Elena Arias, comparecía en el Parlamento regional para dar cuenta de las medidas adoptadas tras el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre Cabueñes correspondiente al año 2006
El Sespa asume las recomendaciones de la Sindicatura sobre el personal de Cabueñes
04.11.09 - A. VILLACORTA | GIJÓN, para El Comercio
Arias admite que «la plantilla no está ajustada a las necesidades» del hospital
El PP acusa al Principado de malgastar los fondos del centro con su mala gestión
«Cabueñes atiende a una población de más de 250.000 personas, que se elevan a más de 400.000 en el caso de ciertos servicios especializados, registra más de 150.000 estancias anuales, más de 380.000 consultas y más de 9.000 operaciones. Alberga 463 camas, 71 locales de consulta, 12 quirófanos y registra más de un 90% de ocupación. Tiene una plantilla media superior a las 2.000 personas y gestiona un presupuesto de 122 millones de euros, sin considerar el capítulo de inversiones». El síndico mayor del Principado, Avelino Viejo, desglosó los datos que radiografían al segundo hospital asturiano para dar idea de la magnitud de lo que se dirimía ayer en la Junta General del Principado: su fiscalización.
La gerente del Servicio de Salud del Principado, Elena Arias, comparecía en el Parlamento regional para dar cuenta de las medidas adoptadas tras el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre Cabueñes correspondiente al año 2006. Y, de mano, Arias aseguró que, desde entonces, el Sespa ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Sindicatura y que ha tomado medidas en materia de gestión de recursos humanos y de contratación de servicios.
Coincidió con ella Viejo, que dijo tener constancia que el Principado ha trabajado para mejorar «en una medida nada desdeñable». «Las recomendaciones se están cumpliendo», resumió el síndico mayor.
También el diputado socialista Álvaro Álvarez abundó en que «la gerencia del Sespa está haciendo un trabajo de regularización del personal, de los sistemas de contabilidad y de los procedimientos de contratación». Y el portavoz de IU-BA-LV, Jesús Iglesias, casi con idénticas palabras a las de Viejo: «Las recomendaciones han sido tomadas en consideración».
A todos los convenció Elena Arias, que reconoció la dificultad de cumplir con algunas cuestiones señaladas por la Sindicatura, como las relativas a la contratación de personal. Al respecto, señaló que hay que tener en cuenta la «urgencia» y la «rapidez» con la que hay que cubrir en ocasiones puestos de especialistas o determinadas necesidades.
«Hay perfiles profesionales que difícilmente se pueden encontrar con una bolsa general de empleo, una característica que no es exclusiva de Asturias», añadió Arias, que señaló, no obstante, que «desde 2007 se realizan expedientes de modificación de plantilla».
Además, respecto a la afirmación de que la contratación de médicos no cumplía con los criterios para el acceso a la función pública, precisó: «Hablamos de contratación de carácter temporal».
Sí admitió que «la plantilla no está ajustada a las necesidades» del centro hospitalario, aunque aseveró que «el Plan de Recursos Humanos del Sespa abre la puerta a un estudio metodológico de esas necesidades».
Arias también habló de las dificultades de ajustar el gasto farmacéutico a las previsiones iniciales en cada ejercicio por las innovaciones y las demandas de los pacientes, aludió a la puesta en marcha de un decreto sobre retribuciones y de un nuevo modelo de incentivos, vinculado al nuevo modelo de gestión clínica, y aclaró que los profesionales del Sespa no tendrán que fichar a la entrada y a la salida de su trabajo. Porque, a juicio de Elena Arias, «el método más adecuado está más vinculado a los sistemas de carteleras, los turnos y atención continuada».
«Contratos a dedo»
Así que a los únicos que no convencieron las explicaciones de la gerente del Sespa se encontraban entre las filas populares. La diputada Alejandra Cuétara fue especialmente crítica y calificó el informe sobre Cabueñes de «preocupante» y de «muy grave». Puso Cuétara el acento en las contrataciones y habló de «malas prácticas» de unos gestores, dijo, que «privan a los asturianos de un ahorro que sirva para mejorar la sanidad mientras amenazan con subidas de impuestos».
El «drama», según la parlamentaria, es que «el Gobierno lee los informes, pero no hace nada». En la sanidad asturiana, zanjó, se adjudican servicios «a dedo», se «hacen mantenimientos de muchos miles de euros sin ningún contrato que los ampare» y «se obvian transparencia y competencia».
