PRENSA

En el límite máximo del plazo legalmente establecido

La sesión constitutiva del Parlamento regional se celebrará el 27 de abril

La convocatoria llega después de que la Junta Electoral proclamase ayer a los diputados electos y el acta del escrutinio definitivo

11.04.12 - A. COLLADO | OVIEDO, en El Comercio.

La sesión constitutiva de la Junta General se celebrará el día 27 de abril (viernes), según el decreto de convocatoria firmado ayer por el presidente regional en funciones, Francisco Álvarez-Cascos. El decreto, que saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, fija dicha sesión para las doce del mediodía, según informó a través de un comunicado la Consejería de Presidencia del Gobierno regional.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece que el presidente cesante convocará la sesión constitutiva del Parlamento regional dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones (que en este caso tuvieron lugar el pasado 25 de marzo) y una vez proclamados por la Junta Electoral del Principado los diputados electos.

Durante la sesión se elegirá al presidente de la Junta y a los miembros de la mesa de la Cámara, cuyos nombres serán resultado de las negociaciones previas entre los partidos con representación en el Parlamento. El año pasado, tras las elecciones de mayo, socialistas y populares alcanzaron un acuerdo para evitar que Foro accediese a la Presidencia de la Junta con sólo 16 diputados. La formación liderada por Francisco Álvarez-Cascos había propuesto un reparto de los puestos de la Mesa en el que se reservaba la Presidencia y la Vicepresidencia Primera. Nada se realizó finalmente. Con el voto del PSOE, el PP se alzó con la Presidencia y los socialistas con la Vicepresidencia Primera.

Desde el momento en que se constituya la Junta General, se abrirá un plazo de diez días hábiles, que comenzará el 30 de abril y se agotará el 14 de mayo. Es el tiempo que tendrá el recién elegido presidente de la Cámara para convocar el pleno de investidura del próximo jefe del Gobierno asturiano. La celeridad con la que se desarrolle la elección del nuevo presidente del Ejecutivo regional dependerá de los pactos alcanzados por las fuerzas políticas hasta ese momento. Si Foro y PP llegasen a un acuerdo y PSOE e IU hiciesen lo propio, el voto decisivo para alcanzar la mayoría absoluta sería el del diputado de UPyD. Hecho que no resulta baladí.

Previsiblemente, la sesión de investidura se iniciará con la intervención de los candidatos que hayan sido propuestos por al menos cinco diputados con una antelación de 24 horas a la celebración de la sesión para exponer, sin limitación de tiempo, las líneas generales del programa de Gobierno que pretenden formar. Posteriormente, el pleno se suspenderá durante 24 horas y se reanudará con la intervención de un representante de cada grupo parlamentario antes de proceder a la votación. En caso de que ningún candidato lograse la mayoría absoluta, se convocaría otro pleno con un intervalo mínimo de 48 horas, en el que saldrá elegido el aspirante con más votos.

Todo el proceso empezó a rodar ayer, cuando la Junta Electoral Provincial de Asturias proclamó a los candidatos electos, entre los que el PSOE obtuvo 17 diputados frente a 12 de Foro, 10 del PP, 5 de Izquierda Unida y uno de UPyD. También aprobó el acta definitiva del escrutinio, una vez que la Junta Electoral Central desestimó el lunes la reclamación de Foro contra el escrutinio del voto emigrante y dio por buenos los resultados y el reparto de escaños resultante del recuento de esos sufragios.

La constitución del Parlamento el día 27 obliga a acelerar los acuerdos

La elección de la Mesa de la Junta General vislumbrará el alcance de las alianzas para gobernar

11/04/2012, María Díaz, Oviedo, en La Voz de Asturias

El próximo día 27, a las doce de la mañana, se celebrará la sesión constitutiva de la Junta General del Principado, el nuevo Parlamento regional surgido de las elecciones autonómicas del 25 de marzo. Así lo recoge el decreto firmado ayer por el presidente del Principado en funciones, Francisco Álvarez-Cascos, y que hoy publicará el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), según informó ayer la Consejería de Presidencia.

