PRENSA

Cuando la ciencia choca con la ideología si esta es conservadora gana la ideología, si es progresista, gana la ciencia, así ha sido y será, por desgracia

Sanidad retrasa su decisión sobre la píldora del día siguiente

Un informe de la Sociedad Española de Ginecología avala el fármaco y resta argumentos a la ministra Mato

Oviedo, E. G. / Agencias, en La Nueva España

Un informe de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia avalando la venta sin receta de la píldora del día después, dejó al Ministerio de Sanidad en punto muerto. La ministra, Ana Mato, asegura manejar otros informes «ni concluyentes ni coincidentes», lo que le permitió dejar el asunto en suspenso. En los próximos días, dijo, se reunirá un consejo asesor para decidir si este medicamento se debe seguir adquiriendo sin necesidad de receta médica como hasta ahora.

Mato compareció ayer ante la Comisión de Sanidad del Senado. La píldora del día después era el tema estrella de la sesión. La Sociedad Española de Ginecología, a la que el Ministerio había solicitado un informe, lo envió y sin andarse por las ramas: los ginecólogos españoles aseguran que la píldora polémica no es tóxica, no genera adicción, no tiene contraindicaciones, es de uso sencillo, no causa defectos congénitos ni genera efectos secundarios. El informe es demoledor.

Pero es un informe que va contra la tesis del partido en el Gobierno, proclive a que la píldora del día después tenga que ser suministrada a partir de una receta médica. Los informes encargados lo fueron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). De lo que diga la comisión que se creará, saldrá «la decisión que luego adopte esta ministra». Mato ha aseverado que lo que decida «no obedecerá nunca a cuestiones ideológicas» ya que «en tema de medicamentos, las decisiones deben tomarse por cuestiones científicas y criterios exclusivamente médicos», ha insistido.

No obstante, la ministra ha explicado que se trata de un medicamento que requiere prescripción para menores en países como Reino Unido, Finlandia, República Checa, Dinamarca, Polonia, Hungría, Italia, Alemania y Grecia.

En su intervención, se ha defendido de las críticas sobre los supuestos retrocesos que el Gobierno promueve en materia sexual. «No creo que ustedes se puedan molestar conmigo porque simplemente haya dicho que iba a enterarme» sobre cuáles son los riesgos de la píldora tras «un par de años» de venta libre, ha expuesto.

«Ahora se prescribe de manera informada y cuando la mujer se toma la pastilla el farmacéutico le dice 'que sepa usted que esto tiene este peligro y no tiene que leerlo en un folleto, sino que se lo explican con detenimiento y me parece bien'», ha relatado la ministra.

Mato ha afirmado que le preocupaba especialmente la protección de los menores porque hay que «preservarlos al cien por cien». En esta línea se ha referido a la modificación de la Ley del Aborto sobre la necesidad de que los padres estén informados si una hija menor de edad quiere interrumpir su embarazo. «Me preocupa mucho que una niña de 16 años pueda abortar sin que yo lo sepa, fundamentalmente por el apoyo que le puedo prestar».

Ha insistido en que el aborto es «un drama» y por eso ha expresado su disposición de «buscar fórmulas» para que ninguna embarazada deje de tener un niño por problemas económicos, sociales o laborales.

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56 de los 78 Ayuntamientos asturianos en la encrucijada

Los alcaldes rechazan los despidos impuestos por Hacienda a los ayuntamientos que va a rescatar

21/03/2012, Susana D. Machargo, Oviedo, en La Voz de Asturias

Despedir funcionarios o compartirlos. Esa parece la disyuntiva si se simplifican al mínimo las medidas que enfrentan al Ministerio de Hacienda por un lado y a los ayuntamientos asturianos por otro. El plan del ministro Cristóbal Montoro para rescatar a los municipios con graves problemas de solvencia exige compensaciones a cambio y esas contrapartidas se han concretado en una batería de medidas publicadas el pasado viernes en el BOE, entre las que se encuentran el despido de personal municipal, la rebaja de sueldos o el recorte en las prestaciones. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) considera que este plan de viabilidad es una “intromisión” en las competencias de las entidades locales, pese a que entienden que el Gobierno debe de pedir garantías antes de concretar la inyección económica. Las alternativas de la federación pasa porque varios ayuntamientos compartan empleados y servicios, como la recogida de basura, por reducir inversiones y gasto corriente y por ampliar los concursos públicos de suministro de material.

Hace unas semanas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy lanzaba un salvavidas a las maltrechas arcas municipales, al anunciar un programa para garantizar la liquidez de los concejos españoles y el pago a los proveedores. De los 78 ayuntamientos asturianos, 56 se acogieron al plan de Montoro y presentaron la semana pasada la documentación necesaria para cursar la solicitud. Los 22 restantes, en principio, no sufren demoras en los pagos. Los otros 56 acumulan una deuda de 81 millones de euros. Aunque la cifra puede parecer muy elevada es, en realidad, solo una pequeña porción de los 9.584 millones que conforman la deuda de las entidades locales en España.

