Acuerdo para la carrera profesional de los funcionarios asturianos
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Principado, UGT y CC OO firman un pacto que legaliza los pluses de hasta 216 euros y los extiende a unos 7.500 empleados públicos
El convenio obliga a todos los funcionarios a pasar una prueba de evaluación antes de otoño de 2010 a cambio de las retribuciones
04.11.2009 - RAMÓN MUÑIZ, OVIEDO, para El Comercio
El Principado y los sindicatos mayoritarios firmaron ayer un acuerdo con el que pretenden evitar que el Tribunal Supremo anule la carrera profesional, un sistema que desde 2007 aumenta con pluses de hasta 216 euros la paga de unos 14.000 empleados públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya declaró a mediados de junio «anulable» este régimen por «estar huérfano del desarrollo legal indispensable para su eficacia». Sin embargo, tres sindicatos recurrieron la sentencia, logrando así suspender su aplicación hasta que el Alto Tribunal se pronuncie. La maniobra ha dado a la Administración un margen que está aprovechando para sacar adelante un compendio de acuerdos y leyes que impida a los jueces suspender la carrera profesional.
El primer pulso para armar ese andamiaje jurídico se libraba en la mesa General de Función Pública. En ella, la Consejería de Administraciones Públicas, UGT, CC OO y Cemsatse han pasado 28 días negociando un anteproyecto de ley para los funcionarios y un acuerdo para el personal laboral. Ambas normas legalizarían el pago que ya reciben unos 6.000 beneficiarios. Los otros 8.000 restantes son docentes que están a la espera de otro proyecto de ley que se negocia en la mesa sectorial de Educación.
El pacto alcanzado ayer logró la firma de UGT y CC OO, mientras Cemsatse se abstuvo. El resultado deja al Gobierno «satisfecho porque creemos que es positivo para los trabajadores», aseguró la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya.
Las centrales firmantes matizaron ese optimismo al interpretar que «es un acuerdo muy mejorable, pero lo firmamos porque tenemos encima la presión del Supremo, que en cualquier momento puede tirar todo el sistema e incluso obligar a los trabajadores a devolver el dinero».
Emplazar a los partidos
El documento anuncia que en enero se abrirá una nueva convocatoria para adherirse a la carrera profesional. Según las estimaciones de UGT, la consecuencia es que la nómina de beneficiarios se ampliará desde los 6.000 empleados actuales «hasta unos 7.500».
En todo caso, los nuevos no cobrarán los pluses de manera inmediata. El acuerdo condiciona el pago a que superen una prueba de evaluación. La novedad aquí es que ese examen se aplicará a todos los empleados públicos adscritos a la carrera y tendrá lugar antes del próximo 30 de septiembre.
Hasta ahora, y desde 2007, los funcionarios estaban recibiendo todos los pluses sin cumplir la contraprestación de someterse a un examen que evalúe su rendimiento. Sólo los docentes habían visto un intento de evaluación, que terminó con dos manifestaciones en contra. Para evitar ese escenario, Administraciones Públicas se compromete a cerrar durante el primer trimestre de 2009 un acuerdo con los sindicatos sobre los parámetros que serán evaluados. «Vamos a tener que ser muy ágiles para acordar ese decreto», animó Ana Rosa Migoya.
En todo caso, el acuerdo mantiene una desigualdad salarial entre los que firmaron en 2007 su apoyo a la carrera profesional y quienes, haciendo el mismo trabajo, no perciben esos pluses por haberse negado a firmar. «Esa es una situación que ya se venía dando desde hace tiempo», justificó la consejera.
Una vez cerrado el tablero con los sindicatos, el Gobierno abrirá otro con los partidos, al enviar el anteproyecto a la Junta General, donde reclamará su aprobación por la vía de urgencia. Este mecanismo exige los votos a favor de IU y el PP. «Les hacemos un llamamiento para que lo aprueben», emplazaron ayer los representantes de UGT y CC OO.
CC OO exige que los docentes sí puedan cobrar con retroactividad
04.11.09 - R. M. | OVIEDO, para El Comercio
El acuerdo alcanzado en la Mesa General obtuvo finalmente la firma de CC OO, sindicato que sin embargo «no acepta de ninguna manera que esas mismas condiciones le sean aplicadas a los docentes». Así lo aseguró ayer Luis Fernández León, de la federación de Enseñanza de dicha central. «Hay muchos maestros que llevan desde 2007 cobrando menos que sus compañeros; con ellos la Administración ha contraído una deuda, así que en la mesa sectorial no firmaremos nada que no reconozca su derecho al pago retroactivo», agregó.
Aunque paradójica, esta doble vara de exigir tiene su justificación en la autonomía que concede CC OO a sus federaciones y en unos estatutos que confían el liderazgo de las negociaciones a las agrupaciones más directamente afectadas por las mismas. Así, en la Mesa General estaban representadas las federaciones de Sanidad, Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. Las dos primeras eran contrarias al acuerdo, una disconformidad que hoy harán evidente en una rueda de prensa. Sin embargo, la agrupación de Servicios a la Ciudadanía hizo valer su postura a favor de la firma debido, entre otros motivos, a que la mayoría de los empleados directamente afectados trabajan bajo su ámbito de representación.
Ese detalle ha permitido un acuerdo cuya sombra planeará esta tarde en la mesa sectorial de Educación. Ahí, al rechazo de CC OO se sumará el de Suatea. «Sin retroactividad no hay pacto posible», comentan en esta central, que precisamente tiene convocada una concentración mañana jueves frente a la Junta General del Principado bajo el lema: ’por una ley que no discrimine salarialmente y consiga la homologación’.
