PRENSA

Un debate entre el sindicalismo pragmático en el que los trabajadores cobran y el sindicalismo legalista en el que los trabajadores no cobran

EL GOBIERNO INVIRTIO 21 MILLONES DE EUROS ANUALES PARA CUBRIR EL PAGO A CUENTA DE 14.000 EMPLEADOS PUBLICOS.

Los funcionarios no devolverán pagos de la carrera pero dejarán de cobrarlos

El Principado no acudirá al Supremo por temor a que el Tribunal fuerce el reintegro del dinero.

Migoya lamenta que "en una sentencia que ganan los sindicatos pierdan los trabajadores".

18/06/2009 NIDIA FERNANDEZ, para La Voz de Asturias

Los más de 14.000 funcionarios que cobran el anticipo de la carrera profesional no tendrán que devolver el dinero percibido en estos dos años, pero ese complemento desaparecerá de sus nóminas a partir del mes de julio. La consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya anunció ayer que el Gobierno no recurrirá la sentencia del TSJA que tumbó el pago a cuenta de la carrera profesional por falta de respaldo jurídico.

Migoya admitió la "debilidad jurídica" del acuerdo que el Ejecutivo suscribió en su día con CCOO y UGT, pero censuró la actitud mantenida por los sindicatos denunciantes (CSI, CSI-CSIF, SUATEA y USO). "Resulta paradójico que con una sentencia que ganan los sindicatos salgan perdiendo los trabajadores", lamentó. La portavoz del Gobierno explicó que no acudirán al Supremo porque un varapalo en el Alto Tribunal "podría forzar la devolución del dinero".

El Gobierno no valora la opción de convertir esa prima en un complemento de productividad. "Es algo prematuro", indicó Migoya, quien remarcó que el Ejecutivo actuó de "buena fe y se mostró sensible para dar un paso adelante y extender la carrera a todos los trabajadores".

El fallo judicial sobre el pago a cuenta de la carrera afecta a unos 14.000 trabajadores (8.000 docentes y 6.000 de la administración general). La suspensión de este complemento supondrá que el Principado deje de abonar 21 millones de euros anales, que van desde los 56 euros mensuales a los trabajadores del grupo E a los 208 a los grupo A.

UN MARCO LEGAL Los esfuerzos del Gobierno regional se concentrarán de ahora en adelante en agilizar el marco normativo que el TSJA echó en falta en el acuerdo suscrito con los sindicatos mayoritarios. Esto es impulsar la Ley de Función Pública, Migoya avanzó que ya están en condiciones de enviarla a la Junta General, "pero eso soluciona una parte del problema, la más pequeña de hecho", apuntó la consejera.

Esa norma autonómica daría cobertura a la carrera de los funcionarios de la administración general, pero no a los docentes, el colectivo más numeroso. El Ministerio de Educación ha de sacar adelante el Estatuto básico del Docente para regular la carrera. "El consejero de Educación ya pidió al MInistro que se agilizara todo lo posible, pero hemos de esperar porque ambas normas han de correr paralelas para que no haya disensiones" remarcó.

Una vez aprobada la carrera los funcionarios volverán a percibir esas cantidades, pero no podrán reclamar el cobro de las mismas con carácter retroactivo. La consejera aclaró que el fallo no recoge una nulidad de pleno derecho, sino una anulabilidad, un matiz que técnicamente es importante para las consecuencias finales.

Migoya instó a algunas organizaciones sindicales a "no intentar confundir diciendo que lo que ellos pedían al juez era que todo el mundo cobrara, porque lo que pidieron realmente fue que se anulara la resolución y eso supone que el pago a cuenta no se puede realizar. La situación es paradójica, pero es así", declaró.

La cronología de la carrera profesional se remonta a diciembre del 2006 cuando el Gobierno firmó con CCOO y UGT el citado acuerdo, desde mayo de 2007 existía una resolución para pagar el anticipo.

Una propuesta controvertida que ya fue suspendida cautelarmente por el TSJA

18/06/2009, La Voz de Asturias  

La idea de extender la carrera profesional a todo el funcionariado fue uno de los grandes anuncios de la pasada legislatura. El Gobierno pactó un acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) para poner en marcha el pago de un anticipo hasta que el desarrollo profesional contara con un marco normativo establecido y fiable. Ese acuerdo se firmó en diciembre del 2006 y desde un principio levantó duras críticas del resto de centrales que lo calificaron de "cheque en blanco". El Ejecutivo abrió un proceso para que los empleados públicos se apuntaran a la nueva carrera y los sindicatos minoritarios exigieron saber qué contrapartidas exigiría la administración a sus trabajadores. Alrededor de 14.000 empleados se apuntaron finalmente a la propuesta del Principado y llevan cobrando el citado anticipo desde el verano del 2007. El siguiente caballo de batalla fue la presentación de un ´ensayo´ de lo que en un futuro sería la evaluación del desempeño. El Gobierno examinará a los empleados para ver si son acreedores de ese plus retributivo.

"Ahora lo pagaremos todos"

Funcionarios afectados por el fallo critican a la Administración, por haber legislado con prisas, y a los sindicatos, por no haber medido las consecuencias del recurso.

18/06/2009 REDACCION, La Voz de Asturias

El fallo judicial sobre la carrera profesional y sus consecuencias afectará al bolsillo de los funcionarios. Algunos de los que sentirán la medida desde el próximo mes en su cartera reparten las culpas a medias entre la Administración, a la que atribuyen el haber legislado esta normativa con prisas electorales, y a los sindicatos, por no haber medido las consecuencias del recurso presentado.

Los objetivos de la carrera profesional tampoco parece que hayan cuajado en estos trabajadores de la Administración regional. Algunos opinan que servirá para fomentar el amiguismo y, en general, si bien aprueban las consecuencias pecuniarias que trae consigo, no entienden el por qué de su implantación en el Principado.

Existe la idea general de que desde la Administración se hicieron las cosas mal desde el principio y varios de los consultados por LA VOZ tenían claro ya desde hace tiempo que este tirón de orejas judicial iba a llegar, más pronto o más tarde.

Pero sobre todo, lo que lamentan es que, al final, serán ellos mismos los que van a pagar el pato de esa precipitación del Principado y de que los sindicatos no hayan medido las consecuencias de su alegación.

Ahora, en general, reclaman que se hagan las cosas bien; que se retome el asunto, esta vez con más cuidado y se evite volver a caer en los mismos errores de la primera vez.

En cuanto a los sindicatos, piden que ofrezcan una explicación. Todas las que han dado hasta ahora, o no las han oído o no las han entendido. Lo único que saben es que les quitará una parte importante del salario y que, por muy importantes que sean los argumentos que manejen los representantes de los empleados, más le habría valido haber hecho la vista gorda en este caso, a juzgar por los resultados catastróficos que ha tenido para los trabajadores.

