cifras, Llamazares ha cargado contra el "brutal recorte" que se aplica a las comarcas mineras en Asturias.

"Estos presupuestos son un expediente de regulación contra el conjunto de la ciudadanía a nivel general, pero en el caso de Asturias, lo que han hecho en las cuencas mineras es un ensañamiento", ha manifestado, a preguntas de Europa Press.

Llamazares ha dicho que en las comarcas mineras asturianas las medidas de reactivación se verán recortadas en un 75 por ciento y las infraestructuras en un 45 por ciento. Todo ello supone una situación "insostenible" para el conjunto de Asturias.

El dirigente de IU también ha alertado sobre el capítulo de las infraestructuras en Asturias, donde además detecta "mucha ingeniería presupuestaria". Ha indicado que el Gobierno ha primado los tramos que están a punto de terminar de la Autovía del Cantábrico (A-8).

Sin embargo, el tramo oriental de la Autovía y la alta velocidad quedan "estancados" y "sin ningún tipo de plazos". Según Llamazares, estos presupuestos demuestran que los compromisos que adquirió en la última visita que hizo a Asturias la ministra de Fomento, Ana Pastor, han sido incumplidos.

AGRICULTURA Y PLANES DE DROGAS

Pero Llamazares también se ha referido a recortes importantes en las políticas de aguas y en todo lo que tiene que ver con espacios naturales.

Por último, Llamazares ha criticado la reducción del 20 por ciento en las partidas que tienen que ver con planes de drogas que sufrirán fundamentalmente las comunidades autónomas. Son las partidas que suelen ir destinadas a Proyecto Hombre o a políticas de prevención e inserción. De 25 millones pasa a 18 millones. De esa rebaja de siete millones, cinco millones y medio corresponden a las comunidades autónomas. "Va a tener un efecto demoledor en la gente que está en peor situación", ha indicado.

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