UGT ya ha aclarado que está en disposición de firmar el acuerdo, así que sólo quedaría la incógnita de ANPE. Su presidente, Gumersindo Rodríguez, admitía que «el acuerdo que han firmado hoy (por ayer) en la Mesa General está marcado por nuestras exigencias». Sin embargo, el sindicato decidirá esta mañana si aceptan las mismas condiciones.
El Principado acuerda con CC OO y UGT la ley que legitima el pago de la carrera profesional.
Los sindicatos suscriben un texto que creen «mejorable» y que aplaza a octubre de 2010 el cobro de los funcionarios que pidan ahora los pluses.
Oviedo, J. A. ARDURA, Marcos PALICIO, para La Nueva España
El Principado consiguió ayer el asentimiento de los sindicatos UGT y CC OO para aprobar en la mesa general de negociación el anteproyecto de ley que desarrollará la carrera profesional de los funcionarios. El texto, que salió adelante con la abstención de la otra organización sindical representada en la mesa, la sanitaria CEMSATSE, afecta al personal funcionario y laboral de la Administración regional y deja en espera a los docentes, cuya regulación específica será debatida hoy en la mesa sectorial. Aquí, la batalla sindical se prevé más intensa por la oposición que han reiterado SUATEA y la Federación de Enseñanza de CC OO frente al apoyo de UGT y la posición intermedia de ANPE, que ayer empezó a consultar a sus afiliados y hoy valorará la cuestión con sus servicios jurídicos.
El proyecto aprobado ayer modifica la ley de función pública vigente para hacer frente a la obligación impuesta en junio por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que detectó la inexistencia de una base legal para los pagos a cuenta de la carrera profesional que el Principado ha abonado desde 2007 a razón de unos 22 millones de euros anuales. Los perciben ahora unos 14.000 funcionarios, los que además de cumplir el requisito de antigüedad -cinco años- suscribieron su adhesión a la carrera en los términos en los que la planteaba el Principado. Los sindicatos aceptaron ayer las condiciones del Gobierno para asegurar por ley el pago a los que ya están cobrando y abrir en 2010 un nuevo proceso para acoger a quienes no perciben pluses pese a tener los requisitos, en total unos 5.000. CC OO y UGT dieron su conformidad a un texto que establece que los trabajadores que entren en la carrera a través de este nuevo plazo no cobrarán con efectos retroactivos ni empezarán a percibir los pluses hasta que finalice su evaluación, algo que no sucederá, según el compromiso del Gobierno, antes de que finalice el tercer trimestre del año. No cobrarán pues, antes de octubre de 2010.
El acuerdo, convinieron ayer los representantes de UGT y CC OO, es «mejorable», pero a la vez, según Luis Ángel Ardura, de UGT, «el mejor posible en este momento». A juicio de Manuel Nieto (CC OO), «hemos dado un paso de responsabilidad, pero quedan muchas cosas en el tintero». Entre ellas, la duración de la carrera profesional, que el Principado estructura en un máximo de 29 años y los sindicatos reclaman que se rebaje a veinte para equipararla a la de los trabajadores de sanidad. Nieto hizo «un llamamiento a los grupos políticos para que no pongan trabas en el Parlamento», toda vez que el Gobierno necesita los votos del PP para llevar el texto a la Junta por el trámite de lectura única de urgencia y cumplir así su propósito de que la ley entre en vigor el próximo 1 de enero.
En cuanto al resto de los puntos de fricción entre el Principado y los sindicatos, entre ellos el período transitorio que regulará el acceso de los trabajadores que ya cumplen los requisitos para entrar en uno de los tramos de la carrera, la Administración se compromete a seguir negociándolos en el marco de las discusiones que conducirán a la nueva ley de Función Pública. Este diálogo concluirá, según el compromiso del Gobierno, dentro del primer trimestre del próximo año. Ayer, de momento, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, dijo estar «satisfecha con el resultado» y con el acuerdo alcanzado «sin ningún voto en contra». La cobertura jurídica aprobada ayer, continúa, «despeja las incertidumbres de los trabajadores acerca del pago a cuenta y abre un proceso de incorporación para los que no firmaron o cumplieron los requisitos desde que se inició el pago». Migoya destacó «la responsabilidad» y el «esfuerzo de diálogo» de UGT y CC OO y volvió a negar la retroactividad de los pagos, que no se harán efectivos «hasta que se complete la evaluación».
Esta negativa y otras justificaron de nuevo ayer las críticas de otras fuerzas sindicales. La Corriente Sindical de Izquierda (CSI), la que presentó el recurso que desembocó en la sentencia anulatoria del TSJA, se compromete a «estudiar todas las vías jurídicas para parar esto», aunque asumen que al tratarse de una modificación legislativa el trámite se antoja «más complicado». Según Marco García, responsable de administración pública de CSI, «la Administración insiste en lo que planteó hace dos años con una chapuza más y una doblada de cintura de los sindicatos de la mesa. No sólo no ofrecen nada nuevo, sino que penalizan a los funcionarios respecto a los de sanidad».
Esta tarde, mientras tanto, la mesa sectorial de educación debatirá el anteproyecto de ley para los docentes no universitarios. Aquí, CC OO se desmarca y ayer seguía reclamando el pago retroactivo, una circunstancia que, unida al rechazo reiterado por SUATEA, promete hacer mucho más difícil el acuerdo, toda vez que sin SUATEA, la distribución de fuerzas en la mesa hace que la Administración necesite los votos a favor de los otros tres sindicatos representados, UGT, ANPE y CC OO.
