PRENSA

Ecos sobre la situación creada por la Sentencia que anula la carrera de los empleados públicos del Principado (sólo los estatutarios del SESPA están al margen ya que los laborales y funcionarios de sanidad si están afectados)

Editorial de La Nueva España

Una sentencia que deja en mal lugar al Principado

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de anular el pago de la «carrera profesional» a los funcionarios del Principado es la crónica de un fallo anunciado. No hay lugar para las sorpresas: hasta el bufete más modesto del sindicato de menor implantación era consciente de que la retribución era un castillo en el aire. Lo increíble es que desde el año 2007, en que decidió aplicarse, el Gobierno regional tuvo tiempo suficiente para corregir la situación y no movió un dedo. La sentencia llega en un momento de relaciones inestables entre el Principado y sus funcionarios. Que sirva al menos como punto de inflexión para abordar de una vez el cambio a fondo que la función pública necesita y que todo el mundo dilata.

Una sentencia que afecta a 14.000 funcionarios de la región
El tropezón de la carrera profesional

El complemento salarial, aprobado días antes de las últimas autonómicas y vendido como pionero por la Administración regional, se ha vuelto contra sus gestores al ser anulado por los jueces

Oviedo, Juan A. ARDURA, para La Nueva España
Un duro tropezón judicial ha hecho que la carrera profesional de los funcionarios del Principado haya acabado por los suelos. La sentencia que anula la carrera profesional en Asturias ha convertido uno de los principales logros que el Gobierno regional no dudaba en exhibir, por su carácter pionero en el conjunto de España, en un grave varapalo en materia de personal. En tan sólo año y medio, una iniciativa que se puso en marcha tras una de las mayores huelgas que se recuerdan en la sanidad regional ha pasado de ser un reclamo de votos en vísperas de las elecciones autonómicas, según sostienen varios sindicatos y grupos políticos -incluidos los socios de gobierno-, a generar un gran malestar entre los 14.000 funcionarios que ya se estaban beneficiando de la iniciativa y que, ahora, verán cada fin de mes cómo sus nóminas menguan en cantidades que llegan hasta los 216 euros.

Pero, en primer lugar, ¿qué es la carrera profesional y cómo se ha gestado?, ¿qué es eso sobre lo que tanto se ha hablado en las últimas semanas, que ha exigido incluso la presencia de once jueces en el tribunal para decidir sobre su continuidad? A groso modo, puede definirse como un nuevo sistema de relación entre la Administración regional y sus trabajadores con base salarial, el viejo truco del palo y la zanahoria. Los funcionarios reciben incentivos y mejoras salariales a cambio del cumplimiento de una serie de objetivos. Esa era la idea. La práctica había quedado hasta ahora, por falta de desarrollo, en un mero pago del concepto de antigüedad.

Cuando los médicos asturianos protagonizaron la huelga de 2006 estaban muy lejos de imaginar que sus reivindicaciones pondrían en jaque, tres años después, la política de personal del Gobierno con el que mantuvieron negociaciones más que tensas. Y es que la aplicación de la carrera profesional, que acaba de tumbar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tiene su origen en los logros alcanzados por los médicos y enfermeros en las movilizaciones de hace dos años y medio. Los sanitarios asturianos fueron los primeros en ver aumentadas sus nóminas a cuenta de la carrera profesional, en marzo de 2007.

Los sindicatos mayoritarios vieron en esa negociación un precedente para ampliar el pago de la carrera profesional al resto de funcionarios de la Administración regional. Y en diciembre de 2006 llegaban a un acuerdo con el Principado en la mesa general para el desarrollo de la carrera y promoción profesional. Estaría abierta a todos los empleados públicos de la Administración, que cumplieran los requisitos de ser funcionarios y tener 5 años de antigüedad a fecha 1 de enero de 2007.

Hasta ahí, todo era miel sobre hojuelas, y ningún sindicato planteaba reparos ante la mejora económica que esa medida entrañaba para la mayoría de la plantilla de funcionarios de la Administración regional. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció pocos meses después en un encuentro que mantuvo con decenas de funcionarios en el Edificio de Servicios Múltiples de Llamaquique (Oviedo) que recibirían un pago a cuenta de la carrera profesional, según revelaron fuentes sindicales. Quedaba poco más de un mes para las elecciones autonómicos y algunos sindicatos ya vieron fines electorales en ese anuncio.

Las hostilidades se desencadenaron el 22 mayo de 2007, cuando el Principado dictó la resolución que ponía en marcha la carrera profesional. Esa resolución, publicada en el BOPA cinco días antes de las elecciones autonómicas, generó un gran enfado en los sindicatos sectoriales, especialmente en la educación. Los motivos de ese descontento eran que el Principado exigía a los funcionarios que solicitaran voluntariamente la carrera profesional y se sometieran al resultado de una evaluación, sin parámetros previos ni criterios objetivos.

«El Gobierno regional pretende un cheque en blanco», coincidieron sindicatos tan dispares como la Corriente Sindical de Izquierdas, SUATEA, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y CC OO-Educación. Los funcionarios de la docencia entendieron que ese compromiso previo, exigido por el Gobierno regional, «estaba sometido a una gran arbitrariedad» e iba contra los derechos de un cuerpo estatal como es el suyo.

«Esta resolución no se puede aplicar a los docentes», defendió entonces Beatriz Quirós, de SUATEA. «Los hechos nos han dado la razón», reprocha ahora esta catedrática, uno de los 5.000 profesores asturianos que no se incorporaron a la carrera profesional. Tampoco ella tiene dudas acerca del fin electoralista que perseguía el Gobierno, «que aprobó la carrera profesional en plena campaña electoral». El Principado, en cambio, niega la mayor. «Las conversaciones con los sindicatos habían empezado en 2006», sostiene el Gobierno.

La oposición al «cheque en blanco» fue el principal argumento esgrimido en el recurso presentado y apoyado por los sindicatos disconformes ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. No había vuelta atrás. En cambio, los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, animaron a sus afiliados a incorporarse a la carrera profesional, al entender que era un instrumento válido para fomentar la productividad en el sector público, mejorar la atención al ciudadano y, de paso, mejorar las percepciones salariales de los funcionarios. La división sindical tampoco tenía vuelta atrás.

El primer pago a los 14.000 funcionarios que se sumaron voluntariamente a la carrera profesional se materializó en la última mensualidad de 2007. Tenía carácter retroactivo desde el anterior enero y fue tras una resolución del Gobierno firmada por la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y en delegación por el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos, Luis Iturrioz. Desde ese momento, la también portavoz del Gobierno defendió en más de una ocasión el talante pionero del Principado con la aplicación de la carrera profesional. Sin ir más lejos, el pasado 18 de marzo, cuando Migoya defendió el polémico plan de evaluación profesional de los profesores como contrapartida a la carrera profesional.