Tijeretazo municipal

Los ayuntamientos tienen ahora un mes para presentar su plan de viabilidad, cómo piensan reconducir sus finanzas para no seguir generando deuda. En ese plan de ajuste es donde nacen ahora las divergencias. El proyecto publicado por el BOE incluye un formulario oficial con 14 apartados sobre la financiación de los servicios públicos que prestan los concejos. Deben detallar cómo van a sufragar servicios públicos básicos de su competencia, como el abastecimiento de agua, el servicio de alcantarillado, la recogida de basuras o el tratamiento de los residuos sólidos, además de detallar el impacto financiero para los próximos 10 años. Los consistorios también deberán aclarar qué van a hacer con otros servicios que prestan pero que, en teoría, no son de su competencia, ya sean sanitarios, educativos o de prestación social. Un ejemplo pueden ser las escuelas públicas de cero a tres años.

El presidente de la FACC, el alcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar, cree que el detalle con el que Hacienda ha diseñado el plan de viabilidad supone “una intromisión en las competencias de los ayuntamientos”. De Luis entiende que el Gobierno establezca criterios pero no que baje a la arena de la gestión y les imponga medidas tan concretas. Sobre todo, porque los especialistas en la administración municipal saben que para gobernar una entidad local hay que tener en cuenta la singularidad de los territorios y el devenir del día a día.

Otras opciones

Frente al tijeretazo indiscriminado de Montoro, la federación asturiana de concejos exige que, ante todo, se defienda la calidad de los servicios que se presta a los ciudadanos. Antonio de Luis afirma que los funcionarios son necesarios y rechaza el recorte de las plantillas. Entiende que no se contraten refuerzos, que se supriman algunos contratos temporales o que, en casos extremos, se reduzcan los sueldos, pero no que se despida.

La alternativa es usar la cabeza y las herramientas legales que ya tienen a su alcance. Así habla de coordinar a varios ayuntamientos pero sin estructuras mancomunadas que incrementen gastos y burocracia. La idea de compartir servicios queda clara con el ejemplo de la recogida de basura. Varios municipios se pueden unir para sacar a concurso un único servicio, con las rutas que sean necesarias. De Luis dice que la ley también les permite contratar personal a medias, que pase parte de la semana en un consistorio y parte en otro, o con un reparto de jornada por horas.

El resto de los instrumentos son de sentido común: reducir la inversión al mínimo, ajustar el gasto corriente y conseguir atraer a más proveedores de servicios a los concursos públicos, ahora que los ayuntamientos tienen liquidez, para rebajar los precios.

El formulario oficial publicado por Hacienda establece tanto medidas de ajuste de gastos como de ingresos. El Gobierno central también pide que se especifiquen las “subidas tributarias, la supresión de exenciones y las bonificaciones voluntarias”.

Si todo va como Cristóbal Montoro espera, y pese a la avalancha de solicitudes --5.000 en toda España--, los proveedores con facturas pendientes de ayuntamientos morosos podrán comenzar a cobrar en el mes de mayo. A partir de ese momento, comenzarán a funcionar los mecanismos de control. Los interventores municipales deberán entregar anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento y, en caso de desviación, el Estado podrá retener parte de las transferencias.

Ahora solo resta por ver qué harán esos 56 ayuntamientos asturianos que necesitan con urgencia liquidez.

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Puede que ahora, al ver el modelo en marcha fuera, apreciemos más el proyecto en nuestra casa

El campus del HUCA viaja al Turia

Los alumnos de Medicina de la comunidad levantina ya no cursarán sus estudios en la facultad sino dentro del nuevo Hospital de La Fe

Valencia implantará el modelo que se ideó para la Cadellada y que Foro rechazó

Foto: Area de docencia del nuevo HUCA.

21.03.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

El campus de La Cadellada estará en Valencia. Al menos, en concepto. La comunidad levantina, gobernada por el PP, implantará el modelo de formación sanitaria que en su día se había ideado para el futuro HUCA y que luego acabaría rechazando el Ejecutivo de Foro Asturias, que volvió a reflotar la idea de levantar otra facultad en La Cadellada. Al igual que en su día propusiera el Principado (lo hizo durante la pasada legislatura socialista), los alumnos de Medicina de la Comunidad Valenciana ya no cursarán sus estudios en la facultad sino en el nuevo Hospital de la Fe construido al Sur de la ciudad de Valencia y con el que se pasa a sustituir al viejo complejo hospitalario existente hasta la fecha.

Según confirmó a EL COMERCIO la propia Generalitat Valenciana, a partir del próximo curso los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de Medicina realizarán las clases teóricas en cuatro hospitales: el Clínico, el General de Valencia, el Peset y el nuevo de La Fe. Se trata, según el conseller de Sanitat, Luis Rosado, «de un nuevo modelo de formación integral». La idea es extender el plan gradualmente a todos los alumnos, de manera que en pocos años hasta los estudiantes del primer grado puedan cursar dentro de los hospitales. Con esto se busca que «los alumnos puedan vivir más de cerca la actividad del que será su futuro centro de trabajo».

