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PRENSA

Hoy a las 17:30 h, en La Felguera, hay Asamblea de Delegados de CC.OO. del Caudal y del Nalón preparatoria de la Manifestación del Jueves en Mieres…

Hoy a las 17:30 h, en La Felguera, hay Asamblea de Delegados de CC.OO. del Caudal y del Nalón preparatoria de la Manifestación del Jueves en Mieres…

La reivindicación social y política ante la situación del territorio
IU llama a la movilización y afirma que «aún hay tiempo para combatir la resignación»

La coalición respalda en bloque la manifestación de Mieres y exige una gestión «eficiente» del proceso de reindustrialización, sin «más excusas»

Mieres del Camino, David MONTAÑÉS, en La Nueva España

Las agrupaciones de IU de las Cuencas cerraron ayer filas para apoyar, en bloque, la manifestación que se celebrará el jueves en Mieres, convocada por UGT y CC OO. No sólo respaldaron la movilización, sino que advirtieron de que este tipo de medidas deberían haberse adoptado antes. El coordinador en Mieres, Luis Álvarez Payo, ejercicio de portavoz de sus compañeros, asegurando que «aún se puede combatir el sentimiento de resignación que invade al territorio». Remarcó que aún no es tarde para reorientar el rumbo, pero también matizó que «hay demasiada incertidumbre sobre el desarrollo de proyectos claves para nuestros futuro».

Los responsables locales de IU mantuvieron ayer un encuentro en Mieres y estuvieron respaldados por la dirección regional del partido. El secretario de Organización de IU de Asturias, Ángel González, señaló que hay motivos «más que suficientes» para que la ciudadanía de los valles mineros protesten en las calles: «Lo que se prometió en su momento no existe, se han dado demasiadas excusas, pero la realidad es que ha faltado voluntad política para dar respuesta a las demandas de esta zona de la región» . En este sentido, subrayó que los principales responsables son «los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP».

La manifestación convocada por los sindicatos responde a la delicada situación socioeconómica en que se encuentran las comarcas mineras. Tal y como ya ocurriera en Langreo, el pasado mes de noviembre, las centrales han vuelto a hacer un llamamiento social de protesta en las calles, esta vez en Mieres, bajo el lema : «En defensa de las comarcas mineras, ahora más que nunca». La protesta se realizará el próximo jueves, a partir de las siete y media de la tarde, entre la plaza del Ayuntamiento y el campus universitario de Barredo. IU considera que es necesario dar una continuidad a la citada movilización que se organizó en Langreo y que reunió a unas 7.000 personas: «Transcurridos varios meses, no se vislumbran los prometidos brotes verdes, es más, las cifras del paro han seguido aumentando hasta los 13.000 desempleados y la regulaciones han persistido».

El encuentro de la cúpula de IU de las Cuencas celebrado ayer en Mieres contó con la participación -además de los ya citados Ángel Suárez y Álvarez Payo- del coordinador de la coalición en Langreo, Benigno González, y del alcalde de Lena, Ramón Argüelles, además de dirigentes de Laviana, Morcín, Aller y Riosa. La coalición dejó claro que, bajo su punto de vista, las Cuencas necesitan un impulso por el que no se puede esperar más tiempo: «El debate político ha puesto al descubierto promesas sin concreción, una gestión deficiente en el desarrollo de la reindustrialziación y un optimismo con pies de barro apoyado en una retórica inútil y complaciente». Bajo este prisma, los responsables locales de IU sostienen que no queda otro camino que echarse a la calle: «La movilización es un recurso eficaz, ya que es necesario invertir la realidad».

IU remarcó ayer que están dispuestos a secundar todas aquellas medidas que contribuyan a dar un giro a las políticas que se desarrollan en los municipios mineros. «Estamos firmemente comprometidos con esta movilización y con todas las que sean necesarias», indicaron. Y añadieron: «Hay que invertir de manera permanente; las administraciones deben 'mojarse', por eso esta formación hace un llamamiento a la participación en la manifestación del próximo jueves».

«Necesitamos compromisos serios y fijar plazos creíbles»

Mieres, D. M., en La Nueva España

Los dirigentes de IU en las Cuencas apostaron ayer por dejar a un lado los discursos políticos para centrase en posturas reivindicativas: «Necesitamos compromisos serios», señalaron, para a continuación matizar que «las administraciones deben ser rigurosas y fijar plazos creíbles».

La coalición sostiene que la difícil situación en que se encuentran los municipio requiere para su solución de planteamientos desprovistos de partidismo: «Hay que hacer un frente común que sirva de revulsivo».

La formación de izquierdas repasó algunos de los puntos débiles que según su opinión impiden la proyección del territorio hacia el futuro. Citaron como ejemplo de proyectos sin concretarse el campus universitario de Mieres, la llegada de la red ferroviaria de alta velocidad (AVE) o la recuperación de la arqueología industrial. No obstante, para IU la mayor preocupación es la falta de empleo. Sus dirigentes criticaron el retraso que acumula la gestión de los nuevos polígonos industriales.

Los medios de comunicación adelantan la noticia…

Los medios de comunicación adelantan la noticia…

CC OO y UGT congelan la huelga general hasta después de las vacaciones

Las centrales barajan hacer coincidir la protesta con la jornada reivindicativa de la Confederación Europea de Sindicatos, el 29 de septiembre

15.06.10 - ELISA GARCÍA | MADRID, en El Comercio.

El plan de ajuste del Gobierno y la reforma laboral que, a juicio de los sindicatos, recorta derechos de los trabajadores por abaratar y facilitar el despido tendrán como respuesta una huelga general. Pero habrá que esperar a la vuelta de vacaciones, a septiembre, para que la convocatoria de la contundente respuesta sea un hecho. Así lo confirmaron ayer los secretarios generales de CC OO y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. Las dos organizaciones barajan hacer coincidir la huelga española con la jornada reivindicativa de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), prevista para el miércoles 29 de septiembre.