Esta decisión se tomó por parte de Cascos, una vez que la Junta Electoral Provincial proclamó ayer a los diputados electos, tras ser rechazado el recurso de Foro contra el voto del emigrante por parte de la Junta Electoral Central. Así, ayer, quedaron proclamados los 17 diputados del PSOE, 12 de Foro, 10 del PP, 5 de IU y uno de UPyD.

Con ello, el día 27, los 45 diputados electos tomarán posesión de su escaño y se elegirá la Mesa de la Cámara y el presidente del Parlamento. Por ello, puede ser una maniobra para acelerar los posibles pactos ya que, en esa jornada, lo que se podrá ver es sí ya hay algún acuerdo entre las formaciones y atisbar por dónde puede ir una futura sesión se investidura, que se tiene que convocar en los diez días siguientes.

Por ejemplo, una de las peticiones de UPyD, partido llave de un futuro gobierno, es que en la Mesa -un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios-estén todos los partidos representados, pese a que la distribución es en función del número de escaños.

Por otro lado, hasta hoy, el partido que lidera Francisco Álvarez-Cascos no hará público si decide continuar su recurso en el contencioso-electoral del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para eliminar del recuento los 332 votos que llegaron del extranjero por correo certificado directamente a la Junta Electoral Provincial y no, a través de embajadas o consulados. Todo apunta a que sí que recurrirá, una posibilidad que dejó entrever ayer Cascos en una entrevista radiofónica. El recuento del voto emigrante dio un diputado más al PSOE y quitó uno a Foro.

Una vez presentado y admitido el recurso, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de mayo de 1985, contempla que el tribunal dé cuatro días a las partes para que presenten alegaciones o propongan pruebas. Hay otros cinco días para practicar esas pruebas y otros cuatro para dictar sentencia. Pero, además, si falla en contra de Foro, aún el partido de Cascos puede recurrir al Tribunal Constitucional, que tiene otros 15 días para decidir. En total pueden ser 25 días de retraso en la formación de gobierno que no en la constitución del Parlamento asturiano, que se puede formar a expensas de la decisión que luego llegue de los tribunales.

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Cuando los recortes empiezan a tener la correspondiente identificación de necesidades que no se atenderán

Las ayudas a 25.500 asturianos peligran por el recorte de Rajoy

El tijeretazo presupuestario afectará directamente a la dependencia, al plan de servicios sociales y a las becas al estudio

El Principado deberá hacer un esfuerzo extra para suplir las carencias

09/04/2012, L. Fernández / P. Zariquiegui, Oviedo, en La Voz de Asturias.

El recorte presupuestario anunciado por Rajoy dificultará en Asturias el acceso a ayudas sociales a cerca de 25.500 asturianos. Son mayoritariamente personas que se benefician de la ley de dependencia, prestaciones sociales básicas o becas de estudios.

La estimación, realizada por este periódico, incluye el grueso del tijeretazo social anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la presentación de los presupuestos generales del Estado para este año. El recorte se ceba, básicamente, en la ley de dependencia, que ya había sufrido una ralentización previa en su desarrollo, en el plan concertado de servicios sociales, en la práctica herido de muerte, y en las becas y ayudas al estudio, que sufren un grave recorte.

De las dos grandes áreas más afectadas, servicios sociales y educación, la primera es la que se lleva la peor parte. En Asturias, más de 100.000 personas subsisten gracias al sistema de prestaciones sociales. La financiación procede mayoritariamente de la comunidad autónoma, pero los fondos aportados por el Estado son muy importantes, más si cabe, en un contexto de crisis como la actual.

El Estado tiene previsto recortar 8,1 millones de euros de su aportación a Asturias para financiar la ley de dependencia. La traslación de este ajuste al número de personas afectadas no es sencilla. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha echado cuentas. Su presidente, José Manuel Ramírez, apunta que la reducción de más de ocho millones de fondos del Estado significa, en la práctica, que las algo más de 6.000 personas que se encuentran en lista de espera - con derecho reconocido pero sin recibir prestaciones - no podrán acceder a las ayudas. Ramírez añade además que el tijeretazo de Rajoy obligará a apearse del sistema de protección a cerca de un millar de los asturianos que ya reciben las prestaciones sociales o económicas. En el Principado, casi 14.000 personas se benefician de los derechos que reconoce la ley de dependencia.