Hasta la fecha, al igual que ocurre en Asturias, los hospitales universitarios sólo albergan clases prácticas. El sistema que implantará Valencia es idéntico al que había diseñado la anterior Consejería de Salud del Principado para La Cadellada. La idea básica es que los alumnos se nutran del conocimiento dentro de los propios hospitales, en su día a día.

Fundación de investigación

Como complemento a este nuevo modelo universitario que sacará a los alumnos de las facultades para acercarlos a la práctica médica, la Generalitat Valenciana construirá un centro científico-docente de investigación sanitaria. Nuevamente, este proyecto guarda similitudes con Asturias, cuyo proyecto de crear una fundación de investigación, la Funba, también se vio truncado.

El caso es que el HUCA y el nuevo Hospital La Fe de Valencia parecen primos hermanos. Ambos complejos sanitarios han sido construidos para sustituir a un viejo hospital. Su construcción ha ido casi de la mano. La Cadellada y La Fe manejan similares dimensiones en cuanto a número de camas (ambos rondan el millar), superficie hospitalaria, presupuesto, equipos y aparataje. Sin embargo, la gran diferencia estriba en los tiempos y en los plazos. Todo parece indicar que los valencianos han sido más diligentes que los asturianos, ya que el hospital del Turia lleva ya un año en servicio.

Inauguración postergada

La primera piedra de La Fe se puso en diciembre de 2003. La del futuro HUCA, año y medio más tarde, en junio de 2005. Tras invertir 383 millones de euros en obras y 120 millones en equipos, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad de Valencia, el hospital de La Fe abrió en febrero de 2011. En Asturias, cuyo proyecto costó 300 millones en obras y 102 millones en equipos, se sigue esperando. La previsión original de La Cadellada recogía que el HUCA debería estar concluido en diciembre de 2009. Tras sufrir dos sobrecostes de casi 90 millones de euros, los plazos se retrasaron hasta abril de 2010, pero tampoco se cumplieron. El anterior gobierno regional aseguró que La Cadellada podría abrir en el verano de 2012, es decir, dentro de cuatro meses. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo de Foro Asturias postergó esas previsiones a septiembre de 2013.

Siempre la misma receta digan lo que digan

Hacienda prevé rebajas de sueldos y despidos en los planes municipales

Montoro pide explicaciones a los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores

El modelo incluye un catálogo de 23 medidas de gastos e ingresos (VER BOE CON EL FORMULARIO)

Jesús Sérvulo González, Madrid, 20 MAR 2012

El Ministerio de Hacienda contempla que los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores puedan despedir a trabajadores municipales o rebajarles el sueldo para sanear sus cuentas. El “modelo del plan de ajuste”, que los Ayuntamientos tienen que remitir a Hacienda para garantizar su estabilidad presupuestaria, incluye un formulario con 23 medidas de ingresos y gastos. El Gobierno quiere garantías sobre las decisiones que adoptarán los alcaldes para equilibrar sus presupuestos.

El minucioso modelo, diseñado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y publicado el pasado viernes en el Bolétín Oficial del Estado (BOE), requiere a los Ayuntamientos para que precisen, entre otros conceptos, “la reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)”. Y eso a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró la semana pasada que el plan para pagar a proveedores “permitirá crear o salvaguardar entre 75.000 y 100.000 empleos públicos”.

El titular de Hacienda también señaló que “no se va a destruir empleo público, ni se va a bajar el sueldo de los funcionarios”. Aunque aludía al efecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y se refería a los trabajadores de la Administración central, lo cierto es que al incluir este requerimiento en el modelo oficial que deben completar los Ayuntamientos deja la puerta abierta a esta medida.

Otra de las partidas que deben precisar los municipios consiste en valorar la “regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso”. Es decir, ya prevé las posibles consecuencias sobre las plantillas municipales de la nueva reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que contempla despidos procedentes con la indemnización más baja en caso de insuficiencia presupuestaria. Los alcaldes también deben cuantificar el impacto de la “reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local”. O el ahorro que supondrá “la regulación de régimen laboral y retributivo de las empresas públicas considerando aspectos como el sector de actividad, volumen de negocio o percepción de fondos públicos”.

El formulario oficial establece tanto medidas de ajuste de gastos como de ingresos. Los datos reclamados por Hacienda en el apartado de ingresos pueden dar pistas sobre cómo afrontará el Gobierno el espinoso ajuste fiscal de este año, por un importe total de 17.500 millones de euros. Hacienda pide a los municipios que especifiquen las “subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias”.

Toda esta información será la que tengan que remitir al Ministerio los 4.622 Ayuntamientos que presentaron el pasado jueves 1.931.976 facturas pendientes de pago, por un importe de 9.584 millones de euros, ante Hacienda. Ante la avalancha de información por parte de los municipios, el Ministerio recurrió al sistema informático utilizado por el anterior Ejecutivo socialista para el Fondo Estatal de Inversiones Locales (FEIL), conocido como Plan E.