SINDICATOS.

CCOO teme que se retrase la Ley de la Función Pública

18/06/2009 P. COBOS, para La Voz de Asturias

El secretario general de CCOO-Asturias, Antonio Pino, aseguró ayer que la anulación del pago anticipado del primer nivel de carrera profesional "pone en riesgo la puesta en marcha de la ley de la Función Pública, porque el Gobierno puede pretender que esta ley camine en paralelo con el Estatuto Básico del Empleado Público, y la norma, por tanto, se retrasaría". De este modo, más allá de las reacciones del pasado martes en las que los sindicatos mayoritarios llamaban "irresponsables" a las organizaciones que presentaron la demanda judicial, tanto el máximo responsable de CCOO como el de UGT, Justo Rodríguez Braga, destacaron ayer la necesidad de negociar para que el modelo de carrera profesional propuesto salga adelante.

Justo Rodríguez Braga señaló que "queremos trasladar a los trabajadores que, dentro de nuestras posibilidades, no consentiremos devoluciones salariales y restableceremos la negociación para poner en marcha la carrera profesional dentro de la legalidad". El secretario general de CCOO aseveró, por su parte, que "es como para correrlos a gorrazos”. CCOO de Asturias no entiende que estos sindicatos hayan dado prioridad a la pureza jurídica frente a los intereses de los trabajadores".

De otro lado, USO reclamó que se mantenga la retribución por productividad y exigió que se extienda a los empleados que no han podido percibirla hasta ahora, "incluyendo al personal interino y a los contratados temporalmente". El sindicato también apuntó como responsable de la situación al Gobierno del Principado y aseguró que a su presidente, Vicente Alvarez Areces, "se le calentó la boca en un acto propagandístico en busca de un puñado de votos". Además, USO cargó también contra otras organizaciones, "los sindicatos que, por encima de los intereses de los trabajadores, prefirieron acudir en socorro de los partidos políticos que los amparan".

El Principado admite que la carrera profesional, por la que pagó 52,5 millones, no tenía base legal

Migoya anuncia que el Gobierno descarta recurrir la sentencia para evitar que el Tribunal Supremo pueda pedir la devolución del dinero • La Consejera explica que el complemento, que deja de abonarse, se aprobó de buena fe y que «ahora se llevará todo por el libro»

Oviedo, M. MARTÍNEZ, R. L. MURIAS, P. G., para La Nueva España

«Fuimos sensibles hacia nuestros trabajadores con un gesto de buena voluntad sabiendo que suponía un esfuerzo económico y que teníamos una cierta debilidad jurídica en el planteamiento, pero que se hacía desde un pacto con los sindicatos (UGT y CC OO). Actuamos de buena fe». El Gobierno del Principado, a través de Ana Rosa Migoya, reconoció ayer la debilidad jurídica sobre la que se asentaba la resolución del Ejecutivo que ha permitido desde enero de 2007 el cobro de la carrera profesional a miles de funcionarios de la administración y la enseñanza. El Gobierno de Vicente Álvarez Areces asumía así el varapalo judicial que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del martes y adelantada por LA NUEVA ESPAÑA a finales del mes de mayo, anulando la norma de la carrera profesional al carecer de una ley que la sustente.

El Gobierno anunció que acata la sentencia, que no recurrirá y que dejará de pagar a partir de julio este complemento a 14.000 funcionarios, de los 19.000 que suman administraciones públicas y la enseñanza, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de 52,5 millones de euros (21 millones al año) desde el 1 de enero de 2007. Además, el Gobierno aseguró que paraliza la carrera profesional hasta que el Ministerio de Educación y Ciencia no tenga listo el Estatuto Básico del Personal Docente, cuyo desarrollo hará coincidir con la también necesaria ley de Función Pública del Principado. «No vamos a hacer nada que no tenga la cobertura legal y jurídica suficientemente avalada», subrayaba Ana Rosa Migoya.

Migoya, en calidad de consejera de Administraciones Públicas y no como portavoz del Gobierno, cargos que concentra, reconoció ayer la falta de base jurídica de un resolución aprobada en mayo de 2007, días antes de las elecciones autonómicas en las que Vicente Álvarez Areces fue reelegido. Asumiendo la falta de base jurídica, Migoya explicó que «por eso establecimos el pago a cuenta y por eso nunca lo denominamos carrera, denominándolo desarrollo profesional». Migoya se escudó en tomar la decisión de adelantar el pago de la carrera profesional sin base legal «basándonos en la voluntad del Gobierno de sacar adelante la petición de los trabajadores y en la buena fe de las partes». Migoya se refería al acuerdo al que el Gobierno llegó con UGT y CC OO en diciembre en 2006 sobre el que se basó el desarrollo de la carrera profesional.

Pero el recurso de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) contra la decisión de Gobierno y sindicatos ha puesto de manifiesto la ausencia de base jurídica. «El Gobierno reconoce hoy (por ayer) que no se puede actuar simplemente contando con la buena fe y por la tanto, a partir de ahora, por el libro», afirmaba Migoya, que tranquilizó a los funcionarios asegurando que no tendrán que reembolsar el dinero cobrado hasta ahora, que va de más de 6.000 euros a 1.680 euros. «Acatamos la sentencia y no la vamos a recurrir en el Tribunal Supremo. Si se produjese un revés en el Supremo podríamos arriesgarnos a tener que devolver todo el dinero», dijo para reconocer cierta benevolencia del TSJA. «La sentencia no establece la nulidad de pleno derecho. Esto implicaría la devolución del dinero desde el primer día. Establece la nulabilidad, la anulación desde el momento en que se dicta sentencia. Es un matiz que nos imaginamos que la sala tuvo en cuenta».

Migoya no dio plazos sobre cuándo los funcionarios podrán volver a cobrar este complemento o si hacerlo, como plantean algunos sindicatos. «Es muy prematuro adelantar nada. Ahora nos parece más adecuado trabajar en buscar el marco legal que el de cobertura», aclaró Migoya. La Consejera eludió valorar la petición de dimisión realizada por varios sindicatos, pero apuntó: «Esta sentencia no va únicamente contra el Gobierno. Los principales perjudicados de los recursos son los trabajadores públicos. El Gobierno no está solo en esta decisión. Se tomó de común acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO)».

Precisamente estos sindicatos, a través de sus secretarios generales, Justo Rodríguez Braga (UGT) y Antonio Pino (CC OO), calificaron a las organizaciones demandantes de «irresponsables» e «impresentables» y de perseguir «únicamente» ir contra el Ejecutivo del Principado, de UGT y de CC OO, «sin pensar que en realidad perjudican a 14.000 trabajadores que los tenían que correr a gorrazos a todos».