La sentencia hecha pública el martes por el Tribunal Superior de Justicia plantea ahora un gran interrogante. ¿Qué pasará con las nóminas de los funcionarios que se incorporaron a la carrera profesional? De momento, Migoya ha asegurado que el pago se dejará de abonar en la nómina de julio y el Gobierno regional habla de «mala conciencia en los sindicatos que recurrieron la carrera profesional sin pensar, a priori, en las consecuencias de la sentencia y que ahora piden que se mantengan las nóminas». Antonio Pino, secretario general de CC OO, uno de los sindicatos que han apoyado la carrera profesional, incluso habló de «correr a gorrazos» a las centrales que recurrieron. Y SUATEA, CSIF y, más tímidamente, UGT consideran que el Gobierno tiene margen legal para evitar que las nóminas bajen. A la vista, un caldo de cultivo poco abonado para que las partes se sienten a negociar, deseo compartido por los sindicatos más discrepantes y por el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

Asturias

¿Es posible la devolución del dinero ya ingresado?

21.06.09 - R. M., GIJÓN, para El Comercio

La sentencia del TSJA no obliga a los 14.000 empleados públicos a devolver los alrededor de 51 millones que han percibido en los últimos dos años en base a una resolución ahora anulada. Sin embargo, según diversos expertos en Derecho Administrativo, existen varias vías que pueden acabar obligando una devolución que ya se ha ordenado, por causas similares, en el Ayuntamiento de Siero.

El camino vendría alejado de los tribunales. Las partes en conflicto han renunciado a recurrir el fallo del TSJA, impidiendo así que los jueces aclaren este punto en una nueva sentencia. Pero existen dos órganos encargados de fiscalizar el uso del dinero público: la Sindicatura de Cuentas del Principado, y el Tribunal de Cuentas estatal.

La primera sólo investiga lo que marca una programación que todos los años elabora su consejo. «En la lista de este año no hay ninguna causa que en principio lleve a los síndicos hasta temas relacionados con esta sentencia», asegura el portavoz de la Sindicatura. Otra cuestión serán las investigaciones que aprueben para 2010.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, tiene reservada en exclusiva la jurisdicción contable, y puede actuar de oficio o mediante una solicitud previa. Cualquier ciudadano está facultado para sugerirla «si cree que ha sido testigo de un acto ilícito por parte de la Administración», aclara Juan Velarde, consejero del Tribunal.

Carrera entre el mérito y el dinero

El próximo mes 14.000 empleados públicos verán su nómina recortada por una sentencia del TSJA que reabre la tensión dentro de la Administración

RAMÓN MUÑIZ, GIJÓN, para El Comercio

El mundo del funcionario es diferente. Tanto, que el mes que viene, cuando 14.000 empleados públicos vean su nómina recortada, «habrá muchos que se sientan liberados». Tanto como para que quien esto afirme, sea un sindicalista. Y tanto como para que los líderes de tres sindicatos distintos se confiesen «felices» por haber logrado esta semana anular un sistema que repartía cada año 21 millones de dinero público entre los trabajadores.

«Es un dinero que no llegaba a todos y sobre el que se edificaba un sistema que amordaza a los trabajadores». Así justificaba esta semana el sindicato CSI el recurso que presentó contra la carrera profesional, un régimen que el Principado llevaba dos años aplicando y que cambia las reglas del juego con sus empleados: en vez de un sueldo fijo, se pagaría más a quien tenga mejor disposición en su puesto de trabajo.

Contra la forma en la que se estaba aplicando protestaron CSI, Suatea y CSI-CSIF. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha terminado dándoles la razón con una sentencia que «han ganado algunos sindicatos, pero que han perdido los trabajadores». Así lo valoró la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, con una frase reversible: el Principado ha perdido en los tribunales, pero la derrota le permite ahora ahorrar los 21 millones anuales que se dejaba en pluses por la carrera anulada. Pero, ¿cómo se ha llegado a tan paradójico pulso?

Sanidad: la solución que animará otros frentes

Octubre de 2006. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, estalla. Los sindicatos médicos acaban de convocar una huelga de siete días. Intentan meter presión en la negociación de la que tiene que salir la carrera profesional de los facultativos. En ese momentos sólo cuatro comunidades carecen de un régimen previsto desde 1986 por la Ley General de Sanidad. El Gobierno asturiano ofrece una carrera que sería la segunda menos retribuida de España. Por eso, los sindicatos médicos tensan la cuerda. Y por eso, Areces estalla: «No creo que estén mal pagados; muchos de la sanidad asturiana ganan muchísimo más que todos los miembros del Consejo de Gobierno».

El presidente alega que el Principado «aún está pagando la factura dejada por la anterior huelga», la que en 2002 paralizó la Sanidad durante tres semanas, pero sus palabras no evitan el conflicto. Hospitales y centros de salud se sumen en otro paro que deja sin atender 3.000 consultas. La protesta acaba cuando los facultativos logran «una de las mejores carreras profesionales del país», anuncia José Luis Sánchez, del Sindicato Médico (Simpa). El Gobierno pasó de ofrecer unos pluses de entre 2.200 y 9.800 euros, a otros de entre 3.000 y 12.000 euros. «Doy por bien empleada la huelga», abunda Sánchez.

El acuerdo cierra la herida sanitaria, pero espolea a otros colectivos. La reivindicación se extiende como gota de aceite, y el primero en pedir la carrera profesional es el personal no sanitario del Sespa, llamando a otra huelga.

UGT y CC OO pactan una segunda solución

La relación con los funcionarios se complica en cuestión de semanas. Por un lado, los sanitarios amenazan con volver al paro si no se acelera la aplicación de la carrera profesional. Mientras, el sindicato Suatea exige una subida mensual de 300 euros para los docentes. UGT llega también a convocar una huelga de cuatro días a finales de 2006. El Principado logrará evitarla 'in extremis', firmando un acuerdo con los sindicatos mayoritarios el 18 de diciembre. Según el pacto, el Gobierno regional deberá desarrollar una carrera profesional con unas cifras equiparables a las de Sanidad.

Los meses avanzan, acercando la cita electoral del 27 de mayo. El presidente y ya candidato, Vicente Álvarez Areces, trata de darle un giro definitivo a la relación con los funcionarios y promete una subida salarial, también para los docentes. Nueve días antes de la cita electoral, la entonces Consejería de Economía concreta la promesa con la resolución que convoca a funcionarios y trabajadores a adherirse a la carrera profesional.

La oferta sólo está abierta a personal con puesto fijo, cinco años de antigüedad, y que acepten que en un futuro estarán sujetos a procesos de evaluación. En compensación, los que firmen, cobraran ese año entre 54 y 208 euros más al mes. CSI, Suatea y CSI-CSIF protestan porque la propuesta no llega a los interinos. Entienden además que es un «cheque en blanco» para una Administración que no aclara cómo medirá los méritos para las mejoras salariales.

Pese a las quejas, 14.000 empleados se adhieren a la carrera profesional, mientras 5.000 se quedan fuera por propia voluntad o por no cumplir los requerimientos. Los contrarios al pacto no tienen el favor de la mayoría, pero sí el de las leyes: la carrera profesional ha sido aplicada sin contar con las leyes necesarias para apoyarla. Y así se lo dicen el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Dos años de aplicación

La justicia y la política se rigen por ritmos distintos. Mientras llega el fallo del TSJA, el Principado avanza en la aplicación de la carrera: primero paga a todos; después empieza la segunda fase, la de la evaluación. El colectivo elegido para iniciar los exámenes son los docentes. La consecuencia serán dos manifestaciones en la calle y una huelga en las escuelas. Dicen que son demasiadas pruebas, que están mal planteadas, que son arbitrarias.

