PRENSA

La terca realidad da igual, ella cuenta lo que le da la gana aunque nos suene a cuento chino ¡¡y con confeti!!

Mato: "No hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas"

La ministra de Sanidad defendió este miércoles el copago y los recortes del último año, obviando los datos de la Defensora del Pueblo, la oposición y las 'mareas blancas'

Foto: La ministra Ana Mato a su llegada a la Comisión de Sanidad.

PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.es

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha comparecido este miércoles, por primera vez desde hacía un año, en la Comisión de Sanidad del Congreso para explicar y defender las medidas adoptadas por su departamento desde la llegada del PP al poder. El medicamentazo, el copago farmacéutico y en transporte sanitario no urgente, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, así como los recortes en Dependencia y el aumento de la pobreza, centraron el debate, en el que los grupos de la oposición acusaron a la ministra de haber "desmantelado" el sistema sanitario público y universal y, con él, el Estado del bienestar.

Frente a estos ataques, la titular de Sanidad aseguró que, a día de hoy, "el sistema sanitario español es más universal y más equitativo" y que "no hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas". Sin embargo, Mato obvió los datos de un informe publicado este martes por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) en el que se pone de manifiesto que el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento debido al copago. El portavoz del grupo Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, también contrarrestó con datos las afirmaciones de la ministra. "El 20% de los pacientes con una renta inferior a 400 euros no retira alguno de los fármacos que necesita para su tratamiento", afirmó.

Asimismo, Mato también eludió los datos -conocidos hoy- de la Defensora del Pueblo, en los que se demuestra que las quejas recibidas en sanidad "se han multiplicado por tres en 2012 y se ha pasado de las reclamaciones por la calidad de la sanidad a las quejas por las limitaciones en el acceso a lo más básico", recordó Rosa Díez. "Ha elegido usted un mal día para comparecer porque nuestras críticas han sido confirmadas con este informe", ironizó la líder de UPyD.

Pese a todo, y en una Comisión en la que, según el portavoz del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, no se admitía "hablar de cómo ha afectado la Gürtel a su capacidad para ser ministra de Sanidad", Mato defendió sus medidas aludiendo a la "necesidad de las mismas" por la "mala gestión" del Gobierno anterior, que dejó una herencia de "16.000 millones de deuda" y "grandes desigualdades entre Comunidades Autónomas". La ministra presumió de haber ahorrado ya 3.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS) y de haber acabado con el "turismo sanitario". "Hoy los ciudadanos que vienen a España están en igualdad de condiciones ante la Sanidad que los españoles cuando viajan al extranjero, con una salvedad: la atención de urgencia a extranjeros en situación irregular es mucho más generosa que en cualquiera de los países de nuestro entorno", aseguró.

Bajo el paraguas del ahorro, la ministra también defendió todas las decisiones tomadas en los sucesivos Consejos Interterritoriales (reuniones con los consejeros autonómicos), como los copagos, y defendió las medidas "dolorosas pero necesarias" que están llevando a cabo los responsables de algunas Comunidades. "A mí no me gusta hacer algunas cosas que se han hecho pero había que hacerlas y no critico a ningún consejero porque creo que todos están haciendo lo mejor para garantizar la sanidad pública", concluyó.

Así, Mato justificó el modelo privatizador de Madrid o los cierres de los servicios de Urgencias en Castilla-La Mancha y Castilla y León, entre otros ejemplos. Para ello, la ministra también atacó a "algunas Comunidades gobernadas por el Partido Socialista -refiriéndose a Andalucía-, que es líder en sanidad privada", a pesar de que afirmó que su discurso no era "partidista", como había demostrado al rechazar el euro por receta tanto en Catalunya como en Madrid.

Por otro lado, la titular de Sanidad también anunció que instaurará nuevos tramos de renta para las "aportaciones" económicas que los usuarios tienen que hacer en medicamentos, prótesis y transporte. Antes de que termine el mes de marzo, adelantó Mato, se celebrará un nuevo Consejo Interterritorial para determinar dichos baremos, así como para terminar de definir cómo afectan ciertos copagos a pacientes especiales como los oncológicos, los que requieren hemodiálisis o los que padecen enfermedades raras.

Peticiones de dimisión

"Eliminar el derecho universal a la atención sanitaria, los copagos y el recorte de presupuesto en planes de prevención en VIH-Sida suponen, en la práctica, barreras reales al acceso a la sanidad que ponen en riesgo la salud de todos", resumió Martínez Olmos, que pidió la dimisión de Mato. "Con sus decisiones, que son letales para la ciudadanía ha dinamitado la cohesión social y ha destruido el Estado del bienestar", sentenció también su compañera de partido, la exministra Rosa Aguilar.

"El ahorro a través del repago viene de parte de pensionistas y crónicos no reconocidos, con tratamientos de larga duración, que no pueden retirar alguno de los fármacos prescritos", insistió Llamazares. El portavoz de Izquierda Plural criticó duramente a la ministra: "Usted no debió aceptar nunca este Ministerio", le espetó. Joan Baldoví, del Grupo Mixto, también se unió a la petición de dimisión, "no sólo por el copago, sino por imponer medidas que causan sufrimiento a los ciudadanos para garantizar negocios con sus empresas amigas que ganan beneficios con A y con B", ironizó.