El Tribunal de Cuentas puede abrir proceso si no se devuelven los pagos, según los expertos

El expediente se dirigiría contra el cargo regional que autorizó las subidas a los funcionarios • La situación puede normalizarse con una nueva ley

Oviedo, L. Á. VEGA, para La Nueva España
El varapalo judicial a la carrera profesional del Principado fue matizado ayer por diversos expertos en Derecho Administrativo, quienes restaron virtualidad a la sentencia adoptada por el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Según los expertos, la salida al atolladero no es difícil, aunque exige que el Principado sea «diligente». El Gobierno, añaden, puede normalizar los problemas con una ley que consagre la actual situación o puede incluso recuperar los pagos que se han venido realizando a los funcionarios.

Lo que no puede hacer es quedarse de brazos cruzados. Si no se aprueba una ley que respalde las mejoras salariales ni se reintegran a las arcas regionales los pagos ilegales el Tribunal de Cuentas podría iniciar un procedimiento de responsabilidad por alcance, similar al que en su día sentó en el banquillo a dos alcaldes de Siero, José Aurelio Álvarez y el actual, Juan José Corrales, por las subidas ilegales a los funcionarios municipales, aunque ambos fueron absueltos.

Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, se mostró partidario de que el Principado recurra la sentencia ante el Supremo (una posibilidad que por otro lado el Gobierno ya ha rechazado), lo que daría tiempo a la aprobación de una ley que normalizase la situación. «El problema de la carrera profesional no es de fondo, sino de forma. La gente no debe alarmarse, no tendrá que devolver el dinero», indicó. En cualquier caso, «ha podido incurrirse en responsabilidad contable y puede actuar el Tribunal de Cuentas».

Esta actuación, indicó otro profesor de la Universidad de Oviedo, podría ir dirigida contra el cargo que aprobó las mejoras. Todo depende de si se exige el reintegro de las cantidades en ejecución de sentencia. Este mismo experto añadió que hay, no obstante, una gran diferencia entre el caso de los alcaldes de Siero y el del Principado, «que tiene la potestad de establecer una nueva legislación y sanear la ilegalidad del asunto».

Javier Junceda, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Barcelona, indicó que no ha de haber dificultades «para que el Principado dé la cobertura legal que corresponde». Pero «en caso de que no hubiese cobertura legal, el escenario posible o casi obligado sería la intervención del Tribunal de Cuentas». Lo que le ha extrañado a Junceda es que la decisión la haya tomado el pleno de la sala. «Es heterodoxo y excepcional, aunque no deja de ser algo bueno, ya que coadyuva a dar mayor fundamento a la sentencia», señaló.

El Principado dejará de abonar el plus de la carrera profesional y se ahorrará 21 millones

18.06.09 - RAMÓN MUÑIZ, OVIEDO, para El Comercio

Descarta recurrir el fallo que anula el sistema porque los jueces «podrían obligar a 14.000 empleados a devolver los complementos ya ingresados»

«Han ganado algunos sindicatos a costa de los trabajadores», dice Migoya

El Principado no recurrirá la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la carrera profesional, un sistema ideado por la Administración regional para aumentar los emolumentos de los empleados públicos en función de su productividad. Este régimen, que llevaba dos años funcionando, «carece de soporte legal», tal y como determinaron por unanimidad los once magistrados-juez de la sala de lo Contencioso-Administrativo. Pese al revés jurídico el Gobierno «lamenta los recursos, acata el fallo, y no va a recurrirlo, porque llevar ese proceso al Tribunal Supremo perjudicaría aún más a los trabajadores», según valoró ayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas.

Si el alto tribunal analizase el conflicto «nos arriesgamos a que termine obligando a devolver las cantidades que en estos dos años han ido recibiendo aproximadamente 14.000 trabajadores públicos», argumentó Migoya. Ese era ayer precisamente uno de los temores que recorría al funcionariado. Existen unos 4.000 profesores de instituto que, por ejemplo, llevan ingresados 6.250 euros gracias a complementos vinculados a la carrera profesional. La sentencia del TSJA establece la «anulabilidad» de esos pluses, «pero no dicen que sean nulos de pleno derecho», matizó Migoya. «Eso nos permite que lo cobrado hasta ahora no habrá de devolverse», aclaró.

El 1 de junio será firme

Pero la reacción del Principado tiene otra consecuencia. Marca una posición que, presumiblemente, seguirán también los otros seis codemandados y cinco demandantes con derecho a recurrir el fallo del TSJA. Sin recursos en contra, el próximo 1 de junio la sentencia será firme. A partir de esa fecha, el Principado dejará de ingresarle a 14.000 trabajadores públicos los complementos a cuenta. ¿Cuánto dinero ahorrará esa medida a las arcas públicas? Según las cifras que ayer manejaba Ana Rosa Migoya, el monto ronda los 21 millones.

Para el Principado sólo hay un responsable de esta pérdida de poder adquisitivo. «Aquí es paradójico que la sentencia que han ganado algunos sindicatos la han perdido los trabajadores». Así lo valoró Migoya, quien advirtió contra «la confusión» que, en su opinión, tratan de extender ahora los sindicatos CSI, CSIF, Suatea y USO, promotores de la denuncia que ha terminado anulado la carrera profesional. « Dicen que pedían extender los complementos salariales a todos los trabajadores, a los fijos, a los interinos... Pero eso es confundir: en todos y cada uno de sus recursos que presentaron lo que se pide es la anulación de la carrera. Eso es lo que dicta el tribunal y la anulación significa dejar de recibir complementos».

Pagos «de buena fe»

Así, y para el Ejecutivo regional, «la sentencia no va sólo contra el Gobierno, los más perjudicados son los trabajadores».

Pero, ¿cómo llegó el Principado a promover una resolución «huérfana del desarrollo legal indispensable», según reprocha el fallo del TSJA? La versión que ayer defendió la consejera de Administraciones Públicas admite que «sabíamos que teníamos una cierta debilidad jurídica, pero también sabíamos que la resolución favorecía a nuestros empleados públicos».

La carrera profesional fue una manera de ser «sensible y acceder a una petición de los sindicatos mayoritarios», esgrimió Migoya, quien sacó conclusiones al recurso interpuesto luego por cuatro sindicatos y la consiguiente decisión de los magistrados-juez: «No se puede actuar sólo de buena fe, a partir de ahora iremos por el libro».

Ese «ir por el libro» supone que el Principado no recuperará la carrera profesional hasta que no cuente con las normas que lo respalden. Para alcanzar esa situación hacen falta la Ley de Función Pública del Principado de Asturias y el Estatuto Básico del Personal Docente. La primera depende del Principado, y dará cobertura a 6.000 funcionarios. La segunda influirá en 8.000 docentes, pero su desarrollo es misión de un Ministerio de Educación que de momento no ha convocado a los agentes sociales para negociarlo.