En octubre de 2007 el TSJA dio una primera pista suspendiendo de forma cautelar la carrera profesional, tal y como reclamaba CSI. El Principado recurrió entonces la medida, lo que le permitió seguir ingresando los complementos y aumentando así el riesgo de una eventual sentencia en contra.

Un fallo que termina con todo el sistema

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Jesús María Chamorro, es consciente de la gravedad que puede tener la sentencia, y por ello toma una medida inusual: convoca a todos los jueces-magistrados de la Sala para dictar un fallo que será unánime.

La decisión, publicada esta semana, determina que los sindicatos minoritarios tienen razón. Es cierto que existe desde abril de 2007 un Estatuto Básico del Empleado Público que da las pautas generales de cómo debe ser la carrera profesional, pero «no la diseña (...), fija unos principios, unas pautas generales que no permiten su aplicación inmediata». Es necesaria una ley de la Junta General para dar cobertura legal a la carrera profesional.

Los primeros en reaccionar al fallo son los recurrentes. CSI, Suatea y CSI-CSIF se muestran «felices» de que la Justicia les dé la razón, dos años más tarde. Después llega la reacción de UGT y CC OO, sindicatos que firmaron el acuerdo que dio pie a la carrera. «Desde un discurso sindical no se entiende que quien dice defender a los trabajadores impulse una iniciativa jurídica que paralice esas retribuciones», lamentó Antonio Pino. Para el líder de CC OO, los que han recurrido al TSJA «deberían haber sido corridos a gorrazos por los trabajadores, porque flaco favor les han hecho».

El Principado se toma un día para valorar el alcance de la sentencia. Finalmente, decide no recurrirla. «Si fuéramos al Tribunal Supremo, existe el riesgo de que los jueces obliguen a los trabajadores a devolver lo cobrado en estos dos años», justifica Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas. La anulación también «significa dejar de recibir complementos», añade.

La carrera profesional trajo una paz a la Administración regional que ahora se resquebraja. El Principado asegura que no podrá restituir los complementos hasta que esté la Ley de Función Pública y el Estatuto Básico del Docente. Esta última norma es, de momento, un borrador que lleva dos años atascado en el Ministerio de Educación, quien aún no ha llamado a los sindicatos para negociarlo.

La respuesta no satisface a ningún sindicato. Este lunes UGT y CC OO iniciarán una ronda de asambleas con los afectados. De la presión que reciban, depende hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que esos 14.000 empleados públicos vean su nómina reducida.

El modelo retributivo del Principado.

Los 5.000 empleados que no firmaron la carrera reclamarán 18 millones

Los sindicatos solicitan percibir el plus que no se embolsaron durante los últimos dos años."O cobramos todos o no cobra nadie", dice Suatea, que subraya que el TSJA les respalda.

21/06/2009 J.S.R., para La Voz de Asturias

Los trabajadores que no cobraron la carrera profesional porque no estaban de acuerdo en cómo lo articulaba el Gobierno regional al no regularse sobre una base legal sino como un pago a cuenta exigirán esos emolumentos que no han percibido en estos dos últimos años. Consideran que la sentencia del TSJA que anula el modelo retributivo del funcionariado pone el contador a cero y hace posible que el Gobierno del Principado corrija lo que venía siendo una situación de discriminación para las 5.000 personas que no firmaron, la práctica totalidad del sector de la enseñanza, y ahora reclamarán unos 18 millones de euros.

"O cobramos todos o no cobra nadie", señaló Jesús de la Roza, del sindicato de profesores Suatea, una de las centrales que junto a CSIF, CSI y USO interpusieron el recurso contra la carrera profesional. De la Roza criticó que cuando tanto la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, como los sindicatos CCOO y UGT hablan de solucionar el problema de los funcionarios que dejarán de percibir esas cantidades en las próximas nóminas, "no hablan de las cinco mil personas que, como no firmamos, no se nos dio ese dinero haciendo el mismo trabajo; qué es que se les regaló ese dinero?".

Gerardo Doménech, presidente del sector de enseñanza de CSIF añadió que la Administración "deberá de buscar fórmulas" que permitan tanto que los que firmaron no dejen de cobrar, como los que no se acogieron a la carrera perciban lo que no cobraron en todo este tiempo. Doménech considera que también pueden reclamar los que según el Principado incumplían los requisitos para acogerse a la carrera profesional porque no tenían los cinco años de antigüedad o eran personal laboral.

Siguiendo esta línea argumental el representante de CCOO-Enseñanza, José Angel Piquero considera que en la ESO cada profesor deberá de ingresar unos 6.250 y cada maestro unos 4.000 por estos dos años y medio en que estuvo en vigor el pago a cuenta de la carrera profesional. Piquero defiende una subida lineal para todos los trabajadores, ya que, apunta, en enseñanza se siguen cobrando unos salarios por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas.

Tras la sentencia del TSJA el Gobierno ya anunció que dejará de pagar la carrera a partir de julio a 14.000 funcionarios, de los 19.000 que suman administraciones públicas y la enseñanza, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de 52,5 millones de euros (21 millones al año) desde el 1 de enero de 2007.

CCOO-Enseñanza, CSIF y Suatea tienen convocada para el próximo martes una asamblea en el IES Alfonso II de Oviedo donde se analizará la situación tras la anulación del complemento.

La sentencia implica paralizar el proceso de evaluación

Tanto discutir por el sistema de evaluación del profesorado que abrió una profunda crisis en el grupo parlamentario de IU-BA-LV y estuvo a punto de afectar al pacto de gobierno y total para nada. La anulación de la carrera profesional por parte del TSJA supone entre otras cosas la paralización del proceso, porque todo estaba vinculado a un dinero que ya no existe, al menos en los mismos términos. Hay que recordar que la Administración adelantaba un dinero con el compromiso de llegar a unos determinados objetivos lo que en el caso del personal docente quedaba muy difuso respecto a cómo se mide y en el resto depende del jefe de turno.

PREAMBULO DE MOVILIZACIONES.

CSI cree que el Gobierno dilatará el problema para ahorrar un dinero

Las centrales dicen que si hay voluntad se arregla en unos días.

21/06/2009 J.S.R, para La Voz de Asturias

Los sindicatos que recurrieron la carrera profesional consideran que "no hay disculpa" para dejar de pagar el complemento pese a la sentencia del TSJA que anula el pago a cuenta de la carrera profesional. Si hay "voluntad política" se pueden buscar todo tipo de fórmulas, argumentan. Marco García, de la CSI, va más allá y asegura que todo forma parte de "una estrategia" del Gobierno del Principado que ha trasladado el problema a los trabajadores.

"En estos momentos en que no hay dinero y hay dificultades para pagar las nóminas al Gobierno le viene bien este ahorro de 21 millones al año; seguirán dilatando el tiempo, diciendo que se está negociando hasta que se den las circunstancias para presentar un gran acuerdo con los sindicatos acompañantes: UGT y CCOO. No hay que olvidar que la carrera se firmó cerca de unas elecciones", señaló ayer Marco García.