En un tono un poco más suave apareció, casi al final de la Comisión, Joan Tardá (ERC), que recordó la "humildad" con que Mato recibió a todos los grupos en el Ministerio al iniciar su mandato, motivo por el que le reconoció su "admiración por su talante". "Yo no voy a pedir su dimisión, pero sí que haga autocrítica para reconocer sus errores", instó.

La ministra, por su parte, recogió el guante, pero sólo en parte. "Asumo las críticas, pero los datos que he aportado, aunque no nos guten, son reales", concluyó Mato.

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Los recortes sanitarios disparan las quejas ante el Defensor del Pueblo

La oficina investiga la muerte de un paciente al que no se atendió por motivos económicos. Recoge la espera de dos años para una operación maxilofacial

El País, Madrid.

Los recortes sanitarios, tanto los debidos en todo el Estado al real decreto ley de abril que cambiaba el copago en medicamentos y las condiciones para recibir atención como las distintas actuaciones autonómicas han disparado los expedientes de queja al Defensor del Pueblo en 2012. La oficina que dirige Soledad Becerril tramitó 1.674 expedientes de queja en el área de Sanidad, casi el triple de los 595 del año anterior.

Entre ellas destacan dos peticiones de que presente recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto, y las recibidas contra los servicios de Salud de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña.

En el informe que ha presentado al Congreso de los Diputados, el Defensor critica la nueva regulación del derecho al acceso sanitario, que deja fuera a los españoles o extranjeros en situación regular que no hayan cotizado a la seguridad Social y ganen más de 100.000 euros al año. “Esta situación no resulta congruente con el sistema de financiación sanitaria”, que desde 1999 descansa “en la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes”.

Por otro lado, la oficina del Defensor pregunta por la atención a extranjeros sin autorización de residencia “y con procesos graves”. “En estos supuestos determinados derechos, como el de la protección de la salud en todas sus dimensiones, deberían pertenecer a la persona con independencia de su situación administrativa”. Por eso afirma que se trasladó al Ministerio de Sanidad “que se adopten las medidas complementarias necesarias” para garantizar ese derecho. “Reconocer la atención sanitaria a los mencionados colectivos tendría consecuencias relevantes: en términos de salud pública, porque se conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad; y en términos organizativos, porque se aliviaría la posible saturación de los servicios de urgente”.

El informe recoge la respuesta del ministerio, que apunta que no puede cambiar la exclusión por los acuerdos internacionales y porque considera que da atención sanitaria es “promover el mantenimiento de situaciones de ilegalidad”. Además, la Administración recuerda que está preparando un seguro especial para estas personas, y recalca lo que defiende, contra la experiencia de muchos afectados, desde el principio: “Los ciudadanos sin residencia legal serán atendidos sanitariamente según su situación de salud”.

También relacionado con los cambios por los recortes, el Defensor, “ante el elevado número de quejas” por el copago que afecta a los pensionistas, que en las comunidades sin receta electrónica pagan por encima del máximo fijado, ha pedido al ministerio que lo evite. Además ha instado al ministerio a que actualice las bases de datos que fijan el porcentaje del copago en función de la renta, ya que se aplican los resultados de las declaraciones de 2012.

Respecto a la situación de algunos colectivos afectados por los cambios, pide que se trate a los perceptores del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) igual que a los perceptores de prestaciones no contributivas, que están exentos de copago, ya que sus pensiones “son análogas” en importe.

El Defensor también ha actuado preventivamente, y pide que se tenga especial cuidado en el copago del transporte sanitario para algunos casos, que aún no está en vigor.

Muerte de un paciente

En el informe se destaca un caso que no está cerrado: el de un paciente derivado desde Andalucía a Cataluña para ser sometido a una operación compleja. Aunque los médicos del hospital Clínico de Barcelona consideraron que había que operarle, “la intervención se anuló finalmente por razones estrictamente económicas”. Ambas Administraciones se excusan. La andaluza, porque derivó al paciente; la catalana, porque el hospital no era un centro de referencia en esa intervención. El resultado es que el paciente falleció, y el Defensor sigue investigando las responsabilidades.

También se ha interesado por los cierres en servicios de urgencias nocturnos de ambulatorios y los retrasos en el pago a las farmacias.

Dentro de las quejas que se repiten todos los años, algunos casos de lista de espera son especialmente llamativos. Por ejemplo, dos años en el servicio de maxilofacial del hospital Virgen de la Salud de Toledo, 20 meses para una prótesis de cadera en el Virgen de la Victoria de Málaga o 18 meses para tratar un dolor crónico en el Vall d’Hebron de Barcelona.

Respecto a pruebas, destaca siete meses para hacerse una densitometría preferente en el hospital de Almansa (Albacete) o más de un año para una electromiografía en el 12 de Octubre de Madrid.

Hay, como otros años, quejas por la desigualdad en la atención entre comunidades, en áreas como la reproducción asistida, prestaciones ortoprotésicas, atención bucodental, reasignación de sexo, ayudas a personas celíacas, enfermedades raras y cuidados paliativos o unidades del dolor, entre otras.