Un delicado y laborioso periodo se abre. CC OO y UGT tendrán que mantener vivo en los próximos meses el malestar surgido en la sociedad por el recorte salarial de los empleados públicos para los seis últimos meses de 2010; por la congelación de las pensiones en 2011; y por la reforma laboral que modifica el Estatuto de los Trabajadores a favor de los empresarios. Al posponer a septiembre la huelga general, CC OO y UGT dejan abierta la puerta a que, entre los motivos de la protesta, figuren otros «posibles decretos que atenten contra las pensiones y la negociación colectiva», comentaron fuentes sindicales, a la vez que señalaron que «esos son nuestros últimos temores».

Desde Comisiones se critica la estrategia del Ejecutivo por retrasar «todo lo que ha podido» el decreto de la reforma laboral y ha dejado a los sindicatos sin margen de maniobra para reivindicar antes de las vacaciones los derechos perdidos. «En esto también le ha ayudado la patronal CEOE al acudir a las reuniones cuando su voluntad de ruptura era clara», expuso el responsable de una importante federación.

CC OO y UGT habían pensado, en principio, convocar la huelga en la última semana de junio, pero el tiempo apremia y la convocatoria de un paro de estas características «no es un juego», remarcó el responsable de Comunicación de Comisiones, Fernando Lezcano. Ante los micrófonos de RNE hizo hincapié en que una huelga general «es algo muy serio». «La consideramos el último recurso y su preparación no se improvisa, requiere un esfuerzo en las empresas y en los centros de trabajo en un país en el que predominan mayoritariamente las pequeñas compañías», añadió.

Inconstitucional

UGT, la central 'hermana' del PSOE, no tiene la más mínima duda de que el borrador de decreto de reforma laboral está «claramente inclinado» hacia los intereses empresariales. Su responsable de Acción Sindical, Antonio Ferrer, afirmó que las medidas reflejadas producirán una «mayor dualidad en el mercado de trabajo». Desde la sede de su organización insistió en que el texto «atenta» contra el principio constitucional de igualdad, puesto que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) financiado por los empresarios, va a proteger a los trabajadores «con contrato de fomento del empleo indefinido» y deja fuera a los ocupados «con un contrato indefinido de carácter ordinario».

Además, el borrador rompe la fuerza vinculante de los convenios «otro precepto constitucional», dado que el Gobierno ha abierto una vía para aumentar el poder discrecional del empresario». Ferrer denuncia que las materias pactadas en los acuerdos colectivos pueden romperse unilateralmente.

El representante ugetista también se quejó de que sobre el nuevo fondo de capitalización que entrará en vigor en 2012 se desconoce todo. «No sabemos si al final vamos a ser los trabajadores los que pagaremos nuestras indemnizaciones», dijo.

El responsable de Acción Sindical de UGT y su homólogo en CC OO, Ramón Górriz, han solicitado al Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, una reunión urgente, de carácter extraordinario, de la comisión de seguimiento del diálogo social (foro de debate y negociación entre Gobierno y agentes sociales) para «ser informados de las medidas del plan de austeridad del Ejecutivo». Es un intento desesperado de corregir el borrador de decreto que casi con toda seguridad se convertirá en norma.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, mantiene una opinión muy distinta de la de los sindicalistas. Advirtió de que lo único que se conseguirá con una huelga general es perjudicar más la marcha de la economía, según recoge la agencia Efe. Instó a CC OO y UGT a que «dejen a un lado el inmovilismo y tengan altura de miras» para que se fijen en lo que se ha hecho en el resto de los países de la Unión Europea (UE) en los últimos años. «El país no está para huelgas. Todos debemos arrimar el hombre en la dirección adecuada», concluyó. Desde Cepyme tampoco se comparte el proyecto sindical.

«Que el país no está para huelgas es obvio. Pero eso lo tiene que pensar el Gobierno», respondió Lezcano. «De todos los que cuestionan que la huelga general sea la respuesta adecuada nadie me ha sabido decir cuál puede ser otra protesta que tenga la misma eficacia», explicó. Y ante el escaso resultado del paro de 24 horas organizado entre los empleados públicos, el portavoz de CC OO explicó que «nosotros (los sindicalistas) no estamos plenamente satisfechos, pero tampoco nos hacemos eco de una situación catastrofista que mantienen sectores interesados».

Habrá huelga general en septiembre

CC OO y UGT concretarán hoy la fecha del paro para forzar la retirada de la reforma laboral

Los sindicatos se dan tiempo hasta el otoño, tras el escaso eco de la movilización de funcionarios

El Gobierno «no entiende» la convocatoria y el PP la rechaza porque «no resuelve la crisis»

La Nueva España. Oviedo, Agencias / J. L. S.

Los sindicatos responderán a la reforma laboral y a otras políticas económicas del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la que será la séptima huelga general de la democracia. CC OO y UGT adelantaron ayer que llamarán a una movilización nacional y hoy concretarán la fecha, aunque fuentes sindicales ya dieron por seguro que será en septiembre, previsiblemente a finales de mes. Uno y otro sindicatos analizaron ayer por separado la respuesta al Gobierno y acordaron una estrategia clara de confrontación, aunque se ha evitado llamar a la huelga antes de julio, como se había llegado a sugerir en un primer momento. Tras el fallido ensayo de la huelga de funcionarios, los dirigentes subrayaron ayer la necesidad de tiempo para muscular la movilización en los centros de trabajo. Quieren asegurar que el seguimiento del paro esté a la altura de convocatorias como la de 2002, cuando otra huelga obligó al Ejecutivo de José María Aznar a retirar en parte otro «decretazo» de reforma laboral.

Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, afirmó: «Nuestro deseo es que sea una protesta masiva, por lo que debemos iniciar un proceso ascendente de movilización, porque estamos detectando que hay gente que pretende que sea un fracaso». Los sindicatos celebraron el pasado miércoles una huelga de funcionarios en contra del recorte salarial del 5% de media aprobado por el Ejecutivo, aunque tuvieron un escaso seguimiento.

Las comisiones ejecutivas de CC OO y UGT se reunirán hoy y, a continuación, los secretarios generales de ambas organizaciones, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, darán a conocer los detalles de la movilización en una comparecencia programada para las cinco de la tarde. Con este anuncio, los sindicatos cumplen la amenaza que han reiterado en varias ocasiones desde que el Gobierno aprobó en mayo el mayor recorte de gasto social en la historia de la democracia de España.

La convocatoria de huelga general se ha encontrado con muchas voces en contra. El Gobierno aseguro que «no entiende» que los sindicatos vayan a este paro. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, destacó que «la reforma hay que hacerla, es una necesidad para la economía española». El PP tampoco apoyará la convocatoria. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que el paro «ni es lo más adecuado para España en este momento ni soluciona la crisis económica y social».

El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, señaló que lo único que se consigue con una huelga general es perjudicar más la marcha de la economía. «El país no está para huelgas», declaró.

Antonio Pino (CC OO): «Tenemos que frenar las embestidas del Gobierno»

Justo R. Braga (UGT): «Hay motivos de sobra para la movilización»

En el PSOE pagarán dos peajes para aprobar la reforma laboral: el de los apoyos en el parlamento y el de “la calle”…

En el PSOE pagarán dos peajes para aprobar la reforma laboral: el de los apoyos en el parlamento y el de “la calle”…

El Gobierno da un plazo límite de dos días a los partidos para pactar la reforma laboral

Blanco exige a PP y CiU que pongan las «cartas sobre la mesa» porque «estamos dispuestos a hablar y a acordar, pero no a perder el tiempo»

El Comercio. 14.06.10 - ALFONSO TORICES | MADRID.

El Gobierno dejó ayer muy claras sus intenciones sobre la reforma laboral. Pase lo que pase en las conversaciones con los grupos parlamentarios, un Consejo de Ministros extraordinario aprobará el próximo miércoles el real decreto-ley que establecerá notables cambios en el mercado de trabajo español. Lo hará sólo unas horas antes de que José Luis Rodríguez Zapatero viaje a Bruselas para presidir el último Consejo Europeo del semestre español, donde quiere presentarse el jueves con los deberes anticrisis -las principales reformas estructurales- en marcha o concluidos. El calendario, por tanto, es inamovible.

El Gobierno, a través del ministro de Fomento, José Blanco, informó ayer a los partidos políticos de que sólo tienen 48 horas -el lunes y el martes- para negociar con el Ejecutivo y el grupo socialista los cambios que quieren introducir en el borrador de reforma laboral que el viernes pasado les remitió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, antes de que el miércoles el texto, basado en el fallido diálogo entre sindicatos y empresarios, se convierta en ley por la vía del decreto. «No hay prórroga, el tiempo es el que hay», zanjó el domingo Blanco, en clara respuesta al portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que sólo unas horas antes había reclamado al menos otra semana para tratar de mejorar el borrador oficial de 41 folios que descalificó como «un churro».

Intensas negociaciones

El Ejecutivo despliega desde la semana pasada una intensa actividad con los partidos políticos, en especial con CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria, pero también con el PP, con el objetivo de obtener una amplio apoyo parlamentario para la reforma laboral, que se plasmaría el próximo día 22 de junio en el pleno del Congreso, cuando la Cámara tendrá que ratificar o rechazar el real decreto-ley. El despliegue, que se completará durante el lunes y martes con reuniones directas, ha incluido múltiples contactos telefónicos de ministros e incluso del presidente Rodríguez Zapatero. El objetivo es doble: no volver a tener que transitar por la cuerda floja de la aprobación por la mínima, como ocurrió el 27 de mayo con la sesión de infarto en la que se ratificó el plan de recorte del gasto público, y obtener un apoyo político importante a la reforma que suavice la posible réplica de una huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios.

Sin embargo, pese a sus apuros, el Gobierno no quiere mostrarse débil ni que parezca que está de nuevo en manos de las minorías.«Estamos dispuestos a hablar, a dialogar y acordar, pero no a perder el tiempo», avisó el ministro José Blanco desde Santiago, en presencia de la plana mayor del socialismo gallego. El mensaje oficial es que todos partidos han exigido durante meses una reforma laboral y ahora, que está en discusión, lo que les toca es retratarse. Blanco abordó el tema con contundencia. Exigió al PP y CiU, los dos partidos que reclamaron estos cambios con más intensidad, que salgan de su ambigüedad negociadora y que pongan «las cartas sobre la mesa y que digan cuál es la reforma que ellos harían», si como dicen no les convence la del Gobierno. «Estamos dispuestos a flexibilizar y a favorecer las condiciones para la contratación de la gente, pero no a derogar derechos básicos de los trabajadores», puso el ministro como límite del diálogo.

Hasta el momento, sólo la izquierda parlamentaria ha puesto las cartas sobre la mesa. El voto de IU, BNG y Nafarroa Bai, en consonancia con el de los sindicatos, será ’no’. ERC, según sus declaraciones, es de los que más cerca del documento del Gobierno puede estar, al igual que CC. El PP, a diferencia del decreto de recortes, no descarta incluso el ’sí’, pero sigue sin hablar claro. La número dos popular, Dolores de Cospedal, se limitó ayer a decir que su partido apoyará «todas las reformas que sean buenas para los trabajadores de toda España».

