SINDICATOS

Metges de Cataluña se van quedando sólos en su convocatoria de huelga

El SATSE descarta ir a la huelga porque los efermer@s no se la pueden permitir

Barcelona, (EFE).-
Los enfermeros no secundarán la huelga en la sanidad, pese a que apoyan la decisión del sindicato convocante Médicos de Cataluña (SMC), porque "no se pueden permitir un paro de dos días", ha informado hoy el sindicato SATSE.
La organización asegura en un comunicado que comulga con las peticiones de los doctores catalanes en cuanto al presupuesto en sanidad, el mantenimiento de la ocupación y las condiciones laborales.
No obstante, el sector de la enfermería "en estos momentos no se puede permitir dos días de paro" y prefiere continuar con una "actitud negociadora" para salvar "tanto los puestos de trabajo como la calidad asistencial".
La organización denuncia que desde el inicio de los recortes los hospitales públicos catalanes han perdido 600 enfermeros.
Este cálculo se ha hecho computando los contratos interinos de los que se ha prescindido y sin tener en cuenta las sustituciones ni los contratos de verano que no se han realizado.
SATSE alerta de que los enfermeros están "al límite de sus capacidades", hasta el punto de que, según el sindicato, cada profesional "es imprescindible en un 150%".
SMC convocó dos días de huelga, el 15 y el 16 de noviembre, en la recta final de la campaña electoral contra los recortes de sanidad y para exigir el restablecimiento de los presupuestos y la actividad asistencial de 2010.
El sindicato denunció anteayer que la Generalitat prepara un recorte del 4,8% del presupuesto de sanidad de 2012, que se sumaría al 10% aplicado este año, y considera "inasumible" esta nueva reducción, aunque el departamento de Salud ha negado esta información.

Tanto CCOO como UGT recelan de la huelga convocada el lunes en la sanidad pública catalana por el sindicato Metges de Catalunya (mayoritario entre los facultativos) y anuncian que, de momento, no tienen intención de secundarla

Lleida, La Mañana
Elena Motos, de CCOO, explicó que no secundarán la huelga porque los usuarios ya sufren suficientemente los efectos de los recortes, para no aumentar más las listas de espera y, sobretodo, porque consideran que cuando se negocia un acuerdo debe se para todos los profesionales de la sanidad y no sólo para los médicos. De la misma forma se expresó Joan Riba, de UGT, que aunque apeló a la prudencia de entrada descartó que secunden una huelga que calificó de “inoportuna por la forma y por lo que hay detrás”. UGT denunció intereses corporativos tras esta convocatoria y acusó a los convocantes de no pensar en el resto de personal sanitario.
Quien también habló ayer de la huelga fue el portavoz del Govern, Quico Homs, que alertó de que la huelga convocada por el Sindicato Metges de Catalunya (SMC) “tendrá consecuencias sociales para los usuarios” ya que obligará a cancelar y reprogramar miles de visitas.
Homs dijo que “todas las huelgas para reclamar incrementos salariales son legítimas”, aunque se mostró “sorprendido” por el hecho de que el sindicato convocante “se proponga hacer huelga en muchos centros sanitarios por unas decisiones que en otros centros” estuvo de acuerdo aplicar.
Las palabras de Homs no gustaron a Metges de Catalunya, que acusó al portavoz de Govern de “cinismo” al hablar de que la huelga tendrá “consecuencias sociales para los usuarios”. El sindicato salió al paso de estas críticas afirmando que lo que provoca molestias a la ciudadanía es el cierre de 1.500 camas de hospital, la reducción del 40% de la actividad quirúrgica programada y la supresión del servicio nocturno de 58 CAP.