El Ministerio dispone ahora de dos semanas para revisar y valorar toda la información remitida por los Ayuntamientos. Una vez que el Gobierno valide todos los planes de ajuste, los proveedores podrán comenzar a cobrar sus facturas. Está previsto que puedan hacerlo a partir de mayo. Además, los interventores municipales deberán entregar anualmente un informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste. En caso de incumplimiento, el Estado podrá retener parte de las transferencias que realiza a los Ayuntamientos.

El plan de pago a proveedores, en el que participarán todas las entidades financieras, incluido el ICO, ha puesto a disposición de los Ayuntamientos una línea de crédito de 35.000 millones de euros para pagar las facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades autónomas. Los responsables de Hacienda esperaban que acudieran a este mecanismo de financiación la práctica totalidad de los municipios con una deuda pendiente de 17.000 millones, aunque finalmente solo se han acogido poco más de la mitad de los Consistorios, con facturas pendientes por 9.584 millones.

Este instrumento permite que los proveedores puedan cobrar sus facturas directamente a través del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores, creado a tal efecto. Los Ayuntamientos deberán pagar un tipo de interés próximo al 5% y tendrán 10 años para amortizar el préstamo, con dos años de carencia. El Ministerio de Economía y Competitividad aportará hasta 6.000 millones de euros a ese fondo, de los que 1.500 millones los depositará este mismo año.

Debate, celebrado ayer, sobre los programas electorales en materia sanitaria celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Por lo que leemos no hubo una gran profundidad a la hora de tratar los temas que de verdad preocupan…

Foro dice ahora que no le repugna suprimir la dedicación exclusiva de los médicos

«No es una prioridad, pero si hubiera que hacerlo no nos rasgaríamos las vestiduras», afirma Navia-Osorio sobre un posible cambio legislativo

Foto: De izquierda a derecha, José María Navia-Osorio, Francisco Menéndez (moderador), Vicente Herranz y Ángel López.

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

«No nos repugna, pero tampoco es una prioridad». El consejero de Sanidad del Principado se pronunció ayer en estos términos en nombre de Foro Asturias al ser preguntado por la posible supresión de la dedicación exclusiva de los médicos de la sanidad pública regional.

Como candidato de Foro, José María Navia-Osorio ofreció una opinión que había eludido el pasado 14 de septiembre, cuando afirmó en la Junta General del Principado que, «como consejero», no tenía «ninguna» opinión sobre el asunto. «Un Consejero no puede tener opinión de todo lo divino y lo humano», precisó en aquel momento.

Ayer, a seis días de las inminentes elecciones autonómicas, Navia-Osorio sí tuvo opinión, e incluso se explayó al exponerla en el transcurso de un debate sobre los programas electorales en materia sanitaria celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ante la pregunta de un trabajador del complejo sanitario que seguía el coloquio, Navia-Osorio explicó que la supresión de la dedicación exclusiva de los médicos no figura en el programa de Foro para los comicios del 25-M. Pese a lo cual, reconoció, «no me repugnaría», y añadió que «si en un momento dado hubiera que hacerlo, no nos rasgaríamos las vestiduras».

Eso sí, matizó el Consejero, si se aprobara la compatibilidad entre el ejercicio público y el privado, Foro apostaría por extremar el «control» para que nadie pudiera aprovecharse del sistema público para rentabilizar su consulta privada. «Es uno de cada mil casos, pero como puede haberlos hay que establecer ese control», apostilló.

El pasado 4 de septiembre, LA NUEVA ESPAÑA publicó una información según la cual las autoridades sanitarias del Principado estaban estudiando el modo de cambiar la legislación asturiana que imponía la dedicación exclusiva de los facultativos, en vigor desde el 1 de enero de 2003. De inmediato, Foro negó que tal proyecto formase parte de su agenda, y al día siguiente la Consejería difundió un comunicado que afirmaba esencialmente lo mismo. El partido de Álvarez-Cascos incluso llevó a los tribunales a este periódico por dicha información.

En aquel momento, los diputados del PP desvelaron que en las negociaciones para lograr un pacto de Gobierno, desarrolladas dos meses antes, habían sido precisamente los representantes de Foro -y más en concreto Enrique Álvarez Sostres, hoy diputado nacional- los que habían propuesto un cambio legal para dar libertad de elección a los médicos. Sostres lo negó.

Por otra parte, era bien conocida la postura favorable a la compatibilidad pública-privada defendida por Navia-Osorio cuando era dirigente del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y presidente de la comisión de sanidad del PP. Idéntica era la posición de la mayor parte -si no de la totalidad- de las bases sanitarias del partido de Álvarez-Cascos.

Sin embargo, por entonces, las órdenes venidas de arriba imponían otra cosa. Y así quedó de manifiesto unas semanas más tarde, el 28 de octubre, cuando los diputados de Foro votaron conjuntamente con los del PSOE y los de IU en contra de una iniciativa parlamentaria del PP. La proposición no de ley presentada por los populares estaba encaminada a habilitar un mecanismo legal para que los facultativos de la sanidad pública pudieran renunciar a la dedicación exclusiva y, de paso, al plus de 790 euros brutos mensuales que conlleva. El Estatuto Marco del personal sanitario estipula que sea establecido este mecanismo, pero los sucesivos gobiernos asturianos se han negado a habilitarlo. Como consecuencia, Asturias continúa siendo la única comunidad autónoma española en la que los médicos no pueden compaginar el ejercicio público con el privado.