«Nosotros estamos en disposición de presentar la Ley de Función Pública en la Junta General», anunció Ana Rosa Migoya. Pero luego matizó que el Gobierno no dará ese paso. El motivo: su ley «arregla una parte del problema, la más pequeña; nuestra intención es que las dos normas vayan en paralelo para que no se produzcan disfunciones entre dos colectivos que pertenecen al Principado», informó Migoya. «Si dependiera de nosotros, el problema ya hubiera estado resuelto», abundó.

Antonio Pino: «A estos sindicatos habría que correrlos a gorrazos»

UGT y CC OO negociarán retomar la carrera profesional «en el menor tiempo posible para que nadie se quede atrás»

No discuten la decisión de los jueces, pero sí a quien la ha reclamado. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, reaccionaron ayer con furia contra los promotores de la sentencia que anula la carrera profesional. Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, secretarios generales de ambas centrales, admitieron ayer en una rueda de prensa conjunta que eran conocedores tanto de los vacíos legales como de las desigualdades del sistema que promovía el Principado, pero interpretan la sentencia como un torpedo a su estrategia de subsanar los fallos mediante la negociación.

Ambos subrayaron que, mientas esas deficiencias se iban corrigiendo, 14.000 empleados públicos cobraban ya unos complementos salariales que ahora cesarán. «Estamos ante una gran irresponsabilidad; da la sensación de que quienes presentaron la demanda van más en contra de los sindicatos mayoritarios que de la idea de que todo el mundo que quiera siga cobrando», acusó Justo Rodríguez Braga.

El líder de UGT trató de tranquilizar a los empleados públicos avanzando que «en el menor tiempo posible vamos a restablecer una negociación para poner en marcha la carrera profesional». El objetivo de ese debate será que «ningún trabajador se quede atrás», informó Rodríguez Braga.

Más explícitos se mostraron en CC OO. «Es que desde un discurso sindical no se entiende que quien dice defender a los trabajadores impulse una iniciativa jurídica que paralice esas retribuciones», lamentó Antonio Pino. Para el líder de CC OO, los sindicalistas de CSI, CSIF, Suatea y USO -las cuatro centrales que han buscado el amparo del TSJA- «deberían haber sido corridos a gorrazos por los trabajadores de la Administración pública porque flaco favor les han hecho».

«¿Cómo puede un sindicato darle prioridad a la pureza jurídica frente a los intereses de los trabajadores?», se cuestionó Antonio Pino antes de sentenciar que esa filosofía «es algo impresentable».

La postura del líder de CC OO no concuerda con la que el martes mostró José Antonio Piquero, de la federación de Enseñanza del mismo sindicato. El representante de los docentes emitió un comunicado en el que a quien responsabilizaba del revés jurídico era a la consejera de Administraciones Públicas, hasta el punto de señalar que «es imprescindible la dimisión o cese inmediato» de la misma.

Ilegalidad electoral

Entre la parte demandante, el sindicato USO terció defendiendo la sentencia del TSJA como «el resultado lógico y esperado». Para la central, el Principado se precipitó aprobando los pluses vinculados a la carrera profesional por «interés electoralista», pese a que suponía «un manifiesto incumplimiento de la legalidad vigente». «A Vicente Álvarez Areces se le calentó la boca en un acto propagandístico en busca de un puñado de votos», exponen.

 

 

También en esto nos enteramos sólo por la prensa

REUNION TECNICA.

Los médicos encaran el final del diálogo en urgencias hospitalarias

El Simpa reclama un texto que asegura una "plantilla adecuada".

17/06/2009 J. CUEVAS, para La Voz de Asturias 

Tres meses después de la huelga en las urgencias hospitalarias, y tras desconvocarse un segundo paro, que iba a tener una duración de 12 días, la negociación entre el Sespa, el sindicato médico Simpa y la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (Semes) toca a su fin. Hoy será la penúltima vez que se vean las caras para hablar de plantillas y turnos de trabajo, y el próximo 1 de julio lo harán por última ocasión.

De estas dos reuniones tendrá que salir el acuerdo, que no será definitivo sino que, una vez más, se trasladará a la Mesa General de la Función Pública para su aprobación. El responsable de Atención Especializada en el Simpa, Antonio Matador, manifestó ayer que este acuerdo tendría que garantizar "una plantilla adecuada" en los servicios de urgencias hospitalarias.

Sobre los sistemas de trabajo, el sindicato médico reclamó la voluntariedad para el personal médico "que lleva 20 años" trabajando con el sistema actual, así como una "ponderación de jornada", de forma que no valga lo mismo un turno de noche que uno de día y que se abonen complementos de nocturnidad. Matador calificó como positivo el diálogo mantenido hasta la fecha con la consejería, aunque lamentó que en las reuniones previas aún no se hubiera concretado "nada por escrito".

El Consejero insinúa que si no se produce una necesaria regulación estatal, a medio plazo habría que hacer adaptaciones en Asturias

Quirós cree que la ley andaluza sobre la muerte digna marca el «camino a seguir»

17.06.09 – EFE, OVIEDO

El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, comentó ayer que el proyecto de ley andaluz que ampara la regulación de la muerte digna marca «el camino a seguir» en esta materia para definir con claridad «los derechos y garantías de médicos y pacientes».

El consejero consideró, no obstante, que en el caso de Asturias el decreto de últimas voluntades aprobado por el Gobierno regional, que ha tenido «una excelente acogida», ya incorpora algunos de los aspectos que regulará la futura ley andaluza. Para Quirós, esta circunstancia se produce por el hecho de que la normativa asturiana ha sido «una de las últimas» en aprobarse en el conjunto de España y ha incidido en que, de continuar avanzando en la legislación sobre esta materia, sería necesario establecer una regulación a nivel estatal.

En su opinión, «sería deseable que toda la sociedad española» se pusiera de acuerdo en este asunto ya que «la población está cada vez más interesada en no sufrir en el momento de su muerte».

«Es necesario dar más autonomía al paciente para poder acceder a una muerte digna», ha señalado el consejero.

El Gobierno andaluz aprobó el pasado 9 de junio el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.

Amplio abanico

La futura ley andaluza regula el «abanico de posibilidades» clínicas para garantizar una muerte digna y minimizar los procesos agónicos como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales.