Por último, el Defensor ha preguntado por los tratamientos para dejar de fumar. La respuesta de la Administración es que “en estos momentos, no considera viable incluirlos en las prestaciones farmacéuticas”.

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Más del espectáculo nacional grotesco y sublime, en un imprevisible número de actos, que nos brinda el PP

Bárcenas redobla su ataque contra el PP

La demanda presentada el lunes por despido improcedente deja tocada a Cospedal

Críticas en el partido a la venganza del extesorero y a la gestión de la secretaria

La demanda de Luis Bárcenas contra el PP

Carlos E. Cué, Madrid, en El País.

Luis Bárcenas presentó el lunes una demanda por despido improcedente contra el PP, como adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS. Lo hizo el mismo día en que fue a declarar a la Audiencia Nacional por un posible delito fiscal tras conocerse que había acumulado en una cuenta en Suiza hasta 22 millones de euros, que luego ascendieron a 38. Con ese movimiento judicial Bárcenas redobló sus ataques contra el PP. En la demanda, Bárcenas asegura que cobraba 21.300 euros al mes por su trabajo como asesor.

La maniobra del extesorero, imputado por cohecho, delito fiscal y blanqueo de capitales, desbarata las excusas dadas hasta ahora por la dirección del PP sobre el supuesto finiquito pactado con Bárcenas en abril de 2010 y supone otro aviso al partido, que le estuvo pagando hasta el pasado 31 de enero 2013.

El extesorero parece manejar a su antojo la agenda del PP e incluso del Gobierno, pendiente cada día de sus movimientos. El último, la demanda por despido improcedente, ha descolocado por completo a la cúpula del partido que fue su casa toda su vida desde que entró en AP cuando acaba de terminar la carrera, como contable, hasta convertirse en 2008 nada menos que en el tesorero, con todo el poder, a las órdenes solo de Mariano Rajoy.

Por fuera, el PP parece un partido rocoso, que gobierna España con una sólida mayoría absoluta y más poder autonómico y local del que tuvo jamás. Por dentro, vive en un sobresalto diario, dividido, en un ambiente de desconfianza total en el que nadie se fía de nadie. Tanto que una sola persona es capaz de poner patas arriba al principal partido del país.

La demanda de Bárcenas completa un mes y medio de locura en el partido, desde que el 16 de enero se hizo público —el PP y el extesorero lo sabían mucho antes— que tenía 22 millones en Suiza, que después han resultado ser 38. Pero no es un paso cualquiera. Es un pulso definitivo que, de confirmarse lo que el extesorero señala, esto es que no le dieron ningún finiquito, sino un sueldo todos los meses de 21.300 euros, demostraría que Dolores de Cospedal ha mentido a todos los ciudadanos.

Los populares, cada día más indignados con su extesorero —aunque pocos se atreven a hablar de él en público, en privado el enfado es enorme—, lo interpretaron rápidamente como una maniobra de Bárcenas para matar políticamente a Cospedal, su gran enemiga interna. Y como un intento de sacarle dinero a su partido, que pese a que gestiona fondos que son en un 95% públicos trata el asunto de la relación laboral con Bárcenas con opacidad total.

Sin embargo, después de ese análisis del enfado con el extesorero, al que ven descontrolado, en una estrategia de chantaje y a la vez de venganza contra la secretaria general, diversos dirigentes concluían que este giro deja en muy mal lugar a Cospedal.

Nadie piensa de momento en un cambio en la secretaría general, pero no porque la vean fuerte, sino porque Rajoy no quiere tocar absolutamente nada, ni siquiera el Gobierno a pesar del evidente desgaste de algunos ministros. Pero en privado las voces contra la gestión del caso Bárcenas se multiplican. Ayer incluso dirigentes que habitualmente evitan criticarla en privado —en público nadie se anima— admitían que las cosas se han descontrolado totalmente. Otros también hablaban del propio Rajoy, que no ha querido encargarse de este asunto a pesar de que le toca de lleno, puesto que fue él quien lo nombró tesorero —meses antes de que Cospedal fuera elegida secretaria general— y quien en última instancia ha tomado todas las decisiones sobre Bárcenas desde que estalló el escándalo del caso Gürtel en 2009.

El principal error en el que coinciden todos los dirigentes críticos consiste en no haber hecho público desde el primer momento que a Bárcenas se le seguía pagando todos los meses. No fue el PP quien lo contó, se limitó a explicarlo cuando EL PAÍS y Colpisa llamaron al partido para anunciar que tenían esta información. Y después, arriesgarse a asegurar en un comunicado público que era un finiquito, y no un sueldo, cuando todas las evidencias apuntan a lo segundo. ¿Qué pasa si un juez le da la razón a Bárcenas y ordena reintegrarlo? se preguntaban ayer varios dirigentes. Quedaría probada la mentira en público de la secretaria general y su posición política aún más debilitada.

Incluso personas cercanas a la secretaria general, que no tenían ni idea de que el extesorero seguía cobrando del partido todos los meses 21.300 euros —el PP paga muy bien, pero este sueldo supera al de todos los dirigentes, salvo Rajoy—, están descolocadas y no entienden por qué no se contó antes y se confió a que la prensa no lo descubriera. Cospedal lleva este asunto en soledad, con la nueva tesorera, sin compartir la estrategia. Ha llegado a presentar en solitario una demanda judicial contra Bárcenas, en lo que ya parece una guerra personal entre ambos.