Noemí Martín, ex consejera de Bienestar Social, es algo más cauta. La diputada electa de Izquierda Unida recuerda que la ley de dependencia se financia a través de una vía doble: el nivel mínimo, que se otorga por cada persona dependiente, que ya había sido congelado, y el nivel acordado, destinado a costear recursos e infraestructuras. El ajuste de Rajoy afecta ahora al nivel acordado. Martín subraya que, obviamente, la imposibilidad de abrir nuevos centros de día o residencias tiene un efecto directo, aunque difícil de cuantificar, sobre las personas en situación de dependencia. La diputada de IU considera que el nuevo tijeretazo de Rajoy viene a herir de muerte al sistema tal y como lo conocemos.

No es la dependencia la única afectada por los recortes. El plan concertado de servicios sociales también está tocado y hundido. El programa, financiado en teoría a partes iguales entre el Estado, la comunidad y los ayuntamientos, cubre, con cerca de 40 millones de euros, las necesidades sociales básicas de cerca de 100.000 asturianos. El ministerio, que hasta ahora aportaba menos de un 10% de la financiación, no tiene previsto realizar asignación alguna en sus presupuestos. La consecuencia más plausible es que 10.000 asturianos, el 10% de los beneficiarios, tengan dificultades para seguir percibiendo las ayudas, salvo que la comunidad y los ayuntamientos, con enormes problemas de financiación, hagan un esfuerzo extra. Otros programas menores en cuantía pero cualitativamente importantes también sufrirán los recortes, es el caso, del plan gitano o del plan de inmigración, que recibían algunas aportaciones estatales.

Ayudas al estudio

Más allá de las prestaciones sociales, los recortes de Rajoy inciden directamente también sobre la educación. Quienes más lo sufrirán son los alumnos que cursan estudios gracias a las becas. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación, el Estado aportaba 23 millones de euros al año que servían para ayudar a 76.000 estudiantes en el Principado. El recorte presupuestario previsto, estimado en 2,5 millones, supone en la práctica que más de 8.300 alumnos verán peligrar su acceso a las becas o verán reducidas sus cuantías.

El tijeretazo del Gobierno popular afecta además, y de forma importante, a la conciliación familiar. El Ejecutivo central ha decidido dejar de aportar fondos a la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años. El Principado tenía previsto abrir siete nuevas escuelas en cuatro concejos, que de momento peligran. Estas guarderías infantiles contaban con una estimación inicial de 180 plazas. El ajuste, más allá de los números, relega también el uso de las tecnologías de la información en el aula y de los planes de atención a la diversidad educativa.

El ligero descenso de las donaciones sumado al incremento de la demanda se intenta paliar con campañas de promoción de la donación

Las donaciones en el Centro Comunitario de Sangre bajan un 1%

09.04.12 - REDACCIÓN | OVIEDO, en El Comercio.

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha registrado en el primer trimestre de 2012 un descenso del 1,15% en las donaciones respecto al mismo periodo del año pasado. Se ha pasado de 10.603 unidades extraídas entre enero y marzo de 2011 a 10.481 estos últimos tres meses, con una reducción de 122 unidades, según el director técnico del centro, Fernando San Román, informa Europa Press. Sin embargo, han aumentado las necesidades de componentes sanguíneos cerca de un 6,8%, en el caso de los hematíes, y casi un 8,2% en plaquetas.

A principios de la pasada semana, el stock de hematíes era sólo de 600 unidades, aunque «una excelente respuesta de los donantes» ha permitido superar en los primeros días de abril el millar de unidades. «Esto permite garantizar la asistencia transfusional durante todo el periodo vacacional, ya que, como repetimos siempre, los donantes se van de vacaciones, pero los pacientes no», apuntó San Román.

Pero el centro, que siempre busca incrementar las opciones para garantizar la cobertura de la demanda, va más allá del llamamiento a la ciudadanía general y ha iniciado una campaña de promoción de la donación dirigida a los familiares de los pacientes ingresados en el HUCA, en Oviedo.

También para esto “la herencia” es escusa, aunque la sanidad estaba y está transferida ¿o no?