En CSIF, Suatea y CCOO Enseñanza comparten esta interpretación. No hay que olvidar que el Gobierno se escuda en que para ir sobre seguro y no recibir más varapalos hay que esperar a que se apruebe el Estatuto del Funcionariado Docente por parte del Ministerio de Educación y la ley asturiana de Función Pública por la comunidad autónoma.

No obstante advierten de que no van a consentir que se dilate el proceso y recuerdan que para dentro de año y medio hay elecciones sindicales. También UGT y CCOO que a nivel federal apoyaron al Gobierno en la carrera profesional le presionarán ahora para que no se les eche encima los 14.000 trabajadores que dejarán de percibir el complemento.

Hospital del Oriente: Una respuesta más que sabida del C. de Empresa. Mientras, la Gerencia llama a retomar el diálogo

El comité del hospital considera una sinrazón la oferta laboral del Sespa

Los sindicalistas estiman que «colar» a los trabajadores del centro en la lista de interinos sería «una ilegalidad flagrante»

Arriondas, Ramón DÍAZ, para La Nueva España
El comité de empresa del Hospital del Oriente rechaza la propuesta lanzada el pasado jueves por la Consejería de Salud para que los trabajadores se integren en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) como interinos, al considerarla «una sinrazón». El órgano colegiado que preside Lola Colunga subrayó que el Gobierno del Principado no puede esperar «que renunciemos a nuestros contratos, cuando cualquier trabajador de este hospital puede apuntarse a las listas de empleo temporal para personal estatutario del Sespa, sin renunciar a su condición de laboral fijo de la Fundación» pública que dirige el centro asistencial.

Además, según los representantes de la plantilla del Grande Covián, Salud propone «una ilegalidad flagrante», ya que las bolsas de empleo temporal están reguladas legalmente y «no puede "colarnos" por delante otros trabajadores que, en función de una lista, esperan ocupar una interinidad en una plaza de estatutario». Los sindicalistas rechazan que se haga «la vista gorda» para favorecer a los trabajadores del hospital.

El comité de empresa, a través de un comunicado de prensa, recordó que los empleados del Hospital de Arriondas nunca han pedido «ni ser funcionarios, ni ser estatutarios». Pero defienden que fueron laborales fijos de una empresa privada (la anterior fundación que rigió el centro), siguen siéndolo de una empresa pública (la actual fundación que dirige el hospital) y existen informes jurídicos, entre ellos uno del prestigioso jurista Raúl Bocanegra, que aseguran que sus puestos de trabajo «no peligran en absoluto por el hecho de que nuestro empleador pasara a ser otro organismo público, en este caso el Sespa».

Los representantes de la plantilla del Grande Covián consideran «una obviedad» la referencia de la Consejería sobre que el paso de laboral fijo a estatutario interino sería voluntario, pues «como bien dicen los informes jurídicos disponibles», excepto que se plantee «un cierre del hospital con despido masivo de la actual plantilla, con las correspondientes indemnizaciones, la Administración no podría disponer de nuestros puestos de trabajo para ofertarlos en concurso de traslados ni oferta pública de empleo, sin contar con la renuncia voluntaria» de los trabajadores con contrato laboral fijo que los ocupan.

El comité de empresa destaca que no entiende «el empecinamiento» en mantener la figura jurídica de la Fundación pública. «No creemos que el futuro del hospital pueda pasar por una "doble gestión", que implicaría forzosamente problemas administrativos, y una conflictividad laboral permanente por la diferencia de condiciones entre compañeros que deberían trabajar en equipo».

Los representantes sindicales del hospital recordaron que el Grupo Socialista el defendía en 2007 la necesidad integrar el centro en el Sespa y que la Fundación pública no podía ser sino un «instrumento intermedio». «Nos alegramos de que tras dos años de absurdo incomprensible negación, (los socialistas) vuelvan a ser fieles a su compromiso, reconociendo esa necesidad», señaló el comité, que destaca la necesidad de un «consenso político» sobre el futuro del hospital.

La gerente del centro llama a los sindicalistas a retomar el diálogo y la negociación

Dolores Menéndez propone hacer «borrón y cuenta nueva» para resolver el conflicto

Arriondas, R. DÍAZ, para La Nueva España
La gerente del Hospital del Oriente, María Dolores Menéndez, hizo ayer un llamamiento a los trabajadores del centro para recuperar el diálogo que se rompió tras el despido de un directivo y la sanción (luego revocada por el juez) a la presidenta del comité de empresa, Lola Colunga. La gerente del Grande Covián propuso hacer «borrón y cuenta nueva» para buscar «entre todos» una salida al conflicto que vive el hospital desde hace un año. Menéndez prefirió no realizar ninguna manifestación sobre las dos recientes sentencias judiciales favorables al equipo directivo: la del despido de un directivo por abonar atrasos sin permiso y la detracción del pago de esos atrasos.

Menéndez destacó que no tiene «ningún interés» en que continúen los juicios entre el comité de empresa y el equipo directivo, porque sólo se consigue «que perdamos todos».

La gerente del Hospital de Arriondas, que lleva nueve meses en el cargo, defendió que este es «un buen momento» para retomar las negociaciones y buscar consensos en favor del futuro del Grande Covián. Según la responsable de la gerencia del centro, su puerta «siempre ha estado y siempre estará abierta al diálogo». Menéndez defiende que el diálogo y la negociación son posibles y apuesta por dejar a un lado los intereses particulares o de grupo, en favor de los generales del hospital.

La gerente del hospital del Oriente mantiene desde hace meses un pulso con el comité de empresa. El conflicto, larvado desde hace un año, estalló cuando María Dolores Menéndez decidió despedir al responsable económico del centro, por haber abonado a los trabajadores del centro los atrasos correspondientes a la subida del precio de las guardias entre enero y agosto del año pasado. El directivo recurrió el despido, pero la juez ratificó la decisión de Menéndez. La sentencia ya ha sido recurrida por el trabajador despedido.

El conflicto aumentó aún más de nivel tras decidir el equipo directivo retener en la nómina de marzo parte de los pagos por los atrasos de las guardias. De nuevo la juez dio la razón a los rectores del centro, aunque en este caso por un defecto de procedimiento, por lo que el debate seguirá en los tribunales.

Las opciones que baraja la Consejería para la “integración” de los trabajadores del Hospital de Arriondas

Salud ofrece a los trabajadores entrar como interinos en el Sespa

La Consejería propone como alternativa permanecer adscrito a la Fundación pública que dirige el centro

Arriondas, R. DÍAZ / A. SÁNCHEZ R., para La Nueva España
La Consejería de Salud ofreció ayer a los trabajadores del Hospital del Oriente su entrada como interinos en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Además, a quienes prefieran no arriesgar su puesto de trabajo el Principado les expuso una alternativa: continuar adscritos a la Fundación pública que rige el Grande Covián.