Mientras caen los golpes internos, ella y sus fieles parecen dispuestos a aguantar, y sobre todo convencidos de que esto sucede porque es la única que da la cara y soporta la presión de un asunto que viene del PP de antes. Aunque bajo su mandato se firmó ese supuesto “finiquito en diferido”, que ahora Bárcenas desmiente, toda la red Gürtel se produce mucho antes.

Los protagonistas de aquella época, en especial Rajoy, en la cúpula desde 1990, vicesecretario desde 1997 —el año en que empieza a aparecer su nombre en los papeles de Bárcenas—, pero también otros con mucha relación personal con Bárcenas, como Javier Arenas y Ana Mato, están quedando más al margen de esta crisis que Cospedal.

La cuestión ya no solo es un asunto del partido. El escándalo aguó en unas pocas horas la victoria de Rajoy en el debate sobre el estado de la nación y destrozó un Consejo de Ministros, el último, que llevaban preparando semanas, el primero con medidas de estímulo y no recortes. Todo quedó oscurecido por las preguntas sobre Bárcenas que Soraya Sáenz de Santamaría se negó a contestar, lo que ofreció una mala imagen que admiten en el Gobierno.

El Ejecutivo está molesto con el PP por no saber afrontar el caso Bárcenas, y el PP con el Gobierno por no echarle una mano. Con Rajoy siempre tratando de mantenerse al margen, las dos principales protagonistas de esta batalla interna, Sáenz de Santamaría y Cospedal, apenas se hablan, y en sus entornos la distancia cada día es más evidente. Bárcenas, el gran elefante en la habitación de Rajoy y del PP, ha puesto así al descubierto las importantes tensiones internas que viven las estructuras del poder alrededor de Rajoy. En el PP muchos esperan que el presidente haga algo para reconducir la situación. Él, de momento, evita pronunciar el nombre y ayer de nuevo esquivó a los periodistas en el Congreso. Pero los suyos esperan que tome alguna decisión para poder volver a la dura normalidad de la crisis económica.

Bárcenas demandó al PP porque el abogado del partido había pedido la retirada de su pasaporte

Álexis Godoy, abogado del PP en el caso Gürtel, se sumó el lunes a la petición de medidas cautelares que planteó la Fiscalía Anticorrupción para evitar la fuga del extesorero

Bárcenas, enojado con esta posición de su partido, decidió presentar la demanda laboral para demostrar su poder

Javier Arenas es el hombre de Génova 13 que lleva la interlocución con Bárcenas

Ignacio Escolar, en ElDiario.es

El pulso entre Luis Bárcenas y el Partido Popular no ha terminado y el extesorero está dispuesto a demostrar que él no piensa ceder. Bárcenas tomó la decisión de demandar por despido improcedente a su propia formación este lunes 25 de febrero; fue ese día cuando la demanda llegó a magistratura, a pesar de que está redactada y firmada desde el 19 de febrero. ¿La razón? Según fuentes cercanas al extesorero, fue una respuesta a la postura que tomó Álexis Godoy, uno de los abogados que representa al PP en el caso Gürtel, durante su interrogatorio del lunes en la Audiencia Nacional. Godoy se sumó a la Fiscalía Anticorrupción en su petición ante el juez de tomar medidas cautelares contra Bárcenas que eviten su fuga.

El lunes, la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo del PP, consiguió lo que pedía: el juez Pablo Ruz retiró el pasaporte a Luis Bárcenas, le obligó a pasar cada 15 días por el juzgado y le prohibió abandonar España. Ya no podrá viajar a Canadá o a Francia y, si quiere esquiar, se tendrá que conformar con las pistas españolas. Pero Bárcenas, en respuesta, ha conseguido con su demanda por despido improcedente desmontar todas las mentiras que han rodeado ese supuesto "finiquito simulado" en el que el partido en el Gobierno está perdiendo gran parte de su credibilidad.

Como informó hace dos semanas eldiario.es, el finiquito de Luis Bárcenas no está firmado y los abogados de ambas partes han estado buscando un acuerdo extrajudicial para cerrar la relación laboral. El pacto –en éste y otros asuntos aún más delicados– ya estaba casi cerrado. Javier Arenas, según distintas fuentes del PP, ha sido el hombre de Génova que se ha ocupado de la interlocución con Luis Bárcenas durante estas delicadas semanas. Ha sido también Arenas quien ha apostado por retrasar la anunciada demanda contra Bárcenas, mientras que De Cospedal –su gran rival interna, y también la de Bárcenas– presentaba la suya sin esperar a la decisión del partido.

Arenas, según estas fuentes, había presumido recientemente de desactivar todas las bombas que guarda el extesorero contra el PP. Sin embargo, la petición del abogado Godoy ha disgustado a Bárcenas, que quiere dejar claro que sigue teniendo capacidad para tumbar la imagen pública del Gobierno de Mariano Rajoy, un presidente del Gobierno que evita por todos los medios nombrar a su extesorero y que ni siquiera ha tenido para él la más mínima palabra de reproche.