La Generalitat asume la huelga de médicos

D. CORDERO, BARCELONA, en Público.
El Gobierno catalán desoirá la llamada a la negociación del sindicato Metges de Catalunya para evitar la huelga convocada para los próximos días 15 y 16 de noviembre. Así se sobreentiende de las declaraciones que realizó ayer su portavoz, Francesc Homs, quien asumió los paros, ya que "hay cosas que plantean que son imposibles de llevar a cabo, como situarse en la retribución salarial del 1 de enero de 2010". Asimismo, el portavoz del Ejecutivo señaló que el paro de facultativos "tendrá consecuencias sociales para los usuarios", ya que causará "una molestia directa" a quienes "tengan programadas visitas médicas estos días".
La medida anunciada por Metges de Catalunya el lunes continúa sin ganar adeptos. El Sindicato de Enfermería, Satse, reiteró ayer que la huelga será sólo su "último recurso" y que se desmarcará de esta por el alto coste que supondrá para su colectivo, pese a que la política de recortes emprendida por la Generalitat ha costado 600 puestos de trabajo de enfermeros.
Metges de Catalunya está sola. Ayer, las patronales hospitalarias también criticaron la convocatoria, sobre todo por su afectación también sobre los centros concertados. Tanto la Unió Catalana d’Hospitals como el Consorcio de Salud y Social de Catalunya destacaron que en la mayoría de centros los profesionales han firmado acuerdos para los ejercicios 2011 y 2012 y que en la mayoría de estos los médicos han votado en contra de la huelga.

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Reunión del pasado día 2 de los corrientes de la Mesa General de Función Pública

Sólo hemos encontrado información en la WEB de UGT…!?

Os facilitamos un enlace con el comunicado colgado en la misma:

VER DICHO COMUNICADO

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Hoy se reúne la Mesa General de Función Pública sin que haya expectativas de nada por parte del Gobierno Regional

Los funcionarios critican la «pasividad» del Principado para atender sus demandas

Los sindicatos valoran «la mayor disposición al diálogo» del nuevo Ejecutivo, pero denuncian su «continuismo» en cuestiones como la libre designación

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

«Buenas palabras, pero por ahora no están acompañadas de hechos, el quietismo, la pasividad ante cuestiones esenciales como la reforma de la ley de Función Pública es total». Éste es el diagnóstico coincidente de los principales sindicatos y colectivos de funcionarios al analizar la gestión de los primeros cien días del Gobierno regional de Foro Asturias, que durante la campaña electoral hizo bandera de la necesidad de regenerar la Administración regional y cargó con dureza contra cuestiones denunciadas de manera reiterada por los funcionarios del Principado en los últimos años, tales como el abuso de la libre designación o la polémica normativa aprobada por el Gobierno anterior hace menos de un año. El nuevo Ejecutivo se reúne hoy con los sindicatos de funcionarios en la Mesa General de la Administración regional.

«El Gobierno no ha movido ficha en el Parlamento sobre la modificación de la ley de Función Pública», asegura a este periódico José Luis González, coordinador general de USIPA, uno de los sindicatos con mayor implantación en las consejerías del Principado.

USIPA tiene previsto pedir hoy al Gobierno regional que cumpla la sentencia que pone coto a la libre designación en la asignación de las jefaturas de servicio. El sindicato ganó esa causa en todas las instancias, Tribunal Supremo incluido, al anterior Gobierno regional, en el que la organización de la Administración regional dependía de la consejera de Administraciones Públicas, la socialista Ana Rosa Migoya. «Tenemos la firmeza de ese fallo desde mayo, queremos que se ejecute ya la sentencia; el nuevo Gobierno podía haber presentado un borrador o un anteproyecto de la ley porque sabían que esta sentencia estaba encima de la mesa», plantea José Luis González, quien considera que los poco más de cien días transcurridos desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo no son disculpa. «Se trata de cambiar unos artículos, los más polémicos, no toda la ley», precisa el coordinador general de USIPA, que, no obstante, aprecia «una mayor voluntad de diálogo» en el nuevo equipo que tiene a su cargo la función pública regional, con el viceconsejero Luis de la Vallina y el director general de Función Pública, Rafael Juesas. «Tienen más mano izquierda. Pero el listón con el anterior Gobierno estaba muy bajo».

«No han hecho nada, sólo han formado las mesas de negociación», manifestó Luis Ángel Ardura, responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT. «La ley de Función Pública sigue igual que estaba», constata el representante sindical. «Esperamos que en la reunión del miércoles -por hoy- nos digan qué criterios seguirán en la nueva relación de puestos de trabajo y qué harán con el personal de las delegaciones que se suprimen en Bruselas y Madrid».

«Van lentos. Es difícil valorar su labor porque da la sensación de que no han querido marcarse hasta que pasen las elecciones generales», apunta Juan Gavira, del sindicato CSIF, que también destaca «la mayor voluntad de diálogo» del nuevo Gobierno. «Pero, hasta ahora, hacer, muy poco», resume el delegado de CSIF, que también cita la libre designación y la modificación de la ley de Función Pública como las dos asignaturas a resolver por el nuevo Ejecutivo.