La oferta llegó por sorpresa, en el transcurso de una reunión, celebrada en Arriondas y auspiciada por el consejero de Salud, Ramón Quirós, entre el patronato del hospital, el comité de empresa y varios cargos políticos y técnicos del Principado. A la reunión no asistió la gerente del centro, María dolores Menéndez. El presidente del patronato, José Ramón Riera, trasladó al comité de empresa su opinión de que la integración del hospital y la plantilla en el Sespa, como reclaman los trabajadores, el PP e IU, no es viable desde el punto de vista jurídico. Los representantes del Ejecutivo regional y del patronato defendieron las mismas tesis que mantiene el Grupo Socialista en la Junta General: la integración en el Sespa implicaría la creación de plazas, vía presupuesto, un concurso de traslados y una oferta pública de empleo, lo que pondría en peligro la continuidad de la actual plantilla.

«El que quiera quedarse en la Fundación pública, que se quede. Y el que quiera arriesgarse a perder su empleo, que lo haga», señaló un portavoz de la Consejería después de finalizado el encuentro con el comité de empresa. Los trabajadores se reunirán la semana próxima para analizar esta oferta. La integración en el Sespa como interinos implicaría que esas plazas deberían salir a concurso público. Así que, según la Consejería, sólo tendrían asegurado su puesto de trabajo «de forma indefinida» aquellos trabajadores que permanezcan adscritos a la fundación pública del hospital.

El comité de empresa, el PP e IU defienden que hay otras opciones, que permitirían la integración, tanto del hospital como de la actual plantilla en el Sespa. Y los representantes de los trabajadores siempre han rechazado su entrada como interinos en la red pública.

La visión que del debate sobre la integración mantiene el Ejecutivo regional quedó expuesta ayer en la intranet del hospital, donde se «colgó» una carta remitida por Quirós a Riera el pasado miércoles. La misiva repite los mismos argumentos sobre la imposibilidad de integrar a la plantilla en el Sespa.

La presidenta del comité de empresa, Lola Colunga, criticó la aparición de la carta en la intranet del Grande Covián. «Al menos deberían haber expuesto también la proposición de ley del PP y las enmiendas de IU, para que así los trabajadores tuvieran una visión plural del conflicto», señaló.

Una realidad con muchos flecos y matices que invita a reflexionar

Guerra sindical y de Gobierno

El proceso deja claro el choque entre las centrales por controlar a los funcionarios y las diferencias entre IU-BA y PSOE en el Ejecutivo

Oviedo, L. Á. VEGA / E. P., para La Nueva España
El varapalo de la carrera profesional ha generado un fuerte enfrentamiento sindical y en el seno del Gobierno autonómico. Mientras los sindicatos mayoritarios, como UGT y CC OO, cargan contra los profesionales y minoritarios, contrarios a la forma en que se estaba aplicando la carrera profesional, el socio de Gobierno del PSOE, IU-BA, se desmarca claramente de las posiciones de este partido y sostiene que las cosas «se hicieron mal» por electoralismo.

En CC OO, además, la sentencia ha generado una guerra intestina. La Federación de Enseñanza del sindicato siempre ha estado a favor del recurso presentado contra la carrera profesional. Por eso no han caído nada bien las declaraciones del secretario general de la central, Antonio Pino, que ayer calificó de «impresentable que un sindicato dé prioridad a los fundamentos jurídicos antes que a los trabajadores», y que opinó que los funcionarios deberían «correr a gorrazos» a quienes recurrieron la carrera.

José Ángel Piquero, secretario de la Federación de Enseñanza, partidario de tomarse en plan «suave» las declaraciones de Pino, las calificó no obstante de «desafortunadas», porque «están animando a la gente a moverse contra sus representantes sindicales». Además, Piquero indicó que «no tiene sentido ayudar al Gobierno a escurrir el bulto respecto a un error». Y pidió que se mantenga la subida, aunque para todos los funcionarios, conforme a los acuerdos firmados entre el Gobierno regional y los sindicatos en 2006, y cuyo incumplimiento ha llevado a la situación actual.

UGT también ataca a los sindicatos minoritarios. El enfrentamiento entre mayoritarios y minoritarios se extiende como una mancha de aceite por toda la función pública, desde las mesas sectoriales, donde dirimen una sorda batalla, a la carrera profesional. De fondo subyace la lenta pérdida de terreno entre el funcionariado de las grandes centrales ante las pequeñas, las sectoriales.

USO se unió ayer a CC OO y UGT y calificó de «aventura judicial» el recurso presentado por los minoritarios y rechazó el fallo porque perjudica los intereses de un sector mayoritario. Eso sí, el secretario de Administraciones Públicas de USO, José Luis Iglesias, criticó las expresiones de Antonio Pino.

Mientras, los sindicatos sectoriales no dudan en calificar de «prepotentes y chulescas» las actitudes que mantienen «los grandes, entregados al Gobierno».

Insisto: muchos trabajadores hubieran optado por el “virgencita, virgencita, que me dejen como estoy ”

El Principado descarta mantener los salarios de los funcionarios con otros complementos

Los sindicatos exigen a la Administración que no recorte las nóminas y el SUATEA amenaza a Migoya con una querella por prevaricación

Riopedre reconoce que el plan para evaluar al profesorado queda parado y sugiere que la solución «pasa por negociar con las centrales»

Oviedo / El Entrego, J. A. ARDURA /M. Á. GUTIÉRREZ, para La Nueva España
El Principado descarta mantener el nivel salarial de los funcionarios y seguir pagando la carrera profesional disfrazándola como si fuera un complemento salarial más. El Ejecutivo regional rechaza así una posibilidad planteada ayer por varios sindicatos que, pese a la división que mantienen, han coincidido en abrir un frente para que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la carrera profesional no suponga un descenso en las nóminas de los empleados de la Administración y la enseñanza públicas. La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, avanzó que el Principado no abonará las cantidades correspondientes a la carrera profesional mientras ese pago «no esté amparado por una norma con rango de ley», como la ley regional de Función Pública y el estatuto básico del personal docente, que depende del Ministerio de Educación. El Ejecutivo tampoco prevé crear un complemento salarial alternativo que compense la pérdida.

El TSJA hizo pública esta semana una sentencia que afecta a miles de funcionarios que anula la normativa de la carrera profesional y los pagos a cuenta de ese concepto retributivo en la nómina de empleados públicos. Migoya advirtió, tras conocerse el veredicto, que el Principado dejaría de pagar en la mensualidad de julio el adelanto de la carrera profesional. Al mismo tiempo aseguró que los funcionarios no tendrían que devolver las cantidades ya percibidas en concepto de la aplicación de la carrera profesional.

Aunque la carrera profesional ha dividido a los sindicatos mayoritarios y a los sectoriales, ayer centrales de ambas partes coincidían en pedir al Principado que los funcionarios puedan mantener sus salarios pese a esa sentencia. La negativa de Migoya, ayer, fue clara: «Alguno de los sindicatos que recurren me piden que arregle con una resolución el desaguisado que se ha planteado para los empleados públicos, pero ¿cómo vamos a hacer de buena voluntad cosas que no estén amparadas en la ley cuando después recurren, piden la dimisión de los responsables políticos y dejan a los empleados públicos sin esos recursos económicos?».