La demanda de Bárcenas contra su despido improcedente es, según fuentes del PP, una demostración de poder: un puñetazo en la mesa que, por ahora, no implica una ruptura total.

Estas mismas fuentes señalan que Luis Bárcenas culpa a María Dolores de Cospedal de que el abogado Godoy pidiese la retirada de su pasaporte. Es la primera ocasión en la que el abogado del PP en la Gürtel ha cargado contra el extesorero del partido.

El PP está personado en la Gúrtel como acusación particular pero, en la práctica, ha estado actuando durante todo este tiempo como una pieza más de la defensa, intentando en todo momento retrasar la instrucción. A través de sus abogados, el PP solicitó en numerosas ocasiones el archivo de la causa contra su extesorero. "Se ha pretendido criminalizar lo que en muchos casos no parecen sino meras irregularidades administrativas que resultan penalmente inocuas", decían ante el juzgado. "No hay un solo indicio de fraude fiscal", aseguraban los abogados del PP, que ahora han pedido la retirada del pasaporte a Luis Bárcenas para evitar que se pueda fugar.

Una indemnización millonaria

La demanda laboral que ha presentado Luis Bárcenas ha permitido saber, entre otras cosas, el salario exacto que cobraba el extesorero del PP. Según el texto que ha presentado en magistratura, y que publica hoy el diario El País –que fue también el medio que adelantó la noticia–, demuestra que el sueldo de Bárcenas ascendía a 21.230 euros brutos al mes: 254.760 euros al año, a pesar de que había sido "apartado", según la recurrente explicación sobre su caso que durante meses transmitió el PP.

Bárcenas reclama ahora ante la justicia una indemnización por despido improcedente. Es decir, 45 días por año trabajado, ya que el PP, que declara beneficios en sus cuentas, no cumple con los requisitos para acogerse a un despido procedente por motivos económicos, tal y como permite la reforma laboral. Barcenás comenzó a trabajar en el partido en los años de Alianza Popular, el 7 de marzo de 1982, así que estamos hablando de una indemnización que rozará el millón de euros.

Si el PP es condenado por el despido de Bárcenas, este millón saldrá mayoritariamente del bolsillo de los contribuyentes. El 95% de la financiación del PP procede del dinero público, a través de subvenciones.

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Todas las veces que el PP mintió sobre Bárcenas (en eldiario.es)

Nuevo modelo homologado de receta, en el ámbito de la sanidad privada, que entrará en vigor el próximo 21 de marzo

La medicina privada unifica las recetas para garantizar la seguridad del paciente

El nuevo documento pretende evitar el fraude e introducir medidas de control

Foto: José Villazón (C. Farmaceuticos), Carmen Rodríguez (C. Médicos) y Javier G. Tuñón (C. Estomatólogos), con la nueva receta

Oviedo, M. S. M., en La Nueva España

Las recetas de la sanidad privada tendrán un formato homogéneo en todo el territorio nacional y se convierten en un documento normalizado para la prescripción de medicamentos. El plazo para que los profesionales médicos adopten el nuevo formato de receta se ha ampliado hasta el 20 de marzo. A partir de esa fecha, los pacientes que acudan a la sanidad privada recibirán un nuevo documento que, según manifestó ayer la presidenta del Colegio de Médicos, Carmen Rodríguez, les ofrecerá mayor garantía de seguridad y una prescripción y uso más correctos de los medicamentos. Tendrá un plazo de diez días de validez.

En la presentación de la nueva receta estuvieron también presentes los presidentes de los colegios de Estomatólogos y Farmacéuticos, Javier González Tuñón y José Villazón González, respectivamente, que comentaron las ventajas de la receta privada, un documento que incluye la identificación del médico correspondiente y datos del paciente. En el primer caso garantiza que se trata de un profesional legalmente autorizado, que tiene reconocida y registrada su especialidad.

Cada receta permitirá conocer qué médico la prescribe, a qué colegio pertenece, cuál es su especialidad y en qué farmacia se dispensa el medicamento.

Javier González Tuñón valoró la nueva fórmula porque «se necesitaba introducir medidas de control precisas para garantizar su autenticidad y dificultar el fraude y el abuso». Añadió que la nueva receta contribuirá a simplificar la tarea de los profesionales médicos y farmacéuticos y a reforzar las garantías de los ciudadanos.

Desde el Colegio de Farmacéuticos insisten igualmente en las ventajas del documento en cuanto a garantías de seguridad y eficacia. José Villazón subrayó que las recetas serán válidas para una sola dispensación por la farmacia y que una vez dispensadas serán conservadas en dicha oficina. El paciente necesitará tantas recetas como envases precise hasta la nueva visita al médico y ésta debe ir acompañada con una hoja de información al paciente, diferenciada de la receta.

Las nuevas recetas de la medicina privada incluirán un verificador electrónico

26.02.2013 - L. FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.

Las nuevas recetas de la medicina privada incorporarán un código de verificación electrónico que permitirá saber en todo momento no sólo el tipo de medicamento prescrito, sino también el profesional que lo ha recetado y el paciente que lo recibe. Así lo aseguraron ayer en una rueda de prensa conjunta los responsables de los colegios de Médicos, Odontólogos y Farmacéuticos, en la que defendieron el nuevo modelo homologado de receta que entrará en vigor el próximo 21 de marzo.