El PP cree que el sistema sanitario es insostenible

El Gobierno no aclara si está estudiando implantar el copago

09/04/2012, Redacción, Madrid, en La Voz de Asturias

Tras la polvareda levantada por el anuncio del ministro de Guindos en Alemania respecto a una reforma en Sanidad y Educación, el Gobierno y el PP salieron en tromba para intentar matizar el anuncio y rebajar la polémica.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, aseguró que garantizará una sanidad “gratuita y de calidad”, pero advirtió de que hacen falta reformas para que el sistema sanitario que tenemos, “que es magnífico”, sea también “viable”.

“Yo definiría la situación de nuestro sistema sanitario de absolutamente insostenible. Hacen falta reformas”, insistió Mato en una entrevista al diario La Razón, además de subrayar su propuesta de un pacto de Estado en Sanidad y Políticas Sociales para que se pueda “racionalizar el gasto, mejorar los sistemas y quitar duplicidades a través de una cartera básica de servicios”.

“Esto es, elegir unos servicios básicos para los ciudadanos que tengan que ser obligatoriamente atendidos en todas las autonomías por igual”, explicó Mato, quien no obstante se mostró convencida de que el sistema autonómico “ha funcionado”, pero que “no se puede mantener a base de no pagar”. “Es inviable”, puntualizó.

La responsable de Sanidad negó que vaya a haber “medicamentazo”, es decir, que no se van a dejar de pagar medicamentos por el hecho de que sean baratos, pero sí señaló que se va modernizar el Vademécum, sustituyendo los medicamentos que se quedaron anticuados. Y sobre el euro por receta catalán, indicó que ya se ha reunido con el consejero catalán para “entre todos” adoptar unas reformas para que los ciudadanos catalanes no tengan que pagar tasas extraordinarias.

Por su parte, el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, rebajó la reforma sanitaria a “ajustes”. Echániz matizó sus palabras del sábado y aseguró que liquidará los gastos “improductivos e innecesarios”. Mientras tanto, los partidos de la oposición pronostican un futuro notablemente distinto: un recorte en las prestaciones sanitarias que se prestan a los ciudadanos o la implantación de medidas que incluyen el copago en la sanidad.

“No va haber recortes, sí ajustes porque hay márgenes para el ajuste”, sentenció el dirigente conservador antes de añadir que “hay márgenes de eficiencia que, bien resueltos, generan holguras para hacer las cosas mejor”. El responsable de Sanidad del PP puso como ejemplo las duplicidades que existen en el ámbito sanitario y determinadas cuestiones que se pagaban y que, en un momento de crisis, hay que dejar “temporalmente” de financiarlas hasta que el país vuelva a tener capacidad financiera para ello.

Evitó, por otra parte, aclarar si el Gobierno tiene intención de implantar el copago. El responsable de Sanidad de los conservadores insistió en que en la actualidad existe un “profundo problema” para financiar la sanidad, que ha atribuido a la deuda con los proveedores, de más de 15.000 millones de euros que ha dejado el PSOE.

El también consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha insistió en que la difícil situación de la sanidad se debe a las deudas del pasado y a los 5,3 millones de parados de “herencia” que dejó el Gobierno socialista.

Críticas del PSOE

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, aseguró que su partido no va a permitir que el PP desmantele el estado de bienestar, porque es un sistema que “España se lo puede permitir”.

Respecto al copago, Jiménez resaltó que el PP siempre dijo que lo rechazaba, sin embargo, en Cataluña los conservadores lo apoyaron tras implantarlo CiU.

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Sólo el Hospital Ramón y Cajal oferta este tratamiento

Una terapia de luz logra remisiones de más de 20 años en el linfoma cutáneo

MADRID, EUROPA PRESS

La fotoféresis extracorpórea (FFE), una terapia de luz conocida también como fotoinmunoterapia, logra remisiones de más de 20 años en el tratamiento del linfoma cutáneo y ha demostrado ser eficaz también para evitar el rechazo del trasplante de órganos sólidos, reduciendo las altas dosis de cortisona que requieren estos pacientes.

Así lo ha explicado a Europa Press el doctor Robert M. Knobler, profesor de Dermatología de la Universidad de Medicina de Viena y coinventor de esta técnica, aprobada hace unos 25 años en Estados Unidos para el tratamiento del linfoma cutáneo de células T y también en la UE, pero sin indicaciones específicas.