«A peor no ha ido porque era imposible, pero tampoco ha habido mejoría. Sólo buenas palabras, pero pocas realidades», valora Javier Villa, del Conceyu por otra Función Pública en Asturias. «La gestión del nuevo Gobierno se caracteriza por el continuismo. No ha habido ninguna medida de cambio respecto de la situación anterior. La libre designación no ha cambiado y los concursos siguen igual de empantanados», reprocha Villa, portavoz de un colectivo que ha elaborado un plan con treinta medidas para mejorar y modernizar el funcionamiento de la Administración regional. «El Gobierno tiene la iniciativa legislativa para, al menos, intentar derogar la calamitosa ley de Función Pública y que el resto de grupos parlamentarios se retrate», indicó Villa.

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Si la inversión fuera de las arcas públicas (presupuestos del Principado) el debate sería si más alta tecnología o más recursos de otra naturaleza de la que estamos necesitados ¿más para A. Primaria, por ejemplo?, pero no lo es.

Está claro que en ocasiones es bastante difícil discernir entre competencia y complementariedad cuando hablamos de la relación entre la sanidad privada y la pública, pero en el presente caso y más tratándose de alta tecnología por la que el capital privado – Fundación Masaveu – hace la apuesta más que mayoritaria (66% de participación), la cosa nos ofrece pocas dudas. Aún así respetamos la opinión de “otros” y por eso os lo contamos desde aquí.

Sicepa critica el apoyo público al acelerador del Centro Médico

La Nueva España.
El Sindicato de Celadores y Personal no Sanitario de Asturias (Sicepa) lamenta en un comunicado que la inauguración en el Centro Medico de Asturias de un acelerador lineal de última generación «no se efectúe en un hospital público, lo que sería una clara apuesta del Gobierno asturiano por la sanidad pública y gratuita». «No entendemos que la Obra Social de Cajastur apoye proyectos privados y no se vuelque con proyectos públicos», añade la nota.

Texto íntegro de la nota de prensa del SICEPA publicada en su WEB:

Ante la inauguración en el Centro Medico privado en el día de ayer de un acelerador lineal de última generación, este Sindicato quiere manifestar lo siguiente:

1º) Lamentamos que esta inauguración no se efectúe en un hospital publico asturiano, lo que seria una clara apuesta del Gobierno Asturiano por la sanidad asturiana pública y gratuita.
2º) No entendemos que la Obra Social de Cajastur, apoye proyectos privados y no se vuelque con proyectos públicos, que pueden dar un servicio gratuito a todos los asturianos. Hablar de futuras ayudas para que ningún paciente se quede sin el tratamiento, suena a una mera justificación a una ayuda absolutamente injustificable a un centro privado. Las ayudas a instituciones privadas con ánimo de lucro se articulan a través de las líneas de financiación de las que Cajastur dispone.
3º) La ayuda que promete el Presidente del Principado a un centro privado, no nos parece razonable. Lo que el Gobierno del Principado debe hacer, es un esfuerzo para dotar al nuevo HUCA con la última tecnología en el tratamiento del Cáncer y de otras enfermedades. Y en ese esfuerzo exigimos a la obra social de Cajastur el máximo compromiso de una institución de todos los asturianos.
4º) Por último queremos manifestar nuestro absoluto apoyo a la Sanidad Pública Asturiana, que sin duda alguna cuenta con los mejores medios humanos y técnicos y que solo necesitan el respaldo decidido del Gobierno del Principado, para colocar la sanidad asturiana publica a la vanguardia de la medicina española.

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La valoración de CC.OO. sobre los datos de la EPA del 3er. trimestre en Asturias

El leve descenso del desempleo que refleja la EPA no alivia la dramática situación que vive Asturias, con 82.200 parados, 13.300 más que hace un año

Gráfico: Datos del paro a nivel nacional. Fuente INE.

De la WEB de la U.R. de CC.OO.

“Los datos de la EPA, que hoy hemos conocido, son tremendamente negativos, y reflejan que las consecuencias de la crisis sobre el empleo están siendo especialmente duras para Asturias en el último año” afirma Miguel Iglesias Ballina, secretario de Empleo de CCOO de Asturias. “La reducción del desempleo en tan sólo 800 personas durante este trimestre, en el que habitualmente la cifra de parados disminuye como consecuencia de las contrataciones propias del verano, no es una buena noticia. Baste decir que en el mismo trimestre del pasado año el desempleo se redujo en 9.700 personas”. Pero, además, continúa el secretario de Empleo de CCOO de Asturias, “esta reducción del paro no está sustentada en la creación de empleo neto; al contrario, durante este trimestre se han destruido 4.500 empleos en la región”.

