Los funcionarios, casi un mes sin paga
El ajuste de Zapatero supondrá que la mayoría de los trabajadores del Principado pierda hasta 135 euros en cada nómina, al año entre el 50% y el 80% de un salario mensual.
Oviedo, E. LAGAR / Pablo GONZÁLEZ, en La Nueva España
«Prácticamente vamos a trabajar un mes gratis para Zapatero». Ayer daba igual a que puerta sindical se llamara. Tras casi todas la indignación era la nota predominante después de que en la noche del jueves el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero concretara el «tijeretazo» que van a sufrir los sueldos de todos los trabajadores públicos del país, de los que en Asturias hay más de 60.000.
Y tras todas éstas puertas las calculadoras echaban humo afanándose en lograr un güarismo exacto sobre las cantidades que los funcionarios dejarán de percibir dentro de un sistema de retribuciones y complementos muy heterogéneo. Las reducciones de sueldo oscilarán, tomando los tramos más bajos de cada categoría y sin tener en cuenta la antigüedad, entre los 135 euros que dejará de ingresar un médico o un abogado (grupo A1), a los 9 euros que cada mes dejarán de percibir ordenanzas, peones u operarios del servicio de limpieza (grupo E).
Si como referencia se toma la cúpula de la pirámide funcionarial, los jefes de servicio, la reducción mensual será de 212 euros. En lo que se refiere al escalón más bajo de la cadena de mando, la jefatura de negociado, la pérdida de ingresos mensuales será de más de 80 euros.
En el caso del Principado el número de trabajadores públicos, entre los funcionarios y personal laboral de administración, el personal docente y el estatutario del Servicio de Salud (Sespa), roza las 36.000 personas.
De éstos, una mayoría, aproximadamente más de 21.000, forman parte de los grupos correspondientes a los que poseen algún título universitario o un título de bachiller superior. Éstos grupos sufrirán un recorte anual que oscilarán entre el 84 y el 50 por ciento de una de las catorce nóminas que los funcionarios ingresan cada ejercicio. «La gente está negra. Una cosa es que nos recorten y otra que nos lo quiten y lo siga administrando este señor (en referencia a Zapatero). Nos quitan casi un sueldo íntegro. ¿A dónde va a ir a parar todo este dinero, a otro plan E?», se preguntaba ayer Gumersindo Rodríguez, responsable del sindicato de educación Anpe. Tomando como ejemplo el gremio del profesorado puede bajarse más al detalle. En Asturias, y dependientes del Principado, hay unos 11.500 profesores de primaria, secundaria y Formación Profesional (FP). Todo ellos titulados superiores o medios. Así, un maestro, y sin tener en cuenta su antigüedad (en la administración se calcula por trienios, que para este caso son de 35 euros) de primaria dejaría de ingresar 106 euros al mes. Mientras, un profesor de FP perderá un mínimo de 120 euros. Los docentes con plaza en un instituto de Secundaria verán reducida su nómina como poco en 137 euros, y un catedrático en más de 170. Para el caso del personal de los médicos, enfermeras del Sespa los recortes son muy parecidos debido a que éstos se centran en tres epígrafes que cobran por igual todos los funcionarios: sueldo, complemento de destino y complemento específico fijo.
Dado que el recorte progresivo se centra en el sueldo -de entre el 0,56% al /%-, y el lineal -del 5% para todas las categorías salvo para la E, que será del 1%- en los dos complementos, desde sindicatos como USIPA, su coordinador general, José Luis González, tacha la medida de «injusticia contra los más débiles». Y es que advierte que la suma de los dos complementos supera a la del sueldo, lo que «hace que los que menos ganan comparativamente pierden más que los más cobran, es injusto».
Los sindicatos sectoriales anuncian nuevas manifestaciones y recursos contra el recorte.
Oviedo / Madrid, La Nueva España
Los sindicatos sectoriales con representación en los servicios de sanidad, educación y administración del Principado anunciaron ayer nuevas movilizaciones en protesta por el recorte de sus salarios que entrará en vigor el junio. «Pretenden hacer pagar la crisis a quien no tiene ninguna responsabilidad», aseguran los sindicatos en una nota. En ella anuncian nuevas manifestaciones -las primeras tuvieron lugar el miércoles y el jueves con distinto seguimiento por parte de los afiliados de cada sindicato- de cada sector la próxima semana. Mientras, han convocado una manifestación para el día 2 de junio. La protesta comenzará a las seis de la tarde desde la estación ovetense de Renfe y recorrerá las calles de Oviedo hasta llegar la Plaza Porlier.
Al tiempo, la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), tras denunciar ayer «la desvergüenza y la cobardía del Gobierno de Zapatero» por la reducción del suelo de los trabajadores públicos y la congelación de las pensiones, anunció que recurrirá los recortes retributivos «en el mismo momento en el que se hagan efectivos». CC OO, UGT y CSIF también lo estudian. Mientras, el colectivo de técnicos de Hacienda, Gestha, asegura que Asturias es la quinta región a la que menos afecta el recorte de sueldos.