CiU, uno de los grandes objetivos del Gobierno, enseña los dientes, pero aún no se sabe si es porque se encamina al ’no’ o por estrategia negociadora. De momento dice que el borrador es «un churro» que «no satisface a nadie» y reclama que se definan con más claridad las causas objetivas de despido, reducciones en las cuotas a la Seguridad Social y medidas contra el absentismo. El PNV, la otra sociedad más deseada, por el momento no ha dicho ni una buena palabra sobre el borrador y cuenta, además, con una presión hacia el ’no’ como es la estrategia del sindicato nacionalista ELA, que ya ha convocado junto con LAB una huelga general en el País Vasco para el 29 de junio.

CiU se radicaliza, el PP sigue en sus trece y el PNV se deja querer

La dureza que el portavoz de los nacionalistas catalanes exhibió en el debate sobre las medidas de ajuste fue sólo el principio. Este domingo, Duran i Lleida ha calificado de "churro" la reforma laboral, lo que no augura su respaldo de cara a la votación del día 22. Las elecciones del próximo otoño pesan mucho en CiU. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el PP sigue cerrado al diálogo, sólo queda buscar el apoyo del PNV.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 13.6.2010

El Gobierno lo tiene francamente difícil para que no se reproduzca en la votación de la reforma laboral la imagen de soledad que dio cuando se aprobó el 'tijeretazo'. En aquella ocasión, CiU se abstuvo y está por ver lo que hará con la reforma. De momento, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Durán i LLeida, ha calificado este domingo de "churro" el texto presentado el pasado viernes por el Gobierno y ha advertido de que, tal y como está redactado, su formación no lo apoyará en la votación prevista para el próximo 22 de junio.

"Sinceramente, el texto me sorprende y lo encuentro un churro. No acabo de entender lo que se pretender lanzar con el mensaje de la reforma laboral", ha dicho el portavoz de los nacionalistas catalanes, en declaraciones a la Cadena SER, y ha añadido: "El actual texto no nos convence. O lo hacemos entre todos, y el Gobierno asume la responsabilidad, o no tendrá nuestro apoyo".

Duran, por otra parte, se ha quejado de las prisas que tiene ahora el Ejecutivo, tras dos años de negociaciones con los agentes sociales, para sacar la reforma adelante y ha considerado que sería bueno disponer de "una semana más" para negociar. A su juicio, es "precipitado" que este asunto tenga que resolverse en "24 horas", sobre todo porque "el texto es largo y farragoso", cuando debería ser "simple, contundente y llamativo para los mercados".

El líder de CiU en la Cámara Baja, ha explicado que el documento no define las causas objetivas de despido, no aclara las reducciones en la cuota de la Seguridad Social para los empresarios y no entra a combatir el absentismo laboral. A la formación catalana tampoco le gusta que la propuesta penalice el trabajo temporal. En su opinión, lo que ha hecho el Gobierno es poner encima de la mesa una oferta "vaga" al resto de partidos, para que sean otros los que propongan medidas de mayor calado. "El Gobierno tiene que mojarse", ha advertido, para añadir que, si no ha hecho otro planteamiento es porque "no se atreve por su relación con los sindicatos".

"EL TIEMPO ES EL QUE HAY"

El hecho es que no parece que el Gobierno esté dispuesto a conceder más prórrogas. Lo ha dejado claro el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que también ha reclamado al PP que ponga "las cartas sobre la mesa" y revele sus propuestas para abordar la reforma laboral antes del próximo miércoles, cuando el Consejo de Ministros aprobará la regulación. "Estamos dispuestos a hablar, a dialogar y a acordar, pero no a perder el tiempo", ha subrayado para concluir que "no hay prórroga, el tiempo es el que hay". Previamente, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha vuelto a criticar la reforma que propone el Gobierno y ha arremetido contra Blanco, a quien ha definido como "el Atila para el diálogo político entre los españoles"

Por otra parte, y según avanza la agencia Europa Press, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está 'cortejando' al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, con el que en las últimas semanas ha incrementado el número de conversaciones telefónicas, después de reconocerle, en una llamada, que él y su Gobierno no habían hecho esfuerzos suficientes para conseguir el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) al decreto de recortes que se convalidó el pasado día 27 de mayo en el Parlamento. Ahora, y con la vista puesta en la convalidación del decreto de reforma laboral y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, se multiplican los contactos.

Al parecer, Zapatero telefoneó al dirigente nacionalista cuando este anunció, el 26 de mayo, que el PNV votaría en contra del citado decreto, por el que se rebaja el salario de los funcionarios en un 5 por ciento de media y se congelan las pensiones. Ese día, Urkullu argumentó que las medidas del Ejecutivo eran "injustas" e "insuficientes" y las calificó de "imposición" por no haber sido dialogadas con el resto de partidos. Al mismo tiempo, desvelaba que el PNV había pedido al Gobierno, formalmente y por carta, aclaraciones sobre el decreto y le había sugerido propuestas "constructivas" sin haber obtenido respuesta.

Tras este anuncio y antes de las votaciones del día 27 de mayo en el Parlamento, Zapatero telefoneó a Iñigo Urkullu en un intento de que el PNV modificara su decisión y no votara en contra del decreto de recortes. Sin embargo, el dirigente nacionalista no hizo más que confirmarle personalmente al presidente la decisión que acababa de anunciar.

Finalmente, el decreto del Gobierno salió aprobado por tan sólo un voto de diferencia y gracias a la abstención de CiU, por lo que ese mismo día, desde el Gobierno se admitía la necesidad de "recomponer" los apoyos parlamentarios.

ZAPATERO TRABAJÓ POCO EL APOYO DEL PNV

De hecho, uno o dos días después de la votación, el jefe del Ejecutivo volvió a telefonear al presidente del PNV y en esta ocasión, le reconoció que no se había trabajado lo suficiente el apoyo del Partido Nacionalista a las medidas del Gobierno para una reducción más drástica del déficit y cumplir así con el mandato europeo.