Para Miguel Iglesias Ballina, “los datos son aún peores en la comparación interanual: 13.300 parados más y 16.600 empleos menos que hace un año; y –lo que es más grave- la destrucción de empleo se concentra ya, durante el último año, en los puestos de trabajo indefinidos. Se han perdido 12.700 en este trimestre y 13.600 en el último año”.

Según el secretario de Empleo de nuestro sindicato “hay dos datos que reflejan la especial crudeza de los efectos de la crisis en Asturias: 36.700 personas se encuentran en el desempleo desde hace más de un año, y casi el 10% de los hogares asturianos tienen a todos sus miembros en el paro”.

Ante este dramático escenario, CCOO reivindica “una reforma fiscal ambiciosa y progresiva, que permita afrontar el déficit de las Administraciones a través del aumento de los ingresos, en lugar de hacerlo recortando la inversión y el gasto público –lo que está frenando la recuperación económica y la creación de empleo-, y una reforma del sistema financiero que facilite el acceso al crédito a las empresas y a las familias, resolviendo con ello uno de los problemas que más está influyendo en el agravamiento de la crisis”.   

Ante la especial gravedad de la situación en Asturias, Miguel Iglesias Ballina entiende que “el actual Gobierno autonómico tiene que cumplir, tal como le exige nuestro sindicato, lo acordado en el ACEBA, del que están pendientes de ejecutar más de 500 millones de euros en obra pública, y agilizar el inicio de las negociaciones de la nueva concertación, comprometida por el Presidente, para afrontar en mejores condiciones el próximo año. Una concertación que debe  priorizar la inversión productiva, la generación de empleo y la protección social”. Porque, para el secretario de Empleo de CCOO de Asturias, “las políticas del actual Gobierno asturiano no van en la dirección correcta, y los recortes presupuestarios indiscriminados están agravando aún más la situación económica y social de la región”.

En un análisis más detallado de la EPA se observa que Asturias continúa perdiendo población en edad de trabajar: 1.400 personas menos que en el trimestre anterior y 4.500 menos que hace un año. Por lo que se refiere a la actividad, en los tres últimos meses se ha producido un descenso neto de 5.400 efectivos. Durante el último año 3.300 asturianos han abandonado el mercado laboral ante las escasas perspectivas que ofrece la situación económica. Así pues, la tasa de actividad regional retrocede, hasta situarse en el 51,72%, y sigue siendo la más baja de todas las Comunidades Autónomas, a ocho puntos de la media estatal (60,11%). 

Por su parte, la tasa de ocupación ha descendido con respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 42,85%, un nivel muy inferior al observado en los veranos de los últimos años. Ni siquiera la temporada de verano, que es habitualmente propicia para el empleo, ha hecho posible que se creara empleo en términos netos en Asturias, y la cifra de ocupados retrocedió en 4.500 personas. Los servicios, habitualmente generadores de mucho empleo durante el verano, pierden 5.500 ocupados respecto al segundo trimestre, y la industria pierde otros 1.200. En este trimestre se contabilizan 8.800 trabajadores más con contrato temporal que en el segundo trimestre, mientras se registra una fortísima destrucción de empleos indefinidos (12.700 menos que tres meses antes). En el último año ha descendido la cifra de ocupados en 16.600 personas, lo que representa un retroceso del 4,03%, el más intenso por CCAA. En el conjunto del Estado el empleo ha retrocedido, por término medio, un 2,11%. Por sectores, el de servicios es el responsable del mal dato de este verano, pues en el último año pierde 10.400 ocupados. La industria pierde 5.600, y otros 2.100 la construcción.

Según la EPA en Asturias había en el tercer trimestre alrededor de 82.200 parados buscando empleo activamente. De ellos, 36.700 llevan más de un año en paro. En el 9,5% de los hogares con personas en edad de trabajar se encuentran todas en paro. Pese a las contrataciones realizadas para cubrir la temporada de verano, el número de desempleados apenas se recorta en 800 personas con respecto al trimestre anterior. La cifra de desempleados está muy por encima de la del verano anterior: se detectan 13.300 parados más que entonces, lo que supone un crecimiento porcentual del 19,29% (8,82% en el conjunto del Estado). Con esta evolución, la tasa de paro se sitúa en Asturias en el 17,16%, frente al 21,52% de la media española.