Las citadas consideraciones sobre la dedicación exclusiva formaron parte de un amplio abanico de propuestas y posicionamientos surgidos en el marco del debate organizado por el Sindicato de Celadores y Personal no Sanitario (Sicepa). El PP y UPyD optaron por no participar. Tanto el PSOE como IU reiteraron su negativa a que los médicos puedan compaginar el ejercicio público con el privado.

Una porción relevante de la discusión giró en torno a la posible privatización de servicios en el nuevo HUCA. Había entre el público trabajadores de diversas categorías preocupados ante el riesgo de una pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de hipotéticas medidas privatizadoras. Navia-Osorio explicó que el Gobierno de Foro -tal como anticipó este periódico el pasado 5 de febrero- ha modificado la decisión del Ejecutivo de Areces y apuesta por construir una central de esterilización en el propio recinto que ocupa el HUCA. En ella «va a trabajar gente del Sespa», señaló el Consejero para tranquilizar a las auxiliares de enfermería, que temen que este estamento se vea reducido en 105 efectivos.

Para los técnicos de mantenimiento, el recelo se deriva de la hipótesis de que la incorporación de nueva tecnología lleve aparejados contratos de mantenimiento con las propias firmas suministradoras. Navia-Osorio precisó que el aparataje de alta tecnología sí será llevado por técnicos «de fuera», en tanto que el resto de los equipamientos serán revisados por los operarios del HUCA. Como botón de muestra de su voluntad de preservar el empleo, el consejero de Sanidad explicó que su departamento ha decidido prescindir de los robots que el anterior equipo pretendía instalar en el nuevo Hospital Central. «Iban a costar tres millones de euros y suponían echar a la calle a 60 personas», argumentó.

El Consejero admitió que si el resto de las comunidades autónomas así lo deciden, Asturias ampliará a 37,5 horas la jornada semanal en la red sanitaria. «Probablemente no nos dejen elegir», adujo. Vicente Herranz, del PSOE enfatizó: «Rotundamente, no aplicaremos las 37,5 horas, porque con 35 pueden hacerse muchas cosas».

Ángel López, de IU, coincidió con el PSOE en negarse a una ampliación de la jornada, pero insistió en que el gran debate de la sanidad pública debe centrarse en quién manda sobre ella, dado que el actual proceso de toma de decisiones «es incapaz de gobernar el sistema». López apostó por un modelo de gestión basado «en profesionales -no en políticos- controlados por un consejo de administración con amplia participación de los ciudadanos».

“Cuando las barbas del vecino veas pelar ”, un poco la llamada reforma laboral a la catalana.

Cataluña aplicará la movilidad geográfica a unos 45.000 funcionarios

17.03.12 - C. REINO | BARCELONA, en El Comercio.

La Generalitat de Cataluña presentó ayer un plan de reorganización del empleo para unos 45.000 de los 200.000 trabajadores de la función pública que hay en la administración autonómica que abre la puerta a traslados geográficos y funcionales.

Así, durante los próximos dos años, la calificada por los sindicatos como la 'reforma laboral a la catalana' permitirá al Gobierno de Artur Mas cambiar los horarios laborales, las tareas y hasta los departamentos de sus empleados públicos, salvo los de la sanidad y la enseñanza.

Los sindicatos temen que con este controvertido plan el Gobierno catalán acometa una nueva oleada de despidos en sus empresas públicas.

Cataluña recortará el 15% de jornada y sueldo a 6.800 interinos

El Gobierno de Artur Mas prevé aprobar el próximo martes en el Consell Executiu un plan de empleo para racionalizar la organización del personal de la administración pública.

nuevatribuna.es

La Generalitat de Cataluña aplicará una reducción del 15 por ciento de jornada y sueldo a unos 6.800 interinos a partir del 1 de abril y durante los próximos dos años, según han explicado los portavoces de los sindicatos de la mesa general de la función pública tras reunirse con representantes de la Consejería de Gobernación.

El Gobierno de Artur Mas prevé aprobar el próximo martes en el Consell Executiu un plan de empleo para racionalizar la organización del personal de la administración pública, que incluye esta reducción de jornada a interinos técnicos y administrativos, que afectará mayoritariamente al colectivo de administrativos y subalternos de los centros educativos, que suman entre 3.500 y 4.000 personas, según ha concretado en rueda de prensa la portavoz de CC.OO., Montse Ros.

De la reducción de jornada quedan excluidos el personal interino de bomberos, agentes rurales, auxiliares técnicos y técnicos especializados de servicios penitenciarios y los titulares superiores de veterinaria en los mataderos.