Las fuentes consultadas por Europa Press explican que Zapatero está actuando ahora conforme al reconocimiento que le hacía a Iñigo Urkullu y en las últimas semanas ya ha mantenido contactos con el presidente del PNV para recomponer los apoyos y, sobre todo, ahora que el Gobierno tiene por delante la necesidad de convalidar en el Parlamento el decreto de reforma laboral que aprobará el Gobierno el próximo miércoles y con los ojos puestos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo techo de gasto se tiene que aprobar antes de que concluya este periodo de sesiones.

PRESUPUESTOS GENERALES

Precisamente, este último asunto, la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, es una de las cuestiones que más preocupan al Ejecutivo de Zapatero, porque de no lograr los apoyos suficientes, una prórroga presupuestaria podría provocar una caída del Gobierno. Por ello, y ante el anuncio realizado por el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, de que su grupo votará en contra de las cuentas públicas para 2011, al Ejecutivo no le queda más opción que tratar de recomponer los apoyos parlamentarios para evitar una convocatoria anticipada de elecciones. En este despliegue de contactos, el diputado socialista y también vasco Txiki Benegas está jugando un papel de nexo para tratar de limar asperezas con los nacionalistas vascos y allanar el camino del entendimiento.

No en vano, el voto del PNV para los próximos presupuestos aún no está decidido, según reconocen dirigentes nacionalistas, sin embargo, hay quien ya está sopesando si les conviene dejar caer el Gobierno en las actuales circunstancias en las que el PP podría llegar a lograr mayoría absoluta si se celebraran elecciones anticipadas. Esta misma teoría la defienden dirigentes del PSOE, quienes están convencidos de que ni al PNV ni tampoco a CiU les interesa dejar caer al Gobierno porque un adelanto electoral podría obligar a realizar las generales a la vez que las municipales y autonómicas de 2011 y unas elecciones al Parlamento movilizan mucho más voto y lo polarizan todo entre el PSOE y el PP.

Además, en el caso de Cataluña, los socialistas suman muchos más votos en las elecciones generales, de modo que CiU, que dará la batalla por varios ayuntamientos catalanes --entre ellos el de Barcelona, la ciudad más grande que gobierna hoy el PSOE-- podría ver perjudicadas sus opciones si municipales y generales se celebrasen el mismo día.

El propio Zapatero, y también su antecesor socialista en la Moncloa Felipe González, mostraron esta semana pasada sus dudas de qué hará el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, cuando lleguen los Presupuestos al Congreso, a pesar de que hace pocas semanas advirtió de que estaría en contra.

ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO

No obstante, las dudas sobre lo que puede ocurrir con el voto de nacionalistas vascos y catalanes ha obligado a Zapatero a desplegar toda una estrategia de acercamiento al PNV y a su presidente, Iñigo Urkullu, que además viene precedida de otro intento reciente que hizo el presidente del Gobierno. Fue el pasado 6 de abril, cuando el jefe del Ejecutivo invitó al presidente del PNV a una cena en Moncloa que duró cerca de cuatro horas.

En aquel momento, el llamado 'tridente' del Gobierno --los ministros de Economía, Fomento e Industria-- estaba negociando con los grupos un paquete de medidas contra la crisis en lo que se ha llamado el 'Pacto de Zurbano', que no llegó a ser tal.

El jefe del Ejecutivo necesitaba el respaldo de los grupos parlamentarios y llamó a Moncloa al presidente del PNV para sondear su apoyo a estas medidas y también para mejorar las relaciones con este partido, con cuyo presidente no había vuelto a hablar desde octubre de 2009, cuando se estaban negociando los apoyos para los Presupuestos Generales del Estado.

Ahora, y ante la necesidad más inmediata que de nuevo tiene el Gobierno de apoyos parlamentarios para sacar adelante otras cuestiones como el decreto de reforma laboral, que se aprobará el próximo miércoles 16 de junio, el Ejecutivo está trabajándose los apoyos de varios grupos minoritarios, entre ellos el PNV, cuyos diputados ya han mantenido encuentros con el Ministro de Trabajo, quien les ha expuesto las medidas en las que está trabajando el Ejecutivo para intercambiar posturas.

Es más que probable que, con el decreto, las empresas utilicen el despido individual por razones económicas más asiduamente … ¡¡es mucho más barato!!

Es más que probable que, con el decreto, las empresas utilicen el despido individual por razones económicas más asiduamente … ¡¡es mucho más barato!!

Los sindicatos nacionalistas de Euskadi ya le pusieron fecha a su Huelga General

La reforma laboral puede rebajar hasta un 70% las indemnizaciones por despido

La fórmula para las empresas con pérdidas facilitará un tipo de rescisión de contratos fijos que reduce el coste a un máximo de un año de salario

Oviedo, L. GANCEDO, en La Nueva España

El borrador de reforma laboral que el Gobierno pretende aprobar el miércoles y negociar paralelamente con la oposición incluye modificaciones en el despido individual que pueden tener un impacto de alcance en las indemnizaciones que perciben los trabajadores. Entre otros, se contemplan tres cambios: la revisión de las causas del despido por razones económicas, la generalización de los contratos de fomento del empleo para los nuevos trabajadores fijos -que rebajan la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año de antigüedad-, y la revisión al alza de las compensaciones a las que tienen derecho los asalariados con contrato temporal, que pasarán de 8 a 12 días en 2014. Con tales modificaciones, las indemnizaciones pueden bajar hasta un 70% en el caso de los trabajadores fijos y subir un 50% para los eventuales.