El Foro de la Profesión Médica, que integra a colegios, sindicatos, facultades y estudiantes de Medicina, ha mostrado en bloque su oposición a los recortes sanitarios puestos en marcha por muchas comunidades autónomas

La sanidad se planta ante los recortes

Organizaciones estatales de médicos y enfermeras piden más financiación para el sistema público

Foto: Encierro contra el cierre de un ambulatorio en Barcelona.
La Voz de Asturias. 28/10/2011 / A. GONZÁLEZ / MADRID
Los profesionales sanitarios no están dispuestos a que los recortes que ya se aplican en Catalunya (CiU) y otras autonomías como Galicia (PP) se acaben extendiendo a todo el Sistema Nacional de Salud y deterioren la calidad de la sanidad pública. Los dos colectivos más implicados en la labor asistencial, los médicos y los enfermeros, dieron ayer un paso adelante para dejar claro que, sea cual sea el resultado de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, no tolerarán más recortes y exigirán una mayor financiación para el sistema público, amenazado por una deuda de unos 15.000 millones de euros y un déficit estructural. Los profesionales están dispuestos incluso a salir a la calle, como ya ha ocurrido en Catalunya, para defender la calidad de las prestaciones que hoy reciben los ciudadanos.
Desde el ámbito de la medicina, los colegios, los sindicatos, las sociedades científicas, las facultades e incluso los estudiantes, agrupados en el Foro de la Profesión Médica, advirtieron ayer de que los recortes están afectando allí donde se aplican a la atención continuada, los diagnósticos, las guardias y los salarios de los profesionales. En este contexto, acusaron directamente a la clase política de no haber sabido "prever ni gestionar adecuadamente la situación", permitiendo que el sistema haya estado "infrapresupuestado año tras año". "No se pueden hacer estos recortes salvo que estemos en una economía de guerra, y no es el caso", advirtió el presidente de la Organización Médica Colegial,Juan José Rodríguez Sendín.
Los profesionales no descartan salir a la calle para defender la prestación.

Del lado del ciudadano

El responsable de los colegios de médicos, que participó en la presentación de las propuestas del Foro para asegurar la sostenibilidad de la sanidad pública, aseguró que los facultativos "se pondrán del lado del ciudadano" para "manifestarse públicamente" y reclamar lo que es de "absoluto derecho", informa Europa Press.
Los médicos, según Sendín, se plantean incluso "llegar a los tribunales para denunciar casos particulares" de vulneración de derechos y pedir "responsabilidades civiles y penales como consecuencia de la pérdida de calidad".
Por su parte, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez, abogó por tomar "medidas de verdadera presión para no perder la grandeza del SNS" y no descartó llegar a la huelga "si no cambia la situación". Para Rodríguez Sendín, sin embargo, tal medida supondría un "conflicto" deontológico, ya que "podría tener consecuencias que agravarían la situación de los pacientes".
Los facultativos se plantean incluso ir a los tribunales si se vulneran derechos
En su documento de propuestas, el Foro de la Profesión Médica recuerda que España sigue dedicando a sanidad dos puntos menos del PIB que la media de la Unión Europea de los 15. Por ello, propone dotar a la sanidad de unos "presupuestos realistas y finalistas con una financiación suficiente". El Foro reitera la necesidad de un pacto de Estado por la sanidad "al máximo nivel político", así como que el Consejo Interterritorial de Sanidad, que agrupa a comunidades y Gobierno, funcione "con criterios cohesionadores y ejecutivos" para superar la actual "fragmentación" de un sistema que "no ofrece las mismas prestaciones según la comunidad de que se trate".
Los médicos reclaman también un nuevo modelo retributivo vinculado a los resultados y a la calidad de la asistencia que se presta, así como un plan estructural "que contemple la reducción al mínimo de la burocracia". A su juicio, es necesario asimismo que un grupo de expertos "estudie el catálogo de prestaciones y establezca criterios para la evaluación de medicamentos, tecnologías e innovaciones clínicas como elementos fundamentales a la hora de racionalizar los recursos sanitarios". "Antes de hacer recortes, hay otros muchos campos donde poder actuar", agregan.
La enfermería también está dispuesta a movilizarse llegado el caso para defender la sanidad pública. "Si hay que salir a la calle, que nadie tenga la menor duda de que lo haremos", dijo ayer a Público el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, que comparte la oposición frontal de los médicos frente a los recortes, que, a su juicio, no son más que "parches" y "pan para hoy y hambre para mañana". Para González Jurado, ha llegado el momento de hacer un "análisis serio y riguroso de lo que cuesta el sistema" para tomar las "medidas estructurales" que necesita la sanidad pública, insostenible con la deuda actual. "Haya o no una mayoría absoluta, los dos principales partidos tienen que ponerse de acuerdo", recalcó.
Denuncian que el sistema ha estado "infrapresupuestado año tras año"
Por último, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Enfermería (Satse) advierte de que los recortes "van en detrimento de la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia", por lo que entiende que es necesario un gran pacto que "aleje del debate político y del permanente cuestionamiento la viabilidad y sostenibilidad de la sanidad pública".