Qué bueno hubiera sido que algunos se hubieran acordado del “virgencita, virgencita, que me dejen como estoy ”, antes de montar este fregado

Miles de funcionarios pierden hasta 216 euros al mes al tumbar la justicia la carrera profesional

El TSJA derriba uno de los pilares del sistema salarial público instaurado por Areces en plena campaña electoral de las últimas autonómicas • Los jueces anulan la medida, que afecta a unos 19.000 empleados, al considerar que el Gobierno no dio respaldo legal a la retribución

Oviedo, I. RONZÓN / P. G., para La Nueva España

El régimen de retribuciones y primas que aplica la Administración del Principado, tras aprobarlo Vicente Álvarez Areces durante la campaña electoral de las últimas autonómicas, saltó ayer definitivamente por los aires. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) hizo pública la anulación de la resolución del Gobierno del Principado de mayo de 2007 sobre la que se sustenta la carrera profesional de miles de funcionarios de la Administración regional (servicios públicos, enseñanza y justicia). El motivo: no existe un desarrollo legal que dé sustento al sistema de retribuciones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el domingo 24 de mayo.

El fallo da la razón a un recurso presentado por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), apoyada por CSIF, SUATEA y USO. La decisión del TSJA deja en el aire las mejoras salariales que perciben desde 2007 unos 19.000 funcionarios, más de la mitad de los aproximadamente 35.000 que trabajan para el Principado. La mayoría de los de sanidad no están afectados.

Así, y dependiendo de la categoría profesional de cada funcionario (hay cinco como muestra el gráfico de la página 23), cada empleado podría dejar de percibir entre 56 y 216 euros, lo que anualmente se traduce en una pérdida entre los 2.601 euros y los 676,32 euros.

La carrera profesional es un sistema de primas centradas, fundamentalmente, en la antigüedad y en el cumplimiento de objetivos. A cambio la Administración exige a los funcionarios cumplir con ciertos criterios, como ampliar su formación y ser evaluados. Al año el Principado desembolsa más de 35 millones de euros por este concepto.

La decisión del TSJA, que el Principado tiene diez días para recurrir, abre ahora varios interrogantes, como es saber qué pasará a partir de ahora con el complemento salarial de la carrera profesional, que el Gobierno del Principado decidió adelantar en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 27 de mayo de 2007 a la ley de la Función Pública autonómica, que aún no ha sido aprobada y que puede ver la luz entre octubre o noviembre de 2010. El Gobierno anunció que preveía adelantarla.

Los trabajadores temen que el fallo obligue a devolver el dinero que cobraron desde 2007

Cada profesor de Secundaria tendría que reembolsar al Principado 6.250 euros y cada maestro 4.000 euros que recibieron de forma irregular

Aunque diversas fuentes apuntan a que los funcionarios de enseñanza, justicia y administraciones públicas no tendrán que devolver el dinero recibido a cuenta de la carrera profesional en los dos últimos años y medio, muchos no las tienen todas consigo, y ayer echaban cuentas recordando que el Tribunal de Cuentas ya obligó a los funcionarios del Ayuntamiento de Siero a devolver un dinero cobrado gracias a una decisión municipal que contravenía la ley. Así, a tenor de estos treinta meses cobrando la carrera profesional, por ejemplo, los profesores de Secundaria deberían reintegrar 6.250 euros, y los maestros, 4.000 euros, según datos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO).

La sentencia subraya que la carrera profesional «está todavía huérfana del desarrollo legal indispensable para su eficacia». Además, señala que la decisión de poner en marcha la carrera profesional por parte del Gobierno sin una ley en marcha hurtó «a los representantes de la soberanía (en referencia a los legisladores autonómicos y estatal) su potestad de efectuar ese desarrollo, no siendo, en consecuencia, la vía convencional, y ni siquiera la reglamentaria, sin ese soporte legal previo, instrumentos ni cauces adecuados para establecer una carrera profesional, ni siquiera de forma profesional». A todo ello hay que añadir que el TSJA considera que el pago de dinero público que supone la carrera profesional (más de 35 millones de euros al año) debe tener «el consecuente respaldo legal».

La argumentación del TSJA también subraya que el sistema seguido por el Gobierno en este asunto no tiene en cuenta las distintas figuras de trabajadores públicos (funcionarios o empleados públicos). Mientras, desde el Gobierno del Principado se rehusó ayer hacer ningún tipo de valoración. El Principado prefirió guardar silencio ayer sobre el fallo judicial.

Los sindicatos confían en un «arreglo», pero piden el cese de la consejera Migoya

«A veces es peor el remedio que la enfermedad», apuntan las centrales, fuertemente divididas por el proceso en los Juzgados

La reacción de los sindicatos de funcionarios sobre la carrera profesional se divide entre la «satisfacción» de las centrales que apoyaron el recurso ante el TSJA y la preocupación de aquellas que se opusieron. Algunos de ellos, como la Federación de Educación de CC OO o CSI, solicitaron «la dimisión o el cese inmediato de los responsables más directos de la Administración en este asunto, comenzando por la consejera Ana Rosa Migoya». «Hay que buscar una solución para dar cobertura a todo el mundo. Es una discriminación entre empleados públicos», comentaba Lucas Álvarez, líder de CSIF, uno de los sindicatos que, junto a SUATEA y USO, apoyó la reclamación de CSI. Álvarez aseguró que los funcionarios que cobran esta mejora «no tienen que estar preocupados». De todas formas, todos confían en un «arreglo».

Para CSI, la sentencia acaba con «un cheque en blanco» que considera «un señuelo de unas cantidades no consolidables, sometidas a permanente chantaje y con indecentes diferencias salariales entre los distintos grupos de clasificación».

La Federación de Servicios Públicos de UGT denuncia la «irresponsabilidad» de estos sindicatos «por privar del cobro» de la carrera profesional a miles de empleados públicos. Mientras, USIPA aseguró que «a veces es peor el remedio que la enfermedad», en alusión al recurso de CSI. «Todos éramos conscientes de que no había amparo normativo». USIPA solicita «una reunión con Administraciones Públicas para ver cómo se ejecuta la sentencia». El temor de algunos sindicatos es que los funcionarios no tengan que devolver el dinero cobrado hasta el momento, pero que se congele la carrera profesional hasta que el Principado apruebe la ley de Función Pública. Desde USIPA se quejan de que las reuniones entre el Gobierno y los sindicatos para acordar el texto de la ley están «congeladas» desde el pacto con IU a finales de 2008. Desde Unión Nacionalista Asturiana también se aplaude el fallo.

La carrera profesional, mejoras de hasta 10.000 euros por cumplir objetivos

La carrera profesional estableció un nuevo sistema de relación entre la Administración pública y sus trabajadores. La carrera profesional consiste en una serie de mejoras salariales que se dividen en cuatro tramos. Hasta ahora, salvo en la Sanidad, sólo se ha aplicado el primero. Para saltar de uno a otro hay que ir cumpliendo a lo largo de la vida profesional del funcionario una serie de requisitos.