SUATEA, uno de los sindicatos sectoriales del ámbito de la educación que apoyó el recurso, emplazó al Ejecutivo a aplicar una subida lineal de 300 euros para todos los profesores, no sólo para los que se apuntaron a la carrera profesional. La central exigió la dimisión de «Migoya y su equipo» por cometer una supuesta prevaricación, invitó a la Consejera a negociar y amenazó: «En caso contrario, emprenderemos acciones legales para que se ejecute la sentencia, acompañadas de movilizaciones».

La federación de servicios públicos de UGT, que no apoyó la reclamación judicial que ha dado lugar a esta sentencia, también instó al Principado «a dar una solución normativa a la mayor brevedad posible». La Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) no ve motivos para que los trabajadores dejen de cobrar el complemento.

El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, apuntó a «la negociación entre la Consejería de Administraciones Públicas y los sindicatos» como posible solución, algo que parecen rechazar sus compañeros de Gobierno. Riopedre coincidió con SUATEA en que la sentencia para el plan de evaluación del profesorado, clave para que los docentes cobren la productividad.

«Un funcionario cabreado puede forzar la devolución del dinero»

Oviedo, L. A. V., para La Nueva España
José Ángel Piquero, secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO, sostiene que «el Gobierno está diciendo que no reclamará el dinero a los funcionarios, pero no está avalando esa afirmación con un informe jurídico. Veladamente está pidiendo que el asunto no se menee más, pero basta con que cualquier funcionario cabreado lo reclame para que el Gobierno se vea obligado a recuperar los pagos».

Y funcionarios cabreados puede haberlos, puesto que hay un grupo de unos 5.000 que no han cobrado cantidad alguna en los últimos treinta meses, mientras los compañeros de trabajo adscritos a la carrera profesional sí lo hacían. Para la Federación de Enseñanza de CC OO, que se desmarca de la central, el objetivo del recurso era que todos los funcionarios se beneficiasen de las subidas. Y la salida al conflicto: consolidar las subidas como un complemento.

Justos por pecadores

Trabajadores afectados se preguntan por qué deben pagar ellos la «chapuza» del Principado y critican la «doble moral» de las centrales

Oviedo, Marcos PALICIO
La sensación de estar pagando errores ajenos con sueldos propios daba que hablar ayer en los pasillos de los centros de trabajo de la Administración regional. La anulación de la carrera profesional del Principado no sorprende a los funcionarios afectados, que mezclan el desagrado por la merma en sus salarios con la indignación hacia la Consejería de Administraciones Públicas y en algún caso también con cierto resquemor por la «doble moral» de los sindicatos que promovieron el recurso contra la medida.

Sergio Peña, auxiliar educador en el centro de atención a menores de Sograndio, echará en falta los 72 euros al mes que su nómina consignaba como «complemento de productividad a cuenta de la carrera profesional». Él se pregunta por qué no va a seguir cobrándolos «si la productividad existe como concepto para el pago y lo único que se anula» es la parte que hace referencia a la carrera profesional. La sentencia, lógica desde su punto de vista a la luz de las deficiencias que contenía la medida, deja en el aire otras cuestiones, como la atribución a los trabajadores de las equivocaciones del patrón: «¿Por qué voy a pagar yo los errores de la Consejería?», se pregunta.

Entre los fallos, Peña detecta algunos significativos en la exigencia de cinco años de antigüedad en una misma categoría para acceder a los complementos salariales o la exclusión de los interinos. Peña cumplió con el trámite previo de adherirse a la carrera como tantos otros que firmaron de buena fe, pero «a ciegas», aquel «papel en blanco» que ahora impugna el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Un profesor de Secundaria del Instituto Fleming de Oviedo, que prefiere resguardar su identidad, dejará de ganar unos doscientos euros mensuales y pone en duda si, llegado el caso, «serían los trabajadores o la Administración los que tendrían que devolver el dinero». Comparte con una compañera, eso sí, la impresión de «doble juego» de los sindicatos que llevaron al Juzgado la regulación de la carrera. «A veces son ellos los primeros que fallan», afirma ella. «Había que reclamar si la cuestión no estaba correctamente regulada», concede él, «pero los sindicatos fueron ambiguos al recomendar que no se firmara mientras sus propios afiliados se estaban adhiriendo a la carrera».

«Yo prefiero dejar de ganar dinero a que se amañen las cosas de esa manera», interviene Fernando Berdial, funcionario de la Dirección General de Informática. Llama «chapuza» a una regulación que ha desembocado por necesidad en una sentencia que, a su juicio, «se veía venir». Por el mismo camino, una trabajadora de la Consejería de Administraciones Públicas, la competente en la ordenación laboral del funcionariado, afirma que «no me parece bien que me rebajen el sueldo, pero tampoco estaba de acuerdo con el modo en el que se articuló la carrera, con mucha arbitrariedad en cuanto a los criterios de evaluación del personal».

Más motivos tiene Ana Lorenzo, funcionaria en Infraestructuras, para rechazar una carrera que no la admite por interina. Aparte de esa situación discriminatoria, comparte las valoraciones que definen la regulación como «un cheque en blanco» levantado sobre «una ley sin desarrollar». Una compañera recuerda que «el estatuto dice que debe haber una carrera» y desea que la próxima «se haga bien», y no falta quien se pregunta «qué sucederá con los complementos de productividad de altos funcionarios que se establecieron para compensarles cuando se puso en marcha la carrera profesional; aquellos pagos no estaban vinculados a ésta».

UGT y CC OO reclaman una fórmula legal para pagar el plus anulado a los funcionarios

Migoya insiste en no abonar el complemento de hasta 216 euros al mes a los funcionarios hasta que el Ministerio de Educación apruebe el Estatuto Docente

Valledor teme que los empleados acaben devolviendo el dinero

El Comercio

Los sindicatos UGT y CC OO presionarán para que el Principado siga repartiendo 21 millones de euros anuales entre 14.000 empleados públicos. La Administración desembolsa esa cantidad desde 2007 apoyándose en un sistema, la carrera profesional, que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló en una sentencia desvelada este martes. Pese al revés jurídico, ambas centrales están convencidas de que el Gobierno regional dispone de recursos legales suficientes como para no trasladar el fallo de los jueces a las nóminas de funcionarios y trabajadores. Así se lo expondrán hoy a la Consejería de Administraciones Públicas en una reunión que mantendrán en el marco de la mesa general.

«Hay suficientes alternativas legales como para mantener ese pago, otra cosa es que el Gobierno quiera aprovechar la sentencia para ahorrarse un dinero que le puede interesar en los tiempos que corren», avanzó Jesús González, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la división de CC OO a la que la dirección del sindicato ha confiado la negociación de este conflicto.

«Creemos que la sentencia no anula directamente los complementos, y, en todo caso, sería sencillo vincularlos a la productividad para que los trabajadores no reciban la patada que algunos han querido darnos al Gobierno y a los sindicatos mayoritarios», abundó González. «Esta claro que cuanto más retrase el Principado esta solución, más dinero ahorra a las arcas públicas, pero pueden y deben articular una salida para los 14.000 empleados públicos» abundó.