Según Carmen Rodríguez, presidenta de los facultativos, otra de las ventajas será la creación de la plataforma que va a decir cuál es la trazabilidad de cada receta, lo que evitará posibles fraudes.

El trabajo fue realizado por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) y financiado por Kovacs, «sin participación de la industria sanitaria ni de entidades con ánimo de lucro»

Kovacs crea un programa informático que predice el nivel del dolor de espalda

Previamente fueron estudiados 4.477 pacientes en los que se evalúo el daño lumbar, la presencia de ciática y el grado de incapacidad

25.02.13 - L. FONSECA | GIJÓN, EN El Comercio.

¿Se puede predecir el nivel y la evolución de un dolor de espalda? Según la Fundación Kovacs, sí. La entidad, que mantiene un convenio del colaboración con el Servicio de Salud del Principado (Sespa), acaba de diseñar un programa informático que permite estimar de «manera fiable» y sistematizada dónde, cuánto y cómo se comportará el dolor lumbar en un paciente. Para la elaboración de este modelo-pronóstico, Kovacs realizó un estudio en 4.477 pacientes de siete comunidades autónomas para determinar el lugar donde se producía el dolor, así como la zona de daño irradiado y el grado de discapacidad de cada afectado. Los resultados de esta investigación fueron publicados en enero pasado en la principal revista científica internacional en el campo de las dolencias de la espalda, 'The Spine Journal'. El trabajo fue realizado por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) y financiado por Kovacs, «sin participación de la industria sanitaria ni de entidades con ánimo de lucro», aclara en una nota de prensa la propia fundación.

El programa es de uso libre y gratuito y «permite automatizar el cálculo del pronóstico de cada paciente, además de observar cómo lo modificarían las decisiones clínicas que se le plantean (como pruebas diagnósticas o tratamientos)». En los casos analizados (los 4.477 afectados de dolor de espalda), se buscó predecir la probabilidad de que tres meses después de ser atendido hayan desaparecido o mejorado significativamente tres parámetros: la intensida del dolor lumbar, la de su dolor irradiado (ciática) y su grado de incapacidad o restricción de las actividades cotidianas.

Según este trabajo, «los factores que se asocian a una mayor probabilidad de mejorar en los tres parámetros (dolor lumbar, dolor irradiado e incapacidad) son: no haber sido previamente operado de la espalda, tener un mayor grado de afectación del parámetro concreto cuya evolución se esté prediciendo y uno menor de los demás, y ser tratado mediante intervención neurorreflejoterápica». Por el contrario, son irrelevantes datos como la edad del paciente, el sexo, la situación laboral, los hallazgos radiológicos y los tratamientos aplicados. Durante la investigación se constituyó un registro de todos los pacientes y se captaron datos sobre 42 factores que se creían podrían influir en el dolor.

El Consejero enmarca en la reorganización derivada del Acuerdo y de la aplicación del Decreto de jornada las suspensiones temporales de algunas actividades hasta que “ tengamos evaluadas las necesidades reales de los distintos servicios ”

«La actividad vespertina de los médicos mayores de 55 años se reanudará cuanto antes»

22.02.2013, Oviedo / Langreo, P. Á. / M. Á. G., en La Nueva España.

«Sería inconcebible que desde la Consejería nos dedicáramos a atizar conflictos en un hospital o en otro; lo que queremos es que el sector esté calmado», subrayó el titular de Sanidad, en réplica a las acusaciones del SIMPA relativas a supuestos incumplimientos del acuerdo firmado el 11 de enero y que puso fin a la huelga de médicos.

«El acuerdo tiene que producir una organización más eficiente y aumentar tanto el rendimiento como la productividad», señaló Blanco, quien agregó que la actividad vespertina de los médicos mayores de 55 años eximidos de guardias nocturnas se reanudará «en cuanto tengamos evaluadas las necesidades reales de los distintos servicios, tal y como recoge el acuerdo». La citada actividad complementaria -un epígrafe retributivo relevante- ha sido suspendida temporalmente en algunos hospitales, circunstancia que ha llevado al SIMPA a amenazar con reactivar el conflicto. «Se está negociando y la pondremos en marcha cuanto antes, pero no podemos limitarnos a aplicar una plantilla», apuntó. Blanco se mostró convencido de que las «disfuncionalidades» se solventarán, por lo que no cree que se retome la huelga.

Otra previsible consecuencia del Acuerdo y del Decreto…

El futuro de las «peonadas» de los médicos

22.02.2013, La Nueva España

En 2011, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acumuló 37.299 horas extraordinarias realizadas por médicos. Con la ampliación de jornada, el complejo sanitario ovetense gana 108.861 horas.

En el Hospital de Cabueñes, en 2011 se totalizaron 21.500 horas de peonadas, y con el nuevo modelo de jornada se suman 57.116 horas.

En consecuencia, el HUCA gana -sobre el papel- 71.562 horas, y Cabueñes, 35.616.