Los sindicatos han lamentado la falta de voluntad negociadora de la Generalitat, ya que han asegurado que recibieron esta propuesta la pasada noche y que sólo cuentan hasta el lunes por la tarde para volver a reunirse con los representantes de Gobernación.

"¿Alguien cree que se puede negociar un plan de empleo entre el viernes por la mañana y el lunes por la tarde? Esto es teatro", ha lamentado Ros.

Los sindicatos han advertido de que el plan tiene los mismos objetivos que la reforma laboral: devaluar el sueldo de los empleados públicos y romper la negociación colectiva, por lo que han hecho un llamamiento a los trabajadores públicos a secundar la huelga general del próximo 29 de marzo.

El Parlamento catalán incluyó una disposición en la ley de medidas fiscales y financieras en la que instaba al Gobierno de Artur Mas a aplicar la reducción del 15 por ciento de jornada a los interinos dentro de un plan de empleo a negociar en la mesa de técnicos y administrativos, aunque la Generalitat lo ha hecho extensivo a la mesa general de la función pública, excluyendo al personal docente no universitario y del Instituto Catalán de la Salud (ICS).

El plan de empleo afectará a unos 45.000 trabajadores públicos, entre personal funcionario y laboral, y prevé que la Generalitat pueda aplicar de forma unilateral medidas de reorganización de tareas y funciones, así como la reordenación de jornada y horarios, modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos.

También reducir en un 30 por ciento el número de puestos de trabajo de jefes de servicio y similares que cuentan con una jornada de dedicación especial --trabajan hasta 40 horas semanales con el suplemento salarial equivalente--.

Según los sindicatos, la Generalitat prevé tener elaborado un diagnóstico de la situación de la función pública en octubre, pero las medidas que contempla el plan se podrán llevar a cabo antes del estudio.

"Sin ciencia no hay país" advierte el presidente de la Academia de Ciencias.

La comunidad científica dispara todas las alarmas ante los «relevantes» recortes en I+D

Se reclama un pacto de Estado "sostenido por criterios científicos" que salvaguarde la inversión pública en I+D de los vaivenes políticos

Foto: Miguel Ángel Alario, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

16.03.12 - MIGUEL LORENCI | MADRID, en El Comercio.

"Sin ciencia no hay país". Lo dice tajante Miguel Ángel Alario, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, institución que acogió hoy la segunda jornada sobre la Ciencia Española ante los recortes presupuestarios. Un foro que reúne a científicos y políticos y en el que se evidenció la profunda inquietud de la comunidad científica española, con todas las alarmas disparadas ante el inmediato y "relevante" recorte del dinero público dedicado a investigación y Desarrollo (I+D) en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Una 'rebaja' confirmada y no cuantificada en el foro por el parlamentario y portavoz del PP en este ámbito, Alejandro Fernández.

Los científicos reclaman un pacto de Estado que garantice la inversión pública en I+D y la salvaguarde de los vaivenes políticos. La financiación para I+D en 2010 supuso un 1,39 del Producto Interior Bruto (PIB) y se estima que en 2011 será inferior al 1,35%, una cifra "lamentable" para los científicos, ya que nos aleja del 2,3% de media de la Unión Europea y más aún del objetivo del 3% fijado por el Consejo Europeo. Son dígitos casi vergonzantes para el investigador Antonio García-Bellido, para quien la rebaja "puede ser irreversible y convertirnos en un país de segunda clase".

Lamentan y condenan los científicos el nuevo recorte sobre las de por si magras partidas públicas para este apartado y del que se alertaba ya en la 'Carta abierta por la ciencia española' que ha recabado casi 30.000 adhesiones, entre ellos 23.000 científicos de 80 países. Es un documento muy crítico con los recortes que fue consensuado por la Confederación de Sociedades Científicas de España la Federación de Jóvenes Investigadores además de la plataforma Investigación Digna y que les será entregada al presidente del Gobierno y al parlamento.

Se denuncia en la carta como la sucesión de recortes podría llevar "al colapso al ya muy debilitado sistema de investigación español". Ante lo que supondría "mantener un sistema económico obsoleto que ya no es competitivo y especialmente vulnerable a todo tipo de contingencia económica y política" se reclama "evitar una nueva reducción de la inversión en I+D". Recuerdan los afectados que en 2011 el recorte en el capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado fue del 4.2 % en 2010 y del 7,38% en 2011, y que la previsión para 2012 es del 8,65%. "De ratificarse este recorte, la reducción acumulada en los últimos años será de más del 30% de la dotación precedente", lamentan.

Dignidad en juego

Unos números casi vergonzosas para Antonio García-Bellido, Premio Príncipe de Asturias de Investigación, para quien con estas escuálidas cifras "nos jugamos la dignidad del país". "Estamos en la cola de Europa, solo por delante de Italia y Grecia y por debajo de Irlanda y Portugal" lamentó el investigador, que dijo vivir "un día triste". "Esa cifras van contra la dignidad del país. Ni nos lo merecemos ni lo debemos permitir" denunció el científico, para quien el recorte del 31,51% en I+D acumulado desde el principio de la crisis "es una barbaridad". "Sobre todo si descendemos a la cuantificación de las subvenciones del Estado y vemos que son 3.000 millones de euros, que es lo que cuesta hacer un aeropuerto que no funciona".

Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, denunció la segura reducción de la inversión pública en I+D en los próximos presupuestos. Señaló, como Bellido, que estamos a la cola de Europa "cuando solo a través del I+D se gana el futuro". "Estamos cansados de que las buenas intenciones se quede solo en palabras. Queremos acciones y hechos concretos, desde de la seguridad de que la inversión en I+D no es el problema y sí la solución" dijo Andradas. Calificó de "dramática" la caída del 31,51% desde 2009 de la inversión en I+D y, muy gráficamente, esgrimió dos monedas para lamentar que "sólo 0,9 céntimos de cada euro recaudado por el Estado se invierte en Ciencia".

Para revertir esta situación reclamó un "pacto de Estado con un sistema de I+D sostenido por criterios científicos y al margen de vaivenes políticos" y una paulatina y creciente implicación del sector privado. "El Estado ha de ser el tractor en esta campo, ya que resulta inviable que la iniciativa privada sustituya al Estado de un día para otro", planteó.

Sin concreción

Ante estos inquietos científicos, el portavoz del PP para I+D en el Congreso, Alejandro Fernández, confirmó que el recorte en la inversión en los próximos presupuestos "será relevante". Eludió dar cifras concretas y dijo no estar en condiciones de "garantizar que sea un recorte menor al del año pasado". "El Gobierno aún no ha presentado al detalle las líneas básicas en este terreno" reconocía, pidiendo al tiempo "trabajar para que Ciencia sea una de las partidas en las que no se puede recortar".

Agradeció que "la ciencia esté ahora en el ministerio más importante", el de Economía, y no en "uno María" como el de Ciencia e Innovación que comandó Cristina Garmendia. Anunció también que en junio se aprobará el estatuto de la Agencia Estatal de Investigación que debería funcionar en 2013. "Se intentará hacer con el mismo espíritu con el que se consensuó la Ley de la Ciencia para huir de los vaivenes políticos y crear un marco estable" dijo.

Más esperanzador se mostró respecto a la situación de los de los jóvenes investigadores, a quienes se mejorará el contrato pre doctoral a partir de julio. "Se pasará de los dos años de beca y dos de contrato actuales, a cuatro años de contrato" anunció. Según Fernández, el Gobierno "trabaja para evitar la fuga de cerebros y fomentar el retorno inmediato o la cooperación en proyectos españoles de los cerca de 10.000 científicos que trabajan en el extranjero".

El responsable de investigación y ciencia del PSOE, Jaime Lissavetzky, se sumó a la demanda del pacto de Estado y anunció enmiendas a los presupuestos para aumentar los recursos para la ciencia. "Desde lo público hay que hacer esfuerzos para poder tener sinergia con el sector privado y la carta de los científicos ha servido para sacudir a la clase política y poner la Ciencia en su agenda" apuntó Lissavetzky, que reclamó "un empujón entre todos, no sólo desde la crítica".

También tomaron parte en la jornada Josep María Martorell, de Convergència i Unió (CiU); Carlos Martínez, de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Caridad García, de Izquierda Unida; además del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid, Daniel Peña.

El PP admite que el recorte de los presupuestos de ciencia será «relevante»

La secretaria de Estado de Investigación afirma que comparte el manifiesto firmado por 32.000 investigadores de 80 países

Madrid / Oviedo, Agencias, en La Nueva España 

El PP anunció ayer un recorte «relevante» en los presupuestos de investigación y desarrollo (I+D), aunque aseguró, en palabras del diputado popular Alejandro Fernández, que está «luchando» para que éste sea «lo menor posible». Así lo señaló Fernández en un debate sobre ciencia celebrado en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el que también intervinieron miembros del PSOE, IU, UPyD, CiU y la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce).

El responsable de ciencia del PP en el Congreso aseguró que no puede adelantar las cifras del presupuesto en ciencia. El jueves, la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, había hablado de 531 millones de euros menos en subvenciones y 211 en préstamos.

Según Fernández, entre los planes del Gobierno figura el de revisar el mapa de instalaciones científicas singulares -aquellas que tienen una rentabilidad científica dudosa o menor- y la participación española en organismos internacionales científicos. El objetivo es optimizar, señaló el portavoz popular, quien apostó por una mayor participación de la empresa en la actividad científica.

El diputado del PP quiso lanzar un mensaje de compromiso y optimismo. Manifestó que la ciencia está en «el Ministerio más importante», el de Economía y Competitividad, lo que no es igual a tener un Ministerio «maría», como algunos decían -recordó- del anterior departamento de Ciencia e Innovación que dirigía Cristina Garmendia.

Jaime Lissavetzky, del PSOE, apostó por un pacto de Estado por la ciencia y anunció que su partido presentará enmiendas a los Presupuestos Generales para evitar que la tasa de reposición de empleo público en investigación sea cero. Los socialistas reclamarán un aumento de los recursos. Caridad García, de IU, denunció el «ataque en toda regla» a la I+D e indicó que su grupo redactará enmiendas para que exista una auténtica inversión.