Según este experto, se trata de una terapia que deriva de un tratamiento dermatológico en el que se usan rayos ultravioleta tipo A en combinación con el psoraleno, una sustancia fotoactiva natural que ya conocían los egipcios.

Esta sustancia tiene efectos positivos sobre la piel, estimulando la recuperación del paciente con enfermedades como el vitíligo o desaparición de las células pigmentarias, a quienes les devuelve la pigmentación.

Consumido por vía oral, el psoraleno se concentra en la piel y se une al ADN de las células, previniendo su multiplicación, lo que beneficia a pacientes con enfermedades que generadas por la rápida multiplicación de las células de la piel, como es el caso de la psoriasis.

"Con el tiempo, se ha visto que esta terapia puede usarse en otras enfermedades con células T y para controlar el rechazo crónico del trasplante de órganos sólidos sin efectos secundarios importantes y permitiendo así reducir así el uso de sustancias inmunosupresoras, como la cortisona. Ahora se ha visto también que es importante para evitar el rechazo del trasplante de médula ósea", expone.

El Hospital Ramón y Cajal de Madrid lleva 10 años ofreciendo a sus pacientes esta terapia de luz como tratamiento de segunda línea para el linfoma con buenos resultados, según este experto. Sin embargo, su empleo no está tan extendido en España porque, dice, "no es barato y en este país, su reembolso es un problema".

En Estados Unidos, cada tratamiento costaría unos 6.000 dólares (unos 4.500 euros). "Si se tienen en cuenta los precios de los anticuerpos y fármacos biológicos que se ahorran empleando la FEC, su precio no resulta excesivo", asevera.

Disminuirán los proyectos, los investigadores, y los beneficios redundarán en otros países a los que se tendrán que acabar yendo luego España tendrá que comprar los resultados, si puede.

Salas advierte de que España puede perder «una o más generaciones de investigadores»

Oviedo, La Nueva España

La científica asturiana Margarita Salas, bioquímica y miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia de la Lengua, declaró ayer que es importante analizar a dónde se dirigen los recortes en investigación. «Es importante que no se recorte dinero en el Plan Nacional, ya que es donde los investigadores piden subvenciones para proyectos y becas, mientras que en créditos hasta sobra dinero», afirmó Salas a Onda Cero.

A juicio de la discípula del Nobel Severo Ochoa, «el problema es fundamentalmente para los jóvenes investigadores que se marchan al extranjero y después la vuelta es muy difícil, ya que no hay puestos para trabajo de investigación y hay poco dinero para proyectos».

«Vamos a perder una o más generaciones de investigadores si esto no se resuelve», agregó la científica de Canero (Valdés).

El presupuesto de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), de la que en mayor medida depende la ciencia en España, verá reducido en 2012 su presupuesto en 1.391 millones de euros, un 26 por ciento menos, sobre todo en el capítulo de operaciones financieras (créditos).

Los recursos humanos son una prioridad de la secretaría de Estado, según su responsable, Carmen Vela, quien aseguró que van a mantenerse todas las convocatorias de programas de recursos humanos. No obstante, admitió que no se va a llegar al mismo número de plazas, aunque sí se mejorará la calidad.

Ya se han convocado 1.020 ayudas del subprograma de Formación de Personal Investigador y se espera que en las próximas fechas se convoquen los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo o el de Personal Técnico de Apoyo.

Los organismos públicos de investigación sufrirán un recorte medio del 4,7 por ciento de las transferencias de la secretaría de Estado (salvo para el Instituto de Astrofísica de Canarias, que será del 30 por ciento). Según Vela, esta disminución no tiene por qué afectar al cierre de centros.

El Gobierno subraya que España no va a dejar de pagar a ninguna institución científica internacional, entre ellas la ESO o el CERN, y agrega que el programa Severo Ochoa continuará y este año se prevé dar el sello de excelencia a cinco nuevos centros.

En cuanto a las infraestructuras científicas y tecnológicas singulares, el Ejecutivo afirma que se analizará con las comunidades autónomas a cuáles se dará prioridad con criterios de calidad.

Admite Carmen Vela que previsiblemente habrá que reducir los proyectos del plan nacional y el número de recursos humanos, aunque -insistió- se mejorarán.