El Gobierno ha alumbrado un proyecto en el que aún falta letra pequeña. La dimensión de los cambios sobre el despido por causas económicas, por ejemplo, queda abierta a precisiones que podrían incorporarse durante el diálogo con los partidos. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha adelantado que el Ejecutivo pretende que sea causa suficiente que la empresa acredite pérdidas durante seis meses, aunque en el documento se habla sólo de pérdidas «no meramente coyunturales».

La reforma abre así la puerta a que las empresas puedan utilizar el despido individual por razones económicas más asiduamente y con más probabilidad de éxito ante los tribunales.

¿Qué supone esa reforma para las indemnizaciones? Por comparación con el «despido exprés» (despido teóricamente disciplinario y reconocido como improcedente por la empresa), el más usado ahora, las diferencias serían la siguientes para un trabajador fijo que tenga un salario bruto anual de 25.000 euros (media de Asturias) y una antigüedad de diez años: con el «despido exprés», el caso no llegaría a juicio y el empleador abonaría una indemnización de 31.248 euros (45 días de salario por año trabajado); si la empresa consigue acreditar ante el juez que lleva seis meses en pérdidas, la indemnización por «despido objetivo» (20 días por año) se quedaría en 13.888 euros.

La diferencia es del 55%, pero puede llegar al 70% si el despido afecta a un trabajador muy veterano (con 28 años de antigüedad) y que tenga derecho a las indemnizaciones máximas: 42 mensualidades con el despido improcedente y 12 mensualidades con el despido objetivo. En el primer caso, el despedido debería cobrar 87.500 euros; en el segundo, los 25.000 euros del salario de un año.

La legislación laboral española ya contempla que un empresario pueda recortar plantilla alegando razones económicas que están descritas en el Estatuto de los Trabajadores. Allí se dice: «cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo», la empresa podrá acogerse al despido objetivo.

Pero la práctica ha terminado por arrinconar la utilización de las «causas económicas» como vía para los despidos individuales. Según una opinión extendida entre los juristas, la ambigüedad de la norma en lo que se refiere a los motivos económicos provoca que de manera sistemática esta forma de despido acabe en largos pleitos y con sentencias que en la mayoría de los casos declara la improcedencia del despido y lo encarecen.

La norma de los seis meses de pérdidas que ha puesto el Gobierno sobre la mesa puede abrir paso ahora, según ha reconocido el Ejecutivo, a un escenario jurídico menos confuso que facilitará el uso de una de las formas más baratas del despido que prevé la legislación.

La fecha elegida por los sindicatos “nacionalistas” es el 29 de Junio que pudiera o no coincidir con la de los sindicatos mayoritarios…

Los sindicatos convocan ya huelga en el País Vasco

Bilbao, Agencias
Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, Hiru y Ehne han convocado una huelga general para el próximo 29 de junio en País Vasco y Navarra, con el objetivo de mostrar su rechazo a los recortes del gasto público y a la reforma laboral que plantea aprobar el Gobierno central. Las centrales anunciaron la convocatoria tras una concurrida manifestación en Bilbao contra la política económica del Ejecutivo.

Los ritmos de tramitación de los polígonos ponen en entredicho el objetivo de creación de suelo industrial para captar empresas que generen empleo…

Los ritmos de tramitación de los polígonos ponen en entredicho el objetivo de creación de suelo industrial para captar empresas que generen empleo…

Las Cuencas aún tienen parados cinco polígonos con fondos del plan minero que acabó en 2005

Las áreas de Villallana, La Cobertoria, La Moral, Comillera y Las Vegas no acaban de arrancar pese a disponer de una inversión conjunta de más de 30 millones de euros

Foto: Terrenos reservados para el futuro polígono de La Cobertoria en Lena.

Langreo / Mieres, P. CASTAÑO, en La Nueva España.

Los ayuntamiento de Langreo, Lena, Caso y Sobrescobio aún no han puesto la primera piedra a polígonos industriales que cuentan con partidas de los fondos mineros del anterior Plan de la Minería, el comprendido entre 1998 y 2005. Aunque todos los Gobiernos municipales de las Cuencas consideran una prioridad la creación de suelo industrial para captar empresas que generen empleo, los ritmos de tramitación de los polígonos ponen en entredicho el empeño.

Las áreas industriales de Villallana y La Cobertoria en Lena, La Moral II en Langreo, las Vegas en Caso y Comillera en Sobrescobio sólo existen en los planos a pesar de que recibieron sus primeras inyecciones económicas con cargo a los fondos mineros en el plan 1998-2005. Son cinco proyectos de polígonos que cuentan con partidas asignadas de más de 30 millones de euros que, por diferentes motivos, no acaban de arrancar. La mayoría ha chocado con las restricciones impuestas por otros organismos públicos como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Junto a esas áreas industriales hay otras tres con partidas de las anualidades de fondos mineros de 2006 y 2007 que tampoco han arrancado. Son los casos de los polígonos de Cabañaquinta y Corigos, en Aller, y El Sutu II, en Laviana. Sumados a los anteriores, ya son ocho polígonos con financiación, de los que, de momento, no hay rastro. Entre los proyectos del anterior Plan de la Minería destaca el de Villallana porque tiene asignada una partida de 25.015.182 euros y se convertiría en una de las mayores áreas industriales de las Cuencas, al disponer inicialmente de una superficie bruta de 281.000 metros cuadrados. En la zona ya se han instalado con precarios accesos empresas como Rioglass Solar o Asturiana de Laminados, pero el área empresarial está sin urbanizar. El Ayuntamiento de Lena ni dispone de los terrenos puesto que aún tiene pendientes expropiaciones del suelo tras años de gestiones en los que por medio la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha recortado parte de la superficie útil al afectar a terrenos inundables.