Desde UPyD, Carlos Martínez lamentó que los hechos delaten que la ciencia no es una prioridad y se preguntó si no puede aplazarse unos años el desarrollo del AVE para mantener la I+D, petición que plasmará en alguna de sus enmiendas a los Presupuestos. A juicio de Josep María Martorell, de CiU, «se puede y se debe» priorizar la ciencia, Convergencia pide el traspaso a Cataluña de las competencias en becas.

Antonio García Bellido, premio «Príncipe de Asturias» y moderador del debate, alertó de un colapso del sistema si se reducen los recursos. García Bellido indicó que en comparación con otros presupuestos, como el destinado a Defensa, el de I+D es «ridículo»: 2.860 millones de euros para 2012, según estimaciones de los investigadores. La comunidad científica estima que el recorte acumulado desde 2009 es del 31,51 por ciento en el apartado de subvenciones.

En el acto celebrado ayer se presentó la «carta abierta» en favor de la ciencia en España, firmada ya por más de 32.000 científicos de ochenta países, entre ellos seis premios Nobel, y que ha sido firmada a título personal por los representantes de PSOE, IU, UPyD y CiU.

La secretaria de Estado de Investigación aseguró que comparte las reivindicaciones contenidas en la misiva. «Es una carta razonada y justa», indicó Carmen Vela, quien agregó que también el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el propio Gobierno asumen la filosofía que cimienta el documento.

Según Vela, «estamos viviendo una situación de crisis económica grave y hemos de ser todos muy conscientes de que ésa es la situación y de que la ciencia no se puede mantener ajena, aunque solamente sea por solidaridad con el resto de los ciudadanos». La secretaria de Estado indicó que seguirá trabajando para que el «impacto en los científicos, las empresas y la ciencia sea el menor posible». «Esto no sólo es lo que nos preocupa, sino lo que nos ocupa este tiempo», remachó.

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En el fondo seguimos dándole vueltas a la “libre designación” que antes, igual que ahora, existía y debería erradicarse

Un colectivo sanitario denuncia el «acoso» a un hematólogo del HUCA

Defensa de la Sanidad Pública sostiene que las jefaturas son cubiertas «por afinidad personal o política»

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias (ADSP) denunció ayer el «acoso incesante» al que está siendo sometido el hematólogo Carlos Vallejo, responsable del programa de trasplante de médula ósea y cordón umbilical del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según un comunicado difundido por el citado colectivo, en lo concerniente al servicio de hematología y a la unidad de trasplantes de médula, la dirección del Hospital está «anteponiendo conflictos de índole personal a los criterios profesionales». Los defensores de la sanidad pública señalan que «pese a los resultados clínicos y el apoyo de los pacientes y la amplia mayoría de sus profesionales», el equipo directivo del HUCA recurrió a «una convocatoria "a la carta"» para relegar a la anterior jefa del servicio, Consuelo Rayón.

La situación del doctor Vallejo ya había sido publicitada por la delegación en Asturias de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), que ha salido en defensa del facultativo y de su equipo. A esta reivindicación se ha sumado un manifiesto suscrito por 3.568 firmas recogidas por los pacientes. Y más recientemente, mediante un comunicado remitido a LA NUEVA ESPAÑA, por 22 de los 28 miembros de la unidad que dirige el doctor Vallejo, en la que manifiestan su «respeto» y «admiración» por «la dedicación y el buen hacer profesional y humano» del facultativo, «bajo cuya dirección el trasplante hematopoyético en Asturias se ha situado, por número y complejidad de procedimientos, entre los tres primeros de España».

De otra parte, el documento de la ADSP señala que en el Hospital Central están llevándose a cabo «cambios organizativos sustanciales que modifican su estructura y funcionalidad, con la convocatoria de jefaturas de servicio ya ocupadas, o jefaturas de sección, incluso donde no existen vacantes, sin otra finalidad a la vista que reconfigurar las unidades asistenciales al modelo de gestión clínica a imagen y semejanza del partido en el gobierno». En ambientes sanitarios se detecta un cierto recelo ante la aceleración del proceso de relevos registrado en las últimas semanas, pese a la proximidad de las elecciones autonómicas previstas para el próximo día 25.

Los defensores de la sanidad pública subrayan el contraste entre «la inacción» en unas facetas y los «múltiples cambios organizativos de difícil explicación, a salvo de considerar otras variables como las afinidades personales o políticas». Tal conducta, matizan, «no es un fenómeno nuevo en la estructura organizativa sanitaria, pero sí cabe afirmar que en el momento actual estamos alcanzando cotas insospechadas de injerencia política».

Con relación a la gestión clínica, la ADSP reclama que se sigan «criterios estrictos de currículum, capacidad y experiencia para la elección de los responsables de las distintas unidades o servicios» (frente a la libre designación), así como que las citadas unidades se regulen «implementando la participación efectiva de los trabajadores con mecanismos democráticos y profesionales».

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