El sindicato está dispuesto a presionar para que esa medida no se demore. «Haremos la petición formal en la mesa de negociación, y si no se atiende, reaccionares con asambleas y movilizaciones concertadas con otras centrales», advierte González.

«La sentencia pone de manifiesto la falta de marco jurídico para aplicar la carrera profesional, pero esto no supone que no se pueda solventar la situación», animó por su parte la Federación de Servicios Públicos de UGT, mediante un comunicado de prensa. La central que lidera Justo Rodríguez Braga no entiende que la solución para los trabajadores asturianos deba depender del desarrollo de futuras leyes estatales, como esgrime el Principado. «Este Gobierno tiene recursos suficientes para ser capaz de buscar el marco legal que de amparo a esta situación y a la mayor brevedad posible», apunta el comunicado.

Dejar de pagar

La posición de ambas centrales contrasta con la del Principado. Tal y como reiteró ayer la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, la sentencia del TSJA «ha interpretado que el acuerdo que daba soporte al pago a cuenta no sirve, y que son necesarias las leyes» de Función Pública y el Estatuto Básico del Personal Docente. La primera es competencia del Gobierno regional, que inició hace un año su negociación con los sindicatos. «Estamos ya en disposición de llevarla a la Junta General», informó Migoya el pasado miércoles. El problema estaría en el estatuto de los docentes, cuyo desarrollo depende de un Ministerio de Educación, quien aún no ha llamado a los sindicatos para empezar a redactarlo.

Mientras no estén sancionadas ambas normas, «tenemos que dejar de pagar, y por tanto los beneficiarios de ese primer pago a cuenta lo van a dejar de percibir, lamentablemente», expuso ayer Migoya.

Este periódico preguntó a la consejera si el Principado barajaba reconvertir los pagos a cuenta en pluses por productividad para evitar así que sus trabajadores pierdan poder adquisitivo. Y su respuesta fue que «en principio no, es muy prematuro y lo que nos parece más adecuado es trabajar en la búsqueda de ese marco jurídico estable del que ahora adolecemos».

Por otra parte, el diputado de IU Francisco Javier García Valledor, señaló como una posible consecuencia de la sentencia del TSJA que el Tribunal de Cuentas exija el reingreso a las arcas públicas del dinero hasta ahora entregado a los trabajadores públicos en base a la carrera profesional anulada. El monto global llegaría a los 51 millones por unos pluses que en algunas nóminas alcanzan los 216 euros.

EL EXPERTO

Reintegro abierto

19.06.09 – El Comercio

Manuel Rodríguez Alonso, abogado gijonés especializado en Derecho Administrativo, advierte que el fallo del TSJA deja muchos agujeros que pueden obligar a devolver lo ingresado.

1. El Tribunal Supremo.«En caso de presentarlos, no creo que los jueces del Supremo fueran más allá de la sentencia del TSJA. Si los asturianos no pidieron la devolución del dinero, es poco probable que lo hagan ellos».

2. La Sindicatura. «Junto al Tribunal de Cuentas, son órganos fiscalizadores que pueden solicitar la restitución de ese dinero al erario público. Ya pasó en Siero».

3. Maneras de evitar la devolución del dinero. «De llegar a ese punto, hay recursos para que el Principado haga un pago a los empleados públicos en compensación por el daño de exigirles lo recibido de forma ilegítima».

LAS REPERCUSIONES DE UNA CONTROVERTIDA SENTENCIA JUDICIAL.

Los funcionarios podrían recuperar el plus de la carrera el año que viene

Una trámite ágil de la ley de Función Pública daría cobertura al pago para 6.000 empleados.

El anteproyecto tendrá que pasar por el Consejo Consultivo antes de ir a la Junta.

19/06/2009 NIDIA FERNANDEZ, para La Voz de Asturias 

Los funcionarios no tendrán que devolver el pago a cuenta de la carrera profesional que han cobrado durante dos años, pero cuándo recuperarán ese concepto en su nómina? Esa incógnita no tiene una respuesta exacta, pero el horizonte de la próxima primavera parece factible para que la ley de Función Pública vea la luz. Su aprobación restablecería el pago solo para los 6.000 empleados públicos de los cuerpos generales. Sin embargo, todos los docentes tendrían que seguir esperando a por la normativa estatal de su Estatuto básico, un texto para el que aún no se manejan plazos

El anteproyecto de ley de Función Pública que se está negociando con los sindicatos aún no ha llegado a la Mesa General, pero la negociación está "muy avanzada", según la consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya. Una vez superado este trámite, y antes de entrar en el Parlamento, la ley necesitará del dictamen del Consejo Consultivo porque desarrolla el Estatuto básico del Empleado Público.

Un buen ritmo de tramitación permitiría que la ley entrara en la Cámara en octubre y antes de que las comisiones se paralicen para tramitar el presupuesto se constituya la ponencia. La presentación de una enmienda de totalidad demoraría el proceso, pero, en todo caso, y tras el parón navideño lo previsible es que el Parlamento discuta y apruebe la ley antes del verano. El acuerdo de Gobierno entre la FSA e IU-BA-LV recoge la aprobación de la ley con el consenso sindical.

Precisamente ayer, la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) Asturias pedía que el Gobierno regional presente una solución normativa al conflicto que se ha creado. "Entendemos que este Gobierno tiene los recursos suficientes para ser capaz de buscar el marco legal que de amparo a esta situación y a la mayor brevedad posible", recalcaron.

 

“Que los servicios se centren en las necesidades de los ciudadanos para conseguir servicios más ágiles, más respetuosos y más participativos” no gusta ¿por qué?

El Simpa alega contra el plan de tardes, la jubilación forzosa, la gestión clínica y la exclusividad

18.06.09 - L. FONSECA, OVIEDO, para El Comercio

Ni jubilación forzosa a los 65 años, ni jornada de tarde. Tampoco gestión clínica ni dedicación exclusiva obligatoria para jefes que trabajen en la sanidad pública. Estas son algunas de las muchas alegaciones que el Sindicato Médico (Simpa) presentó al Plan de Recursos Humanos elaborado por el Servicio de Salud (Sespa) y cuya ronda de negociaciones entre sindicatos y Administración arrancó este lunes con suerte diversa.

La central médica ha cursado un importante número de puntualizaciones donde deja clara su postura contraria a las modificaciones que pretende introducir la Consejería de Salud en los hospitales y centros de salud. Los facultativos se oponen a la jubilación a los 65 años, algo que, sin embargo, apoyan CC OO y UGT. Los facultativos tampoco 'pasan' por aceptar que la jornada se extienda hasta las 20 horas, ni por la flexibilización de las contrataciones o los nombramientos vinculados a otras áreas sanitarias (en ese caso, exigen incentivación a cambio, así como voluntariedad».

Una alegación del Simpa que llama la atención es la que se refiere a «que los servicios se centren en las necesidades de los ciudadanos para conseguir servicios más ágiles, más respetuosos y más participativos», texto del Plan de Recursos Humanos que el sindicato pide que sea retirado. Hoy habrá una nueva reunión de la Mesa General de la Función Pública donde se analizarán las alegaciones cursadas por todos los sindicatos.