Sí dispone Lena, en cambio, de terrenos para el polígono de La Cobertoria, pero en la adquisición del suelo ha gastado los 1.202.024 euros que tenía de los fondos mineros tras años de trámites y ahora no dispone de dinero para urbanizar los 70.200 metros cuadrados brutos de suelo y acometer los accesos. Por ese motivo, el Ayuntamiento reclama otros tres millones de euros del Plan de la Minería para esta intervención.

Por su parte, Langreo dispone de 2.000.0000 de euros de fondos mineros del anterior plan del carbón para construir el polígono de La Moral II, prolongación de la actual área industrial del valle del Candín inaugurada hace año y medio. El Ayuntamiento de Langreo se centró en el desarrollo de la primera fase y no ha sido hasta hace poco más de un año cuando ha puesto en marcha los trámites urbanísticos para crear otros 50.000 metros cuadrados de suelo industrial con las partidas de 500.000 euros que tenía para la denominada segunda fase de La Moral y los 1.500.000 euros de la tercera fase.

Los otros dos polígonos sin iniciar las obras pese a tener fondos mineros desde hace más de un lustro son las primeras áreas industriales del parque natural de Redes: Las Vegas y Comillera. El de Las Vegas, en el concejo de Caso, dispone de 1.108.820 euros para desarrollar 38.600 metros cuadrados de suelo. El Ayuntamiento tuvo en su momento que rehacer el proyecto inicial por los afecciones a zonas inundables apreciadas por el Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el plan aún sigue en fase de tramitación.

Más adelantado está el proyecto del polígono de Comillera en Sobrescobio, que tendrá una superficie de 22.900 metros cuadrados. El Ayuntamiento dispone de 1.371.770 euros de fondos mineros del anterior plan, al que se han sumado 200.000 del actual, y en este caso la tramitación urbanística ya está casi completada, aunque aún no se han acabado de resolver las expropiaciones. El Gobierno de Sobrescobio espera que las obras puedan comenzar antes de que acabe este año.

Entre Cataluña por arriba y Andalucia y Extremadura por abajo, ¿a quién nos parecemos más?...

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Presión por la izquierda a la subida tributaria

El Principado aplicó el modelo catalán y se vio superado por Extremadura y Andalucía

Migoya afirma que el Gobierno regional no cambiará su decisión, aunque deja la puerta abierta a que lo haga la Junta

13.06.10 - J. R. E. / E. A. | GIJÓN / OVIEDO, en El Comercio.

La subida del tramo autonómico del IRPF acordada por el Gobierno del Principado se proyectó de acuerdo con un baremo similar al adoptado por otra comunidad gobernada por el PSOE, Cataluña, e incluso podía presentarse a sus bases como una medida más progresista que la del Ejecutivo de José Montilla, al aumentar el impuesto a las rentas que superen los 100.000 euros, en lugar de los 120.000 del caso catalán. Sin embargo, la decisión del equipo de Vicente Álvarez Areces no tardó en ser superada a la baja por otros dos gobiernos socialistas, los de Andalucía (80.000 euros) y Extremadura (60.000). Una circunstancia que no ha desaprovechado Izquierda Unida para meter presión sobre su socio mayoritario de gobierno en Asturias, exigiendo que el aumento tributario se aproxime al decidido por el mismo partido en otros territorios.

¿Es factible que esta presión dé sus frutos y se modifique la cifra de ingresos a partir de la cual se subirá el principal impuesto directo? No en el seno del Gobierno del Principado, según dejo claro ayer mismo su portavoz, Ana Rosa Migoya. Sin embargo, las cosas pudieran cambiar cuando se pase al debate en la Junta General del Principado, en la que el PSOE no dispone de mayoría suficiente para dar de paso el proyecto del Ejecutivo. Así lo admitió también la consejera de Administraciones Públicas y portavoz, al señalar que, aunque la decisión del gabinete ya está recogida en el proyecto de ley y no va a cambiar, «a partir de ahí se discutirá en el ámbito parlamentario y el Gobierno ya no va a entrar en esa discusión».

No es la primera vez que el apoyo a las políticas de la Generalitat catalana pone a Areces en una difícil tesitura ante sus socios. Al inicio de la anterior legislatura, el jefe del Ejecutivo asturiano defendió públicamente en varias ocasiones la posición que defendía el entonces mandatario catalán Pasqual Maragall para la reforma del modelo de financiación autonómica. «No hay ningún fundamento que permita afirmar que Asturias perdería» con la propuesta catalana, decía el presidente del Principado en diciembre de 2003. Nueve meses después, lo que afirmaba es que la postura que defendía su correligionario catalán «rompe la España solidaria», pero entre ambas frases ya había tenido que soportar no pocas críticas sobre todo por parte del PP, pero también de la coalición con la que compartía el Gobierno, por su respaldo a Maragall.

En esta ocasión ha sido también Cataluña una de las primeras comunidades en acometer una reforma tributaria que incluya también a los titulares de las rentas más altas en el grupo de paganos directos de las consecuencias de la crisis económica y las medidas de ajuste presupuestario obligadas por ésta, tras los reproches generalizados a José Luis Rodríguez Zapatero por no hacerlo en el primer paquete de medidas del Gobierno central, que castigó sobre todo a funcionarios y pensionistas. La propuesta de Montilla fue subir dos puntos el IRPF a las rentas mayores de 120.000 euros y cuatro, a las que superen los 175.000.

Carácter técnico

El Principado quiere ahora destacar el carácter eminentemente técnico de las decisiones de las distintas comunidades autónomas. «Eso tiene que ver con las características y los ingresos medios de cada comunidad», por eso «no existe una cifra que se haya estandarizado, algunas comunidades están por debajo y otras por encima», explicó ayer Ana Rosa Migoya. Añadió que el Ejecutivo asturiano optó por el límite de los 100.000 euros «porque entiende que, si se trata de gravar las rentas a aquellos ciudadanos de nuestra comunidad que tienen los ingresos más altos, estaríamos en esa franja».