El principal es el de la antigüedad en el cargo. Como mínimo para comenzar a cobrar este incentivo se debe contar con cinco años en el cargo. También hay que cumplir con los objetivos marcados por el servicio correspondiente a comienzos del ejercicio. Del mismo modo, puntúa el que los funcionarios vayan reciclándose. Así, un funcionario de la categoría A en el primer tramo cobraría 2.600 euros más al año. En el cuarto, 10.000. En categoría E va de 676 a 2.750 euros.

 

El TSJA anula la carrera profesional de 19.000 funcionarios del Principado

RAMÓN MUÑIZ, GIJÓN, para El Comercio

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso dicen por unanimidad que el sistema «carece de soporte legal»

La decisión revoca un modelo que incluía a 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público regional

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló ayer el modelo de carrera profesional que el Principado de Asturias venía aplicando desde 2007. Los once magistrados-jueces que componen la sala de lo Contencioso-Administrativo apoyaron por unanimidad una sentencia que entiende que «esa carrera profesional está todavía huérfana del desarrollo legal indispensable para su eficacia (...) Es disconforme a derecho y, por tanto, debe ser declarada anulable». De esta manera el tribunal echa por tierra un modelo que el Gobierno regional diseñó con la intención de gestionar a 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público. Sólo quedaban fuera de su alcance los 16.000 empleados de la Sanidad, que seguirán disfrutando de una carrera profesional a la que no afecta esta resolución judicial.

El fallo deja un interrogante en la nómina que este mes recibirán entre 15.000 y 16.000 trabajadores, según estimaciones de los propios sindicatos. Son los que hace dos años aceptaron adherirse a la carrera profesional a cambio de percibir sus complementos salariales. Los sindicatos temen que la Administración ejecute la resolución judicial anulando los pluses. Pese a la inquietud generada, la Consejería de Administraciones Públicas declinó ayer comentar el alcance del fallo.

El origen de la polémica se sitúa en el 18 de mayo de 2007. Ese día la entonces Consejería de Economía y Administraciones Públicas (hoy dividida en dos) dictó una resolución con la que convocaba a los funcionarios a incorporarse a la carrera profesional. Para quienes sumaran más de cinco años de antigüedad, aceptar ese cambio de formato suponía incorporar a la nómina unos pluses que oscilaban entre los 54,17 y los 208,33 euros al mes.

«Dimos la instrucción de que la gente no acogiese esa especie de 'cheque en blanco' detrás del que no se sabía qué había, pero hay que reconocer que más del 90% de los compañeros optaron por coger el dinero», recordaba ayer José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Cuatro sindicatos (CSI, CSIF Suatea y USO) reaccionaron interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la decisión. «Entendemos que la carrera profesional, tal como estaba planteada, suponía incorporar al empleo público los peores comportamientos de la empresa privada», justificaba ayer Adrián Álvarez, letrado desde hace cinco años de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

Un agujero legal

Pese a esa argumentación, los magistrados-jueces eluden toda valoración sobre el contenido de la carrera profesional. En cambio, sí han analizado las formas que ha seguido el Principado para su aprobación, y ahí han encontrado un error.

Los magistrados-jueces admiten que existe una norma, la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene «el concepto y principios que regulan la carrera profesional». A ella es a la que se acogió el Principado para iniciar su aplicación. Sin embargo, los togados aclaran ahora a la Administración regional que esa norma estatal «no diseña una carrera profesional, sino que fija unos principios y modalidades, unas pautas generales que no permiten su inmediata efectividad».

Es decir, lo que el Congreso de los Diputados aprobó fueron unos principios generales, cuya aplicación deben después desarrollar las comunidades autónomas. «El legislador básico ha querido que sean los legisladores autonómicos (...) los que diseñen y perfilen la carrera profesional», expone la sentencia.

Para los abogados, «estamos ante la crónica de una sentencia anunciada». «Se sabía desde el principio que no había base legal para hacer esa carrera profesional, pero aquí es grave que hayan pasado dos años y el Principado no los haya aprovechado para desarrollar esa normativa», lamenta Adrián Álvarez.

La interpretación del TSJA obligará ahora al Principado a ir a la Junta General y negociar allí una ley asturiana que desarrolle la carrera profesional. ¿Por qué? Los magistrados recuerdan que es la propia Constitución la que defiende un régimen funcionarial dentro de las administraciones públicas. Cualquier cambio que se haga al respecto debe llegar negociado por los partidos políticos. «No se puede (...) hurtar a los representantes de la soberanía su potestad de efectuar ese desarrollo» de la carrera profesional, reprocha la sentencia.

Todos en el mismo saco

La sala del TSJA que preside Jesús María Chamorro aprovecha también la sentencia para dar un toque de atención de cara a esa futura norma asturiana. Según aclara la sentencia, «no es posible regular de manera idéntica, como hace la actuación impugnada, un régimen de carrera para funcionarios públicos y personal laboral». El Principado pretendía con su fallida carrera profesional incluir a todos los empleados con cinco años de antigüedad, pero los jueces advierten: para regular a los funcionarios hace falta una norma con rango de ley, un extremo que no es necesario con los empleados públicos.

La sentencia deja en el aire los pluses de «casi 16.000 trabajadores»

Los docentes son el estamento más afectado por un fallo que señala que los complementos «no tienen cobertura legal»

17.06.09 - R. M., GIJÓN, para El Comercio

La sentencia del TSJA golpea directamente la nómina de «entre 15.000 y 16.000 empleados públicos», según las estimaciones de UGT y CC OO. Son los trabajadores que hace dos años se adhirieron a la carrera profesional propuesta por el Principado. Esa decisión incrementó sus nóminas con unos pluses que para este año alcanzan hasta 2.601 euros anuales en los casos de trabajadores de categoría A.

El fallo del TSJA dinamita esa gratificación al establecer que los pagos a cuenta vinculados a la carrera profesional «no tienen todavía respaldo en la aplicación de la Ley 7/2007, ni tampoco lo encontraríamos en el sistema anterior, por lo que no cuentan con cobertura legal suficiente».

El gremio más afectado por semejante interpretación son los docentes. «Calculamos que hay unos 8.000 maestros; en estos dos años y medio de aplicación de los pluses habrán recibido 6.250 euros los de Secundaria y 4.000 los de Primaria», estima José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Fuera de Educación «es complicado afinar el número, pero creemos que hay entre 7.000 y 9.000 trabajadores vinculados a las distintas consejerías», indica Manuel Nieto, responsable del Área Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. «Ahora, esos sindicatos que irresponsablemente impugnaron el acuerdo, que vayan a toda esa gente y les expliquen por qué van a perder dinero», lamentaba Carlos González, secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

En CSI, una de las centrales que auspició ese recurso, abogan en cambio por hacer un frente de defensa de esos complementos: «Lo que no es de recibo es que la incompetencia del Principado la vayan a pagar los que no tienen culpa ninguna».  