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Sólo han pasado unos días y muchas de las propuestas programáticas, vistas ahora, parecen de cuento de hadas

En busca de una sanidad más eficaz

PSOE e IU proponen una reordenación del sistema, Foro plantea la colaboración con iniciativas privadas y el PP apuesta por simplificar su organización.

Los partidos asturianos se comprometen en sus idearios a no recortar en servicios esenciales.

06.04.12 - AIDA COLLADO, GIJÓN, en El Comercio.

Antes, durante y después de las elecciones, las cinco formaciones políticas de la región con representación en la Junta General del Principado coincidieron en hacer la misma promesa. La de mantener los servicios públicos esenciales. La de no recortar en sanidad y educación. La de mantener, en definitiva, los pilares básicos del estado de bienestar. Y eso es lo que defienden, todos, en sus programas electorales. Los documentos con los que concurrieron a las urnas el pasado 25 de marzo están plagados de coincidencias, al menos, sobre el papel. Completar y mejorar la oferta de escuelas de 0 a 3 años, la promoción del bilingüismo en los centros educativos y de la Formación Profesional, la ejecución de distintos planes de salud o el apoyo a las personas dependientes son solo algunos de los puntos en común. Los modelos de gestión, eso sí, son bien distintos.

PSOE e IU ven en la reducción del papel del Estado la posible privatización de servicios «irrenunciables». La derecha, por su parte, incide en la necesidad de contener el gasto para mantener dichos servicios. En esta línea, UPyD apuesta por una gran reforma que altere tanto las formas actuales de gestión como el reparto competencial existente entre la Administración central y las comunidades.

En sanidad, los socialistas defienden las bondades del modelo público con propuestas como el fortalecimiento de la Salud Pública y proponen una nueva ordenación que, a partir de las 8 áreas sanitarias, se base en la actual distribución territorial de hospitales y centros de salud, para «avanzar hacia un sistema más integrado». Un nuevo concepto de red hospitalaria que vinculan a la puesta en marcha del nuevo HUCA.

Más drástica es la reordenación propuesta por IU, que incluye la reducción de las áreas sanitarias a cuatro y habla de un cambio radical en lo relativo a la toma decisiones en el sistema sanitario. Apuesta por profesionalizar la gestión y que se atribuyan capacidades decisorias a los consejos de salud. El Sespa pasaría así a estar regido por el Consejo de Salud.

La proposición del PP pasa por simplificar su organización y funcionamiento, por el ajuste del tamaño de la Administración para asegurar el cumplimiento presupuestario y por la integración del Hospital Grande Covián de Arriondas en el Sespa.

Foro plantea el desarrollo de un Modelo Asturiano de Gestión Clínica, se compromete a realizar obras de reforma y ampliación en los hospitales de Jarrio, Cangas del Narcea, Cabueñes y Valle del Nalón y pone sobre la mesa la colaboración con el desarrollo de iniciativas privadas en el ámbito de la asistencia sanitaria.

En este sentido, UPyD presenta en su programa la implantación de una planificación de personal única a nivel nacional y unos acuerdos sobre la gestión en aspectos esenciales (política salarial, carrera profesional, ofertas de empleo...) «que se adapten a las necesidades sanitarias de la población y a las capacidades financieras de las administraciones públicas». Todo ello, defienden, como fase previa a la recuperación de esta competencia por parte del Estado.

En cuanto a educación, la formación liderada por Ignacio Prendes, asegura que el sistema educativo está siendo utilizado para «adoctrinamientos de diversa índole» y acusa a los partidos políticos tradicionales de convertirlo en «un instrumento al servicio de la fragmentación cultural y territorial». Su idea consiste en sacar adelante un gran pacto que contemple la devolución al Estado de las competencias en educación, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las comunidades autónomas. Defiende también la implantación de un sistema de acceso a la Universidad más riguroso, acompañado de una elevación progresiva de las tasas de segunda y siguientes matriculaciones de una misma asignatura.

Foro centra sus propuestas educativas más llamativas en la libre elección de centro -también defendida por los populares- o la autonomía económica de estos, que además de los recursos proporcionados por la Administración podrían obtener y gestionar recursos propios. El PP coincide en generalizar la oferta de asturiano y promover la internacionalización del Bachillerato.