El consejero de Sanidad asegura que, con la ampliación de la jornada, las «peonadas» quedarán reducidas a situaciones excepcionales. A juicio de Faustino Blanco, la organización vigente en los últimos años -que implicaba un gasto de seis millones de euros anuales en horas extra- «era muy ineficiente, porque muchas veces no estaba basada en necesidades reales».

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A la ministra de los recortes, las fiestas y regalos familiares ahora hay que añadirle que, al estilo de los reyes astur-leoneses, está a menudo en Babia

Ayer en el Senado:

Tomás Gómez pide la dimisión a Ana Mato por no enterarse “de lo que pasa ni en su garaje ni en la sanidad”

La ministra tacha su acusación de "infamia" y dice estar "muy orgullosa" del apoyo de Rajoy

ELPLURAL.COM/AGENCIAS

El senador y secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, su dimisión al no enterarse “sobre lo que pasa en su casa, en su garaje, en su jardín y sobre todo en la sanidad” en la Comunidad de Madrid.

Gómez ha realizado esta petición de dimisión durante su intervención en el Pleno del Senado donde ha hecho alusión a la investigación que realiza la Audiencia Nacional sobre supuestos regalos de la trama Gürtel al exalcalde de Pozuelo y exmarido de Mato, Jesús Sepúlveda, así como a los planes de la Consejería de Sanidad de ampliar la privatización de la gestión a seis hospitales y 27 centros de salud.

“Infamia”
Al respecto, la ministra ha dicho que no tenía duda de que Gómez se “apuntaría a la infamia”, para añadir que está “muy orgullosa” de su labor al frente del Ministerio y de la confianza que deposita en ella el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Ojalá usted tuviera por parte de su partido el 10 por ciento de la confianza que yo tengo”, le ha reprochado la ministra a Gómez a la vez que sostuvo que el “sectarismo político” que practica el senador socialista le ha llevado a la desautorización de su propio partido.

“No se entera”
Por otra parte, el senador socialista ha trasladado a Mato que, aparte de no enterarse “de lo que pasa en su casa y su jardín”, algo de lo que duda, sí está convencido de que no se ha enterado de las competencias del Ministerio que dirige, al recordarle que puede realizar labores de alta inspección para supervisar si “las privatizaciones” distorsionan el sistema sanitario. Por ello, le ha pedido que anunciara su dimisión en el Pleno del Senado.

“Callada” ante la privatización
Al respecto, Gómez ha requerido a Mato conocer las labores de alta inspección que ha realizado su departamento para garantizar que la “privatización” en la sanidad no produce “merma asistencial” y qué informes maneja sobre las consecuencias político-sociales de esta medida en caso de extenderse al resto de España. En este sentido, el líder del PSM ha criticado que la ministra esté “callada” mientras todos los colectivos profesionales del sector sanitario están alertando de las consecuencias que tendrá para el sistema sanitario público.

Empresas beneficiadas
Además, también le ha dicho que en las informaciones sobre los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre presuntos pagos en B a cargos del partido se encuentran todas las constructoras que construyeron los nuevos hospitales de la región con anotaciones en las mismas fechas en las que fueron adjudicadas las obras. “Debería tener esas respuestas como ministra (…) Dice que no se enteraba de lo que pasaba en su casa y en su garaje, algo de lo que dudo, pero lo que estoy seguro es que no se entera de los que pasa con su Ministerio”, ha espetado Gómez a la ministra.

La excusa andaluza
Por su parte, la ministra ha dicho sobre la externalización que no conoce ninguna Comunidad que no haya recurrido a esta fórmula para acometer la gestión de alguna parcela y ha puesto como ejemplo a Andalucía, que según sus datos dedica 263 millones de euros a conciertos con 18 hospitales privados. En consecuencia, ha pedido “coherencia” a Gómez dado que en su etapa como alcalde de Parla cedió suelo para la creación del Hospital Infanta Cristina, un centro de colaboración público-privada.

“Uso partidista”
Finalmente, Mato ha reprochado a Gómez y al PSOE el “uso partidista” que hace de la Sanidad, aludiendo al recurso del euro por receta. Frente a ello, ha comentado que respecto a la tasa del euro por receta ella ha reaccionado tanto en Cataluña como en Madrid y que los socialistas no pueden decir lo mismo porque sólo han recurrido esta medida en el caso de la Comunidad.

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El Principado mantiene cautela sobre los datos hasta que estos se oficialicen por parte del Ministerio que dirige Montoro

Asturias, camino de cumplir con el déficit

Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia ya dan por hecho que superarán el objetivo fijado por el Ministerio de Hacienda, pero no serán las únicas

A falta del dato oficial, las estimaciones provisionales apuntan a que 2012 se cerró por debajo del 1,5%

18.02.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

Con casi total seguridad, Asturias habrá cerrado 2012 cumpliendo el objetivo de déficit del 1,5% del PIB establecido por el Gobierno central. Las estimaciones provisionales así lo indican, a la espera de que se contrasten los datos del Ejecutivo regional con la información en manos del Ministerio de Hacienda. El Principado no quiere poner números sobre la mesa hasta que estos sean oficiales, probablemente a finales de mes, pero algunas comunidades sí se han atrevido a lanzar algunas cifras aproximativas. Atendiendo a las mismas, tienen sus cuentas en orden al menos Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Cantabria y Canarias.