Plan de Ordenación de RR.HH. del SESPA: La negociación continuará este jueves y el viernes y todos están presentes

Ante la ausencia de información directa os facilitamos la periodística:

UGT y CC OO pactan un plan de recursos humanos favorable al Sespa, según el SIMPA

Los sindicatos de médicos y enfermeros temen un acuerdo entre las dos centrales y la Administración «al margen del foro negociador oficial»

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, para la Nueva España

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) acusó ayer a UGT y a Comisiones Obreras de pactar un plan de recursos humanos para el sector sanitario muy favorable a los intereses de la Administración sanitaria y que, en consecuencia, puede recibir luz verde en un período de tiempo relativamente breve.

Así lo afirmó José Manuel Martín, uno de los representantes del SIMPA, al término de la reunión de la Mesa General de la Comunidad Autónoma celebrada en Oviedo. Fuentes del Sindicato de Enfermería (SATSE) también manifestaron su «temor» de que se haya tejido un acuerdo entre las dos centrales y la Administración «al margen del foro de negociación oficial».

Ambos sindicatos, que en el citado ámbito negociador actúan como coalición (Cemsatse), aludieron al acuerdo firmado el pasado 8 de octubre, en el que el Gobierno asturiano recibió el apoyo de Comisiones y UGT para sacar adelante el acuerdo que establece las líneas maestras de la reforma de la atención primaria.

Ayer se celebró la primera reunión entre la Administración y los sindicatos para negociar el plan de recursos humanos planteado por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), un documento llamado a servir de marco en la regulación de aspectos de hondo calado para el personal sanitario. En el encuentro no se registraron avances reseñables. Los dirigentes del Sespa propusieron que todas las partes entregaran sus alegaciones al texto original y programaron las conversaciones para el jueves y el viernes. Las alarmas del SIMPA y el SATSE saltaron al constatar que UGT y Comisiones llegaban a la reunión con un pliego de alegaciones elaborado de forma conjunta.

En su redacción original, el plan de recursos humanos estipula la jubilación obligatoria a los 65 años, una medida que irrita sobremanera al Colegio de Médicos de Asturias y que tampoco gusta al SIMPA. Otro aspecto controvertido se centra en una serie de fórmulas que facilitarán la movilidad del personal entre las diversas áreas sanitarias de la región con el fin de corregir desequilibrios territoriales. El documento vincula el progreso en la carrera profesional a la implicación en la mencionada reforma organizativa de los centros de salud, fija que todas las jefaturas se cubran por libre designación y limita la dedicación exclusiva a los puestos de responsabilidad.

Desde el SATSE se critica que el documento no concreta lo que han de ser contenidos esenciales de un plan de recursos humanos. El SIMPA también habla de «falta de concreción». Y, sobre todo, de la sospecha de que «el Sespa haga de todo esto un mero trámite para sacar adelante lo que quiere la Administración con los sindicatos amigos».

Jubilación: «Con carácter general, se declarará la jubilación forzosa del personal al cumplimiento de la edad de 65 años».

Vinculaciones de nombramientos a otras áreas sanitarias: «Los nombramientos del personal podrán contener cláusulas de vinculación temporal fuera del área sanitaria correspondiente a su nombramiento (...) La movilidad se hará efectiva cuando las necesidades asistenciales de la población de un área sanitaria no puedan ser garantizadas con los recursos humanos propios de ésta».

Movilidad voluntaria: «Se entenderá prioritaria, por lo que se establece el compromiso de proceder a su regulación de manera preferente, desarrollando con periodicidad bienal los concursos de movilidad correspondientes». La gerencia del Sespa se arroga la facultad de «trasladar temporalmente al personal estatutario fuera del ámbito determinado en su nombramiento (...) cuando concurra la falta de personal o de demandantes de empleo».

Carrera profesional: «Se desarrolla sobre un sistema de evaluación (...) introduciendo junto con los criterios de méritos del interesado, basados en una baremación, los de valoración del resultado de su actividad, calidad y cumplimiento de los indicadores establecidos, así como implicación en la gestión clínica».

La vacuna sólo es efectiva en aquellos grupos a los que se va a dirigir

«No se puede vacunar a todos los asturianos contra la gripe A y dejar sin medios a África»

La directora de Salud Pública de Asturias insta a actuar «igual que se ha hecho otros años» ante el virus AH1N1

16.06.09 - MIGUEL LLANO, OVIEDO, para El Comercio

«Por el momento, la gripe A está resultando más leve que la cepa de gripe común que tuvimos el invierno pasado», declaró ayer la directora general de Salud Pública del Principado, Amelia González a este periódico. Por eso, pide calma, «todo está aún en estudio».

De cara al invierno, España se aprovisionará de vacunas para el 30% de la población, alrededor de 14 millones de dosis. Este es el cálculo que han hecho las comunidades y el Ministerio de Sanidad y por el que a Asturias le corresponden algo más de 300.000, que «sólo se administrarán a los grupos de riesgo».

El problema es que aún no se tiene claro cuáles son esos grupos. Habrá que esperar a los datos provenientes de los países del hemisferio sur, donde el invierno está a punto de comenzar, explica González. Pero, ¿por qué no se consiguen vacunas para toda la población? , cabría preguntarse. «Porque la vacuna sólo es efectiva en aquellos grupos a los que se va a dirigir», responde González, al tiempo que advierte de que «es importante transmitir esto a la población. Dónde hay un buen desarrollo de los sistemas sanitarios, sólo se ha producido una muerte y el individuo tenía otras complicaciones de salud».

El ’grupo diana’

Lo más lógico, a la vista de lo sucedido hasta el momento, es actuar con mesura. Se trata de una pandemia mundial. Si los países ricos acapararan todas las vacunas, ¿qué quedaría para los pobres? «Si un bronquítico la necesita tendrá que tenerla, viva en Asturias o en Burundi». La directora de Salud defiende las mismas tesis que viene sosteniendo el Ministerio de Sanidad: «No se puede vacunar a todos los asturianos contra la gripe A y dejar sin medios a África».

Desde la Administración Central, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, afirmó que las actuales medidas de control de expansión se cambiarán por las de vigilancia estrecha de los cuadros respiratorios graves en hospitales. La pandemia ya es un hecho.

Respecto a la campaña de vacunación, Jiménez insiste en que ella misma sólo se vacunará contra la gripe A «si así lo recomiendan». Al parecer, una persona está dentro de uno de los posibles grupos de riesgo si su franja de edad se sitúa entre 30 y 50 años. Si este fuera el ’grupo diana’, en Asturias las vacunas se quedarían cortas. Aproximadamente un 35% de la población está en esas edades.