Nota de nuestro Blog de noticias.- La reunión de la Mesa General prevista para hoy ha sido suspendida por “motivos de agenda” de la administración, con lo cual lo previsto para hoy se hará en la reunión de mañana por la mañana.

A las 13 h., en la Junta General del Principado de Asturias, está prevista la llegada de la marcha

La plantilla de Vesuvius pedirá hoy en la Junta que se evite el cierre

Los trabajadores caminarán de Riaño a Oviedo acompañados por simpatizantes

Langreo, L. M. D., para La Nueva España

Los trabajadores de Vesuvius reclamarán hoy en la Junta General del Principado que políticamente «se haga todo lo posible» por evitar el cierre de la planta de Langreo. Los trabajadores iniciarán hoy, a los ocho y media de la mañana, una marcha, acompañados por familiares, amigos y «personas que nos dan su apoyo», que los llevará hasta el centro de Oviedo. La llegada a la Junta está prevista sobre la una de la tarde. La plantilla de Vesuvius, además, recibió ayer la visita del alcalde de San Martín del Rey Aurelio y presidente de la Mancomunidad del Nalón, Ignacio Fernández, que apoyó a los trabajadores en sus reivindicaciones y aseveró que es necesario «hacer presión» para ayudar a que la fábrica de materiales refractarios de Riaño no cierre.

Fernández calificó los planes de la multinacional Vesuvius como «un golpe tremendo» para las Cuencas, donde ya no están seguras ni las plantas competitivas y que siempre arrojan beneficios. «A veces pueden entenderse algunas medidas en empresas que llevan tiempo yendo mal. Pero éste no es ni mucho menos el caso, más bien lo contrario», apuntó el presidente de la Mancomunidad, que añadió que «todo el Valle apoya a los trabajadores». El presidente del comité de empresa, Juan Manuel Baragaño, señaló que en la protesta esperan «poder hablar con todos los que quieran hablar con nosotros», en referencia a los grupos políticos que podrían recibirles. La marcha tendrá el apoyo del colectivo de trabajadores del Caudal.

La plantilla de Vesuvius irá hoy a pie a la Junta General para protestar por el cierre

18.06.09 - M. V. / J. V., LANGREO / MIERES, para El Comercio

Las cien familias que se verían perjudicadas por el anunciado cierre de la empresa Vesuvius llevarán hoy su protesta a Oviedo, con una marcha a pie que saldrá a las 8.30 horas de la factoría y terminará sobre la una de la tarde en la Junta General del Principado, donde tienen previsto entregar un escrito en el que explican su situación.

Los trabajadores de la refractaria langreana tienen todas sus esperanzas puestas en la reunión que previsiblemente mantendrán mañana el comité de empresa y los representantes legales de la multinacional. En principio, se ve «improbable» un cambio de actitud por parte de la dirección de Vesuvius, pero los trabajadores quieren pensar que «hayan reflexionado viendo todo el apoyo que estamos teniendo por parte de la ciudadanía y todos los partidos políticos». El comité de empresa acudirá a esta importante cita con una idea clara: «Que no se pierdan puestos de trabajo» y evitar el cierre propuesto desde la dirección para el próximo 1 de septiembre.

Mientras, siguen recibiendo apoyos. Ayer fue el presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Ignacio Fernández, quien les visitó en Riaño y aseguró que «presionaremos al máximo para evitar el cierre de una empresa con beneficios que debería generar empleo».

Nueva manifestación

El Colectivo de Trabajadores del Caudal anunció ayer que acompañará a los trabajadores de Vesuvius en su marcha a Oviedo y solicitó apoyo para estos empleados. La nueva asociación -que el pasado día 12 organizó una marcha en Mieres contra la precariedad laboral, el desempleo y los expedientes de regulación- también comunicó su intención de extenderse a la cuenca del Nalón. Asimismo, apuntaron que convocarán una nueva manifestación en esta zona con fecha aún por decidir.

Por otro lado, los miembros del colectivo reiteraron su invitación a partidos políticos y sindicatos para que se sumen «sin ánimo de entrar en polémicas».

 

Lo de todos los años, aunque cada año se reajusta: este año cerramos menos

REORDENACION DE CENTROS EN LAS VACACIONES.

Los hospitales del Principado cerrarán 331 camas en verano

La consejería deja más plazas libres en previsión de una mayor ocupación.

Las áreas I, II y VI son las únicas que no sufrirán recorte de plazas.

18/06/2009 J. CUEVAS, para La Voz de Asturias

Ocurre todos los años coincidiendo con la llegada del verano y es una decisión que no acaba de contentar a todos. El tradicional cierre de camas que el Sespa planifica para las temporadas estivales inhabilitará entre junio y septiembre 331 plazas de hospitalización.

Salud ha comunicado a los sindicatos que la previsión de actividad de los centros hospitalarios durante el periodo estival será este año algo mayor que el verano pasado, cuando los hospitales asturianos perdieron cerca de 400 camas. Por zonas, Oviedo y Gijón serán las más afectadas por los recortes, mientras que en las alas no se cerrarán camas.

Para Margot Marqués, secretaria autonómica del Satse, los cierres son negativos por la paralización que suponen a la hora de realizar nuevas contrataciones de personal procedente de la bolsa de empleo. Además, apunta que la falta de camas lleva a la "mezcla de unidades y patologías" en un mismo espacio, así como a una sobre carga de trabajo y a un incremento de los trastornos tanto para los familiares de los pacientes como para las plantillas de los hospitales. Desde el sindicato de enfermería no se comparte la justificación de Salud para esta pérdida de camas, cuyo origen es para el Satse la intención de "economizar recursos".

Los médicos, no obstante, creen que la planificación del verano no será tan problemática para los hospitales asturianos. Antonio Matador, secretario de Atención Especializada del Simpa, indica que "la actividad durante el verano baja" y, salvo excepciones, no suele haber problemas. Matador añade que si las plantas cerradas se abren si la demanda asistencial así lo requiere. Matiza que la situación de los hospitales del interior no es la misma que la de los de la costa, donde el turismo hace que la población de muchas localidades aumente.

Todos los quirófanos del HUCA funcionarán entre junio y septiembre

La Consejería de Salud reduce este verano menos camas que durante el verano anterior, y más cauta es aún la previsión que se realiza en cuanto a los quirófanos. Así, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que el año pasado preveía en junio el cierre de ocho quirófanos, ha anunciado su intención de no clausurar ninguno, lo mismo que sucede con el Hospital de San Agustín en Avilés (que en el verano del 2008 contaba con cerrar dos o tres). En el hospital de Cabueñes, donde en el verano del 2008 llegaron a prever entre dos y cuatro quirófanos cerrados, la situación no varía. Se cerrarán dos en julio y septiembre y entre tres o cuatro en agosto, mientras que los hospitales de Mieres y Sama cerrarán cada uno una sala de operaciones en julio y dos cada uno en agosto. Salud anuncia su intención no cerrar ninguno más en el resto de áreas, aunque los sindicatos han recibido con escepticismo este compromiso.