Los sindicatos llevarán el recorte salarial ante el juez
20.05.10 – El Comercio.
UGT, CC OO y CSI-CSIF recurrirán ante la Justicia el recorte salarial medio de un 5% a los funcionarios que contempla el nuevo ajuste del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobará hoy el Decreto Ley que contempla, entre otras, esa medida. Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CC OO, Enrique Fossoul, la decisión se puede impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral. Según Lacuerda, UGT ha comprobado con varios juristas que «hay razones sustanciosas» para recurrir la medida.
Dos mil empleados públicos abren en Oviedo las protestas contra el recorte
Quince sindicatos profesionales hacen ver su enfado, piden a Zapatero que dimita y se sienten «paganos» de la crisis
Los manifestantes exigen al Gobierno regional el recorte de «asesores, cargos de confianza y miles de chiringuitos»
Oviedo / Madrid, J. A. A. / Agencias, en La Nueva España
Los funcionarios y empleados públicos rompieron ayer en Oviedo el fuego de las movilizaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero. Unas dos mil personas, según la Policía Local, cuatro mil según los organizadores, tomaron la calle Uría para protestar contra el recorte de salarios a los trabajadores de la función pública y a los pensionistas decidido por el Gobierno central para reducir a marchas forzadas el déficit público. La manifestación de Oviedo, convocada por quince sindicatos de distintas profesiones del sector público, ha sido la primera de toda España de una larga lista de movilizaciones que hoy tendrá continuidad con una concentración convocada por UGT, CC OO y CSIF, también en la capital asturiana, frente a la Delegación del Gobierno.
«Guardias civiles, funcionarios o jubilados, a todos has engañado», rezaba la pancarta de uno de los primeros manifestantes que se dieron cita frente a la estación de Renfe. La convocatoria, de inicio tímida, creció en número a medida que avanzaba por el corazón urbano de Oviedo. Carteles y banderas de los sindicatos daban colorido a una concurrencia entre la que podían verse hasta banderas comunistas con el rostro de Lenin. Un conato de gritos de «Zapatero dimisión» daba fe del cabreo que reina entre buena parte de los empleados públicos que se consideran víctimas de sus propios gobernantes. «Estamos hartos de que nos hagan pagar los platos rotos de una crisis que no hemos provocado», resumió José Luis González, presidente de la Junta de Personal funcionario del Principado, y coordinador de Usipa, uno de los sindicatos convocantes. «Este Gobierno lleva un año poniendo a los empleados públicos en el disparadero», se quejaba Cristina Esteban, una de las afiliadas de CSIF, funcionaria de la Administración, que participó en la protesta. «Ahora que el país va mal, la culpa es de los funcionarios, pero el Gobierno no dice que en tiempos de bonanza fuimos el único colectivo al que sólo le subían el IPC previsto, nunca se nos aplicó la cláusula de revisión y perdimos poder adquisitivo».
La música de viento, en forma de bocinas y silbatos, copó buena parte de la protesta por la calle Uría, donde esta vez no hubo petardos, un clásico en toda movilización que se precie. La percusión corrió a cargo de una charanga de la Corriente Sindical de Izquierda, que también se sumó a una manifestación que tenía como objetivo hacer recapacitar al Gobierno central sobre unas medidas que consideran demasiado duras por su repercusión sobre colectivos en los que, aseguran, los mileuristas son amplia mayoría. «Esperamos que el Gobierno rectifique porque no se puede convertir en paganos de esta crisis a los trabajadores y a los pensionistas, la parte más débil de la sociedad. Y encima, pretender enfrentarnos con el colectivo de parados. Las movilizaciones deben suponer un aldabonazo para Zapatero y su Gobierno», manifestó Beatriz Quirós, del sindicato Suatea. «Es un Gobierno sin rumbo. En Asturias, la paralización del contrato relevo afectará a 10.000 trabajadores», aseguró Francisco Baragaño, de USO.
Carteles con los mensajes «Zapatero dimisión, nos jodiste la nación», «El capitalismo ye siempre crisis» y «Ley de evaluación ilegal» salpicaban una cola de manifestación cuya asistencia incluso sorprendió a buena parte de los sindicatos convocantes. «Ha sido un éxito rotundo. La gran asistencia revela el rechazo generalizado del colectivo a unas mermas económicas que sólo taparán agujeros, pero en ningún caso crearán empleo, que es el gran déficit de este país», manifestó Gumersindo Rodríguez, presidente de Anpe.