«Por lo que sabemos, no hay riesgo de que eso suceda», asegura González. «Si llega el invierno y alguien tiene síntomas gripales debe actuar igual que lo ha hecho otros años», insiste, a no ser, claro está, que haya tenido contacto con México.

Los trabajadores, ¿tendremos información directa mañana o habrá que conformarse con la periodística?

Asturias

Sespa y sindicatos inician hoy la negociación del nuevo plan de recursos humanos

15.06.09 - L. FONSECA, OVIEDO, para El Comercio

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) y los sindicatos inician hoy la negociación sobre el nuevo Plan de Recursos Humanos. La Administración ha fijado para esta tarde la primera reunión de la Mesa General en la que CC OO, UGT y los sindicatos profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos y celadores) expondrán sus diferentes posturas sobre un documento que ya ha concitado rechazo.

El Plan de Recursos Humanos, avanzado en su día por EL COMERCIO, regulará la contratación, nombramiento y retribución de los 16.000 trabajadores adscritos al Sespa. La futura normativa abre las puertas a la aplicación de la movilidad geográfica, de manera que «por necesidades del servicio» un médico, una enfermera o un auxiliar que trabaje en Oviedo, Gijón o Avilés pueda ser enviado a las alas. Con este planteamiento el Sespa podrá solucionar los problemas de falta de personal que desde hace años se plantean en la periferia (Jarrio y Cangas del Narcea, fundamentalmente).

Otro de los cambios que recoge el Plan del Sespa afecta a las jefaturas, así como a mandos intermedios y otros puestos singularizados. Los que sean designados responsables de algún área o servicio no sólo no podrán trabajar en la medicina privada (se les aplicará de forma obligada la dedicación exclusiva), sino que tendrán una jornada superior al resto.

Datos de la Memoria Anual de 2008 del Servicio de Salud del Principado (Sespa)

2.400 asturianas requirieron atención sanitaria en los últimos 4 años por maltrato

Las víctimas suelen tener entre 20 y 44 años, aunque hubo una decena de casos de menores de 14 y 30 embarazadas

Siete de cada diez agresiones son del marido o la pareja

15.06.09 - LAURA FONSECA, GIJÓN, para El Comercio.

2.400 asturianas pasaron en los últimos cuatro años por los servicios de urgencias de los hospitales y centros de salud tras ser víctimas de malos tratos. De ellas, 30 estaban embarazadas y diez eran niñas y adolescentes menores de 14 años. El balance del Registro de Atención Sanitaria en Violencia contra las Mujeres del Principado de Asturias (Vimpa) señala que cada año unas 600 asturianas son atendidas en las consultas médicas de la sanidad pública bien por contusiones, traumatismos, golpes, quemaduras o daños psicólogos que tienen como autor, en la mayor parte de los casos, a su marido o pareja sentimental.

Los datos forman parte de la Memoria Anual de 2008 del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y vienen a mostrar una oscura realidad en la que se ven reflejadas cada vez mujeres más jóvenes. Según estas estadísticas, la mayor parte de las víctimas (el 73%) tiene entre 20 y 44 años, pero casi un tercio de ellas no han llegado a cumplir los 30, es decir, que son jóvenes que están en la veintena. Esto coincide con la advertencia realizada días atrás por el fiscal especial de Violencia de Género, Gabriel Bernal del Castillo, que alertó sobre la juventud de los maltratadores y de sus víctimas. Es más, según este registro sobre malos tratos, un 5% de las agredidas (unos 30 casos al año) bordeaban la adolescencia, con edades entre 15 y 19 años.

Tres grupos de afectadas

El informe del Vimpa precisa que el grupo de mujeres jóvenes (menor de 30 años) «representa una proporción importante de declaraciones (45% en Atención Especializada y 30% en Primaria)». Asimismo, el análisis de los resultados permite distinguir al menos tres poblaciones diferentes. Por un lado, las jóvenes, donde el maltrato «puede tratarse de un caso puntual o de corta duración»; un segundo grupo es el de las mujeres que solicitan el parte médico por recomendación policial o jurídica y un tercero «de mujeres que no han llegado admitir su situación, pero que sí se reconocen como víctimas una vez dentro de la consulta».

Las asturianas que llegan a las consultas médicas (que no son ni mucho menos todas las que sufren agresiones en el hogar o en entorno familiar) reconocen que no es la primera vez que son maltratadas por su compañero sentimental. Seis de cada diez dicen haber sido víctima de ataques con anterioridad. Además, otro 7% acude hasta dos veces al año a los servicios médicos por idénticos motivos. En la mitad de los casos, la agresión se repite antes de los seis meses del último caso.

La violencia contra las mujeres tiene un claro sello sexista. Los datos del registro así lo constatan año tras año al confirmar que siete de cada diez agresores son el marido o la pareja sentimental. Otro 14% recae en antiguas parejas.

El Registro de Atención Sanitaria en Violencia contra las Mujeres del Principado de Asturias nació en 2003 pero no fue hasta 2005 cuando se comenzaron a realizar balances anuales. Gracias a ello se sabe que las mujeres acuden tanto hospitales como centros de salud, aunque no en igual proporción. El 60% prefiere ir a las consultas de Primaria. Eso sí, en ambos casos se decantan mayoritariamente por los servicios de urgencias. De esta forma, las agredidas rehuyen tener que contar el caso a su médico de cabecera.

El último año analizado, 2008, se saldó con 605 atenciones, algo por encima de las 583 mujeres maltratadas que habían requerido atención un año antes. La cifra, con todo, se mantiene estable y ronda los 600 casos anuales casi desde que arrancó el registro, en 2005.

El tipo de agresión sufrida es mayoritariamente física. Nueve de cada diez mujeres presentan lesiones de esta índole. En otro 29% de casos coexiste también el maltrato psíquico, mientras que el 2% (unas 48) denunciaron haber padecido un ataque sexual.

Falta información

A tenor de lo que expone a modo de balance el registro de mujeres víctimas de violencia sexista atendidas en la sanidad púbica, algo puede estar fallando en las consultas sanitarias. Bien por desinformación, por desconocimiento o por algún otro tipo de causa, un importante grueso de mujeres que han sufrido malos tratos no reciben información sobre a dónde pueden acudir para recibir ayuda para afrontar su situación.

Así lo alerta el último informe del Vimpa, el referido a 2008, aunque la advertencia ya había sido reflejada en los informes de 2006 y 2007. El caso es que el 51% de las agredidas o, mejor dicho, en el 51% de los partes de agresión confeccionados, no aparece referencia alguna sobre derivaciones a otros dispositivos de atención, como son las casas de acogida o el Centro de Atención a la Mujer (CAM).

En este sentido, los responsables del Vimpa recuerdan que «la atención integral a las mujeres víctimas de malos tratos incluye la recomendación de poner a la afectada en contacto con los centros u otros recursos específicos».