Política de recortes en sanidad: ¡¡ahora Canarias!!... la noticia es de hace dos días pero la ponemos porque es sumamente ilustrativa

El sector sanitario canario ultima una huelga contra los recortes

Dicha huelga se concretó, con posterioridad, para el 17 de noviembre

M. FRESNO – J. L. CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife, en diariodeavisos.com
El sector sanitario canario vuelve a estar en pie de guerra. Tras años de desencuentros con el Gobierno autonómico, los profesionales han decidido pasar a la acción. Así, si un inesperado giro de timón no lo remedia a última hora, los sindicatos anunciarán hoy acciones contundentes para protestar por las medidas anticrisis que el Ejecutivo aplicará a partir del próximo mes de enero.
En este sentido, las organizaciones sindicales más representativas del sector (CC.OO., UGT, CESM y SATSE), reunidas ayer, decidieron llevar a cabo distintas actuaciones de protesta, entre ellas una huelga y una concentración a las puertas del Parlamento, después de que el Ejecutivo decidiera ampliar la jornada laboral en el sector -pasando de 1.512 horas anuales a 1.645- y suspender las contrataciones temporales, salvo casos excepcionales y urgentes.
El Ejecutivo presentó ésta y otras propuestas de recortes a los funcionarios la pasada semana, justo un día antes de que el Consejo de Gobierno aprobara el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2012.
En opinión del secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) en Canarias, Francisco Batista, estas medidas “no sólo son una agresión directa a los trabajadores, sino a los ciudadanos, porque se les están recortando sus derechos. Ellos son los auténticos perjudicados”.
Para Batista, el hecho de que estas medidas se incluyan en la ley “son muy graves, puesto que nos deja sin margen de negociar”. Con estas propuestas, según él, “acabaremos peor que en Cataluña, porque pasaremos a ser los trabajadores del sector sanitario peor pagados del Estado y los que más trabajan”. Además, según él, “el hecho de que el Gobierno anule todos los acuerdos sindicales nos deja en una situación difícil, porque si llega alguna normativa europea habrá que aplicarla sin opción”.
En la misma línea se manifiesta el secretario provincial del Sindicato Profesional de Enfermería (SATSE), Leopoldo Cejas, quien deja claro que “la situación es la más crítica que ha vivido la sanidad canaria”. “No existe negociación, ni voluntad de diálogo, y se están vulnerando derechos fundamentales”, arguye Cejas, quien reconoce que a la hora de actuar se tendrá en cuenta “el impacto que pueda provocar en los usuarios”.
En este sentido, el responsable de SATSE en Tenerife reitera que el Gobierno de Canarias no sólo atenta contra los profesionales, también contra los pacientes, lo que supone, según él, una “negación del sistema”.
Por este motivo, los sindicatos han dicho ‘basta’, y han apelado a la unión para combatir unos recortes que se vienen sucediendo sin remisión en el Archipiélago en los últimos años.
Desde el Sindicato Médico (CESM), mientras, prefieren ser algo más cautos y no hablar aún de una huelga en el sector, aunque sea una de las medidas que están sobre la mesa. “Estamos valorando todos los escenarios, porque la situación es insostenible”, afirma Levy Cabrera, portavoz del CESM.
“Se pueden optimizar algo los recursos, pero no mucho más de lo que hay ahora, sobre todo cuando ni siquiera se contrata a los especialistas que son necesarios para cubrir la jornada ordinaria, ni se llevan a cabo las sustituciones del personal que está de baja; y todo ello en un marco en el que aún no se ha resuelto la convocatoria de la oferta pública de empleo prevista desde 2007”, denota Cabrera.
Y es que, aunque el presidente Paulino Rivero ha tildado los presupuestos de “justos, equilibrados, socialmente comprometidos y solidarios”, el anteproyecto recorta en numerosas áreas y conceptos, por ejemplo en materia de personal. Para CC.OO., “resulta incomprensible que las organizaciones empresariales y sindicales reciban los presupuestos a partir de su exposición pública”. “Nos volvemos a encontrar con una política de hechos consumados, que desmiente las declaraciones oficiales en torno al compromiso con los pactos suscritos”, aclaran desde CC.OO.
“Si somos un servicio público, hay que defenderlo, pero no prepararlo todo nosotros para crear beneficios fuera”, concluyen desde el sindicato, donde además aseguran que las actuaciones que se llevarán a cabo en el sector sanitario serán secundadas por otros sectores de la Administración Pública, que también han mostrado abiertamente su rechazo a las medidas anticrisis.