Unas explicaciones que no convencen a IU, dado que tampoco hay más razones que la decisión política para no ampliar o estrechar la franja de contribuyentes obligados a pagar ese punto más a la hora de cumplir sus obligaciones con Hacienda. Los ejemplos andaluz y extremeño siguen siendo la mejor baza para que la coalición reclame a su socio mayoritario una medida que se considere más «a la izquierda»; en concreto, pidió desde el inicio del debate aplicar la subida a partir de los 60.000 euros, la misma cifra aprobada en Extremadura. En el Consejo de Gobierno no logró su propósito, pero la Junta General le proporcionará un nuevo escenario para intentarlo.

O sea que los argumentos “en contra” de los Acuerdos de septiembre de 2009, firmados por CSIF, UGT y CC.OO., ahora tienen que ser “a favor” para poder recurrir…

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EL ACUERDO NO SOLO NO ERA MALO SINO QUE ES IMPRESCINDIBLE

El «tijeretazo», a la vía penal

Usipa, sindicato mayoritario en las consejerías del Principado, denuncia a Zapatero ante el Supremo por ir contra los derechos de los trabajadores, por malversación y por usurpación de atribuciones.

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El recorte salarial a los empleados públicos, conocido como «tijeretazo», llegará a la vía penal. El sindicato Usipa, mayoritario en las consejerías del Principado, ha denunciado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de atribuciones. Según José Luis González, presidente de la junta de personal funcionario, donde representa a Usipa, es la primera denuncia de esta naturaleza en todo el país.

Usipa formalizó esa demanda el pasado viernes, después de que muchos de sus afiliados planteasen la posibilidad de llevar a cabo esa acción judicial en el transcurso de las asambleas internas, previas a las movilizaciones de las últimas semanas. Este sindicato, que cuenta con unos tres mil afiliados, argumenta en su denuncia que la decisión de Zapatero de recortar el sueldo a los empleados públicos se salta el acuerdo alcanzado con los sindicatos en septiembre pasado, que preveía un incremento salarial del 0,3 por ciento para 2010. El sindicato considera que el Gobierno, «en vez de reducir gastos superfluos, recorta el sueldo a los trabajadores como si fuesen los culpables de su mala gestión». Además, el sindicato sostiene que el presidente del Gobierno debía haber sometido las decisiones de congelar las pensiones y suspender las jubilaciones parciales al Pacto de Toledo. La demanda de Usipa también plantea que el Ejecutivo no puede acogerse a la existencia de «una causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas» para suspender los acuerdos firmados «pues ha mantenido gastos ajenos a todo interés público», tales como una partida de 2,2 millones, aprobada el 22 de mayo, para asociaciones dependientes de partidos políticos estatales presentes en el Congreso.

En Gijón, con 4 PACs ya lo imaginábamos, pero ¿qué pasa en Oviedo con sólo uno?...

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«Los usuarios se han adaptado bien»

Atención Primaria no registra incidencias tras concentrar el servicio en cuatro centros de salud a partir de junio

Los cambios en la atención urgente a partir de las ocho de la tarde se aplican sin problemas

12.06.10 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Con normalidad. Los cambios propiciados por la Gerencia de Atención Primaria de Gijón, que decidió concentrar en cuatro centros de salud la atención urgente a partir de las ocho de la tarde, han sido bien recibidos por los pacientes. Según precisó su máximo responsable, el gerente Antonio Molejón, «los usuarios se han adaptado bien a los cambios», que entraron en vigor el pasado día 1 de junio.

Desde esa fecha, los pacientes que necesiten ser atendidos en un centro de salud a partir de las 20 horas deberán acudir bien a Puerta de la Villa, La Calzada, El Parque-Somió o El Llano. El Servicio de Salud (Sespa) propició este cambio en las tres áreas centrales (Gijón, Oviedo y Avilés), concentrando los puntos de atención continuada a partir de las ocho de la tarde.

Hasta finales de mayo, eran varios los centros de salud urbanos que mantenían sus consultas abiertas hasta las diez de la noche. Sin embargo, con la intención de ofrecer una mejor atención y garantizar siempre la presencia de un médico y una enfermera en el propio centro, las autoridades sanitarias optaron por concentrar los equipos en cuatro puntos de la ciudad.

La modificación, adelantada en su día por EL COMERCIO, fue dada a conocer en el transcurso de una reunión del Consejo de Salud. Dos semanas después, el gerente de Primaria del área está satisfecho con los resultados: «Está funcionando muy bien», señaló.

La gerencia de Primaria está monitorizando la actividad de todos estos centros y también de los que adelantaron su cierre de las 22 a las 20 horas. «De momento, todo va bien. No hemos recibido queja alguna», precisó Molejón.

Reforma Quirós

A partir de ese horario, todos los recursos de atención urgente se concentrarán en los cuatro puntos anteriormente citados. Los centros afectados por los cambios son los de El Natahoyo, Severo Ochoa, Contrueces, El Coto, Laviada y Roces-Montevil.

La unificación de los puntos de atención continuada forma parte de la reforma de la red de Primaria planteada por la consejería que dirige Ramón Quirós. Dicho punto está contemplado en los acuerdos firmados el 8 de octubre de 2008 con los sindicatos CC OO y UGT y que dieron como resultado el nacimiento de las unidades de gestión clínica y la apertura de las consultas en horario de tarde (en el tramo de 15 a 20 horas).

En La Calzada, El Llano, El Parque-Somió y Puerta de la Villa habrá equipos duplicados (dos médicos y dos enfermeras). Esto permitirá garantizar la atención en el propio centro, incluso cuando uno de los facultativos o enfermera tenga que ausentarse para cubrir un domicilio. El único equipo que no estará duplicado es el del Parque-Somió, donde la demanda asistencial en horario nocturno es menor.

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