«Volvemos a salarios de hace diez años»
Los funcionarios asturianos critican al Gobierno de Zapatero por actuar «con improvisación» y no explicar con claridad los descuentos que sufrirán sus nóminas.
Oviedo,
Marta PÉREZ
Los funcionarios asturianos no están satisfechos, en cuanto a su claridad, con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno de Zapatero tras el Consejo de Ministros que aprobó el «tijeretazo». Creen que las explicaciones fueron «poco aclaratorias» y que responden a la «improvisación». Félix García Fernández, Emma Fernández Alonso, Avelino Mariño Ordiz y Juan José Villar son 4 de los 60.000 empleados públicos asturianos que verán recortadas sus nóminas por el ajuste económico del Gobierno. Ayer, día de ajetreo inusual en los centros de trabajo que poseen las distintas administraciones en la región, los funcionarios no tenían claro qué porcentaje verían detraído de su sueldo y los líderes sindicales se pasaron el día dando explicaciones a sus afiliados.
Félix García Fernández, personal laboral del Ministerio de Economía, lleva treinta años trabajando para la Administración en Asturias. Cree que entra en el grupo del recorte del 5 por ciento, aunque aún no lo tiene claro. «Hay mucho malestar, la gente está muy inquieta, no se sabe qué trabajadores están dentro o fuera del recorte ni en qué medida les afecta», asegura. «Contábamos más o menos con la congelación salarial, el escenario no era el más idóneo, pero nadie pensaba en una rebaja», sostiene. Emma Fernández Alonso, funcionaria del Ministerio de Trabajo, se confiesa mileurista y cuenta -tampoco está segura- con que le descontarán de la nómina un 2,5 por ciento, lo que le supondrá unos 40 euros menos al mes. «La congelación salarial se hubiera asumido mejor, pero esto... la gente está muy cabreada», afirma. Avelino Mariño Ordiz trabaja en Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). Cree que además del porcentaje que le retraerá la Administración central habrá que descontar también el porcentaje de la Administración autonómica. «No tengo ni idea de cuánto será», afirma. «La solución por la que ha optado el Gobierno es la más fácil. Nuestras retribuciones salen publicadas en el BOE y en el BOPA. Lo más rápido y cómodo es quitarnos a nosotros», sostiene el trabajador público.
Juan José Villar, funcionario de prisiones desde hace veinte años, ha echado cuentas y le salen peor que a sus compañeros. «Cuento con una bajada de entre 100 y 120 euros al mes, y soy mileurista», sostiene el trabajador. «Y no sólo significa un recorte salarial, sino también la base de cotización, que también bajará. Lo que está pasando ahora es algo histórico. Esto es volver a sueldos de hace diez años», asegura Villar, que también critica que desde hace años «la gente que se jubila no se está sustituyendo» y que en su centro de trabajo, la cárcel de Villabona, «en 2003 había el mismo personal para 1.000 internos que hoy para 1.800 internos».
La tertulia entre los cuatro funcionarios discurre entre críticas al «tijeretazo» del Gobierno y la defensa de su trabajo. «Los empleados públicos somos siempre los más machacados. Y en tiempos de bonanza no se acuerdan de nosotros», dice Avelino Mariño. «El Gobierno ha actuado de forma cobarde e ignorante. Cobarde, por no tener el valor de hacer frente al acuerdo de septiembre con los sindicatos; e ignorante, por no saber lo que había firmado», argumenta Félix García. «Que recorten de otro lado, de las nóminas de altos cargos y grupos superiores. La mayoría de los afectados somos mileuristas», apunta Emma Fernández. «Nos bajan el sueldo, congelan las pensiones, van a recortar en obra pública, va a aumentar el paro... si necesitan dinero líquido, que lo saquen de impuestos, deberían poner impuestos a los bancos», propone Juan José Villar. Los cuatro empleados públicos también muestran su preocupación por las personas jóvenes que acaban de incorporarse a la Administración con retribuciones de 700 y 800 euros.
El colectivo de funcionarios tiene la mirada puesta en el paro general convocado para el 8 de junio y en la posibilidad de que todo desemboque en una huelga general. «Deberíamos estar todos unidos y sumarnos a la huelga. Nuestra profesionalidad está por encima y hay que defenderla», apunta Félix García. Pero no son optimistas. Tienen asumido que «no importamos», y «tenemos mala fama; piensan que así nos ganamos el perdón».
La amenaza de huelga general sube de tono
Los sindicatos quieren convertir el paro de funcionarios del 8 de junio en una gran movilización contra los recortes e irán más allá si el Gobierno impone la reforma laboral.