Informe desarrollado en el ámbito del Observatorio de Políticas de Salud de la Fundación 1º de Mayo y realizado por Marciano Sánchez Bayle, Elvira S. Llopis y Luis Palomo

“Copago sanitario: ¿eficacia, eficiencia o negocio?”

En el exhaustivo trabajo se pone de manifiesto que un sistema de copago supondría un verdadero impuesto sobre la enfermedad, además de una regresión de décadas en términos sociales en nuestro país.

“El trabajo que presentamos, que es producto de distintos procesos de estudio e investigación, de espacios de reflexión y debate con distintos sectores profesionales, está realizado desde el rigor en los datos aportados, pero también desde una lógica que concibe el Estado de Bienestar como parte fundamental de la democracia, además de cómo un factor de desarrollo y cohesión social.

En torno al copago, el Consejo Confederal de CCOO ha manifestado el rechazo más absoluto a cualquier sistema de copago en el acceso al sistema sanitario y ha manifestado igualmente que, no es cierto que haya una utilización excesiva de la Sanidad Pública porque si bien tenemos un elevado número de consultas, en cambio hay un número bajo de estancias hospitalarias.

Todos los estudios realizados señalan además que las consultas innecesarias en Atención Primaria se deben mayoritariamente a problemas burocráticos y a consultas inducidas por el propio sistema, que exige una mejora en la organización.

Los estudios también realizados sobre el impacto del copago, entre los que se encuentran los de la Fundación 1º de Mayo, señalan que es incapaz de reducir la frecuentación innecesaria y que, cuando lo hace, reduce tanto la demanda necesaria como la innecesaria, deteriorando la salud de la población.

Los costes de otra parte de poner en marcha un sistema de copagos son elevados y muy probablemente superarían a las cantidades recaudadas.

A la vez, hemos de reiterar que el sistema sanitario se nutre de impuestos, por tanto con la aportación económica de la sociedad, adquiriendo el carácter de gratuito en el momento de su utilización.

Los copagos tienen efecto sobre todo sobre las personas con pocos recursos y con mayores problemas de salud, que “no acuden o retrasan las demandas de atención sanitaria incluso cuando son necesarias”, siendo así un factor importante de inequidad, tal y como señala el último Informe sobre Salud en el Mundo (2010) de la OMS.

Ciertamente un sistema de copago supondría un verdadero impuesto sobre la enfermedad, además de una regresión de décadas en términos sociales en nuestro país.

A la par, incrementaría la presión fiscal de los sectores sociales con menores ingresos, dificultando el acceso al sistema sanitario público a amplias capas de la sociedad, precisamente aquellas que peores condiciones de vida tienen, lo que de hecho supondría un incremento de las desigualdades sociales.

Este informe, complementa e incrementa los argumentos y datos de un informe previo sobre copago sanitario de la Fundación 1º de Mayo; hemos creído necesaria su elaboración en unos momentos en que vuelven a arreciar los argumentos a favor de este elemento disuasorio del uso de la sanidad pública, y conscientes de que, en el contexto neoliberal en el que se apuesta por el copago, ese elemento disuasorio es únicamente un paso previo para la privatización de la sanidad.

Rodolfo Benito Valenciano.
Presidente de la Fundación 1º de Mayo”

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