La lectura del manifiesto tuvo lugar ante la sede de la Presidencia del Principado, cuyo entorno quedó pequeño para acoger a tanto manifestante. La mayor salva de aplausos se produjo cuando se exigió al Gobierno, por parte de los sindicatos, «el recorte de cargos de confianza, de asesores y de miles de chiringuitos de nula utilidad». Los sindicatos cerraron la manifestación con el compromiso de que mañana celebrarán una reunión para valorar medidas «más contundentes». Al fondo se oía: «¡huelga, huelga, huelga general!»
La incertidumbre es general entre funcionarios y pensionistas. Casi dos semanas después de que el presidente del Gobierno anunciara los recortes salariales a los empleados públicos y a los jubilados, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se ha limitado a dosificar, a modo de cuentagotas, algunas de sus pretensiones y por cauces tan variopintos como el programa «La Noria». Hoy es el «día H». Los sindicatos mayoritarios, UGT, CC OO y CSIF esperan conocer todos los detalles del ajuste en la reunión de la Mesa General, que tendrá lugar en Madrid y también tras el Consejo de Ministros.
Entre tanto, esos tres sindicatos estudian la posibilidad de recurrir ante la Justicia el recorte medio del cinco por ciento del salario de los funcionarios. Los servicios jurídicos de los tres sindicatos analizan las distintas opciones legales, pero prefieren esperar a conocer el documento que apruebe hoy el Consejo de Ministros. A estas alturas, los empleados públicos y sus sindicatos son un mar de dudas sobre el alcance de los recortes. También los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Desconocen si el «tijeretazo» afectará al cómputo global de su masa salarial o, por el contrario, a los complementos (específico y de destino) y tienen dudas de que la reducción salarial puede resultar discriminatoria, según las normas que apruebe el Gobierno central. Tampoco tienen claro si los ajustes serán aplicables en todas las empresas del sector público o sólo en algunas después de que la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, anunciase días atrás que las empresas públicas reguladas por convenio no entrarán en ese ajuste como, por ejemplo, Correos, Hunosa, Feve, Renfe y Aena, entre otras. IU de Asturias también se sumó a la marea creciente de voces críticas con el Gobierno central. «Zapatero vació la defensa del Estado y ahora no se atreve a tocar a los ricos», manifestó Jesús Iglesias. También Antonio Pino se mostró partidario de ir una huelga general si el Gobierno plantea medidas «regresivas».
Mientras tanto, la indignación en los funcionarios sigue. UGT, CC OO y CSIF han convocado para hoy una concentración de protesta contra el ajuste, a las seis de la tarde, ante la Delegación del Gobierno, en Oviedo.
La Confederación de Policía llama a «trabajar a reglamento»
Oviedo, L. Á. V., en La Nueva España
La ejecutiva regional de la Confederación de Española de Policía (CEP) llama a sus afiliados y a los agentes asturianos a «trabajar a reglamento» como protesta por el recorte de sueldos de los funcionarios. De esta forma se cumplirán a rajatabla todos los trámites, lo que puede redundar en retrasos y paralizaciones en actividades como la renovación del DNI u otras. «La ley nos ata. Las limitaciones que nos impone no nos permite más que gritar en la calle y a continuación cumplir fielmente con nuestra misión», señala el secretario regional del sindicato, Miguel Ángel Campos. Las medidas anunciadas por el Gobierno han caído como una losa sobre este colectivo. «Mientras algunos privilegiados "sufren" esta crisis en coche oficial, pagando proyectos disparatados, despilfarrando cientos de miles de euros o viajando y comiendo "a todo trapo", los policías tenemos restricciones, sin toner para las impresoras, con uniformes ajados y remendados por falta de reposición y en muchos casos pagados de sus bolsillos», añade Campos. Por su parte, José Luis González, coordinador de USIPA, confirmó que numerosos funcionarios ya han manifestado su preferencia por ir a «una huelga de reglamento o de celo» antes de sumarse a un paro general.