IU ve la educación pública como eje vertebrador del conjunto del sistema educativo y sostiene un modelo de escuela pública de carácter universal, gratuita, laica, democrática, coeducativa, científica, que incorpore la lengua y cultura propias de Asturias y compensadora de desigualdades. El PSOE se compromete, además, a elaborar una Ley Asturiana de Educación, que sirva de base para la modernización del sistema.

En cuanto a la Ley de Dependencia, los idearios recogen la petición unánime de reforzar la atención domiciliaria y aquella que se le presta a personas con dependencia moderada. Entre el resto de políticas sociales, destaca la que recoge el programa de IU, que sugiere la elevación del nivel retributivo del salario social del 35 al 50% de la media de ingresos.

Los españoles, que no somos tontos como creen “algunos”, opinamos que las cosas están igual o peor que hace un año y que todavía empeorarán en lo económico

Crece la preocupación por la educación y la sanidad

El paro sigue liderando los problemas y la reforma laboral, a la cola

Ilustra: Tira y afloja de La Nueva España.

VER EL BAROMETRO DE MARZO DEL CIS

AGENCIAS, MADRID

El paro continuó a la cabeza de los problemas nacionales en marzo, un mes en el que se incrementó la preocupación por la educación, la sanidad y la corrupción y el fraude, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al tercer mes de 2012, hecho público ayer. Esta encuesta se basa en 2.474 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 240 municipios de 48 provincias entre el 2 y el 11 de marzo y tiene un margen de error de más/menos 2%.

Es decir, el trabajo de campo coincidió con la convocatoria de una huelga general contra la reforma laboral y concluyó el día en que los sindicatos organizaron la segunda jornada de movilizaciones contra el decreto del Gobierno, que sólo es citado expresamente como un problema en el 1,2% de las entrevistas.

En este contexto, el desempleo repitió en la cúspide de la lista de problemas con el mismo número de menciones que en el mes anterior, ya que volvió a figurar en el 84% de los cuestionarios. En el segundo puesto continúan los problemas económicos en general, rozando el 50%.

La clase política y los partidos siguen anclados en el tercer lugar que conquistaron en febrero de 2010, aunque esta vez bajan algo más de un punto y pasan el 19,4% de febrero al 18,1%.

Por contra, la inquietud por la corrupción y el fraude subió casi cuatro puntos respecto al sondeo anterior y llegó al 12,1%, situándose al mismo nivel que en enero, cuando irrumpió como cuarto problema, coincidiendo con los ecos mediáticos de casos relevantes como el juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por la ‘causa de los trajes’, el proceso sobre el expresidente balear Jaume Matas, la investigación al Instituto Nóos que dirigía el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, o las acusaciones de un empresario gallego contra el exministro socialista José Blanco.

El quinto puesto de la lista fue en marzo para la educación, que pasó del 6,3% de menciones al 9,9%. La preocupación por la sanidad también subió, en este caso 2,2 puntos, hasta alcanzar el 9,3% de alusiones y colocarse en el sexto lugar. La lista se completa con la inmigración como séptimo problema y un 7,6% de menciones.

Respecto a los problemas subjetivos, que más afectan personalmente a los entrevistados, el primero vuelve a ser el paro (45,2%), seguido de los de índole económica en general (40,3%) y la sanidad (8%). Si en febrero el cuarto eran las pensiones y el quinto la educación, el orden se invirtió en marzo, con un 6,7% de menciones para las primeras y un 7,6% para las segundas.

Además, el sondeo del CIS pone de manifiesto que el pesimismo sobre la situación económica continúa en máximos. En concreto, el 88,8% de los consultados juzga “mala” o “muy mala” la actual coyuntura - un nivel muy similar al récord del 89% que se alcanzó en febrero -, el 63,7% cree que es peor que un año antes y el 37,7% (3,5 puntos más que un mes antes) pronostica que en marzo de 2013 la crisis irá a más.

Respecto a la situación política, el 56,7% la define como “mala” o “muy mala”, punto y medio más que febrero, frente al 7,7 que la ve “bien” o “muy bien”. Los que creen que está peor que un año antes doblan a los que opinan lo contrario (30% frente a 15%).