Alicante / Madrid, Agencias, La Nueva España
La huelga general está cada vez con más claridad en las agendas de los sindicatos, según dieron a entender ayer dirigentes de UGT y de CC OO. Los recortes de gasto público recién aprobados por el Gobierno han activado las deliberaciones de las cúpulas sindicales y el camino que lleva la negociación de la reforma laboral, con amenaza del Ejecutivo de imponer la suya por decreto, están alimentando el riesgo de ruptura de la paz social. En ese contexto, las organizaciones mayoritarias elevaron ayer el tono del discurso a favor de la que sería la primera huelga general desde la que, en 2002, paralizó el país y obligo al último Gobierno de José María Aznar a dar marcha atrás con el llamado «decretazo», otra reforma laboral que incluía el recorte de prestaciones por desempleo.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pronosticó ayer que «probablemente» se convoque una jornada de huelga general en España por el giro de la política económica y laboral del Gobierno a favor de «la derecha económica, de la especulación financiera y de los llamados mercados». En Alicante, Fernández Toxo defendió la actuación «rigurosa» de su organización al no haber convocado un paro así hasta ahora. «Hubiera sido tremendamente fácil liarnos la manta a la cabeza y, a las primeras de cambio, convocar una huelga general», apuntó antes de agregar que, pese a que «probablemente la vivamos», un paro de estas características no generará «ninguno de los empleos que se necesitan en el país». Pero «la quiebra de confianza (en el Ejecutivo) se está consolidando e instalando entre nosotros», avisó Fernández Toxo, lo que «va a derivar en el establecimiento de un clima de confrontación social importante».
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, advirtió por su parte de que si el Gobierno impone por decreto una reforma laboral «será motivo más que suficiente para una huelga general» al tiempo que aseguró que ahora, tras aprobarse los recortes del gasto, «hay más razones que ayer» para convocarla.
Ferrer confirmó que su sindicato y CC OO ultiman la convocatoria para el próximo 8 de junio, en coincidencia con la huelga del sector público, movilizaciones en toda España para que la sociedad pueda expresar su rechazo a la «agresión» cometida con el decreto de recortes a funcionarios y pensionistas. Las protestas de ese día se presentan como un test sobre la capacidad de respuesta de los sindicatos tras dos años de crisis, pero sin ruptura de la paz social.
Toxo (CC OO): «La quiebra de la confianza en el Gobierno se consolida y va a derivar en un clima de confrontación social importante»
«Bajar el salario a los funcionarios es una desvergüenza y una vileza»
«Apoyo la convocatoria de una huelga general indefinida hasta que caiga el Gobierno» Jesús Gil Funcionario del Ayuntamiento de Langreo
22.05.10 - E. ARENAS | GIJÓN, en El Comercio.
Jesús Gil Valdés está casado, tiene 55 años y trabaja en el Ayuntamiento de Langreo como operario del departamento de obras municipales. Acaba de cumplir 25 años de servicio y está a la espera de recibir el premio que el Ayuntamiento otorga a los funcionarios que llegan al cuarto de siglo en su puesto de trabajo. Cobra 1.149 euros líquidos al mes, antigüedad incluida.
-¿Qué opina de la rebaja salarial a los funcionarios?
-Que es la mayor vileza y desvergüenza que un político, sea del signo que sea, puede hacer porque eso es atentar contra los más débiles. Durante estos 25 años nunca he tenido una subida salarial por encima del IPC y sí tuve congelaciones. Los funcionarios nunca probamos el merengue cuando hubo vacas gordas y ahora, cuando vienen mal dadas, nos aprietan a nosotros. Es el mayor atraco que se ha hecho contra los trabajadores y que conste que se han hecho muchos.
-¿Esperaba que el Gobierno adoptara esta decisión?
-Yo era una persona de izquierdas y votaba al PSOE. También fui afiliado durante muchos años, pero ya me di de baja. Este Gobierno hace cosas que son muy increíbles y también hay algunos sindicatos que están tragando de todo. Tampoco estoy de acuerdo con los políticos que quieren sacar ventaja de esta situación, como los del PP.
-¿Se movilizará contra las medidas de ajuste?
-Hablo cada día con muchos compañeros y todos estamos de acuerdo en que es necesario hacer algo. Veremos en qué acaba la cosa, pero yo pienso que una huelga general de sólo un día no es suficiente. Yo apoyo una huelga general de carácter indefinido hasta lograr derribar a este gobierno y que se convoquen nuevas elecciones.
-¿En qué le ha decepcionado este Gobierno
-Dijo que no había crisis, nos dio 400 euros y ahora ganamos menos. Al retirar la ayuda, este año cobramos 35 euros menos al mes que el pasado.
-¿Como le afectan las medidas en su caso?
-todavía no lo sabemos porque esto es un caos total. Sólo tenemos la información por la prensa y no sabemos descifrarla. Creemos que, como mínimo, dejaremos de percibir entre 40 y 60 euros al mes en el nivel más bajo.
-Pero a cambio, los funcionarios tienen su puesto asegurado
-Es una mentira absoluta. Los funcionarios laborales son igual que cualquier otro trabajador de la calle y somos un porcentaje grande. Por otro lado, los servicios municipales, en muchos casos, son adjudicados a piratas.
-¿Cree que el Gobierno toma las medidas contra los más débiles?
-Evidentemente. No actúa contra nadie que tenga poder adquisitivo alto. Es un Gobierno hipócrita, fariseo, mentiroso.