Mucho tendrían que cambiar las cosas para que el Principado hubiera incumplido el objetivo de déficit en 2012. Los últimos datos conocidos, al cierre del tercer trimestre, constataban un superávit del 0,63%, fruto de las restricciones de la prórroga presupuestaria y del corsé que la misma imponía sobre las políticas de gasto. Es seguro que ese porcentaje habrá empeorado con el final del año, dado que fue en el último trimestre cuando el Principado movilizó los 423 millones del crédito extraordinario que le permitieron salvar el ejercicio con un mínimo de inversión. Pero, incluso con ese mayor estímulo presupuestario, las estimaciones colocan el déficit por debajo del 1,5%. Todo ello a expensas de que al Ministerio de Hacienda que pilota Cristóbal Montoro le cuadren los números. A priori, no debería haber sorpresas. La fundación Fedea, en un reciente informe, calculó que la cifra definitiva rondaría el 1,3% del PIB.

El Ejecutivo asturiano ha optado por la prudencia y ha evitado deslizar alguna cifra, a modo de aproximación, prefiriendo esperar a que Hacienda dé rango de oficialidad a los datos. Otras sí se han aventurado para destacar, en la mayor parte de los casos, que han conseguido meter en cintura los números rojos. Así sucede con Extremadura (déficit del 0,97% del PIB), Madrid (1,13%), Castilla y León (1,38%), Navarra (1,40%), Cantabria (1,42%) y Castilla-La Mancha y Canarias (1,48%). En algunos casos los porcentajes son tan cercanos al 1,5% establecido como tope que no resultaría extraño que, al final, alguno de esos territorios acabara estando por encima. No sería la primera vez que pasara.

Cataluña incumple

También Cataluña ha hecho pública su estimación de déficit, en este caso por encima del objetivo: tres décimas, un 1,8% del PIB. Al menos otras tres autonomías superarán esa frontera. Se trata de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, que, sin entrar en cifras concretas, sí admiten que los ajustes aplicados no han sido suficientes para sanear del todo sus finanzas.

Es muy probable que entre las regiones que, como Asturias, se guardan la información, habrá más regiones incumplidoras. Andalucía estará en el filo y Galicia seguramente saldrá bien parada. También esperan a la información oficial de Hacienda La Rioja y Aragón.

Funcas prevé que el fondo de rescate sea permanente para algunas comunidades

18.02.13 - A. S. | OVIEDO, en El Comercio.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima que el fondo de liquidez creado por el Gobierno central para auxiliar a las comunidades autónomas deberá convertirse en un mecanismo permanente para algunas de ellas. A juicio de sus expertos, este sistema seguirá siendo «vital» este año para asegurar la financiación de las regiones y un gran número de ellas, como sucedió en 2012, tendrán que acogerse al mismo ante la imposibilidad de acudir a los mercados de crédito, prácticamente 'secos'.

En el informe de Funcas elaborado por José Manuel Amor, Miguel Arregui y César Cantalapiedra se pone de manifiesto que 2013 será un año «igual o incluso más complicado» que 2012 en términos de financiación. «La mayoría de los gobiernos no tendrán otra opción que mantenerse bajo el paraguas del Estado para poder cubrir sus necesidades», señala el texto. Será, con toda certeza, el caso de Asturias, que se decantará por la fórmula mixta del fondo de liquidez y el crédito bancario.

Cree Funcas que aunque el fondo ha sido «muy favorable» para auxiliar a los territorios en apuros, a medio plazo será necesario tomar medidas que garanticen una mayor confianza en las administraciones autonómicas con vistas a mejorar su acceso a la financiación.

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La peculiar “protección a los trabajadores” que aplica el PP

Floriano afirma que el finiquito que el PP le hizo a Bárcenas "no es la primera vez que se hace"

Los conservadores continuaron pagando las cuotas de la Seguridad Social a su extesorero, imputado en la trama Gürtel, hasta diciembre de 2012, pese a haber abandonado el partido en 2010.

Los expertos afirman que es ilegal

EUROPA PRESS, Madrid.

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha defendido este jueves las condiciones del finiquito acordado con Luis Bárcenas, extesorero del PP, y ha señalado que "no es la primera vez que se hace". En este sentido, ha rechazado que haya fraude de ley por pagar sus cuotas a la Seguridad Social tras ser despedido.

Así se ha pronunciado Floriano en los pasillos del Congreso al ser preguntado por qué si en 2010 se extinguió la relación laboral con Bárcenas se le siguió pagando las cuotas de la Seguridad Social hasta finales de 2012 cuando los expertos consideran que es ilegal.

Floriano ha recordado que la relación laboral con Bárcenas "se extinguió en 2010" y ha añadido que los términos del "acuerdo de despido" consistían en el "pago de una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la Seguridad Social, lo cuál no es ni la primera vez que se hace ni supongo que será la última". "Es algo que se viene haciendo y lo hizo el PP", ha agregado.

Al ser preguntado entonces si podría haberse cometido un fraude de ley por pagar la Seguridad Social si Bárcenas había sido despedido por el PP, el responsable de Organización de los conservadores ha respondido tajante: "Para nada".

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